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Estudiantes de Ayotzinapa exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la destitución del secretario de Seguridad Pública en el estado de Guerrero, Rolando Solano, tras el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta el pasado 7 de marzo.

Las demandas de los normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se dieron en medio de bloqueos en vías principales de comunicación, la toma de vehículos oficiales y la demanda al mandatario, tras dar el anuncio de su muerte, de no utilizar la tragedia para limpiar su nombre.

Los normalistas, acompañados por integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm), llegaron a la capital del estado a bordo de seis autobuses para llevar a cabo una manifestación sobre la autopista del ‘Sol’, en la salida que conduce al puerto de Acapulco.

Los jóvenes, con el rostro cubierto, dejaron un carril de circulación en ambos sentidos de esa vía de cuota para distribuir volantes informativos a los conductores, en los que denunciaron que el asesinato de su compañero no fue un hecho aislado, pues horas antes, otros dos compañeros fueron detenidos y amenazados sobre la carretera federal Chilpancingo-Tixtla.

En una de las concentraciones, uno de los normalistas criticó que el presidente no se ha tomado la molestia de esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes, y ahora con este caso quiere hacerse su amigo.

“Quiere limpiar su nombre diciendo que la policía sí tuvo que ver, diciendo que él va a esclarecer este hecho. ¡Qué incongruencia del presidente Andrés Manuel López Obrador queriendo limpiar su nombre a pocos meses de terminar su sexenio! Sabemos que no lo hace por ser empático, por saber la verdad de nuestro camarada, por tener justicia, sino que lo hace para poder salir limpio, para que no existan represalias contra su Gobierno”, expresó el joven.

Durante las protestas, los normalistas retuvieron dos camionetas, una del Gobierno federal y otra del Gobierno estatal, así como tres autobuses de diferentes líneas comerciales.

En el escrito de seis puntos que repartieron en su protesta, los normalistas reiteraron que la escena del crimen fue alterada por la Policía Estatal, quien manipuló y falseó la información.

También expresan que lo largo de la historia han sido asesinados 11 estudiantes de la normal rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y consideran que ser joven y estudiante de esta los convierte “en un blanco de odio desmedido”.

Los jóvenes exigen el esclarecimiento de los hechos del 7 de marzo, castigo a los autores materiales e intelectuales, la destitución del secretario, y del coordinador de la Policía Estatal. Piden el alto al hostigamiento y a la presión estudiantil de parte de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, el cese a la incriminación de las víctimas de los ataques, y la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos desde 2014.

Por su parte la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, compartió en sus redes sociales que su gobierno coadyuvará con las investigaciones. Confirmó que se reunió con el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la normal de Ayotzinapa.

Dijo que se comprometió con los jóvenes estudiantes con el esclarecimiento del caso, además de que prometió, habrá justicia y no habrá impunidad.

También confirmó que se reunió con la madre del joven asesinado, a quien le expresó su solidaridad y apoyo, y ofreció el acompañamiento en este proceso. “El compromiso tanto con la familia como con los jovenes de la normal Raúl Isidro Burgos no queden en la impunidad y se siente el precedente que este Gobierno no defenderá nada, ni a nadie que haya actuado fuera de la ley”, sostuvo.

En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó que investiga a policías estatales por el homicidio calificado de un estudiante de Ayotzinapa, mientras que la FGR decidió atraer el caso y ha adelantado que ha encontrado indicios suficientes sobre delitos de violación de derechos humanos.

Tras 15 intentos para ser elegido líder de la Cámara de Representantes estadounidense, y con solo 269 días en el cargo, los legisladores destituyeron a Kevin McCarthy como su líder, luego de aprobar con 216 votos a favor y 210 en contra la moción para removerlo.

Así, McCarthy se convirtió en el primer presidente en la historia en ser apartado del cargo, debido a las presiones de los republicanos radicales agrupados bajo el llamado “Freedom Caucus”.

McCarthy ya había logrado no enfrentar este proceso de destitución en junio pasado, pese al enojo de sus compañeros radicales. Los legisladores afines a Trump se había venido sintiendo traicionados por McCarthy dados los acuerdo y negociaciones que alcanzó con los demócratas

La gota que derramó el vaso fueron las negociaciones que rozando la fecha límite, permitieron el sábado una prórroga de 45 días para dotar de recursos al gobierno, en el que se renuncian a los grandes recortes que se solicitaban.

Los radicales lo consideran demasiado “moderado”. Las diferencias entre los partidarios y los detractores de McCarthy reflejó las rencillas internas del partido.

Nacido en California hace 58 años, ejerció como líder de la minoría republicana en la Cámara Baja desde 2019, con la demócrata Nancy Pelosi como presidenta. Desde 2014 y hasta entonces, con los republicanos dirigiendo la Cámara y John Boehner y Paul Ryan como “Speakers”, ocupó el cargo de “número dos” de esta cámara.

En agosto de 2014 cuando asumió ese puesto hizo historia al alzarse con él tras solo siete años y medio en activo dentro de los pasillos del Capitolio.

Al respecto, la Casa Blanca confió en que la Cámara de Representantes elija “pronto” a su sustituto.

“La población estadounidense merece un liderazgo que ponga los temas que afectan a sus vidas en el centro”, indicó en un comunicado la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre.

El presidente Joe Biden, en su opinión, “ha demostrado que siempre está dispuesto a trabajar de buena fe con los dos partidos en el Congreso en nombre de los estadounidenses”, añadió la vocera de la Casa Blanca.

