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Este jueves la Fiscalía General de la República imputó a Rosario Robles el delito de ejercicio indebido del servicio público por presunta omisión al momento de evitar o denunciar actos ejecutados por terceros que podrían causar un daño a la hacienda pública por 5 mil 73 millones 369 mil 846 pesos.

De acuerdo con la Fiscalia el quebranto, que se habría dado vía ‘La Estafa Maestra’, se ejecutó a través de al menos 27 convenios generales de colaboración y sus respectivos apéndices firmados entre 2013 y 2018 por las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social (Sedesol) con diversas universidades de los estados de Morelos, Hidalgo, Quintana Roo Chiapas y algunas empresas de comunicación de Sonora, Quintana Roo e Hidalgo.

En la audiencia que se celebra este jueves, también se señaló que entre las irregularidades de los convenios está que muchos servicios no se realizaron e incluso son inexistentes, y jamás se verificó que las instituciones tuvieran la capacidad técnica para realizar los mismos.

La Fiscalía hizo una imputación general, por lo que la defensa de Robles pidió al juez que se detallara con precisión la fecha de los citados convenios, personas que los firmaron y el contenido de los contratos para establecer la imputación a su clienta.

Esta petición fue aceptada, por lo que se declaró un receso que concluirá hasta las 17:00 horas de este jueves.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este lunes la presentación de la estrategia multisectorial para promover el bloqueo de los celulares robados y extraviados en la capital del país.

Recodó que la semana pasada presentaron el fortalecimiento de la estrategia de seguridad, en la cual se contempla reducir al máximo el robo de celulares.

Como parte de dicha estrategia, hay un eje que habla de la coordinación, en donde recae el proyecto del robo de celulares, pues ahora, se tendrá una coordinación directa con las telefónicas, con los operadores de telefonía y con la ciudadanía.

Para explicar el tema, enfatizó que el número de celular no lo es todo para bloquear el celular, pues el número de celular corresponde al chip, pero no al aparato. Para poder bloquear el celular, explicó, la telefónica tiene que tener el vínculo entre el chip y el celular, aunque no siempre ocurre eso, ya que el 80% de los teléfonos que se venden en el país, son de prepago, es decir, se compran y se van recargando de acuerdo con el uso que el usuario les de.

Subrayó que para detener la venta de celulares robados, no solamente se está apostando por tener mayor presencia policíaca que evite el robo como tal, sino que se trabajó en una estrategia completa.

Lo primero, es que la ciudadanía conozca su número de IMEI, que es el identificador del equipo celular; se puede obtener marcando del teléfono *#06# y de esa manera, tendrán el dato; deberá ser registrados en la página de Alameda Central o en la aplicación de Alameda Central, para que a su vez lo registre en LOCATEL.

Así, LOCATEL tendrá esa información, y cuando llegue a haber un robo de celular, se bloqueé no solamente el chip sino se bloqueé el celular, el aparato; “y la única manera de hacerlo es diciéndole a la telefónica: bloquea mi celular, mi número de IMEI es este que está aquí (…) de esa manera el celular robado queda absolutamente bloqueado”.

Adicional, dijo que mañana se publicará un decreto en donde se prohíbe la venta de celulares en los tianguis de la Ciudad de México; de tal manera que se evitará que se vendan celulares que son principalmente robados.

Como parte de la estrategia, se analiza ver de qué manera la venta del celular se registre, es decir, si vende en las distintas tiendas de autoservicio, que quede necesariamente registrada la persona a la que se le vende el chip y el teléfono celular.

Finalmente, la mandataria local anunció que se trabaja en algunos cambios legales para fortalecer o penar más a quien roba el celular.

“No nos vamos a cansar y vamos a buscar todas las estrategias necesarias para disminuir los delitos en la Ciudad de México y que construyamos juntos una ciudad segura”, remató Sheinbaum Pardo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que su gobierno pondrá orden para evitar los problemas de la evasión y defraudación fiscal, para lo cual ya se trabaja en un plan específico para acabar con dicha práctica.

AMLO indicó que el tráfico de facturas era un negocio permitido por el anterior gobierno federal. “Se permitió el huachicoleo en las facturas”, e indicó que dicha práctica provocó la evasión fiscal de millones de pesos.

Adelantó que como parte del plan, se busca que quieren incurran en dicha práctica no alcancen fianza, pues la obtención de facturas apócrifas pronto será clasificada como delito grave, para lo cual se cuenta con una iniciativa en ese sentido.

