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La Cámara de Diputados aprobó este viernes el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, luego de la solicitud que presentara la Fiscalía General de la República (FGR) que lo acusa de supuestos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

El debate se extendió por más de seis horas y marcó el cierre del período de sesiones ordinarias. El proceso fue aprobado con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones.

«La Cámara de Diputados hace la siguiente declaratoria: ha lugar a proceder en contra del gobernador del estado de Tamaulipas, ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca», dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri. «Comuníquese la presente resolución», se indicó en el texto final.

Con esto, se remite dicha solicitud al Congreso de Tamaulipas, que también deberá analizar y someter a votación el desafuero de García Cabeza de Vaca. A nivel local es el PAN quien tiene mayoría legislativa.

El mandatario estatal fue desaforado únicamente por el delito de defraudación fiscal equiparada, mientras que los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita no fueron acreditados.

Cabeza de Vaca, que culminaría su sexenio el próximo año, ha rechazado los cargos; mientras el PAN y otras organizaciones han llamado al respetar la ley y la Constitución, calificando el proceso como un «abuso de poder».

Frente a una gran pancarta que decía «¡basta de persecución política! ¡Alto al uso electoral de la justicia», que levantaron congresistas opositores en medio del salón de debates, el coordinador de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que la motivación del proceso «no es el combate a la corrupción» sino la «urgencia de incrementar distractores » de cara a las elecciones de junio próximo.

A los cuestionamiento se sumó también la diputada del PAN, Adriana Dávila, quien acusó, sin mostrar pruebas, al mandatario Andrés Manuel López Obrador de haber ordenado la investigación de la Fiscalía, y afirmó que la acción contra García Cabeza de Vaca era una «venganza» del mandatario..

Por su parte, el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez, negó los señalamientos de los opositores de que el proceso contra García Cabeza de Vaca respondía a una maniobra del gobierno, e indicó que su grupo parlamentario será recordado por impulsar acciones para hacer frente a un «estado fallido, un narcoestado», en referencia a Tamulipas.

A la discusión en la Cámara de Diputados no acudió García Cabeza de Vaca, mientras que su representación legal, el abogado Alonso Aguilar Zínser, se presentó vía remota, ya que la sesión fue semipresencial.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR investigaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

En un video publicado en sus redes sociales, el gobernador indicó que con la aprobación de su desafuero, Morena consuma un nuevo golpe a la Constitución, a la democracia y al federalismo. «Es a todas luces un linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno», dijo el mandatario estatal.

Advirtió que la ley en México vive «días oscuros», pues no parece haber más justicia que la revancha de unos cuantos.

«Sé que mi suerte se decidió hace mucho tiempo; mucho antes de qué se me acusara, justo desde el momento en que alce la voz para defender los intereses de las y los tamaulipecos (…) el odio al adversario, al que piensa diferente, se ha convertido en política pública de este gobierno federal».

«Es claro que cuando hay consigna ninguna prueba o razonamiento jurídico es suficiente para que impere la verdad y la razón. Y es que en este desafuero no es una causa de justicia, sino una venganza política; el uso sucio de las instituciones del gobierno federal», sostuvo el panista.

Señaló concretamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de ser utilizada para inventar delitos y fabricar culpables que puedan distraer la atención de los malos resultados que ha dado el gobierno federal.

La Sección Instructora de la Cámara mexicana de Diputados aprobó enviar al Pleno la solicitud de desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas quien es acusado de corrupción.

Luego de varias horas de discusión, la decisión fue aprobada con tres votos a favor y uno en contra.

Con esta resolución, el Congreso procederá al juicio político para que García Cabeza de Vaca afronte la denuncia de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señala por los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador panista tras obtener audios de llamadas telefónicas conseguidas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

García Cabeza de Vaca ha denunciado persecución política en su contra. La semana pasada se reveló que pagó 100,000 dólares a la firma de abogados Gerger Hennessy & McFarlane, de Estados Unidos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha informado que Cabeza de Vaca presuntamente recibió 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos de dos empresas fantasma que sirvieron al Cártel de Sinaloa para «lavar dinero».