La presidencia interina quedará ahora en manos del legislador Patrick McHenry, representante del décimo distrito de Carolina del Norte y conocido por haber sido uno de los principales negociadores conservadores del aumento del techo de la deuda nacional, que se rubricó “in extremis” en junio, días antes de que el Tesoro considerara que se iban a agotar las reservas para seguir pagando las cuentas.

Jorge Vilda fue destituido este martes por la Real Federación Española de Fútbol, como seleccionador nacional femenino y director deportivo en España.

Su destitución llega apenas 15 días después de convertirse la selección española femenil en campeón del mundo, y  tras ocho años de permanecer en el cargo.

El despido de Vilda cierra una de las brechas abiertas en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por todo los sucedido al término de la final del Mundial en Sídney y constata lo que el presidente interino del organismo, Pedro Rocha, dejó entrever hace unos días al confirmar la continuidad de Luis de la Fuente en la formación masculina y decir que tenía que hablar con Vilda.

Su actitud, cuando el comportamiento de Luis Rubiales en el palco y en el podio por el beso con Jenni Hermoso ya estaba en entredicho, y los aplausos que brindó al todavía presidente días después en la asamblea federativa, cuando anunció que no iba a dimitir, dejaron prácticamente cerrado su cese.

Poco sirvió que al día siguiente del mensaje de Rubiales, lamentara su comportamiento que empañó el mayor éxito del fútbol femenino español, campeón del mundo tras ganar a Inglaterra la final del pasado día 20 por 1-0.

Antes de ese mensaje, su cuerpo técnico ya le había dejado solo. Once de sus colaboradores ya habían puesto sus cargos a disposición de la RFEF.

Analistas deportivos en España señalan que Vilda pasó en apenas horas de héroe a Villano.

“Su mayor éxito deportivo ha sido su gran condena. La victoria en el Mundial, que parecía su gran argumento para silenciar las voces críticas cuando quince jugadoras pidieron tras la Eurocopa de 2022 cambios para volver a ir con el equipo, se ha vuelto totalmente en su contra”, señala la agencia española Efe.

Su despido pone fin a una etapa iniciada en 2015 para sustituir a Ignacio Quereda, con la experiencia de haber dirigido a la selección sub-19 desde 2014, y, anteriormente, desde su llegada al RFEF en 2010, a la sub-17. Con ésta ganó dos Eurocopas, dos subcampeonatos europeos, un bronce mundial y un bronce europeo y logró un subcampeonato del mundo.

Más tarde, la RFEF anunció que el puesto de Vilda lo ocupará a partir de ahora la técnica y exjugadora Montse Tomé, segunda entrenadora con Vilda desde 2018 y quien se convierte así en la primera mujer en ostentar el cargo de seleccionadora nacional femenina de fútbol.

La destitución de Vilda es sólo el más reciente capítulo del escándalo que desató el comportamiento de Rubiales. ¿Es el #MeToo del deporte? En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Rosa Covarrubias, periodista deportiva, sobre lo sucedido.

Vecinos y concejales de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México anunciaron la realización de una campaña para promover y solicitar la revocación de mandato de Sandra Cuevas, titular de la demarcación, acusándola de actuar con autoritarismo, nepotismo y corrupción.

“El autoritarismo, el nepotismo y la corrupción son atributos que han caracterizado al gobierno espurio de Sandra Cuevas, alcaldesa del PAN en Cuauhtémoc. Todos los días su constante es cometer delitos y violaciones flagrantes a la Constitución”, dijeron activistas quienes cuentan con el respaldo del diputado de Morena, Fernando Marín Díaz.

Refirieron los hechos del pasado domingo 19 de febrero, cuando personal de la Alcaldía desalojó a un grupo de vecinos de la colonia Santa María la Ribera que protestaban a unos metros de la casa de la alcaldesa, ante la prohibición de organizar bailes en el Kiosko Morisco, tradición en la demarcación.

La concejal Alva Ordaz Fernández exhortó a Cuevas Nieves a conducirse “con respeto, sin violencia y sin golpeadores, que privilegie el diálogo, el consenso vecinal y los acuerdos.

“No podemos seguir permitiendo esta violencia clasista y autoritaria debemos recuperar nuestros espacios públicos para la sana convivencia. Bailar es sano. No debemos permitir que se arrebaten estos espacios con golpes y de manera violenta como lo hace este gobierno represor panista de Sandra Cuevas”, acusó.

En tanto, el concejal Saúl Doroteo Neri, quien estuvo presente en el desalojo y es acusado por la alcaldesa de incitar a la violencia, dijo que esa aseveración es falsa, pues él sólo se encontraba en el lugar de los hechos para documentar el desalojo y supervisar la acción de gobierno de la Alcaldía.

“Cual sociópata, Cuevas dedica cada uno de sus ejercicios de gobierno a atentar contra la felicidad del pueblo: violencia física, delitos electorales, nepotismo, represión, corrupción y atentados en contra de la cultura y las artes son solo algunos de los golpes que Cuevas ha propinado a la Cuauhtémoc”, dijo.

Por su parte, el diputado Marín Díaz, secretario de la Comisión de Zonas Metropolitanas, puntualizó que en las últimas semanas, “el gobierno de Sandra Cuevas inició con la violación a las normas y con la violación a los derechos humanos, de manera permanente”.

