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Nueve de cada diez presos en México tuvieron contacto con alguna actividad delictiva desde los seis años de edad, lo que refleja la normalización de la violencia desde edades tempranas en el país, señala un estudio de la organización Reinserta.

“No hay una fórmula para crear a una persona o para que exista una persona que comete conductas antisociales, que comete delitos como tal, este estudio lo que busca es darle el impacto necesario a lo que tiene la normalización y la exposición a la violencia”, dijo Saskia Niño de Rivera, cofundadora de la organización.

La organización indicó que el estudio se realizó a partir de entrevistas a 5,559 presos en cárceles de 14 entidades del país.

La investigación evidencia la complejidad de los factores que contribuyen a la reproducción y normalización de la violencia, como la deserción escolar, el acceso a las armas y el consumo de sustancias desde edades tempranas.

“Entender y aceptar la corresponsabilidad social que hay en las consecuencias de la violencia en la infancia y la adolescencia es una necesidad que México tiene de manera urgente”, resaltó Niño de Rivera en entrevista con la agencia Efe.

Entre los hallazgos se menciona que un tercio de los presos encuestados vivía en una familia con recursos suficientes solo para cubrir necesidades básicas de alimentación, salud y educación. Uno de cada cuatro reportó haber crecido en una familia involucrada en actividades delictivas.

La misma proporción admitió saber que una parte de los ingresos familiares provenía de esta criminalidad.

Niño de Rivera señaló que el consumo de drogas “es una cosa brutal”, pues se encontró que las sustancias más consumidas en México antes de los seis años fueron la piedra (crack), marihuana, heroína y tabaco. Destacó la facilidad con el que se accesa a las drogas y sus bajos costos.

En este sentido, el estudio muestra que en la zona norte del país se consume, en mayor medida, marihuana y tabaco, mientras que en la zona sur son los tranquilizantes y la heroína, y en el centro destacó la piedra y activo.

“El primer contacto con sustancias ilícitas es dentro de la familia, ya sea que encuentran la droga dentro de casa o consumen con sus padres, con sus madres”, advirtió Niño de Rivera.

El estudio de Reinserta revela que la exposición a la violencia verbal, física y sexual ocurre desde los 6 años y se exacerba a partir de los 12 años.

Entre los principales perpetradores de la violencia se identificó a padres, hermanos y tíos, a quienes no se denunció por miedo o vergüenza, o porque la agresión inició bajo el disfraz de un juego.

En la escuela también se señalaron formas de violencia como burlas, insultos, apodos por parte de compañeros de clase, aunque también se identificaron casos donde el personal educativo no intervenía.También destaca el acceso a sustancias y armas en el entorno comunitario, donde la mayor exposición fue a partir de los 12 años.

La violencia contra las mujeres encuestadas inició desde los 6 años, con comentarios agresivos sobre su cuerpo, mientras que 4 de cada 10 mencionó haber sufrido abuso sexual en su infancia o adolescencia.

“No nada más eso, en México el 74 % de las personas víctimas de violencia sexual es directamente un familiar quien abusa sexualmente de ellas”, añadió Niño de Rivera.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este miércoles que el exmandatario estadounidense Donald Trump enfrenta denuncias en su contra derivadas de sus aspiraciones de competir nuevamente por la presidencia de ese país.

“Está expuesto a una campaña de desprestigio bajo la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna”, afirmó López Obrador, un día después de que Trump se convirtiera en el primer expresidente inculpado por la justicia en la historia de Estados Unidos.

El multimillonario de 76 años enfrenta 34 cargos relacionados con el pago, en 2016, de 130,000 dólares a la estrella del cine para adultos, Stormy Daniels, con el objetivo de que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial que se remonta a 2006 y que él siempre ha negado.

Trump se declaró “no culpable” de falsificar documentos contables durante una audiencia penal realizada ayer en Nueva York.

“No sé si haya cometido delitos, no me corresponde, me llama la atención que lo estén acusando de algo que sucedió (…) en el 2006”, declaró López Obrador este miércoles.

El mandatario argumentó además que “no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales, con propósitos políticos electorales”.

“Por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump, no estoy de acuerdo. Es que yo ya lo padecí”, añadió López Obrador quien ha señalado que en 2004, cuando era Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, enfrentó un juicio de desafuero que buscó impedir su postulación a las elecciones presidenciales de 2006.

Esta es la segunda ocasión en que López Obrador sale en defensa de Trump en las últimas dos semanas, luego que el pasado 21 de marzo criticó el posible arresto del exmandatario republicano por el mismo caso.

Y es que la simpatía de López Obrador por el magnate neoyorquino ocurre pese a la agresiva retórica antimexicana que éste utilizó durante la campaña que lo llevó a la presidencia estadounidense en 2016 y que mantuvo ocasionalmente cuando ya estaba en el poder.

