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Sin que inicien las actividades proselitistas como parte del proceso interno que Morena aprobó, y en el cual Manuel Velasco se apuntó, se revela que el exgobernador operó en Chiapas presuntos desfalcos que suman $2,400 millones y la triangulación de fondos públicos a un operador político acusado de comprar votos en una elección.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) da a conocer que en 2015, cuando Chiapas era gobernado por Manuel Velasco, ahora senador con licencia y quien aspira a la candidatura presidencial de 2024, transfirió fondos públicos a un “compra-votos” de la entidad, además de que pagó más de 150 millones de pesos a siete empresas “fantasma”, incluidas dos que participaron en “La Estafa Maestra”.

En un video que fue entregado al Instituto de Elecciones de Chiapas como prueba de una denuncia de compra de votos a favor del Partido Verde en Chiapas, se observa a Gustavo González Romo, accionista principal de “Distribuidora Comercial y Servicios DCSE SA de CV”, una empresa “fantasma” que recibió transferencias por más de 5 millones de pesos del Gobierno de Chiapas, días antes de que se realizaran elecciones en aquella entidad en 2015.

El personaje está acusado de comprar votos en 400 pesos. También estuvo involucrado en “La Estafa Maestra”, pues otra de sus empresas, denominada “Terrenos, Casas y Desempeños” fue utilizada para dispersar fondos públicos federales

Los pagos que el gobierno de Velasco hizo a estas empresas “fantasma”, se derivaron de contratos de comunicación y difusión, área en la que colaboraba David León, quien en mayo y junio de aquel año grabó a Pío López Obrador cuando le entregaba sobres con dinero para apoyar al movimiento político del hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

MCCI indican que entre enero y julio de 2015, el Gobierno de Chiapas pagó 32 millones de pesos a 5 empresas “fantasma” por concepto de “producción y diseño de campañas publicitarias” y “servicios de difusión”; de ese monto, al menos 15 millones fueron pagados en mayo y junio, meses en los que David León entregó al hermano del presidente, sobres con dinero en efectivo.

No es la primera vez que Manuel Velasco y su gobierno y su gobierno son señalados de desvío de recursos.

En junio de 2021, MCCI publicó la investigación titulada “La Estafa Verde”, en la que se documentó que cuando Manuel Velasco fue gobernador de Chiapas se desviaron 566 millones de pesos a seis empresas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificado como “fantasmas” o simuladoras de operaciones.

A ese monto se suman otros desvíos a más empresas “fantasma”: 685 millones de pesos que fueron reportados en 2018 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y que fueron perdonados por el actual auditor, y mil millones que en abril de 2022 reveló una investigación de Animal Político.

Ahora, MCCI vuelve a  documentar más pagos por al menos 170 millones de pesos a otras 15 empresas que simularon operaciones. En conjunto, los desvíos hasta ahora reportados por autoridades fiscalizadoras y por periodistas, suman alrededor de 2,420 millones de pesos durante la gestión de Velasco.

Investigación completa en MCCI

Un juez federal expidió una nueva orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien desde 2019 se encuentra preso en Estados Unidos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR indicó que también fueron girados ordenes de aprehensión en contra de 60 personas, entre funcionarios y particulares, por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, que habrían cometido al defraudar recursos públicos destinados a las prisiones federales.

La Fiscalía detalló que obtuvo de un Juez de Control Federal, órdenes de aprehensión para 61 personas, encabezadas por Genaro “G”, Jonathan Alexis “N”, Mauricio Samuel “N” y 58 individuos más, todos vinculados a los delitos señalados.

De acuerdo con la FGR, durante el paso de García Luna por la SSP, los involucrados “se coludieron” con García Luna y sus socios: Jonathan Alexis “N” y Mauricio Samuel “N”, “para saquear los recursos públicos” del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social (cárceles federales), dependientes de dicha Secretaría.

“Lo anterior, a fin de canalizar esos recursos ilícitos a empresas controladas por Genaro “G”, sus socios y cómplices, tanto del sector público como del privado, a través de 10 contratos ilícitos, por la suma de 5,112 millones de pesos, que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional”, precisó la FGR.

La Fiscalía señaló que ya se ha solicitado la ficha roja para todos aquellos que se han salido del país y se procederá a las solicitudes de asistencia jurídica internacional para obtener la devolución de los bienes saqueados de la nación.

La dependencia explicó que este procedimiento penal “es independiente a la denuncia que el domingo hizo pública la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respecto a otro despojo multimillonario en contra de la policía federal, también vinculado con empresas de Genaro García Luna, sus socios y cómplices.

