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La Corte Internacional de Justicia (CIJ), la más alta instancia judicial de Naciones Unidas, desestimó este jueves la solicitud presentada por México de medidas provisorias urgentes contra Ecuador por la invasión de su embajada en Quito, en abril pasado.

“La Corte considera en forma unánime que las circunstancias, tal como se presentan ahora ante la Corte, no son tales que requieran el ejercicio de su facultad (…) de indicar medidas” provisorias, leyó el presidente del tribunal, el juez Nawaf Salam.

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La CIJ había anunciado a finales de la semana pasada, que sería este jueves cuando se pronunciará sobre el reclamo planteado por México.

El pasado 5 de abril, fuerzas ecuatorianas fuertemente armadas irrumpieron en la representación diplomática de México y detuvieron al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, que estaba asilado.

La operación provocó la ruptura de relaciones entre los dos países y un pedido urgente presentado por México ante la corte con sede en La Haya para que se exija a Ecuador la protección de los archivos de la embajada.

México también solicitó a la CIJ que ordenara a Ecuador permitir el desalojo de la embajada y de las residencias privadas del personal diplomático.

Igualmente, pidió que Ecuador se abstenga de cualquier acto que pueda afectar la implementación de las órdenes de la CIJ y de toda “conducta que agrave y amplíe la disputa” entre los dos países.

Estos pedidos fueron formalizados por México el 11 de abril. Por tratarse de demandas de medidas provisorias, la CIJ les dedicó al tema una atención preferencial y urgente. Los dos países presentaron sus alegatos orales ante la CIJ el 30 de abril y el 1 de mayo.

Ahora, con la negativa a las medidas provisorias, los jueces de la CIJ analizarán el fondo de la cuestión, en que México acusa a Ecuador de “violar la legislación internacional”.

México demandó a la CIJ la suspensión de Ecuador de la ONU hasta que presente disculpas por lo ocurrido.

En su presentación, la delegación de México sostuvo ante el tribunal de la ONU que la invasión armada a su embajada “debe tener consecuencias”.

“Hay líneas en el derecho internacional que no deben cruzarse. Lamentablemente, la República del Ecuador las ha cruzado”, dijo Alejandro Celorio, representante de su país en este caso.

El agente de la delegación ecuatoriana, el diplomático Andrés Terán Parral, alegó que el asalto a la embajada de México ocurrió “en circunstancias muy excepcionales”.

El detonante de la crisis se gestó a fines de 2023, cuando Glas, vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa, fue acusado de malversación de fondos y condenado en un proceso en separado. El político se refugió entonces en la embajada de México, alegando persecución política.

Luego de un dramático agravamiento de las tensiones, México otorgó a Glas la condición de asilado. Pocas horas más tarde, la embajada fue invadida.

Imágenes ampliamente divulgadas mostraron a agentes ecuatorianos retirando a rastras a Glas de la legación diplomática.

Ecuador alegó que la concesión del asilo a Glas fue ilegítima, ya que se trataba de un condenado en busca de escapar de la justicia común.

Ecuador presentó, también ante la CIJ, una demanda contra México por alegado “abuso” de las prerrogativas diplomáticas para proteger a Glas. México respondió que cabe al país receptor analizar si hay elementos para considerar que una persona es objeto de persecución.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una denuncia en contra de diversos servidores públicos de la paraestatal, y de tres particulares, entre ellos María Amparo Casar.

La denuncia es por el presunto ilícito en el otorgamiento de una pensión a particulares por el fallecimiento de Carlos Márquez, esposo de la analista política y padre de sus hijos Carlos y Fernanda, ocurrido en octubre de 2004.

“Por las autorizaciones de contenido económico que concedieron los servidores públicos para ese efecto”, se lee en la denuncia.

Mediante un comunicado, la FGR señaló que la denuncia se presentó el pasado 5 de abril de 2024, mientras que el 12 de abril de 2024, “se citó a la denunciante para que precisara circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos referidos, lo que ocurrió el 15 de abril, abriéndose carpeta de investigación”.

Además, la Fiscalía indicó que de conformidad con la normatividad, se procedió a formular el plan de investigación, solicitando información que es indispensable en el caso, la cual se está recabando.

Recordemos que a inicios de la semana pasada, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, hicieron públicos los señalamientos, por presunta corrupción, en contra de Casar, directora de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Señalaron que recibió de manera indebida la pensión de su esposo, Carlos Márquez, extrabajador de la empresa, luego de su fallecimiento.

Romero Oropeza expuso que la muerte de Márquez no fue un homicidio ni falleció por accidente, sino que Márquez, entonces empleado de Pemex, se quitó la vida.

