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Hoy se conmemora el Día contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, mientras México se ubica como el segundo país con más crímenes de odio de Latinoamérica, solo por detrás de Brasil.

Los crímenes de odio han ido en aumento pese a los avances legales que reconocen el matrimonio igualitario, la identidad de género y criminalizan la discriminación.

Las minorías sexuales padecieron 305 hechos violentos motivados por el odio de 2019 a 2022, incluyendo asesinatos, desapariciones, atentados a la vida y suicidios, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI+ en México.

Tan solo en 2022, el Observatorio documentó 22 desapariciones y 62 casos de asesinatos, atentados, y suicidios, con la mayoría de las víctimas como personas de entre 25 y 29 años, mujeres trans y hombres homosexuales.

Sin embargo, el observatorio advierte que cada caso documentado hay otros tres que no se contabilizan

La violencia contra las personas LGBT contrasta con los hitos legales que se han alcanzado, donde desde el año pasado todos los estados del país realizan matrimonios entre personas del mismo sexo.

Además, la Suprema Corte reconoció el año pasado el derecho de las infancias trans a rectificar su género en las actas de nacimiento, y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional Electoral (INE) han avanzado en identificaciones que reconocen a personas trans y no binarias.

Ximena Manríquez, coordinadora del Observatorio, iniciativa de la Fundación Arcoíris atribuye la violencia al contexto sociocultural, a grupos religiosos y al incremento del discurso de odio, incluyendo el de políticos.

“También hay que nombrar el contexto generalizado de violencia en el país, en donde esta situación de la economía criminal nos vuelve mucho más vulnerables a todas las personas y particularmente a la población LGBTI+”, señala.

Por primera vez en la historia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) contabilizó el año pasado de forma oficial a la población LGBT en México, que asciende a cerca de 5 millones de personas, el 5.1% de los habitantes de 15 años y más.

Foto: Gloria Careaga

La Corte Penal Internacional anunció este viernes que ha emitido una orden de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por crímenes de guerra, debido a su presunta implicación en el secuestro de niños en Ucrania.

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia no reconoce a la Corte Penal Internacional y considera que sus decisiones son “legalmente nulas”.

Añadió que la decisión de la Corte de emitir una orden de arresto contra Putin es “indignante e inaceptable”.

En un comunicado, el tribunal afirmó que Putin “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del de traslado ilegal de población (niños) desde las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación Rusa”.

La CPI también emitió este viernes una orden de detención contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada para los derechos de la infancia de la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, por imputaciones similares.

El presidente de la corte, Piotr Hofmanski, dijo en un video que si bien los jueces de la CPI emitieron las órdenes, dependerá de la comunidad internacional hacerlas cumplir. La CPI no tiene una fuerza policial propia para hacer cumplir las órdenes.

“La CPI está haciendo su parte de trabajo como tribunal de justicia. Los jueces emitieron órdenes de arresto. La ejecución depende de la cooperación internacional”, declaró.

Un posible juicio a algún ruso en la CPI sigue siendo una posibilidad muy remota, ya que Moscú no reconoce la jurisdicción del tribunal, una posición reafirmada a principios de esta semana por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, y no extradita a sus ciudadanos.

Ucrania tampoco es miembro de la corte, pero le ha otorgado a la CPI jurisdicción sobre su territorio y el fiscal de la CPI, Karim Khan, la ha visitado cuatro veces desde que abrió una investigación hace un año.

La CPI dijo que su sala de cuestiones preliminares halló que existían “fundamentos suficientes para creer que cada sospechoso tiene responsabilidad por el crimen de guerra de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusia en perjuicio de niños ucranianos”.

Ayer, una investigación respaldada por la ONU mencionó los ataques rusos a civiles en Ucrania, así como tortura sistemática y matanzas en zonas ocupadas, entre otros presuntos actos que constituyen crímenes de guerra y posiblemente de lesa humanidad.

La amplia investigación también descubrió crímenes contra ucranianos cometidos en territorio ruso, como impedir que niños ucranianos deportados se reunieran con sus familias, un sistema de “filtración” que apuntaba a identificar a ucranianos para encarcelarlos, torturarlos y someterlos a condiciones de detención infrahumanas.

Sin embargo, la CPI puso el viernes el rostro de Putin en las denuncias de secuestro de niños.

La orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es “una importante decisión” que marca el inicio de la rendición de cuentas por la guerra en Ucrania, dijo por su parte el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell.

