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La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, informó esta tarde que el pasado domingo 8 de junio recibió amenazas de muertes, vía whatsapp, mensajes de texto y llamadas telefónicas.

La presidenta de la CNDH indicó que recibió amenazas de múltiples personas y desde diversos puntos del país, a través de más de 100 números telefónicos.

Precisó que las amenazas no fueron solo en contra de ella, sino que incluyeron a sus familiares.

«Las amenazas, no me atemorizan; estoy acostumbrada a tener presión ante esta lucha que hemos llevado desde siempre como víctimas, pero ahora con un estatus de poder hacer, de poder solucionar cosas, de poder impedir, de poder hacer que en este país no se sigan violentando los derechos humanos», indicó Piedra Ibarra en conferencia de prensa.

Al respecto, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México, a quien entregó las pruebas necesarias, para que de curso a las investigaciones correspondientes.

Piedra Ibarra afirmó que las amenazas que recibió se centraban en dos temas: el 30 aniversario de la Comisión, específicamente sobre sus declaraciones de que pretendía convertir a la CNDH en una defensoría del pueblo.

Explicó que en los mensajes le cuestionaba su idea de defender únicamente a los pobres en México, aspecto que negó, pues dijo que la CNDH protege y protegerá a todos los ciudadanos del país, sin importar su poder adquisitivo, sexo, condición, etc.

El otro tema que se le reclamó en los mensajes y llamadas que recibió, fue con la atracción que la Comisión hiciera del caso de Giovanni López; la amenazaron con que «no se metiera con el gobernador» Enrique Alfaro.

En ese sentido, afirmó que desde la CNDH no se ha señalado a nadie en específico, pues hasta ahora solo se ha dado seguimiento a las investigaciones correspondientes.

«No vamos a tolerar que en este país siga imperando la impunidad (…) vamos a seguir adelante con la reforma de esta Comisión, hasta convertirla en lo que queremos, en una defensoría del pueblo, en la que realmente se defiendan los derechos de todos los ciudadanos», remató Piedra Ibarra.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que el gobierno presentará denuncias contra algunas empresas energéticas por fraude.

El mandatario aseguró que alista las denuncias contra «los que resulten responsables» de dañar a la Hacienda Pública por contratos «fraudulentos» entregados en administraciones pasadas que obligaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagarle una tarifa a los privados.

Al indicar que primero hablará con los privados, criticó que la opinión pública solo acepte la opinión de los particulares.

«Incluso se puso por delante el que se estaba afectando la generación de energía limpia y que estábamos nosotros queriendo regresar al combustóleo para contaminar, ese no es el fondo del asunto, aquí estamos ante un posible fraude a la nación», dijo AMLO en la  mañanera.

El presidente se refirió a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este lunes notificó de la suspensión provisional de la política que la Secretaría de Energía (Sener) publicó el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este acuerdo, como explicó el propio mandatario este martes, pretende que la electricidad de generadores privados de viento y sol no tenga prioridad sobre la de plantas hidroeléctricas y otras fuentes de CFE.

«Como el plan era arruinar a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad, pues las hidroeléctricas están
subutilizadas», insistió López Obrador.

Aunque el presidente dijo que la SCJN otorgó un amparo a las empresas inconformes, en realidad la Suprema Corte concedió esta medida cautelar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quien impugnó la semana pasada la política porque «violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución».

«Somos respetuosos de la legalidad, hay en México Estado de derecho, esto también lo digo para que en otras partes, particularmente en España, en Estados Unidos, pues no se piense que se actúa de manera arbitraria», dijo López Obrador.

El presidente indicó que explicará a los empresarios de Estados Unidos y España «por qué están actuando así».  Aun así, adelantó que va «a defender el interés público» ante la Corte, aunque «lleve tiempo», pues se calcula que la SCJN podría tardar hasta un año en determinar la constitucionalidad de la política de Sener.

