Tag

derecho

Browsing

Francia vivió este lunes un día histórico al incluir la garantía del aborto en su Constitución, convirtiéndose en el primer país del mundo en dotarse de este tipo de salvaguarda para proteger la interrupción del embarazo.

“Histórico”, “victoria”, “orgullo”, fueron algunos de los adjetivos que emplearon la gran mayoría de líderes de grupos políticos en la sesión extraordinaria del Congreso del Parlamento, que reunió el Palacio de Versalles a la Asamblea Nacional y al Senado para aprobar formalmente la reforma constitucional.

Al final 780 parlamentarios votaron a favor de la reforma constitucional y solo 72 lo hicieron en contra, logrando una votación por encima de los tres quintos requeridos para sacar adelante la primera modificación de la Carta Magna desde 2008.

El cambio aprobado incluye la expresión en el artículo 34 de que la Constitución francesa, señalará que “la ley determinará la forma en que se reconoce la libertad garantizada de las mujeres a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo”.

“Su cuerpo les pertenece y nadie puede disponer de él en su lugar”, sostuvo el primer ministro, Gabriel Attal, en la intervención que abrió la sesión.

Ausente del Congreso, por la imposibilidad del presidente de influir en el Legislativo, Emmanuel Macron reaccionó a través de la red social X, donde expresó el “orgullo francés” y el “mensaje universal” que lanza el país.

Además, anunció que promulgará la ley el próximo viernes, coincidiendo con la jornada internacional de los derechos de la mujer, y lo hará, por vez primera, en una ceremonia pública que tendrá lugar frente al Ministerio de Justicia.

Macron, decidió lanzar esta reforma constitucional después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogó en junio de 2022 el reconocimiento federal al derecho al aborto, dejando su autorización en manos de cada estado.

Por ello, muchas de las intervenciones de este lunes señalaron ese fallo judicial, igual que otras restricciones al aborto ya aprobadas o en proyecto, como en Polonia, Hungría o en Argentina del presidente Javier Milei, como un recordatorio de que los derechos pueden perderse.

La nota discordante la puso la líder ultraderechista Marine Le Pen, quien aseguró, en unas declaraciones al llegar al Palacio de Versalles, que el peligro contra el aborto “no existe”.

“Vamos a votar esta constitucionalización porque no nos supone ningún problema, pero de ahí a hablar de día histórico no. Es un día instrumentalizado por Emmanuel Macron para su propia gloria”, afirmó la líder del segundo mayor grupo de la Asamblea Nacional.

La reunión del Congreso y la votación, la primera para una reforma constitucional en casi 16 años, estuvo llena de elementos simbólicos.

Fue la primera presidida por una mujer, la presidenta de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet, y tuvo lugar a casi cincuenta años de la aprobación de la ley de interrupción del embarazo, que lleva el nombre de la entonces ministra de Sanidad, Simone Veil.

Precisamente el primer ministro llegó a Versalles acompañado por el hijo de Veil, Jean, que asistió invitado a la sesión, en la que hubo un aplauso de homenaje a la figura política de su madre, que tras sobrevivir a Auschwitz fue ministra en varias ocasiones y llegó a presidir el Parlamento Europeo.

La garantía del aborto en una Constitución nacional solo tiene un precedente histórico, en 1974 en la desaparecida Yugoslavia, aunque esa garantía se extinguió con el final de ese país.

En la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se toman muy enserio el dicho de que nada es imposible.

Y es que luego de que se anunciara su designación como encargado de despachado, tras la salida de Ernestina Godoy, se conoció que Ulises Lara no cumplía con los requisitos para dirigir la dependencia.

Para ser titular de la fiscalía, la ley solicita título y cédula como licenciado en derecho, así cinco años de experiencia en la materia, entre otros requisitos que se estipulan en el Artículo 39 de la Ley Orgánica de la propia fiscalía.