“Es una importante decisión de justicia internacional y para el pueblo de Ucrania (…) Es sólo el comienzo del proceso (…) para que Rusia y su líder rindan cuentas por los crímenes y atrocidades que están cometiendo en Ucrania”, añadió Borrell.

En un aparente cambio de ruta, el canciller alemán, Olaf Scholz, garantizó este martes su pleno apoyo “financiero y militar” a Ucrania, ante la ofensiva desplegada por Rusia.

“El objetivo es fortalecer al ejército ucraniano para que pueda hacer frente al ataque ruso”, dijo Scholz, tras la conferencia virtual con los líderes de Estados Unidos, Joe Biden; de Francia, Emmanuel Macron, y Polonia, Andrzej Duda, entre otros, así como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.

El ejército de Alemania no dispone “de las reservas necesarias” para responder a los suministros que reclama Kiev, admitió. Actualmente su gobierno trabaja “con la industria alemana y con el gobierno ucraniano” para tratar de establecer de qué material se dispone y como puede entregarse, añadió.

Scholz aludió ahí al gran paquete de inversiones, de 100,000 millones de euros, anunciado por su coalición de gobierno para “poner al día” el ejército de su país, tras décadas de ahorrar en las partidas de Defensa.

El socialdemócrata Scholz se encuentra bajo fuertes presiones, tanto de la oposición conservadora como de sus propios socios de coalición, verdes y liberales, que insisten en la necesidad de suministrar a Ucrania armas pesadas.

Kiev, por lo demás, ha reprochado al canciller pasividad y escasa capacidad de reacción frente a la ofensiva rusa, por encima de las promesas de solidaridad y compromiso expresadas desde su gobierno.

En el cruce de reproches del gobierno ucraniano en dirección al de Scholz se han mezclado acusaciones de “tibieza” respecto a Putin, atribuidas a la cercanía que tradicionalmente ha practicado el Partido Socialdemócrata (SPD) con el líder del Kremlin, así como a la dependencia energética de Rusia.

Los dos co-presidentes del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), Saskia Esken y Lars Klingbeil, se reunieron con el embajador ucraniano en Berlín, Andij Melnyk, para intentar rebajar la tensión entre las autoridades ucranianas y el partido mayoritario de Gobierno en Alemania.

Olaf Scholz también responsabilizó este martes al presidente ruso Vladimir Putin por los “crímenes de guerra” cometidos desde el inicio de la invasión de Ucrania.

“La invasión rusa de Ucrania sigue siendo una flagrante violación de la legislación internacional. El asesinato de miles de civiles al que hemos asistido es un crimen de guerra del cual el presidente ruso carga la responsabilidad”, dijo Scholz a periodistas.

Y mientras Alemania anunció esto, Rusia informó este martes la segunda fase de su guerra en Ucrania, centrada en la “liberación completa” del Donbás prorruso, en el este del país, una operación que incluye el asalto final a la acería de Azovstal, en Mariúpol, último reducto de la resistencia ucraniana en la estratégica ciudad portuaria.

“La operación en el este de Ucrania tiene como objetivo, como ya se anunció, la liberación completa de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Esta operación continuará, la siguiente fase de esta operación especial está comenzando”, dijo el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov.

Para Ucrania la gran ofensiva rusa por el Donbás comenzó ya el lunes, tal y como señalaron por la mañana el gobernador regional de Lugansk, Serhiy Gaidai, y poco antes de la medianoche el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Pero en medio del silencio ruso, que da escasos detalles de la llamada “operación militar especial”, Lavrov fue el primer alto cargo en confirmar por parte de Rusia la gran ofensiva justo 21 días después de la retirada de las tropas del norte y noreste de Ucrania.

Rusia ha necesitado todo este tiempo para reagrupar sus fuerzas y enviar nuevos grupos tácticos de batallón al este ucraniano, así como equipamiento de artillería, apoyo aéreo y sistemas de mando y control.

En la región de Lugansk hay ataques masivos y más bombardeos aéreos que antes “en toda la línea de defensa”, dijo hoy el gobernador regional de Lugansk, Serhiy Gaidai.

“Váyanse a regiones seguras de Ucrania. Ahora tienen la oportunidad de escapar. Cada día que pase las posibilidades se reducirán”, instó a los habitantes, después de que miles de los 20,000 habitantes de la ciudad de Kreminna no lograran huir antes de que ayer los rusos tomaran la urbe.

Este martes algo más de cien civiles fueron evacuados de la región de Lugansk, pero aún quedan unos 70,000 habitantes que no lo han hecho, sostuvo el gobernador.