Por su parte Margarita Ríos-Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), indicó que con corte al 16 de junio, se tenían identificadas 8,204 empresas factureras, quienes efectuaron operaciones equivalentes a 1.6 billones de pesos, dejando un daño fiscal de 354 mil millones de pesos.

Señaló que las empresas han ido “sofisticando sus transacciones simuladas”, por lo que han podido crecer en los últimos años. Los estados donde más se ubican estas empresas son: la Ciudad de México, con 1,064 empresas, (13%); Jalisco, con 840 compañías (10%); y Nuevo León, con 712 firmas (9%).

Informó que al utilizar un modelo informático, que permitió analizar el comportamientos atípicos de ingresos y deducciones, el SAT obtuvo una muestra de 150 empresas, las cuales facturaron 282,000 millones de pesos (mdp) en los últimos dos años. A dichas factureras se les suspendió.

La funcionaria indicó que tiene una estimación de que las 150 empresas incurrieron en una posible evasión superior a los 62,000 millones de pesos.

Aclaró que en las acciones que se están implementando para combatir dicho delito, se perseguirán tanto a los vendedores de las facturas como a quienes las compren.

Finalmente informó que se han presentado 23 denuncias contra empresas factureras ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que en los próximos días se presentarán cinco más. Añadió que al interior de la dependencia se identificaron a seis funcionarios que colaboraban para crear empresas fantasma, por lo que fueron separados de sus cargos.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que reabrió la investigación en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlíder del PRI capitalino, por el delito de trata de personas.

Esto, luego de un amparo promovido por tres mujeres, quienes lo acusaron de encabezar una red de trata y prostitución al interior de dicho partido político después de que, en primera instancia, el priísta consiguiera una resolución de no ejercicio de la acción penal.

Según detalló la dependencia investigadora local en un comunicado oficial, luego de que en julio de 2015 se resolviera que no existían pruebas para acusar a Gutiérrez de la Torre de manejar una supuesta red de prostitución dentro de su partido, un juez de Distrito de Amparo en Materia Penal y del Tribunal Colegiado correspondiente determinó que deben continuar las indagatorias para determinar la participación del implicado en una supuesta red de tráfico sexual.

Tras la resolución se ordenó que el expediente iniciado en primera instancia en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales se decline a la Fiscalía especializada en el delito de trata de personas, a efecto de que continúen las indagatorias y se investigue el ilícito con perspectiva de género.

La Procuraduría capitalina informó que se encuentra a la espera de la determinación del juez de Distrito, a fin de conocer si la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales dio por cumplida la resolución emitida.

Antecedentes del caso señalan que el agravio hacia las víctimas fue difundido el 2 de abril de 2014 a través de medios electrónicos, en los que se manifestaron diversas conductas ilícitas, presuntamente atribuibles al imputado.

En lo que va de la presente administración no sólo los homicidios dolosos están en su nivel histórico más alto, también los feminicidios.

Así lo revelan cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) difundidas este jueves por la noche, en las que se señala que en el primer cuatrimestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ocurrieron 323 feminicidios en todo el país.

Se trata de una cifra 32 por ciento mayor a la registrada en el periodo diciembre de 2017 a marzo de 2018, cuando hubo 245 feminicidios; 48 por ciento más al periodo diciembre 2016 a marzo 2017, cuando hubo 218 casos, y 69 por ciento mayor a la cifra de diciembre 2015 a marzo 2016, cuando hubo 191 feminicidios.

Las cifras indican que, en términos absolutos, Veracruz ocupa el primer lugar nacional, pues, entre enero y marzo registró 46 casos, más del doble de los ocurridos en el Estado de México, segundo lugar de la lista, con 21 casos.

Si se analiza el número de feminicidios por cada 100 mil habitantes, Sonora ocupa el primer lugar, con una tasa de 1.29; seguido de Veracruz, con 1.08; Tabasco, con 0.78; Morelos, con 0.77, y Coahuila, con una tasa de 0.58.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que muchos de los reclamos que se le han hecho es que, pese a su promesa de combatir la corrupción, hasta ahora no hay “nadie” en la cárcel.

Al respecto, indicó que todos los expedientes de los funcionarios que han cometido algún delito o que se presume que lo cometieron, se están remitiendo a la Fiscalía General quien será la encargada de fincar responsabilidades.

Adelantó que en los próximos días se darán a conocer todas las denuncias que su gobierno ha presentado a la Fiscalía General, mismas que tienen que ver con el llamado huachicol, delincuencia y corrupción.

