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Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que el próximo sábado, en su gira por Baja California, firmará un decreto para regularizar los autos irregulares, mejor conocidos como ‘autos chocolate’ que provienen del extranjero y entran a nuestro país de forma ilegal.

“Les adelanto, el fin de semana voy a firmar un acuerdo para regularizar los carros que ya están en México, carros irregulares, se van a regularizar porque se usan a veces para cometer ilícitos y no hay un registro. Entonces los vamos a regular a todos, se va a dar un permiso, se les va reconocer la posesión del vehículo», sostuvo AMLO.

El mandatario indicó en su conferencia de prensa matutina que dicho decreto implica que los dueños de los autos  paguen un monto «justo, no excesivo» por regularizar sus vehículos, dinero que se quedará en los estados para que se aplique en un programa de bacheo.

Este programa comenzará en los siete estados fronterizos con Estados Unidos, aunque se comenzará a analizar como trasladar o replicar dichos mecanismos en el resto del país.

AMLO justificó la medida diciendo que muchos mexicanos se ven en la necesidad de emplear estos autos porque no tienen los recursos para comprar una vehículo nuevo de agencia, pero les es necesario como medio de transporte para llevar sus hijos a las escuelas o para realizar sus actividades.

«Vamos a hacer un registro, una inscripción de esos carros, van a pagar un derecho, una contribución, va a ser una aportación y ese recursos se le va dejar a los estados, para que lo utilicen precisamente en mejorar las calles. Ahora sí que va estar etiquetado para que no haya baches, todo lo que se obtenga», añadió el mandatario.

El anuncio rápidamente levantó criticas entre la Iniciativa Privada (IP). La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) calificó dicho decreto como un «golpe al comercio automotor» nacional.

Acusó que mientras las regularizaciones se den de forma periódica, se incentivará a la importación ilegal de automóviles y a las prácticas de corrupción que se siguen viendo para los sectores en las aduanas del país.

También dijo que el decreto del presidente representa un premio a las mafias que se enriquecen con el contrabando de vehículos y un golpe al comercio automotor formal que genera empleo y paga impuestos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este lunes al Poder Judicial que «agilice» la liberación de presos sin sentencia, torturados, adultos mayores y enfermos graves, como demanda su decreto del 25 de agosto.

El mandatario anunció que gestionará con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para cumplir con la excarcelación, que él había prometido para antes del 15 de septiembre.

«Se va a hablar con el presidente de la Corte, se va a hablar con el fiscal con el propósito que se agilicen los trámites, que se liberen a muchas personas», indicó en su conferencia matutina sin detallar cuántos presos se han beneficiado hasta ahora por dicha medida.

El presidente se refirió al decreto que publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que ordena un Comité para excarcelar a adultos mayores de 75 años, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, presos con 10 años sin sentencia y torturados.

El mandatario justificó hace unas semanas la medida al señalar que de las más de 220,000 personas que hay en las cárceles, el 43% no tiene sentencia, lo que equivale a cerca de 125,500.

«Quienes no tienen sentencia desde hace muchísimos años, quienes están enfermos, que eso es muy lamentable, personas grandes, enfermos, que deberían ser liberados. Y quienes se ha demostrado que fueron torturados», expuso López Obrador sobre los potenciales beneficiarios.

Recordemos que cerca de veinte gobernadores, incluyendo a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, anunciaron que se sumarían con un decreto propio que aplicara para delitos de competencia local.

«Ya lo están haciendo gobiernos estatales. Tomó el modelo, la decisión, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, y ya nos ganó, y ya liberó como a 40 detenidos injustamente, y va a liberar a más en los próximos días, según nos informó», indicó el presidente.

Pese a las promesas del mandatario, defensores de derechos humanos y familiares de detenidos han cuestionado la tardanza en la liberación de los reclusos.

Asociaciones también han denunciado que el decreto federal se queda corto porque crea un Comité entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), pero solo pide aplicar las leyes existentes.

López Obrador adjudicó la tardanza a la burocracia del gobierno y del Poder Judicial, por lo que prometió que los titulares de Segob, Adán Augusto López, y de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, presentarán mañana un informe sobre los avances en la materia.

