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El fiscal especializado en materia de delitos electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, confirmó que la dependencia a su cargo ha recibido hasta esta mañana 20 denuncias en relación a presuntos delitos fiscales.

El fiscal no ofreció detalles de las 20 denuncias recibidas, saber si se cuántas se han presentado por estado, aunque señaló que todas serán investigadas por el personal de la fiscalía de manera exhaustiva.

A través de un mensaje en redes sociales, el fiscal indicó que para la jornada electoral de este domingo, la fiscalía electoral ha capacitado a 500 funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) quienes trabajarán en Coahuila y el Estado de México.

Indicó que la FISEL ha venido trabajado con otras instituciones del gobierno federal, que monitorea en el proceso electoral.

“Este domingo el personal de la Fiscalía de la República y el personal de la Fiscalía Electoral atenderán todas las denuncias que presenten la ciudadanía ante posibles delitos electorales federales”, sostuvo Ortiz Pinchetti.

Invitó a la ciudadanía a salir a votar y a denunciar en caso de presenciar una conducta irregular, recordando que la FISEL tiene diferentes canales disponibles para recibir las denuncias.

Con motivo de los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) indicó este viernes que realiza diversas acciones de blindaje electoral con el fin de evitar la comisión de delitos electorales por parte de las personas servidoras públicas federales.

La FISEL, que depende de la Fiscalía General de la República (FGR), indicó que entre las principales acciones se encuentra el “Curso en materia de prevención de delitos electorales y responsabilidades administrativas”, donde se capacitaron a un total de cuatro mil 981 personas servidoras públicas federales que laboran en los dos estados donde habrá elecciones.

Y es que también se busca inhibir la utilización de recursos públicos y programas sociales federales con fines político-electorales.

También informó sobre la distribución de seis mil 301 ejemplares de materiales alusivos a los delitos electorales y sus mecanismos de denuncia.

Indicó que también se brindaron 12 consultas jurídicas relativas a la operatividad de programas sociales federales y la realización de funciones gubernamentales.

Apuntó que se coadyuvará con las delegaciones de las dependencias de la administración pública federal, en Coahuila y Estado de México, con acciones de verificación y resguardo de inmuebles y vehículos durante el fin de semana, con el propósito de que los recursos institucionales no sean utilizados para fines distintos a los cuales están específicamente destinados.

Previamente se había informado el despliegue ministerial para recibir las posibles denuncias sobre delitos electorales, en ambas entidades. Se detalló que serán 489 servidores públicos, quienes estarán en las sedes y subsedes de la FGR antes, durante y después de la jornada electoral.

Estarán presentes un total de 20 servidores públicos adscritos a la FISEL en Coahuila, los cuales serán apoyados por personal de la FGR de la delegación respectiva; en tanto que para el Estado de México se destinaron 32 funcionarios, quienes también contarán con apoyo de personal de esa delegación.

Recordó que al ser elecciones locales, la FISEL sólo es competente cuando se presentan delitos federales como recoger o retener credenciales originales; alterar el Registro Federal de Electores y de personas servidoras públicas federales que coaccionen o amenacen a sus subordinados para votar por algún candidato; condicionen la prestación de un servicio público o programa social federal, o bien, utilicen recursos públicos federales con fines electorales.

La Fiscalía General de la República (FGR) descartó ejercer acción penal en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y de otro de sus colaboradores por supuestos delitos electorales.

“El Ministerio Público de la Federación (…) determinó el no ejercicio de la acción penal por carecer hasta el momento de pruebas suficientes y fuera de toda duda sobre las responsabilidades penales correspondientes”, señaló la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la FGR.

Recordemos que la investigación se originó tras la difusión en 2020 de un video en el que se observaba al hermano del mandatario recibiendo dinero de manos de David León Romero, otro exfuncionario del actual gobierno, para financiar una campaña electoral local en 2015.

En las imágenes, divulgadas en agosto de 2020 por Latinus, se ve a Pío López Obrador recibiendo cerca de millón y medio de pesos en sobres amarillos.

El mandatario aseguró entonces que el dinero pudo ser de “aportaciones del pueblo” a una campaña municipal en Chiapas, aunque dijo desconocer si fue informado a las autoridades electorales.

La Fiscalía informó que su determinación se da “en acatamiento estricto a lo ordenado” por un juez de amparo, aun cuando la institución ya estaba cumpliendo con diligencias de investigación sobre el caso.

En 2020, López Obrador dijo que tanto su hermano como León Romero debían ser llamados a declarar y llegar al fondo del caso pues “no debe haber impunidad para nadie”, incluidos miembros de su familia.

Sobre el tema, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) concluyó que “no encontró nada significativo” en la investigación sobre el hermano del presidente.

