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La incidencia delictiva en Acapulco, uno de los destinos turísticos más importantes del país, ha disminuido tras los diversos incidentes delictivos que se dieron después del azote de Otis. La baja más destacada es en los homicidios dolosos, con una caída del 45%.

Autoridades de seguridad pública de Guerrero confirmaron que esta disminución ha sido en específica en Acapulco, donde, incluso meses antes del fuerte huracán, este delito seguía afectando a los habitantes.

Durante el arranque del operativo temporada vacacional invernal 2023, las autoridades de Guerrero anunciaron también el despliegue de más de 10,000 elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Policías estatal y municipal, así como de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de Guerrero, bomberos, Promotora de Playas, Cruz Roja, Ángeles Verdes, entre otros.

En ese sentido, la seguridad en carreteras federales y las casetas de la autopista del Sol, principal vía de acceso al puerto de Acapulco, como otras vías federales estarán bajo el resguardo de la Guardia Nacional, mientras que a pie de playa estarán marinos y miembros del Ejército resguardando a visitantes.

En tanto, policías estatales vigilarán las carreteras, así como las diferentes colonias alrededor del puerto, con la participación de los Ángeles Verdes y de Protección Civil.

Otro de los delitos que las autoridades de seguridad van a cuidar será el pago de aguinaldos, por lo que resguardarán diferentes bancos, centros comerciales, balnearios y eventos que se realizan, como la feria de San Mateo y el Día de Reyes.

Además, buscarán prevenir a la población de delitos como el robo a transeúntes, en carreteras a los automovilistas, casa-habitación y secuestros.

Durante este operativo decembrino participarán patrullas, ambulancias, embarcaciones menores, lanchas rápidas para rescates acuáticos, dos helicópteros, tanto de la marina como de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, así como las moto patrullas que recorrerán las colonias de Acapulco.

Mientras que autoridades de Turismo de Guerrero informaron que para las vacaciones decembrinas se espera la visita de 236,000 turistas en los destinos como Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, con una ocupación hotelera del 70% y una derrama económica de más de 2,000 millones de pesos.

En el caso de Acapulco, se espera la afluencia de 86,762 visitantes con una ocupación hotelera del 74.6% del total de las habitaciones disponibles que serán de 5,000 cuartos, quienes dejarán una derrama económica de 591.3 millones de pesos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió este viernes “seguir ayudando” a Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico, esto luego de la captura de Néstor Isidro Pérez, alias ‘El Nini’, jefe de seguridad de ‘Los Chapitos’, grupo de los cuatro hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

“Vamos a continuar de esta manera, también ayudando al Gobierno de Estados Unidos, sobre todo por razones humanitarias, porque ellos están padeciendo de una situación muy lamentable, es una pandemia lo del consumo del fentanilo, pierden la vida 100,000 jóvenes por año”, declaró el mandatario en su conferencia matutina.

AMLO dijo que ‘independientemente’ de las diferencias políticas e ideológicas que podamos tener, comentario que pudo estar dirigido a las peticiones de republicanos sobre el tema, “todos estamos obligados a ayudar”.

‘El Nini’, uno de los criminales más buscados por Estados Unidos, está en detención provisional en el Penal del Altiplano, prisión de máxima seguridad en el Estado de México, a donde llegó ayer tras su captura el miércoles en Culiacán, Sinaloa, en un operativo de las Fuerzas Armadas.

Tras su arresto, el presidente estadounidense, Joe Biden, agradeció a López Obrador al recordar que durante casi tres años ‘El Nini’ ha sido uno de los criminales más buscados por estar acusado de participar en el tráfico ilícito de fentanilo hacia Estados Unidos así como de perpetrar acciones violentas.

“Le agradecemos (a Biden) la mención, el reconocimiento. (Quiero) aclarar que un distintivo del Gobierno que represento es que no hay relaciones de complicidad con nadie, no existe protección ni a la delincuencia organizada, ni a la delincuencia de cuello blanco”, aprovechó López Obrador para reiterar.

