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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) presentó las primeras denuncias por el derrumbe ocurrido en un tramo elevado de la línea 12 del Metro, que ocurrió en mayo pasado y que dejó 26 personas sin vida y cerca de 100 heridos.

El despacho Regino Abogados informó que la fiscalía judicializó la carpeta de investigación en contra de 10 personas, entre las que están cinco de sus clientes.

«Ya los acusó, ya pidió audiencia, que va a ser el próximo lunes 25 de octubre a las 10.30 de la mañana», reveló en rueda de prensa Gabriel Regino, representante del despacho.

Las acusaciones se revelan después de que la FGJ-CDMX diera a conocer la semana pasado los resultados de su peritaje, que señalaban que el accidente ocurrió por «deficiencias» en la construcción.

Estas serían las primeras denuncias de la Fiscalía capitalina sobre el accidente ocurrido entre las estaciones Olivos y San Lorenzo, en la alcaldía Tláhuac, que dejó al vagón encallado en forma de «v».

El acusado de mayor perfil entre las 10 denuncias es Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, que planteó la construcción de la línea, y quien trabajó en la gestión del ahora canciller Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno del Distrito, y que colaboró en los primeros dos años de la administración de Miguel Ángel Mancera.

El abogado Regino acusó a la fiscalía de caer en «contradicciones y violaciones de derechos humanos», además de de darle «un trato VIP» a la empresa constructora», pues ha adelantado que no procederá penalmente contra la empresa pues se llegará a un acuerdo reparatorio.

«Nuestros representados del Proyecto Metro no eran los responsables ni administrativa ni legalmente ni de la supervisión ni de la construcción de la obra porque para eso se contrataron empresas que están perfectamente identificadas», sostuvo el abogado.

En su lugar, dijo el abogado, hay funcionarios que sí tienen responsabilidad en los hechos, por lo que el despacho presentará denuncias contra ellos. Contra quienes se presentará la denuncia, que estará dividida en dos partes, están Jorge Gaviño, exdirector del Sistema de Transporte Colectivo (STC); Florencia Serranía, directora del STC durante el derrumbe; Jesús Antonio Esteva, secretario de Obras y Servicios del actual Gobierno de Ciudad de México, y Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad.

Más tarde, la Fiscalía confirmó las denuncias ventiladas por el despacho de abogados.

Autoridades a cargo del proyecto indicaron que los trabajos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que iniciaron el 17 de octubre de 2019, presentan un avance del 69% de la obra con un ejercicio de 40 mil 995 millones 288 mil 230 pesos distribuidos en mano de obra, materiales, maquinaria, combustibles, acarreos y gastos generales.

El ingeniero y comandante Gustavo Ricardo Vallejo Suárez recordó que tal como lo ha prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), les quedan 886 días para la culminación del proyecto, pues se estará entregando e inaugurando el próximo 21 de marzo de 2022

Subrayó que no se va a ejercer ningún recurso adicional que el presupuesto establecido para la construcción del nuevo aeropuerto.

«No rebasará el presupuesto autorizado, aun cuando en dos años de obra ha tenido que afrontar múltiples incrementos en los costos de materiales», dijo el comandante. Destacó que dichos incrementos han sido afrontados con una eficiente administración de recursos.

Insistió en que no se rebasará el presupuesto estipulado de 75,000 millones de pesos, y aseguró que la obra es viable técnica, legal, social y financieramente hablando.

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que con el nuevo aeropuerto se están realizando ahorros por 125,000 millones de pesos respecto a lo que iba a costar el cancelado aeropuerto de Texcoco, obra del anterior gobierno federal. Señaló que esa cifra es cercana a lo que costará el Tren Maya, otra de las obras prioritarias de su administración.

Respecto a la nota que publicó el periódico El Universal, sobre un supuesto cobro de un porcentaje del salario que hacían a los trabajadores para que siguieran trabajando en la construcción del aeropuerto, López Obrador aclaró que se trata realmente de las retenciones por impuesto sobre la renta y de las cuotas de seguro social.

“¿Cómo se integra el salario real? 67% de salario es lo que se la paga al trabajador, al trabajador se le paga completo; sin embargo, su salario integrado es mucho mayor porque la Sedena, como patrón, tiene la obligación conforme a la Ley del Seguro Social de determinar las cuotas obrero patronales, enterarlas; el importe total al Seguro Social, esto más o menos es el 16%”, explicó el general Gustavo Vallejo, quien añadió que también deben retener y enterar a Hacienda del Impuesto Sobre la Renta, por lo que si se suman ambos conceptos, la Sedena debe aportar un 33%.

En ese sentido el presidente López Obrador refirió que ese es el 30% de “moches” de los que hablaba El Universal, corresponde a estas retenciones.