Incluso en octubre de 2021, el presidente pidió que su hermano Pío López Obrador “sea castigado” si se demostraba que era culpable de corrupción.

La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) informó que desplazó a personal ministerial a los seis estados donde este domingo se celebran elecciones: Aguascalientes, Oaxaca, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo e Hidalgo.

La FISEL indicó que se atenderán, en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), las denuncias de posibles delitos electorales federales que se presenten.

La dependencia indicó que hasta el cierre de las campañas, había recibido 29 denuncias de carácter federal, en lo que va de este proceso electoral, que inició en abril pasado.

La autoridad puso a disposición de la ciudadanía los canales por los que se podrá realizar alguna denuncia, ya sea por ser testigo de conductas indebidas o por ser víctima de un delito electora: vía telefónica al 800 833 72 33 o el portal fedenet.org.mx.

Y aunque el INE ha llamado a la ciudadanía a reportar cualquier caso de delito electoral, indicó que no son la autoridad responsable de castigar estos delitos, y pidió dirigir las denuncias a la Fiscalía Electoral.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales determinó formalmente que no hay delito qué perseguir por el supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña Presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, ya que los ilícitos han prescrito.

De acuerdo con el periódico Reforma, la Fepade investigaba a Emilio Lozoya, por los supuestos hechos ocurridos en 2012. En ese entonces, Lozoya fungía como coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Peña, y a la actual senadora Nuvia Mayorga, extitular de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Político Nacional del PRI.

“Se acuerda la prescripción de la acción penal respecto de las conductas señaladas como probablemente constitutivas de algún delito electoral, de los previstos y sancionados en los artículos 407 y 412 del Código Penal Federal, que pudieron haberse suscitado con motivo del proceso electoral 2011-2012”, dice el acuerdo suscrito el pasado 3 de junio por el fiscal Valdemar González Ramírez y entregado a la juez federal Luz María Ortega.

Derivado de una denuncia presentada por el PRD, el 15 de agosto de 2017, la Fiscalía inició una investigación del caso Odebrecht, a raíz de la difusión de los testimonios de exdirectivos de la firma brasileña que aseguraron haber sobornado a Lozoya por un total de 12 millones 856 mil 433 dólares, de los cuales 7 millones 856 mil 433 dólares se depositaron del 20 de abril al 27 de noviembre de 2012 y los restantes 5 millones de dólares, del 3 de diciembre de 2013 al 17 de marzo de 2014.

La primera parte se habría entregado precisamente para la campaña de Peña Nieto y el resto presumiblemente a cambio de los contratos de la Refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tula, Hidalgo.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales informó que recibieron un total de 3 mil 498 denuncias por la posible comisión de delitos electorales, durante las pasadas elecciones en México.

De acuerdo con su plataforma Fepadetel, 829 denuncias corresponden al orden federal y 2,624 al fuero común.

La Fepade indicó que los tres estados con mayor incidencia de denuncias por la posible comisión de un delito electoral son la Ciudad de México, Puebla y Estado de México.

Entre los delitos reportados se encuentran la modificación de datos de la credencial para votar, utilizar bienes o servicios públicos en campaña, condicionamiento al voto, restricción de programas sociales, intimidación o impedir el acceso a la casilla para votar.

Además, de destruir o dañar material electoral, rebasar los montos legales o utilizar dinero ilegal en campaña, publicación de encuestas fuera de los tiempos establecidos, no cumplir con rendición de cuentas, así como inducir el voto si se es líder de culto.

Desde el jueves pasado y hasta este lunes, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales recibió un total de 1,963 denuncias por delitos electorales y detuvo a 27 personas por la misma causa.

De acuerdo con la dependencia, del total de denuncias que se recibieron, 639 se relacionan con delitos del orden federal y las restantes, 1,324, fueron por delitos cometidos en el ámbito del fuero común.

Asimismo, la FEPADE destacó que la mayoría de los hechos denunciados, se cometieron, en orden descendiente, en los estados de Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

En su mayoría las denuncias están relacionadas con la portación ilegal de credenciales para votar, así como la compra de votos, entre otros ilícitos reportados ante las autoridades electorales.

En algunos estados se registraron hechos que implicaron agresiones o muerte de al menos dos personas, aunque al final de la jornada electoral, las autoridades no confirmaron si lo ocurrido tenía relación con el tema electoral.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX) fueron capacitados  para detectar delitos electorales y garantizar comicios legales e inhibir delitos en las casillas.

Esta mañana se llevó a cabo una plática con cuerpos policiales para analizar la cartilla, emitida por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), que especifica la labor que se debe cumplir.

Como parte complementaria se realizó un taller en el cual se dio a conocer el uso y procedimiento que deben de realizar en caso de suscitarse algún delito electoral en los próximos comicios y de esta forma, poder responder de una manera adecuada y eficiente.

