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La red social Facebook presentó este jueves su último informe sobre el cumplimiento de las normas comunitarias en la plataforma, en el que aseguró que el 95% de los mensajes de odio son eliminados de forma proactiva sin necesidad de que los usuarios los denuncien.

La empresa explicó que hace tres años, en 2017, la inteligencia artificial únicamente le servía para detectar de forma proactiva el 23.6% de los mensajes de odio, de manera que el resto solo eran retirados cuando algún usuario denunciaba estos contenidos y por tanto aumentaba su exposición.

Sin embargo, entre julio y septiembre de este año, de las decenas de millones de contenidos de odio eliminados en Facebook e Instagram, el 95% fueron suprimidos de forma proactiva al ser detectados por sistemas de inteligencia artificial, reduciendo así significativamente su tiempo de exposición.

En concreto, la compañía retiró por este motivo 22.1 millones de mensajes en Facebook durante esos tres meses (una cantidad similar a la del trimestre anterior) y 6.5 millones en Instagram (el doble que en el trimestre precedente).

El informe destacó que el periodo de referencia incluye parte de la campaña presidencial en Estados Unidos, aunque no la recta final (octubre) ni la jornada electoral en sí misma, o los varios días que ha durado el escrutinio de los votos.

La compañía que dirige Mark Zuckerberg añadió por primera vez en el informe datos sobre la “prevalencia” de los mensajes de odio, es decir, el porcentaje de veces que los internautas ven contenidos que violan las normas comunitarias de la plataforma.

Para cuantificar esta variable, la empresa toma una muestra aleatoria de contenidos visibles en Facebook (es decir, que no han sido retirados) y analiza cuáles de ellos son mensajes de odio (que atentan contra grupos de personas por su raza, sexo, cultura, creencias religiosas, orientación sexual, etc).

Según este método, la prevalencia de contenidos de odio entre julio y septiembre fue de entre el 0.10 y el 0.11%, lo que supone que de cada 10,000 veces que un usuario vio contenidos en Facebook, diez u once de ellos contenían mensajes de odio.

Esta mañana, mediante una carta difundida en sus redes sociales, la ex funcionaria federal, Rosario Robles, informó que el pasado 21 de octubre, sus  abogados solicitaron por diversos motivos el sobreseimiento de la causa penal que se le sigue.

En su escrito, recordó que lleva más de un año privada de su libertad, y señaló que incluso el propio Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ha dicho públicamente que “me tienen como rehén ‘porque no he querido colaborar’ para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guión que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia”.

La ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, reveló que ‘fuentes confiables’, al interior de la FGR, le han informado que funcionarios de la Fiscalía se han reunido con ex colaboradores para ofrecerles impunidad a cambio de que declaren lo que “ellos necesitan”.

En ese sentido, dijo que sabe bien que lo que la Fiscalía quiere para que ella quede en libertad es que señale como responsables de diversos hechos a ex colegas suyos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio de Peña Nieto,  con el objetivo ir contra ellos.

“Su teoría, sus hipótesis, nada tienen que ver con la verdad. Yo no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás. Seguiré luchando por las causas legales porque soy inocente, porque confío que alguien en el sistema judicial tendrá la valentía de aplicar la ley, porque creo en un sistema de justicia que tiene un enfoque garantista, defensor de los derechos humanos, y porque espero una respuesta positiva de los organismos internacionales a los que también he recurrido”, sostuvo Robles Berlanga.

Rechazó que vaya a recurrir a la figura de testigo colaborador, pues eso abriría las puertas a su libertad a base de mentiras y falsa delación. Confió en que con la verdad y demostrando mi inocencia, podrá salir de prisión, aplicándose la Ley.

Foto: Twitter

Desde las 06:00 am, integrantes del Movimiento Nacional Taxistas (MNT) comenzaron a llegar a las inmediaciones del Ángel de la Independencia, esto con el fin de exigir a las autoridades de la Ciudad de México, Estado de México y gobierno federal, cumplan las promesas que se les han hecho respecto a apoyos para el gremio.

“Ya nos cansamos de que cada vez que queremos hablar con ellos no nos escuchan, y que cada vez que nos movilizamos, nos piden saber cuáles son nuestras necesidades. Todo esto lo saben porque llevamos 6 años de lucha en contra de las aplicaciones extranjeras, y de tocar la puerta exponiendo las necesidades del sector”, dijo el dirigente del MNT, Ignacio Rodríguez.