Durante aquella campaña, Trump aseveró que muchos mexicanos que migraban a Estados Unidos eran “violadores” y que llevaban “drogas” y “crimen” a su país.

Aunque López Obrador aseguró como candidato que confrontaría a Trump por su postura contra México, una vez en la presidencia mantuvo una relación cordial y de cooperación, al grado de que ambos mandatarios se llamaron mutuamente “amigos”.

El expresidente Donald Trump arremetió la noche de ayer contra el fiscal de Nueva York, Alvin Bragg, por presentar cargos penales en su contra y se declaró víctima de interferencia electoral, aunque fiel a su estilo, no ofreció pruebas.

“Nunca pensé que algo así pudiera ocurrir en Estados Unidos”, dijo Trump a sus seguidores reunidos en su casa de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

“El único crimen que he cometido ha sido defender sin miedo a nuestra nación contra aquellos que buscan destruirla”, añadió.

Por la tarde, Trump se declaró no culpable de los 34 delitos de los que se le acusan, todos graves, de falsificación de registros comerciales. Todo surgió a raíz de que los fiscales de Manhattan lo acusaron de haber entregado pagos a dos mujeres antes de las elecciones estadounidenses de 2016 para silenciarlas y evitar que difundieran los encuentros sexuales con él.

El discurso de anoche, en Florida, fue relativamente corto, de 25 minutos, en comparación con sus discursos en mítines que a veces pueden durar dos horas.

Pese a lanzarse contra los fiscales, no convocó a nuevas protestas de sus partidarios. Y aunque se espera que vuelva pronto a la campaña electoral, no dio detalles al respecto.

Recordemos que Trump ha levantado la mano para hacerse de la nominación presidencial republicana en 2024. En ese sentido, se declaró acosado por adversarios políticos que utilizan el sistema legal en su contra para impedir que regrese a la Casa Blanca.

Trump acusó a Bragg, fiscal del distrito de Manhattan, de ir a por él “antes de saber nada de mí”. Agregó que el juez del caso, Juan Merchan, es “un juez que odia a Trump”.

Trump también arremetió contra las distintas causas judiciales abiertas contra él, desde el manejo de documentos clasificados que fueron llevados a Mar-a-Lago cuando Trump dejó la Casa Blanca a principios de 2021, la investigación sobre el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 y el caso de injerencia electoral al que se enfrenta en Georgia por las elecciones de 2020.

Trump se mostró especialmente preocupado por el caso de los documentos que investiga el abogado especial Jack Smith, al que calificó varias veces de “lunático”.

Dijo que los casos equivalen a un intento de frustrar su tercera carrera presidencial, calificándolos de “interferencia electoral masiva a una escala nunca vista”.

Un grupo de combativos y acérrimos partidarios de Trump se reunió en un salón de baile en Mar-a-Lago, incluidos los legisladores republicanos Marjorie Taylor Greene y Matt Gaetz, el veterano operador político Roger Stone, el fabricante de almohadas Mike Lindell, el exembajador de Estados Unidos en Alemania Richard Grenell y los hijos de Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró este martes no culpable de los 34 cargos en relación con los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016, para que no hiciera público una relación sexual entre ambos.

Trump, que se ha convertido en el primer presidente estadounidense en enfrentar cargos penales, se presentó ante el juez del tribunal neoyorquino de Manhattan, Juan Manuel Merchan, poco después de haberse entregado a la Fiscalía, donde le leyeron sus derechos y fue fichado.

El expresidente entró en la sala del juzgado en torno a las 14:30 hora local con un claro gesto de disgusto y sin llevar esposas, una imagen que si bien se sabía era poco probable se presentara, todos estaban a la espera.

Vestido con un traje azul claro y corbata roja, Trump estuvo precedido de su equipo de abogados, con Joe Tacopina a la cabeza, y seguido por dos agentes de policía.

Inmediatamente después conoció los cargos de la imputación, bajo el número 71543-23, según The New York Times, que añade que no quiso responder a las preguntas de un periodista presente en la sala.

Está previsto que tras su declaración regrese a su residencia de Mar-a-Lago en Florida, donde esta noche ha prometido hacer una declaración pública.

Poco antes de llegar a la sede de la fiscalía, Trump tuvo tiempo de escribir en su red Truth Social que la situación le parecía “surrealista”: “Wow, van a arrestarme. No puedo creer que esto esté pasando en Estados Unidos”, escribió desde el vehículo que lo trasladaba a la Corte.

Junto a la gran sede del Tribunal Supremo de Manhattan había desde la mañana una enorme expectación que se tradujo en la presencia de periodistas de todo el mundo.