“Los residentes de la Cuauhtémoc han evidenciado su inconformidad frente a las políticas gubernamentales de la alcaldesa, quien no respeta al comercio establecido, no respeta a los empresarios, al comercio de vía pública, ni a las manifestaciones culturales, y grupos de la tercera edad”, denunció.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, negocia este viernes la formación de un nuevo gobierno tras la destitución y detención de Pedro Castillo, mientras el descontento social crece con seguidores del exmandatario tomando las calles para exigir su liberación y convocar a nuevas elecciones.

Dos días después del fracaso de su intento de golpe de Estado, el expresidente se encuentra recluido en la misma prisión que el exmandatario Alberto Fujimori en la base de las fuerzas especiales de la policía, ubicada al este de Lima.

La fiscalía acusa a Castillo de rebelión y conspiración, por lo que un tribunal ordenó siete días de prisión preventiva en su contra.

Paralelamente, en las calles, las manifestaciones crecen y avivan la incertidumbre sobre la posibilidad de que Boluarte pueda concluir en 2026 su mandato, como ella misma anunció al asumir el poder.

En Lima, una protesta de cerca de un millar de personas marchó ayer hacia el Parlamento, donde fue dispersada por la policía con gases lacrimógenos y donde se produjo la detención de al menos tres manifestantes.

En otro punto, manifestantes bloquearon la carretera Panamericana Sur utilizando piedras, troncos y quemando neumáticos en demanda de elecciones generales y el cierre del Congreso.

En Ica, a unos 300 km de Lima, varias decenas de manifestantes paralizaron el transporte de pasajeros y vehículos de carga, según un reporte del canal Latina. En Arequipa, a 1,000 km al sur de Lima, también se produjeron bloqueos en la Panamericana sur.

Otras movilizaciones se reportaron en varios puntos al interior de Perú como Chota (Cajamarca, cuna de Castillo), Trujillo, Puno, Ayacucho, Huancavelica y Moquegua.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a toda la ciudadanía a la “tranquilidad y la responsabilidad”. “El uso de medios violentos durante las movilizaciones de protesta están prohibidos”, indicó en un mensaje en Twitter.

Desde tempranas horas de hoy, se reportaron en la televisión local, en un tramo de la principal carretera de la costa peruana por parte de cientos de agricultores que demandan adelantar las elecciones.

Las manifestaciones llegaron este viernes a la ceremonia del Ejército peruano por el 198º aniversario de la Batalla de Ayacucho, en el que Boluarte estuvo presente. Los reflectores estuvieron centrados en dicho evento, pues la presidenta tenía que pronunciar un discurso ante los militares, que jugaron un rol clave en la caída de Castillo al no respaldar el régimen de excepción que propuso.

Recordemos que Castillo intentó disolver el legislativo y gobernar por decreto, pero sus órdenes fueron desacatadas por las Fuerzas Armadas y el Congreso.

Ayer durante las movilizaciones, los manifestantes exigieron la renuncia de la presidenta, la primera mujer en dirigir a Perú, y a quien algunos de los inconformes calificaron de “traidora” por haber asumido el cargo, cuando hace un año señalaba que si Castillo dejaba el gobierno, ella se iría con él.

Boluarte dijo este viernes que en los próximos días visitará a Castillo, al tiempo que “deja” en manos de México la posibilidad de que tanto él como su familia puede recibir el asilo político.

“En unos días más, si se me permite luego de la juramentación del nuevo gabinete, yo quisiera ir a saludar al presidente Pedro Castillo porque el hecho que haya suscitado de esta manera tan rápido y violenta, también me duele”, dijo la presidente.

“Lamento mucho que se haya dado esta situación inesperada”, añadió Boluarte, quien reveló que tanto ella como el resto de gabinete habían estado aconsejando hasta la última semana a Castillo acerca de que no mantuviera la confrontación con el Congreso.

En lo que respecta a la posibilidad de que Castillo y su familia puedan recibir un salvoconducto para que pueda recibir asilo político en México, tal y como se supo que solicitó cuando se hizo efectiva su destitución, Boluarte  expresó que ella siempre se ha movido por los marcos legales y que “lo que diga el derecho de asilo (…) eso lo tendrá que validar el gobierno mexicano”.

Durante su primera audiencia judicial, visiblemente nervioso, Castillo declinó hacer uso de su derecho a defensa para replicar las imputaciones, y cedió la palabra a sus abogados. “Resulta claro que acá no se ha configurado el delito de rebelión” porque este no se concretó, alegó su defensa.

De ser hallado culpable, el ahora expresidente podría enfrentar una condena de entre 10 y 20 años en prisión.

Pero, ¿qué hay detrás de la destitución de Pedro Castillo, y cuál ha sido el papel de México en este conflicto? En Broojula Ana Paula Ordorica conversa con Brenda Estefan, analista internacional, sobre las causas y consecuencias de la inestabilidad política en Perú.

Pedro Castillo fue destituido ayer por el Congreso de Perú bajo el argumento de “incapacidad moral”, lo que supone un nuevo capítulo en la inestabilidad política del país, tras la destitución de Alberto Fujimori en el año 2000.

Pedro Castillo, candidato de una coalición de izquierda, ganó las elecciones presidenciales de 2021, sin embargo ante los hechos de ayer, solo completó 16 meses en el cargo, los cuales estuvieron marcados por luchas internas dentro del gobierno y ataques de la derecha.

En diciembre de 2021 y luego en marzo de 2022, el Congreso, controlado por la oposición, rechazó dos solicitudes de destitución por “incapacidad moral” contra Pedro Castillo.