“Se tenía un seguimiento de esta persona detenida desde hace algún tiempo, participó en las agresiones también de las que fue objeto la Guardia Nacional, Ejército y Fuerza Aérea durante la detención de Ovidio, el 5 de enero, de hecho se hace una operación para su captura en ese momento, donde no se tiene éxito”, explicó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

Detalló que ‘El Nini’ “es líder de una célula delictiva y también es el responsable de la seguridad de Archivaldo (Guzmán), líder del grupo de los Chapitos”.

Y añadió que su arresto fue “un trabajo conjunto de inteligencia” en el que participaron la Fiscalía General de la República, la Agencia Investigación Criminal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana.

La captura de Pérez trasciende porque ocurre después de la extradición en septiembre a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de ‘El Chapo’ más buscados por Washington y detenido en enero pasado en Culiacán.

Pese a su detención, el futuro jurídico de ‘El Nini’ es incierto porque el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México concedió ayer un amparo para que ninguna autoridad “ejecute cualquier orden de extradición o deportación de forma inmediata”.

La Fiscalía General de Veracruz confirmó esta tarde que son al menos 13 cuerpos desmembrados, embalados y congelados los que encontraron en dos casas en el municipio de Poza Rica.

“En unos primeros indicios recogidos lamentablemente podrían ser más de 13 cuerpos”, detalló la Fiscalía en un comunicado de prensa.

El hallazgo se reportó después de que elementos del Ejército, Policía Estatal y Ministerial realizaron el domingo cateos domiciliarios en los barrios de Guadalupe Victoria y Torres Pancardo de la cabecera municipal de Poza Rica.

En dos casas usadas por la delincuencia organizada, ubicaron congeladores con cuerpos descuartizados, embalados y congelados, por lo que en las últimas horas especialistas de servicios periciales iniciaron trabajos de identificación para determinar el número de víctimas.

Poza Rica, una región petrolera del norte del estado, se encuentra inmersa en una oleada de violencia relacionada, según autoridades estatales, con una disputa entre grupos criminales antagónicos.

El organismo autónomo explicó que la Dirección General de los Servicios Periciales, desde que tuvo conocimiento de los hechos, practica las pruebas de criminalística de campo y laboratorio que se efectúan en este tipo de casos para determinar el número de individuos implicados y sus identidades.

“Cualquier dato que se maneje sobre el número de individuos y/o identidades, carece de soporte técnico, real, objetivo y científico, por lo que no se puede hablar en este momento de un número específico”, aclaró.

La fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, precisó que desde ayer se iniciaron las carpetas de investigación y aclaró que no se trata de 34 cuerpos, como difundieron medios de comunicación locales.

Indicó que fiscales, peritos y policía ministerial realizan las investigaciones correspondientes a partir de los indicios encontrados en ambos inmuebles, así como con otras actuaciones que forman parte de la carpeta de investigación.

Desde 2018 hasta el marzo pasado, Veracruz fue el lugar de México donde se halló el mayor número de fosas clandestinas.

Datos del Cuarto Informe de Estrategia de Seguridad Pública, revelaron que Veracruz registró un total de 335 fosas clandestinas, correspondiente al 11.97% de las fosas del país.

La dirigencia nacional del PAN afirmó que el país está en manos de los criminales, esto a cinco años de la política fallida del gobierno federal de abrazos a los delincuentes.

Marko Cortés, presidente de Acción Nacional, sostuvo que la gente vive con miedo, además de que no hay gobierno, ni autoridad, y sólo un Estado fallido.

El partido opositor indicó que estamos viviendo el sexenio más sangriento de la historia, aunque el presidente insista en que se trata de “una exageración de los conservadores”.

“Estamos viviendo las consecuencias de las ocurrencias de López Obrador. Al ofrecer abrazos a los delincuentes hizo más fuertes a los cárteles del narcotráfico, cedió el gobierno de amplias zonas del país y abandonó a millones de mexicanos al capricho de la delincuencia”, afirmó Cortés Mendoza.

El panista recordó las “rebeliones populares” que se han registrado, comandadas por grupos del crimen organizado, en diversos estados del país, así como los asesinatos de periodistas, ataques con drones explosivos, balaceras, autos quemados, entre otras acciones.

Añadió que los criminales están infiltrando como nunca comunidades, fuerzas policiales y gobiernos, señaló.