De acuerdo con el funcionario, se alteró la causa de la muerte de Márquez y al omitir que fue un suicidio se tuvo acceso al pago de una pensión de 125,000 pesos mensuales, además del pago de un seguro que ha dado un ingreso a la familia Casar por 48 millones de pesos.

Ayer, el presidente López Obrador señaló que Casar presentó una solicitud de amparo, y lamentó que en 24 horas el juez se lo otorgó y puso un ultimátum a Pemex.

“El abogado de la señora sostiene entre sus argumentos que, si le quitan la pensión, los 125,000 pesos, se queda sin recursos, se afecta su subsistencia”, acusó el presidente.

MCCI ha sido un duro criticó de distintos gobiernos, y en los últimos años, de la gestión de López Obrador.

En enero de 2022 reveló que José Ramón López Beltrán y su pareja, Carolyn Adams, ocuparon en 2019 y 2020 una residencia en Houston, Texas, que pertenecía a Keith L. Schilling, ejecutivo de Baker Hughes, que ese año obtuvo un contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex), un escándalo llamado ‘La casa gris’.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó eliminar de sus plataformas las partes del segundo debate presidencial donde Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, llamó “narcocandidata” a Claudia Sheinbaum.

La comisión ordenó a la Secretaría Ejecutiva del INE suprimir las expresiones motivo de la denuncia alojadas en YouTube y en la página Central Electoral, del INE, así como de las versiones en lenguas náhuatl, maya, tsotsil y de Señas Mexicana.

Y es que Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, denunció ante el INE a Gálvez “por calumnia, derivado de las expresiones emitidas por la denunciada durante el segundo debate presidencial”.

“La Comisión concluyó que es procedente la adopción de medidas cautelares, toda vez que, de un análisis preliminar al material, la frase ‘narcocandidata’, en principio, podría constituir la imputación de un hecho o delito falso con impacto en el actual proceso electoral y es susceptible de constituir calumnia en contra de la quejosa”, expuso la autoridad electoral.

El proyecto indicó que “existen elementos suficientes para considerar que las expresiones denunciadas son ilícitas concretamente al afirmar que Claudia Sheinbaum es narcocandidata, sin que se advierta de elementos mínimos de veracidad o base para realizar dicha aseveración”.

Recordemos que el pasado 28 de abril, en el segundo debate presidencial, Gálvez elevó sus ataques sobre Sheinbaum, quien lidera las encuestas, y la acusó de “mentirosa” y “narcocandidata”. Además, Gálvez afirmó que Morena “se ha convertido en un narcopartido”.

“El principal problema económico de los mexicanos es la extorsión y el cobro de piso. Los delincuentes ya tienen partido. Morena se ha convertido en un narcopartido”, dijo entonces la candidata de la coalición opositora.

Sheinbaum se defendió durante el encuentro al recordar que Gálvez representa a una coalición de partidos que gobernaron en el pasado bajo acusaciones de corrupción.

“El único narcogobierno que ha existido declarado es el de Felipe Calderón del PAN. A partir del 1 de diciembre de 2018 cambió el modelo económico en nuestro país. El viejo modelo, el neoliberalismo, que representa la candidata del PRIAN, significó privatizaciones con corrupción”, respondió la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La decisión de la Comisión del INE llega a unos días del tercer y último debate presidencial, que se realizará este domingo desde el centro cultural Tlatelolco, en punto de las 20 hr.

La candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, acusó este lunes al presidente Andrés Manuel López Obrador, (AMLO) de afectar su campaña y de no generar condiciones de “piso parejo” en la contienda electoral del próximo 2 de junio.

“El presidente ha afectado enormemente mi candidatura con dichos que fueron falsos, diciendo que se querían quitar los programas sociales cuando él sabe que eso es falso, aduciendo problemas de corrupción de mi persona que nunca han existido”, sostuvo la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Después de reunirse con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la aspirante presidencial afirmó que López Obrador ha violado la ley electoral en el país para incidir en favor de la candidata de su partido, Claudia Sheinbaum.

“El presidente incide (en la elección presidencial), se mete en la candidatura, en la elección a favor de su candidata abiertamente. Y bueno, nosotros lo que hemos dicho a los magistrados, ‘esto no es piso parejo, no hay piso parejo'”, mencionó.

A tres semanas de la elección, Sheinbaum mantiene el liderazgo en las encuestas en la carrera presidencial y en promedio tiene una ventaja de 20 puntos por encima de Gálvez.

La candidata presidencial impulsada por el PAN, PRI y PRD explicó que presentó, en una reunión “interesante” con los magistrados electorales, un juicio por incumplimiento del Instituto Nacional Electoral (INE) en materia de violencia en el país, tras hechos ocurridos en Michoacán y Tamaulipas.

“Se dijo claramente que el INE tenía que tomar una serie de medidas que no se han tomado. Ya le hemos entregado nuestro mapa de riesgo donde sabemos que hay posibilidades de tener situaciones violentas”, detalló.