Tras recordar que el pasado 19 de febrero fueron reprimidos por el Gobierno de la CDMX en Insurgentes y el Eje 1 Norte, el Cine Cosmos y el Ángel de la Independencia, Rodríguez dijo que hay consenso entre los transportistas de que hoy se quedarán el tiempo que sea necesario, hasta que les den una respuesta real e inmediata.

Entre las exigencias que plantearon los taxistas al gobierno local, se encuentran: someter a los conductores y vehículos de las aplicaciones a las mismas regulaciones que ellos; otorgar los 25 mil pesos de crédito a la palabra que habían negociado; aplazar al menos por dos años, mientras se recupera la economía de la ciudad y de ellos, la sustitución obligatoria de vehículos modelos 2010 y anteriores; activar el módulo de trámites ya que aseguran son víctimas de extorsión por parte de funcionarios del INVEA y los agentes de tránsito; que se ponga en funcionamiento de manera inmediata el Registro al Padrón de Tesorería; que se pongan en pausa las reformas hechas a la Ley de Movilidad durante la pandemia; que se ponga fin a los operativos pues son represivos y, finalmente, que se les condone el 100% de los pagos de diversos trámites.

Al respecto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, y el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous, reiteraron su disposición por continuar las mesas de trabajo para revisar las exigencias de los taxistas.

A través de un tarjeta informativa, la Semovi detalló que hasta esta tarde, en la concentración que llevan a cabo en el Ángel de la Independencia se encuentran 850 personas y 700 taxis estacionados, de los cuales 270 vehículos tienen matrícula y cromática de la Ciudad de México, mientras que 250 son del Estado de México y 180 del municipio de Toluca.

Indicaron que también se encuentran 14 pipas de agua potable, 10 pipas de gas LP, 18 grúas y cinco camionetas tipo estaquitas repartidoras de gas.

Por ello, exhortaron a las autoridades del Estado de México, a atender el tema que compete a los taxistas de esa entidad.

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, afirmó que entre las demandas que han sido atendidas por la Semovi se encuentra la digitalización de trámites de taxis y de control vehicular: el programa de Sustitución de Taxis 2020, el cual durante este año recibió más de 400 solicitudes y en el que se da un apoyo de hasta 100 mil pesos para la chatarrización de vehículos con 10 años o más.

Las autoridades capitalinas informaron que para atender los asuntos de vialidad, se dispuso de mil 100 policías en los diferentes puntos de la capital para agilizar la circulación, aunque dijo, se podrá hacer uno de hasta 2 mil 50 elementos y 940 policías Ateneas en 100 autos.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indicó que los cárteles mexicanos ganaron entre 2016 y 2018 un billón de pesos, aunque el volumen total de dinero ilícito generado en ese periodo podría ser mucho mayor, esto debido a que México no cuenta con una metodología para medir dichos montos con exactitud.

El colaborador del gobierno federal aclaró que esa cifra corresponde sólo a dinero que ha sido denunciado, bien por la UIF o por otras instancias, ante las autoridades competentes.

Durante un balance sobre la lucha del gobierno federal contra el lavado de dinero, Nieto señaló que la Unidad multiplicó el número de denuncias ante los tribunales, en 2018 presentó 82 y en 2019 fueron 164, y frente a las seis sentencias condenatorias conseguidas en 2018, el año pasado se lograron 84.

La UIF es un departamento de la Secretaría de Hacienda encargado de rastrear operaciones y dinero vinculado a actividades delictivas. Es el que presenta las denuncias ante la fiscalía que, con esos datos, debe iniciar los procesos judiciales necesarios.

La UIF también tiene capacidad de bloquear cuentas sospechosas y suele trabajar en estrecha coordinación con la agencia antidrogas estadounidense (DEA).

En este sentido, informó que congeló recursos a casi 2,000 personas y empresas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a 330 vinculadas al Cártel del Pacífico.

Nieto recordó que la principal amenaza de México es el crimen organizado, al que se combate desde el lado financiero, de seguridad y rastreando la corrupción política y judicial que lo protege.

“Tenemos 19 organizaciones delictivas de alto impacto y de ellas dos de naturaleza supranacional”, Jalisco y Sinaloa, dijo al mostrar el mapa delictivo del país en el que se apreciaba que esos dos grupos están activos en casi toda la República.