«Lo que hay es una campaña hablando de que no respetamos acuerdos, pues si ustedes se enteran de que hay un delito o un presunto delito, pues estamos obligados todos a denunciarlo, ¿o ya lo dejamos así? ¿que nos sigan robando?», remató.

El gobierno federal anunció esta mañana el primer paquete de denuncias contra las llamadas factureras, empresas que simularon operaciones fiscales a través de la compra-venta de facturas, y que involucran a 43 entidades que desde 2010 defraudaron al fisco por 55,125 millones de pesos.

«Esto fue tolerado por muchos años y desde luego que participaron funcionarios públicos y les diría que algunos empresarios», dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fue la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, quien detalló que las demanda es contra 43 empresas relacionadas entre sí, que compartieron clientes, domicilios fiscales, representantes legales, entre otros, y que emitieron facturas falsas a 8,212 contribuyentes.

Detalló que para lograr la identificación de estas empresas, se analizaron 22 millones de facturas relacionadas a actividades que jamás se realizaron y que permitieron a dichos contribuyentes evadir 43729 millones de pesos en Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 11,396 millones de pesos de IVA.

«Las empresas factureras son empresas que facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. Lo que hacen es aumentar con gastos falsos los gastos de la empresa para disminuir sus utilidades y el pago de impuestos», explicó Buenrostro.

La titular del SAT denunció que dicho sistema de facturación también se utilizó para pagar actividades ilícitas.  «Se factura un honorario de una persona de trabajos de la construcción cuando en realidad se está pagando un soborno, tráfico de drogas, extorsión, tráfico de personas o corrupción a servidores públicos»,indicó.

Precisó que además de perseguir penalmente a las 43 empresas factureras, el gobierno dará un plazo de tres meses a los 8,212 contribuyentes beneficiados por estas factures para que regularicen sus actividades, pues señaló que muchos participaron y fueron engañados sin darse cuenta de que estaban comprando facturas a empresas vinculados con el crimen organizado; advirtió que en caso de que no regularicen, también serán denunciados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana una persecución legal contra un «fraude monumental» de facturas falsas equivalente al 30% de los ingresos del gobierno en el que estarían involucrados altos funcionarios.

En conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el mandatario dijo que en la última década han operado en el país empresas dedicadas a «falsificar facturas mediante mecanismos de lavado de recursos para no pagar por completos los impuestos».

«Se creó como una especie de SAT paralelo, un sistema de recaudación paralelo.Así como hablan de la economía informal, así se creó un sistema fiscal informal donde estos despachos ofrecían servicios a pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, a ciudadanos que tenían que pagar impuestos, y se cometió un gran fraude», expresó López Obrador.

El presidente estimó que la evasión equivalía hasta el 30% de los ingresos del gobierno, por lo que «estamos hablando de un fraude monumental». Según dijo, se defraudaron al menos 50,000 millones de pesos.

«Desde luego se van a presentar denuncias penales para los responsables y, para los contribuyentes que ni siquiera saben que sus facturas fueron falsas, se les va a dar la oportunidad de que se regularicen», advirtió.

Al ser cuestionado sobre la implicación de altos funcionarios de administraciones pasadas, el presidente se limitó a confirmar que «hay de todo». Aclaró que no se revelarán los nombres de las personas involucradas en dicha trama.

«Nosotros no podemos callar porque estaríamos encubriendo, y vamos a dar a conocer en qué consistía este fraude a la nación, cómo operaba, quiénes eran los responsables y cuánta gente fue víctima», expresó López Obrador.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que el gobierno federal presentará denuncias penales contra quienes promovieron el sistema de facturación falsa, los llamados «factureros».

Indicó que el gobierno tiene cálculos de que se ocuparon las facturas falsas para fugar alrededor de 300 mil millones de pesos.

AMLO adelantó que dará oportunidad a todos los contribuyentes que hayan cometido alguna irregularidad para que se regularicen, pues dijo que en algunos casos, no supieron que sus contadores utilizaron facturas falsas en sus sistemas contables.

«Les vamos a notificar a todos los que están en esta situación para que vayan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que se pongan al corriente», dijo AMLO, al decir que incluso personajes «famosos» figuraban en esos registro.