Afirmó que, si la Unidad de Inteligencia Financiera tiene informes de presuntos actos de lavado de dinero, la instrucción que ha dado a su titular, Santiago Nieto, es que de inmediato se proceda, sin importar el nombre que aparezca.

“Todavía ayer me llegó un expediente de la Función Pública sobre algunos servidores públicos que se presume estuvieron involucrados en hechos de corrupción en la pasada administración y ayer mismo le envié de regreso un memorándum, diciendo: Aplique la ley, proceda, nada más informe al titular de la secretaría, investigue y actúe”, relató AMLO.

Remató indicando que tal como lo ha venido diciendo desde su campaña, habrá cero tolerancia contra la corrupción.

Jorge Winckler Ortiz, el aún fiscal de Veracruz, confirmó lo que el fotógrafo estadounidense John Sevigny publicó acerca de haber sido secuestrado en la ciudad de Córdoba durante un viaje que realizó el pasado ocho de enero.

Winckler Ortiz señaló que trabajan de manera coordinada con el FBI y con la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones del caso.

El fotoperiodista John Sevigny escribió un artículo en el cual narró que en enero viajó a Córdoba y una amiga le ofreció alojamiento gratuito. Durante el traslado, una docena de hombres armados los secuestraron y los llevaron a una casa de seguridad en las afueras de Córdoba donde había más personas secuestradas y heridas.
“Por casi dos días no dormimos; a mi amiga la violaron varios sujetos, no comimos”, dijo el periodista.

En el relato señaló que uno de sus captores admitió que eran policías vestidos de civil que delinquían durante su tiempo libre. El fotógrafo señaló que su secuestro se había dado por una confusión debido a que sus captores lo llamaban Carlos y a su amiga le adjudicaban el asesinato de una mujer de nombre Cristina, cometido en Ciudad Juárez.

“No fui secuestrado por mis fotografías, que yo sepa. Pero no estoy seguro. Mi trabajo se centra en las personas y su lucha por sobrevivir en un mundo cada vez más cruel”, dijo.

Después de escapar, ambos llegaron a la embajada estadounidense en México para pedir ayuda. Al llegar a su país, John Sevigny decidió declarar ante agentes del FBI, por lo que dicha agencia ha continuado con el seguimiento del caso.

Al respecto, Jorge Winckler detalló que de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales se usarán las declaraciones en Estados Unidos. También señaló que buscarán que aclare algunos detalles debido a que hay cosas en el artículo publicado por la página medium.com que no comentó a las autoridades.

Finalmente, el Fiscal de Veracruz comentó que durante las últimas semanas, varios ciudadanos estadounidenses se han visto involucrados en temas de violencia durante su paso por el Estado de Veracruz.

Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la presunta participación de miembros de Morena en la realización de los censos que realiza el gobierno federal.

El mandatario aseguró que “no vamos a mezclar partido con gobierno”, y dijo que si un partido se apoya en el gobierno, o el gobierno apoya a un partido, se estaría cometiendo una falta, el cual se planea esté penada.

Explicó que el que utilice fondos o se apoye en el gobierno para favores a un partido será penado como delito, el cual será grave y ameritará cárcel sin derecho a fianza.

“Estoy esperando, no sólo el poder contar con el nuevo fiscal general. Me interesa muchísimo el que podamos tener ya al nuevo fiscal anticorrupción y el fiscal electoral. En el caso del fiscal electoral, ésta va a ser su tarea: Cuidar que no se utilicen los recursos del gobierno para favorecer a ningún partido”, dijo el mandatario.

Al informarle que en las personas que realizan los censos gubernamentales casa por casa, se ha notado algunos llevan ciertas alusiones a Morena, tales como chalecos o mochilas, AMLO dijo que “voy a ver lo que planteas. Yo sé que están llevando a cabo los censos, pero que no es Morena”.

Remató asegurando que si Morena estuviera inmiscuido, estarían cometiendo un delito y se va a proceder a pesar de que sea el partido que él fundo. “Se acaba el partido de Estado, se acaba el partido de gobierno. Eso ya no va a existir, como no va a existir lo de los sindicatos de Estado, sindicatos de gobierno, o sea, son cosas distintas completamente”, remató.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX) cumplimentó este martes dos órdenes de aprehensión contra jóvenes por su probable participación en las agresiones de septiembre pasado en la explanada de la Rectoría de la UNAM.

El primer imputado fue localizado en el municipio de Coacalco, Estado de México, desde donde fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte y posteriormente presentado ante el Juez de control que lo requirió para poder vincularlo a proceso.