Las autoridades también informaron que se han generado 116 mil 015 empleos directos, de los cuales 29 mil 491 se encuentran activos; el pago de mano de obra corresponde al 26.94% del gasto total ejercido, es decir, 11 mil 045 millones 247 mil 735 pesos.

Recordaron que el futuro aeropuerto tendrá capacidad para unos 20 millones de usuarios al año en una etapa inicial, y espera recibir hasta unos 85 millones en varias etapas de construcción que se cumplirán en las próximas tres décadas 2030, 2040 y 2050.

El ingeniero y comandante Gustavo Ricardo Vallejo Suárez aseguró que será un aeropuerto de clase mundial que contará con una red de transporte multimodal para asegurar que la conectividad y la movilidad sean eficientes y seguras.

“Tendrá una capacidad de crecimiento hacia 50 años en adelante. Así se ha proyectado y así se está construyendo. Va a otorgar a la industria aérea una nueva plataforma con lo mejor del equipamiento y tecnologías para atender el creciente mercado doméstico internacional de pasajeros y carga entre México y de México con el mundo”, apuntó.

Santa Lucía operará a la par del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y con el de Toluca en el Estado de México.

Tal como lo ordenara la semana pasada la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), este miércoles inició el recuento de votos de la elección para la gubernatura de Campeche.

El Tribunal indicó que el ejercicio se realiza con el fin de garantizar la certeza y seguridad jurídica de los resultados del proceso electoral del 6 de junio, en donde la candidata de Morena, Layda Sansores resultó electa.

La autoridad electoral señaló que el recuento se realiza con la presencia de autoridades electorales, representantes de partidos políticos y observadores. Incluirá los 1,190 paquetes electorales correspondientes a los 21 distritos locales de la elección a la gubernatura.

Se indicó que, con el fin de abonar a la transparencia del ejercicio, el recuento será transmitido a través de las redes sociales, el cual se espera que se prolongue por los siguientes dos días.

Sobre el recuento, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, indicó que sestarán atentos al ejercicio, asegurando que se evidenciará «el cochinero» que hicieron Morena y Layda Sansores. Indicó que en la elección de Campeche no hubo equidad y se rompió el principio de certeza.

Recordemos que los magistrados de la Sala Superior del TEPJF ordenó el recuento al considerar que el número de votos nulos registrados es mayor a la diferencia que hubo entre la candidata ganadora y el segundo lugar.

Además, Movimiento Ciudadano denunció la presencia de boletas falsas, pues hubo una diferencia de 107,000 votos respecto a los recibidos en la contienda por el Congreso local.

Por su parte el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, viajó a la Campeche para acompañar la «defensa del voto del pueblo».

Insistió en que quieren robarles en los tribunales lo que los opositores no pudieron ganar en las urnas. «¡Que sepan que desde @PartidoMorenaMx no los vamos a dejar! Venimos a defender la voluntad del pueblo de Campeche que ya decidió que @LaydaSansores sea la próxima gobernadora».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) amenazó esta mañana con ser denunciados a los distribuidores de gas, que se encuentran en huelga en la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, debido a la limitación de precios decretada por el gobierno federal.

«Se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes se nieguen a cumplir con su obligación de prestar servicio de un insumo fundamental para la gente», expresó el mandatario en la mañanera. Esto afectaría «desde distribuidores hasta comisionistas», advirtió.

Y es que el Gremio Gasero Nacional entró ayer en huelga indefinida después de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) limitara los precios máximos a los que se puede vender a los usuarios el gas LP.

López Obrador explicó que el paro «no es un asunto nacional», sino que se concentra en el área metropolitana de Ciudad de México y en Pachuca (Hidalgo).

Asimismo, dijo que el gabinete de seguridad del gobierno federal y el gobierno de la CDMX están trabajando para «garantizar el abasto del gas».

«Ya estamos viendo cómo garantizamos el abasto en una situación de emergencia. Es lo primero que quiero transmitirle a la gente», dijo el mandatario.

López Obrador también ofreció «garantías de seguridad» a los distribuidores de gas que decidan operar, los cuales estarán resguardados por la Guardia Nacional.

Recordemos que en la Ciudad de México, según la regulación de precios emitida por la CRE, ningún usuario deberá pagar más de 11.52 pesos por litro para tanques estacionarios y 21.33 pesos por kilogramo, cuando se trate de cilindros metálicos.

Además, a inicios de julio, el presidente López Obrador anunció la creación de Gas Bienestar, que prevé suministrar este combustible a un «precio justo».

Según estimaciones, en CDMX y EdoMex, son más de 38,000 unidades, entre pipas y camiones repartidores de cilindros, las que dejaron de surtir el combustible.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de gas L.P. y empresas conexas, señaló en un mensaje en Twitter que se deslindaba de las acciones tomadas por los comisionistas independientes que impiden la venta y distribución de combustible.