En agosto, fue objeto de un total de seis investigaciones por corrupción y tráfico de influencias, una situación sin precedentes en Perú. El 11 de octubre, la justicia interpuso un recurso de inconstitucionalidad acusándolo del delito de organización criminal de corrupción. Esa investigación sigue en curso.

Apenas el mes pasado,  Castillo había nombrado a su quinto gobierno en seis meses.

Sin embargo, la historia de inestabilidad viene de tiempo atrás. El 21 de noviembre del 2000, tras un escándalo de corrupción, el Congreso destituyó por el mismo motivo (incapacidad moral permanente) a Fujimori, quien estaba al frente del país desde 1990, y quien había presentado su renuncia desde Japón, adonde había huido.

Fue hasta el año 2007 que Fujimori fue detenido en Chile y extraditado a Perú. Fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por corrupción y crímenes de lesa humanidad.

El expresidente gozó de un breve período de libertad entre fines de 2017 y octubre de 2018, cuando recibió un polémico indulto que posteriormente la justicia peruana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos anularon. Ahora se encuentra pagando su condena en una prisión de Lima.

En 2003, el presidente Alejandro Toledo declaró estado de emergencia ante una ola de descontento social. Parte de la oposición y la prensa exigieron su salida “por incompetencia”. El gobierno dimitió en bloque.

También sospechoso de corrupción, el expresidente fue arrestado en 2019 en Estados Unidos y luego puesto bajo arresto domiciliario tras estar siete meses tras las rejas. La justicia estadounidense autorizó su extradición en septiembre de 2021, pero Toledo apeló y Perú está a la espera de que sea entregado.

En 2008, el presidente socialdemócrata Alan García aceptó la renuncia del gobierno tras descubrirse un presunto caso de corrupción a favor de la petrolera noruega Discover Petroleum.

Al verse relacionado con un supuesto caso de lavado de dinero relacionado con el escándalo de Odebrecht, el expresidente García se suicidó en abril de 2019 cuando estaba por ser arrestado.

El 6 de junio de 2011, Ollanta Humala se convirtió en el primer presidente de izquierda en 36 años. Un año después, los miembros de su gobierno, criticados por su gestión de los conflictos sociales renunciaron. En 2015, la jefa de gabinete de Humala, Ana Jara, fue apartada del cargo por una moción de censura, la primera en 50 años, tras un caso de espionaje.

Investigado por un caso de corrupción, Ollanta Humala recibió prisión preventiva en 2017, acusado de haber recibido tres millones de dólares de la firma durante su campaña electoral. Acusado desde  2019, ha estado en juicio, junto con su esposa, desde febrero pasado.

En 2016, el presidente de centroderecha Pedro Pablo Kuczynski pasó a ser investigado por presunto lavado de dinero en el escándalo de corrupción en el gigante brasileño de la construcción Odebrecht con sobornos a políticos a cambio de contratos.

El 21 de marzo de 2018, Kuczynski renunció ante una probable votación parlamentaria para acusarlo formalmente de cara a un juicio de destitución. Fue puesto en prisión preventiva y luego bajo arresto domiciliario.

La líder opositora Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto, también ha sido objeto de una investigación por el caso Odebrecht; fue detenida en octubre de 2018 y cumplió 16 meses de prisión preventiva, antes de ser liberada bajo fianza en mayo de 2020.

En septiembre de 2019, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Parlamento controlado por la oposición fujimorista y anunció elecciones legislativas anticipadas. El Congreso respondió al año siguiente suspendiéndolo por un año y votando para reemplazarlo por la vicepresidente. Pero líderes militares, policías y gobernadores regionales le dieron su apoyo. El vicepresidente renunció.

En enero de 2020, los fujimoristas perdieron las elecciones legislativas. En noviembre, el Parlamento destituyó a Vizcarra por “incapacidad moral”, en medio de acusaciones de supuestos sobornos recibidos mientras era gobernador en 2014.

El titular del Legislativo, Manuel Merino, asumió la presidencia pero renunció a los cinco días, presionado por movilizaciones ciudadanas y reclamos políticos. Francisco Sagasti, presidente electo del Parlamento, asumió la presidencia interina entre noviembre de 2019 y julio de 2021.

Sin embargo, Perú no es el único más en la región que se ha visto envuelto en casos de destituciones presidenciales o líderes forzados a dimitir.

El vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado en el escándalo Odebrecht a seis años de prisión, fue destituido a principios de 2018 después de tres meses de ausencia de sus funciones debido a su encarcelamiento.

En abril de 2005, el presidente Lucio Gutiérrez también fue apartado del cargo tras haber sido acusado, en plena revuelta popular, de haber colocado a personas cercanas en el seno de la Corte Suprema de Justicia.

Uno de sus predecesores, Abdala Bucaram, acusado de malversación de fondos públicos, fue destituido en febrero de 1997, apenas seis meses después de su investidura.

La presidenta de Brasil Dilma Rousseff fue destituida el 31 de agosto de 2016 por más de dos tercios de los senadores, que la consideraron culpable de maquillar las cuentas públicas.

También en Brasil, en diciembre de 1992, Fernando Color de Mello, acusado de corrupción, dimitió al iniciarse el proceso de su destitución en el Senado y perdió sus derechos políticos durante ocho años.