Además, relató que puso sobre la mesa las 51 medidas cautelares que ha solicitado en contra del presidente para que se abstenga de intervenir en las elecciones de 2 de junio próximo, de las cuales, dijo, 17 están en firme.

“El presidente sigue reincidiendo, se decidió no cancelar las ‘mañaneras’, pero el presidente sigue interviniendo el proceso electoral. Ellos argumentan que emiten las medidas cautelares y obviamente todo esto es parte de la calificación final que se tendrá (al término de la elección)”, concluyó.

La candidata de la coalición PRI, PAN y PRD a la alcaldía Cuauhtémoc denunció un atentado armado en su contra, en medio de una ola de violencia contra políticos locales, todo esto enmarcado en el periodo electoral actual.

Alessandra Rojo de la Vega, aspirante de la alianza opositora, dijo que durante la noche del sábado su vehículo recibió disparos de arma de fuego aunque ella resultó ilesa.

“Informo que hace unos momentos mi camioneta en la que iba a bordo acaba de recibir varios disparos. Denunciaremos este atentado, me quieren callar”, dijo en la red social X junto con imágenes del vehículo con orificios de bala.

Cuauhtémoc es una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y además de su importancia en materia económica, es sede de Palacio Nacional en donde vive el presidente Andrés Manuel López Obrador; la plancha del Zócalo, entre otras puntos importantes.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ-CDMX) anunció este domingo una investigación por el atentado a Rojo de la Vega.

Se “integra una carpeta de investigación por la posible comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, con arma de fuego, en agravio de una persona candidata”, informó la Fiscalía en un comunicado.

El vehículo en el que iba Rojo de la Vega recibió balazos durante la noche del sábado tras un mitin en la colonia Peralvillo, según denunció en sus redes sociales la candidata.

La Fiscalía detalló que la aspirante presentó una denuncia en la Fiscalía de Investigación Estratégica del delito de Homicidio de la Coordinación General de Investigación Estratégica.

“Por lo anterior, el representante social dio intervención a agentes de la Policía de Investigación (PDI), así como a expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales”, expuso.

Los hechos ocurren en medio de la creciente violencia política a tres semanas de las elecciones del 2 de junio, donde el Gobierno reconoce el asesinato de 15 aspirantes, aunque conteos de organizaciones independientes son mayores, como la consultora DataInt, que contabiliza 33.

La candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, de la misma coalición de Rojo de la Vega, exigió “a las autoridades que investiguen y castiguen con todo el peso de la ley a quienes resulten responsables”.

“Ya basta que por alzar la voz y pensar diferente quieran arrebatarte la vida”, publicó en X.

Ayer, durante el tercer y último debate chilango, el candidato de la coalición opositora, Santiago Taboada, abrió su participación solidarizándose con su compañera candidata, exigiendo a las autoridades correspondientes esclarecer lo sucedido.

El obispo emérito de Guerrero, Salvador Rangel Mendoza, confirmó que no presentará ninguna denuncia penal por su desaparición y revictimización, e incluso dijo que perdonaba a las personas que lo raptaron en un caso aún no aclarado.

El prelado reapareció públicamente este miércoles mediante un comunicado, luego de su desaparición el pasado 27 de abril, de acuerdo con lo informado por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que informó de su localización el lunes 29.

En el texto difundido, el obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, expresó que después de haberlo meditado, y por lo desfavorable de su vida, edad y salud “con todo mi corazón perdono a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como a aquellos que me han revictimizado producto de la desinformación”.

Dijo que no presentará denuncia contra quienes le han hecho tanto mal y pidió a los medios de comunicación que comprendan y respeten esa decisión “encaminada al bien de mi seguridad e integridad física y moral”.

El comunicado llega cuando la desaparición y localización del obispo se ha visto envuelta en polémica por las versiones contradictorias.

De acuerdo con lo informado por la CEM, Salvador Rangel habría salido de su casa el 27 de abril, y su desaparición fue reportada el lunes 29; horas más tarde se reportó su localización en un hospital público de Cuernavaca, Morelos, en donde reside.

Inicialmente la Fiscalía de Morelos, en voz de su propio titular, informó que se trataba de un posible secuestro exprés; sin embargo, más tarde autoridades del Gobierno del Estado informaron que habría ingresado a un motel en compañía de un hombre, en donde fue localizado inconsciente.

En el archivo médico filtrado a medios de comunicación se informó que en los análisis clínicos presuntamente se detectó cocaína y benzodiacepinas, lo que provocó especulaciones sobre lo ocurrido.