«Las empresas distribuidoras del Valle de México se deslindan de las acciones de grupos de comisionistas independientes, que no tienen permiso de distribución y están bloqueando las plantas, impidiendo que salgamos a trabajar y suministrar los hogares y comercios que requieren gas», señaló uno de sus mensajes.

Además, dijo que con la implementación del control de precios de gas LP, los distribuidores comunicaron a las autoridades «los riesgos y afectaciones implícitos y nuestro interés en coadyuvar en una solución integral que si resuelva el problema de fondo en beneficio de los consumidores».

Luego de que se diera a conocer la apelación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la exoneración que hiciera sobre una denuncia en su contra la Fiscalía General de la República (FGR), así como una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito, el magistrado presiente del TEPJF, José Luis Vargas, aseguró que es inocente de lo que se le acusó, y defendió la resolución  alcanzada por el Ministerio Público.

A través de un comunicado, Vargas Valdez señaló que tras varios meses de investigación, la FGR, por conducto de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción concluyó que las imputaciones que se hicieron en su momento en la denuncia que presentó la UIF no correspondían a la realidad.

«Resolvió decretar el no ejercicio de la acción penal, esto significa que la autoridad ministerial investigó los hechos que se denunciaron y determinó que no existe delito que perseguir; además, concluyó una vez que cotejó la información que puntualmente aporté, que no hay ningún tipo de inconsistencia en mi patrimonio ni en mis gastos», sostuvo el ministro presidente del Tribunal Electoral.

Afirmó que su patrimonio tiene un origen lícito y son congruentes sus percepciones con sus erogaciones, y aprovechó para aclarar que las cifras filtradas y presentadas en la nota publicada por Reforma, fueron alteradas y por lo tanto la información es falsa imprecisa e injuriosa sobre su persona y su patrimonio.

José Luis Vargas cuestionó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenga las facultades para impugnar la resolución de la FGR, quien decretó el no ejercicio de la acción penal en su contra, pues dijo, está debidamente sustentada en pruebas que acreditan que no cometió delito alguno.

Lamentó que se deteriore y se corrompa el proceso legal mediante filtraciones a los medios de comunicación. Indicó que en nuestro país es ilegal que las denuncias, actuaciones ministeriales y procesos penales, sean objeto de filtraciones a medios de comunicación.

«Reitero soy inocente de lo que me han imputado mediante la denuncia y que fue corroborado y verificado de manera exhaustiva por el ministerio público federal. Mi patrimonio y el de mi familia corresponde a ingresos obtenidos de manera lícita y declarado ante las autoridades competentes», remató el miembro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FEDE), José Agustín Ortiz Pinchetti, señaló un desarrollo positivo de la jornada electoral de este domingo, aunque informó sobre 415 denuncias recibidas hasta ahora relacionadas con las elecciones, las cuales señaló que están siendo investigadas.

De estas denuncias, 229 provienen de la Ciudad de México, 100 del Estado de México, 61 de Nuevo León, 48 de Chiapas y 45 de Puebla. La mayoría de los problemas detectados son de competencia local, por lo que en el ámbito federal «las cosas están tranquilas».

Ortiz explicó que llama la atención el número de llamadas telefónicas al sistema FEDETEL, con cerca de 52,000, aunque precisó que la inmensa mayoría son peticiones de información y únicamente unas 1,000 aportan datos sobre posibles delitos electorales.

Además, ha destacado la «gran asistencia» en los centros de votación y ha invitado a todos los electores a ejercer su derecho de votar en estos comicios, los más grandes en la historia del país.

«Nunca se había visto que en las elecciones intermedias hubiera tanto interés y que hubiera signos, síntomas, de que tendremos elecciones de alta calidad democrática. Eso será un paso adelante en la construcción, que ha sido muy accidentada y difícil, de la democracia en México», expuso Ortiz Pinchetti.

Los cinco estados con más incidencia por posibles delitos electorales federales son hasta el momento: la Ciudad de México con 229; el Estado de México con 100; Nuevo León con 61; Chiapas con 48 y Puebla con 45.

El titular de la FEDE recordó que cuatro mil 200 policías federales y mil 600 peritos que ayudarán a esclarecer los posibles delitos que se presenten durante la jornada electoral.

Recordemos que en la jornada electoral de este domingo están en juego más de 21,000 cargos de elección popular, entre las que destacan los 500 diputados federales; 15 gubernaturas; 1,063 cargos en congresos locales; 17,000 en ayuntamientos, y más de 1,900 alcaldías,

Desde el pasado mes de septiembre, que inició el actual proceso electoral, se han registrado 910 agresiones o delitos contra políticos, 860 víctimas de diversos delitos; un saldo de 91 víctimas mortales, 36 de ellos aspirantes y candidatos, según el último corte del monitoreo realizado por la consultora Etellekt.

La cifra final (910 agresiones) representan 17.5% más que durante todo el proceso electoral del 2018.

