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La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que fue emitida una orden de atención contra la conductora de televisión, Inés Gómez Mont, su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, y otras 5 personas, implicadas en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En un comunicado, la Fiscalía precisó que en noviembre de 2019, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se inició carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel «A», Inés «G», Edgardo Mauricio «V», Rosario «A», Margarita «C», Ricardo «P», Mauricio «R» y siete empresas.

«A los principales responsables de la probable comisión de estos delitos se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes», señaló la Fiscalía.

Explicó que tres de ellos ya se encuentran recluidos en prisiones federales, y que en los casos de quienes abandonaron el país y evadir a la justicia mexicana, «se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional».

Según las investigaciones, estas personas «probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos».

La FGR añadió que, para cumplir dicho objetivo, presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo esto con «la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes».

La Fiscalía indicó que la organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel «A» e Inés «G», que operaban con supuestos representantes de personas morales.

Recordemos que el pasado 19 de octubre de 2021, la Interpol emitió una ficha roja de búsqueda y captura contra Gómez Mont y Álvarez Puga. A mediados de septiembre trascendió que la pareja fue acusada de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por operaciones que ascienden a los 3,000 millones de pesos.

SERGIO SARMIENTO

REFORMA

 

El presidente López Obrador dice que ha puesto fin a la guerra contra las drogas y por ello ofrece al crimen organizado abrazos y no balazos. En cambio, está tratando como criminales a científicos, empresarios y opositores.

Se ha vuelto común que la Fiscalía presente acusaciones penales con prisión preventiva (sin fallo de culpabilidad) a personas que el gobierno considera incómodas. Preocupa, sobre todo, cuando estas acusaciones se hacen por delincuencia organizada a personas que no son parte del crimen organizado. Es el caso de científicos y directivos del Conacyt, que los jueces han rechazado procesar pero que siguen en la mira de la FGR; también de empresarios como los hermanos Zaga Tawil, acusados de delincuencia organizada por un tema que, si acaso, debe ser administrativo.

La figura de delincuencia organizada se creó para dar un trato de excepción a criminales extraordinariamente peligrosos. Surgió de la llamada convención de Palermo de diciembre de 2000, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que estableció reglas de excepción para combatir a la Mafia y otras organizaciones que amenazaban o asesinaban a jueces y fiscales. La convención propuso que los países negaran a los miembros del crimen organizado derechos fundamentales como la libertad provisional o el acceso a los expedientes. No se trataba, sin embargo, de eliminar las garantías individuales de todos, solo de los criminales más peligrosos.

México, que siempre tuvo un sistema de justicia que no respetaba las garantías individuales, empezó a construir en este siglo XXI un sistema penal acusatorio más garantista, pero el gobierno de López Obrador dio marcha atrás con la legislación del 8 de noviembre de 2019, que estableció que, a partir del 1 de enero de 2020, los acusados de defraudación fiscal serían considerados por decreto miembros de la delincuencia organizada. La prisión preventiva oficiosa en esas acusaciones fue considerada inconstitucional por la Suprema Corte el pasado 25 de octubre, pero esta no emitido todavía un fallo definitivo.

Es paradójico que el gobierno ofrezca brazos y más magnanimidad a los verdaderos miembros del crimen organizado, mientras utilizan las medidas abusivas del régimen de excepción contra científicos, empresarios y crítico. A los exdirectores del Conacyt se les acusa de delincuencia organizada por haber ejercido recursos de conformidad con la legislación vigente en este momento y que fueron plenamente auditados. A Teófilo Zaga y a su hermano Rafael se les imputa delincuencia organizada por haber recibido una indemnización tras la cancelación de un contrato del Infonavit, indemnización que cumplía con los términos del contrato cancelado y que fue aprobado por el Consejo de Administración de Infonavit. Desde abril de este año, sin embargo, Teófilo Zaga está recluido en el penal de alta seguridad del Altiplano, en Almoloya, con un tratamiento abusivo que supuestamente se reserva para los miembros del crimen organizado.

Nadie pide impunidad. Si los científicos del Conacyt o los hermanos Zaga cometió algún ilícito, que se les juzgue con equidad, acceso a los expedientes y libertad provisional. No deben ser tratados como criminales cuando no lo son, menos si no han sido declarados culpables. El gobierno de México hizo una ley violatoria de los derechos humanos para castigar a los criminales más peligrosos. Es injusto aplicarla a científicos, empresarios y críticos.

CASTIGO AL INE

Los diputados oficialistas borraron 5000 millones de pesos del presupuesto del INEM dejando intacto los recursos de los partidos políticos. al parecer el régimen quiere castigar alimento al INE, para quitarle lo igualado al consejero presidente.