Ante las versiones encontradas que salieron a la luz, la Conferencia del Episcopado pidió no especular y esperar a que Rangel Mendoza se recuperara y pudiera aclarar lo sucedido; algo que no ocurrió en el que fue su primer mensaje público.

Incluso la propia CEM ha considerado que el caso tiene características de persecución política contra el obispo, de parte del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El senador de Morena, Félix Salgado pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga la investigación para que se aclare e informe lo que ocurrió. “Desde Chilpancingo exijo que se aclare y se castigue a quien le haya hecho daño a nuestro querido obispo”, expresó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó este lunes como un “despropósito” y una “desfachatez” la denuncia interpuesta en Ecuador contra el diplomático Roberto Canseco por presunta obstrucción de la justicia al intentar evitar el asalto a la embajada de México en Quito el 5 de abril.

“No pues es un despropósito (la denuncia), es un acto de prepotencia supina, una desfachatez”, aseveró el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Se refirió así a la denuncia interpuesta en Ecuador contra Canseco, la cual fue recibida por la Fiscalía General de Ecuador el pasado 25 de abril, en la que se le acusa al diplomático de obstrucción de la Justicia. Que es independiente de la denuncia que el país interpuso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Las autoridades ecuatorianas señalan a Canseco por intentar evitar el asalto a la Embajada de México en Quito y la posterior detención de Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Corral, al que el Gobierno de López Obrador había otorgado asilo.

“¿Cómo un servidor público, un diplomático de nuestro país, que actúa con dignidad, que es un orgullo para la política exterior de nuestro país en defensa del derecho de asilo, cómo va a ser denunciado por los invasores, por los que violan el derecho internacional, el derecho de asilo, nuestra soberanía?”, cuestionó López Obrador.

Asimismo, expresó “todo nuestro apoyo” para el diplomático y para toda la misión de México en Ecuador, al tiempo que pidió a los senadores darles una distinción como la medalla Belisario Domínguez, uno de los máximos reconocimientos para un ciudadano.

“Nosotros los vamos a reconocer, a toda la misión, y de manera especial a este servidor público, Roberto Canseco, de veras es un ejemplo a seguir, no sólo en el servicio exterior mexicano, sino en todo lo que tiene que ver con todos los servidores públicos de nuestro país”, dijo.

La crítica de López Obrador se dio apenas unos minutos antes de que el Gobierno de Ecuador confirmara la contrademanda a México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya al considerar que el Estado contravino el convenio que regula el asilo diplomático cuando otorgó este beneficio a Jorge Glas.

La polémica entre ambos empezó tras el allanamiento de la Policía en la Embajada de México el 5 de abril para llevarse al ex vicepresidente Glas, resguardado ahí desde diciembre ante un proceso de corrupción.

Y ha crecido porque un tribunal de Ecuador declaró el 12 de abril la detención de Glas dentro de la sede diplomática como ilegal y arbitraria, aunque quedó encarcelado al tener pendiente de purgar la condena por el caso Sobornos y por asociación ilícita en el caso Odebrecht.

El pasado 15 de abril, Glas envió una carta a López Obrador en la que pide ayuda y asegura “está en la peor prisión de Ecuador” y que se encuentra en “huelga de hambre”.

Ecuador anunció este lunes que presentó una demanda en contra de México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la concesión, presuntamente ilegal, del asilo político al exvicepresidente Jorge Glas, quien posteriormente fue arrestado tras una irrupción en la embajada de ese país en Quito.

La cancillería ecuatoriana indicó en un comunicado que según la denuncia México ha incumplido “sus obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentren procesadas o en juicio por delitos comunes o hayan sido condenadas por tribunales ordinarios competentes”.

Y es que poco después de la concesión del asilo un grupo de policías y militares ecuatorianos irrumpieron en las instalaciones de la embajada de México en la capital ecuatoriana y detuvieron a Glas.

Glas ocupó la vicepresidencia entre 2013 y 2017 tras lo cual fue procesado por la justicia de su país y recibió dos sentencias por corrupción: una de seis años de prisión por el caso Odebrecht y otra de ocho años por recibir sobornos a cambio de autorizar obras públicas.

A inicios de este año la justicia lo requirió nuevamente en un caso de presunta malversación de fondos destinados a la reconstrucción de dos provincias afectadas por un potente terremoto en 2016.

El ingreso a la embajada de México de elementos de un cuerpo de élite de la Policía Nacional de Ecuador la noche del 5 de abril para detener a Glas desató una crisis política entre ambos países que escaló hasta la ruptura de relaciones diplomáticas y una denuncia de México contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La inédita acción fue rechazada por casi toda la comunidad internacional, pero Ecuador argumentó que México no podía proteger a personas acusadas de delitos comunes por lo cual calificó al asilo de “ilícito”.