El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, afirmó que el Tribunal actúa de forma absolutamente independiente para resolver controversias electorales, y afirmó que ninguna fuerza política o interés particular puede perjudicar su autonomía.

Vargas Valdez destacó que en tres décadas, el INE y el TEPJF han trabajado a favor de los derechos de la ciudadanía, lo que se convierte en su mejor carta de presentación ante cualquier embate político, y los amagos de su disolución.

El magistrado presidente indicó que en casi 25 años de existencia, ha resuelto 230 mil asuntos y ha calificado cuatro elecciones presidenciales en las que se ha dado el cambio de poder entre partidos, alternancia que se traduce en que tanto el Tribunal, como el INE, son garantes del respeto a los resultados, gane quien gane.

José Luis Vargas recordó que las elecciones del próximo domingo conforman un gran reto para las autoridades electorales, no solo por el número de votantes, sino porque también se presentan en un momento en que el país vive un contexto realmente delicado tanto de seguridad pública como de carga política, que lleva a los ciudadanos a decidir salir a ejercer su voto, aún en condiciones como la pandemia.

Confió en que el próximo 6 de junio se vivirá una fiesta cívica, «muestra de que México confía en su democracia, sale a las urnas y se manifiesta».

Por su parte el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que la posibilidad de un fraude en México está acotada y, en cambio, prevalece la cadena de confianza en el proceso electoral.

Insistió en que México el fraude electoral se acotó desde el momento en que como país se lograron eliminar los factores que hacían posible la arbitrariedad de la organización de las elecciones y se dotó de autonomía plena a las autoridades electorales frente a la intromisión de los actores políticos.

Córdova Vianello refirió que, desde hace algunos años, la democracia ha estado bajo serios procesos de tensión y amenaza, algunos de los cuales parecen haberse agudizado en tiempos de pandemia.

Finalmente, la Fiscalía General de la República (FGR), a través del titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), José Agustín Ortiz Pinchetti, informó que se emitirán este domingo tres mensajes a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, con el fin de mantenerlos informados sobre posibles denuncias o hechos que tengan que ver con la probable comisión de delitos electorales del orden federal.

La Fiscalía detalló que dichos mensajes se transmitirán por medio del canal de YouTube de la FGR, así como de sus distintas redes sociales, en los horarios: 10:00, 14:00 y 20:30 horas, respectivamente.

Al ser cuestionado sobre el tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga dos denuncias contra Carlos Romero Deschamps, exlíder sindical de Pemex, y otras contra los gerentes de las seis refinerías.

«Hay dos denuncias en la fiscalía, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por depósitos de 309 millones de pesos, esta es la información (de Romero Deschamps)», informó López Obrador en su conferencia matutina.

Recordemos que Romero Deschamps, acusado de corrupción, abandonó su cargo como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en 2019 tras 26 años, pero se mantuvo como trabajador activo de Pemex hasta el pasado 16 de marzo.

Romero Deschamps continuaba como empleado de Pemex con un salario de más de 1.2 millón de pesos anuales, entre sueldo neto y compensaciones.

López Obrador recordó también que fue él quien exhortó a Romero Deschamps a renunciar a Pemex al considerar «inmoral» su permanencia.

Una investigación periodística dejó al descubierto que se mantenía como trabajador pero gozando de las vacaciones que no disfrutó durante años, para que en 2024, cuando AMLO deje el poder, pudiera regresar a la dirigencia del sindicato.

«Es la fiscalía la que va a decidir si las pruebas son contundentes, si el dinero es producto de ilícitos, todo lo que tiene que hacer la autoridad, no podemos condenar a nadie sin pruebas», matizó López Obrador.

A pregunta expresa, el mandatario también reconoció la existencia de denuncias contra los gerentes de las seis refinerías activas de Pemex por robo de combustible, el llamado huachicoleo. «Están abiertas las investigaciones, no solo en este caso, son cientos de investigaciones, todas relacionadas con el huachicol, porque se está combatiendo el huachicol», dijo.

Y es que la lucha contra el huachicoleo, vinculado al crimen organizado, es una de las principales promesas de López Obrador.

Aunque negó que sea «un caso generalizado», el presidente afirmó que el gabinete de seguridad, encabezado por la secretaria Rosa Icela Rodríguez, realiza una investigación.

A pesar de que en repetidas ocasiones ha dicho que no hablará más del tema, pues son temas en los que prefiere no meterse, este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió una vez más la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, asegurando que no se deben permitir los linchamientos políticos, además de que no descartó que se estén fabricando delitos y víctimas como solía hacerse.

«Es que no podemos permitir los linchamientos políticos, no se puede permitir que haya linchamientos. En este caso, que ya no lo voy a volver a tratar, ¿qué fue lo que dije desde el principio? Que decida el pueblo de Guerrero. ¿Por qué no van a decidir las mujeres y los hombres de Guerrero? ¿Por qué no aceptar el método democrático?, ¿Por qué imponer?», contestó AMLO al ser cuestionado sobre el tema.