«Hay muchos trámites que nosotros también padecemos, por eso hablé desde el principio que había que levantar al elefante que encontramos echado, un elefante mañoso, reumático», remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que este martes encargó la redacción del decreto para excarcelar antes del 15 de septiembre, a presos que lleven 10 años sin sentencia, personas torturadas, mayores de 75 años y a mayores de 65 años con enfermedades degenerativas.

«Tiene que entrar en vigor pronto y tenemos que tener resultados antes del 15 de septiembre. Están trabajando en ello», dijo el mandatario en Palacio Nacional.

Recordemos que el presidente anunció la semana pasada su intención de llevar a cabo esta excarcelación, puesto que, según dijo, el 43% de los 220,000 reos del país están en prisión preventiva sin sentencia.

López Obrador dijo que este martes pidió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que «preparara el decreto».

El mandatario enfatizó que se buscará excarcelar a cuatro tipo de reos: los que lleven más de 10 años sin sentencia, los que tengan más de 75 años, los que tengan más de 65 años y sufran alguna enfermedad crónica degenerativa, y los que «fueron víctima de tortura».

Los beneficiarios de la excarcelación no podrán ser presuntos responsables de «delitos de sangre graves», aclaró el mandatario.

Al ser cuestionado, el mandatario reconoció que no se tiene un cálculo definido del número de presos que podrían beneficiarse de esta medida.

«Va a haber un procedimiento pero hay que esperar a cómo se va a elaborar el decreto y si necesitamos contar con el apoyo del Poder Judicial», añadió AMLO.

Esta es una medida adicional a la Ley de Amnistía que promulgó el gobierno federal en abril de 2020 con el objetivo de liberar a unas 6,000 personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas, con el objetivo de reducir la demanda en las cárceles.

El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) reportó en marzo pasado una sobrepoblación en 172 centros penitenciarios federales, de un total 288, es decir, 60% del total.

Tras admitir que se optó por gestionar una presa para «inundar» zonas indígenas de Tabasco a fin de evitar mayores afectaciones en Villahermosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este lunes un decreto para que la gestión de las presas tenga como prioridad evitar inundaciones en lugar de generar electricidad.

«No ha habido un buen control de las presas, que lo va a haber ahora. Ya no se va a priorizar la generación de energía eléctrica sino la protección civil. Voy a emitir un decreto», dijo esta mañana AMLO en su conferencia de prensa.

López Obrador confirmó que el 7 de noviembre pidió a los técnicos que desfogaran «poco a poco» la presa de Peñitas, en riesgo de romperse por las lluvias de Eta, porque de lo contrario «se iba a pique todo Tabasco», su tierra natal. Además, ordenó cerrar la compuerta del río Carrizal, que pasa por Villahermosa, para no inundar esa ciudad.

«Se cerró y eso significó más agua hacia la zonas baja, que son las comunidades indígenas. Medimos que se iban a venir al agua, pero no como en otras ocasiones», admitió el mandatario, quien prometió ayudas para los damnificados.

AMLO dijo que se vio obligado a optar «entre inconvenientes» porque históricamente «no ha habido un buen control de las presas», reiteró que presentará un decreto para que ya el manejo de las presas se subordine a la protección civil y que sean presas para proteger a la gente y que no haya inundaciones.

Primero como huracán y luego como depresión tropical, Eta azotó desde el 3 de noviembre a Centroamérica y luego al sureste mexicano, causando al menos 130 muertos y escenas de destrucción.

Según el último recuento oficial, murieron 28 personas en nuestro país: en Tabasco hubo 8 fallecidos y 302,498 afectados, en Chiapas 20 muertos y 54,976 afectados, y en Veracruz 10,848 afectados.

«La gente está siendo atendida. Hay cocinas, se va a apoyar siempre con alimentos y medicinas, se les va a reparar los daños, se les van a entregar recursos para enceres, muebles, camas, estufas, lo que hayan perdido a todos los damnificados», prometió el mandatario.

El presidente confirmó que se sigue desfogando las presas de la zona por precaución ante el paso del huracán Iota en el mar Caribe, si bien todavía no está claro que afecte a México.