En la región de Donetsk, el gobernador, Pavlo Kyrylenko, afirmó que “los rusos continúan bombardeando constantemente” en las direcciones de Marinka, Ocheretyne, Toretsk y Avdiivka, ciudad esta última en la que los rusos intentaron dos veces pasar a la ofensiva. Como resultado del bombardeo murió un civil y varias casas resultaron dañadas, además de un gasoducto.

Antes del anunciado asalto final, Rusia dio a los “batallones nacionalistas” del regimiento de Azov y a los supuestos mercenarios dos horas para rendirse, “teniendo en cuenta la situación catastrófica que se ha producido en la planta metalúrgica, además de guiarse por principios puramente humanitarios”.

“A todos los que depongan las armas se les garantiza la conservación de la vida”, afirmó el jefe del Centro de Control de Defensa Nacional de la Federación Rusa, coronel general Mijaíl Mizíntsev, quien consideró “información falsa” diseminada por Kiev que haya civiles en la fábrica.

Por contra, recordó que “la detención forzosa de la población civil como ‘escudo humano’ es terrorismo” y sus autores en Azovstal son “criminales de guerra y terroristas”.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó este martes su informe anual sobre Derechos Humanos, en el que señaló que el crimen organizado es el principal perpetrador de violencia en México, además de que aseguró que las autoridades de  nuestro país no investigan “la gran mayoría de crímenes”.

Para Estados Unidos, la impunidad durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sigue siendo un “problema” que abarca a todos los delitos que se cometen en el país, incluidas las violaciones de derechos humanos y la corrupción.

El informe señaló que el crimen organizado es el principal perpetrador de los crímenes violentos en México, como homicidios, torturas, secuestro, extorsiones y tráfico de personas, además de que algunas autoridades son cómplices de las bandas criminales.

“El gobierno investigó y procesó algunos de estos delitos, pero la gran mayoría permaneció sin investigar ni enjuiciar”, indica el reporte.

Sobre la libertad de expresión en nuestro país, Estados Unidos recordó que en 2021 el gremio periodístico fue víctima de asesinatos, ataques, acosos e intimidaciones, especialmente por parte de funcionarios y del crimen organizado.

Aunque dijo que no existen restricciones para que la prensa critique abiertamente al gobierno, destaca que “los políticos desacreditan públicamente a los periodistas” que lo hacen. “Los altos niveles de impunidad, incluido en los asesinatos de periodistas, generan autocensura y reducen la libertad de expresión de la prensa”, añade.

Recordemos que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, denunció en febrero pasado a través de sus redes sociales que el alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan eran preocupantes.

En ese momento, López Obrador respondió a Blinken que estaba “mal informado” y defendió que en México “no hay impunidad”.

A la par de la presentación del informe del gobierno de EUA, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU pidió al gobierno de nuestro país una política de prevención de este fenómeno generalizado, que incluya atajar la impunidad y establecer un plan “ordenado e inmediato” de retirada de los militares de las tareas de seguridad pública.

Según el organismo, la actuación de los militares ha sido señalada por graves violaciones a los derechos humanos.

Al presentar un informe en conferencia de prensa desde Ginebra, Suiza, Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité, enfatizó que para empezar a combatir una impunidad que es “casi absoluta” y “estructural”, las autoridades deben reconocer todas las formas de responsabilidad del estado, incluidas la complicidad u omisión, en casos de desapariciones efectuadas por el crimen organizado.

Asimismo, abogó por abandonar la “política de militarización” de la seguridad pública porque según señaló se ha demostrado “insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de los derechos humanos” e instó a que la Guardia Nacional se convierta en un cuerpo civil.

Los asesinatos dolosos registrados en México durante 2019 alcanzaron la cifra récord de 34,582, la más alta desde 1997, el primer año del que se tiene registro oficial, según datos oficiales difundidos este lunes.

El mes del año pasado con el registro más alto de homicidios fue junio, con 2,993 víctimas, detalló el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 2018, los asesinatos ya habían llegado a su nivel más alto en este registro oficial, con un total de 33,743 homicidios. Pero el año pasado se alcanzó un nuevo máximo histórico.

La suma de 2019 equivale a un promedio de casi 95 asesinatos dolosos por día.

Desde 2006, cuando se decidió militarizar la guerra contra las drogas, han sido asesinadas casi 275,000 personas, según cifras oficiales que no detallan cuántos de estos casos estarían ligados al crimen organizado.