Dicho dinero sirvió para comprar un departamento en Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México, con un valor de 42 millones de pesos. La UIF también ha detectado tres ranchos y una casa en Tamaulipas, así como 20 propiedades en Texas, Estados Unidos, vinculadas a Cabeza de Vaca a través de empresas, familiares y socios.

Ahora, los diputados analizarán la declaración de procedencia para después convertirse en jurados el próximo viernes, donde escuchará a las partes y votará por el desafuero definitivo del gobernador, quien termina su periodo en 2022.

Y aunque Morena tiene la mayoría absoluta en la Cámara Baja, la ley establece que después deben enviar la solicitud al Congreso de Tamaulipas, donde el PAN tiene mayoría.

Y aunque la Cámara de Diputados también recibió la petición de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México para desaforar al diputado de Morena, Saúl Huerta, acusado de abusar de un menor de edad hace una semana en un hotel de la capital, se argumentó que «no hay tiempo» para procesar la petición en este periodo, por lo que se aplazara para el siguiente periodo legislativo.

El diputado acumula dos denuncias, una presentada por el joven de 15 años en cuestión y otra de un adolescente de Puebla.

«Estaría muy bien, pero eso no es asunto que dependa de la Sección Instructora, mucho menos de la Cámara, depende de la Comisión Permanente del Congreso y es a dos tercios, y ninguna fuerza tiene dos tercios, así que bueno, hagan las interpretaciones políticas», comentó en rueda de prensa el diputado Pablo Gómez.

Otros trámites de desafuero que están vigentes en la Cámara de Diputados también fueron «congelados» por el bloque de la 4T. Los otros juicios son contra Mauricio Toledo; el del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara.

Del mismo modo, la Sección Instructora rechazó también la procedencia del desafuero contra el senador de Morena Cruz Pérez Cuéllar, quien enfrenta acusaciones de la Fiscalía General de Chihuahua por cobrar en la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte.

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, informó que se abrió un periodo de siete días para que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, haga una declaración por escrito respecto a la solicitud de desafuero que promovió la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.

El legislador de Morena explicó que en caso de que el gobernador no realice declaración alguna se entenderá que niega los señalamientos que hace el organismo de procuración de justicia.

Explicó que el pasado lunes se notificó al mandatario panista sobre el proceso de juicio de procedencia que le atañe directamente, por lo que el periodo de siete días comenzó el día siguiente, y una vez que termine, la Sección Instructora determinará abrir un periodo de 30 días para el desahogo de pruebas.

Sobre si la Sección Instructora dará a conocer públicamente el expediente, como lo pidió el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde su conferencia matutina, Gómez Álvarez respondió que no es posible, porque la ley no lo permite; sólo pueden acceder a él las partes involucradas.

“Si el Fiscal General de la República quiere dar a conocer elementos que están en su solicitud (de desafuero) es cosa de él, en eso nosotros no nos metemos ni es nuestra responsabilidad”, puntualizó, dejando así la petición de AMLO en manos de la FGR.

Indicó que en caso de que se declare la procedencia del juicio de desafuero se notificará al Congreso de Tamaulipas.

En su encuentro con la prensa, Pablo Gómez aprovechó para actualizar sobre la solicitud de desafuero contra el diputado del PT, Mauricio Toledo Gutiérrez, presentada por la Fiscalía de la Ciudad de México; indicó que ya se han entregado los alegatos a la Sección Instructora, por la que ésta ya deberá resolver sobre dicha solicitud. De igual manera comentó sobre la solicitud de desafuero contra el senador de Morena, Cruz Pérez Cuellar, promovida por la Fiscalía de Chihuahua; dijo que el caso está en el periodo de desahogo de pruebas.

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó este viernes a la Cámara de Diputados seis cajas de expedientes para ratificar la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Los documentos entregados contienen la investigación sobre los delitos de los que se le acusan: delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.

La Secretaría General de la Cámara de Diputados informó que el Titular y los Fiscales de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, perteneciente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada se presentaron en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, para ratificar la solicitud de desafuero contra el gobernador.