AMLO dijo que las cuatro presas del Grijalva, las cuatro hidroeléctricas van a tener un canal ecológico, de modo que se mantengan vacías las presas, para que en la temporada de lluvias, de agosto a noviembre, no se tengan problemas.

El mandatario remató indicando que cuando empiece a bajar el agua, se comenzará con un programa de mejoramiento de vivienda antes de que la gente que fue afectada por las inundaciones ocupen de nuevo sus casas.

Un juez amparó a todas las compañías de electricidad contra la nueva política de la Secretaría de Energía (Sener) con la que el gobierno federal pretende limitar la generación privada de fuentes renovables, también conocido como el ‘Decreto Nahle’.

El fallo, con fecha del 30 de octubre, y difundido este miércoles, declara inconstitucional la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que la Sener publicó el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Aunque el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica resolvió a favor de la empresa EGP Magdalena Solar, extendió los efectos a todas las compañías que participan el mercado eléctrico mayorista.

«Este juez de Distrito no sólo estaría otorgándole una ventaja competitiva frente a los demás participantes del mercado, sino que, además, podría ocasionar distorsiones en dicho mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector», justificó el juez del caso, Juan Pablo Gómez Fierro.

El juez es quien amparó la semana pasada a todas las empresas contra el acuerdo que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el 29 de abril, que también prioriza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Mientras que el acuerdo del Cenace argumenta que, por la pandemia, debe bloquear las centrales renovables porque «son intermitentes», la política de Sener elimina el concepto de «despacho económico» para priorizar la energía de las plantas de CFE, que tiene costos más altos que los privados.

Recordemos que el sector privado acumula más de 170 amparos contra estas medidas, al considerar que impactan en conjunto 14% del producto interno bruto (PIB), 44,000 millones de dólares de inversión y 81,500 empleos, de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y asociaciones de compañías energéticas.

En esta primera sentencia de fondo sobre el tema, el juez Gómez Fierro consideró que la política de Sener es inconstitucional porque afecta la libre concurrencia y competencia, además de incumplir con los requisitos regulatorios.

«La omisión de substanciar el procedimiento de mejora regulatoria constituye un tema de constitucionalidad formal que trasciende necesariamente a todo el contenido de la norma general reclamada; por ende, los efectos del amparo deberán abarcar a todo el ordenamiento reclamado», concluyó.

La Primera Sala de la Suprema Corte confirmó en octubre la suspensión definitiva de la política de la Sener, lo que significa que queda sin efecto solo mientras resuelve su constitucionalidad.

La política también ha despertado críticas de legisladores estadounidenses, que denuncian que «viola» el espíritu del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el 1 de julio. Aun así, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha expresado que, si la Suprema Corte falla en contra de su gobierno, hará una reforma constitucional para proteger a la CFE y a Pemex del «saqueo» de las empresas extranjeras.

El presidente Donald Trump cumplió su amenaza y esta tarde firmó un decreto que, según explicó, tiene como objetivo «defender la libertad de expresión de uno de los mayores peligros a los que se ha enfrentado nunca  Estados Unidos».

Durante la firma, Trump indicó que instruyó al fiscal general William Barr para que trabaje con los estados para hacer cumplir las leyes contra lo que describió como prácticas comerciales engañosas de las empresas de redes sociales.

El mandatario, hablando con reporteros en La Casa Blanca, agregó que un decreto contra las compañías eliminaría el blindaje de responsabilidad del que actualmente disfrutan, y las censuró por su presunta parcialidad editorial.

Recordemos que Twitter marcó con una leyenda, dos tuits del mandatario, al considerar su contenido como información falsa o imprecisa. Trump dijo que las alertas fueron «decisiones editoriales» por parte de Twitter y significaban activismo político.

Trump, quien depende personalmente en buena parte de Twitter para atacar a sus rivales, desde hace tiempo ha acusado a las principales compañías tecnológicas de Silicon Valley de estar en contra de los conservadores en las redes sociales al colocar avisos de verificación de datos o remover por completo sus publicaciones.

«Estamos hartos», dijo Trump, asegurando que el decreto defendería la libertad de expresión.