Tras ello México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador y denunció al país andino ante la Corte Penal Internacional.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha dicho a medios que no se arrepiente de haber ordenado el allanamiento a la embajada mexicana porque considera que algunos gobiernos utilizan el refugio político para “lograr impunidad”.

Las tensiones entre los dos países comenzaron días antes del allanamiento a la sede diplomática por unas declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las últimas elecciones de Ecuador.

En su comunicado de hoy, la cancillería ecuatoriana sostuvo que esas declaraciones violaron “el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados conforme la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y otros instrumentos”.

La denuncia de Ecuador en contra de México llega un día antes de que la CIJ comience con sus audiencias en las que escuchará planteamientos iniciales de ambos equipos en la denuncia que México presentó.

Un grupo de abogados presentaron este domingo ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal en contra del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y otras autoridades de aquel país por la violenta irrupción a la embajada de México en Quito el pasado 5 de abril.

En una conferencia de prensa, los penalistas dijeron que Noboa “debe ser investigado y sancionado” por ordenar el allanamiento a la sede diplomática, por la violencia ejercida en contra de los funcionarios de la embajada y por la privación de la libertad y secuestro del exvicepresidente Jorge Glas, quien buscaba ahí asilo desde diciembre.

Además, por las lesiones y detenciones ilegales contra funcionarios mexicanos, y el espionaje y hostigamiento en contra de la sede diplomática y por los daños que se hayan causado.

Raúl Armando Jiménez Vázquez, catedrático de Derecho Penal Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que la Fiscalía es competente para investigar los hechos presuntamente ilícitos.

Esto, debido a que el Código Penal Federal establece que se consideran como ejecutados en territorio nacional, los delitos cometidos por mexicanos o extranjeros en las embajadas y delegaciones de México.

Añadió que la FGR está “dotada” para investigar, perseguir, procesar y sancionar a los presuntos responsables de los crímenes tipificados en el Código Federal y en los instrumentos aplicables del Derecho Internacional Convencional, “bien sea que se comentan en su territorio o contra sus nacionales”.

Explicó que en el caso de las conductas de la ministra de Gobierno de Ecuador, Mónica Palencia, quien es mexicana por nacimiento se puede materializar el delito de traición a la patria, además de otros ilícitos relacionados con la intervención ilegal de los teléfonos y comunicaciones de la Embajada de México, y hostigamiento.

Los denunciantes señalaron la existencia de otros posibles delitos como motín, terrorismo internacional, asociación delictuosa, allanamiento de morada y asalto, lesiones, privación ilegal de la libertad y daño en propiedad ajena.

Los litigantes expresaron su confianza en que los supuestos delitos cometidos por Noboa y otras autoridades sean sancionados por el sistema judicial mexicano.

La denuncia se presentó previo a que la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), empiece a escuchar los argumentos de México y Ecuador respecto a lo sucedido.

La polémica entre ambos empezó tras el allanamiento de la Policía en la Embajada de México el 5 de abril para llevarse al exvicepresidente Glas, resguardado ahí desde diciembre ante un proceso de corrupción.

Y ha crecido porque un tribunal de Ecuador declaró el 12 de abril la detención de Glas dentro de la sede diplomática como ilegal y arbitraria, aunque quedó encarcelado al tener pendiente de purgar la condena por el caso Sobornos y por asociación ilícita en el caso Odebrecht.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que será esa institución la que resuelva la situación del expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, señalado en una denuncia anónima junto otros funcionarios por posible corrupción y enriquecimiento ilícito.

Mediante un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) apuntó que el pasado 9 de abril, la ministra presidenta de la SCJN y del CJF, Norma Piña, admitió a trámite un escrito anónimo mediante el cual se denunció a Zaldívar y a diversos funcionarios “por la supuesta comisión de conductas que pudieran constituir en faltas administrativas”.

En ese acuerdo, se consideró que el CJF “no tiene competencia para investigar ni sancionar los hechos imputados a un exministro”, por lo que la Unidad de Responsabilidades Administrativas del CJF notificó por oficio a la Suprema Corte.

Como parte del proceso, el pasado 10 de abril, la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN incorporó la denuncia en cuestión a otras que se han presentado en casos distintos y se apuntó que será el Pleno de la Suprema Corte el que resolverá lo conducente.

Además, informó que, por acuerdo de la presidenta del CJF, “se ha iniciado una investigación de oficio ante la filtración de un archivo” que contenía la propuesta de Acuerdo firmado de manera electrónica por el Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, esto, en términos de la normatividad correspondiente.

Esta ha sido una de las principales críticas que ha hecho el exministro, quien ha acusado una revancha política en su contra.

El martes pasado, líderes de Morena anunciaron que buscará un juicio político contra Piña, por abrir una investigación contra el extitular de la Corte, quien recordemos ahora está de lleno en la campaña de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

Morena también indicó que presentará denuncias contra Piña ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de delitos electorales, administrativos y la filtración de información confidencial, entre otros.