El mandatario aseguró que a pesar de la crítica y molestia que ha generado, no puede ponerse a descalificar a personajes como «cacique, como gran elector», esto en referencia a Salgado Macedonio.

Indicó que como siempre lo ha dicho, él es un demócrata por lo que manda obedeciendo, es decir, siempre apoyará y respetará lo que defina el pueblo, que es quien manda.

López Obrador se atrevió a decir que no hay denuncias penales en contra del morenista, pese a que la propia Fiscalía del estado informó sobre ellas.

«Pero están las denuncias, presidente», le dijo una reportera durante la conferencia matutina, a lo que AMLO dijo textualmente: «no hay». Al percatarse de sus declaraciones, el mandatario intentó matizar y dijo que «en el caso de que existan las denuncias penales», debe ser el Poder Judicial quien resuelva, aunque insistió en que en la parte política, debe ser el pueblo quien decida.

Fue en ese sentido donde AMLO aseguró que las acusaciones contra Félix Salgado puede ser otro caso en el que se estén fabricando delitos y víctimas.

«Claro que fabrican víctimas, hay gente en la cárcel que es inocente, fabrican delitos, todo. Antes iba a la cárcel el que no tenía con qué comprar su inocencia, los poderosos no. Decían en mi pueblo: ‘¿Cuándo has visto un costal de dinero en la cárcel?’. 

El confinamiento a raíz de la pandemia de COVID-19 ha hecho visible otra de las pandemias que México no ha logrado superar y mucho menos disminuir: la violencia contra las mujeres y las niñas; y si bien se expresa de diferentes formas, y la violencia sexual es una de las caras que menos se conoce y se atiende, ya que ni siquiera llega al conocimiento de las autoridades.

Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en su edición de diciembre de 2020, revelan que entre julio y diciembre de 2020 el 98.6% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados o no se inició una investigación.

México Evalúa analizó los datos disponibles y encontró que los delitos sexuales que sufren las mujeres rara vez llegan al Ministerio Público, por tanto, se mantienen impunes, con cifras negras por arriba del 90%.

La ENSU arroja que casi 5 millones de mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia sexualdurante el segundo semestre de 2020. La violencia sexual incluye acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual, intento de violación y violación. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta una proporción minúscula de la incidencia delictiva real. Para los delitos de hostigamiento/acoso sexual y abuso sexual, la cifra negra alcanza el 99.3%, es decir, 0.5 puntos porcentuales menos que lo reportado el año anterior para el mismo periodo. Entre julio y diciembre de 2020 se dieron a conocer 8,597 carpetas de investigación a nivel nacional por el delito de violación, mientras que la ENSU estima que 194,334 mujeres fueron víctimas de este delito durante el mismo periodo. Esto significa que en el 96.4% de los casos de violación no hubo una denuncia o no se inició una investigación.

En la Zona Metropolitana de La Laguna, en Durango y Coahuila, que incluye los municipios de Matamoros, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, cerca de 19,821 mujeres fueron víctimas de acoso/hostigamiento sexual entre julio y diciembre de 2020. Sin embargo, en estas ciudades se abrieron apenas 77 carpetas de investigación por este delito durante el periodo mencionado. Esto implica una cifra negra de 99.6%.

En Nogales, Sonora, 5,515 mujeres fueron víctimas de abuso sexual entre julio y diciembre de 2020. Sin embargo, se iniciaron apenas dos carpetas de investigación por este delito durante el mismo periodo. Esto representa una cifra negra de 99.9%. En Tlaxcala capital, se iniciaron únicamente dos carpetas de investigación por casos de violación entre julio y diciembre de 2020, aunque según la ENSU, hubo 5,581 mujeres víctimas de este delito durante el mismo periodo.

La investigación de México Evalúa coincide con la encuesta que publica Enkoll sobre la “Credibilidad en las Víctimas”, donde se muestra que si un hombre es acusado, en mas de dos ocasiones de violación o abuso sexual, 90% de las mujeres aseguran que le creerían a la víctima. A medida que aumenta el rango de edad, el porcentaje de mujeres que le dan credibilidad a las acusaciones es menor.

El documento señala que cuando una mujer acusa a un hombre de violación o abuso sexual, el 56% de la sociedad no le cree a la víctima; 38% sí le cree y 6% no sabe o no respondió. El estudio en cruce por edad arroja que entre más edad los mexicanos le creen menos a la víctima.

La percepción sobre la impunidad es muy alta. Asimismo, se descubrió con base en la encuesta que 90% de las mujeres pondera que quienes cometen violación o abuso sexual “se salen con la suya”; mientras que 8% indica que “pagan las consecuencias”. 2% no sabe o no contestó.