La medida instruye a dependencias del ejecutivo a solicitar a agencias normativas independientes, como la Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión Federal de Comercio, que estudien si pueden imponer nuevas regulaciones a estas compañías, aunque los expertos han expresado dudas sobre qué tanto se puede lograr sin la intervención del Congreso.

Compañías como Twitter y Facebook obtienen excenciones de responsabilidad de acuerdo con la sección 230 de la Ley de Decencia de Comunicaciones, debido a que reciben el trato de «plataformas» y no de «editoriales». Estas últimas sí pueden enfrentar demandas por los contenidos que publican.

Trump acusó a Twitter de «interferir en la elección presidencial de 2020», e insistió en que, «como presidente, no permitiré que esto suceda». Su director de campaña, Brad Parscale, dijo que el «claro sesgo político» de la empresa hizo que la campaña retirara «toda nuestra publicidad de Twitter hace meses».

Recordemos que la empresa de redes sociales prohibió toda publicidad política desde noviembre de 2019.

A nivel nacional, el 87% de las empresas cumplen con la operatividad y medidas sanitarias derivadas de la emergencia sanitaria del COVID-19, informó este lunes la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.

Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, la funcionaria reveló que derivado de los operativos de inspección federales del trabajo en el marco de la emergencia, se detectó que el 13% de las empresas no cumplen con las medidas.

En otros resultados, el 50% de las empresas ya se encontraban cerradas, 20% se exhortó al cierre y accedieron y 17% realizan alguna actividad esencial.

Las empresas no esenciales que se negaron al cierre, clasificadas por su actividad económica son de la industria automotriz (28%), industria textil (17%), comercio de productos no esenciales (15%), industria tabacalera, calzado, construcción (11%), industria maderera (8%).

También se negaron a cerrar las relacionadas a centros de educación, recreación, almacenamiento y publicidad, fabricación de productos de plástico y metales no esenciales (4%), industria celulosa y papel, metalurgia no esencial y productos electrónicos no esenciales (4%).

«El 23% de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia», señaló Luisa Alcalde.

La funcionaria reveló algunos nombres de las empresas que sí cumplen con las medidas de sana distancia, tales como Dentix México Health; Juguetron; Grupo Calzado Flexi; SE BORDNETZE México; TERNIUM México, Faurecia, GM, Volkswagen, FCA.  Mientras que las empresas que se negaron a cerrar son Andrea, Carnival, Coppel y Bolim.

La titular de la STPS afirmó que no ha tenido quejas de alto funcionarios públicos por el decreto que baja su salario y elimina la prestación del aguinaldo.

La funcionaria enfatizó que todos los integrantes del gobierno federal están conscientes de la crisis económica que está generando el COVID-19 y han accedido voluntariamente a bajar sus sueldos.

“Se tratan de medidas voluntarias que serán determinadas por cada funcionario que la mayoría, todos, al ser parte de un proyecto de nación entienden lo que significa lo que estamos viviendo», aseguró Alcalde.

Y es que el pasado 24 de abril, el mandatario federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto en el que de manera voluntaria, se pedía a altos funcionarios reducir su salario en un 25% y renunciar al aguinaldo.

Esta medida forma parte de las acciones que el gobierno federal impulsa para hacer frente a la crisis económica que genera la pandemia del COVID-19 en el país.

Sin embargo, voces como la del diputado Porfirio Muñoz Ledo se han manifestado en contra de esta medida ya que es violatoria de lo contratos colectivos.

Al respecto, Ana Paula Ordorica platicó con Gerardo Carrasco, director jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, sobre si la medida es legal y efectiva.

 

Este jueves entró en vigor la Ley de Amnistía, que argumenta el gobierno, beneficiará con la liberación a personas que no cometieron delitos graves y a personas en situación de extrema vulnerabilidad, en el marco de la pandemia de Covid-19.

El decreto de la Ley de Amnistía, firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue publicado en la edición vespertina de ayer del Diario Oficial de la Federación (DOF).

La ley, que fue aprobada el lunes por el Senado, refiere que beneficiará a mujeres acusadas del delito de aborto y a indígenas que durante su proceso legal no contaron con intérpretes o defensores que conocieran su lengua

Además, a personas sentenciadas, no reincidentes, en distintos supuestos, por ejemplo, por delitos contra la salud, posesión y consumo de drogas en ciertos casos, robo simple y sin violencia, y sedición, salvo en casos de terrorismo.