En septiembre de 2015, el presidente de Guatemala, Otto Pérez, acusado de dirigir un sistema de corrupción en las aduanas, fue privado de su inmunidad por parte del Parlamento. Ante el riesgo de ser cesado, dimitió y después fue arrestado. Apenas este mes fue condenado a 16 años de cárcel.

En Paraguay, Fernando Lugo fue destituido en 2012 debido a una operación policial contra campesinos sin tierra que terminó con 17 muertos.

El presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, acusado de malversación y enriquecimiento ilícito, fue suspendido de sus funciones en mayo de 1993 tras un voto en el Senado. En 1996, fue condenado a 2 años y 4 meses de cárcel.

La región también ha sido escenario de golpes de Estado como ocurrió en Honduras en junio de 2009, cuando el presidente Manuel Zelaya fue arrestado y expulsado a Costa Rica mientras preparaba un plebiscito para reformar la Constitución y ser reelegido.

También el presidente venezolano Hugo Chávez fue blanco de un golpe militar en abril de 2002 en el que fue arrestado antes de volver al poder dos días más tarde gracias a las manifestaciones ciudadanas.

En octubre de 2019, el entonces presidente boliviano Evo Morales se postuló a un cuarto mandato pese a perder un referéndum para habilitarlo a una nueva reelección. En medio de una fuerte convulsión social y acusaciones de fraude, renunció y salió del país.

Jeanine Áñez, que lo sustituyó en el cargo, fue condenada en junio pasado a diez años de prisión por tomar el mando irregularmente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la crisis política que atraviesa Perú, luego de la destitución del presidente Pedro Castillo, quien hoy por la mañana disolvió el Congreso y ordenó instaurar un gobierno.

La decisión de Castillo, calificada por detractores y aliados como un golpe de Estado, se dio previo a que el Parlamento debatiera una moción de vacancia, destitución, en su contra para apartarlo de la jefatura del Estado.

Aunque López Obrador reiteró que la política exterior de México se apega al principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Sin embargo, dijo que era lamentable que por intereses económicos y políticos, desde el inicio de la presidencia de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra.

En una especie de justificación, dijo que Castillo fue llevado a “tomar decisiones” que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el “sui géneris precepto de ‘incapacidad moral'”.

El mandatario mexicano confió en que se respeten los derechos humanos en Perú, además de que haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo.

Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard afirmó este miércoles que México está dispuesto a ofrecer “asilo” al ya expresidente Castillo, actualmente detenido en Lima después de ser destituido por el Congreso, aunque apuntó que por el momento “no lo ha solicitado”.

En entrevista con “Atando Cabos” en Radio Fórmula, Ebrard comentó la detención de Castillo, quien se encuentra en la sede de la prefectura de la Policía de Lima, al ser acusado de haber intentado perpetrar un golpe de Estado.

“Si Pedro Castillo pide asilo a México, se lo damos, pero no lo ha solicitado”, aseguró Ebrard, quien manifestó su preocupación por la situación en Perú y agregó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le ha pedido que lo mantenga informado “en todo momento”.

Y aunque el presidente siempre habla de los principios que guían la política exterior de México, siempre termina inmiscuyéndose en asuntos internos de otros países.

Esta mañana, denunció que existe una “venganza política” detrás de la sentencia contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, condenada ayer a seis años de prisión por corrupción.

“A todas luces es una venganza política en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, y también es un acto antidemocrático porque no quieren que participe en el proceso electoral, la están inhabilitando para que pueda ser candidata”, manifestó el mandatario en su conferencia diaria.

López Obrador envió un “abrazo fraterno” y su “solidaridad” a la vicepresidenta “y a todo el pueblo de Argentina”, y les pidió que “hay que seguir adelante, resistiendo”. También aprovechó para resaltar la decisión de Fernández de no contender de nuevo por la presidencia.

“Una actitud muy digna y esto demuestra que no es una mujer ambiciosa, vulgar, porque no va a ir de candidata. Para empezar, tiene fuero y va a estar hasta diciembre del año próximo, hasta las elecciones, y sin ser candidata ella va a seguir siendo dirigente”, añadió el presidente.

López Obrador se sumó a líderes de la izquierda latinoamericana que han expresado su apoyo por la vicepresidenta, como el expresidente boliviano Evo Morales, el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, y el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

El Congreso peruano destituyó este miércoles al presidente Pedro Castillo, poco después de que éste disolviera el Legislativo e instalara un gobierno de emergencia.

Especialistas hablan de la mayor crisis política desde que llegó al poder hace poco más de un año.

Castillo fue destituido por “incapacidad moral” por 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones y será sucedido en el poder por su vicepresidenta, Dina Boluarte.

La votación se produjo horas después de que Castillo disolviera el Congreso en una maniobra que varios actores consideraron un intento de golpe de Estado y que fue incluso criticada por algunos de sus propios funcionarios.

“Se dictan las siguientes medidas: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional”, dijo Castillo en un mensaje a la nación que no fue previamente anunciado por su equipo de comunicaciones o en sus redes sociales.

Con un temblor evidente en sus manos, anunció que también dicta “convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses”.

También ordenó un toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy desde las 22:00 hora local y que “se declara en reorganización del sistema de judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)”, agregó.

En tanto, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, hizo un llamado a la ciudadanía a “mantenerse vigilante en defensa del Estado democrático y de derecho”.

“Demandamos a las instituciones correspondientes mantenerse firmes en el respeto al Estado de derecho y pedimos a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada, a mantenerse vigilantes en defensa del Estado democrático de derecho”, dijo Barrios en un mensaje transmitido en las redes sociales del Poder Judicial.