En ese sentido reveló que políticos y exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las administraciones anteriores están implicados.

Sobre temas relacionados al SAT, el presidente descartó la propuesta de Morena, a la que se han sumado el PRI, PAN y MC, de reducir el IVA del 16% al 10% en el contexto de la pandemia.

Dijo que la propuesta no es viable. «La reducción del IVA no es viable, lo que consideramos es que si no aumentamos los impuestos como lo hicieron los neoliberales, con eso se apoya mucho a la gente y procurando que paguen los impuestos los de arriba».

Recordó que la recaudación sirve, entre otros fines, para financiar los Programas Integrales de Bienestar.

Roberto Valdovinos Alba fue destituido de su cargo como titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de que se presentaron cinco denuncias de acoso laboral en su contra.

“El día de hoy fue notificado de su destitución Roberto Valdovinos Alba como titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). Lo anterior en atención a la recomendación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Relaciones Exteriores, adoptada por unanimidad», informó la cancillería esta tarde.

Mediante un comunicado, la dependencia federal explicó que las denuncias fueron analizadas y se confirmó la consistencia de los hechos denunciados como “trato inadecuado y hostigamiento laboral.

Dichas conductas reiteradas afectan la estabilidad y operación del Instituto, por lo que dictaminó que no existen condiciones para que el servidor público continúe desempeñándose en su cargo, indicó la SRE.

Aclaró que los derechos de Valdovinos Alba fueron respetados en todo momento, incluyendo la garantía de audiencia y un estricto apego al debido proceso en cada una de las acusaciones que se presentaron ante el Comité, que también veló sistemáticamente por los derechos de las víctimas, en defensa de su privacidad e integridad.

La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que la destitución se enmarca en el compromiso de una política feminista que busca “eliminar las diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género».

Al ser cuestionado por una periodista sobre su posible destitución, que se concretó este día, Valdovinos Alba intentó quitarle el equipo celular con el que grababa la reportera.

 

Un total de 10 entidades, entre ellas el IMSS, el ISSTE y la SEP, son las que acumulan más denuncias por posibles actos de corrupción de servidores públicos que investiga la Secretaria de la Función Pública (SFP) de las 34 mil que ha recibido la institución.

Así lo dio a conocer la titular de la dependencia federal, Irma Eréndira Sandoval, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se explicó que, de entre las 10 entidades, las del sector salud son las que concentran más denuncias.

Además de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), del de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), también se indagan acusaciones contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Policía Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sandoval Ballesteros refirió que las denuncias se concentran en el área de salud, por lo que es tan relevante todo el trabajo que el presidente encabeza junto con los secretarios y subsecretarios de Salud, en todas las dependencias que tienen interacción cotidiana con la ciudadanía.

La funcionaria federal también explicó que incluso en una sola institución de salud se detectaron presuntas irregularidades en contrataciones públicas por más de 12 millones de pesos, aunque no reveló el nombre.

Lo que si dijo es que se indaga un daño patrimonial que asciende a 7 mil 800 millones de pesos que se habría cometido mediante el desaparecido Seguro Popular.

Detalló que se investiga del periodo de 2007 a 2016, es decir del segundo año de la presidencia de Felipe Calderón hasta su conclusión y del inicio de Enrique Peña Nieto hasta su cuarto año de gobierno.

“Estamos investigando durante el periodo de 2007 a 2016 más de siete mil 800 millones de pesos no comprobados y ejercidos dentro de este proyecto del Seguro Popular. Aquí ya estamos trabajando con los Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud y del Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi) para preparar las denuncias penales por el daño patrimonial tan fuerte», afirmó Sandoval.

La titular de la SFP destacó que también se indaga que en 2018 se utilizaron indebidamente más de 6 mil 200 millones de pesos en unidades médicas “no acreditadas» dentro de la figura jurídica del Seguro Popular.