«Los funcionarios de la FGR fueron atendidos por el director general de Asuntos Jurídicos, Luis Genaro Vásquez Rodríguez, y la documentación entregada ya fue turnada a la Secretaría General para que sea remitida a la Sección Instructora», informó la Cámara de Diputados.

La petición de desafuero se conoció el martes pasado cuando el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, difundió la solicitud de la FGR, situación que fue calificada por el propio gobernador como un acto ilegal.

El gobernador y su partido, el PAN, ha denunciado una «persecución política»; el gobernador es miembro de la Alianza Federalista, un grupo de gobernadores opositores al gobierno federal, y que han criticado el «centralismo» del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sobre los señalamientos, López Obrador negó que se trate de una «venganza» contra el mandatario estatal, quien también es uno de los señalados por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de recibir sobornos para la aprobación de la reforma energética en 2013, que el presidente combate.

«Nosotros no perseguimos a nadie, pero también recuerdo que no somos tapadera de nadie», aseguró el presidente en su conferencia de prensa matutina.

Los diputados tendrán 60 días para analizar la declaración de procedencia para después convertirse en jurados, escuchar a las partes y votar por el desafuero del gobernador, quien termina su periodo en 2022.

FOTO: Twitter

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y otros dos delitos por la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró esta tarde que es resultado de una «persecución política» que es dictada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El mandatario estatal viajó este mañana a la Ciudad de México para asistir a la Cámara de Diputados y conocer las acusaciones que presentó la Fiscalía en su contra, que derivan en el intento de desafuero.

«Estas denuncias que hoy se están presentando a la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política, dadas directamente desde Palacio Nacional», dijo García Cabeza de Vaca en alusión al mandatario, que es desde donde despacha y reside.

Expuso que si ha cometido un delito «probablemente sea no haberme sometido a este gobierno federal, un gobierno que ha querido inmiscuirse en las acciones del gobierno en Tamaulipas».

Además, señaló que el gobierno federal está «muy molestos por la exhibida que les dimos» a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esto luego de haber presentado un documento apócrifo con el que hicieron creer a la opinión pública «que se había dado un incendio» en la región cuando a finales de diciembre se provocó un apagón que afectó a 10.5 millones de usuarios.

Dijo que el enojo del gobierno federal pasa también por haber defendido «una de las principales vocaciones» que tiene Tamaulipas y que es la generación de energías limpias y renovables, además de que es uno de los fundadores de la Alianza Federalista, grupo de gobernadores de oposición que han hecho públicas sus diferencias con López Obrador.

«Ahora quieren confundir a la opinión pública presentando esas denuncias que en su momento estaremos aclarando todas y cada una de ellas. Voy a defender mi honra, la de mi familia y no voy a titubear para defender los intereses de los tamaulipecos», relató el gobernador.

En la conferencia de prensa, el gobernador dijo que entregó un documento a la Secretaria General de la Cámara de Diputados, donde expresó su inconformidad de que haya violado la ley al filtrar el documento que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, exhibió en redes sociales sobre la denuncia en su contra.

El panista acusó al gobierno federal de pretender atropellar la dignidad de los tamaulipecos.

Y es que ayer, la Fiscalía General de la República envió una petición a la Cámara de Diputados para inicien un proceso de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, para poder enjuiciarlo por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Sobre el envío de la petición, el Fiscal Alejandro Gertz Manero negó que la acusación por corrupción contra el gobernador de Tamaulipas sea una «venganza» de carácter político y garantizó «transparencia» durante todo el proceso.

Por su parte, el presidente López Obrador dijo que si bien no persiguen a nadie, tampoco serán tapadera de nadie.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la tarde de ayer a la Cámara de Diputados iniciar un proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

El escrito presentado a la Cámara de Diputados estuvo dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Moisés Ignacio Mier Velasco, el cual indica que la solicitud sería ratificada por la fiscalía este jueves.

El procedimiento de desaforar a un gobernador es necesario si la fiscalía quiere detenerlo y enjuiciarlo mientras ocupa el cargo, pero se trata de un proceso largo que implica una investigación por parte de los legisladores.

