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La defensa del expresidente Donald Trump, acusado de falsificar documentos para silenciar a una actriz de cine para adultos, con el fin de proteger su aspiración presidencial en 2016, utilizó este martes sus alegatos finales para atacar la credibilidad de Michael Cohen y subrayar la falta de elementos probatorios en este juicio penal.

“La respuesta más sencilla es la correcta”, dijo al jurado Todd Blanche, el principal abogado del exmandatario, haciendo referencia a que Trump pagó 420,000 dólares a Cohen, que fue abogado y mano derecha del exmandatario, por su trabajo legal y no para reembolsarle los 130,000 dólares que pagó a la estrella porno.

El objetivo del equipo era hacer un resumen del caso que resaltara la inocencia de Trump, ya que era su última oportunidad de convencer a los doce jurados de que Trump es “no culpable”.

Durante cinco semanas de testimonios, el jurado ha escuchado a 22 testigos y visto 300 pruebas.

Uno de esos testigos fue el propio Cohen, que dijo en la sala del Tribunal Penal de Manhattan que cuando faltaban unos días para las elecciones de 2016 le pagó a Daniels y detalló como, una vez que Trump estaba asentado en el Despacho Oval de la Casa Blanca, este le reembolsó el dinero.

“No hay ni la más mínima evidencia” en el testimonio de Cohen, dijo enérgicamente Blanche, señalando al jurado que el caso de la Fiscalía se basa únicamente en la declaración de Cohen, quien ha mentido en otras ocasiones estando bajo juramento y a quien Blanche llamó mentiroso en reiteradas ocasiones.

A lo largo de este juicio, ha habido diversas evidencias por parte de los fiscales para respaldar su acusación, como unas notas de Allen Weisselberg, entonces director financiero de la Organización Trump, sobre cómo se le pagaría a Cohen por el dinero que gastó para comprar el silencio de Daniels.

Blanche también destacó que a Trump no se le debe de juzgar por si tuvo o no un encuentro sexual con Stormy Daniels: “Este caso se trata de documentos… Este caso no se trata de un encuentro con Stormy Daniels hace 18 años o un acuerdo de confidencialidad hace 8 años”.

Respecto al otro gran testigo de este juicio, la propia Daniels, el abogado de Trump resaltó que fue llamada a testificar para influir en las emociones de los jurados y avergonzar a Trump.

Trump, que escuchó atentamente el mensaje de su abogado, es el primer exmandatario de Estados Unidos en ser juzgado por un caso penal, está acusado de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales, y de ser hallado culpable podría ser sentenciado a libertad condicional o hasta cuatro años de prisión.

Antes de entrar en la Corte, el magnate y actual precandidato republicano a las elecciones de noviembre próximo, volvió a subrayar su inocencia y recalcó que todo se trata de un complot de “interferencia electoral” y una cacería de brujas.

“No se equivoquen, estoy aquí por culpa del corrupto Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestro país”, dijo el republicano.

En este día clave del juicio, Trump está arropado por su familia. Lo acompañaron sus hijos, uno de sus yernos y una de sus nueras: Eric Trump, Donald Trump Jr., Tiffany Trump, Michael Boulos y Lara Trump.

La Fiscalía también tuvo su oportunidad de convencer al jurado de que el expresidente es “culpable”. Reiteró los señalamientos y acusaciones contra él.

Después de los alegatos finales, el jurado deberá acordar por unanimidad el veredicto. Basta con que uno de los doce miembros del jurado no esté de acuerdo para que el juez Juan Merchan ordene seguir deliberando hasta llegar a una decisión.

Si los jurados siguen sin llegar a un consenso, Merchan podría verse obligado a declarar un juicio nulo, lo que sucede cuando un juicio termina sin que se haya alcanzado un veredicto conjunto.

Los doce miembros del jurado del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se retiraron este jueves a deliberar sobre la inocencia o culpabilidad del exfuncionario, que volvió a estar acompañado en la sala del tribunal por su esposa, Linda Cristina Pereyra, y su hija Luna.

Antes de comenzar su deliberación, el juez Brian Cogan empleó casi dos horas en instruirlos sobre los cinco delitos que se le imputan, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico.

García Luna está acusado de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad, conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.

El quinto delito que se le imputa es el de supuestamente prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.

Pero además, los miembros del jurado tendrán que decidir, en caso de declararlo culpable, si García Luna en 2012 abandonó la conspiración en la que participaba.

En caso de determinar que en ese año dejó de conspirar y así se lo hizo saber a sus supuestos socios, entonces sus delitos habrían prescrito y solo sería condenado por el último de los cargos: no decir la verdad cuando se le preguntó si había cometido un delito por el que no había sido procesado.