Guanajuato fue el estado donde más asesinatos intencionales se cometieron en 2019: un total de 3,540. En segundo lugar, con 2,859 homicidios, se ubicó Baja California. El Estado de México se ubicó en tercer sitio, con 2,856 casos. Jalisco y Chihuahua también figuraron entre las regiones con más altos números de asesinatos.

Desde que se militarizó la guerra contra las drogas, el número de desaparecidos también se multiplicó de forma virulenta. Según el último reporte oficial suman 61,000 personas desaparecidas desde la década de 1960, pero con un importante aumento desde 2006.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, anunció que 600 elementos de cada corporación de las fuerzas federales serán desplegados de forma permanente en las 15 regiones más violentas del país.

Con esta acción, se estaría desplegando a 10 mil 200 elementos para enfrentar la inseguridad en las regiones señaladas por la autoridad. Se detalló que la decisión de desplegar presencia policíaca, tiene la finalidad de reducir la incidencia delictiva y abatir los índices de homicidios.

Como parte de la estrategia integral de seguridad “quedará reasignado el personal para que cada una de estas 15 regiones cuente con 600 elementos adicionales”, lo que se realizará a partir de las próximas dos semanas y posteriormente se evaluarán los resultados, dijo el funcionario.

Indicó que estos elementos estarán conformados por efectivos de la Policía Federal, de la Marina y del Ejército; además enfatizó que los elementos ya no se estarán desplazando de un lugar a otro conforme se necesitara, sino que ahora su presencia será permanente.

Durazo Montaño reiteró la urgencia “y la necesidad imprescindible de contar con la Guardia Nacional; instrumento que nos permitirá reclutar nuevos elementos y ampliar el estado de fuerza para cubrir con fuerza pública de manera permanente a cada una de las 266 regiones administrativas en las que hemos dividido al país”.

Subrayó que no se utilizará la misma estrategia de seguridad que los gobiernos pasados. Aclaró que de acuerdo a diversas normativas, los elementos no tendrán permitido el uso de armas de ciertos calibres en algunas regiones urbanas, actuando así de conformidad con la ley.

Las 15 regiones donde se reforzará la seguridad son: Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán, Irapuato, Tlacomulco, Manzanillo, Salamanca, Chilpancingo, Acapulco, Nuevo Laredo, Reynosa, Monterrey, Ecatepec, Benito Juárez, Uriangato y Celaya. Además de que se incluirá a la Ciudad de México en su zona limítrofe con el estado de México.

 

De acuerdo al más reciente informe de Semáforo Delictivo y Lantia Consultores, las ejecuciones del crimen organizado en la Ciudad de México se han incrementado 114% en lo que va del año.  Tan sólo en 2017 se registraron 267 ejecuciones, 142 más que en 2016.

 

Si bien la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de la CDMX (12.3) se ubica por debajo de la tasa nacional (21.2), en algunas delegaciones se presentan tasas superiores a la media de la ciudad capital.  Por ello, el Semáforo Delictivo las coloca en rojo.

 

  • Cuauhtémoc = 21.2
  • Venustiano Carranza = 20.9
  • Gustavo A. Madero = 16.9
  • Álvaro Obregón = 13.5
  • Iztapalapa = 12.7

 

“La CDMX se compara bien con el resto de los estados en lo que se refiere al delito de homicidio, pero no en todas las delegaciones”, aclaró Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo, quien indicó que el aumento en las cifras debe poner en alerta a las autoridades.

 

El informe detalla que en 2017, aumentaron algunos delitos, tales como las lesiones dolosas (riñas) 29%. Las delegaciones con tasas más altas en lesiones dolosas, en rojo, son: Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Milpa Alta.

 

El robo a negocio tuvo un incremento de 13%, y las delegaciones en rojo son:  Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Venustiano Carranza.  La CDMX es la tercera entidad con la tasa más alta de robo a negocio en el país, y se califica con doble-rojo a nivel nacional.

 

El robo a casa subió un 5% en el año. Las delegaciones en rojo son:  Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Xochimilco y Coyoacán. A nivel nacional, la CDMX se ubica en rojo, por encima de la tasa nacional.

 

Sin embargo también hubo delitos que disminuyeron:

  • Secuestro 11%
  • Extorsión 19%
  • Robo a Vehículo 5%
  • Violación 46%

 

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) anunció hoy una campaña contra la impunidad en México, Pakistán, Afganistán, Irak, Yemen, Somalia y Ucrania tras el asesinato de 57 reporteros en todo el mundo en lo que va de 2017, y ante la falta de justicia en muchos de esos crímenes.

