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Se informó que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez de Control, diversas órdenes de aprehensión en contra de 19 exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación, bajo la gestión del ahora senador priísta, Miguel Ángel Osorio Chong.

Y aunque los requerimientos son para exfuncionarios de la administración anterior, entre ellos está el extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la Ciudad de México, Jesús Orta Martíenez, quien renunció en octubre pasado, a la administración capitalina.

Orta Martínez es investigado por la posición que tuvo entre 2012 y 2014, como secretario general de la Policía Federal. Dicha oficina era la encargada del manejo de los recursos económicos de la hoy extinta corporación, además de cuando se desempeñó como director general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo a las investigaciones de la FGR, los funcionarios, entre los que se encuentra Orta Martínez, habrían participado en el presunto desvío de más de 2 mil millones de pesos de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional.

Adicional, se sabe que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México también investiga al excolaborador de Claudia Sheinbaum, por diversas irregularidades durante el tiempo que estuvo al frente de la SSC, específicamente por la renta de patrullas en 2019.

Al respecto, este fin de semana, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México habló sobre el tema; explicó que los funcionarios, por ley, son sometidos a exámenes de confianza; por lo que al conoce de la investigación en la que se le implicaba, fue que se decidió que se separaría del caso.

«Tuvimos conocimiento en algún momento de que se estaba haciendo una investigación de la Fiscalía General de la República, de sus cargos anteriores y fue una de las razones, al tener conocimiento, pues de la solicitud de su renuncia», explicó la mandataria capitalina.

Añadió que en línea con el trabajo que se hace desde el gobierno federal, en la Ciudad de México tampoco permitirán la corrupción de ninguna manera, por lo que apoyan las investigaciones que se realizan en torno a cualquier servidor público que pudiera estar relacionado con dichas prácticas.

Al respecto, Jesús Orta negó que haya sido notificado sobre la supuesta orden de aprehensión que se giró en su contra.

«En absoluto (me han notificado) ni que haya una Carpeta de Investigación en mi contra  y además me parece que me están arrastrando por haber tenido un puesto de secretario General antes de Frida Martínez. Me están comentando que es una filtración de la propia Fiscalía General, por el perfil y porque está mi nombre”, dijo el exfuncionario en entrevista con Excelsior.

El partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco, por supuesto desvío de recursos públicos, utilización de facturas falsas, evasión fiscal y cohecho.

La denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, contiene varias sentencias de instancias como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) así como 111 facturas falsas de empresas “fantasma, que avalan un desvío de recursos para la campaña presidencial de “El Bronco», por más de 25 millones de pesos.

Después de interponer la denuncia, el senador Samuel García dijo que el presunto monto del desvío de recursos públicos en efectivo es de más de 80 millones de pesos, sumados al desvío de recursos humanos y materiales que se realizaron durante la citada campaña.

“Tenemos al Bronco acorralado. Ya cerramos la pinza, incluso con delitos que tienen que ver con lavado de dinero, peculado, cohecho y uso ilícito de facultades, dijo el legislador federal por Nuevo León.

García Sepúlveda informó que este mismo miércoles también presentaron denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, y ante la Procuraduría Fiscal de la Federación.

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados informó que presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia contra los titulares de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) por el presunto desvío del 75% de los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año.

“En el párrafo segundo del artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 215 sobre abuso de autoridad o aquél que sea aplicable se presentó denuncia contra Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público y Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural por el presunto desvío de fondos de los programas etiquetados”, indicaron los legisladores.

Los panistas detallaron que presentaron como pruebas de su denuncia, los siguientes documentos: un video de la comparecencia del titular de la Sader, Víctor Villalobos Arámbula, el primer y segundo informe trimestral (Cuenta Pública) de la secretaría.

La diputada Marcela Torres Peimbert recordó que, en la comparecencia del titular de la Sader, en la Cámara de Diputados, éste reconoció que sólo se han ejercido 900 millones, de los cuatro mil millones de pesos que se aprobaron para el presente año, para el Programa Crédito Ganadero a la Palabra.

Por su parte, la diputada Gloria Romero León refirió que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que la SHCP y la Sader, se tienen que circunscribir a lo que está presupuestado, pero “vemos con temor que los subejercicios se vayan a la bolsa discrecional que puede ejercer el Presidente de la República”.