El documento compartido por Mier reveló que detrás de la petición está la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda. La Cámara de Diputados deberá ratificar la solicitud de desafuero en dos días, el jueves 25 de febrero.

Y es que en meses pasados, se presentó una denuncia contra Cabeza de Vaca por enriquecimiento ilícito por un valor de 46 millones de dólares. A raíz de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría acreditado triangulaciones financieras mediante una empresa fantasma que reportaron al gobernador ingresos por unos 2 millones de dólares.

Recordemos que Cabeza de Vaca pidió en agosto de 2020 a la Fiscalía General de la República que le informara si existía alguna investigación en su contra.

Además, el gobernador es uno de los señalados por el exdirector de Pemex acusado de corrupción, Emilio Lozoya, como uno de los políticos que habrían recibido sobornos para la aprobación de la reforma energética en 2013.

En su cuenta oficial de Twitter, el gobernador acusó a Morena de filtrar «una supuesta acusación» en su contra con el objetivo de iniciar una «embestida política».

«De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito», escribió. «Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello».

Al respecto, esta mañana el Fiscal Alejandro Gertz Manero negó que las acusaciones de corrupción contra el gobernador obedezcan a motivos políticos, aunque no aclaró cuál es el fundamento del caso.

«No podrá darse ningún caso de que ésta sea una venganza ni una cosa de tipo político de ninguna naturaleza», dijo Gertz Manero al intervenir esta mañana en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sostuvo que se presentarán pruebas contra el gobernador para que los legisladores puedan determinar si las acusaciones tienen mérito como para llevarlo a juicio.

«Nos estamos sometiendo a todos los diputados de todos los partidos para que analicen ese caso y lo puedan tratar con toda transparencia porque si no, no va a haber claridad. Así que pueden estar tranquilos», defendió Gertz Manero.

López Obrador dijo por su parte que «nosotros no perseguimos a nadie», esto luego de que los gobernadores de Acción Nacional manifestaran su total respaldo y solidaridad a García Cabeza de Vaca, e indicaran que el uso político y electoral de los aparatos de justicia es la más grave señal de rompimiento democrático del estado de derecho.

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) dijo que la acción emprendida contra el panista era contraria al llamado para un acuerdo en defensa de la democracia que planteó ayer el presidente López Obrador.

Sin embargo, López Obrador enfatizó que si bien no persiguen a nadie, tampoco el gobierno será tapadera. «Nosotros no perseguimos a nadie, pero también recuerdo que no somos tapadera de nadie», enfatizó el presidente.

Esta mañana, el gobernador de Tamaulipas emitió en mensaje en el que habló más sobre el tema.

«Ayer cuando supuestamente honramos al apostol de la democracia me enteré, al igual que ustedes, por una filtración ilegal del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que la Fiscalía General de la República ha solicitado mi desafuero», dijo el mandatario estatal.

Reflexionó que siempre se ha conducido conforme a la ley, además de que ha sido objeto de infamias y persecuciones políticas. Dijo que como siempre dará la cara, por lo que este mismo miércoles se trasladará a la Ciudad de México para presentarse en la Cámara de Diputados y conocer de qué se le acusa.

Indicó que era de mínima decencia política haberle citado a comparecer hace un año cuando comenzaron las especulaciones sobre el tema en su contra, y no ahora que comienzan las elecciones. «Que casualidad», dijo. Afirmó que no ha traicionado la confianza de los ciudadanos del estado.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo de radicación para iniciar el procedimiento y la integración del expediente de desafuero, solicitado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), en contra del diputado del PT, Mauricio Toledo, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

La Sección Instructora sesionó está tarde para conocer de la petición de la Fiscalía capitalina y, por mayoría de votos, aprobó el Acuerdo de Radicación.

En el Acuerdo, la Sección Instructora estableció un plazo de siete días naturales para que el diputado Toledo Gutiérrez, una vez notificado, manifieste lo que a su derecho convenga, de manera escrita a través de correo electrónico, debido a las restricciones que se tienen por la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

Se indicó que así como el diputado Toledo Gutiérrez será notificado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también será notificada sobre el Acuerdo de Radicación.