Y aunque se esperaba una presencia en apoyo al expresidente, dos concentraciones pro y antiTrump convocadas esta mañana apenas lograron atraer a un centenar de personas, mucho menos de lo que se esperaba.

Los hechos centrales por los que ha sido imputado sucedieron en 2016, cuando a través de un intermediario Trump pagó supuestamente 130,000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio sobre una relación sexual que tuvo con ella diez años atrás.

En los últimos seis años, el número de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas en México creció a casi el triple, de acuerdo con un estudio revelado este jueves por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

En 2015 se registraron 1,043 casos anuales de mujeres y menores desaparecidas y no localizadas, mientras que para el 31 de diciembre de 2021 la cifra era de 2,729 casos, afirmó Patricia Morales, una de las autoras del estudio financiado por el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer.

Para la investigación, las autoras revisaron datos de ocho estados del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Secretaría de Gobernación, y el Informe de Incidencia Delictiva contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de entrevistas con organizaciones involucradas al tema de desaparición.

El informe se publica mientras México superó en 2022 la cifra histórica de más de 100,000 personas desaparecidas, desde que hay registro.

Uno de los hallazgos relevantes del estudio es que el rango de edad con más casos de desaparición forzada es entre los 15 y 19 años seguido del de 20 a 25 años, lo que indica que este delito está relacionado con otros como el de trata de mujeres y niñas, feminicidio y secuestro.

Aunque Jalisco es el estado que mayor cantidad de casos de desaparición concentra en todo el país, las mujeres no localizadas representan una de cada 10 casos de desapariciones en general, mientras que en el Estado de México las 5,722 mujeres no localizadas representan un 44.12% del total de las desapariciones.

Las autoras advirtieron que en los últimos dos años en Jalisco ha habido una disminución en el registro de casos, pues para finales de diciembre de 2020 había 3,098 mujeres desaparecidas y para el 28 de marzo de este año había 2,290.

“Hubo algunas localizaciones, pero una disminución no nos da certeza que sea de esta manera, sino que son cifras que se pueden estar manipulando dentro de las instituciones y habría que pedirles más consistencia (en los registros). Eso no solo pasa en Jalisco sino que podría estar sucediendo en otros estados”, afirmó Morales.

Los cinco municipios con más casos de mujeres desaparecidas a finales de 2020 eran Guadalajara (Jalisco) con 550 casos; Monterrey (Nuevo León) con 478 casos; Zapopan (Jalisco) con 360; Puebla (Puebla) con 355 y Toluca (Estado de México) con 326.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura de la Legalidad elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD), el 49% de los mexicanos considera que la ley se respeta poco en nuestro país y el 21% cree que nada, d

La medición del IBD señala que la población asocia de manera predominante la palabra justicia con “cumplir la ley” (63%), muy por arriba de la palabra “igualdad” que ocupó el segundo lugar (14%).

El 56% afirma estar de acuerdo en que se deben respetar las leyes siempre, incluso aquellas que parezcan injustas.

Por otro lado, destaca que el 53% de la población encuestada respondió que la Constitución cumple con las necesidades de nuestro país, aunque deben hacerse algunos cambios.

En esta edición disminuyó de manera significativa las personas que señalan la necesidad de redactar una nueva Constitución (20%) respecto a lo expresado en 2019 cuando 38% apoyaba una nueva Carta Magna.

El aspecto más mencionado por las personas para mejorar la justicia es “tener policías eficientes y capacitados en derechos humanos” (34%), seguido de “contar con un Ministerio Público confiable, transparente y eficaz” (29%).

24% señala el tener jueves que dicten sentencias apegadas a derecho y basadas en evidencia, mientras que 5% piden cárceles que cumplan su función de readaptación social.

Otro dato relevante medido por la encuesta se relaciona con la justicia digital. 70% de la población dice tener poca o nada de confianza en presentar una demanda a través de Internet; esto debido fundamentalmente a que creen que serán ignoradas.

La principal razón es que no se tiene la seguridad de que se les hará caso; la desconfianza de que llegue la información, la pérdida de información o la manipulación de la misma.

El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue declarado este martes culpable de los cinco cargos que se le fincaban en Estados Unidos, cuatro de ellos por tráfico de drogas, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua.

Tras la deliberación que comenzó el pasado jueves, los 12 miembros del jurado alcanzaron un veredicto unánime, y lo han considerado culpable de los cinco cargos.

García Luna, excolaborador del expresidente Felipe Calderón, ha sido declarado culpable de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad; conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos, y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.

El quinto delito era el de prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.

El juez Brian Cogan , quien se encuentra al frente del caso, anunció que será el próximo 27 de junio a las 11 de la mañana, cuando dicte la sentencia.