Sin embargo, antes de dejar la dependencia, Ernestina Godoy buscó los vacíos legales para que la ley no fuera impedimento en dejar a un cercano al frente de la fiscalía. Lo que hizo fue nombrar a Ulises Lara como coordinador general de Investigación Territorial, cuyo cargo establece la Ley Orgánica de la Fiscalía, en su artículo 46, es quien deberá cubrir la ausencia o falta temporal de la persona titular.

En un inicio, uno de los argumentos que se daba es que Ulises Lara no estaba siendo designado titular de la dependencia, sino encargado de despacho, por lo cual aseguraban que dichos requisitos no aplicaban para él.

Sin embargo, en un hecho inédito, en cuestión de horas, el hasta ahora licenciado en sociología obtuvo un título y cédula profesional de licenciado en Derecho. Según una revisión realizada en el Registro Nacional de Profesionistas, Ulises Lara obtuvo el documento que le acredita la licenciatura, expedido apenas el 9 de enero de este 2024, es decir, hace dos días.

Los supuestos estudios de licenciatura en Derecho los habría realizado en la Universidad Cúspide de México, institución propiedad de Fernando Horacio Cordero Durán, un funcionario del gobierno capitalino, a quien resulta que Ulises Lara conoció cuando trabajaron en el INVI en el 2019, previo a su ingreso a la fiscalía.

Como se perfilaba que Ulises Lara fuera la apuesta de Ernestina Godoy para quedar al frente de la fiscalía, distintos medios habían realizado búsquedas en las bases de la SEP, donde se corroboró que sólo contaba con una cédula de licenciado en sociología, dos de maestría y una de doctorado.

Así, se confirma que cuando se trata de torcer y ajustar la ley y los requisitos, a los funcionarios de la fiscalía no les cuesta trabajo. Esto también dejaría ver que Ulises Lara podría ser propuesto por el Jefe de Gobierno, Martí Batres, para ocupar la titularidad de la fiscalía de manera formal.

Y por si esto no fuera poco, desde inicios de semana comenzó a viralizarse un mensaje de diciembre pasado, donde Elena Chávez, autora de “El Gran Corruptor” y expareja sentimental de César Yáñez, revela que Lara López es excuñado del ahora jefe de Gobierno, Martí Batres, pues mantuvo una relación con su hermana, la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, con quien procreó un hijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que 300 hospitales están abandonados en el país, ya sea porque no los concluyeron o porque no les dotaron del personal necesario para operarlos.

“Hay 300 hospitales abandonados, a veces se terminaban, pero no había presupuesto para equiparlos, ni para operarlos con médicos, con medicamentos. Y un hospital en términos generales significa que en la obra se requieren 500 millones, otros 500 para operar por año”, explicó.

Al realizar un recuento de las instituciones hospitalarias que no fueron puestas a funcionar en sexenios anteriores por falta de equipamiento, personal o terminación de obras, el mandatario acusó que esas irregularidades se deben a la corrupción en la asignación de contratos.

Al anunciar que cada martes se dará a conocer el Quién es quién en salud, el presidente López Obrador dijo que la salud para todos “es un compromiso que se tiene que cumplir”.

“Pueden decir algunos que no se va a lograr, que es la utopía, la utopía nos hace caminar hacia los ideales. Ya se inició este proceso”, aseguró esta mañana.

El mandatario federal apuntó que los 80 hospitales del sistema IMSS-Bienestar estarán bajo el escrutinio en su funcionamiento.

En ese sentido, AMLO confió en que a más tardar el 1 de diciembre de este año quedará consolidado el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

López Obrador reiteró que este año se tienen presupuestados 40 mil millones de pesos para echar a andar el nuevo sistema de salud.

“Van a contar con atención médica y medicamentos gratuitos, se les va a garantizar ese derecho por eso se creó el Instituto Nacional para el Bienestar. Esperamos que se convierta en realidad a más tardar el 1 de diciembre de este año. Tenemos presupuesto”, dijo.

Acompañado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el jefe del Ejecutivo federal expuso que la meta de los sistemas de salud es ofrecer atención gratuita en todos los niveles.