La presidenta de la Judicatura enfatizó que “el Estado de Derecho es consustancial al respeto de los derechos fundamentales” y que en Perú se tiene “un Estado constitucional de derecho al que todos los poderes del Estado, organismos constitucionales y ciudadanos debemos respetar”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó este lunes su apoyo al mandatario de Perú, Pedro Castillo, por el intento de destitución presidencial impulsado por la oposición y que fracasó la semana pasada.

“Tenemos que ayudar a los pueblos hermanos, porque esto no es solo apoyar al presidente surgido de un movimiento popular, que es un dirigente que orgullosamente nace en la zona serrana, viene de las comunidades pobres”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

AMLO reveló que envió al país andino al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría de Bienestar para “apoyar en lo que podamos”.

“Fuimos, siendo muy respetuosos, a apoyar, sobre todo lo que se pueda hacer para ayudar a la gente humilde, a la gente pobre en tiempos difíciles”, expuso sin precisar la fecha y resultados del viaje.

Sus declaraciones se producen después de la moción promovida por la derecha y la ultraderecha peruana, incluyendo al partido fujimorista Fuerza Popular, para destituir a Castillo. La destitución fracasó el martes de la semana pasada, pero se quedó a solo seis votos para admitir a trámite la moción y, con ello, abrir un proceso de vacancia presidencial.

En este contexto, López Obrador reprochó que “los adversarios” iniciaron el proceso de destitución de Castillo solo un mes y medio después que asumiera el poder.

“Imagínense esta situación, de un conservadurismo, bueno, apoyado hasta por (el escritor Mario) Vargas Llosa, una cosa irracional. Entonces nos pidió apoyo el presidente porque hay toda una campaña en contra, mediática, además adelantada, aparejada de la inflación”, mencionó.

López Obrador cuestionó que en Perú, según él, baste el 20% de los votos del Congreso para aceptar una solicitud para la remoción del presidente y 40% para “quitarlo”.

La moción de destitución presidencial contra Castillo ha sido la quinta presentada en el Parlamento peruano en los últimos cuatro años, lo que impidió culminar sus mandatos a los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra.

López Obrador consideró que “ahí hay algo que vale la pena comentarlo”, porque no solo es el Perú. Dijo que durante el periodo neoliberal, los dueños del mundo, fueron creando sistemas de Gobierno para que no pudiera llegar un líder popular a gobernar y que si llegaba un líder popular lo pudieran “rodear y tenerlo atado”. Añadió que nada de lo que sucede en Perú es espontáneo o casual.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, ha pedido al vicepresidente, Mike Pence, que invoque la 25ª enmienda de la Constitución para destituir al presidente, Donald Trump, sugiriendo que el Congreso podría comenzar un proceso de juicio político (‘impeachment’) si Pence y el Ejecutivo no actúan.

“Al llamar a este acto sedicioso, el presidente ha cometido un asalto indecible a nuestra nación y a nuestro pueblo”, afirmó Pelosi en una rueda de prensa.

La posibilidad de hacer uso de la 25ª enmienda se comenta desde ayer que se produjo el asalto al Capitolio por parte de partidarios de Trump durante la sesión conjunta en la que el Congreso de Estados Unidos se disponía a ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre.

Esta enmienda, con la que la Constitución se actualizó tras el asesinato de John F. Kennedy, estipula en su sección IV que el vicepresidente, en este caso Mike Pence y la mayoría de los miembros del gobierno pueden plantear por escrito al Congreso que el presidente no puede seguir en el cargo.

Pence asumiría en este hipotético caso el poder, mientras que a Trump solo le restaría impugnar el proceso, ya sin margen de maniobra por la inminencia de la toma de posesión de Biden. El vicepresidente no ha dado muestras por ahora de dar este controvertido paso.

Si bien esta enmienda se invocó durante la Presidencia George W. Bush, fue en dos ocasiones y por razones médicas, por lo que nunca se ha hecho para apartar a un presidente del cargo. En este sentido, no se aplicó la sección IV sino la III, según la cual el presidente puede ceder temporalmente el mando del país a su ‘número dos’ por incapacidad.

En su mensaje, la demócrata se refirió a Trump como “una persona muy peligrosa que no debería continuar en el cargo”.

Al llamado de Pelosi se unió Chuck Schumer, el demócrata de mayor rango en el Senado, quien indicó que “la forma más rápida y eficaz de destituir a este presidente de su cargo, algo que se puede hacer hoy, sería que el vicepresidente (Pence) invoque inmediatamente la enmienda 25”.

En un mensaje aparte, el presidente electo, Joe Biden, acusó a Trump de desatar “un asalto total” contra las instituciones democráticas y causar uno de los “días más oscuros” en la historia del país, en referencia a los hechos registrados ayer.

“Desencadenó un asalto total contra las instituciones de nuestra democracia desde el principio”, dijo Biden.

El presidente electo Joe Biden sostuvo que la turba enardecida que irrumpió en el Capitolio en Washington son “terroristas domésticos” y culpó de los sucesos directamente al republicano.

En declaraciones en Wilmington, Delaware, Biden dijo que los cientos de partidarios de Trump que invadieron el Capitolio no son manifestantes sino una “turba insurrecta, terroristas internos”. Dijo que Trump es culpable de “tratar de usar una turba para acallar las voces de casi 160 millones de estadounidenses” que votaron en noviembre.