Recordemos que García Luna es el funcionario de más alto nivel en ser juzgado en Estados Unidos.

Encabezó la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el sexenio de Vicente Fox, cuyo objetivo principal era luchar contra el crimen organizado; años más tarde fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.

Desde 2012 vivía en Florida, desde donde, según mostró la Fiscalía durante el juicio, viaja habitualmente a México.

El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y estuvo en prisión hasta el arranque del juicio el pasado 17 de enero, cuando comenzó la selección del jurado.

La Fiscalía General de Brasil denunció formalmente este lunes ante la Corte Suprema de Justicia a 39 personas vinculadas con los ataques a las sedes de los tres poderes, ocurridos el pasado 8 de enero, cuando seguidores del expresidente Jair Bolsonaro intentaron derrocar el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Los denunciados, acusados de invadir la sede del Senado, tendrán que responder por seis delitos, entre los cuales están golpe de Estado, asociación criminal y daños al patrimonio, según un comunicado divulgado por el Ministerio Público.

La denuncia, firmada por el vicefiscal general, Carlos Frederico Santos, coordinador del Grupo Estratégico de Combate a los Actos Antidemocráticos, respondió a una petición enviada el viernes por el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.

Además de la condena de los implicados, el alto funcionario pidió la prisión preventiva de los denunciados “para evitar que se cometan nuevos delitos violentos contra el Estado Democrático de Derecho”.

Asimismo solicitó el bloqueo de bienes por un total de 40 millones de reales (unos 7.7 millones de dólares) para reparar el daño “tanto material a la propiedad pública como a la moral colectiva”, y la suspensión del cargo o de las pérdidas de cargos o funciones públicas en los casos correspondientes.

Recordemos que por los hechos hay abiertas 7 investigaciones y más de 1,800 personas han sido detenidas, aunque una tercera parte de ellas fue liberada por “razones humanitarias” y responderá a un eventual proceso judicial en libertad.

Sobre estos hechos, el expresidente Bolsonaro conversó con seguidores en Estados Unidos, a quienes les dijo que cometió “algunos deslices” durante su gobierno, según un video divulgado este lunes.

“En cuatro años, todos los días eran lunes. ¿Hubo agujeros?, sí, es lógico. Cometimos algunos deslices en casa, quién dirá en el gobierno”, dijo Bolsonaro a los seguidores, según se ve en un video publicado por el portal de noticias Metropoles.

El exmandatario de extrema derecha, que fue derrotado en las urnas por el izquierdista Lula da Silva en octubre, abandonó Brasil el 30 de diciembre, dos días antes de terminar su mandato.

Sus simpatizantes, en las afueras de un condominio, le aconsejan en el video no regresar a Brasil, donde es investigado por las autoridades bajo sospecha de autoría intelectual del asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasilia el pasado 8 de enero.

“Lamento lo que aconteció el día 8, algo increíble”, dijo Bolsonaro sin ahondar en mayores detalles.

Sin embargo, el exmandatario, que se mantuvo aislado y prácticamente en silencio las últimas semanas de su presidencia, ya había condenado los “saqueos” y negado cualquier relación con el asalto.

En ese sentido, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, un aliado del exmandatario, dijo este lunes que Bolsonaro “no estimuló” los ataques de sus partidarios contra las instituciones del Estado, como se le ha acusado.

En el marco del Foro Económico Mundial (WEF), a donde asiste, Freitas resaltó que Bolsonaro “condenó inmediatamente” los ataques contra las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Tribunal Supremo.

“Bolsonaro nunca estimuló este tipo de conducta, siempre condenó la violencia, siempre condenó los actos antidemocráticos y la depredación de propiedad pública o privada. De forma alguna se puede atribuir a él”, dijo De Freitas, quien expondrá en Davos sus planes económicos para Sao Paulo.

Y es que la Corte Suprema de Brasil incluyó a Bolsonaro en la lista de investigados por los sucesos violentos, por su presunta participación como autor intelectual de la intentona golpista.

Finalmente, el encargado de la seguridad de Brasilia tras los ataques a las instituciones, Ricardo Cappelli, señaló que las fuerzas del orden tuvieron que lidiar con profesionales “entrenados” entre los bolsonaristas que atacaron.

“Se enfrentaron a hombres profesionales entre los manifestantes. Gente entrenada y preparada. Gente que tenía nociones tácticas de choque, gente que tenía sus propios equipos para devolver granadas y gente que por poco mata a un policía”, dijo Cappelli.

La Organización Trump fue condenada este viernes en Nueva York a pagar una multa de 1.6 millones de dólares por fraude fiscal y financiero, según el fallo del fiscal de Manhattan.