En conferencia de prensa el propio Zaldívar denunció en la Cámara de Diputados la enemistad de Piña y su interferencia desde que él se sumó a la campaña presidencial de Sheinbaum.

La semana pasada se viralizó una investigación por presunta corrupción de Zaldívar durante su gestión como presidente de la SCJN entre 2019 y 2022, sobre lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también se ha manifestado; tachó el asunto de una “venganza”.

Tras estos hechos, el exministro advirtió que prepara ocho denuncias y quejas ante diversos organismos como el Poder Judicial, la FGR, el Instituto Nacional Electoral (INE), y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Asimismo, pedirá un juicio político contra Piña en el Congreso, donde la mayoría es del oficialista de Morena con los Partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM).

Agregó que también promoverá ante el Supremo y el Consejo de la Judicatura Federal una denuncia contra Piña por coaccionar y amenazar procesos institucionales como la elección del magistrado presidente del Tribunal Electoral, por reunirse con partidos políticos, filtrar información y no excusarse de un asunto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó este martes que “no es una frivolidad” el asalto a la Embajada de México en Quito después de que el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, declaró que le invitaría a comer tacos o ceviche para arreglar la crisis.

“No hay ningún comentario porque no es una frivolidad este asunto”, contestó López Obrador al ser consultado sobre el tema durante su conferencia matutina.

Ayer se dio a conocer una entrevista del presidente de Ecuador, quien manifestó que no se arrepiente de ordenar el allanamiento de la Embajada de México el pasado 5 de abril, y dijo que, para resolver el conflicto, “invitará a López Obrador a comer ceviche” o “probablemente tacos”.

López Obrador no hizo mayor referencia a Noboa, quien argumentó en su entrevista con el canal australiano SBS que México violó primero las convenciones internacionales, por proteger desde diciembre en la Embajada al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, procesado por corrupción.

El presidente insistió en que fue “un asunto muy grave lo de la invasión, la toma, el allanamiento de la Embajada de México en Ecuador”.

Pese a la falta de arrepentimiento de Noboa, el mandatario recordó que el primer punto de la denuncia es marcar un precedente con la expulsión de Ecuador de la ONU para que ningún país vuelva a violar la inmunidad diplomática de una embajada.

Recordemos que México busca que la CIJ “resuelva sobre esto y que esa resolución pase a la Asamblea General de Naciones Unidas, se vote, se ponga a consideración de todos los países miembros y, si se aprueba, que se aplique”.

Y es que dijo que si no se actúa así, la ONU va a quedar como un “florero, nada más de adorno y no se puede permitir que se rompa, que se vulnere el derecho internacional, como se hizo en el caso de Ecuador, porque entonces sería la ley del más fuerte, el mundo de los gorilas”, argumentó.

La polémica ha crecido porque un tribunal de Ecuador declaró el viernes pasado la detención de Glas dentro de la Embajada de México como ilegal y arbitraria, aunque lo dejó encarcelado al tener pendiente de purgar la condena por el caso Sobornos y por asociación ilícita en el caso Odebrecht.

AMLO también llamó a defender el derecho de asilo, a los perseguidos por razones políticas, que dijo, deben ser apoyados, protegidos, por el derecho de asilo. “Es parte de nuestra tradición de política exterior y eso se tiene que defender, es lo que estamos planteando”, sostuvo López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defenderá mañana martes su denuncia contra Ecuador por el asalto a la Embajada de México en Quito en una reunión virtual extraordinaria de mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

“Mañana vamos a tener nosotros una reunión, una videoconferencia, con presidentas y presidentes de América Latina y el Caribe, nos vamos a reunir por ese medio a las 9:00 de la mañana y vamos a tratar ese tema básicamente”, señaló el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador se refirió a la denuncia que presentó el jueves pasado el Gobierno de México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la que pide suspender a Ecuador de las Naciones Unidas hasta que ofrezca una disculpa pública por allanar la sede diplomática de México en Quito el 5 de abril.

Recordemos que la policía de Ecuador ingresó por la fuerza, apuntó con una pistola al jefe de Cancillería, Roberto Canseco, y se llevó al exvicepresidente Jorge Glas, resguardado ahí desde diciembre quien afrontaba un proceso por corrupción, lo que provocó que México suspendiera las relaciones diplomáticas.

La polémica creció el viernes pasado, cuando un tribunal de Ecuador declaró “ilegal” y “arbitraria” la detención de Glas en la Embajada de México, pero lo mantuvo en prisión al tener todavía pendiente por cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas vigentes emitidas en años anteriores.