ISABEL TURRENT

REFORMA

 

Desde ahí hay que empezar para explicar por qué el Presidente se equivoca día a día en sus decires matutinos y en muchas de sus políticas. Desde el ABC de la teoría política. LO parece creer genuinamente que todos los problemas que enfrenta son nada más producto de políticas “neoliberales” del pasado reciente; no ve, ni acepta, las consecuencias de los errores que ha cometido desde que tomó el poder y no tiene idea de las tareas fundamentales de un Estado eficaz.

Desde Sun Tzu, pasando por Maquiavelo, Hobbes y Max Weber, y todos los teóricos que han explicado la construcción de un Estado funcional a partir de un contrato social original, están de acuerdo en que el Estado tiene, desde el principio de la historia, tres obligaciones fundamentales: la responsabilidad de proteger a sus gobernador, la de solucionar los conflictos impartiendo justicia de la cuerdo con los mandatos de ley, y la capacidad de recolectar impuestos y redistribuir de manera eficaz los recursos para garantizar el bienestar de todos.

Sobre el tema se han escrito bibliotecas. Quien quiera viajar por todo el pensamiento político occidental puede consultar el libro enciclopédico de Alan Tyan (On Politics). Para un excelente recuento, más breve y escrito desde el (vapuleado) centro-izquierda Goof and Bad Power de otro escritor inglés, Geoff Mulgan, es inmejorable.

Mulgan agrega una cuarta tarea fundamental para un gobierno eficaz, que, paradójicamente, en lugar de perder relevancia, se ha vuelto aún más importante en esta era de la posverdad: la responsabilidad de promover la verdad y el conocimiento.

López Obrador ha fracasado en esas responsabilidades para construir y apuntalar un Estado eficaz, porque no ha asumido que encabeza un Estado débil. Tampoco, que ha debilidad del Estado mexicano no es resultado de las políticas de libre mercados de sus antecesores, sino del crecimiento y expansión a lo largo del territorio del país de una constelación de grupos bien organizados de narcotraficantes y delincuentes que roban, toman casetas, extorsionan, secuestran y asesinan con total impunidad.

La verdad lo tiene sin cuidado. Ha inventado, como lo han hecho muchos populistas liberales que han transitado por el siglo XX y el siglo XXI, a enemigos anónimos, imposibles de identificar y de llevar a la justicia. El perfecto chivo expiatorio. Los “conservadores” de López Obrador -que parecen reflejo de los “peligrosos inmigrantes” con los que Trump ha azuzado el supremacismo blanco en Estados Unidos- no existen.

El presidente López Obrador comparte, de menos con su antecesor inmediato, una imaginación política deficiente, que le ha impedido diseñar una estrategia inteligente y de altos vuelos para cimentar el desarrollo económico (del cual depende el fortalecimiento del Estado benefactor) y para resolver la violencia de narcos y delincuentes con el uso de la violencia legítima.

Es un político de muy cortos plazos. (Por eso no le interesa tampoco el conocimiento ni el futuro de los estudiantes que ha dejado en manos de la CNTE, ni de los que no tendrán oportunidad de estudiar en el extranjero, porque desmanteló Conacyt).

Pero ha olvidado que la seguridad y la protección de sus gobernados no puede ser cortoplacista. El anhelo de paz no es monopolio de un grupo de ciudadanos “conservadores”, como dice el Presidente. Es el cimiento del contrato social entre un Estado y la sociedad que gobierna desde el principio de los tiempos: la garantía de seguridad, orden, paz y prosperidad, a cambio de obediencia a las leyes, lealtad al Estado y pago de impuestos.

Como lo hemos comprobado los mexicanos, es difícil exagerar la importancia de un gobierno fuerte, estable y protector para el bienestar de sus ciudadanos. Por eso, para todos los teóricos políticos, es el cimiento de la legitimidad de un Estado. Eso y no su política clientelar bebería ser la primera prioridad del gobierno. Encontrar una estrategia eficaz para garantizar la paz.

