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Una jueza federal dictó formal prisión en contra de los ocho militares que se encuentra relacionados con el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa por el delito de delincuencia organizada

Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habían sido procesados previamente por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, pero habían alcanzado su libertad condicional con el pago de 50,000 pesos.

Sin embargo, desde el jueves pasado, cuatro de ellos fueron reaprehendidos mientras cumplían con su cita a firmar y reportarse en un juzgado, mientras que el resto se entregaron tras enterarse de la nueva imputación en su contra.

Raquel Duarte, titular del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales con sede en Toluca, Estado de México, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció indicios suficientes para someterlos a un nuevo juicio.

Esto implicará que los militares, presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa, permanezcan en calidad de detenidos en una prisión militar de Ciudad de México hasta que se resuelva su caso.

La decisión de la jueza se da luego de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtiera en una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las implicaciones de liberar a los militares, como “un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país”.

Incluso llevó a Alejandro Encinas, extitular de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa creada por López Obrador, a decir que abogados de la Sedena litigan contra la investigación.

Los abogados de los militares señalaron que presentarán denuncias contra las autoridades judiciales, incluso contra el extitular de Derechos Humanos del Gobierno federal, Alejandro Encinas, y aseguraron que defenderán la libertad de los elementos del Ejército, pues enfatizaron que se trata de “persecución política”.

La Comisión de la Verdad, que presidió Encinas hasta su renuncia como subsecretario de Derechos Humanos en octubre pasado, concluyó en 2022 que la desaparición de los jóvenes fue un crimen de Estado, con la participación de funcionarios de todos los niveles, incluyendo militares.

La investigación desacreditó la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto conocida como ‘verdad histórica’, sobre que policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, los asesinaron e incineraron en un basurero.

Las autoridades han encontrado a 49 de los migrantes que fueron secuestrados a inicios de semana en el municipio de Matehuala, en San Luis Potosí, incluyendo víctimas de Venezuela, Honduras, Brasil, Cuba, Haití y El Salvador.

“Todos fueron trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en San Luis Potosí. Estos migrantes, los 49 migrantes, son 23 hombres, 15 mujeres, seis niños y cinco niñas”, detalló Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena).

Desde Palacio Nacional, el titular del Ejército precisó que “las nacionalidades son siete de Venezuela, 19 de Honduras, dos de Brasil, uno de Cuba, 14 de Haití y seis de El Salvador”.

El secuestro de los migrantes ocurrió el martes, según las fiscalías de San Luis Potosí y Nuevo León, que en ese entonces estimó en 50 el número de extranjeros secuestrados.

El último hallazgo, de 33 personas, ocurrió la madrugada de este jueves en el kilómetro 30 de la carretera federal 57, en los límites de San Luis Potosí y Nuevo León, detalló Sandoval.

“Se encontraron algunos caminando y otros en unas instalaciones, en unas casas que estaban ahí en el área. No tenemos detenidos, pero siguen (las investigaciones). Los migrantes obviamente nos darán algunos datos que nos puedan ayudar a identificar a las personas que hicieron esto”, dijo el secretario.

Luis Cresencio Sandoval indicó que ahora, “la principal preocupación”, es encontrar a los choferes del autobús en el que iban los migrantes, pero rechazó detallar más el hecho.

“Los primeros migrantes nos dieron la información de que habían llegado a una gasolinera a cargar combustible, y de ahí habían sido abordados por miembros de la delincuencia organizada, ese era el único dato que se había obtenido inicialmente”, expuso Sandoval.

La zona de Matehuala ha despertado la preocupación del gobierno federal por la presencia de bandas de secuestradores que han atacado a migrantes que viajan hacia Estados Unidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció ayer que este último hecho posiblemente está vinculado al secuestro de 121 migrantes que ocurrió a inicios de abril en la misma región.

Sandoval expuso este jueves que hay un despliegue de 650 elementos, incluyendo al Ejército y la Guardia Nacional, que “siguen esta operación para seguir buscando si hay algunos otros migrantes o personas que estén en esta situación”.

El gobierno federal dijo este martes que el ataque armado que se registró el domingo en Michoacán, y que habría dejado más de una decena de fallecidos, fue una venganza entre grupos criminales, y descartó la teoría del fusilamiento.

“El móvil que hemos ubicado es una posible venganza entre grupos vinculados a la delincuencia organizada, que dependen de la misma estructura criminal conocida como Cártel Jalisco Nueva Generación”, dijo Ricardo Mejía, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Al intervenir en la conferencia del presidente, Mejía recordó que el ataque ocurrido en la localidad de San José de Gracia, tuvo su origen en las diferencias entre los jefes de dos células criminales de esa organización.

Indicó que hasta el momento no se tiene certeza del número de personas que fallecieron, aunque reportes iniciales de prensa hablaban de hasta 17 muertos. “No podemos confirmar ningún número porque no hay cuerpos, hay una denuncia anónima donde posiblemente pudieron haber llegado los cuerpos”, dijo.