La empresa de Donald Trump fue multada como castigo por un fraude en el que los principales ejecutivos del expresidente evadieron impuestos sobre la renta personal en lujosas bonificaciones laborales, infligiendo un golpe simbólico y apenas grave para una empresa que presume de tener miles de millones de dólares en activos.

Una multa era la única sanción que un juez podía imponer a la Organización Trump luego de haber sido declarada culpable el mes pasado de 17 delitos fiscales, incluida asociación ilícita y falsificación de registros en los libros contables.

La cantidad impuesta por el juez Juan Manuel Merchan fue la máxima permitida por la ley, equivalente al doble de los impuestos que un pequeño grupo de ejecutivos evitó en prestaciones que incluyeron apartamentos de alquiler gratuito en los edificios de Trump, autos de lujo y matrículas en escuelas privadas.

El propio Trump no fue juzgado y negó tener conocimiento de que sus ejecutivos evadieran impuestos ilegalmente.

La Organización Trump fue acusada a través de dos de sus subsidiarias: Trump Corp., que recibió una multa de 810,000 dólares; y Trump Payroll Corp., que fue multada con 800,000 dólares.

Si bien la multa, menos de los que cuesta un apartamento en la Torre Trump, no es lo suficientemente grande como para afectar las operaciones de la compañía o su futuro, la declaratoria de culpabilidad mancha la reputación del republicano como un hombre de negocios inteligente mientras afina detalles de su campaña para regresar a La Casa Blanca.

Ni el expresidente ni sus hijos, que ayudaron a dirigir y promover la Organización Trump, estuvieron en la sala del tribunal para la audiencia de sentencia.

El fiscal Joshua Steinglass dijo que la multa constituye “una fracción de los ingresos” de la Organización Trump y que el fraude fue “de gran alcance y descarado”.

“Todas estas prácticas corruptas eran parte del paquete de compensación ejecutiva de la Organización Trump, y ciertamente era más barato que pagar salarios más altos a esos ejecutivos”, agregó.

El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró este martes en un tribunal federal de Nueva York no culpable de los múltiples delitos que le atribuyen las autoridades de Estados Unidos tras la quiebra de su empresa, que llegó a estar valorada en 32,000 millones de dólares.

El joven empresario se presentó en persona ante el juez, para responder por los ocho cargos que le imputa la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, entre ellos los de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas.

SBF, como es conocido Bankman-Fried, fue extraditado a Nueva York el mes pasado desde las Bahamas, sede de la empresa y donde residía, pero ha permanecido desde el 22 de diciembre en libertad condicional en casa de sus padres en Palo Alto, California, tras pactar una de las fianzas más altas de la historia del país, de 250 millones de dólares.

El presunto estafador, que se enfrenta a un máximo de 115 años de cárcel si es condenado por todos los delitos, tiene programado el comienzo del juicio el próximo 2 de octubre, según ordenó el juez.

La defensa del acusado solicitó a la Justicia que no divulgara los nombres de dos avalistas que cubrieron la fianza, debido al interés mediático que el caso ha despertado, alegando evitar “intrusiones en su privacidad, así como amenazas y acoso”.

Antes de la comparecencia, el fiscal Damian Williams anunció que su oficina ha creado un equipo de trabajo especial que se dedicará a lidiar con “asuntos relacionados con la caída de FTX”, incluyendo la recuperación de los activos estafados a las víctimas, según reportó el diario New York Post.

Recordemos que FTX se declaró en bancarrota el pasado 11 de noviembre tras un rápido colapso después de que muchos usuarios se apresuraran a retirar sus fondos en medio de informaciones que ponían en duda la solvencia de la compañía, y su debacle ha causado estragos en el sector.

Carolyn Ellison, que era la directora ejecutiva de Alameda Research -el brazo inversor de FTX, fundado también por el acusado- y Gary Wang, el cofundador de FTX, previamente se declararon culpables de cargos criminales relacionados con su papel en el fraude que contribuyó a la caída de la compañía.

SBF también afronta acusaciones de fraude por parte de los reguladores de la bolsa y el mercado de derivados en Estados Unidos.

Los homicidios dolosos cayeron un 8.1% anual en los primeros tres trimestres del año, hasta los 23,351 casos desde los 25,406 del mismo periodo de 2021, dijo este jueves la titular de la Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) al intervenir en la conferencia matutina del presidente López Obrador.

Esto implica que de enero a septiembre pasados hubo 86 víctimas diarias de homicidio en promedio frente a la media de 93 de 2021, detalló Rosa Icela Rodríguez.

Tan solo en septiembre se registraron 2,644 homicidios, lo que significa una reducción anual de 4.69% ante los 2,774 del mismo mes del año anterior, aunque implica un aumento mensual de casi 1% frente a los 2,618 asesinatos de agosto pasado.