Sobre este nuevo procedimiento, dijo la FGR, “ya se están recabando todas las pruebas necesarias para proceder a la vinculación penal correspondiente y a la recuperación de los bienes sustraídos”.

Recordemos que en febrero pasado, en una corte de Nueva York, Estados Unidos, un jurado declaró culpable por narcotráfico a García Luna.

García Luna encabezó la Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo objetivo principal era luchar contra organizaciones criminales, durante el gobierno de Vicente Fox, y fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

Se informó que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez de Control, diversas órdenes de aprehensión en contra de 19 exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación, bajo la gestión del ahora senador priísta, Miguel Ángel Osorio Chong.

Y aunque los requerimientos son para exfuncionarios de la administración anterior, entre ellos está el extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la Ciudad de México, Jesús Orta Martíenez, quien renunció en octubre pasado, a la administración capitalina.

Orta Martínez es investigado por la posición que tuvo entre 2012 y 2014, como secretario general de la Policía Federal. Dicha oficina era la encargada del manejo de los recursos económicos de la hoy extinta corporación, además de cuando se desempeñó como director general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo a las investigaciones de la FGR, los funcionarios, entre los que se encuentra Orta Martínez, habrían participado en el presunto desvío de más de 2 mil millones de pesos de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional.

Adicional, se sabe que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México también investiga al excolaborador de Claudia Sheinbaum, por diversas irregularidades durante el tiempo que estuvo al frente de la SSC, específicamente por la renta de patrullas en 2019.

Al respecto, este fin de semana, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México habló sobre el tema; explicó que los funcionarios, por ley, son sometidos a exámenes de confianza; por lo que al conoce de la investigación en la que se le implicaba, fue que se decidió que se separaría del caso.

“Tuvimos conocimiento en algún momento de que se estaba haciendo una investigación de la Fiscalía General de la República, de sus cargos anteriores y fue una de las razones, al tener conocimiento, pues de la solicitud de su renuncia”, explicó la mandataria capitalina.

Añadió que en línea con el trabajo que se hace desde el gobierno federal, en la Ciudad de México tampoco permitirán la corrupción de ninguna manera, por lo que apoyan las investigaciones que se realizan en torno a cualquier servidor público que pudiera estar relacionado con dichas prácticas.

Al respecto, Jesús Orta negó que haya sido notificado sobre la supuesta orden de aprehensión que se giró en su contra.

“En absoluto (me han notificado) ni que haya una Carpeta de Investigación en mi contra  y además me parece que me están arrastrando por haber tenido un puesto de secretario General antes de Frida Martínez. Me están comentando que es una filtración de la propia Fiscalía General, por el perfil y porque está mi nombre”, dijo el exfuncionario en entrevista con Excelsior.

El partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco, por supuesto desvío de recursos públicos, utilización de facturas falsas, evasión fiscal y cohecho.

La denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, contiene varias sentencias de instancias como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) así como 111 facturas falsas de empresas “fantasma, que avalan un desvío de recursos para la campaña presidencial de “El Bronco”, por más de 25 millones de pesos.

Después de interponer la denuncia, el senador Samuel García dijo que el presunto monto del desvío de recursos públicos en efectivo es de más de 80 millones de pesos, sumados al desvío de recursos humanos y materiales que se realizaron durante la citada campaña.

“Tenemos al Bronco acorralado. Ya cerramos la pinza, incluso con delitos que tienen que ver con lavado de dinero, peculado, cohecho y uso ilícito de facultades, dijo el legislador federal por Nuevo León.

García Sepúlveda informó que este mismo miércoles también presentaron denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, y ante la Procuraduría Fiscal de la Federación.

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados informó que presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia contra los titulares de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) por el presunto desvío del 75% de los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año.

“En el párrafo segundo del artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 215 sobre abuso de autoridad o aquél que sea aplicable se presentó denuncia contra Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público y Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural por el presunto desvío de fondos de los programas etiquetados”, indicaron los legisladores.

Los panistas detallaron que presentaron como pruebas de su denuncia, los siguientes documentos: un video de la comparecencia del titular de la Sader, Víctor Villalobos Arámbula, el primer y segundo informe trimestral (Cuenta Pública) de la secretaría.

La diputada Marcela Torres Peimbert recordó que, en la comparecencia del titular de la Sader, en la Cámara de Diputados, éste reconoció que sólo se han ejercido 900 millones, de los cuatro mil millones de pesos que se aprobaron para el presente año, para el Programa Crédito Ganadero a la Palabra.