La red social Facebook presentó este jueves su último informe sobre el cumplimiento de las normas comunitarias en la plataforma, en el que aseguró que el 95% de los mensajes de odio son eliminados de forma proactiva sin necesidad de que los usuarios los denuncien.

La empresa explicó que hace tres años, en 2017, la inteligencia artificial únicamente le servía para detectar de forma proactiva el 23.6% de los mensajes de odio, de manera que el resto solo eran retirados cuando algún usuario denunciaba estos contenidos y por tanto aumentaba su exposición.

Sin embargo, entre julio y septiembre de este año, de las decenas de millones de contenidos de odio eliminados en Facebook e Instagram, el 95% fueron suprimidos de forma proactiva al ser detectados por sistemas de inteligencia artificial, reduciendo así significativamente su tiempo de exposición.

En concreto, la compañía retiró por este motivo 22.1 millones de mensajes en Facebook durante esos tres meses (una cantidad similar a la del trimestre anterior) y 6.5 millones en Instagram (el doble que en el trimestre precedente).

El informe destacó que el periodo de referencia incluye parte de la campaña presidencial en Estados Unidos, aunque no la recta final (octubre) ni la jornada electoral en sí misma, o los varios días que ha durado el escrutinio de los votos.

La compañía que dirige Mark Zuckerberg añadió por primera vez en el informe datos sobre la «prevalencia» de los mensajes de odio, es decir, el porcentaje de veces que los internautas ven contenidos que violan las normas comunitarias de la plataforma.

Para cuantificar esta variable, la empresa toma una muestra aleatoria de contenidos visibles en Facebook (es decir, que no han sido retirados) y analiza cuáles de ellos son mensajes de odio (que atentan contra grupos de personas por su raza, sexo, cultura, creencias religiosas, orientación sexual, etc).

Según este método, la prevalencia de contenidos de odio entre julio y septiembre fue de entre el 0.10 y el 0.11%, lo que supone que de cada 10,000 veces que un usuario vio contenidos en Facebook, diez u once de ellos contenían mensajes de odio.

Esta mañana, mediante una carta difundida en sus redes sociales, la ex funcionaria federal, Rosario Robles, informó que el pasado 21 de octubre, sus  abogados solicitaron por diversos motivos el sobreseimiento de la causa penal que se le sigue.

En su escrito, recordó que lleva más de un año privada de su libertad, y señaló que incluso el propio Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ha dicho públicamente que «me tienen como rehén ‘porque no he querido colaborar’ para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guión que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia».

La ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, reveló que ‘fuentes confiables’, al interior de la FGR, le han informado que funcionarios de la Fiscalía se han reunido con ex colaboradores para ofrecerles impunidad a cambio de que declaren lo que «ellos necesitan».

En ese sentido, dijo que sabe bien que lo que la Fiscalía quiere para que ella quede en libertad es que señale como responsables de diversos hechos a ex colegas suyos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio de Peña Nieto,  con el objetivo ir contra ellos.

«Su teoría, sus hipótesis, nada tienen que ver con la verdad. Yo no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás. Seguiré luchando por las causas legales porque soy inocente, porque confío que alguien en el sistema judicial tendrá la valentía de aplicar la ley, porque creo en un sistema de justicia que tiene un enfoque garantista, defensor de los derechos humanos, y porque espero una respuesta positiva de los organismos internacionales a los que también he recurrido», sostuvo Robles Berlanga.

Rechazó que vaya a recurrir a la figura de testigo colaborador, pues eso abriría las puertas a su libertad a base de mentiras y falsa delación. Confió en que con la verdad y demostrando mi inocencia, podrá salir de prisión, aplicándose la Ley.

Foto: Twitter

Desde las 06:00 am, integrantes del Movimiento Nacional Taxistas (MNT) comenzaron a llegar a las inmediaciones del Ángel de la Independencia, esto con el fin de exigir a las autoridades de la Ciudad de México, Estado de México y gobierno federal, cumplan las promesas que se les han hecho respecto a apoyos para el gremio.

“Ya nos cansamos de que cada vez que queremos hablar con ellos no nos escuchan, y que cada vez que nos movilizamos, nos piden saber cuáles son nuestras necesidades. Todo esto lo saben porque llevamos 6 años de lucha en contra de las aplicaciones extranjeras, y de tocar la puerta exponiendo las necesidades del sector”, dijo el dirigente del MNT, Ignacio Rodríguez.

Tras recordar que el pasado 19 de febrero fueron reprimidos por el Gobierno de la CDMX en Insurgentes y el Eje 1 Norte, el Cine Cosmos y el Ángel de la Independencia, Rodríguez dijo que hay consenso entre los transportistas de que hoy se quedarán el tiempo que sea necesario, hasta que les den una respuesta real e inmediata.