La diputada Ángeles Ayala Díaz acusó que “estamos ante un gobierno federal que no tiene transparencia, al no presentar cuentas claras a las y los ciudadanos, y ante el subejercicio de los recursos necesarios para la alimentación de todas y todos los ciudadanos”.

La dirigencia nacional del PRI indicó que la coalición «Por México al Frente» intenta engañar una vez más a la opinión pública al querer imputar hechos derivados de contratos que fueron firmados antes de la llegada del ahora candidato presidencial, José Antonio Meade, a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

 

A través de un comunicado indicó que los contratos suscritos con Universidades en el ejercicio fiscal 2015 fueron celebrados previamente a su llegada a la dependencia tal como lo indicaran los voceros del Frente, ante los cuales Meade impulsó acciones para revisar todos los programas sociales de la dependencia y solicitó al Órgano Interno de Control se llevaran a cabo las respectivas auditorías.

 

Precisó que durante su gestión se realizaron auditorías que derivaron en la suspensión de 468 servidores públicos y en la presentación de diversas denuncias penales.

 

Hicieron un llamado a Ricardo Anaya y a su equipo de campaña, a no intentar desviar la atención sobre las graves acusaciones que han sido formuladas en su contra por haber sido beneficiario de un esquema de lavado de dinero mediante el uso de empresas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha calificado como fantasmas.

 

El Congreso de Nayarit aprobó iniciar un proceso de juicio político en contra del exgobernador de la entidad, Roberto Sandoval,  quien es señalado por el presunto desvío de 2,700 millones de pesos, además de enriquecimiento ilícito.

 

 

Tal como se preveía, la bancada del PRI se opuso al juicio contra el militante de su partido. Marcelo Avelino Aguirre, María Fernanda Belloso Calleros, Adán Rivas Casas, Juan Carlos Ríos Lara y Lucio Santana Zúniga fueron los priístas quienes votaron en contra, a quienes se unió el Diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna de Morena.

 

Con dicha resolución, la Comisión Instructora procederá a girar oficios de presentación para el priísta, quien deberá presentar sus alegatos ante el Congreso en un plazo no mayor a 30 días naturales.

 

El congreso también aprobó iniciar juicio político en contra de cuatro de los actuales magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, a quienes se les atribuye atentar contra las instituciones, al otorgar amparos a comerciantes ambulantes de Tepic.

 

Con información de Medios / Foto: Twitter

De acuerdo a una investigación dada a conocer por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, no sólo compartió la militancia priísta con su amigo el ex mandatario de Nayarit, Roberto Sandoval, sino también unas reses importadas de Nueva Zelanda que fueron adquiridas con financiamiento gubernamental.

 

Se trata de mil 408 reses que, tras haber sido importadas de Nueva Zelanda con financiamiento gubernamental, no llegaron a los pequeños ganaderos a las que estaban destinadas, pero si fueron a dar, una parte a los ranchos de Duarte, y otra parte a familiares de Sandoval.

 

 

 

El barco proveniente de Nueva Zelanda, que llegó en  junio de 2015 a Mazatlán, en las costas de Sinaloa, era un edificio flotante de ocho pisos, cargado de vacas y borregos. Los borregos se fueron al Estado de México. Las reses se dividieron entre Hidalgo y Chihuahua. A este último estado se destinaron 1 mil 408 reses, que representaban una esperanza para los pequeños productores después de dos años de sequía.

 

El esquema preveía que los productores medianos y pequeños podrían obtener hasta 10 vaquillas, mientras que las organizaciones ganaderas recibirían máximo 45 cabezas. En documentos oficiales consta que el valor total de los animales superó los 700 mil dólares, unos 11 millones 32 mil pesos, según el tipo de cambio vigente entonces. Estos datos provienen de un convenio marco firmado desde 2011 que daba legalidad a la asignación de vacas.

 

La investigación de MCCI reporta que en total arribaron a los terrenos del ex gobernador de Chihuahua casi 900 reses, además de que otras fueron trasladadas a ranchos de Nayarit, contraviniendo las leyes con las que fueron compradas las vacas.

 

El actual gobierno de Chihuahua ha afirmado que el apoyo ganadero no llegó a muchos de los nombres que incluía un convenio firmado entre las autoridades del anterior gobierno estatal y la Unión Ganadera División del Norte, y que lo mismo ocurrió con un acuerdo entre esa unión y Financiera Rural.

 

 

 

Para consultar la investigación completa AQUÍ