La Ley aclara que no beneficiará a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal ni a quienes hayan cometido el delito de secuestro, o cuando se hayan utilizado armas de fuego en la comisión del delito.

Para la evaluación de las solicitudes que se presenten para ser beneficiarios de esta Ley, el Ejecutivo Federal creará una “Comisión” encargada de coordinar los actos de cumplimiento y vigilar la aplicación de este beneficio para determinar “la procedencia del beneficio” y posteriormente sea un juez federal quien “resuelva el otorgamiento de la amnistía”.

Al  respecto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó la aprobación de la Ley de Amnistía.

«Estamos privilegiando medidas urgentes para poder excarcelar y que obtengan su libertad mujeres embarazadas, mujeres adultas mayores, mujeres indígenas y también personas es situación de vulnerabilidad», explicó durante una reunión virtual con la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib).

Indicó que se trabajará con los 32 estados en un mecanismo de preliberaciones sobre los delitos menores.

Sin embargo, diversas organizaciones han señalado las deficiencias de la Ley de Amnistía, calificándola incluso como un acto propagandístico del presidente, más que un beneficio para la población.

El gobierno de Ecuador anunció este domingo un acuerdo con los grupos indígenas para revocar la eliminación de subsidios al combustible, que había sido pactado con el FMI y que habría desatado una violenta crisis de casi dos semanas.

Después de más de cuatro horas de negociación con la mediación de la ONU y la Iglesia católica, las dos partes asumieron un compromiso que atiende la exigencia del movimiento indígena: la derogatoria del decreto que había liberado el precio del diésel y la gasolina, encareciéndolos hasta en 123%.

El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jaime Vargas, anunció de inmediato el levantamiento de las protestas que dejaron siete muertos, 1,340 heridos y 1,152 detenidos según la Defensoría del Pueblo.

«Se ha dejado sin efecto el decreto 883 y eso es para todo el país. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva la paz!», proclamó Vargas al término de las negociaciones con Moreno en persona.

El mandatario, que reconoció el «sacrificio de cada una de las partes», escribió luego en Twitter: «El gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan».

Moreno firmó compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos por 4,200 millones de dólares destinados a aliviar el déficit fiscal que atribuye al derroche, endeudamiento y corrupción del gobierno de su antecesor y exaliado Rafael Correa.

A cambio lleva a cabo una política de ajustes que, además de acabar con ayudas, prevén recortar derechos a los empleados públicos, como la disminución del tiempo de vacaciones, de 30 a 15 días. El país desembolsa 1,300 millones de dólares al año en subsidios al diésel y la gasolina.

Recordemos que Moreno decretó estado de excepción al día siguiente de iniciadas las manifestaciones y movilizó a las Fuerzas Armadas para contener el estallido social. Y decidió trasladar la sede de gobierno a Guayaquil. Apenas el sábado pasado Moreno había acusado a Correa y al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de estar tras la violencia.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este martes el decreto legislativo que desaparece el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), creado en el sexenio pasado.

El decreto, que entró en vigor este miércoles, elimina las referencias al Inadem en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Recordemos que el pasado 10 de abril, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma y deroga diversas disposiciones de los artículos 3, 18, 19, 24 y 25 de la legislación mencionada, y posteriormente el Senado de la República lo avaló el 20 de junio.

El documento elimina todas las referencias al Inadem dentro del cuerpo del ordenamiento legal y actualiza el nombre de la Ciudad de México y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), pues estaban identificadas como Distrito Federal y Sagarpa, respectivamente.

En los artículos transitorios se establece que dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor del decreto, el Ejecutivo federal deberá realizar las reformas que se requieran al Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El Inadem fue creado en 2013, pero se incorporó a la ley en 2016 para dotarlo de más facultades.

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que la edición en papel del Diario Oficial de la Federación (DOF) llegó a su fin.

De acuerdo a Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobernación, la edición vespertina de ayer sábado 29 de junio, fue la última que se imprimió; ahora, el DOF solo estará disponible en su versión electrónica.