El jurado no tiene una fecha límite para tomar una decisión, que, tanto si es la de culpabilidad como la de no culpabilidad, deberá ser unánime.

Desde el pasado 23 de enero, sus miembros escucharon los testimonios de 26 testigos convocados por la Fiscalía, entre ellos exnarcotraficantes, policías de México y agentes estadounidenses, así como el de la esposa de García Luna, el único testigo de la defensa.

Ayer se dio paso a los alegatos finales de ambas partes, donde se buscó convencer al jurado de la culpabilidad más allá de la duda razonable, como sostiene la Fiscalía, o de su inocencia como argumenta la Defensa.

En una larga exposición de tres horas, la fiscal Saritha Komatireddy les pidió a los 12 miembros que usaran el sentido común y unieran las piezas del rompecabezas que la Fiscalía presentó en las últimas cuatro semanas.

La Fiscalía defiende que su relato, junto al de otros narcotraficantes y el del resto de testimonios levanta un edificio consistente que demuestra la culpabilidad del acusado.

El abogado de García Luna, César de Castro, intentó echar abajo los argumentos de la fiscalía, señalando que los principales testigos, todos exnarcotraficantes, son criminales a los que no se puede creer porque buscan su propio beneficio al colaborar con la Fiscalía y también vengarse de quien fue el rostro de la lucha contra el narcotráfico durante la administración de Felipe Calderón.

El juicio conta el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, concluirá este miércoles con los alegatos finales, casi cuatro semanas antes de lo previsto.

A partir de mañana los doce miembros del jurado tendrán que deliberar si es culpable o no el exfuncionario federal de ayudar al cartel de Sinaloa a traficar droga a Estados Unidos.

A lo largo de un mes de juicio, los más de 20 testigos que han subido al banquillo llamados por la fiscalía han esbozado el poder corruptor del dinero de la droga desde la política a las fuerzas de seguridad, pasando por los funcionarios de aduanas y personal de puertos y aeropuertos.

El llamado “superpolicía” ya llevaba varios años monetizando su influencia con “El Chapo” Guzmán, según lo acusó el Departamento de Justicia estadounidense en 2020. Ahora ha  insistido en que se convirtió a partir de 2001 en “miembro de la conspiración del cartel de Sinaloa”.

El exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, uno de los testigos que declaró, mencionó en la Corte de Brooklyn el nombre del expresidente Felipe Calderón, quien habría dado órdenes de apoyar a la facción de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Jesús “El Rey” Zambada, mano derecha de su hermano Ismael “El Mayo” Zambada, que seguiría liderando el cártel de Sinaloa, aseguró haber pagado 5 millones de dólares a García Luna, además de que confirmó otras acusaciones que han salido a la luz durante el juicio, como la complicidad de autoridades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para traficar droga.

Según varios testigos, García Luna, que rehusó declarar para defenderse en su propio juicio, habría recibido pagos millonarios de los cárteles a cambio de protección.

Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, otro protegido de la justicia estadounidense, dijo que su entonces jefe Arturo Beltrán Leyva le hacía igualmente pagos mensuales de al menos 1.5 millones de dólares directamente a García Luna o a través de su mano derecha Luis Cárdenas Palomino.

Óscar “El Lobo” Valencia también afirmó haber pagado más de 10 millones de dólares al excolaborador de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

La defensa del acusado, dirigida por el abogado César de Castro, ha tratado a lo largo del juicio de restar credibilidad a los testigos que a menudo han caído en contradicciones y que, sobre todo, pese a su historial criminal, se han beneficiado de fuertes reducciones de pena en Estados Unidos a cambio de colaborar con la justicia.

Genaro García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigación de México de 2001 a 2005 y fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, periodo en el que colaboró estrechamente con las agencias antinarcóticos y de inteligencia estadounidenses en el marco de la ofensiva del expresidente Felipe Calderón contra los cárteles.

Está acusado de cinco cargos: participación en empresa criminal continua; conspiración de distribución internacional de cocaína; conspiración de distribución y posesión de cocaína; conspiración para importar cocaína y falsedad en una declaración para obtener la nacionalidad estadounidense en 2018. Podría ser condenado a entre diez años y cadena perpetua.

Su destino está en manos de 12 jueces que luego de la audiencia de hoy se retirarán a deliberar, siguiendo las pautas pactadas por el juez instructor Brian Cogan, la fiscalía y la defensa.

Tendrán que determinar si García Luna, que se trasladó en 2012 a vivir a Estados Unidos en busca de tranquilidad y seguridad, como aseguró su esposa Cristina Pereyra, es o no culpable. Sería este mismo viernes cuando pudiera tenerse un veredicto.