“López Obrador se niega a reconocer la realidad y su gobierno, pública y cínicamente, se sienta a negociar con los criminales, como vimos en Chiapas y Guerrero, para liberar a los rehenes. El gobierno no hace nada ante las narco-bombas contra la policía y permite esas expresiones del narcoterrorismo”, acusó el panista.

El jefe nacional del blanquiazul afirmó que la base social del crimen organizado es producto del miedo a los criminales, pues la gente tiene miedo de perder sus bienes, a perder su vida y la de sus seres queridos, pues señaló, “tristemente la tranquilidad y libertad ya la perdieron”.

Marko Cortés lamentó que mientras la delincuencia se apodera del país, el presidente se centre en atacar a la oposición, a los medios de comunicación y a todo aquel que piense diferente, creando distractores para ocultar que su gobierno ya fue completamente rebasado por la violencia.

“Morena es una desgracia para México, urge cambiar el rumbo del país , urge tener un gobierno eficiente que si de resultados y nos dé a las mexicanas y mexicanos la tranquilidad y seguridad con la que merecemos vivir”, finalizó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no quita el dedo del renglón y se vuelve a lanzar en contra del Poder Judicial que, asegura,  “está tomado por la delincuencia organizada”.

“Se molestan porque queremos que se elijan a magistrados, a ministros (jueces), cómo no vamos a querer si el Poder Judicial está tomado por la delincuencia organizada y de cuello blanco”, cuestionó el mandatario en su conferencia de prensa.

Los comentarios de AMLO llegan al poner como ejemplo el caso de Héctor ‘El Güero’ Palma, que dijo, se dio la orden de dejar en libertad al narcotraficantes , co-fundador del Cártel de Sinaloa.

“¿Saben que pasó ayer? Un juez, algo nunca visto, dio la instrucción al encargado de un reclusorio de que en tres horas, fíjense, ya ni siquiera 24 horas, en tres horas dejara libre a ‘El Güero’ Palma. Ese es el Poder Judicial”, acusó López Obrador.

Añadió que gracias a la actuación de las autoridades y de la Fiscalía General de la República (FGR), se logró que el narcotraficante no quedara en libertad.

“De inmediato, porque tenemos que estar pendientes, se avisó la Fiscalía, hicieron una indagatoria y se encontraron otras acusaciones, otros delitos, pero tres horas. ¿Eso es correcto?”, volvió a preguntar, para después adelantar que se informará sobre la identidad del juez que decretó su liberación.

Esto llegará después de que en la sección CERO Impunidad se hayan revelado nombres de jueces que han “liberado a delincuentes”.

En ese sentido, López Obrador ha defendido la necesidad de llevar a cabo una consulta popular sobre la posibilidad de poder elegir a los jueces y magistrados que conforman el Poder Judicial, tal como lo está impulsando Morena.

“Es una consulta para que se debata el tema, que todos aprendamos más, todos los días uno aprende escuchando a los demás y que la política sea asunto de todos, no solo de los políticos, las eminencias, los expertos, especialistas, entonces sí es importante la consulta”, enfatizó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que su gobierno proteja a grupos delincuenciales, entre ellos al conformado por los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como los “Chapitos”.

“No hay ningún grupo protegido porque antes, como ha quedado de manifiesto, se protegía a un grupo, a un cártel y se perseguía a otros, incluso hasta los del cártel protegido actuaban como policías para combatir a los adversarios. Eso no, aquí está bien pintada la raya”, afirmó el mandatario.

López Obrador se refirió a la carta que, presuntamente, enviaron los “Chapitos” a la periodista Azucena Uresti en Milenio, en la que niegan traficar fentanilo a Estados Unidos, tal como los ha acusado la Administración de Control de Drogas (DEA), y de encabezar el Cártel de Sinaloa.

El presidente reconoció que esta mañana supo de la carta y trató el asunto en el Gabinete de Seguridad de su Gobierno, pero aseguró haber profundizado en el contenido de la misma.

“Nosotros sobre eso no opinamos, nosotros actuamos de conformidad con lo que establece el marco legal y no especulamos”, esgrimió.

Sin embargo, insistió en que en su gobierno “no hay ningún grupo protegido”, y recordó que en otras administraciones las autoridades protegían a un cártel y perseguían a otros.