«Hoy es la última impresión en papel del @DOF_SEGOB Ahora sólo existirá en electrónico dof.gob.mx Se cierra una etapa histórica que publicitaremos. Inicia una tendencia mundial. Nostalgias y alegrías en torno a él. #Legalidad #Gobernabilidad @GobiernoMX @SEGOB_mx», señaló el funcionario.

Recordemos que fue el pasado 31 de mayo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó el decreto por el cual se suprimía la impresión del DOF a partir del lunes 1 de julio.

El decreto se publicó tras la aprobación del dictamen acordado en el Senado el pasado 9 de abril, cuando se reformó la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, en el cual se indicó que la edición electrónica del DOF sería el principal medio, jurídicamente válido, de difusión del periódico oficial.

Los Senadores acordaron que se imprimirá un ejemplar que tendrá el carácter de evidencia documental física, y a partir del mismo se generarán las copias certificadas que se requieran. Adicional, la versión impresa que se genere será utilizada para garantizar la publicación en los casos que resulte imposible, por causas de fuerza mayor, acceder a su versión electrónica.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que elimina las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes.

“En dos sexenios se condonaron a grandes contribuyentes alrededor de 400 mil millones de pesos”, dijo. «Es como un huachicol de cuello blanco que se va a eliminar. Es acabar con privilegios fiscales”, señaló el presidente.

Margarita Ríos, directora del SAT, expuso que la condonación es una atribución del titular del Ejecutivo federal que se hace por decreto desde diciembre de 2006.

Los casos en los que el Ejecutivo podía condonar era cuando se había afectado o trataba de impedir que se afectara la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos de una región determinada.

También se condonaba en catástrofes por fenómenos naturales o meteorológicos.

El monto condonado desde 2007, indicó, es de 400 mil 902 millones de pesos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este martes que va a emitir un decreto para renunciar a la facultad que tiene el presidente de condonar impuestos, tal como sucedió en las pasadas administraciones.

Indicó que, pese a que sus detractores afirmen que dicha decisión responde al autoritarismo, está dentro de sus facultades. Adelantó que durante todo el sexenio no va a haber condonaciones de impuestos.

Aclaró que no es lo mismo condonar que devolver, pues de acuerdo a la ley hay una devolución que se tiene que hacer a los contribuyentes. Añadió que lo que no hará es condonar impuestos a los allegados al régimen, a quienes les han condonado muchísimo dinero.

Anunció que la próxima semana se dará a conocer un informe sobre cuánto se condonó por sexenio, pese a que algunos ya no se quieran acordar de esos hechos, “hay amnesia”.

Recordó que cuando se creó el Instituto de la Transparencia en el sexenio de Vicente Fox, la primera decisión importante del Instituto fue reservar la información acerca de la condonación de impuestos que autorizó el ex mandatario ese año.

Indicó que este año vence dicha reserva, por lo que se podrá conocer el nombre de las personas a las que se les condonó pagar impuestos; alertó que “ya se ampararon algunos y el Poder Judicial les dio amparo para que no se dé a conocer el monto que se les condonó”.

Dijo que lo primero que hará es el decreto para renunciar a dicha facultad, para luego en septiembre, que envíe la ley de ingresos para el año próximo, se elimina por completo dicha posibilidad.

Sostuvo que es injusto que haya condonación de impuestos para beneficio de una minoría, pues quienes pagan más impuestos sobre la renta en México so los asalariados.

AMLO aprovechó para realizar una nueva consulta a mano alzada, como se ha hecho costumbre, para preguntar quién estaba a favor de que ya no se condone los impuestos a los ‘machuchones’.

“A ver, que levanten la mano los que están en contra de esta medida. Que levanten la mano los que están a favor. No, ya, ya ganamos”, remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre si su gobierno está contemplado un decreto para controlar, y en su momento reducir los costos de los combustibles.

«No estoy de acuerdo con eso, no creo en el control de precio, así por decreto. Creo que, si hay competencia de verdad, auténtica, puede haber control de precio, sin necesidad de imponerlo», dijo AMLO.

Adelantó que será por la vía de la competencia, que su administración buscará disminuir los costos.

Ante la pregunta de la prensa, AMLO dijo que prefería dejar el tema en claro, ya que no quiere dar pie a que los conservadores lo acusen de estatista, «de estar actuando de manera autoritaria».