Por su parte, la diputada Gloria Romero León refirió que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que la SHCP y la Sader, se tienen que circunscribir a lo que está presupuestado, pero “vemos con temor que los subejercicios se vayan a la bolsa discrecional que puede ejercer el Presidente de la República”.

La diputada Ángeles Ayala Díaz acusó que “estamos ante un gobierno federal que no tiene transparencia, al no presentar cuentas claras a las y los ciudadanos, y ante el subejercicio de los recursos necesarios para la alimentación de todas y todos los ciudadanos”.

La dirigencia nacional del PRI indicó que la coalición “Por México al Frente” intenta engañar una vez más a la opinión pública al querer imputar hechos derivados de contratos que fueron firmados antes de la llegada del ahora candidato presidencial, José Antonio Meade, a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

 

A través de un comunicado indicó que los contratos suscritos con Universidades en el ejercicio fiscal 2015 fueron celebrados previamente a su llegada a la dependencia tal como lo indicaran los voceros del Frente, ante los cuales Meade impulsó acciones para revisar todos los programas sociales de la dependencia y solicitó al Órgano Interno de Control se llevaran a cabo las respectivas auditorías.

 

Precisó que durante su gestión se realizaron auditorías que derivaron en la suspensión de 468 servidores públicos y en la presentación de diversas denuncias penales.

 

Hicieron un llamado a Ricardo Anaya y a su equipo de campaña, a no intentar desviar la atención sobre las graves acusaciones que han sido formuladas en su contra por haber sido beneficiario de un esquema de lavado de dinero mediante el uso de empresas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha calificado como fantasmas.

 

El Congreso de Nayarit aprobó iniciar un proceso de juicio político en contra del exgobernador de la entidad, Roberto Sandoval,  quien es señalado por el presunto desvío de 2,700 millones de pesos, además de enriquecimiento ilícito.

 

 

Tal como se preveía, la bancada del PRI se opuso al juicio contra el militante de su partido. Marcelo Avelino Aguirre, María Fernanda Belloso Calleros, Adán Rivas Casas, Juan Carlos Ríos Lara y Lucio Santana Zúniga fueron los priístas quienes votaron en contra, a quienes se unió el Diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna de Morena.

 

Con dicha resolución, la Comisión Instructora procederá a girar oficios de presentación para el priísta, quien deberá presentar sus alegatos ante el Congreso en un plazo no mayor a 30 días naturales.

 

El congreso también aprobó iniciar juicio político en contra de cuatro de los actuales magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, a quienes se les atribuye atentar contra las instituciones, al otorgar amparos a comerciantes ambulantes de Tepic.

 

Con información de Medios / Foto: Twitter

De acuerdo a una investigación dada a conocer por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, no sólo compartió la militancia priísta con su amigo el ex mandatario de Nayarit, Roberto Sandoval, sino también unas reses importadas de Nueva Zelanda que fueron adquiridas con financiamiento gubernamental.

 

Se trata de mil 408 reses que, tras haber sido importadas de Nueva Zelanda con financiamiento gubernamental, no llegaron a los pequeños ganaderos a las que estaban destinadas, pero si fueron a dar, una parte a los ranchos de Duarte, y otra parte a familiares de Sandoval.

 

 

 

El barco proveniente de Nueva Zelanda, que llegó en  junio de 2015 a Mazatlán, en las costas de Sinaloa, era un edificio flotante de ocho pisos, cargado de vacas y borregos. Los borregos se fueron al Estado de México. Las reses se dividieron entre Hidalgo y Chihuahua. A este último estado se destinaron 1 mil 408 reses, que representaban una esperanza para los pequeños productores después de dos años de sequía.

 

El esquema preveía que los productores medianos y pequeños podrían obtener hasta 10 vaquillas, mientras que las organizaciones ganaderas recibirían máximo 45 cabezas. En documentos oficiales consta que el valor total de los animales superó los 700 mil dólares, unos 11 millones 32 mil pesos, según el tipo de cambio vigente entonces. Estos datos provienen de un convenio marco firmado desde 2011 que daba legalidad a la asignación de vacas.

 

La investigación de MCCI reporta que en total arribaron a los terrenos del ex gobernador de Chihuahua casi 900 reses, además de que otras fueron trasladadas a ranchos de Nayarit, contraviniendo las leyes con las que fueron compradas las vacas.

 

El actual gobierno de Chihuahua ha afirmado que el apoyo ganadero no llegó a muchos de los nombres que incluía un convenio firmado entre las autoridades del anterior gobierno estatal y la Unión Ganadera División del Norte, y que lo mismo ocurrió con un acuerdo entre esa unión y Financiera Rural.

 

 

 

Para consultar la investigación completa AQUÍ