 

La iniciativa se activará entre los próximos 2 y el 23 de noviembre, con el objetivo de denunciar la “falta de medidas concretas para investigar incidentes de violencia contra periodistas en numerosos países del mundo”, indicó la organización, con sede en Bruselas.

 

“Los niveles de violencia registrados en la profesión periodística suponen una burla de las nobles intenciones que se
hallan detrás de iniciativas tales como el Día para poner fin a la impunidad de la ONU”, declaró en un comunicado el presidente de la FIP, Philippe Leruth.

 

“Los gobiernos fallan en su misión de capturar a los atacantes y asesinos de trabajadores de medios. La impunidad no sólo pone en riesgo a los periodistas, sino que también socava la democracia y compromete las esperanzas de paz y desarrollo”, señaló la FIP.

 

En el caso de México, la FIP colabora con el sindicato local SNRP para presionar al “gobierno mexicano para que fortalezca los instrumentos institucionales que deben velar por su seguridad, así como investigar los crímenes contra la libertad de expresión”.

 

 

Con información de EFE / Foto: Twitter

La confirmación de la muerte de la jóven Mara Castilla en Puebla ha generado una serie de acciones, en su mayoría de apoyo y en rechazo a que este caso quede impune.

Usuarios de redes sociales han compartido mensajes de apoyo para la familia de Mara, mientras comienza a circular un tuit que Mara publicó el 5 de mayo pasado, en el que indicada que “#SiMeMatan es porque me gustaba salir de noche y tomar mucha cerveza”, lo que ha desencadenado varias reacciones.

 

 

La activista Andrea Noel, quien ha sido víctima de ataques físicos y de género en México, indicó que “si van a dar el grito, griten de coraje por #MaraCastilla”, uniéndose así a los mensajes de apoyo para con la muerte de la joven poblana.

 

 

Personalidades han expresado su sentir respecto a que las autoridades siguen permitiendo que las desapariciones, y eventualmente muerte, sigan cometiéndose en nuestro país.

 

 

Activistas sociales se han unido a la condena de la muerte de una mujer más en nuestro país.

 

 

Algunos periodistas, como Alfredo Lecona, indican que “todo apuntaba a Tlaxcala, un infierno de TRATA que por años ha tolerado esa clase política que hoy enviará condolencias”.

 

 

 

 

 

Foto: Twitter

Luego de que el presidente de Bolivia, Evo Morales, hiciera responsable al ex mandatario mexicano Vicente Fox de lo que pudiera pasarle a Nicolás Maduro, el panista reviró a través de las redes sociales indicado que el que verdaderamente comete crímenes de lesa humanidad es el venezolano.

 

 

Fox indicó en sus redes sociales que Nicolás Maduro con tal de “perpetuarse en el poder” tiene a toda la población de su país muriéndose de hambre y en el miedo total, lo que es un crimen de lesa humanidad; además de cuestionar la clase de “revolucionario” que es Maduro, al hacer pasar a su pueblo por condiciones de denigración.

 

 

En otro mensaje ex presidente cuestionó a Evo Morales sobre “¿quien va a hacer responsable a Maduro por los hermanos venezolanos caídos al día de hoy?”, y es que desde que comenzaron las protestas en el país sudamericano, más de 130 personas han perdido la vida, la gran mayoría en enfrentamientos con la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela.

 

 

En un último mensaje, Fox “alertó” a México sobre los políticos que el mundo tiene, y se refirió a Andrés Manuel López Obrador como “Lopitos” al decir que “Lopitos, Evo, Maduro y Trump, son la misma gata pero revolcada: engañabobos, que una vez en el poder, no hay quien los saque”.

 

 

Foto: Archivo APO 

Las autoridades peruanas informaron que se ha reabierto una nueva investigación sobre “crímenes de lesa humanidad” en relación a un caso de 1990, misma que involucra al ex presidente Ollanta Humala, quien estuvo al frente del gobierno de Perú de 2011-2016.

Se ha indicado que se trata de las presuntas torturas y asesinatos que se cometieron en la base militar de la localidad de Madre Mía, al norte de Lima, en donde hace poco m´ás de tres décadas, Humala era un mando del ejército.

De acuerdo a la fiscal Edith Chamorro, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de Terrorismo y Derechos Humanos de Perú, la reapaertura del caso se debió a la aparición de dos nuevos testigos en entrevista con medios de comunicación, proporcionaron nueva información al respecto. “La aparición de los nuevos testigos constituye elementos suficientes para iniciar una nueva investigación, la misma que buscará establecer a los responsables de dichos asesinatos”.

Con información de BBC / Foto: Archivo APO