Pese al caso de Glas, a quien México ya le había concedido el asilo político, López Obrador argumentó que la prioridad de su Gobierno es la denuncia en la CIJ por el allanamiento a la Embajada.

“Nosotros estamos atendiendo la denuncia que se presentó en la Corte Internacional de Justicia por la violación a nuestra soberanía, al derecho internacional, eso es lo que tiene para nosotros prioridad”, apuntó.

La cumbre de la CELAC fue convocada por la presidenta pro tempore del organismo, la mandataria de Honduras, Xiomara Castro.

López Obrador aseguró también que su denuncia busca que no se viole el derecho al asilo, pero no solo en el caso de Glas, sino en general.

“Desde luego, (buscamos defender) el derecho de asilo, que no solo incumbe a un país, a México, sino a todos los países del mundo, el que no se viole el derecho internacional, el que se respete el derecho de asilo, eso es lo que estamos nosotros defendiendo”, comentó.

De acuerdo a cifra del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la firma Nielsen IBOPE México, el primer debate presidencial del pasado domingo fue visto por cerca de 13 millones de personas.

El INE detalló que el debate alcanzó en Facebook más de 7.4 millones de reproducciones. En X, antes Twitter, alcanzó 536 mil 191 vistas, con 344 mil 214 espectadores. En YouTube tuvo 823 mil visualizaciones en español; nueve mil 800 en maya; 15 mil 800 en náhuatl; 34 mil 700 en tsotsil y 164 mil 300 en Lengua de Señas Mexicana.

Sumadas las distintas plataformas del INE, la audiencia que se reportó fue de alrededor de 9 millones de espectadores.

En el debate se vieron cara a caro los tres aspirantes a la Presidencia: Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez.

En tanto, Nielsen IBOPE México indicó que 4 millones de televidentes en 28 ciudades del país siguieron la transmisión del encuentro, considerando Las Estrellas, ADN40, Imagen TV, A Mas +, Canal Once, Canal 6 MTY, Canal 6 CDMX, Canal 22, MVS TV, Canal 6 GDL y TV Mexiquense, como los canales de referencia.

Considerando la cifra revelada por la firma, el debate del pasado segundo sería el el segundo más visto en la historia de este tipo de ejercicios, sólo superado por el uno del 2018.

Para que fuera más claro el alcance que tuvo el debate, Nielsen IBOPE comparó que un partido de futbol registra al rededor de cuatro millones de espectadores; programas unitarios como “Como dice el Dicho”, registra 1.5 millones de personas; mientras que “La Rosa de Guadalupe”, 2.72 millones; o el noticiario “En Punto”, 1.88 millones.

Sobre el debate, el presidente López Obrador lamentó que durante el ejercicio, la narrativa que se usó fue la que manejan sus adversarios.

“Hace unos dos días, en toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación. Toda la narrativa del debate fue eso, no reconocer absolutamente nada” de lo que se ha hecho en el Gobierno.

Añadió que la narrativa que han venido utilizando Televisa, Azteca, Reforma y El Universal, fue la que se utilizó para hacer las preguntas del debate, justificando que hubo un “supuesta consulta a todos los ciudadanos”.

AMLO reprochó que se le dejó a los moderadores, “el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer”.

Dijo que lo único de lo que se habló fue “qué mal estamos en salud, sin reconocer absolutamente nada que mal. Qué mal estamos en educación, qué mal en todo… aún así no pudieron dejar mal” lo que se ha hecho en el combate a la corrupción.

Fue en ese punto donde “aclaró”, que no se refería a algún partido, si no a lo que el Gobierno ha hecho.

“Todo fue a tabla raza. Las preguntas, recuerdo una de Denisse, cómo hacerle para enfrentar la gran corrupción que persiste que viene desde no se qué Gobierno, pero que aquí está… como si nosotros fuéramos iguales, si no nos hubiéramos dedicado” por completo a combatirla.

La coalición opositora Fuerza y Corazón por México presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en la que acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de interferir en las campañas rumbo a las elecciones del 2 de junio.

La denuncia interpuesta por las representantes del PAN, PRI y PRD, sostienen que el mandatario incurrió en violaciones a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

Recordemos que el pasado 7 de septiembre comenzó de forma oficial el proceso electoral 2023-2024, el más grande en la historia del país, donde se disputarán más 20 mil cargos públicos, incluida la presidencia, 500 diputados, 128 senadores y nueve gobiernos estatales.

En ese sentido, los líderes de la oposición indicaron el presidente incurrió en nuevos actos de intervención en los procesos electorales, pese a sanciones interpuestas por la autoridad electoral.

Y es que esta semana, en la sesión del Consejo General del INE, se aprobó por unanimidad, el retiro de los vídeos de las conferencias matutinas del presidente correspondientes a los días 2, 6, 7 y 8 de febrero, así como del 4 y 6 de marzo, por considerar que vulneraban la neutralidad en la actual contienda electoral.