Sin embargo, Rodríguez Velázquez dijo que el homicidio doloso disminuyó 13.9% en comparación con el máximo histórico de julio de 2018, además de que era el septiembre más bajo desde hace cinco años.

El país registró 33,308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.

Pero la secretaria de Seguridad sostuvo que los homicidios han decrecido un 10.3%, a un total de 112,150, en lo que va de la administración de López Obrador, en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Además, argumentó que “seis estados siguen concentrando el 48.9% de la ocurrencia de homicidios dolosos, estos son Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Chihuahua”.

La titular de la SSPC también reconoció que en septiembre hubo 78 víctimas de feminicidio, un aumento anual de 11.43% frente a las 70 víctimas del mismo mes de 2021, y un incremento de 9.68% ante las 71 víctimas de agosto pasado.

Aún así, Rodríguez defendió que “hay una baja visible en la incidencia delictiva en el país en la mayoría de los delitos”.

En los primeros tres trimestres del año, se reportaron decrementos interanuales en crímenes del fuero federal, como delitos fiscales (22.2%), crímenes fiscales (13.7%) y delitos contra la salud, aquellos relacionados con drogas (15.9%). Y por el contrario, hubo aumentos en delitos relacionados con armas de fuego y explosivos (5.7%) y delitos patrimoniales (10.1%).

En los delitos del fuero común, para el mismo periodo, se registraron disminuciones interanuales en robo en transporte público (5.3%), robo en transporte individual (3.8%), robo a negocio (2%) y robo a casa habitación (0.7%).

La secretaria se detuvo a presentar la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que muestra que “en el primer trimestre de 2018 se tenía una percepción de la inseguridad de 76.8% de la población que se sentía insegura, y durante esta administración esta percepción se redujo a 64.4%”.

“¿Esto qué significa? 12.4 puntos porcentuales menos, y hay que decir también que es la cifra más baja desde que se registra esta percepción de inseguridad. Ha habido una disminución importante sobre este tema y son cifras del INEGI”, resaltó.

Solo tres de cada 100 homicidios dolosos se resuelven en México, según un informe presentado por México Evalúa.

El reporte advierte este año además una “clara ausencia” de perspectiva de Estado para formar o fortalecer instituciones, renuencia para invertir en la justicia penal y consolidarla, así como abandono de los esfuerzos para cerrar los espacios de impunidad y ampliar el acceso a la justicia.

En el informe “Hallazgos 2021” se da seguimiento y se evalúa el sistema de justicia penal del país, seis años después de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al sistema de justicia penal (SJP).

Por primera vez, el reporte incluyó un cálculo de impunidad estatal en delitos específicos, lo que reveló que la desaparición forzada (98.9%), la extorsión (98.2%), la violencia familiar (97.1%) y el homicidio doloso (96.9%) son los de mayor incidencia en el país.

Además, el análisis de México Evalúa señaló la insuficiencia de presupuesto para las instituciones así como las asimetrías evidenciadas por la distribución y la sobrecarga de trabajo de los operadores, lo que determina, “en gran medida”, que el 91.8 % de los delitos investigados en el país queden impunes.

“El presupuesto no garantiza el éxito de una institución, pero sí lo condiciona. Sin recursos suficientes, ninguna institución de justicia podrá mejorar su capacidad de respuesta para la ciudadanía, la impunidad seguirá escalando y tendremos un Estado de derecho aún más débil”, indicó Edna Jaime, directora general de México Evalúa.

El informe detalla que en 2021 el presupuesto a nivel estatal aumentó solo 0.07% respecto a 2020. De ese presupuesto, el 50% se destinó a seguridad pública, 26% a las fiscalías, 22% a los poderes judiciales, 2% a las defensorías y apenas 0.43% a las comisiones de atención a víctimas.

En 2021, cada ministerio público llevó, en promedio, 169 carpetas de investigación a nivel nacional, cada perito atendió 356 solicitudes, cada defensor público representó a 271 personas y cada asesor de víctimas a 175.

Por otro lado, “Hallazgos” llama la atención sobre la fallida transición de la Fiscalía General de la República (FGR), la apuesta por un enfoque punitivo mediante un mayor uso de la prisión oficiosa y la militarización de la seguridad pública.

Señala que actualmente 94,000 elementos de las Fuerzas Armadas son parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y solo 29% del personal de la Guardia Nacional cuenta con certificación de capacidades y aptitudes para realizar funciones públicas.

El número de homicidios dolosos cayó un 7.02% anual en agosto pasado hasta los 2,624 asesinatos desde una cifra de 2,822 en el mismo mes de 2021, según informó este martes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los datos referentes a agosto dados a conocer esta mañana implican una reducción mensual de 2.13% frente a julio, cuando hubo 2,681 homicidios.