Se detalló que se continuará con los trabajos de la Sección, y una vez agotado los tiempos del proceso, resolverá lo correspondiente respecto a la solicitud de desafuero en contra del diputado federal.

Al respecto, el legislador del PT emitió un comunicado en el que negó los hechos que le imputa la FGJ-CDMX, los cuales dijo «son totalmente falsos».

En su comunicación confió en que «los instrumentos de gobierno no sean utilizados para realizar una persecución política», además de que el debido proceso sea respetado.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció este lunes que envió a la Cámara de Diputados una solicitud para desaforar al diputado federal Mauricio Alonso Toledo, acusado de «enriquecimiento ilícito» cuando era delegado en Coyoacán.

«He instruido al titular de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos para que acuda el día de hoy a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que presente la solicitud para retirar la inmunidad procesal al ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, exjefe delegacional de Coyoacán», informó la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, en mensaje a medios.

Horas más tarde, ja Secretaría General de la Cámara de Diputados, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, confirmó que recibió la presentación y ratificación de la solicitud de declaración de procedencia en contra de Toledo Gutiérrez.

Indicó que asistieron a la Cámara de Diputados el Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, y el Fiscal Central de Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La Cámara de Diputados precisó que se turnará a la Sección Instructora la solicitud, para que sea radicada y notificada dentro de los tres días naturales, a partir de que ésta sesione. Explicó que una vez notificado al diputado, cuenta con siete días para presentar manifestaciones de defensa.

En su mensaje a medios Ernestina Godoy aseguró que una vez el Congreso haya desaforado a Toledo, la Fiscalía capitalina «procederá penalmente contra esta persona».

El Ministerio Público acusa al legislador del PT de «enriquecimiento ilícito» debido a un «incremento injustificado e inexplicable en su patrimonio» entre 2012 y 2015.

Se informó que tras investigar las declaraciones patrimoniales de Toledo desde 2006 hasta hoy, la Fiscalía concluyó que el diputado «cuenta con inmuebles cuyo valor excede a los ingresos legalmente manifestados como servidor público».

La fiscal señaló que el fuero «protege» a los diputados pero «no es sinónimo de impunidad», remató Godoy Ramos.

Cipriano Charrez Pedraza, quien este miércoles fue desaforado y separado de su cargo como diputado federal, aseguró que demostrará su inocencia y regresará al Palacio Legislativo de San Lázaro como legislador.

“Voy a regresar a este recinto como diputado federal, para seguir representando a mi distrito indígena. Voy a regresar porque no tengo ninguna responsabilidad y sé que voy a demostrar mi inocencia”, afirmó en conferencia de prensa posterior a que el Pleno aprobara su desafuero.

Con 347 votos a favor, 36 en contra y 53 abstenciones, se retiró la inmunidad parlamentaria al morenista, con lo que quedará a disposición de las autoridades correspondientes.

Y es que Charrez Pedraza estuvo involucrado en un accidente automovilístico en Ixmiquilpan, Hidalgo, que dejó una persona muerta; los hechos ocurrieron el 6 de octubre de 2018, y por ello la Procuraduría General de Justicia de ese estado presentó una solicitud de desafuero en su contra.

Charrez Pedraza insistió en su inocencia y reiteró que el día del accidente él no manejaba el vehículo, por lo que afirmó, no  es el responsable de manera directa del accidente.

“El accidente me provocó pérdida de consciencia; me tuvieron que bajar del vehículo prácticamente cargando. Estuve, no sé cuánto tiempo, en la parte trasera de la camioneta, que es de doble cabina. No podía yo prestar auxilio, mucho menos huir, como falsamente se me ha acusado. Miente quien dice que yo huí del lugar”, externó.

Charrez Pedraza dijo estar de acuerdo con su desafuero, porque él fue impulsor, en el pasado periodo ordinario de sesiones, de eliminar el fuero a todos los funcionarios; no obstante, agradeció a los diputados “que dijeron no al desafuero”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit solicitó a la Cámara de Diputados local la declaratoria de procedencia para desaforar a cuatro jueces y dos magistrados del Poder Judicial por su presunta participación en un fraude para despojar de sus viviendas a más de 40,000 derechohabientes del Infonavit.