Tras apuntar que la seguridad será uno de los retos del próximo gobierno, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió a la PGR dar a conocer el número total de personas sentenciadas y con sentencia condenatoria irrevocable detenidas por el delito de delincuencia organizada, a partir del 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2017, luego de que el combate a los cárteles desde hace 12 años con confrontación directa ha fracasado.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez afirmó: “Necesitamos conocer con exactitud cuál es la situación del país para identificar los aciertos y fracasos de las estrategias pasadas y escoger el nuevo camino hacia un México más seguro. Al hacer públicos datos como los referidos en este recurso de revisión, las autoridades responsables contribuyen a este proceso”, enfatizó.

Además, recordó que desde hace doce años el Estado ha adoptado diferentes estrategias de confrontación directa, pero desde el 2006 la violencia no se ha reducido, los grupos se han multiplicado y la percepción ciudadana ha empeorado.

El comisionado del INAI indicó que ante el contexto de transición política que vive el país: “Diversas voces de la sociedad civil, la academia, la prensa, víctimas y familiares de desaparecidos se han pronunciado por un cambio en la política de seguridad. Incluso la exministra Olga Sánchez Cordero, propuesta por el presidente electo como futura Secretaria de Gobernación, ha propuesto que Comisiones de la Verdad regionales se integren al Sistema Nacional de Búsquedas como parte del próximo Plan de Pacificación”, puntualizó.

De acuerdo al folio de la solicitud: 0001700133718, que se encuentra en el expediente: RRA 3954/18, una persona solicitó a la PGR conocer el total de detenidos, consignados, sentenciados y con sentencia condenatoria irrevocable por el delito de delincuencia organizada en cualquiera de sus modalidades entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2017.

La PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada proporcionó el total de personas detenidas y consignadas por el delito de delincuencia organizada; sin embargo, omitió en su respuesta el número de sentenciados y que cuenten con sentencia condenatoria irrevocable.

Inconforme, la particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la información se encontraba incompleta.

La exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, quedó libre de las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero a las que estaba sujeta. A la 1:40 de la madrugada de este miércoles, Marco Antonio del Toro, abogado de la maestra, leyó un comunicado a nombre de su clienta a los medios de comunicación.

«El día de hoy, a las 23:30 horas, recibí por parte del primer tribunal unitario en materia penal del primer circuito, la notificación del decreto de mi absoluta e inmediata libertad debida al sobreseimiento que recayó en la causa penal bajo la cual me encontraba sujeta», leyó el abogado Marco Antonio del Toro desde las escalinatas de la casa ubicada en Polanco, donde Gordillo era mantenida en prisión domiciliaria.

En el comunicado, la maestra señaló que tras su liberación se dedicará a pasar tiempo con su familia y que por ahora, no otorgará entrevistas a medios nacionales o extranjeros.

«Debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal», escribió la exlideresa.

Y agregó que el próximo lunes 20 de agosto convocará a medios para detallar los hechos.

Del Toro indicó que la maestra ya está en libertad y con su familia, pero no dio a conocer los motivos por los que se dio el sobreseimiento y señaló que su clienta será la que revele los detalles al respecto.

Cabe recordar que Elba Esther Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el aeropuerto de Toluca acusada de los delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero, el último de ellos y que aún seguía vigente, era por mil 978 millones de pesos.

Sin embargo, Miguel Ángel Aguilar López, titular del Primer Tribunal Unitario Penal declaró procedente un incidente de sobreseimiento o cancelación del proceso a favor de Gordillo Morales, al considerar que las pruebas presentadas por la PGR eran insuficientes.

El juicio en contra del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue aplazado hasta abril de 2019.

La jueza Hilda Tagle, de la Corte Federal en Brownsville, Texas, emitió esta semana una “segunda orden de programación revisada”, según la cual, la selección del jurado comenzará el 6 de abril próximo y el juicio iniciaría formalmente dos días después.

Esta es la segunda vez en la que se pospone el juicio, que primero fue programado para junio pasado, luego para octubre próximo y ahora hasta abril de 2019.

El expediente de Yarrington consta de 53 páginas, en donde se le acusa de haber violado la Ley de Crimen Organizado, Corrupción y Chantaje, para lavar dinero, cometer fraude, aceptar sobornos y traficar drogas.

Yarrington, quien fue alcalde de Matamoros de 1993 a 1995 y gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004, fue detenido en Florencia, Italia, en abril de 2017, tras cuatro años de permanecer fugitivo.