Jorge Alcocer

Reforma

Cuentan que en septiembre de 1996 el secretario de Gobernación marcó la red presidencial para informar al primer priista que la XVII Asamblea Nacional se había salido de control. Los delegados habían aprobado lo que la prensa denominó “candados”; requisitos estatutarios que dejaban fuera de la sucesión presidencial de 1999 a dos prospectos muy cercanos a los afectos presidenciales.

Hay quienes creen que una llamada semejante podría tener lugar al concluir la Mesa de Estatutos de la XXII Asamblea Nacional del PRI. Dejando de lado la imaginación, es evidente que dentro del antaño disciplinado partido tricolor se manifiestan abiertamente voces que claman por impedir el regreso a la tradición del dedazo presidencial, tan eficaz durante muchas décadas. Aunque todo por servir se acaba.

Algunos insisten en ver al tricolor como a un enfermo terminal con fecha cierta de ingreso a terapia intensiva. Sin embargo, si a los votos, no a los deseos de sus adversarios, atendemos, el PRI será uno de los tres competidores centrales en la contienda que dará inicio el 8 de septiembre próximo. Cosa que, por cierto, no puede presumir el desfalleciente PRD, extraviado en la búsqueda de una alianza con el PAN, con la que espera arañar los votos que lo salven de bajar a las ligas menores.

Si la pelea de esta semana es por los candados, los rijosos están un poco confundidos; les haría bien releer los Estatutos de su partido antes de protagonizar pírrica batalla campechana. En efecto, aunque quitar el requisito de los 10 años de militancia parece indispensable para dos aspirantes cercanos a los afectos presidenciales, podría tratarse de una mala lectura.

De Aurelio Nuño se rumoró, hace 2 años, que no aparecía en el padrón de afiliados del PRI, pero eso siempre se puede corregir con la credencial oportuna y la fe de erratas certificada por fedatario; no sería la primera vez que así ocurre. El caso de José Antonio Meade Kuribreña es más polémico ya que el hoy secretario de Hacienda (lo fue también de Felipe Calderón) ha reconocido públicamente que no está afiliado a ningún partido, así que en su caso la credencial no funcionaría. Lo que sí funciona son las normas del artículo 196, en relación al 7 y 8, de los actuales Estatutos del PRI, que contemplan los casos de aspirantes a una candidatura, no afiliados al tricolor, en caso de alianza electoral. Si usted pensó en un destapador verde acertó, aunque también serían útiles para el caso el PANAL o el PES, que salen más baratos, al menos hasta hace pocas semanas.

Así que dejar el requisito de 10 años de militancia podría ser inocuo para esos dos aspirantes; a menos que los conversos a la democracia, como los ex gobernadores Murat y Ruiz, pretendan imponerles otros requisitos imposibles de cumplir. Aunque otros aspirantes están blindados ante casi cualquier cambio estatutario, no es el caso del ex rector de la UNAM, José Narro, al que sacarle del archivo muerto el requisito de haber tenido previamente un cargo de elección popular provocaría el mismo efecto que la kryptonita a Superman. De prosperar esa pretensión la inevitable pregunta será ¿de parte de quién? Creo que no será necesaria.

Tampoco parece tener futuro la pretensión de que la Asamblea tricolor acuerde que el método de selección de su candidato presidencial sea la consulta abierta a todos los ciudadanos. Por la experiencia previa (1999) los delegados al cónclave tricolor harían bien en leer la entrevista publicada en este diario a Francisco Labastida, ex candidato presidencial.

Inyectar en el cuerpo del casi nonagenario partido una sobredosis de democracia podría provocarle un síncope de consecuencias dramáticas para su salud. No le funcionó hace 18 años; nada indica que ahora lo haría. Menos aún cuando la capacidad de conducción del actual primer priista está lejos de la que tenía en aquel momento su inmediato antecesor (del PRI).

Posdata. Estarán unidos, hasta que el candidato los separe. El vaticinio es de Gustavo Madero.

Foto: Archivo APO