De los 19 identificados, Nieto dijo que durante la administración previa a López Obrador, de 2012 a 2018, crecieron ocho de carácter regional.

Entre los problemas a los que se enfrenta México para luchar contra el lavado de dinero, Nieto mencionó el que haya estructuras empresariales complejas que complican el rastreo de operaciones y el alto nivel de la economía informal que supone el 22% del PIB del país y en la que participa el 56% de la población.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE), una denuncia en contra de Morena, de David León Romero y de Pío López Obrador, hermano del presidente, a raíz de los videos que se difundieron donde aparecen intercambiando dinero en efectivo en apoyo al movimiento que encabezaba AMLO.

La denuncia se presentó por el uso indebido de recursos públicos para financiamiento de campañas electorales, por violar la normatividad de financiamiento a los partidos políticos, la transparencia y rendición de cuentas en materia de fiscalización de los recursos públicos.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que la denuncia se basa en el reportaje de Latinus, donde se muestran dos videos y un audio en los que se muestra a David León dando paquetes de dinero a Pío López Obrador, señalando que es para apoyar al “Licenciado” Andrés Manuel López Obrador, para la campaña presidencial del 2018.

En ese sentido, Acción Nacional aseguró que David León recibió el pago por sus aportaciones al ser nombrado como el responsable de “combatir la corrupción” en la distribución de medicinas, vacunas y equipo médico a todo el sistema de salud federal.

Señalaron que en un segundo video, se muestra a León Romero, anotando de puño y letra un atraso de lo que mes con mes le da a Pío López Obrador, para entregarlo al hoy presidente. “En el audio, claramente se presume que la procedencia de los recursos es ilícita”.

Además de la denuncia presentada en el INE, el partido informó que en los próximos días legisladores presentarán otras denuncias ante la FEPADE por la presunta utilización ilegal de recursos públicos para apoyar a Morena y ante la Fiscalía General de la República (FGR) por peculado, financiamiento ilícito y lavado de dinero, a fin de que las autoridades investiguen y sancionen a los involucrados.

“No podemos dejar pasar un acto de corrupción y delito electoral tan grave como éste y por ello solicitaremos a las autoridades correspondientes la revisión del financiamiento reportado por Morena y que se lleve a cabo una investigación del origen de los recursos que financiaron a Morena, porque por lo visto hay algo muy turbio ahí”, expresó la dirigencia nacional.

Solicitaron al presidente López Obrador sea congruente con sus palabras y sus hechos, y acate la ley tanto cuando se trate de miembros de su familia, integrantes de su gobierno y de su partido.

Esta mañana durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre los videos que salieron a la luz la noche de ayer, y que muestran como su hermano Pío López Obrador recibió dinero en efectivo, por parte de David León Romero, para financiar el movimiento que encabezaba en 2015.

AMLO dijo que la filtración de dichos videos es una “reacción normal” de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión de su gobierno de acabar con la corrupción en el país, y debido a que se están ventilando casos muy graves de corrupción como el que protagonizó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien ha implicado a expresidentes, legisladores y funcionarios públicos.

“Nuestros adversarios buscan equiparar las cosas; esto es bastante usual, recurrente cuando se está llevando a cabo una transformación”, justificó AMLO.

Aseguró que en lo que se dio a conocer sobre su hermano, hay mucha diferencia con los actos de corrupción que se cometían anteriormente. “No sólo es lo cuantitativo” en referencia al monto del dinero involucrado, pues dijo que mientras Lozoya ha ventilado que se pagaron 200 millones de dólares de sobreprecio por una planta chatarra (Agronitrogenados), en el video de Pío López Obrador apenas son 2 millones de pesos.

López Obrador dijo que todo ese dinero se trató de “aportaciones para fortalecer el movimiento” que encabezaba; alegó que en esos tiempos, era la gente la que apoyaba la lucha. Apuntó que durante muchos años, ha sido el pueblo quien ha financiado las revoluciones.

Enfatizó que mientras a él, era la gente quien lo apoyaba, en los casos que Lozoya ha ventilado se trataban de extorsiones, mordidas que pedían los funcionarios para hacerse de recursos de manera ilícita y con recursos públicos.

Aclaró que los videos de su hermano y su aun colaborador (León Romero) son de 2015, año en que hubo elecciones en Chiapas y elecciones federales; refirió que en dichas elecciones, Morena no gano ningún distrito en la entidad, además de que de los 124 municipios que se renovaron Morena ganó apenas uno.