Por ello, la alianza opositora señaló que el mandatario mexicano “intervino -de facto- nuevamente en los procesos electorales en curso, mostrando un evidente apoyo a las candidaturas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena)”.

La nueva queja hace referencia a lo manifestado por López Obrador en su conferencia de este lunes, cuando mostró su apoyo a los presuntos avances en el Gobierno de la Ciudad de México, que antes gobernaba la actual candidata presidencial del oficialismo Claudia Sheinbaum.

AMLO resaltó, en específico, logros en la alcaldía Iztapalapa, demarcación interna de la capital que lideraba la ahora candidata a la jefatura del Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada.

Por esta razón, los partidos opositores sostienen que el presidente “hace referencia a los gobiernos de Morena, con lo que de forma implícita promociona a dicho instituto político, utilizando los recursos del Estado con los que cuenta”.

La coalición Fuerza y Corazón por México pidió al INE analizar la conferencia y determinar el grado de vulneración a las leyes electorales, que impiden a los funcionarios públicos promover el voto y vulnerar la equidad del proceso.

Sugirieron eliminar el fragmento de la conferencia donde el mandatario hace estos comentarios, una medida que ya ha tenido que acatar el presidente en diversas ocasiones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó este lunes al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, de estar en su “contra” por denunciar la violencia desatada en medio de las elecciones federal, que acumula decenas de asesinatos relacionados.

“El alto comisionado es muy, con todo respeto, muy tendencioso, está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar que México es un país muy violento. Ya ven lo que hacen nuestros adversarios y los medios de manipulación”, expresó el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador respondió a las declaraciones de Türk, quien este lunes pidió desde Ginebra que “este inmenso ejercicio de los derechos políticos y civiles debe salvaguardarse de la violencia”, en referencia a las elecciones del próximo 2 de junio en nuestro país.

Aunque las campañas oficiales comenzaron el viernes pasado, la consultora Data Int documentó el asesinato de 20 personas que aspiraban a un cargo de elección popular en lo que va del año electoral, en el que en total han matado a 76 personas “potencialmente vinculadas al proceso”.

Con ello, van un 20% más de asesinatos que en los comicios de 2021.

Tan solo este fin de semana, asesinaron a Alfredo González Díaz, aspirante del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Atoyac de Álvarez, municipio de Guerrero.

“Muy lamentable en Atoyac este asesinato de un aspirante del PT”, comentó al respecto este lunes el mandatario.

Ante los señalamientos del alto comisionado de la ONU, López Obrador aseveró que su Gobierno está “apoyando a todos” los políticos, sin importar su afiliación partidista. “A todos los que solicitan, la protección se les da”, sostuvo.

Pero denunció que “hay ese ambiente” en el que sus “adversarios” promueven la narrativa “de la violencia, el agravio a periodistas y a candidatos, o sea, buscando enrarecer” el ambiente y hablar de “las elecciones de Estado”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se volvió a lanzar contra el periodista Carlos Loret de Mola, demandado por su hermano Pío Lorenzo López Obrador, llamándolo “mafioso protegido” por parte el Poder Judicial.

“Si le puedo hacer alguna recomendación a mi hermano y a cualquiera es que no sirven de nada las denuncias, porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un Poder Judicial mafioso porque forma parte de la misma mafia, es perder el tiempo, yo por eso no presento ninguna denuncia”, respondió el mandatario.

López Obrador afirmó que Loret de Mola “es de los periodistas más corruptos de México” porque “hace montajes” y “ahora es amigo de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, que está completamente corrompido”.

Sus declaraciones se producen después de que el periodista acudiera ayer a un juzgado por una demanda del hermano del presidente, quien exige un pago de 200 millones de pesos por difundir unos videos en los que aparece recibiendo dinero en sobres.

Según el reportaje de agosto de 2020, el hermano del mandatario recibió en efectivo 1.4 millones de pesos en 2015 para apoyar a Morena en el estado de Chiapas por parte de David León Romero, exfuncionario estatal.

Cuestionado de manera expresa por la prensa, López Obrador no sugirió a su hermano desistirse de la demanda. “Que haga lo que quiera, pero mi opinión es que contra esos corruptos no se puede. Además, ni hacerles el juego, porque se sienten perseguidos, me echan la culpa a mí”, respondió.

Afirmó que acciones como esa es “perder el tiempo, pero desde luego cada quien es libre. No veo a Pío desde hace cinco años, seis, y no voy a andar dando consejos”, recalcó.

La demanda contra Loret de Mola despertó críticas de los candidatos presidenciales de oposición, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, quienes la señalaron como un reflejo de los ataques contra la prensa durante el Gobierno de López Obrador.