Con estas cifras, hubo un total de 20,722 víctimas de homicidio en los primeros ocho meses de 2022, un promedio de 85 diarias, lo que significa una disminución de 8.4% frente al periodo de enero a agosto de 2021, cuando se registraron 22,631, un promedio diario de 93.

En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador han ocurrido 112,150 homicidios dolosos, lo que muestran una reducción de 10.6% frente al mismo periodo de Enrique Peña Nieto, destacó Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC.

“El homicidio doloso disminuye 14.6% (frente al máximo histórico de julio de 2018). Es el agosto más bajo desde hace cinco años en materia de este delito”, destacó la secretaria.

Rodríguez expuso que seis estados concentran 48.7% de los homicidios, con un total de 10,108 víctimas: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua, en los primeros ocho meses del año.

Destacó que en los 50 municipios prioritarios hubo una disminución interanual de 14% en este delito entre enero y agosto.

La funcionaria también detalló que el feminicidio se redujo 33.6% en agosto frente al inicio del sexenio de López Obrador, lo que implica 67 asesinatos de mujeres por violencia de género.

Esto representa una reducción de 40.18% ante los 112 feminicidios de agosto de 2021. Sin embargo, el dato dado a conocer implica un crecimiento de 17.54% respecto a los 57 feminicidios de julio pasado.

En delitos del fuero federal, Rodríguez Velázquez expuso que en lo que va del año ha habido caídas anuales de 17.7% en delitos contra la salud, es decir, los relacionados con drogas; de 22.8% en delitos fiscales y de 15.1% en delitos financieros.

En contraste, ha habido aumentos de 4.9% en delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, y de 9.3% en delitos patrimoniales.

El delitos del fuero común, se destacó la reducción interanual de 5.8% en robo en transporte público; de 4.8% en robo de vehículo; de 1.3% en robo a casa habitación y de 1.6% en robo a negocio.

La secretaría de Seguridad resaltó que en agosto hubo 49 víctimas de secuestro frente al mínimo histórico de 36 en julio pasado y las 82 en agosto de 2021. Este delito presenta una caída de 73.5% en relación con enero de 2019. Resaltaron que es el agosto más bajo desde que se tiene registro.

La funcionaria añadió que hay 4 mil 557 detenidos, 518 bandas desarticuladas y dos mil 57 víctimas liberadas en relación al secuestro.

“Hoy vivimos mejores condiciones de paz y queda de manifiesto que la estrategia nacional de seguridad funciona; cada gobierno y cada dependencia hace su trabajo con retos, pero también con avances evidentes. Es un logro colectivo con beneficio de la población. El corazón de la estrategia nacional de seguridad es la atención a las causas que generan la violencia”, expresó Rosa Icela Rodríguez.

Finalmente, se informó que el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, de los llamados autos chocolate, arroja resultados positivos con 557 mil 697 vehículos legalizados del 19 de marzo al 19 de septiembre.

Señaló que el ingreso por este trámite alcanza mil 394 millones 242 mil 500 pesos, recursos que servirán para la reparación de carreteras en los estados participantes.

Al menos 22.1 millones de mexicanos (mayores de 18 años) fueron víctimas de un delito en 2021, un incremento de casi 1 millón de personas frente al año anterior, reveló este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Además, el costo total de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 278,900 millones de pesos, lo que equivale al 1.55% del PIB, y a 7,147 pesos por persona afectada.

La tasa de prevalencia delictiva fue de 24,207 víctimas por cada 100,000 habitantes, superior al índice de 23,520 de un año antes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) a cargo del INEGI.

En total, hubo 28.1 millones de delitos, lo que implica una tasa de 1.3 crímenes por cada víctima, precisó el reporte.

El estudio reporta que en el 29% de los hogares de México, es decir 10.8 millones, hubo al menos una víctima de algún delito.

La incidencia delictiva fue mayor en números absolutos en mujeres, con 11.5 millones de ellas como víctimas de un crimen, aunque a nivel proporcional la incidencia fue mayor en hombres, con una tasa de 25,253 por cada 100,000, lo que equivale a 10,7 millones de víctimas.

Sobre la percepción de inseguridad que mide el INEGI, tres cuartas partes de la población, el 75.9%, reportaron sentirse inseguros en el estado en el que residen. La proporción de mujeres que expresaron sentirse inseguras (79.4%) fue mayor a la de hombres (71.8%).

El INEGI calcula que, del total de delitos, 93.2% no tuvo una denuncia o la autoridad no inició una carpeta de investigación, la llamada cifra negra.