Por el momento la dependencia federal detalló que a la par que se realiza la investigación administrativa también se hace el proceso judicial. Además dijo que 5 empresas farmacéuticas están bajo investigación por violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En ese sentido dijo que se han sancionado a 60 empresas en el sector salud de las cuales destaca el caso de Grupos Fármacos Especializados, a quienes multaron con 905 mil 880 pesos e inhabilitación por 2 años.

Finalmente dijo, hasta ahora se han recibido 102 denuncias contra Delegados y ex delegados de Bienestar.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) alentó hoy a denunciar actos de corrupción de los que sean testigos o tengan pruebas.

“Todos los mexicanos lo saben, lo que pasa es que antes no se atrevían o no les hacían caso, o había represalias, ahora no, ahora vamos a proteger, a agradecer a quienes nos ayuden a acabar con la corrupción. Ya no hay influyentismo», aseguró el mandatario.

El mandatario reiteró que a quienes denuncien actos de corrupción se les otorgarán garantías para no sufrir represalias.

Sobre los casos de corrupción, AMLO informó esta mañana que se tiene una investigación abierta por huachicoleo de combustible en puertos, en el puerto más importante para la importación de gasolinas.

Sin citar el nombre del puerto donde los funcionarios están bajo investigación, para no afectar el proceso de la investigación, el mandatario aseguró que se cuenta con evidencias del ilícito.

“Tenemos todos los elementos, desde que embarcan el combustible hasta la entrega en las gasolineras, y esto se hace dentro del puerto y es imposible que no se den cuenta que tiene que salir por una calle del puerto y salen por otra las pipas, explicó.

Añadió que el almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina, está a cargo de la investigación y de la vigilancia en los puertos marítimos del país.

Otro dato que reveló el presidente este jueves, es que hubo cambio de directivos en Pemex Internacional con el objetivo de garantizar que no haya corrupción.

“Se hicieron cambios en Pemex Internacional porque llevaban mucho tiempo un grupo de servidores públicos, algunos de ellos hasta 30 años», expuso. Detalló que los funcionarios públicos que fueron removidos eran quienes estaban a cargo de la venta del petróleo y de establecer el costo del mismo.

“Estaban encargados de vender el petróleo y fijar los precios y se llegó a un acuerdo de que ya era necesario un cambio, una renovación y entraron nuevos servidores públicos, porque queremos tener la seguridad de que no va a haber corrupción», sentenció.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, presentó esta tarde los resultados de la investigación iniciada en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel  Bartlett, sobre quien se concluyó que no incurrió en ningún conflicto de interés.

La funcionaria señaló que se recibieron diversas denunciar por posibles faltas administrativas sancionables atribuibles a Bartlett Díaz, tales como: conflicto de interés, tráfico de influencias y enriquecimiento oculto u ocultamiento del conflicto de interés.

Sandoval enfatizó que la dependencia a su cargo unicamente tiene facultades para investigar al Director General de la CFE, a partir del 1 de diciembre de 2018, cuando asumió el cargo.

Indicó que los particulares sólo pueden ser investigados en virtud de su vinculación con servidores públicos a quienes se le atribuyan faltas administrativas graves y con relación a los hechos que presuntamente constituyen estas faltas, durante el periodo comprendido desde el nombramiento del servidor público y hasta la presentación de la denuncia.

Adicional, señaló que la pareja sentimental del director de la CFE, Julia Abdalá Lemus, no se encuentra en los supuestos jurídicos de cónyuge, ni concubina en términos de las disposiciones civiles aplicables, aunado a que ni ella ni sus respectivos hijos son dependientes económicos y por consecuencia no está obligado a proporcionar información de ellos en su declaración patrimonial.

Irma Eréndira detalló que en los tres meses que duró la investigación, se realizaron alrededor de media centena de diligencias ante 15 instancias públicas y privadas de los órdenes federal y estatal con el fin de obtener la información necesaria para completar la carpeta.