Esta cartilla la deberán de portar todos los policías durante el proceso para que sea la guía correcta en su desempeño.

La labor de la policía capitalina debe estar siempre al margen de los procesos electorales, sin embargo no puede alejarse  de la normatividad para atender peticiones de apoyo relacionadas con delitos electorales.

 

Redacción APO / Foto: SSP-CDMX

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó esta tarde ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) una denuncia de hechos por la probable comisión de delitos electorales por parte del gobernador de Chihuahua, Javier Corral y otros servidores públicos de su gobierno.

 

La denuncia fue presentada hoy en la FEPADE por la representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Pastor, quien detalló que la denuncia responde al uso ilícito de recursos públicos y la realización de actos tendientes a incidir en el proceso electoral, al desplegar una campaña de desprestigio en contra del PRI y en beneficio del PAN.

 

“Ciertamente, el gobernador del estado de Chihuahua se encuentra realizando actos de índole partidista con recursos públicos, con la clara finalidad de influir en las preferencias electorales. Como es del conocimiento generalizado, Javier Corral ha desplegado una intensa campaña en medios de comunicación, con el objeto de desprestigiar al PRI”, dijo la priísta.

 

Al asegurar que la Ley General en Materia de Delitos Electorales sanciona a los servidores públicos que destinen, utilicen o permitan la utilización de fondos, bienes o servicios que tengan a su disposición, en apoyo o perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sostuvo que la sanción correspondiente es la inhabilitación para ocupar cargos y la destitución.

 

Luego de una juez federal decidiera suspender el proceso judicial que se seguía en su contra, Eva Cadena remitió un oficio al Congreso del Estado de Veracruz, para informar que regresara a su cargo como diputada local.

 

El proceso que se seguía en contra de la la legisladora veracruzana, y ex militante de Morena, era por presuntos delitos electorales.

 

Durante la lectura de la correspondencia en la sesión legislativa de este jueves en el Congreso del Estado, se dio lectura del oficio de Cadena, en el que se menciona la decisión de la jueza federal con sede en Coatzacoalcos.

 

Recordemos que la ex militante de Morena fue desaforada por el Congreso veracruzano el año pasado, señalada de recibir recursos ilícitos cuando era candidata a la presidencia municipal de Las Choapas.

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO

Luego de la destitución de Santiago Nieto de la titularidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) condenó la decisión, la cual atribuyó directamente al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

 

“Descaradamente el gobierno de Enrique Peña Nieto coapta toda posibilidad de perseguir los delitos electorales; Nieto Castillo estaba actuando con honestidad y transparencia, su desacierto, quizá, es haber dado a conocer públicamente la llamada que le hizo llegar Emilio Lozoya, ex titular de Pemex, para que lo declarara inocente del mega-escándalos de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht”, indicó el partido del sol azteca.

 

El secretario Electoral Nacional del PRD, Octavio Martínez Vargas, pidió a los integrantes del Senado de la República ejercer su facultad constitucional y analizar a profundidad la destitución de Santiago Nieto, y éste sea reinstalado, o en su caso proceda al nuevo nombramiento del titular de la Fepade para no detener las investigaciones de los actos de corrupción.

 

“Para nosotros es importante conocer hasta qué niveles se favoreció a los candidatos del PRI en el proceso electoral del 2011”, indicó el perredista.

 

Martínez Vargas subrayó que al PRD le preocupa que todo esto se dé tras el caso Lozoya y también en vísperas del vencimiento del plazo para elegir al Fiscal Anticorrupción, “lo que advertimos es que este proceso no será nada pulcro ni confiable (…) varias entidades ya iniciaron procesos electorales y simplemente no hay quien persiga los delitos electorales, y la historia se seguirá repitiendo”, recalcó.

 

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, señaló que la alteración al Registro Federal de Electores, la compra de votos, el condicionamiento de programas sociales, el acarreo de votantes y la obstaculización de las funciones de autoridades electorales, son delitos que posiblemente enfrentará la institución durante los procesos electorales federales y locales 2017-2018.

 

El fiscal indicó que a lo anterior se suman el financiamiento ilícito de precampañas y campañas electorales; en su variable de peculado electoral, es decir, el desvío de recursos públicos; así como de aquellos fondos de procedencia ilícita. Al respecto adelantó que la FEPADE se encuentra en la construcción de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) e instituciones que forman parte del sistema financiero mexicano para hacerle frente a los riesgos que existen.

 

Nieto Castillo hizo un llamado a los miembros de los partidos políticos y a los servidores públicos a transitar y no polarizar la contienda por puestos de elección popular.

 

 

 

Foto: Archivo APO