El segundo detenido, un joven de 19 años, fue localizado en la colonia Valle de Anáhuac, en el municipio de Ecatepec y también fue trasladado al Reclusorio Norte. Los presuntos agresores sería acusados del  delito de motín.

Hasta el momento, la Procuraduría capitalina ha obtenido 47 órdenes de aprehensión por los hechos vividos en Ciudad Universitaria, de las cuales 31 han sido cumplimentadas contra 21 personas.

 

En el segundo día de audiencias desde el reclusorio de Santa María Chiconautla, esta tarde Juan Carlos “N” y Rosa Laura “N” fueron acusados del delito de feminicidio.

En la audiencia que inició a las 11:00 horas, se dieron cita familiares de mujeres desaparecidas en la zona de Jardines de Morelos, en donde presuntamente actuaban los detenidos, aunque no se les permitió el acceso. Adicional algunos medios señalaron que presuntamente familiares de Juan Carlos “N” y Rosa Laura “N” también asistieron.

La pareja originaria de Ecatepec, está acusada de haber cometido el asesinato de entre 10 y 20 mujeres.

Recordemos que la tarde de ayer la pareja fue vinculada a proceso por los delitos contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación. Sin embargo por dichos delitos únicamente podrían alcanzar una pena de entre 6 meses y dos años de prisión.

Y aunque hasta el momento la Fiscalía del Estado de México solo ha girado una orden de aprehensión por el feminicidio de Nancy Nohemí “N”, la pareja podría alcanzar una pena de entre 40 y 60 años por cada caso que se les compruebe.

 

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, rechazó ser propietario de 90 casas como reveló el periódico Reforma.

Este miércoles, Grupo Fórmula difundió una carta escrita por el exmandatario en la que calificó lo publicado como “fake news”, y señaló que se trata de “un trabajo que ya había sido presentado por Univisión hace un año”.

Según lo publicado por Reforma, Duarte de Ochoa y su esposa Karime Macías son dueños de 90 casas distribuidas en México, donde habría alrededor de 40; en Estados Unidos, en los estados de Florida, Texas, Arizona y Nueva York; y en España.

Duarte de Ochoa está preso en el Reclusorio Norte donde enfrenta los delitos de asociación delictuosa, delito reclasificado por la Procuraduría General de la República que primero lo acusó de delincuencia organizada, y lavado de dinero.

El Gobierno de Veracruz tiene pendientes dos órdenes de aprehensión, por delitos como abuso de autoridad, peculado y tráfico de influencias, además de que busca imputarle el delito de desaparición forzada.

Duarte fue detenido en abril del 2017 en Guatemala y extraditado a México en julio de ese año.

La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que al valorar los datos con que se contaban, se determinó que no existían las pruebas suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada en contra de Javier Duarte.

Al respeto indicó que decidió reclasificar la acusación “sólidamente sustentada, para que el proceso culmine con una sentencia acorde a los preceptos de nuestra Constitución”.

Subrayó que tras la conclusión de la fase de investigación complementaria, contemplada por el Sistema Penal Acusatorio, el Ministerio Público de la Federación determinó acusar únicamente al ex gobernador de Veracruz por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Adicional señaló que en paralelo al proceso que se sigue contra el ex priísta en la PGR, están en marcha otras acusaciones por parte de la Fiscalía General de Veracruz.

Enfatizó que a pesar de reclasificar las acusaciones contra Duarte, este tendrá que seguir el proceso en prisión, toda vez que la autoridad judicial federal determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

Un juez de control vinculó a proceso al Director Responsable de Obra (DRO), por el delito de homicidio, derivado del colapso del colegio Enrique Rébsamen, en donde fallecieron 26 personas durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Tras una audiencia de poco más de 15 horas, el juez fijó tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria y determinó que el imputado permanecería con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

A inicios de semana, el Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Guillermo Terán Pulido, detalló que en la carpeta de investigación consta que entre los años 2014 y 2015, el imputado reportó a la delegación Tlalpan el remozamiento de pisos y paredes en el inmueble, cuando en realidad se realizaron obras en el tercer nivel y la construcción del cuarto piso.

Ante dichos hallazgos, se solicitó la orden de aprehensión que fue cumplimentada por la Policía de Investigación en el estado de Querétaro, donde se encontraba el imputado, desde donde se le trasladó a la Ciudad de México.

Medios nacionales reportaron que en mayo pasado, Juan Mario Velarde Gámez, DRO del colegio recurrió a un documento falso para buscar un amparo y evitar una acción penal en su contra. Adicional, por este caso, se emitió una fija roja en contra de Mónica García Villegas, directora del colegio, por su presunta responsabilidad en los hechos.