“Lo hemos dicho desde siempre, hay una frontera: autoridad y delincuencia, y es parejo. Entonces, eso es lo que puedo comentar”, mencionó.

En la carta difundida por Milenio, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, pidieron investigar bien los hechos y argumentaron que la información sobre ellos es “falaz”, que solo los perjudica y sirve para lucrar en su nombre y en el de su padre.

Aunque Washington acusó en abril al Cártel de Sinaloa de liderar “la mayor y más prolífica operación de tráfico de fentanilo del mundo”, los hijos de Guzmán lo negaron. Afirmaron que “nunca hemos trabajado con fentanilo. Sin embargo, en Sinaloa sí abundan quienes lo trabajan”, contradiciendo lo que el propio gobierno mexicano ha dicho sobre que aquí no se produce.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes a Estados Unidos que “no quiere ayuda” para combatir al crimen organizado ante las crecientes presiones de Washington para que su Gobierno luche contra los narcotraficantes.

“Les decimos, y que se oiga bien y que se oiga lejos: ‘No aceptamos ninguna intervención, nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada, no queremos intervencionismo, no queremos ayuda, entre comillas, de nadie'”, expresó el mandatario.

López Obrador hizo estas declaraciones durante el aniversario de la “Defensa patriótica” del Puerto de Veracruz, que conmemora la resistencia de las Fuerzas Armadas de México ante la segunda invasión estadounidense en el país, en 1914.

“La enseñanza mayor (del hecho histórico) es que somos libres, somos independiente y nosotros tenemos que arreglar, los mexicanos, nuestras diferencias sin intervención de ningún país, de ninguna potencia, de ninguna hegemonía. Somos libres y somos soberanos”, manifestó el presidente.

Su discurso también se produce mientras crecen los roces entre México y Estados Unidos porque los legisladores republicanos han propuesto declarar la guerra a los cárteles mexicanos y designarlos como terroristas.

Además, López Obrador acusó el lunes a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de infiltrar sin autorización de México al Cártel de Sinaloa, después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció cargos contra sus cabecillas, incluyendo a cuatro hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Se habla en Estados Unidos de intervenir y de enfrentar a la delincuencia organizada, a los narcotraficantes dándoles un trato de terroristas y que por ese motivo van a venir a ayudarnos, a apoyarnos para enfrentar a la delincuencia organizada”, criticó el mandatario.

Ante las acusaciones del presidente de México, uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, defendió el jueves que Washington haya imputado a 28 miembros del Cártel de Sinaloa.

Mientras que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó el mismo día que sí trabajaron con el Gobierno mexicano en la investigación contra el Cártel de Sinaloa.

“Nos ha costado mucho el hacer valer nuestra soberanía y, aunque se trate, repito, de buenas intenciones, son asuntos que solo nos corresponden a los mexicanos”, remarcó este viernes López Obrador.

Una iniciativa que busca la anulación de las elecciones en las que se confirme la intervención de la delincuencia organizada es impulsada por la bancada del PRI en la Cámara de Diputados.

Mediante un comunicado, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira, señaló que actualmente “el narcotráfico es el mayor enemigo de la democracia en México”.

“Se asesina a candidatos, se les amedrenta, se realizan atentados contra ellos e incluso se financian campañas electorales, desde hace varios sexenios”, apuntó.

El priista aseguró que muchos municipios del país “están pagando piso” y que el narcotráfico se adueña de las participaciones, “tiene información privilegiada y sabe cuándo llegan los recursos a los ayuntamientos y se apersonan”.

Y es que según organizaciones, los más recientes procesos electorales en México han sido impactados por la presencia del crimen organizado.

Moreira acusó que “no son pocos los territorios en donde la obra pública ya es concesionada a bandas delincuenciales, sobre todo del centro y occidente del país”.

Reprochó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no haya tomado cartas en el asunto y que no se pronuncie con firmeza sobre el tema.

“Las autoridades electorales hacen cientos de foros, estudios y publicaciones sobre diversos temas, pero nunca para abordar el del narcotráfico”, señaló.

Además dijo que “esta terrible situación, que tiene una monumental importancia, no está siendo reconocida, y lo que no se reconoce no se puede cambiar”.