Un video que circula en redes sociales, presuntamente del instante previo a la agresión, muestra a unos cinco vehículos estacionados con las puertas abiertas frente a una vivienda y a varios sujetos armados que apuntan a un grupo de personas paradas contra una pared con las manos en alto.

Posteriormente, se escuchan ráfagas de disparos y se pierde la visibilidad de la toma efectuada desde varios metros de distancia, aparentemente desde un inmueble vecino. También circularon imágenes de presuntos miembros del crimen organizado limpiando la escena del crimen antes de que llegaran a la zona elementos de seguridad.

El subsecretario precisó que según información recuperada en campo, no se puede apreciar “que haya habido una sola línea, esa tesis del supuesto fusilamiento”, lo que implica que no hubo “una acción sincronizada para cometer este delito”.

San José de Gracia se localiza en la zona limítrofe entre Michoacán y el estado de Jalisco, una región que también ha sido golpeada por la violencia que genera la rivalidad entre grupos criminales.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que fue emitida una orden de atención contra la conductora de televisión, Inés Gómez Mont, su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, y otras 5 personas, implicadas en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En un comunicado, la Fiscalía precisó que en noviembre de 2019, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se inició carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel “A”, Inés “G”, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas.

“A los principales responsables de la probable comisión de estos delitos se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes”, señaló la Fiscalía.

Explicó que tres de ellos ya se encuentran recluidos en prisiones federales, y que en los casos de quienes abandonaron el país y evadir a la justicia mexicana, “se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional”.

Según las investigaciones, estas personas “probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”.

La FGR añadió que, para cumplir dicho objetivo, presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo esto con “la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”.

La Fiscalía indicó que la organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel “A” e Inés “G”, que operaban con supuestos representantes de personas morales.

Recordemos que el pasado 19 de octubre de 2021, la Interpol emitió una ficha roja de búsqueda y captura contra Gómez Mont y Álvarez Puga. A mediados de septiembre trascendió que la pareja fue acusada de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por operaciones que ascienden a los 3,000 millones de pesos.

SERGIO SARMIENTO

REFORMA

 

El presidente López Obrador dice que ha puesto fin a la guerra contra las drogas y por ello ofrece al crimen organizado abrazos y no balazos. En cambio, está tratando como criminales a científicos, empresarios y opositores.

Se ha vuelto común que la Fiscalía presente acusaciones penales con prisión preventiva (sin fallo de culpabilidad) a personas que el gobierno considera incómodas. Preocupa, sobre todo, cuando estas acusaciones se hacen por delincuencia organizada a personas que no son parte del crimen organizado. Es el caso de científicos y directivos del Conacyt, que los jueces han rechazado procesar pero que siguen en la mira de la FGR; también de empresarios como los hermanos Zaga Tawil, acusados de delincuencia organizada por un tema que, si acaso, debe ser administrativo.

La figura de delincuencia organizada se creó para dar un trato de excepción a criminales extraordinariamente peligrosos. Surgió de la llamada convención de Palermo de diciembre de 2000, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que estableció reglas de excepción para combatir a la Mafia y otras organizaciones que amenazaban o asesinaban a jueces y fiscales. La convención propuso que los países negaran a los miembros del crimen organizado derechos fundamentales como la libertad provisional o el acceso a los expedientes. No se trataba, sin embargo, de eliminar las garantías individuales de todos, solo de los criminales más peligrosos.

México, que siempre tuvo un sistema de justicia que no respetaba las garantías individuales, empezó a construir en este siglo XXI un sistema penal acusatorio más garantista, pero el gobierno de López Obrador dio marcha atrás con la legislación del 8 de noviembre de 2019, que estableció que, a partir del 1 de enero de 2020, los acusados de defraudación fiscal serían considerados por decreto miembros de la delincuencia organizada. La prisión preventiva oficiosa en esas acusaciones fue considerada inconstitucional por la Suprema Corte el pasado 25 de octubre, pero esta no emitido todavía un fallo definitivo.

Es paradójico que el gobierno ofrezca brazos y más magnanimidad a los verdaderos miembros del crimen organizado, mientras utilizan las medidas abusivas del régimen de excepción contra científicos, empresarios y crítico. A los exdirectores del Conacyt se les acusa de delincuencia organizada por haber ejercido recursos de conformidad con la legislación vigente en este momento y que fueron plenamente auditados. A Teófilo Zaga y a su hermano Rafael se les imputa delincuencia organizada por haber recibido una indemnización tras la cancelación de un contrato del Infonavit, indemnización que cumplía con los términos del contrato cancelado y que fue aprobado por el Consejo de Administración de Infonavit. Desde abril de este año, sin embargo, Teófilo Zaga está recluido en el penal de alta seguridad del Altiplano, en Almoloya, con un tratamiento abusivo que supuestamente se reserva para los miembros del crimen organizado.