“Esos recursos, como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento, y como él mismo lo afirma, David León contribuía de esa manera, consiguiendo esos fondos, como ayudaron muchos mexicanos”, añadió AMLO.

El mandatario insistió que se debe acabar con la corrupción y con la impunidad, por lo que pidió se actúe de manera consecuente: pidió que los videos que reveló el periodista Carlos Loret de Mola se entreguen a la Fiscalía General de la República (FGR), y se presenten las denuncias correspondientes.

Señaló que quienes deben presentar dichas denuncias son los expresidentes, o los dirigentes de los partidos, para que se inicie la investigación, se llame a declarar a los implicados y se actúe legalmente.

AMLO aclaró que lo que se retrata en los videos filtrados no tiene relación alguna con la elección presidencial del 2018, por lo que dijo, no debe haber malas interpretaciones.

El presidente reiteró lo que ha venido diciendo en los últimos años, acerca de que no debe haber corrupción o impunidad, se trate de quien se trate.

“Si un familiar comete un delito debe ser juzgado; sea mi hijo, mi esposa, mis hermanos, mis amigos; en fin, sea quien sea, se acabó la impunidad. Yo no le voy a fallar al pueblo de México”.

Dijo que seguirá actuando con integridad y rectitud, pues su autoridad moral le permitirá mantener su autoridad política y así desterrar la corrupción del país.

La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, informó esta tarde que el pasado domingo 8 de junio recibió amenazas de muertes, vía whatsapp, mensajes de texto y llamadas telefónicas.

La presidenta de la CNDH indicó que recibió amenazas de múltiples personas y desde diversos puntos del país, a través de más de 100 números telefónicos.

Precisó que las amenazas no fueron solo en contra de ella, sino que incluyeron a sus familiares.

“Las amenazas, no me atemorizan; estoy acostumbrada a tener presión ante esta lucha que hemos llevado desde siempre como víctimas, pero ahora con un estatus de poder hacer, de poder solucionar cosas, de poder impedir, de poder hacer que en este país no se sigan violentando los derechos humanos”, indicó Piedra Ibarra en conferencia de prensa.

Al respecto, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México, a quien entregó las pruebas necesarias, para que de curso a las investigaciones correspondientes.

Piedra Ibarra afirmó que las amenazas que recibió se centraban en dos temas: el 30 aniversario de la Comisión, específicamente sobre sus declaraciones de que pretendía convertir a la CNDH en una defensoría del pueblo.

Explicó que en los mensajes le cuestionaba su idea de defender únicamente a los pobres en México, aspecto que negó, pues dijo que la CNDH protege y protegerá a todos los ciudadanos del país, sin importar su poder adquisitivo, sexo, condición, etc.

El otro tema que se le reclamó en los mensajes y llamadas que recibió, fue con la atracción que la Comisión hiciera del caso de Giovanni López; la amenazaron con que “no se metiera con el gobernador” Enrique Alfaro.

En ese sentido, afirmó que desde la CNDH no se ha señalado a nadie en específico, pues hasta ahora solo se ha dado seguimiento a las investigaciones correspondientes.

“No vamos a tolerar que en este país siga imperando la impunidad (…) vamos a seguir adelante con la reforma de esta Comisión, hasta convertirla en lo que queremos, en una defensoría del pueblo, en la que realmente se defiendan los derechos de todos los ciudadanos”, remató Piedra Ibarra.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que el gobierno presentará denuncias contra algunas empresas energéticas por fraude.

El mandatario aseguró que alista las denuncias contra “los que resulten responsables” de dañar a la Hacienda Pública por contratos “fraudulentos” entregados en administraciones pasadas que obligaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagarle una tarifa a los privados.

Al indicar que primero hablará con los privados, criticó que la opinión pública solo acepte la opinión de los particulares.

“Incluso se puso por delante el que se estaba afectando la generación de energía limpia y que estábamos nosotros queriendo regresar al combustóleo para contaminar, ese no es el fondo del asunto, aquí estamos ante un posible fraude a la nación”, dijo AMLO en la  mañanera.

El presidente se refirió a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este lunes notificó de la suspensión provisional de la política que la Secretaría de Energía (Sener) publicó el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este acuerdo, como explicó el propio mandatario este martes, pretende que la electricidad de generadores privados de viento y sol no tenga prioridad sobre la de plantas hidroeléctricas y otras fuentes de CFE.

“Como el plan era arruinar a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad, pues las hidroeléctricas están
subutilizadas”, insistió López Obrador.

Aunque el presidente dijo que la SCJN otorgó un amparo a las empresas inconformes, en realidad la Suprema Corte concedió esta medida cautelar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quien impugnó la semana pasada la política porque “violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución”.

“Somos respetuosos de la legalidad, hay en México Estado de derecho, esto también lo digo para que en otras partes, particularmente en España, en Estados Unidos, pues no se piense que se actúa de manera arbitraria”, dijo López Obrador.

El presidente indicó que explicará a los empresarios de Estados Unidos y España “por qué están actuando así”.  Aun así, adelantó que va “a defender el interés público” ante la Corte, aunque “lleve tiempo”, pues se calcula que la SCJN podría tardar hasta un año en determinar la constitucionalidad de la política de Sener.

“Lo que hay es una campaña hablando de que no respetamos acuerdos, pues si ustedes se enteran de que hay un delito o un presunto delito, pues estamos obligados todos a denunciarlo, ¿o ya lo dejamos así? ¿que nos sigan robando?”, remató.

El gobierno federal anunció esta mañana el primer paquete de denuncias contra las llamadas factureras, empresas que simularon operaciones fiscales a través de la compra-venta de facturas, y que involucran a 43 entidades que desde 2010 defraudaron al fisco por 55,125 millones de pesos.

“Esto fue tolerado por muchos años y desde luego que participaron funcionarios públicos y les diría que algunos empresarios”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fue la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, quien detalló que las demanda es contra 43 empresas relacionadas entre sí, que compartieron clientes, domicilios fiscales, representantes legales, entre otros, y que emitieron facturas falsas a 8,212 contribuyentes.

Detalló que para lograr la identificación de estas empresas, se analizaron 22 millones de facturas relacionadas a actividades que jamás se realizaron y que permitieron a dichos contribuyentes evadir 43729 millones de pesos en Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 11,396 millones de pesos de IVA.

“Las empresas factureras son empresas que facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. Lo que hacen es aumentar con gastos falsos los gastos de la empresa para disminuir sus utilidades y el pago de impuestos”, explicó Buenrostro.

La titular del SAT denunció que dicho sistema de facturación también se utilizó para pagar actividades ilícitas.  “Se factura un honorario de una persona de trabajos de la construcción cuando en realidad se está pagando un soborno, tráfico de drogas, extorsión, tráfico de personas o corrupción a servidores públicos”,indicó.

Precisó que además de perseguir penalmente a las 43 empresas factureras, el gobierno dará un plazo de tres meses a los 8,212 contribuyentes beneficiados por estas factures para que regularicen sus actividades, pues señaló que muchos participaron y fueron engañados sin darse cuenta de que estaban comprando facturas a empresas vinculados con el crimen organizado; advirtió que en caso de que no regularicen, también serán denunciados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana una persecución legal contra un “fraude monumental” de facturas falsas equivalente al 30% de los ingresos del gobierno en el que estarían involucrados altos funcionarios.

En conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el mandatario dijo que en la última década han operado en el país empresas dedicadas a “falsificar facturas mediante mecanismos de lavado de recursos para no pagar por completos los impuestos”.

“Se creó como una especie de SAT paralelo, un sistema de recaudación paralelo.Así como hablan de la economía informal, así se creó un sistema fiscal informal donde estos despachos ofrecían servicios a pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, a ciudadanos que tenían que pagar impuestos, y se cometió un gran fraude”, expresó López Obrador.

El presidente estimó que la evasión equivalía hasta el 30% de los ingresos del gobierno, por lo que “estamos hablando de un fraude monumental”. Según dijo, se defraudaron al menos 50,000 millones de pesos.

“Desde luego se van a presentar denuncias penales para los responsables y, para los contribuyentes que ni siquiera saben que sus facturas fueron falsas, se les va a dar la oportunidad de que se regularicen”, advirtió.

Al ser cuestionado sobre la implicación de altos funcionarios de administraciones pasadas, el presidente se limitó a confirmar que “hay de todo”. Aclaró que no se revelarán los nombres de las personas involucradas en dicha trama.

“Nosotros no podemos callar porque estaríamos encubriendo, y vamos a dar a conocer en qué consistía este fraude a la nación, cómo operaba, quiénes eran los responsables y cuánta gente fue víctima”, expresó López Obrador.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que el gobierno federal presentará denuncias penales contra quienes promovieron el sistema de facturación falsa, los llamados “factureros”.

Indicó que el gobierno tiene cálculos de que se ocuparon las facturas falsas para fugar alrededor de 300 mil millones de pesos.

AMLO adelantó que dará oportunidad a todos los contribuyentes que hayan cometido alguna irregularidad para que se regularicen, pues dijo que en algunos casos, no supieron que sus contadores utilizaron facturas falsas en sus sistemas contables.

“Les vamos a notificar a todos los que están en esta situación para que vayan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que se pongan al corriente”, dijo AMLO, al decir que incluso personajes “famosos” figuraban en esos registro.

En ese sentido reveló que políticos y exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las administraciones anteriores están implicados.

Sobre temas relacionados al SAT, el presidente descartó la propuesta de Morena, a la que se han sumado el PRI, PAN y MC, de reducir el IVA del 16% al 10% en el contexto de la pandemia.

Dijo que la propuesta no es viable. “La reducción del IVA no es viable, lo que consideramos es que si no aumentamos los impuestos como lo hicieron los neoliberales, con eso se apoya mucho a la gente y procurando que paguen los impuestos los de arriba”.

Recordó que la recaudación sirve, entre otros fines, para financiar los Programas Integrales de Bienestar.

Roberto Valdovinos Alba fue destituido de su cargo como titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de que se presentaron cinco denuncias de acoso laboral en su contra.

“El día de hoy fue notificado de su destitución Roberto Valdovinos Alba como titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). Lo anterior en atención a la recomendación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Relaciones Exteriores, adoptada por unanimidad”, informó la cancillería esta tarde.

Mediante un comunicado, la dependencia federal explicó que las denuncias fueron analizadas y se confirmó la consistencia de los hechos denunciados como “trato inadecuado y hostigamiento laboral.

Dichas conductas reiteradas afectan la estabilidad y operación del Instituto, por lo que dictaminó que no existen condiciones para que el servidor público continúe desempeñándose en su cargo, indicó la SRE.

Aclaró que los derechos de Valdovinos Alba fueron respetados en todo momento, incluyendo la garantía de audiencia y un estricto apego al debido proceso en cada una de las acusaciones que se presentaron ante el Comité, que también veló sistemáticamente por los derechos de las víctimas, en defensa de su privacidad e integridad.

La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que la destitución se enmarca en el compromiso de una política feminista que busca “eliminar las diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género”.

Al ser cuestionado por una periodista sobre su posible destitución, que se concretó este día, Valdovinos Alba intentó quitarle el equipo celular con el que grababa la reportera.

 

Un total de 10 entidades, entre ellas el IMSS, el ISSTE y la SEP, son las que acumulan más denuncias por posibles actos de corrupción de servidores públicos que investiga la Secretaria de la Función Pública (SFP) de las 34 mil que ha recibido la institución.

Así lo dio a conocer la titular de la dependencia federal, Irma Eréndira Sandoval, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se explicó que, de entre las 10 entidades, las del sector salud son las que concentran más denuncias.

Además de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), del de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), también se indagan acusaciones contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Policía Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sandoval Ballesteros refirió que las denuncias se concentran en el área de salud, por lo que es tan relevante todo el trabajo que el presidente encabeza junto con los secretarios y subsecretarios de Salud, en todas las dependencias que tienen interacción cotidiana con la ciudadanía.

La funcionaria federal también explicó que incluso en una sola institución de salud se detectaron presuntas irregularidades en contrataciones públicas por más de 12 millones de pesos, aunque no reveló el nombre.

Lo que si dijo es que se indaga un daño patrimonial que asciende a 7 mil 800 millones de pesos que se habría cometido mediante el desaparecido Seguro Popular.

Detalló que se investiga del periodo de 2007 a 2016, es decir del segundo año de la presidencia de Felipe Calderón hasta su conclusión y del inicio de Enrique Peña Nieto hasta su cuarto año de gobierno.

“Estamos investigando durante el periodo de 2007 a 2016 más de siete mil 800 millones de pesos no comprobados y ejercidos dentro de este proyecto del Seguro Popular. Aquí ya estamos trabajando con los Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud y del Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi) para preparar las denuncias penales por el daño patrimonial tan fuerte”, afirmó Sandoval.

La titular de la SFP destacó que también se indaga que en 2018 se utilizaron indebidamente más de 6 mil 200 millones de pesos en unidades médicas “no acreditadas” dentro de la figura jurídica del Seguro Popular.

Por el momento la dependencia federal detalló que a la par que se realiza la investigación administrativa también se hace el proceso judicial. Además dijo que 5 empresas farmacéuticas están bajo investigación por violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En ese sentido dijo que se han sancionado a 60 empresas en el sector salud de las cuales destaca el caso de Grupos Fármacos Especializados, a quienes multaron con 905 mil 880 pesos e inhabilitación por 2 años.

Finalmente dijo, hasta ahora se han recibido 102 denuncias contra Delegados y ex delegados de Bienestar.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) alentó hoy a denunciar actos de corrupción de los que sean testigos o tengan pruebas.

“Todos los mexicanos lo saben, lo que pasa es que antes no se atrevían o no les hacían caso, o había represalias, ahora no, ahora vamos a proteger, a agradecer a quienes nos ayuden a acabar con la corrupción. Ya no hay influyentismo”, aseguró el mandatario.

El mandatario reiteró que a quienes denuncien actos de corrupción se les otorgarán garantías para no sufrir represalias.

Sobre los casos de corrupción, AMLO informó esta mañana que se tiene una investigación abierta por huachicoleo de combustible en puertos, en el puerto más importante para la importación de gasolinas.

Sin citar el nombre del puerto donde los funcionarios están bajo investigación, para no afectar el proceso de la investigación, el mandatario aseguró que se cuenta con evidencias del ilícito.

“Tenemos todos los elementos, desde que embarcan el combustible hasta la entrega en las gasolineras, y esto se hace dentro del puerto y es imposible que no se den cuenta que tiene que salir por una calle del puerto y salen por otra las pipas, explicó.

Añadió que el almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina, está a cargo de la investigación y de la vigilancia en los puertos marítimos del país.

Otro dato que reveló el presidente este jueves, es que hubo cambio de directivos en Pemex Internacional con el objetivo de garantizar que no haya corrupción.

“Se hicieron cambios en Pemex Internacional porque llevaban mucho tiempo un grupo de servidores públicos, algunos de ellos hasta 30 años”, expuso. Detalló que los funcionarios públicos que fueron removidos eran quienes estaban a cargo de la venta del petróleo y de establecer el costo del mismo.

“Estaban encargados de vender el petróleo y fijar los precios y se llegó a un acuerdo de que ya era necesario un cambio, una renovación y entraron nuevos servidores públicos, porque queremos tener la seguridad de que no va a haber corrupción”, sentenció.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, presentó esta tarde los resultados de la investigación iniciada en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel  Bartlett, sobre quien se concluyó que no incurrió en ningún conflicto de interés.

La funcionaria señaló que se recibieron diversas denunciar por posibles faltas administrativas sancionables atribuibles a Bartlett Díaz, tales como: conflicto de interés, tráfico de influencias y enriquecimiento oculto u ocultamiento del conflicto de interés.

Sandoval enfatizó que la dependencia a su cargo unicamente tiene facultades para investigar al Director General de la CFE, a partir del 1 de diciembre de 2018, cuando asumió el cargo.

Indicó que los particulares sólo pueden ser investigados en virtud de su vinculación con servidores públicos a quienes se le atribuyan faltas administrativas graves y con relación a los hechos que presuntamente constituyen estas faltas, durante el periodo comprendido desde el nombramiento del servidor público y hasta la presentación de la denuncia.

Adicional, señaló que la pareja sentimental del director de la CFE, Julia Abdalá Lemus, no se encuentra en los supuestos jurídicos de cónyuge, ni concubina en términos de las disposiciones civiles aplicables, aunado a que ni ella ni sus respectivos hijos son dependientes económicos y por consecuencia no está obligado a proporcionar información de ellos en su declaración patrimonial.

Irma Eréndira detalló que en los tres meses que duró la investigación, se realizaron alrededor de media centena de diligencias ante 15 instancias públicas y privadas de los órdenes federal y estatal con el fin de obtener la información necesaria para completar la carpeta.