Dijo que el presidente ha hecho patente su desdén por la democracia y la Constitución, el estado de derecho en todo lo que ha hecho, además de que lanzó un “ataque frontal” a las instituciones democráticas del país, lo que desembocó en la violencia.

Biden acusó a las autoridades de haber tratado a los manifestantes pro-Trump con mayor condescendencia que a los participantes de una protesta antirracista que fueron dispersados a la fuerza el año pasado en Washington.

“Si hubiese sido un grupo del (movimiento antirracista) Black Lives Matter el que protestaba ayer… hubiera recibido un trato muy distinto al que recibió la turba de matones que invadió el Capitolio”, afirmó Biden. “Todos sabemos que eso es cierto, y es inaceptable”, remató.

El subdirector de calidad para el deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Israel Benítez, fue destituido por la Secretaría de la Función Pública (SFP) tras incumplir obligaciones contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“El Órgano Interno de Control en la Conade tuvo por acreditada la indebida prestación de servicios de hospedaje, alimentación y uso de las instalaciones de Villas Tlalpan, a personas que no eran atletas de alto rendimiento”, explicó la SFP en comunicado.

Villas Tlalpan, ubicadas al sur de la Ciudad de México, funciona como centro de concentración, albergue y entrenamiento para los deportistas olímpicos mexicanos registrados en el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte y el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte.

En esta villas, que cuentan con gimnasio, canchas de diferentes deportes, alberca y área de comida, se concentraron parte de los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos Río 2016.

Los servicios auditados por la SFP, encabezada por Irma Eréndira Sandoval, fueron solicitados por dos personas al mando de Benítez, por lo que la dependencia del gobierno mexicano encargada de vigilar a los funcionarios públicos decidió imponerle la sanción.

La SFP investiga desde 2019 a la Conade, dirigida por la subcampeona olímpica de atenas 2004 Ana Gabriela Guevara, a la que de acuerdo al organismo le encontraron 22 observaciones que fueron investigadas.

Guevara ha sido acusada de corrupción durante su gestión, por lo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le pidió a la SFP realizar pesquisas correspondientes para deslindar responsabilidades.

“Son fondos públicos, tenemos que hacer auditorías e investigación. Le pediré a la secretaria de la Función Pública que actúe y que demos a conocer el resultado de las pesquisas aquí mismo”, explicó López Obrador en junio.

El mandatario agregó que en caso de encontrar irregulares se debería proceder con una denuncia ante la Fiscalía
General de la República, sin embargo en el comunicado de la SFP no se menciona si hay planes para ello.

Roberto Valdovinos Alba fue destituido de su cargo como titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de que se presentaron cinco denuncias de acoso laboral en su contra.

“El día de hoy fue notificado de su destitución Roberto Valdovinos Alba como titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). Lo anterior en atención a la recomendación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Relaciones Exteriores, adoptada por unanimidad”, informó la cancillería esta tarde.

Mediante un comunicado, la dependencia federal explicó que las denuncias fueron analizadas y se confirmó la consistencia de los hechos denunciados como “trato inadecuado y hostigamiento laboral.

Dichas conductas reiteradas afectan la estabilidad y operación del Instituto, por lo que dictaminó que no existen condiciones para que el servidor público continúe desempeñándose en su cargo, indicó la SRE.

Aclaró que los derechos de Valdovinos Alba fueron respetados en todo momento, incluyendo la garantía de audiencia y un estricto apego al debido proceso en cada una de las acusaciones que se presentaron ante el Comité, que también veló sistemáticamente por los derechos de las víctimas, en defensa de su privacidad e integridad.

La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que la destitución se enmarca en el compromiso de una política feminista que busca “eliminar las diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género”.

Al ser cuestionado por una periodista sobre su posible destitución, que se concretó este día, Valdovinos Alba intentó quitarle el equipo celular con el que grababa la reportera.

 

El Poder Judicial de la Federación (PJF) informó esta tarde que en su lucha por limpiarse de malos elementos, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la destitución e inhabilitación por 10 años de un magistrado federal y la suspensión de un juez de distrito.

El magistrado fue sancionado por el hostigamiento sexual a 10 mujeres y contratar a la esposa de un juez de Distrito de su mismo circuito, en acuerdo y beneficio personal del propio impartidor de justicia, mientras que el juzgador también recibió una sanción y fue suspendido por falta de profesionalismo y ejercicio indebido del cargo.

Al respecto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar, advirtió que el acoso sexual no será permitido en el Poder Judicial federal.

“Cero tolerancia a la violencia de género. La seguridad de las mujeres es prioridad. Avanzamos hacia una mejor justicia en beneficio de todas las personas. Por un país más justo y más igualitario. Acciones, no discursos”, escribió en su cuenta de Twitter.

El CJF refrendó que mantiene su política de combate a la violencia de género y nepotismo, toda vez que representan un “cáncer” para la sociedad que, de entrada, debe ser combatido desde la trinchera de aquellos servidores públicos que juraron velar por la justicia y los valores constitucionales.

El Poder Judicial reiteró su vocación de servicio público, y recordó que son la ética, el profesionalismo y el absoluto respeto a los derechos fundamentales los valores que definen esa vocación.

Joe Biden, uno de los aspirante a la candidatura presidencial demócrata, afirmó hoy por primera vez que Donald Trump debería ser sometido a juicio político, pronunciamiento que fue calificado como “patético” por parte del mandatario estadounidense.