Nadie pide impunidad. Si los científicos del Conacyt o los hermanos Zaga cometió algún ilícito, que se les juzgue con equidad, acceso a los expedientes y libertad provisional. No deben ser tratados como criminales cuando no lo son, menos si no han sido declarados culpables. El gobierno de México hizo una ley violatoria de los derechos humanos para castigar a los criminales más peligrosos. Es injusto aplicarla a científicos, empresarios y críticos.

CASTIGO AL INE

Los diputados oficialistas borraron 5000 millones de pesos del presupuesto del INEM dejando intacto los recursos de los partidos políticos. al parecer el régimen quiere castigar alimento al INE, para quitarle lo igualado al consejero presidente.

Tras apuntar que la seguridad será uno de los retos del próximo gobierno, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió a la PGR dar a conocer el número total de personas sentenciadas y con sentencia condenatoria irrevocable detenidas por el delito de delincuencia organizada, a partir del 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2017, luego de que el combate a los cárteles desde hace 12 años con confrontación directa ha fracasado.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez afirmó: “Necesitamos conocer con exactitud cuál es la situación del país para identificar los aciertos y fracasos de las estrategias pasadas y escoger el nuevo camino hacia un México más seguro. Al hacer públicos datos como los referidos en este recurso de revisión, las autoridades responsables contribuyen a este proceso”, enfatizó.

Además, recordó que desde hace doce años el Estado ha adoptado diferentes estrategias de confrontación directa, pero desde el 2006 la violencia no se ha reducido, los grupos se han multiplicado y la percepción ciudadana ha empeorado.

El comisionado del INAI indicó que ante el contexto de transición política que vive el país: “Diversas voces de la sociedad civil, la academia, la prensa, víctimas y familiares de desaparecidos se han pronunciado por un cambio en la política de seguridad. Incluso la exministra Olga Sánchez Cordero, propuesta por el presidente electo como futura Secretaria de Gobernación, ha propuesto que Comisiones de la Verdad regionales se integren al Sistema Nacional de Búsquedas como parte del próximo Plan de Pacificación”, puntualizó.

De acuerdo al folio de la solicitud: 0001700133718, que se encuentra en el expediente: RRA 3954/18, una persona solicitó a la PGR conocer el total de detenidos, consignados, sentenciados y con sentencia condenatoria irrevocable por el delito de delincuencia organizada en cualquiera de sus modalidades entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2017.

La PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada proporcionó el total de personas detenidas y consignadas por el delito de delincuencia organizada; sin embargo, omitió en su respuesta el número de sentenciados y que cuenten con sentencia condenatoria irrevocable.

Inconforme, la particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la información se encontraba incompleta.

La exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, quedó libre de las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero a las que estaba sujeta. A la 1:40 de la madrugada de este miércoles, Marco Antonio del Toro, abogado de la maestra, leyó un comunicado a nombre de su clienta a los medios de comunicación.

“El día de hoy, a las 23:30 horas, recibí por parte del primer tribunal unitario en materia penal del primer circuito, la notificación del decreto de mi absoluta e inmediata libertad debida al sobreseimiento que recayó en la causa penal bajo la cual me encontraba sujeta”, leyó el abogado Marco Antonio del Toro desde las escalinatas de la casa ubicada en Polanco, donde Gordillo era mantenida en prisión domiciliaria.

En el comunicado, la maestra señaló que tras su liberación se dedicará a pasar tiempo con su familia y que por ahora, no otorgará entrevistas a medios nacionales o extranjeros.

“Debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal”, escribió la exlideresa.

Y agregó que el próximo lunes 20 de agosto convocará a medios para detallar los hechos.

Del Toro indicó que la maestra ya está en libertad y con su familia, pero no dio a conocer los motivos por los que se dio el sobreseimiento y señaló que su clienta será la que revele los detalles al respecto.

Cabe recordar que Elba Esther Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el aeropuerto de Toluca acusada de los delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero, el último de ellos y que aún seguía vigente, era por mil 978 millones de pesos.

Sin embargo, Miguel Ángel Aguilar López, titular del Primer Tribunal Unitario Penal declaró procedente un incidente de sobreseimiento o cancelación del proceso a favor de Gordillo Morales, al considerar que las pruebas presentadas por la PGR eran insuficientes.

El juicio en contra del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue aplazado hasta abril de 2019.

La jueza Hilda Tagle, de la Corte Federal en Brownsville, Texas, emitió esta semana una “segunda orden de programación revisada”, según la cual, la selección del jurado comenzará el 6 de abril próximo y el juicio iniciaría formalmente dos días después.

Esta es la segunda vez en la que se pospone el juicio, que primero fue programado para junio pasado, luego para octubre próximo y ahora hasta abril de 2019.

El expediente de Yarrington consta de 53 páginas, en donde se le acusa de haber violado la Ley de Crimen Organizado, Corrupción y Chantaje, para lavar dinero, cometer fraude, aceptar sobornos y traficar drogas.

Yarrington, quien fue alcalde de Matamoros de 1993 a 1995 y gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004, fue detenido en Florencia, Italia, en abril de 2017, tras cuatro años de permanecer fugitivo.