Sostuvo que la Dirección de Registro Patrimonial y de Intereses de la SFP solicitó la copia certificada de las declaraciones patrimoniales de Bartlett correspondiente al periodo 2018-2019, aunado a que requirió a la Contraloría
Interna del Senado la copia certificada de las declaraciones patrimoniales correspondientes al periodo 2014-2018, a fin de establecer una línea base para el análisis de situación patrimonial.

La colaboradora del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que también se recabó información fiscal y patrimonial de los allegados a Bartlett, a fin de confirmar o descartar posibles irregularidades; en ese sentido, se requirieron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) las declaraciones fiscales del investigado, su pareja y sus respectivos hijos.

También se realizaron requerimientos de información sobre participación en sociedades mercantiles y propiedades inmobiliarias a los registros públicos de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Tabasco, que son las entidades en las que Bartlett ha tenido alguna presencia profesional, familiar o comercial.

Entre los elementos que permitieron establecer que no se incurrió en conflicto de interés, la SFP señaló que el artículo 291 Bis del Código Civil para el Distrito Federal establece que el concubinato se actualiza con la unión de dos personas, que han establecido una vida en común de forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años o bien, que procrearon juntos un hijo; al investigar este hecho, no encontraron pruebas de que Barlett y Abdalá haya cohabitaron u ostentado en algún momento un mismo domicilio particular con el propósito de establecer una vida en común.

«Sobre la participación de Manuel Bartlett Díaz en sociedades mercantiles, esta autoridad tuvo a bien verificar el contenido de las declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas por el servidor público ante la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, se comprobó que no existen indicios de que sus hijos León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez, sean dependientes económicos; mientras que la señora Julia Elena Abdala Lemus, si bien es su pareja sentimental, entre ambos no existe un vínculo legal de matrimonio o concubinato», indicó la SFP.

La dependencia precisó que Manuel Bartlett proporcionó información verídica sobre su patrimonio, al declarar ser titular de cuatro cuentas bancarias cuyo activo suma 51.1 millones de pesos, además de ser propietario de cinco inmuebles con valor total de compra de 8 millones de pesos.

A la acusación de que a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres, Manuel Bartlett se ha hecho de un imperio inmobiliario de 25 propiedades con valor aproximado de más de 800 millones de pesos, la dependencia concluyó que «el investigado no tiene injerencia como propietario en los inmuebles de su pareja ni de sus respectivos hijos. Por lo que sería falsa la afirmación de que el servidor público acumula un patrimonio de 800 millones de pesos en inmuebles».

Las iniciativas contra el Viernes Negro (‘Black Friday’) se multiplicaron en varios países para denunciar el consumo y sus consecuencias climáticas, con huelgas en Alemania, una cadena humana en Holanda o el bloqueo de almacenes de Amazon en Francia.

«Hoy, Amazon tiene las mismas emisiones de gases con efecto invernadero que un Estado», denunció Jean-François Julliard, director de Greenpeace Francia, durante una sentada en la que participaron varias decenas de activistas en la sede francesa de Amazon, en Clichy, cerca de París.

Los manifestantes fueron convocados por Attac y Greenpeace para participar en una acción «no violenta y alegre» y desplegaron pancartas contra el gigante del comercio en línea sentándose frente a la sede de la empresa al grito de: ¡Digamos basta al ‘Black Friday’ y a su impunidad!».

«Necesitamos más que nunca acciones de desobediencia porque Amazon es un símbolo de la impunidad», sobre todo fiscal, dijo la eurodiputada Manon Aubry, del partido Francia Insumisa (izquierda radical), presente en la manifestación.

En Madrid, Greenpeace desplegó una pancarta en una fachada en obras de la Gran Vía, la gran avenida comercial de la capital española. A tan solo unos días de que empiece la cumbre sobre el clima COP25 en esa ciudad, la ONG escribió: «Consumismo Crisis climática».

En Alemania, cientos de empleados de Amazon, según el sindicato Verdi, aprovecharon el Viernes Negro para llamar la atención sobre sus condiciones de trabajo. «Su trabajo no puede pagarse con cantidades irrisorias», denunció en un comunicado el sindicato Verdi, que organizó una huelga que, en principio, durará hasta el martes.

Sin embargo, en Estados Unidos, también se registraron movimientos de denuncias que buscaban incentivar las compras. En redes sociales, el movimiento se viralizó con el hashtag #BlockFriday.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó a la Cámara de Diputados que 10 delegados estatales de la Secretaría de Bienestar, los llamados superdelegados, están siendo investigados por el presunto uso indebido de programas sociales.

Los delegados investigados son de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, junto con el de Jalisco, que fue separado de su cargo, indicó la secretaria federal.

“Estamos procesando 12 denuncias en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo. Una vez terminadas las investigaciones, todo aquel que se encuentre culpable o que la investigación arroje indicios para una asignación de responsabilidad administrativa o incluso para una vista a una responsabilidad penal por haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía, será sancionado”, expuso.

Sandoval Ballesteros recordó que la utilización indebida de los programas sociales ya es delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa.

Comentó que la SFP también ha realizado auditorías a los programas sociales, pues recordó que desde principios de la administración firmaron un convenio de colaboración con la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional Electoral, para dar transparencia a toda la utilización de los programas sociales.

Durante su comparecencia ante los legisladores con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, Sandoval Ballesteros sostuvo que la SFP está combatiendo la impunidad sin filias ni fobias, y aseguró que “no hay intocables ni perseguidos”.

“Investigamos lo mismo a servidores públicos de la administración actual, destacados servidores públicos de la administración actual, que servidores públicos que tenían procesos abiertos en las administraciones anteriores y a los que estamos obligados también a terminar sus procesos”.

La funcionaria enfatizó que la dependencia a su cargo, entre diciembre de 2018 y octubre de 2019, ha impuesto casi 3 mil sanciones a servidores públicos, entre las que destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones y 256 sanciones económicas.

Sandoval Ballesteros indicó que del 1 de diciembre de 2018 al 15 de octubre de 2019, la SFP ha recibido 30 mil 605 denuncias ciudadanas que han dado lugar a más de 25 mil investigaciones, de las cuales 5 mil 510 ya están concluidas.

El partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco, por supuesto desvío de recursos públicos, utilización de facturas falsas, evasión fiscal y cohecho.

La denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, contiene varias sentencias de instancias como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) así como 111 facturas falsas de empresas “fantasma, que avalan un desvío de recursos para la campaña presidencial de “El Bronco», por más de 25 millones de pesos.

Después de interponer la denuncia, el senador Samuel García dijo que el presunto monto del desvío de recursos públicos en efectivo es de más de 80 millones de pesos, sumados al desvío de recursos humanos y materiales que se realizaron durante la citada campaña.

“Tenemos al Bronco acorralado. Ya cerramos la pinza, incluso con delitos que tienen que ver con lavado de dinero, peculado, cohecho y uso ilícito de facultades, dijo el legislador federal por Nuevo León.

García Sepúlveda informó que este mismo miércoles también presentaron denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, y ante la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Durante la parte de la conferencia en que estuvo presente debido al viaje que realiza, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) un par de temas coyunturales: la consulta ciudadana que se celebró este fin de semana en Baja California y las denuncias presentadas en contra del líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps,

López Obrador confirmó que existen denuncias en contra del líder sindical en el Fiscalía General de la República (FGR). Indicó que será Romero Deschamps quien sepa cómo responder a las denuncias presentadas, aunque dijo, no habrá persecución alguna, además de que reiteró que el proceso se seguirá en apego a la legalidad y tomando en cuanta los elementos de prueba que existen.

En ese sentido, garantizó que el gobierno no intervendrá en la vida interna del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), pues en caso de que Romero Deschamps decida renuncIar para enfrentar las denuncias, «nosotros no vamos a quitar a un dirigente para poner a otro, es un asunto que tienen que resolver los propios trabajadores».

En otro tema el mandatario aseguró que no se meterá en el tema de la llamada #LeyBonilla, que pretende ampliar el mandato del próximo gobernador, Jaime Bonilla, de dos a cinco años. Señaló que hay procedimientos legales para que quienes la aprobaron puedan retractarse.

Lamentó que se haya llegado «al extremo» de que el documento de la ley está “traspapelado en el Congreso del estado y no la encuentran para publicarla, que es la condición para ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que esta resuelva conforme a Derecho».

El Ejecutivo federal lamentó que algunos pretendan que el presidente intervenga en el tema, pues reiteró que se acabaron las «concertacesiones y el dedazo» de «conservadores hipócritas del pasado».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se debió a que atenderá algunas denuncias que se presentaron en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es un tema, es una denuncia, si existe, que tiene que atender la FGR, no podemos culpar a nadie y mucho menos hacerlo por anticipado, eso corresponde a instancias judiciales», expresó AMLO en su conferencia matutina.

Agregó que puede haber todas las investigaciones abiertas, pero serán la Fiscalía General y después los jueces, los que resolverán si hay delitos o no, y si se tiene que juzgar o no.

Tras señalar que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, le informó que existían depósitos financieros sospechosos de Medina Mora y por ello le pidiera que se presentaran las denuncias ante la FGR, indicó que son investigaciones que corresponden al Ministerio Público.

La renuncia de Eduardo Medina Mora, de 62 años, fue enviada por AMLO al Senado, que debe dar su aval para hacerla efectiva.

Respecto al posible reemplazo de Medina Mora en la Suprema Corte, López Obrador afirmó que aún no ha decidido cuál será la terna que enviará al Senado, pero anticipó que puede estar integrada tanto por hombres como por mujeres.

Recordemos que con la renuncia de Medina Mora, López Obrador propondrá por tercera ocasión una terna en menos de un año.

En diciembre pasado envió la primera, de la que resultó electo el ministro Luis González Alcántara. En febrero de 2019 envió la segunda, de la que el Senado eligió a la ministra Yasmín Esquivel.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) informó este viernes que tras una revisión, encontró un posible desvío de recursos por parte del ahora extinto Consejo Mexicano de Promoción Turística (CPTM) a cuentas propias y a empresas en el extranjero.

Por este, adelantó que presentará las denuncias correspondiente.

Fue el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, quien público en su cuenta oficial en Twitter que la entidad a su cargo ha analizado la información del Consejo Mexicano de Promoción Turística, «coincido con la posición de la @SECTUR_mx y su titular @TorrucoTurismo (Miguel Torruco)».

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha venido afirmando desde que asumió el poder, que el Consejo de Promoción Turística recibió 6 mil millones de pesos que se destinaban a pagar publicidad en el extranjero, además de para «pagar favores».

Ante dichas irregularidades, y en línea con las políticas de austeridad, indicó que el organismo desaparecería.

“Estaban encariñados con el manejo de los 6 mil millones de pesos del fondo de turismo, que los manejaban para pagar publicidad en México y el extranjero; pagar publicidad, no para fomentar el turismo, sino publicidad para el gobierno y para pagar favores”, dijo AMLO en mayo pasado.

Recordemos que el CPTM era el organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística de México a nivel internacional.

Este martes la Fiscalía General del Estado de Tabasco, confirmó que Arturo Núñez, exgobernador de la entidad, tiene dos denuncias en su contra, ambas promovidas por diputados locales.

A lo largo de su administración, Núñez Jiménez acumuló observaciones por más de 9 mil millones de pesos por parte de la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, principalmente por supuestas irregularidades en el sector salud y educación.

Sin embargo, hasta la fecha solo hay dos denuncias en la entidad para investigarlo junto con su esposa, Martha Lilia López Aguilera, quien se desempeñó como titular del DIF en Tabasco, organismo que solo en 2018 ejerció un presupuesto de casi mil millones de pesos.

La primera de ellas fue presentada en conjunto por dos legisladores del PRI y el PVEM en el Congreso del Estado, en tanto que la segunda corresponde a una presentada exclusivamente por integrantes de la fracción parlamentaria del tricolor ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.