Si falla, correrá el riesgo de que su legitimidad quede prendida con alfileres de una retórica matutina hecha de ocurrencias.

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que no permitirán que nadie pretenda meter la mano ni influir en la justicia electoral.

Otálora señaló que la judicatura nacional se une y se profesionaliza para encarar los retos legales de las elecciones concurrentes de este año, con la misión de impartir justicia electoral que dé certeza a la democracia. “Protegeremos el voto ciudadano y demostraremos, una vez más, que México tiene instituciones fuertes y que la democracia es el mejor sistema de gobierno para renovar pacíficamente los órganos de poder”.

La magistrada presidenta indicó que la ciudadanía puede estar segura de que el Tribunal defenderá sus derechos político-electorales y garantizará que sea su voto el que decida quiénes habrán de desempeñar los cargos públicos en los años venideros. “Serán, exclusivamente, las y los ciudadanos quienes elijan a nuestros gobernantes y representantes”, aseguró.

La funcionario agregó que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF son instituciones que unen sus esfuerzos y acciones para garantizar elecciones imparciales, equitativas y apegadas a Derecho.

Ambas instituciones, añadió “somos conscientes de que el éxito en el trabajo de cada una de nuestras instituciones representa el éxito del sistema electoral mexicano en su conjunto, y, más aún, representa la permanencia y la vigencia de la democracia como la mejor forma de gobierno de nuestro país”.

 

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó solicitar a la Secretaría Ejecutiva que informe a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre que el aspirante a candidato independiente, Armando Ríos Piter, no ha ejercido su derecho de audiencia como se mandató.

 

El Instituto señaló que el aspirante presidencial no ha ejercido su derecho no obstante la capacidad y disposición que han mostrado para garantizar la revisión de sus apoyos ciudadanos.

 

Luego de conocer el “Informe sobre el Desahogo de la Garantía de Audiencia”, el presidente de la Comisión, Benito Nacif, explicó que el TEPJF mandató el 10 de abril al INE brindar al aspirante todos los elementos materiales y humanos para que, en un plazo de 10 días, se revisarán sus apoyos ciudadanos.

 

Detalló que el informe muestra que sólo en una ocasión, el pasado 12 de abril, Ríos Piter acudió a las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), por lo que “el mandato de la Sala Superior no se ha cumplido a cabalidad, pues requiere de la voluntad y de las acciones eficaces e idóneas de las que habla la sentencia por parte del aspirante para poder cumplir con el mandato”.

 

Indicó el consejero que de los siete días que han transcurrido para el ejercicio de la garantía de audiencia, sólo acudió a uno de manera muy breve, sin poder iniciar el proceso de verificación. Desde el día 13 y hasta el 17 de este mes, ha quedado manifiesto en actas circunstanciadas levantadas por la Oficialía Electoral del INE que el aspirante no ha acudido a revisar losa poyos inconsistentes.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que en acatamiento al fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el aspirante a candidato independiente a la Presidencia de la República, Armando Ríos Piter, ha tenido a su disposición los expedientes relacionados con los apoyos ciudadanos registrados para solicitar su candidatura presidencial por la vía independiente.

 

Indicó que el derecho de audiencia de Ríos Piter ha estado garantizado y se cuenta con toda la disposición del personal de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto para el cumplimiento de la revisión.

 

Pese a lo que el aspirante publicó en sus redes sociales a través de diversos videos, el INE aseguró que estuvieron preparados con 80 personas e igual número de equipos de cómputo para verificar apoyo por apoyo, y dispuesto a sumar a 30 personas y equipos adicionales para el desahogo de la revisión.

 

“En vista de que el aspirante no asistió el 11 de abril, se le envió un comunicado para solicitar su presencia el 12 de abril, dado que el plazo ya había iniciado. El aspirante acudió con su equipo este jueves 12 de abril a las 08:30 horas; sin embargo, decidieron retirarse de las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos hacia las 11:30 horas del día”, señaló el INE.