Moreira recordó que, de acuerdo con la consultora DataInt, en el proceso electoral de 2020-2021 fueron asesinados 32 aspirantes, precandidatos y candidatos, titulares o suplentes. Además, de que en las pasadas elecciones se registraron 782 hechos delictivos contra políticos y aspirantes.

Por ello, pidió a los legisladores discutir y votar pronto su propuesta, ya que, consideró, “hoy, el narcotráfico amenaza las elecciones”.

La propuesta se conoce cuando este fin de semana iniciaron en Coahuila las campañas a gobernador, mientras que el primer minuto de este lunes comenzaron en el Estado de México. Ambas entidades renovarán la gubernatura el próximo 4 junio.

A las urnas están llamados casi 15 millones de votantes, 2.3 millones en Coahuila y 12.5 millones en el Estado de México.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, emitió esta mañana un mensaje a través de sus redes sociales, en el que llamó al gobierno federal, a no permitir que el crimen organizado vuelva a interfiera en las elecciones que se celebran este domingo en seis estados del país.

El líder blanquiazul indicó que es necesario que los poco más de 11.7 millones de mexicanos que están convocados este domingo a las urnas acudan a participar, por lo que llamó a las autoridades de los tres ordenes de gobierno a que se garanticen las condiciones de equidad y seguridad.

Marko Cortés confió en que la contienda electoral de hoy sea una jornada de democracia y paz.

“Pedimos que se respete el voto; que no existan presiones ni coacciones; que no amenacen a la gente con perder sus programas sociales. Que todos puedan ejercer este derecho en absoluta libertad”, dijo el líder de la oposición.

Aunque detalló a qué se refería en concreto, el líder del PAN pidió al gobierno federal que no vuelva a permitir que el crimen organizado interfiera en las elecciones, para que los resultados sean lo que la gente quiera.

Por su parte el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, llamó a que sean unas elecciones en paz, sin agravios, y que se respete el derecho de todas y todos a ejercer su voto en completa libertad.

“Queremos que se lleven en paz las elecciones, que todas las personas salgan y ejerzan su derecho a votar con la completa seguridad de que se respetará su decisión, eso es lo queremos”, dijo el perredista.

El dirigente del partido del Sol Azteca aseguró que estarán muy atentos para que en el marco de la jornada electoral no haya ningún tipo de presión para las y los votantes, que no se amedrente a la sociedad mexicana ni que los delincuentes, “vividores de la nación” ni mapaches electorales anden comprando voluntades.

Indicó que así como vigilarán que el crimen organizado no intervenga en la jornada electoral, también estarán atentos a que Guardia Nacional no proteja a delincuentes electorales, como ya ocurrió en muchas entidades en las elecciones de 2021.

Autoridades de Michoacán confirmaron este viernes el asesinato a balazos de René Cervantes, asesor de César Arturo Valencia Caballero, alcalde del municipio de Aguililla que este jueves fue asesinato a tiros.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la víctima fue identificada como René Cervantes Gaytán, quien fungía como el principal asesor del alcalde.

Una fuente del Ayuntamiento de Aguililla precisó que Rene Cervantes desapareció el jueves en la tarde, al mismo tiempo en que fue asesinado a balazos el alcalde.

La Fiscalía estatal reveló que el cuerpo de Cervantes presenta varios impactos de bala, pero se reservó el lugar preciso dónde fue localizado. No obstante, tiempo después indicó que el hallazgo se produjo en el predio Las Parcelas de Castillo.

El alcalde César Arturo Valencia fue asesinado ayer cuando estaba a bordo de una camioneta propiedad del ayuntamiento, sobre la avenida pública y a plena luz del día.

El alcalde, del Partido Verde Ecologista de México, murió al recibir dos impactos de bala en el pecho y uno más en el cuello.

Recordemos que en julio de 2021, el gobierno federal arrancó una estrategia que buscaba arrebatar el control de Aguililla a narcotraficante, tanto al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al de La Nueva Familia Michoacana (LNFM)

Apenas hace un mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que fuerzas federales habían logrado restablecer la paz en Aguililla.

Al respecto, López Obrador aseguró esta mañana que su estrategia para acabar con la violencia en el país está dando resultados, pese a estos crímenes en Aguililla.