​El fiscal de Justicia, Petronilo Díaz Ponce, informó que derivado de denuncias presentadas por la Comisión de la Verdad a través de afectados de despojo de viviendas, se inició con la investigación en contra de servidores públicos que entre 2013 y 2018 llevaron a cabo juicios “espejo” con la complicidad de magistrados y jueces de los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, así como de un notario público y un despacho de abogados, para la ejecución irregular hipotecaria de 40 mil viviendas propiedad de derechohabientes del Infonavit en Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.

Los delitos por los que se les podría acusar son falsificación de documentos, fraude específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho y peculado, cometidos contra la administración de justicia y contra la custodia de documentos.

Este entramado de presunta corrupción se confeccionó a través de una simulación de juicios en cuatro juzgados de primera instancia en los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, que concluyeron en la adjudicación y escrituración irregular de las viviendas. El fiscal señaló que hay indicios de que la operación fue en dos etapas: la primera inició en 2013, 2014 y 2015 en los juzgados de Xalisco y Compostela; concluyendo en sentencias de condena hipotecaria a favor del Infonavit y en contra de los trabajadores, viviendas que se adjudicaron por un 75% del valor del avalúo de los inmuebles.

La segunda etapa se ejecutó en los dos juzgados de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a finales de 2016.

El presidente del Tribunal de Justicia, Ismael González Parra, aseguró que se aplicará todo el peso de la ley en contra de los magistrados y jueces que violentaron la ley, en caso de comprobarse las acusaciones.

La Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, envió a la Cámara de Diputados una solicitud de procedencia en contra del legislador de Morena, Cipriano Charrez, quien estuvo involucrado en un accidente vial en el que perdió la vida un joven de 21 años.

De acuerdo con diversos informes, el martes, 16 de octubre, la PGJH hizo llegar a la Cámara de Diputados la requisición, la cual fue sometida a una subcomisión de examen previo, donde se estudiará el expediente para determinar si procede el desafuero y sujetar al legislador a juicio penal.

Dicha solicitud está respaldada por una investigación ministerial, que señala a Charrez como responsable del accidente automovilístico ocurrido el 6 de octubre en Ixmiquilpan, Hidalgo, cuando chocó contra un taxi, provocando que el conductor de éste último perdiera la vida calcinado al incendiarse su vehículo.

Hace unos días, circuló una carta firmada por Floriberto Jesús Fuentes Trejo y Alicia Martínez Uribe, padres de la víctima en la que manifiestan: «no es nuestro deseo coadyuvar, colaborar, con el Ministerio Público, con la representante social, respecto de los hechos suscitados en Ixmiquilpan», y otorgaron el «perdón legal» al diputado de Morena.

La diputada Eva Cadena Sandoval, quien se vio envuelta en meses recientes en una red sobornos y posible financiamiento ilícito, emitió este lunes un comunicado de prensa donde informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del estado de Veracruz por amenazas en su contra.

 

Cadena relata que el viernes pasado una camioneta de su propiedad, en la que viajaban algunos de sus colaborares, fueron interceptados por otro vehículo en el que viajaban un par de sujetos armados, quienes luego de impedir el paso de su camioneta, los obligaron a bajar y a tenderse en el suelo. Luego de robarles sus pertenencia, uno de lo agresores les dijo: «Díganle a Eva Cadena que estamos esperando a que regrese para darle en la madre».

 

Eva Cadena, apuntó que esta amenaza “en contra de mi persona y de personas cercanas a mi, es la más grave y directa”, aunque reconoció que desde el mes de mayo pasado ha recibido este tipo de amenazas e incluso se ha llegado a allanar su domicilio, por lo que fue desde ese momento en que decidió presentar la denuncia en la fiscalía del Estado.

 

«Creo que hay personas interesadas en callarme. Ignoro los motivos, pero quienes me tendieron una trampa para grabarme y usarme como parte de sus estrategias de campaña, parecen no estar satisfechas con todo el daño que han logrado en mi contra y ahora quisieran desaparecerme físicamente (…) Confío en la justicia y sé que el gobierno de Veracruz tiene la obligación de dar con los responsables de estos hechos», finalizó la ex integrante de Morena.