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO

Voceros de la coalición “Por México al Frente” acusaron que los señalamientos en contra de su abanderado presidencial se trata de un montaje del PRI para tratar de descalificarlo debido a la posición que ocupa en la preferencia electoral.

 

“No hay absolutamente nada que vincule a Ricardo Anaya con un delito de lavado de dinero”, argumentaron los voceros, quienes presentaron algunas fotografías y documentos que comprueban que uno de los denunciantes de Anaya tiene relación con la estructura del PRI en Querétaro.

 

 

 

En conferencia de prensa, Fernando Belaunzarán y Jorge Álvarez Máynez, acreditaron que Daniel “N”, como fue presentado por el abogado Joaquín Xamán, responde al nombre de Daniel Rodríguez Velasco, y es la misma persona que estuvo presente en la rueda de prensa en la que se dieron a conocer los hechos.

 

“Fue Secretario Técnico del Instituto Político Empresarial de Querétaro, organización reconocida por el PRI como una de sus organizaciones adherentes”, revelaron los Frentistas, por lo que indicaron, no se trata más que de una telenovela barata del PRI.

 

“Hay que dejar claro también que Ricardo Anaya no ha sido acusado por ningún delito, ni ha sido citado a declarar en ningún momento por la PGR. En su desesperación porque van en tercer lugar, los priistas han pretendido crear una telenovela barata para descalificar a Ricardo Anaya en época electoral. No hay absolutamente nada que vincule a Ricardo Anaya con un delito de lavado de dinero”, dijeron los voceros.

 

En un intento por llevar la atención pública a un nuevo blanco, revelaron que el priista queretano Mario Calzada, quien es presidente municipal de El Marqués en Querétaro, y primo hermano del exgobernador priista y hoy miembro del gabinete del presidente Peña Nieto, José Calzada, es quien sí ha tenido relación comercial con Barreiro, al venderle unos terrenos propiedad del municipio de El Marqués.

 

“Exigimos a la PGR que investigue a fondo este caso, que involucra a gente muy cercana al actual presidente de la República” puntualizaron.

 

Esta mañana, en conferencia de prensa, el abogado Adrián Xamán McGregor presentó una denuncia contra el candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, por el supuesto delito de lavado de dinero.

 

El abogado dio a conocer que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N”, fueron contratados en 2016 y 2017 por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro para realizar diversas operaciones financieras que le hiciera llegar recursos a Anaya mediante empresas fantasmas.

 

Como parte de estas operaciones, simularon una supuesta venta de una nave industrial por parte de la empresa Uniserra S.A. de C.V. a la empresa Manhattan Masterplant the Velopment por la cantidad aproximada de 54 millones de pesos, transacción por la que se crearon esquemas que permitieron ocultar el origen del dinero y el beneficiario final.

 

Los recursos fueron recibidos finalmente por una empresa de Ricardo Anaya, y para lograrlo se constituyeron personas jurídicas colectivas y triangularon el dinero en México, Canadá, Suiza, Gibraltar, en territorio Británico y Caicos.

 

Xamán McGregor aseguró que la decisión de presentar la denuncia es debido a que una vez que se hiciera público el patrimonio de Ricardo Anaya, sus clientes, quienes fungieron como operadores financieros, comenzaron a recibir amenazas, allanamiento de sus casas y persecución de vehículos desconocidos.

 

Con información de Notimex / Foto: Archivo APO

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México indicaron que luego de que se identificara a los dos posibles agresores de Adolfo Lagos, y se cuente con pistas para lograr su detención, reconocieron que en cuanto sean detenidos, estos podrían obtener su libertad.

 

Dicha versión podría concretarse si se confirma a través de los peritajes, que el ejecutivo de Televisa murió tras recibir un disparo de su propia escolta, por lo que de acuerdo al marco jurídico, sólo podrían ser imputados por tentativa de robo, y al no considerarse delito grave, podrían quedar en libertad.

 

La información surge luego de que se diera a conocer que la arma de Héctor ‘N’, de 50 años, escolta del ejecutivo, fue la que disparó la bala que le quitó la vida a Lagos, y por ello ahora podría enfrentar cargos por homicidio culposo.

 

De acuerdo a la reconstrucción de hechos, indicó que los dos elementos de la escolta no respondieron de manera adecuada, pues ambos dispararon sin detener la camioneta en la que viajaban, incluso Héctor  “N” golpeó con el vehículo a Adolfo Lagos.

 

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO