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El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, anunció que esta semana él y sus contrapartes del PAN y PRI, Jorge Romero y Rubén Moreira, respectivamente, que conforman la coalición legislativa “Va Por México”, presentarán nuevas denuncias contra el presidente nacional de Morena, Mario Delgado.

El perredista indicó que las denuncias serán por actos de corrupción que derivaron en la muerte de 26 personas y un centenar de lesionados tras el colapso de la Línea 12 del Metro, que el ex senador y ex diputado federal tuvo bajo su corresponsabilidad como secretario de Finanzas durante la gestión del Jefe de Gobierno y hoy canciller Marcelo Ebrard.

Asimismo, por financiamientos irregulares a Morena procedentes del crimen organizado, a raíz de la campaña de odio emprendida contra las y los legisladores de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fracasó en el Congreso.

“El que nos pretende llamar ‘traidores’, traicionó la confianza de la gente de la Ciudad de México pagando una obra que colapsó; la línea más nueva del Metro es la primera que sucumbe», señaló el líder de la oposición.

Por lo tanto, dijo «vamos a denunciar a Mario Delgado y no sólo por ello. Hay evidencias de financiamientos irregulares a Morena, por su conducto, desde la delincuencia organizada y ahí está Tamaulipas”, concluyó Espinosa Cházaro.

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Triana Tena, presentó este lunes una demanda civil y una denuncia penal, contra el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, así como de la Secretaria del Partido, Citlalli Hernández, por daño a la moral y difamación, además de la campaña de odio y desprestigio, al llamar a los legisladores de oposición  “traidores a la patria”, por haber votado en contra de la reforma eléctrica.

Al acudir a las instalaciones del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, Triana Tena, presentó en la Oficialía, la demanda de carácter civil, para solicitar la reparación del daño con una disculpa pública en medios de comunicación que tengan presencia a nivel nacional y, con ello,  se dé marcha atrás a la campaña de odio, que emana de Palacio Nacional, además de una remuneración económica.

Explicó que la reparación del daño, tiene que ver con la imagen personal; sin embargo, la remuneración económica, la determina un juez, si procede o no.

“En caso de que proceda, yo sí quiero ser muy claro, que esto iría directamente a las personas afectadas por este gobierno, los daños colaterales, como la han llamado algunos integrantes de este gobierno, por ejemplo a los a los niños que no tienen quimioterapia para el cáncer”, indicó en un breve encuentro con medios..

Además, el legislador también acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), a interponer una denuncia penal, con el objetivo de que se investigue al dirigente de Morena, así como a su Secretaria, en materia de amenazas, por apología a la violencia y lo que resulte del comportamiento.

“Queda aquí el precedente de que todo lo que nos suceda, a partir de este momento, bueno, pues hacemos responsables tanto al Presidente del Partido Movimiento Regeneración Nacional, como a la Secretaria General, por las expresiones de odio que han manifestado, por el llamado al linchamiento público en contra de las personas que votamos en contra de una reforma constitucional  que presentó el Presidente de la República y, bueno, pues esto es para dejar constancia de ello”, afirmó Triana Tena en FGR.

Sin embargo, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, anunció que el partido seguirá con su campaña para denunciar a los 223 diputados federales que votaron en contra de la reforma eléctrica, e indicó que luego de consultarlo con sus abogados, se ha decidido interponer una demanda por el delito de traición a la patria en contra de los diputados de oposición.

Los abogados «coinciden en que sí podemos presentar una demanda por el delito de traición a la Patria, sustentando en el articulo 123 del Código Penal Federal contra los 223 legisladores que votaron en contra de una reforma que trataba de regresarle la soberanía del sector eléctrico a nuestro país», explicó el morenista este lunes en una conferencia de prensa.

Sobre estos señalamientos de incitar a la violencia, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que su partido político es un movimiento que nació de manera pacífica y continúa con ese carácter, por lo que quienes integran y simpatizan con Morena no agredirán a nadie.

Señaló que la “mayor agresión” hacia las y los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, impulsada por el Ejecutivo federal, es el repudio del pueblo. “Nosotros no vamos a agredir a nadie, no hay mayor agresión que te repudie el pueblo”, externó.

Cuestionado sobre su señalamiento de “fusilar de forma pacífica” con pluma a las y los legisladores que son “traidores a la patria”, escribiendo sus nombres en un paredón, dijo que ello no pasará más allá de usar una tinta para expresarse.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) de la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ha recibido 14 denuncias por irregularidades relacionadas con el proceso de Revocación de Mandato.

Hasta ahora la Fiscalía Electoral no ha emitido mensajes a medios, como ha ocurrido en otros procesos electorales.

Sin embargo, detalló que la para atender las denuncias, se cuenta con el apoyo de las delegaciones de la FGR en las 32 entidades.

Integralia Consultores, estima una participación promedio de 14.8% en la jornada de hoy, lo que impediría que el resultado sea vinculatorio.

López Obrador llegó a la jornada de hoy con una aprobación de 58%, según un consolidado de encuestas de la firma Oraculus.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a defender el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá, esto ante los señalamientos en contra del historiador por supuestos actos de violencia de género y acoso sexual.

El mandatario dijo que le sorprendió la comunicación que envió el gobierno de Panamá, pues dijo, ni siquiera se ha enviado la solicitud de beneplácito.

«¿Y ya entonces van a haber tribunales como los de la Inquisición, nada más porque hay denuncias de sectores si no se actúa de conformidad con la ley?», cuestionó AMLO al abordar el tema.

López Obrador insistió en su posición de que no hay denuncias penales en contra de Salmerón, por lo cual todo se trata de denuncias que tienen que ver con el ITAM y que tienen que ver también con la postura del conservadurismo, «no tengo duda de eso».

Afirmó no conocer el contenido de la carta que la cancillería de Panamá envió a la SRE, por lo cual descartó confirmar si se le negó el beneplácito.

Incluso señaló que primero se debe recibir el beneplácito del país en cuestión, para luego pasar a la ratificación en el Senado.

«Es un procedimiento. Entonces, ¿cómo por adelantado? Es que, pues el conservadurismo es así, no les gusta alguien y a darle fuerte, a darle fuerte. Y los medios, el Reforma, se metió hasta con la familia de Pedro», añadió el presidente.

Consultado sobre si no sería mejor reconsiderar el nombramiento de Salmerón, AMLO dijo que «no, porque nosotros consideramos que es una persona capaz» y defendió su trayectoria. Recordemos que el historiador es una persona cercana a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente.

En un intento por matizar su postura, López Obrador dijo que hay un juicio, si hay pruebas y está la denuncia en manos del ministerio público, no se le podría defender a Salmerón.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), nombró a dos exgobernadores del PRI como representantes diplomáticos de México en el extranjero.

Uno de los nombramientos fue el de Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora, como cónsul de México en Barcelona, España.

Al respecto, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) recordó que en la gestión de la priísta fueron desviados 140 millones de pesos a una red de empresas fantasma utilizadas en la Operación Safiro del PRI.

MCCI señala que en 2016 el gobierno de Pavlovich transfirió recursos públicos a empresas vinculadas entre sí, que el SAT ha identificado oficialmente como simuladoras de operaciones o empresas “fantasmas”; las seis empresas, a las que el gobierno de Pavlovich les transfirió fondos públicos, formaron parte de un presunto esquema de financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI, conocido como Operación Safiro.

Y es que una investigación de MCCI reveló que autoridades de siete estados, entre ellos Sonora, habían participado en la Operación Safiro con el desvío de 650 millones de pesos a esta red de empresas fantasma; 250 millones de los desvíos correspondían a Chihuahua durante la gestión de César Duarte, 230 millones al gobierno de Durango que encabezó Jorge Herrera Caldera y 140 millones al gobierno de Sonora, de Pavlovich.

Sin embargo, el nombramiento de  Pavlovich no es el único que ha generado críticas.

Pedro Salmerón fue nombrado como futuro embajador de México en Panamá, esto, pese a las acusaciones que hay en su contra, incluso por parte de mujeres militantes o afines a Morena, por acoso sexual, específicamente durante su  periodo como profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Con el hashtag #UnAcosadorNoDebeSerEmbajador, la organización estudiantil Cuarta Ola, pidió al gobierno federal reconsiderar el nombramiento de Salmerón y no pasar por alto los señalamientos en contra de Salmerón.

Afirmaron que su designación como embajador es de suma preocupación ya que ha demostrado ser una persona que abusa de su posición de poder para violentar a las mujeres.

Sin embargo, las acusaciones en contra de Salmerón no solo se presentaron en el ITAM; también en la UNAM se habló de su comportamiento hacia las alumnas, y en las mismas filas de Morena fue señalado como acosador y de hacer uso de su poder y relaciones para amedrentar a mujeres.

A la polémica sobre los nombramientos, se sumó la amenaza que hiciera el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a los exgobernadores Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa González.

En un breve mensaje publicado en sus redes sociales, el líder del tricolor afirmó que ambos exgobernadores fueron autoridades emanadas del PRI, por lo que su militancia está sujeta a los estatutos del Partido.

Enfatizó que de de aceptar la propuesta del gobierno de Morena estarían incumpliéndolos, provocando sanciones internas incluida la expulsión.

«Las oportunidades que da el PRI deben corresponderse con buen trabajo y resultados, pero también con lealtad a México y a los mexicanos. Que no quede duda, estaremos atentos a la decisión que tomen y actuaremos en consecuencia», señaló Moreno.

A lo expuesto por el dirigente nacional se sumaron otras figuras del PRI, entre ellas la diputada Lorena Piñón, quien dijo que tanto Pavlovich como Aysa González sin el PRI y su militancia jamás hubieran sido gobernadores.

«Ambos traicionan al PRI para salvar su pellejo, operaron para entregar Sonora y Campeche a Morena. Qué cinismo, espero nos convoquen lo más pronto para determinar su expulsión», dijo la legisladora a través de sus redes sociales.

México cerró el 2021 con un incremento del 52% en las denuncias de fraudes bancarios por internet con respecto a 2020, al situarse en 24,215 reclamaciones, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

En total, el organismo recibió más de 76,000 denuncias de usuarios de la banca por posibles fraudes, sin importar si se trataron de estafas electrónicas u otro tipo de estafa. Lo anterior, en medio de un alza generalizada durante la pandemia en el número de reclamaciones totales ante la Condusef, que llegaron a las 252,170, un 31% superior a las notificadas durante el año anterior.

En el caso de la banca, el grueso de las quejas se concentra en la banca múltiple (95.6%), es decir, aquella que ofrece distintos productos como cuentas de cheque, débito, ahorro y crédito; otra forma de comprobar cómo la pandemia ha aumentado las estafas en línea es considerando el porcentaje con respecto al total de denuncias.

En 2019, las reclamaciones por ciberfraudes concentraban el 13% de las quejas, pero este número subió 20 puntos porcentuales en dos años para llegar a representar el 33% en 2021. Y es que la emergencia sanitaria incrementó la actividad de los usuarios de la banca en línea..

Si en 2019 la Condusef recibía en torno a 1,000 reclamaciones mensuales por fraudes electrónicos, esta cifra se duplicó en 2021. La gran mayoría de las estafas se detecta por transferencias no reconocidas. Este tipo de prácticas alcanzaron las 17,843 en 2021, cuando dos años antes apenas superaron las 9,000 y las 11,000 en 2020.

El 35% de las transferencias electrónicas no reconocidas se originaron a partir de llamadas telefónicas en donde un criminal se hace pasar por un trabajador del banco. De acuerdo con las propias instituciones financieras, este «modus operandi» es cada día más extenso.

La Condusef indicó que solo el 29% de las quejas formales por transferencias electrónicas no reconocidas termina con un fallo a favor del cliente. En el caso de compras por internet fraudulentas (5,164 en 2021), las resoluciones favorables apenas alcanzan el 47%.

En la mayoría de los casos, los bancos argumentan que no pueden devolver el dinero a los defraudados porque, a pesar de que fueron engañados, dieron información sensible como contraseñas de la banca en línea o el NIP para cajeros a los delincuentes.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) indicó este lunes que en lo que va de la presente administración, ha presentado 757 denuncias penales ante diversas fiscalías y, actualmente, por conducto de la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ), da seguimiento y coadyuva con el ministerio público en 315 carpetas de investigación, incluidas las pendientes de sexenios anteriores.

Detalló que a través de la UAJ, ha presentado 198 denuncias penales, 165 de ellas radicadas en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, 114 de ellas por los delitos de enriquecimiento ilícito, 34 por uso ilícito de atribuciones y facultades, 21 por ejercicio ilícito del servicio público, 10 por peculado, cinco por falsificación de documentos y 14 más por otros delitos.

En total, han sido denunciadas 341 personas servidoras y ex servidoras públicas.

Mediante los Órganos Internos de Control (OIC) y las Unidades de Responsabilidades (UR) de las empresas productivas del Estado se han presentado 559 denuncias, la mayoría de éstas por los delitos de falsificación de documentos, ejercicio ilícito o indebido del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, cohecho y peculado.

La SFP, que dirige Roberto Salcedo Aquino, durante la actual administración la SFP ha impuesto 8 mil 228 sanciones a 7 mil 34 personas servidoras públicas por conductas que constituyen faltas administrativas.

De acuerdo con el Registro de Servidores Públicos Sancionados, las sanciones impuestas se dividen en amonestación privada (mil 126), amonestación pública (mil 321), destitución (478), inhabilitación (3 mil 108), sanción económica (594) y suspensión (mil 601).

La dependencia aclaró que a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), en el Registro de Servidores Públicos Sancionados únicamente pueden publicarse las sanciones de inhabilitación que se encuentran firmes y vigentes. En el registro no se publican las resoluciones de las personas que no han sido inhabilitados o cuyas inhabilitaciones no se han establecido como firmes.

Por último, se indicó que la SFP ha remitido mil 95 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por posibles faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas, que deberá emitir, en su caso, la sanción correspondiente; 80 han sido enviadas por las oficinas centrales y mil 15 por los OIC y las UR.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) presentó las primeras denuncias por el derrumbe ocurrido en un tramo elevado de la línea 12 del Metro, que ocurrió en mayo pasado y que dejó 26 personas sin vida y cerca de 100 heridos.

El despacho Regino Abogados informó que la fiscalía judicializó la carpeta de investigación en contra de 10 personas, entre las que están cinco de sus clientes.

«Ya los acusó, ya pidió audiencia, que va a ser el próximo lunes 25 de octubre a las 10.30 de la mañana», reveló en rueda de prensa Gabriel Regino, representante del despacho.

Las acusaciones se revelan después de que la FGJ-CDMX diera a conocer la semana pasado los resultados de su peritaje, que señalaban que el accidente ocurrió por «deficiencias» en la construcción.

Estas serían las primeras denuncias de la Fiscalía capitalina sobre el accidente ocurrido entre las estaciones Olivos y San Lorenzo, en la alcaldía Tláhuac, que dejó al vagón encallado en forma de «v».

El acusado de mayor perfil entre las 10 denuncias es Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, que planteó la construcción de la línea, y quien trabajó en la gestión del ahora canciller Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno del Distrito, y que colaboró en los primeros dos años de la administración de Miguel Ángel Mancera.

El abogado Regino acusó a la fiscalía de caer en «contradicciones y violaciones de derechos humanos», además de de darle «un trato VIP» a la empresa constructora», pues ha adelantado que no procederá penalmente contra la empresa pues se llegará a un acuerdo reparatorio.

«Nuestros representados del Proyecto Metro no eran los responsables ni administrativa ni legalmente ni de la supervisión ni de la construcción de la obra porque para eso se contrataron empresas que están perfectamente identificadas», sostuvo el abogado.

En su lugar, dijo el abogado, hay funcionarios que sí tienen responsabilidad en los hechos, por lo que el despacho presentará denuncias contra ellos. Contra quienes se presentará la denuncia, que estará dividida en dos partes, están Jorge Gaviño, exdirector del Sistema de Transporte Colectivo (STC); Florencia Serranía, directora del STC durante el derrumbe; Jesús Antonio Esteva, secretario de Obras y Servicios del actual Gobierno de Ciudad de México, y Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad.

Más tarde, la Fiscalía confirmó las denuncias ventiladas por el despacho de abogados.

Autoridades a cargo del proyecto indicaron que los trabajos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que iniciaron el 17 de octubre de 2019, presentan un avance del 69% de la obra con un ejercicio de 40 mil 995 millones 288 mil 230 pesos distribuidos en mano de obra, materiales, maquinaria, combustibles, acarreos y gastos generales.

El ingeniero y comandante Gustavo Ricardo Vallejo Suárez recordó que tal como lo ha prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), les quedan 886 días para la culminación del proyecto, pues se estará entregando e inaugurando el próximo 21 de marzo de 2022

Subrayó que no se va a ejercer ningún recurso adicional que el presupuesto establecido para la construcción del nuevo aeropuerto.

«No rebasará el presupuesto autorizado, aun cuando en dos años de obra ha tenido que afrontar múltiples incrementos en los costos de materiales», dijo el comandante. Destacó que dichos incrementos han sido afrontados con una eficiente administración de recursos.

Insistió en que no se rebasará el presupuesto estipulado de 75,000 millones de pesos, y aseguró que la obra es viable técnica, legal, social y financieramente hablando.

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que con el nuevo aeropuerto se están realizando ahorros por 125,000 millones de pesos respecto a lo que iba a costar el cancelado aeropuerto de Texcoco, obra del anterior gobierno federal. Señaló que esa cifra es cercana a lo que costará el Tren Maya, otra de las obras prioritarias de su administración.

Respecto a la nota que publicó el periódico El Universal, sobre un supuesto cobro de un porcentaje del salario que hacían a los trabajadores para que siguieran trabajando en la construcción del aeropuerto, López Obrador aclaró que se trata realmente de las retenciones por impuesto sobre la renta y de las cuotas de seguro social.

“¿Cómo se integra el salario real? 67% de salario es lo que se la paga al trabajador, al trabajador se le paga completo; sin embargo, su salario integrado es mucho mayor porque la Sedena, como patrón, tiene la obligación conforme a la Ley del Seguro Social de determinar las cuotas obrero patronales, enterarlas; el importe total al Seguro Social, esto más o menos es el 16%”, explicó el general Gustavo Vallejo, quien añadió que también deben retener y enterar a Hacienda del Impuesto Sobre la Renta, por lo que si se suman ambos conceptos, la Sedena debe aportar un 33%.

En ese sentido el presidente López Obrador refirió que ese es el 30% de “moches” de los que hablaba El Universal, corresponde a estas retenciones.

Las autoridades también informaron que se han generado 116 mil 015 empleos directos, de los cuales 29 mil 491 se encuentran activos; el pago de mano de obra corresponde al 26.94% del gasto total ejercido, es decir, 11 mil 045 millones 247 mil 735 pesos.

Recordaron que el futuro aeropuerto tendrá capacidad para unos 20 millones de usuarios al año en una etapa inicial, y espera recibir hasta unos 85 millones en varias etapas de construcción que se cumplirán en las próximas tres décadas 2030, 2040 y 2050.

El ingeniero y comandante Gustavo Ricardo Vallejo Suárez aseguró que será un aeropuerto de clase mundial que contará con una red de transporte multimodal para asegurar que la conectividad y la movilidad sean eficientes y seguras.

“Tendrá una capacidad de crecimiento hacia 50 años en adelante. Así se ha proyectado y así se está construyendo. Va a otorgar a la industria aérea una nueva plataforma con lo mejor del equipamiento y tecnologías para atender el creciente mercado doméstico internacional de pasajeros y carga entre México y de México con el mundo”, apuntó.

Santa Lucía operará a la par del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y con el de Toluca en el Estado de México.

Tal como lo ordenara la semana pasada la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), este miércoles inició el recuento de votos de la elección para la gubernatura de Campeche.

El Tribunal indicó que el ejercicio se realiza con el fin de garantizar la certeza y seguridad jurídica de los resultados del proceso electoral del 6 de junio, en donde la candidata de Morena, Layda Sansores resultó electa.

La autoridad electoral señaló que el recuento se realiza con la presencia de autoridades electorales, representantes de partidos políticos y observadores. Incluirá los 1,190 paquetes electorales correspondientes a los 21 distritos locales de la elección a la gubernatura.

Se indicó que, con el fin de abonar a la transparencia del ejercicio, el recuento será transmitido a través de las redes sociales, el cual se espera que se prolongue por los siguientes dos días.

Sobre el recuento, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, indicó que sestarán atentos al ejercicio, asegurando que se evidenciará «el cochinero» que hicieron Morena y Layda Sansores. Indicó que en la elección de Campeche no hubo equidad y se rompió el principio de certeza.

Recordemos que los magistrados de la Sala Superior del TEPJF ordenó el recuento al considerar que el número de votos nulos registrados es mayor a la diferencia que hubo entre la candidata ganadora y el segundo lugar.

Además, Movimiento Ciudadano denunció la presencia de boletas falsas, pues hubo una diferencia de 107,000 votos respecto a los recibidos en la contienda por el Congreso local.

Por su parte el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, viajó a la Campeche para acompañar la «defensa del voto del pueblo».

Insistió en que quieren robarles en los tribunales lo que los opositores no pudieron ganar en las urnas. «¡Que sepan que desde @PartidoMorenaMx no los vamos a dejar! Venimos a defender la voluntad del pueblo de Campeche que ya decidió que @LaydaSansores sea la próxima gobernadora».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) amenazó esta mañana con ser denunciados a los distribuidores de gas, que se encuentran en huelga en la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, debido a la limitación de precios decretada por el gobierno federal.

«Se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes se nieguen a cumplir con su obligación de prestar servicio de un insumo fundamental para la gente», expresó el mandatario en la mañanera. Esto afectaría «desde distribuidores hasta comisionistas», advirtió.

Y es que el Gremio Gasero Nacional entró ayer en huelga indefinida después de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) limitara los precios máximos a los que se puede vender a los usuarios el gas LP.

López Obrador explicó que el paro «no es un asunto nacional», sino que se concentra en el área metropolitana de Ciudad de México y en Pachuca (Hidalgo).

Asimismo, dijo que el gabinete de seguridad del gobierno federal y el gobierno de la CDMX están trabajando para «garantizar el abasto del gas».

«Ya estamos viendo cómo garantizamos el abasto en una situación de emergencia. Es lo primero que quiero transmitirle a la gente», dijo el mandatario.

López Obrador también ofreció «garantías de seguridad» a los distribuidores de gas que decidan operar, los cuales estarán resguardados por la Guardia Nacional.

Recordemos que en la Ciudad de México, según la regulación de precios emitida por la CRE, ningún usuario deberá pagar más de 11.52 pesos por litro para tanques estacionarios y 21.33 pesos por kilogramo, cuando se trate de cilindros metálicos.

Además, a inicios de julio, el presidente López Obrador anunció la creación de Gas Bienestar, que prevé suministrar este combustible a un «precio justo».

Según estimaciones, en CDMX y EdoMex, son más de 38,000 unidades, entre pipas y camiones repartidores de cilindros, las que dejaron de surtir el combustible.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de gas L.P. y empresas conexas, señaló en un mensaje en Twitter que se deslindaba de las acciones tomadas por los comisionistas independientes que impiden la venta y distribución de combustible.

«Las empresas distribuidoras del Valle de México se deslindan de las acciones de grupos de comisionistas independientes, que no tienen permiso de distribución y están bloqueando las plantas, impidiendo que salgamos a trabajar y suministrar los hogares y comercios que requieren gas», señaló uno de sus mensajes.

Además, dijo que con la implementación del control de precios de gas LP, los distribuidores comunicaron a las autoridades «los riesgos y afectaciones implícitos y nuestro interés en coadyuvar en una solución integral que si resuelva el problema de fondo en beneficio de los consumidores».

Luego de que se diera a conocer la apelación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la exoneración que hiciera sobre una denuncia en su contra la Fiscalía General de la República (FGR), así como una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito, el magistrado presiente del TEPJF, José Luis Vargas, aseguró que es inocente de lo que se le acusó, y defendió la resolución  alcanzada por el Ministerio Público.

A través de un comunicado, Vargas Valdez señaló que tras varios meses de investigación, la FGR, por conducto de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción concluyó que las imputaciones que se hicieron en su momento en la denuncia que presentó la UIF no correspondían a la realidad.

«Resolvió decretar el no ejercicio de la acción penal, esto significa que la autoridad ministerial investigó los hechos que se denunciaron y determinó que no existe delito que perseguir; además, concluyó una vez que cotejó la información que puntualmente aporté, que no hay ningún tipo de inconsistencia en mi patrimonio ni en mis gastos», sostuvo el ministro presidente del Tribunal Electoral.

Afirmó que su patrimonio tiene un origen lícito y son congruentes sus percepciones con sus erogaciones, y aprovechó para aclarar que las cifras filtradas y presentadas en la nota publicada por Reforma, fueron alteradas y por lo tanto la información es falsa imprecisa e injuriosa sobre su persona y su patrimonio.

José Luis Vargas cuestionó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenga las facultades para impugnar la resolución de la FGR, quien decretó el no ejercicio de la acción penal en su contra, pues dijo, está debidamente sustentada en pruebas que acreditan que no cometió delito alguno.

Lamentó que se deteriore y se corrompa el proceso legal mediante filtraciones a los medios de comunicación. Indicó que en nuestro país es ilegal que las denuncias, actuaciones ministeriales y procesos penales, sean objeto de filtraciones a medios de comunicación.

«Reitero soy inocente de lo que me han imputado mediante la denuncia y que fue corroborado y verificado de manera exhaustiva por el ministerio público federal. Mi patrimonio y el de mi familia corresponde a ingresos obtenidos de manera lícita y declarado ante las autoridades competentes», remató el miembro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FEDE), José Agustín Ortiz Pinchetti, señaló un desarrollo positivo de la jornada electoral de este domingo, aunque informó sobre 415 denuncias recibidas hasta ahora relacionadas con las elecciones, las cuales señaló que están siendo investigadas.

De estas denuncias, 229 provienen de la Ciudad de México, 100 del Estado de México, 61 de Nuevo León, 48 de Chiapas y 45 de Puebla. La mayoría de los problemas detectados son de competencia local, por lo que en el ámbito federal «las cosas están tranquilas».

Ortiz explicó que llama la atención el número de llamadas telefónicas al sistema FEDETEL, con cerca de 52,000, aunque precisó que la inmensa mayoría son peticiones de información y únicamente unas 1,000 aportan datos sobre posibles delitos electorales.

Además, ha destacado la «gran asistencia» en los centros de votación y ha invitado a todos los electores a ejercer su derecho de votar en estos comicios, los más grandes en la historia del país.

«Nunca se había visto que en las elecciones intermedias hubiera tanto interés y que hubiera signos, síntomas, de que tendremos elecciones de alta calidad democrática. Eso será un paso adelante en la construcción, que ha sido muy accidentada y difícil, de la democracia en México», expuso Ortiz Pinchetti.

Los cinco estados con más incidencia por posibles delitos electorales federales son hasta el momento: la Ciudad de México con 229; el Estado de México con 100; Nuevo León con 61; Chiapas con 48 y Puebla con 45.

El titular de la FEDE recordó que cuatro mil 200 policías federales y mil 600 peritos que ayudarán a esclarecer los posibles delitos que se presenten durante la jornada electoral.

Recordemos que en la jornada electoral de este domingo están en juego más de 21,000 cargos de elección popular, entre las que destacan los 500 diputados federales; 15 gubernaturas; 1,063 cargos en congresos locales; 17,000 en ayuntamientos, y más de 1,900 alcaldías,

Desde el pasado mes de septiembre, que inició el actual proceso electoral, se han registrado 910 agresiones o delitos contra políticos, 860 víctimas de diversos delitos; un saldo de 91 víctimas mortales, 36 de ellos aspirantes y candidatos, según el último corte del monitoreo realizado por la consultora Etellekt.

La cifra final (910 agresiones) representan 17.5% más que durante todo el proceso electoral del 2018.

El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, afirmó que el Tribunal actúa de forma absolutamente independiente para resolver controversias electorales, y afirmó que ninguna fuerza política o interés particular puede perjudicar su autonomía.

Vargas Valdez destacó que en tres décadas, el INE y el TEPJF han trabajado a favor de los derechos de la ciudadanía, lo que se convierte en su mejor carta de presentación ante cualquier embate político, y los amagos de su disolución.

El magistrado presidente indicó que en casi 25 años de existencia, ha resuelto 230 mil asuntos y ha calificado cuatro elecciones presidenciales en las que se ha dado el cambio de poder entre partidos, alternancia que se traduce en que tanto el Tribunal, como el INE, son garantes del respeto a los resultados, gane quien gane.

José Luis Vargas recordó que las elecciones del próximo domingo conforman un gran reto para las autoridades electorales, no solo por el número de votantes, sino porque también se presentan en un momento en que el país vive un contexto realmente delicado tanto de seguridad pública como de carga política, que lleva a los ciudadanos a decidir salir a ejercer su voto, aún en condiciones como la pandemia.

Confió en que el próximo 6 de junio se vivirá una fiesta cívica, «muestra de que México confía en su democracia, sale a las urnas y se manifiesta».

Por su parte el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que la posibilidad de un fraude en México está acotada y, en cambio, prevalece la cadena de confianza en el proceso electoral.

Insistió en que México el fraude electoral se acotó desde el momento en que como país se lograron eliminar los factores que hacían posible la arbitrariedad de la organización de las elecciones y se dotó de autonomía plena a las autoridades electorales frente a la intromisión de los actores políticos.

Córdova Vianello refirió que, desde hace algunos años, la democracia ha estado bajo serios procesos de tensión y amenaza, algunos de los cuales parecen haberse agudizado en tiempos de pandemia.

Finalmente, la Fiscalía General de la República (FGR), a través del titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), José Agustín Ortiz Pinchetti, informó que se emitirán este domingo tres mensajes a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, con el fin de mantenerlos informados sobre posibles denuncias o hechos que tengan que ver con la probable comisión de delitos electorales del orden federal.

La Fiscalía detalló que dichos mensajes se transmitirán por medio del canal de YouTube de la FGR, así como de sus distintas redes sociales, en los horarios: 10:00, 14:00 y 20:30 horas, respectivamente.

Al ser cuestionado sobre el tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga dos denuncias contra Carlos Romero Deschamps, exlíder sindical de Pemex, y otras contra los gerentes de las seis refinerías.

«Hay dos denuncias en la fiscalía, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por depósitos de 309 millones de pesos, esta es la información (de Romero Deschamps)», informó López Obrador en su conferencia matutina.

Recordemos que Romero Deschamps, acusado de corrupción, abandonó su cargo como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en 2019 tras 26 años, pero se mantuvo como trabajador activo de Pemex hasta el pasado 16 de marzo.

Romero Deschamps continuaba como empleado de Pemex con un salario de más de 1.2 millón de pesos anuales, entre sueldo neto y compensaciones.

López Obrador recordó también que fue él quien exhortó a Romero Deschamps a renunciar a Pemex al considerar «inmoral» su permanencia.

Una investigación periodística dejó al descubierto que se mantenía como trabajador pero gozando de las vacaciones que no disfrutó durante años, para que en 2024, cuando AMLO deje el poder, pudiera regresar a la dirigencia del sindicato.

«Es la fiscalía la que va a decidir si las pruebas son contundentes, si el dinero es producto de ilícitos, todo lo que tiene que hacer la autoridad, no podemos condenar a nadie sin pruebas», matizó López Obrador.

A pregunta expresa, el mandatario también reconoció la existencia de denuncias contra los gerentes de las seis refinerías activas de Pemex por robo de combustible, el llamado huachicoleo. «Están abiertas las investigaciones, no solo en este caso, son cientos de investigaciones, todas relacionadas con el huachicol, porque se está combatiendo el huachicol», dijo.

Y es que la lucha contra el huachicoleo, vinculado al crimen organizado, es una de las principales promesas de López Obrador.

Aunque negó que sea «un caso generalizado», el presidente afirmó que el gabinete de seguridad, encabezado por la secretaria Rosa Icela Rodríguez, realiza una investigación.