 

Foto: Archivo APO

Luego de que el congreso local de Veracruz aprobara el desafuero a la ex diputada de Morena, Eva Cadena, este martes el pleno de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados cerró la solicitud de desafuero que había ante dicho órgano.

 

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, indicó que “no se trata de dar carpetazo, nosotros fuimos muy responsables, obtuvimos una copia certificada del dictamen emitido por el Congreso local de Veracruz, lo anexamos al expediente, constatamos, desde luego, a virtud de esa copia certificada, de que el pleno del Congreso de Veracruz aprobó desafuero de la ex diputada y obviamente habrá que recordar que el fuero sigue al cargo y nosotros lo único que hicimos fue dar por terminado el procedimiento porque se declara sin materia, si la señora ya no tiene fuero es absurdo e ilógico que sigamos con un procedimiento para desaforar”.

 

Diputados indicaron que luego de habérsele retirado la inmunidad,  aún a nivel local, las autoridades locales o federales pueden ejercer acción penal en contra de Cadena.

 

Con información de El Veracruz / Foto: Archivo APO

Esta tarde el Pleno de Diputados de Veracruz votó sobre el proceso de desafuero al que se enfrentaba Eva Cadena, en donde con 41 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, decidieron retirarle su fuero a la ex morenista.

 

Cadena quedará a disposición de las autoridades para que procedan en su contra por delitos electorales, luego de entregarse el dictamen por parte de la Comisión Instructora en el que se establece que hubo elementos para su desafuero.

 

Reecordemos que la Fiscalía General de Veracruz acusa a la ex candidata a la presidencia municipal de Las Choapas de haber recibido recursos de particulares siendo candidata de Morena, mismo delito que le es seguido a nivel federal por la Fepade.

 

Al ser separada de su curul, Cadena quedó sujeta a lo que determine la ley, que en caso de encontrarla culpable, podría llegar a prisión, mientras que si es absuelta, podrá retomar funciones en el congreso.

 

Con información de Excélsior / Foto: Archivo APO

Luego de que el congreso local de Veracruz diera paso a la solicitud de desafuero en contra de la diputada Eva Cadena Sandoval, en conferencia de prensa la ex morenista pidió que se le siga un sólo juicio y se anule el procedimiento que se estaría votando el próximo lunes en el estado.

 

La ahora diputada independiente hizo una solicitud formal para que todos los legisladores se abstengan de presentarse a la sesión donde se votará el juicio de desafuero, pues su figura de denunciantes en la demanda interpuesta ante la Fiscalía General del Estado, estaría violando los principios fundamentales del debido proceso.

 

«Estoy siendo juzgada por dos cámaras, tanto por parte del Congreso de la Unión como por parte de este Congreso. De igual manera estoy siendo juzgada por los mismos hechos en la fiscalía de Veracruz y en la Fepade». Sostuvo que la bancada que a su juicio tendrían menos derecho de comparecer en la votación local, sería la de su ex partido Morena.

 

Cadena volvió a insistir en que de ser necesario recurrirá a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para denunciar que en México el juicio de procedencia no admite recurso alguno para ampararse, pues aseguró que como parte del pacto de la Convención Americana de Derechos Humanos, México debe contar con esta figura jurídica.

 

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO

La Comisión Instructora del Congreso de Veracruz  dio paso al desafuero en contra de la diputada local, Eva Cadena, con lo que será turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del congreso estatal, par que sometan a votación el dictamen.

 

La comisión sostuvo que tras el análisis del expediente se determinó que el proceso de desafuero contra Cadena sí procede al considerar insuficientes las pruebas que la defensa presentó. 

 

Se espera que sea el oróximo lunes cuando la Jucopo realice la sesión extraordinaria en la que tendrá oportunidad la ex morenista de manifestarse respecto al proceso, y posterior a ello se procederá a votar por el futuro de Cadena. Para aprobar el desafuero, se necesita el respaldo de dos terceras partes de los legisladores.

 

Con información de Político.mx / Foto: Archivo APO