“Aprovecho para enviar mi pésame a sus familiares, a sus amigos y a toda la gente de Aguililla, donde asesinaron al presidente municipal. Llevamos ya meses trabajando (en la zona) porque estaba tomada (por el narcotráfico) esa región”, dijo el mandatario.

“Vamos a continuar en Aguililla, en todo Michoacán y en todo el país. Vamos a seguir trabajando para garantizar la paz”, remarcó López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que México tiene “las puertas abiertas” para una investigación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el presunto nexo entre el crimen organizado y las elecciones, esto luego de que la oposición anunciara que presentaría una denuncia al respecto.

“Pues si la OEA lo decide, que vengan, están las puertas abiertas del país, no tenemos nada que ocultar”, expresó López Obrador en su conferencia matutina al ser cuestionado sobre el tema.

El presidente respondió a ‘Va por México’, que integran el PRI, el PRD y el PAN, que anunciaron que este lunes acudirían a Washington para entrevistarse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Los opositores denunciarán la “intervención del crimen organizado” en las elecciones del 6 de junio, cuando los partidos aliados de López Obrador perdieron la mayoría calificada de dos tercios del Congreso, pero ganaron en la mayoría de los 15 estados donde se elegía gobernador.

“Que no se confunda, son otros tiempos, nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni con la delincuencia organizada, ni con la delincuencia de cuello blanco. No solo la OEA, sino la ONU, cualquier organismo que quiera venir”, declaró AMLO.

El presidente argumentó que la OEA ya emitió una certificación sobre las elecciones de México y no hubo ninguna violación grave.

Por ello, acusó a los opositores de “politiquería” por su viaje a Washington, donde también visitarán a Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los opositores también criticarán “el hostigamiento a las instituciones y la persecución política de los opositores”, de acuerdo con el líder del PAN, Marko Cortés.

Aun así, López Obrador reconoció que “todos tienen derecho a acudir a un organismo internacional” al insistir en que “no le preocupa” que vayan.

“Los entiendo, están muy desesperados porque se unieron todos y pensaron que con dinero, con el apoyo de los medios de información, incluso con el dinero que reciben de la Embajada de Estados Unidos, iban a arrasar en la pasada elección”, dijo el presidente.

La denuncia que la oposición presentará se da en medio de diferencias del gobierno de AMLO con la OEA y, en particular con su secretario Almagro. Apenas el mes pasado, López Obrador propuso desaparecer a la OEA y crear un nuevo organismo en un discurso ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

El gobierno federal inició una investigación contra el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, en cuya gestión el estado se ha convertido en la entidad más violenta de todo el país, debido en gran medida a la disputa que existe entre cárteles de la droga.

Las autoridades federales han rastreado las transacciones bancarias de Zamarripa y de su círculo más cercano, y derivado de esa investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya procedió al congelamiento de cuentas de un empresario supuestamente vinculado con el fiscal.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha criticado en reiteradas ocasiones la actuación del Fiscal guanajuatense, quien tiene 12 años en el cargo; incluso le ha solicitado al gobernador Diego Sinhué Rodríguez que lo destituya por los malos resultados que ha dado en combate a la delincuencia.

“Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados, ya lo hubiesen corrido”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa del 16 de julio.

“De manera abierta y respetuosa he estado señalando esto de Guanajuato porque no me puedo quedar callado, sería complicidad”, reiteró una semana después.

A la par de esos exhortos del presidente, el gobierno federal inició una investigación sobre el Fiscal de Guanajuato, según el expediente al que la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso.

En dicha carpeta aparece una revisión detallada de los ingresos que el Fiscal obtuvo a partir del año 2012, así como sus gastos tanto en el país como en el extranjero.

Al no encontrarse inconsistencias relevantes, la investigación se amplió a su círculo cercano, incluida la esposa que se desempeña como juez en el Poder Judicial del Estado, así como empresarios que se presume han colaborado con Zamarripa como posibles operadores financieros.

La investigación incluyó a Luis Ernesto Ayala Torres, quien hasta marzo del presente año se desempeñaba como secretario del Gobierno de Guanajuato.