«Lo que pasa con la política neoliberal, conservadora, es que hasta en eso engañaron, de veras son falsos. Hablaron de la libre competencia, de la libertad de mercado y la aplicaron en los bueyes de sus compadres. No se habló de neoliberalismo», acusó López Obrador.

Explicó que si se hubiera seguido el modelo correcto, atendiendo la libertad económica y la libertad comercial, no hubieran dado paso a los monopolios. Lamentó que las autoridades anteriores dejaron al país lleno de monopolios, en todos los aspectos.

«Entonces, no al control de precios. Competencia», remató AMLO.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados planteó abrogar el decreto por el que se establece el horario de verano que se aplica en el país, pues señalan que los resultados observados a la fecha, en cada uno de los supuestos beneficios resultan discutibles.

“En nuestro país, el horario de verano fue concebido e implementado específicamente como una alternativa para el ahorro de energía, considerando además que al priorizar las actividades en las horas de mayor disponibilidad de luz solar se verían beneficiados la economía a través de los negocios, el comercio y la productividad”, explicó el diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla

Consideró que el supuesto ahorro de energía fue sustentado principalmente en la hora extra de iluminación natural y la disminución en el consumo de energía, pero para los usuarios del servicio eléctrico, tal ahorro de energía no se ve reflejado en la facturación del servicio.

“Después de 23 años de aplicarse los husos horarios estacionales en el país, existe el consenso general de dejar de aplicar el horario de verano, ya que, si bien se ahorra energía durante las noches, se gasta durante las mañanas, en las horas de oscuridad previas al amanecer y en la tarde, dado que en las regiones cálidas de México las personas regresan una hora de luz más temprano a sus hogares”, dijo.

Ayala Bobadilla destacó que, a nivel mundial, la tendencia desaprobatoria va en aumento, sobre todo en Europa, ya que hay indicadores de que existen factores negativos para la salud, hay consecuencias sobre la productividad y la seguridad de las personas.

Durante la entrega de los Programas Bienestar en Hopelchén, Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la reforma educativa que se discute en el Congreso, la cual está a la espera de un acuerdo entre el magisterio y las autoridades.

AMLO habló sobre los jóvenes que durante muchos años, después de concluir sus estudios en las escuelas normales, eran rechazados por el simple hecho de formarse en dichos centros de trabajos. «Ya no va a volver a pasar eso. No se van a cerrar las normales, inclusive se van a abrir las que cerraron estos corruptos, como la normal de El Mexe y otras normales».

Afirmó que todo aquel que salga de la normal va a tener preferencia para tener su plaza de maestro. Al dirigirse a los maestros de la entidad, les dijo que cumplirá su palabra de cancelar la mal llamada reforma educativa.

Explicó que ya se envió una iniciativa de ley de reforma a la Constitución, aunque reconoció que hay grupos en el magisterio que no ven con buenos ojos esta propuesta. Ante ese panorama, dijo,  su gobierno va a seguir dialogando con todos los grupos e involucrados hasta que haya un acuerdo.

Sin embargo dijo que, «si se tarda mucho y no hay ningún acuerdo, voy a sacar un decreto abrogando, quitando la mal llamada reforma educativa en tanto se aprueba la nueva reforma».

Dijo que nunca más se va a perseguir a los maestros, se les va a humillar, y no habrá nada de evaluación, pues insistió en que «se supone que el que ya estudió en una normal y que da clases, ya está capacitado». En ese sentido dijo que va a haber formación y capacitación voluntaria.

«Que los maestros decidan por sí mismos, no verlos como menores de edad, no ofender al magisterio; porque si se trata de crear institutos para evaluar, hay que crear el instituto para evaluar al presidente, para evaluar a los gobernadores, para evaluar a los diputados, a los senadores, a los presidentes municipales. ¿Por qué nada más a los maestros? Fue saña lo que se hizo en los pasados gobiernos; eso ya se termina», enfatizó.

Finalizó indicando que lo único que no van a manejar los líderes sindicales, lo único que no van a manejar, es la administración de las plazas. «El que quiera negociar plazas, ese mercado de plazas ya se acabó».