Entre las exigencias que plantearon los taxistas al gobierno local, se encuentran: someter a los conductores y vehículos de las aplicaciones a las mismas regulaciones que ellos; otorgar los 25 mil pesos de crédito a la palabra que habían negociado; aplazar al menos por dos años, mientras se recupera la economía de la ciudad y de ellos, la sustitución obligatoria de vehículos modelos 2010 y anteriores; activar el módulo de trámites ya que aseguran son víctimas de extorsión por parte de funcionarios del INVEA y los agentes de tránsito; que se ponga en funcionamiento de manera inmediata el Registro al Padrón de Tesorería; que se pongan en pausa las reformas hechas a la Ley de Movilidad durante la pandemia; que se ponga fin a los operativos pues son represivos y, finalmente, que se les condone el 100% de los pagos de diversos trámites.

Al respecto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, y el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous, reiteraron su disposición por continuar las mesas de trabajo para revisar las exigencias de los taxistas.

A través de un tarjeta informativa, la Semovi detalló que hasta esta tarde, en la concentración que llevan a cabo en el Ángel de la Independencia se encuentran 850 personas y 700 taxis estacionados, de los cuales 270 vehículos tienen matrícula y cromática de la Ciudad de México, mientras que 250 son del Estado de México y 180 del municipio de Toluca.

Indicaron que también se encuentran 14 pipas de agua potable, 10 pipas de gas LP, 18 grúas y cinco camionetas tipo estaquitas repartidoras de gas.

Por ello, exhortaron a las autoridades del Estado de México, a atender el tema que compete a los taxistas de esa entidad.

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, afirmó que entre las demandas que han sido atendidas por la Semovi se encuentra la digitalización de trámites de taxis y de control vehicular: el programa de Sustitución de Taxis 2020, el cual durante este año recibió más de 400 solicitudes y en el que se da un apoyo de hasta 100 mil pesos para la chatarrización de vehículos con 10 años o más.

Las autoridades capitalinas informaron que para atender los asuntos de vialidad, se dispuso de mil 100 policías en los diferentes puntos de la capital para agilizar la circulación, aunque dijo, se podrá hacer uno de hasta 2 mil 50 elementos y 940 policías Ateneas en 100 autos.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indicó que los cárteles mexicanos ganaron entre 2016 y 2018 un billón de pesos, aunque el volumen total de dinero ilícito generado en ese periodo podría ser mucho mayor, esto debido a que México no cuenta con una metodología para medir dichos montos con exactitud.

El colaborador del gobierno federal aclaró que esa cifra corresponde sólo a dinero que ha sido denunciado, bien por la UIF o por otras instancias, ante las autoridades competentes.

Durante un balance sobre la lucha del gobierno federal contra el lavado de dinero, Nieto señaló que la Unidad multiplicó el número de denuncias ante los tribunales, en 2018 presentó 82 y en 2019 fueron 164, y frente a las seis sentencias condenatorias conseguidas en 2018, el año pasado se lograron 84.

La UIF es un departamento de la Secretaría de Hacienda encargado de rastrear operaciones y dinero vinculado a actividades delictivas. Es el que presenta las denuncias ante la fiscalía que, con esos datos, debe iniciar los procesos judiciales necesarios.

La UIF también tiene capacidad de bloquear cuentas sospechosas y suele trabajar en estrecha coordinación con la agencia antidrogas estadounidense (DEA).

En este sentido, informó que congeló recursos a casi 2,000 personas y empresas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a 330 vinculadas al Cártel del Pacífico.

Nieto recordó que la principal amenaza de México es el crimen organizado, al que se combate desde el lado financiero, de seguridad y rastreando la corrupción política y judicial que lo protege.

«Tenemos 19 organizaciones delictivas de alto impacto y de ellas dos de naturaleza supranacional», Jalisco y Sinaloa, dijo al mostrar el mapa delictivo del país en el que se apreciaba que esos dos grupos están activos en casi toda la República.

De los 19 identificados, Nieto dijo que durante la administración previa a López Obrador, de 2012 a 2018, crecieron ocho de carácter regional.

Entre los problemas a los que se enfrenta México para luchar contra el lavado de dinero, Nieto mencionó el que haya estructuras empresariales complejas que complican el rastreo de operaciones y el alto nivel de la economía informal que supone el 22% del PIB del país y en la que participa el 56% de la población.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE), una denuncia en contra de Morena, de David León Romero y de Pío López Obrador, hermano del presidente, a raíz de los videos que se difundieron donde aparecen intercambiando dinero en efectivo en apoyo al movimiento que encabezaba AMLO.

La denuncia se presentó por el uso indebido de recursos públicos para financiamiento de campañas electorales, por violar la normatividad de financiamiento a los partidos políticos, la transparencia y rendición de cuentas en materia de fiscalización de los recursos públicos.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que la denuncia se basa en el reportaje de Latinus, donde se muestran dos videos y un audio en los que se muestra a David León dando paquetes de dinero a Pío López Obrador, señalando que es para apoyar al “Licenciado” Andrés Manuel López Obrador, para la campaña presidencial del 2018.