Investigación completa en MCCI

Foto: Twitter @carloszamarr

El gobierno federal presentó esta mañana la “Estrategia de Protección en Contexto Electoral”, ante la influencia de grupos criminales en la política mediante la cooptación de aspirantes a cargos de elección popular en el actual proceso electoral.

Y es que se indicó que hay regiones del país donde los grupos delictivos solían decidir a los candidatos que participaban en las contiendas, en busca de mantener el control mediante campañas de miedo.

De septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 víctimas de homicidio, en algunas regiones del país. Más de la mitad de los eventos de violencia política con asesinados y heridos se presenta en 7 entidades: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.

Las autoridades alertaron que en estado como Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco existe mayor riesgo de que los aspirantes y candidatos sean cooptados por grupos delincuenciales.

La Estrategia busca prevenir y sancionar la violencia política, así como proteger a candidatos amenazados por el crimen organizado y delincuencia de cuello blanco.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, expuso que es necesario actuar con una guía clara sobre todo a nivel municipal y zonas más vulnerables ante la delincuencia, en coordinación con los tres niveles de gobierno.

La estrategia se compone de ocho acciones específicas, entre las que destacan un llamado respetuoso a partidos políticos y autoridades electorales para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley. Establecer mesas de trabajo para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos vinculados a la delincuencia organizada. Consultar a los gobernadores la aplicación de la Estrategia, con énfasis en las medidas de protección a personas candidatas amenazadas. Reforzamiento de la Estrategia de Seguridad en las entidades federativas y municipios de alto riesgo. Atención a los aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado, previa apertura de carpetas de investigación y determinación de niveles de riesgo y protección.

Las otras medidas son coadyuvar en el blindaje electoral y la coordinación operativa con autoridades ministeriales e instancias competentes, tanto locales como federales; establecer protocolos territoriales especializados, según el nivel de violencia política, incidencia delictiva y riesgos detectados para el proceso electoral.

“Es claro que, como bien dijo el señor presidente, que ‘se heredó el partido de la delincuencia organizada’; y no permitiremos que ellos decidan o amenacen.  Haremos todo lo necesario para proteger a los aspirantes en este proceso electoral”, advirtió Rosa Icela Rodríguez.

La coordinadora del Gabinete de Seguridad Nacional destacó que se hará todo lo necesario para proteger el proceso electoral y la ciudadanía sea la que decida. Precisaron que entre las estrategias de violencia están el homicidio, los secuestros, la privación de la libertad, la intimidación de familias, la quema de domicilios y la extorsión.

Rodríguez indicó que el crimen está intentando designar candidatos, tomando el control de las finanzas, para extorsionar, pedir moches y  diezmos, tanto a los gobiernos como a sus proveedores.

Algunos gobernadores han manifestado, vía redes sociales, su apoyo y solidaridad con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien esta mañana sufrió un atentando en el que perdieron la vida tres personas.

Los mensajes de apoyo de los mandatarios estatales manifestaron su respaldo a las labores de seguridad que se siguen, asegurando que se debe lograr la paz en todo el país. Los gobernadores expresaron su solidaridad con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Algunos de los gobernadores calificaron el ataque como un “cobarde atentado”. Hicieron un llamado a unir esfuerzos en el combate frontal a la delincuencia organizada. Adicional, indicaron que es momento de cerrar filas por el bien el país.

Los mensajes llegaron de los titulares de Chihuahua, Morelos, EdoMex, Coahuila, Hidalgo, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro y Yucatán.

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional también se solidarizó con el el funcionario capitalino, y condenó el ataque. Confiaron en que se castigue a los responsables. “Debe responderse con todo el poder del Estado”, afirmaron.

 

El número de víctimas de secuestros en México presentó un incremento del 4.5% durante mayo, respecto al mes anterior, pese a la baja en las carpetas de investigación abiertas por este delito, informó la organización Alto al Secuestro.

“En el corte estadístico de secuestros al mes de mayo de 2020 hay una disminución en el número de carpetas de investigación pero un incremento en el número de víctimas de este delito”, indicó la organización.

Explicó que el número de víctimas que sufrieron este delito se incrementó de 111 en abril a 116 en mayo. Mientras que el número de carpetas de investigación abiertas por las autoridades por secuestro se redujo en un 21.2% pues en el mes de mayo hubo 78 carpetas, en comparación con las 99 de abril.