“Donald Trump ha violado las responsabilidades de su cargo, traicionó a esta nación y cometió actos que merecen un proceso de destitución (…) para preservar nuestra Constitución, nuestra democracia. Nuestra integridad básica. Debería ser acusado”, indicó el exvicepresidente durante un mitin en Rochester, New Hampshire.

Indicó que con sus palabras y sus acciones, el presidente Trump se ha acusado a sí mismo al obstruir la justicia, negándose a cumplir con la investigación del Congreso. Sostuvo que el republicano se ha condenado a sí mismo a la vista del mundo y del pueblo estadounidense”.

Las declaraciones de Biden llegan luego de que La Casa Blanca anunciara que no colaborará con la investigación de un juicio político contra el presidente al considerar que es un proceso “ilegítimo” e “inconstitucional”.

Es la primera vez que Biden se pronuncia a favor de someter a juicio político a Trump, después de que la Cámara de Representantes decidió iniciar una investigación en su contra por haber presionado a su similar ucraniano Volodimir Zelenski para que investigara a Biden y a su hijo Hunter.

“Todos nos reímos cuando dijo que él (Trump) podía pararse en medio de la Quinta Avenida, dispararle a alguien y que no le pasaría nada. No es una broma. Le está abriendo agujeros a la Constitución y no podemos permitir que se salga con la suya”, advirtió Biden.

El pronunciamiento de Biden fue calificado como “patético” por Trump, quien reiteró no hizo nada malo. “Es tan patético ver a ‘Sleepy’ Joe Biden, quien con su hijo Hunter y en detrimento del contribuyente estadounidense ha estafado al menos a dos países por millones de dólares, pidiendo mi destitución”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se describió a sí mismo este miércoles como el mandatario peor tratado luego de que los opositores demócratas iniciaran una investigación formal en su contra la cual da inicio a un proceso de destitución.

Al anunciar la investigación, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que Trump había traicionado su juramento al cargo al buscar ayuda de Ucrania para perjudicar a su rival, Joe Biden.

“No ha habido un presidente en la historia de nuestro país que haya sido tratado tan mal como yo”, dijo en Twitter el mandatario desde Nueva York, donde se encuentra para asistir a la Asamblea General de la ONU.

“Los demócratas están paralizados por el odio y el miedo. No hacen nada. Nunca se debe permitir que esto le pase a otro presidente. ¡Cacería de brujas!”, tuiteó Trump.

La dramática medida marca el primer paso en un complejo proceso que tiene pocas probabilidades de sacar a Trump de la presidencia. El inicio del proceso de impeachment también empuja a la política estadounidense a un nuevo y peligroso capítulo de 14 meses antes de las nuevas elecciones para el control de La Casa Blanca y el Congreso.

Pelosi y otros líderes del Partido Demócrata se habían resistido a iniciar el proceso durante meses, prefiriendo centrarse en la próxima contienda electoral.

Sin embargo, las acusaciones más recientes de que Trump condicionó la entrega de asistencia militar a Ucrania a cambio de ayuda para dañar al principal candidato demócrata, Biden, provocó una oleada de apoyo entre los miembros del partido para iniciar un proceso de destitución.

Al respecto, La Casa Blanca publicó este miércoles la transcripción de la llamada entre Trump y Volodímir Zelenski, e indicó a través de sus redes sociales, si después de conocer el contenido de la llamada, los demócratas se disculparían.

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Tal como lo adelantó el diatio The Washington Post, esta tarder, la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el inicio del proceso de destitución del presidente Donald Trump, quien dijo ha violado la Constitución.

“Las acciones tomadas hasta la fecha por el presidente han violado gravemente la Constitución”, declatró Pelosi en conferencia de prensa. “La Cámara de Representantes está avanzando con una investigación oficial de juicio político”.

Y es que se había reportado que Pelosi ha conversado con congresistas sobre la creación de un comité que conduzca el proceso de impeachment contra Trump.

Al respecto, el exvicepresidente de Estados Unidos y aspirante a la candidatura demócrata Joe Biden consideró que si el mandatario  continúa obstruyendo al Congreso, merece que se inicie un proceso de destitución en su contra.

“Si continúa obstruyendo al Congreso e ignorando la ley, Donald Trump dejará al Congreso, en mi opinión, sin otra opción que no sea iniciar un juicio político”, señaló Biden-

“Eso sería una tragedia, pero una tragedia de su propia creación”; amagó con que si se permite que un presidente se salga con la suya al “destruir” la Constitución de los Estados Unidos, “eso permanecerá para siempre”.

Según cálculos de los medios estadounidenses, 160 de los 235 legisladores demócratas de la Cámara Baja ya han hecho público su apoyo a un posible proceso de juicio político, conocido en EE.UU. como “impeachment”.

La líder demócrata necesitaría contar con 218, la mayoría simple, de la Cámara de Representantes para iniciar el procedimiento. No obstante, la mayoría republicana en el Senado, que debe también aprobarlo, supone que la iniciativa no saldría adelante.

Por su parte, desde la sede de las Naciones Unidas, Trump defendió hoy que la opción de iniciar un juicio político en su contra es “una caza de brujas”.

Trump, quien asiste en Nueva York a la Asamblea General de la ONU, modificó este martes su primera versión, en la que negó que haya bloqueado fondos para Ucrania, y confirmó que lo hizo de manera temporal para forzar a países europeos, como Francia y Alemania, a que proporcionaran más fondos a Kiev.