En ese sentido, Acción Nacional aseguró que David León recibió el pago por sus aportaciones al ser nombrado como el responsable de “combatir la corrupción” en la distribución de medicinas, vacunas y equipo médico a todo el sistema de salud federal.

Señalaron que en un segundo video, se muestra a León Romero, anotando de puño y letra un atraso de lo que mes con mes le da a Pío López Obrador, para entregarlo al hoy presidente. «En el audio, claramente se presume que la procedencia de los recursos es ilícita».

Además de la denuncia presentada en el INE, el partido informó que en los próximos días legisladores presentarán otras denuncias ante la FEPADE por la presunta utilización ilegal de recursos públicos para apoyar a Morena y ante la Fiscalía General de la República (FGR) por peculado, financiamiento ilícito y lavado de dinero, a fin de que las autoridades investiguen y sancionen a los involucrados.

“No podemos dejar pasar un acto de corrupción y delito electoral tan grave como éste y por ello solicitaremos a las autoridades correspondientes la revisión del financiamiento reportado por Morena y que se lleve a cabo una investigación del origen de los recursos que financiaron a Morena, porque por lo visto hay algo muy turbio ahí”, expresó la dirigencia nacional.

Solicitaron al presidente López Obrador sea congruente con sus palabras y sus hechos, y acate la ley tanto cuando se trate de miembros de su familia, integrantes de su gobierno y de su partido.

Esta mañana durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre los videos que salieron a la luz la noche de ayer, y que muestran como su hermano Pío López Obrador recibió dinero en efectivo, por parte de David León Romero, para financiar el movimiento que encabezaba en 2015.

AMLO dijo que la filtración de dichos videos es una «reacción normal» de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión de su gobierno de acabar con la corrupción en el país, y debido a que se están ventilando casos muy graves de corrupción como el que protagonizó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien ha implicado a expresidentes, legisladores y funcionarios públicos.

«Nuestros adversarios buscan equiparar las cosas; esto es bastante usual, recurrente cuando se está llevando a cabo una transformación», justificó AMLO.

Aseguró que en lo que se dio a conocer sobre su hermano, hay mucha diferencia con los actos de corrupción que se cometían anteriormente. «No sólo es lo cuantitativo» en referencia al monto del dinero involucrado, pues dijo que mientras Lozoya ha ventilado que se pagaron 200 millones de dólares de sobreprecio por una planta chatarra (Agronitrogenados), en el video de Pío López Obrador apenas son 2 millones de pesos.

López Obrador dijo que todo ese dinero se trató de «aportaciones para fortalecer el movimiento» que encabezaba; alegó que en esos tiempos, era la gente la que apoyaba la lucha. Apuntó que durante muchos años, ha sido el pueblo quien ha financiado las revoluciones.

Enfatizó que mientras a él, era la gente quien lo apoyaba, en los casos que Lozoya ha ventilado se trataban de extorsiones, mordidas que pedían los funcionarios para hacerse de recursos de manera ilícita y con recursos públicos.

Aclaró que los videos de su hermano y su aun colaborador (León Romero) son de 2015, año en que hubo elecciones en Chiapas y elecciones federales; refirió que en dichas elecciones, Morena no gano ningún distrito en la entidad, además de que de los 124 municipios que se renovaron Morena ganó apenas uno.

«Esos recursos, como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento, y como él mismo lo afirma, David León contribuía de esa manera, consiguiendo esos fondos, como ayudaron muchos mexicanos», añadió AMLO.

El mandatario insistió que se debe acabar con la corrupción y con la impunidad, por lo que pidió se actúe de manera consecuente: pidió que los videos que reveló el periodista Carlos Loret de Mola se entreguen a la Fiscalía General de la República (FGR), y se presenten las denuncias correspondientes.

Señaló que quienes deben presentar dichas denuncias son los expresidentes, o los dirigentes de los partidos, para que se inicie la investigación, se llame a declarar a los implicados y se actúe legalmente.

AMLO aclaró que lo que se retrata en los videos filtrados no tiene relación alguna con la elección presidencial del 2018, por lo que dijo, no debe haber malas interpretaciones.

El presidente reiteró lo que ha venido diciendo en los últimos años, acerca de que no debe haber corrupción o impunidad, se trate de quien se trate.

«Si un familiar comete un delito debe ser juzgado; sea mi hijo, mi esposa, mis hermanos, mis amigos; en fin, sea quien sea, se acabó la impunidad. Yo no le voy a fallar al pueblo de México».

Dijo que seguirá actuando con integridad y rectitud, pues su autoridad moral le permitirá mantener su autoridad política y así desterrar la corrupción del país.