Sobre el número de detenido, se informó que hubo 88 personas puestas a disposición de la autoridad.

La ONG señaló que los estados con mayor incidencia de este delito fueron Estado de México, con 14; Veracruz con 13; Michoacán y Morelos con 5, y Chihuahua y Ciudad de México con 4.

Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Yucatán no reportaron secuestros durante mayo.

Alto al Secuestro indicó que en el periodo de enero de 2018 a abril de 2020 se tiene un registro de 4,277 víctimas de secuestro, de las cuales 828 son mujeres, lo que equivale al 19.3% del total. Sin embargo, en el primer cuatrimestre de 2020 secuestraron a menos mujeres que en el mismo periodo de 2019.

La ONG explicó que en los meses de enero a abril de 2020 han secuestrado a 88 mujeres, y en el mismo periodo del año pasado 151 sufrieron este delito.

En una comparación de los primeros 18 meses de las administraciones, el gobierno del presidente López Obrador registra una disminución del 33.1%, con 2,587 secuestros, comparados con los 3,868 que ocurrieron en el mismo lapso del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sobre las declaraciones que hiciera el presidente López Obrador acerca de que en México “no secuestran a un pobre, secuestran al que tiene”, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización, dijo que no es cierta dicha afirmación.

“No, no sólo secuestran a las personas con mayor capacidad económica. En México, se secuestra a los estudiantes, asalariados, comerciantes informales y gente de escasos recursos. No nos confundamos, esta es la realidad”.

Explicó que aunque hace algunos años el secuestro estaba orientado hacia la clase alta y grandes empresarios, hoy lo sufre primordialmente la clase media y baja. Detalló que trabajadores, asalariados, estudiantes y comerciantes informales son los más afectados, debido a que los delincuentes obtienen una menor cantidad de dinero pero en un tiempo mucho más corto.

Ejemplificó el secuestro de un general del Ejército mexicano en Puebla, que fue liberado esta semana y el cual, dijo la ONG, “es una muestra más que los delincuentes no distinguen ninguna condición”.

Tras conocerse el ataque que sufrió la familia LeBaron, que dejó 9 personas sin vida, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que es necesario, con urgencia, un cambio de estrategia en materia de seguridad por parte del gobierno federal, que permita vivir tranquilas a las familias mexicanas.

Sobre el ataque, el panista exigió una investigación inmediata que permita localizar y castigar a los responsables del ataque.

“La rendición voluntaria del Gobierno ante el crimen organizado y dejar de perseguir, encarcelar y decomisar drogas a los narcotraficantes tiene abandonada a su suerte a la población. Lamentablemente se siguen presentando estos hechos graves en todo el país, sin que el Gobierno ofrezca resultados favorables para la sociedad”, dijo el dirigente.

Añadió que el 17 de octubre, en Culiacán, al liberar al hijo de “El Chapo” Guzmán, el gobierno perdió una batalla al rendirse ante los grupos criminales.

Este y otros hechos han generado entre los delincuentes un poderoso sentimiento de impunidad que explica, en parte, la matanza de la familia LeBarón en los límites de Sonora y Chihuahua. “Es un acontecimiento doloroso, indignante, bochornoso e inhumano”.

El dirigente del PAN afirmó que una vez más se demuestra que el gobierno esta rebasado por la delincuencia y es natural que lo esté, porque el propio gobierno federal se ha negado a utilizar la fuerza legítima del Estado.

En lugar de atacar a la delincuencia, especialmente al narcotráfico, el gobierno dedica sus esfuerzos a tipificar como terrorismo a las actividades empresariales o a investigar y perseguir a sus presuntos enemigos en las redes sociales.

“Un gobierno que no puede cumplir con su primer deber, el de brindar seguridad a sus gobernados, es un gobierno fracasado en toda la línea. Ya es hora de que el presidente deje la campaña y se ponga a gobernar. Es hora de abandonar las mentiras y definir una verdadera estrategia contra el crimen, la inseguridad y la impunidad”, remató Cortés Mendoza.

Foto: Twitter @RaulAragonLoya