Sostuvo que la Dirección de Registro Patrimonial y de Intereses de la SFP solicitó la copia certificada de las declaraciones patrimoniales de Bartlett correspondiente al periodo 2018-2019, aunado a que requirió a la Contraloría
Interna del Senado la copia certificada de las declaraciones patrimoniales correspondientes al periodo 2014-2018, a fin de establecer una línea base para el análisis de situación patrimonial.

La colaboradora del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que también se recabó información fiscal y patrimonial de los allegados a Bartlett, a fin de confirmar o descartar posibles irregularidades; en ese sentido, se requirieron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) las declaraciones fiscales del investigado, su pareja y sus respectivos hijos.

También se realizaron requerimientos de información sobre participación en sociedades mercantiles y propiedades inmobiliarias a los registros públicos de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Tabasco, que son las entidades en las que Bartlett ha tenido alguna presencia profesional, familiar o comercial.

Entre los elementos que permitieron establecer que no se incurrió en conflicto de interés, la SFP señaló que el artículo 291 Bis del Código Civil para el Distrito Federal establece que el concubinato se actualiza con la unión de dos personas, que han establecido una vida en común de forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años o bien, que procrearon juntos un hijo; al investigar este hecho, no encontraron pruebas de que Barlett y Abdalá haya cohabitaron u ostentado en algún momento un mismo domicilio particular con el propósito de establecer una vida en común.

“Sobre la participación de Manuel Bartlett Díaz en sociedades mercantiles, esta autoridad tuvo a bien verificar el contenido de las declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas por el servidor público ante la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, se comprobó que no existen indicios de que sus hijos León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez, sean dependientes económicos; mientras que la señora Julia Elena Abdala Lemus, si bien es su pareja sentimental, entre ambos no existe un vínculo legal de matrimonio o concubinato”, indicó la SFP.

La dependencia precisó que Manuel Bartlett proporcionó información verídica sobre su patrimonio, al declarar ser titular de cuatro cuentas bancarias cuyo activo suma 51.1 millones de pesos, además de ser propietario de cinco inmuebles con valor total de compra de 8 millones de pesos.

A la acusación de que a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres, Manuel Bartlett se ha hecho de un imperio inmobiliario de 25 propiedades con valor aproximado de más de 800 millones de pesos, la dependencia concluyó que “el investigado no tiene injerencia como propietario en los inmuebles de su pareja ni de sus respectivos hijos. Por lo que sería falsa la afirmación de que el servidor público acumula un patrimonio de 800 millones de pesos en inmuebles”.

Las iniciativas contra el Viernes Negro (‘Black Friday’) se multiplicaron en varios países para denunciar el consumo y sus consecuencias climáticas, con huelgas en Alemania, una cadena humana en Holanda o el bloqueo de almacenes de Amazon en Francia.

“Hoy, Amazon tiene las mismas emisiones de gases con efecto invernadero que un Estado”, denunció Jean-François Julliard, director de Greenpeace Francia, durante una sentada en la que participaron varias decenas de activistas en la sede francesa de Amazon, en Clichy, cerca de París.

Los manifestantes fueron convocados por Attac y Greenpeace para participar en una acción “no violenta y alegre” y desplegaron pancartas contra el gigante del comercio en línea sentándose frente a la sede de la empresa al grito de: ¡Digamos basta al ‘Black Friday’ y a su impunidad!”.

“Necesitamos más que nunca acciones de desobediencia porque Amazon es un símbolo de la impunidad”, sobre todo fiscal, dijo la eurodiputada Manon Aubry, del partido Francia Insumisa (izquierda radical), presente en la manifestación.

En Madrid, Greenpeace desplegó una pancarta en una fachada en obras de la Gran Vía, la gran avenida comercial de la capital española. A tan solo unos días de que empiece la cumbre sobre el clima COP25 en esa ciudad, la ONG escribió: “Consumismo Crisis climática”.

En Alemania, cientos de empleados de Amazon, según el sindicato Verdi, aprovecharon el Viernes Negro para llamar la atención sobre sus condiciones de trabajo. “Su trabajo no puede pagarse con cantidades irrisorias”, denunció en un comunicado el sindicato Verdi, que organizó una huelga que, en principio, durará hasta el martes.

Sin embargo, en Estados Unidos, también se registraron movimientos de denuncias que buscaban incentivar las compras. En redes sociales, el movimiento se viralizó con el hashtag #BlockFriday.