El delito más común fue el robo o asalto en calle o transporte público (21.4%), seguido del fraude (19.2%), extorsión (17.5%), robo de vehículo (10.8%), amenazas verbales (9.2%), robo en casa habitación (6%), otros robos (4.5%), lesiones (3.6%), y el resto fueron otros delitos como secuestro o crímenes sexuales (7.9%).

Los estados con más delitos por cada 100,000 habitantes fueron el Estado de México (45,501), Ciudad de México (45,336) y Puebla (36,234), todos en el centro del país. Mientras que las menores tasas se registraron en Chiapas (16,386), Durango (17,387) y Michoacán (18,102).

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó esta tarde que se encuentra integrando carpetas de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En un boletín emitido esta tarde, la Fiscalía señaló que hay un caso que incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL, que ha sido blanco de denuncias por parte del presidente López Obrador, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales.

Además, la Fiscalía, que encabeza Alejandro Gertz Manero, señaló que a partir de denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales vinculadas al también exgobernador del Estado de México.

En ese punto, la FGR precisó que esta carpeta requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, lo que ayudará a judicializar el caso.

Finalmente, precisó que existe otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.

Recordemos que fue en junio pasado, ante los cuestionamientos de la prensa en sus conferencias matutinas, el presidente López Obrador pidió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informar sobre la investigación en contra del exmandatario.

Gómez Álvarez confirmó que la UIF presentó ante la Fiscalía una denuncia por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, refiriendo que la investigación se  desde aperturó desde octubre de 2021.

La UIF detectó que dos empresas dirigidas por la familia de Peña Nieto recibieron alrededor de 500 millones de dólares en contratos del gobierno mientras él era presidente; y aunque no mencionó el nombre de dichas empresas, se indicó que eran una especie de distribuidoras, de las que el expresidente era accionista.

Gómez agregó que Peña Nieto había recibido transferencias de dinero de un familiar, aparentemente vinculado a las dos compañías, por alrededor de 26 millones de pesos después de dejar el cargo.

“Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos”, sostuvo Gómez al intervenir en la conferencia de Palacio Nacional.

Detalló que en agosto de 2019, EPN recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718 mil pesos, todas estas por movimientos de transferencias bancarias, de parte de un familiar del exmandatario desde una cuenta en México a otra en España.

Gómez añadió que el mismo familiar aplicó las operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por un valor de 29 millones de pesos. Dicha persona registró retiros de las cuentas por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en defender la actuación del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien dijo, no ha cometido delitos “graves” como para solicitar su remoción.

López Obrador fue cuestionado sobre cuáles son las razones para seguir respaldando a un funcionario que ha sido señalado de diversos delitos y omisiones. Se le preguntó si el Fiscal está por encima de la ley, e incluso por encima del jefe del Ejecutivo.

“No, no, no, todo mundo, todos los servidores públicos tenemos que actuar con apego a la Constitución y a las leyes. Y si se cometen delitos graves, los servidores públicos podemos ser enjuiciados (…) cualquier persona puede ser juzgada, cualquier servidor público, y tiene que probarse nada más que se trata de delitos que se han cometido. En el caso de la fiscalía, para la remoción del fiscal, lo puede solicitar el presidente si considera que el fiscal ha cometido delitos graves”, respondió AMLO.

Y aunque reconoció que es el Presidente quien puede solicitar la remoción del titular de la FGR, dijo que él considera, “y ese es mi criterio, que el fiscal no ha cometido delitos graves.

“Hasta lo que yo tengo conocimiento y no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, el fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal, así de claro”, justificó.

Explicó que él como presidente y responsable de la gobernabilidad del país, busca que se mantenga la paz y la tranquilidad en México.

Dijo que aunque no le guste a sus adversarios, a los conservadores, México tiene paz y tranquilidad, que reconoció no es plena, pero que trabaja todos los días con ese propósito.

“Pero no es que vivamos en la anarquía, en el desorden. ¿Cuántas manifestaciones en contra del gobierno ha habido? ¿Cuántas veces han llenado el Zócalo para protestar en contra del gobierno? (…) ¿qué pasó con Frenaa? ¿Por qué no convoca Claudio X González al Zócalo?”, dijo el mandatario.

El tema le sirvió a AMLO para asegurar que, a diferencia del ambiente que pretenden hacer creer sus adversarios, la gente tiene confianza en el gobierno. “Hay esperanza”.

Afirmó que su administración seguirá adelante, siendo muy respetuosos de todas las instancias y tomando decisiones cuando sean necesarias.

Remató asegurando que la Fiscalía sí trabaja, aunque cuestionó el diseño de autonomía con que se dotó a la FGR, pues dijo, es el equivalente a todos los órganos autónomos que fueron creando para dejar sin poder, o rodear por completo al presidente.