 

El Instituto rechazó las descalificaciones que se han hecho en contra del personal de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, pues dijo que en todo momento el personal ha manifestado su disposición y capacidad para auxiliar al personal de Ríos Piter a fin de atender la revisión que solicitaron.

 

Finalizó al decir que el Instituto cuenta con la capacidad material y humana para revisar los 906,417 apoyos ordenados en la sentencia del TEPJF.

 

A pesar de que Enrique Beltrán Santés, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, fue quien libró la orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien lleva el proceso y ante quien fue presentado el ex priísta, fue José Artemio Zúñiga del Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de México.

 

Durante la audiencia que se lleva a cabo en el Juzgado del Penal Neza-Bordo, Roberto Borge, se reservó su derecho a declarar, esto luego de que el Ministerio Público federal solicitara su vinculación a proceso por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita.

 

Luego de una hora en la que se expusieron los motivos de imputación en contra del político, los abogados de Borge, pidieron que se le permitiera a su cliente salir justificando que tiene problemas del riñón, por lo que el juez permitió que saliera cuantas veces considerara necesarias.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el Protocolo para adoptar las medidas que garanticen a las personas travestis, transgénero y transexuales el derecho al voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana.

 

 

 

 

El Consejero Electoral Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, explicó que con este Protocolo durante la Jornada Electoral todas las personas y ciudadanas trans podrán emitir su voto. “El día de la elección, en ningún caso la discordancia entre la expresión de género del o de la votante o bien, de la fotografía de la credencial para votar con el nombre o el sexo hombre o mujer, asentado en ella podrá ser causa para impedir el voto”.

 

Dijo que para la implementación de este Protocolo en el proceso electoral en curso, el Instituto capacitará a quienes participarán como funcionarias y funcionarios de casilla.

 

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que “se trata de que cada persona, independientemente de sus diferencias, tenga los mismos derechos ante la ley y que el derecho al voto no sólo sea universal y valga lo mismo en las urnas, sino que no pueda verse vulnerado por otras personas, ni por autoridades ni por los intereses propios de las contiendas”.

 

Destacó que la única condición que impone la Constitución para el ejercicio del sufragio es contar con la credencial para votar actualizada, condición que es universal y aplicable a todas las personas mayores de edad inscritas en la Lista Nominal.

 

 

Como parte del Protocolo, corresponde a cualquier persona presente en la casilla, abstenerse de realizar cualquier conducta que restrinja el derecho al libre desarrollo de la personalidad, otorgar un trato igual sin distinción, por razones de identidad de género, orientación sexual, expresión de género y/o apariencia no coincidente con los estándares socialmente aceptados de los cuerpos femeninos y masculinos.

 

Para evitar cualquier acto discriminatorio los funcionarios deberán resolver cualquier observación o cuestionamiento que formule alguna de las personas presentes en la casilla, ya sean personas que participan como representantes de partido político o candidatura independiente, observadores electorales o ciudadanos/as electores.

 

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicitó al Presidente de la República, para emitir observaciones al artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, al considerar que “no garantiza el cumplimiento del principio constitucional de máxima publicidad”.

 

“(El INAI) reconoce que si bien, el Senado de la República, sensible a la postura del Pleno, modificó la redacción original del artículo, el texto final, aprobado por las dos Cámaras, es contrario a dicho principio, ya que, por regla general, toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y solo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, acreditando los extremos de la prueba de daño”, indicó el organismo a través de un comunicado.

 

Detalló que a la letra el artículo 9 dice “la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.

 

Por lo que indicó que con dicha redacción, el Instituto advierte que no se garantiza el derecho de acceso a la información, previsto en el artículo 6º de la Constitución, pues lejos de propugnar por la apertura de la información se privilegia la reserva de información.

 

“El Pleno del INAI está convencido de que en toda norma y actuar del Estado debe privilegiarse siempre la transparencia y garantizarse el derecho de acceso a la información, lo cual no se consigue con el texto final aprobado del artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior”, remató el INAI.