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Una operación global en la que se vendió a bandas del crimen organizado teléfonos encriptados que los agentes de la ley podían monitorear llevó a más de 800 arrestos y la confiscación de drogas, armas, dinero en efectivo y autos de lujo.

El golpe efectuado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, la policía australiana y europea atrapó a sospechosos en Australia, Asia, Europa, Sudamérica y Oriente Medio involucrados en el narcotráfico, dijeron funcionarios.

En redadas realizadas en todo el mundo fueron incautados millones de dólares en efectivo, junto con 30 toneladas de drogas, incluidas más de ocho toneladas de cocaína.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, declaró que la operación «supuso un duro golpe contra la delincuencia organizada, no sólo en este país, sino que tendrá eco en todo el mundo».

La Operación Luz Verde/Escudo Troyano, diseñada por la policía australiana y el FBI en 2018, es una de las mayores infiltraciones y toma de control de una red encriptada especializada.

Comenzó cuando funcionarios estadounidenses pagaron a un narcotraficante convicto para que les diera acceso a un teléfono inteligente que había personalizado, en el que estaba instalando ANOM, también llamado An0m, una aplicación segura de mensajería encriptada. Los teléfonos fueron vendidos luego a redes del crimen organizado a través de distribuidores del hampa.

El FBI ayudó a infiltrar 12,000 dispositivos en 300 grupos criminales en más de 100 países, dijo Calvin Shivers, de la División de Investigación Criminal del FBI, a medios en La Haya.

Así, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la acusación contra 17 presuntos distribuidores por su participación en la comercialización y venta de miles de dispositivos ANOM a organizaciones criminales transnacionales.

Todos los acusados ​​son ciudadanos extranjeros fuera de Estados Unidos y ocho de ellos fueron arrestados ayer, dijo Randy Grossman, fiscal federal interino para el Distrito Sur de California en una conferencia de prensa en San Diego. Los demás permanecen prófugos.

«Hoy es la culminación de más de cinco años de trabajo de investigación estratégico, innovador y complejo para interrumpir y desmantelar los servicios de comunicación encriptados que abordan el elemento criminal en todo el mundo», dijo Suzanne Turner, agente especial del FBI en San Diego.

Los teléfonos fueron tan exitosos que mafiosos italianos, tríadas asiáticas, bandas de motoqueros y sindicatos transnacionales de la droga comenzaron a usarlos, lo que proporcionó al FBI y sus fuerzas asociadas en todo el mundo más de 27 millones de mensajes.

El impacto de este golpe al crimen organizado es también psicológico. Infunde mucha inseguridad en las altas esferas de los grupos, que desconfiarán unos de otros. La operación también tendrá repercusiones los próximos meses, incluso dentro de las organizaciones que se libraron de la operación y que pueden intentar aprovecharse de ella.

«Esto abre la posibilidad de que se produzcan cambios significativos en el panorama criminal mundial», afirma Jake Harrington, especialista en inteligencia del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS).

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) condenó este viernes que el secretario de Marina, Rafael Ojeda, considere como «enemigo» al Poder Judicial, luego de que esta mañana asegurara que hay jueces que impiden concretar detenciones.

«Todo un símbolo de la militarización de México y la degradación del Estado de derecho en la presidencia de AMLO. Muy peligroso», advirtió José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, a través de sus redes sociales.

Vivanco calificó de «indignantes» las declaraciones del almirante Ojeda, quien durante la conferencia matutina del presidente se quejó sobre el actuar de los jueces en la captura de capos del narcotráfico y de decomisos de droga.

«Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera, parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención», dijo el titular de la Semar.

El almirante lamentó que «no tienen mucha ayuda de jueces y ministerios públicos» al momento de capturar o decomisar, esto al responder a una pregunta de un reportero sobre un aseguramiento de metanfetaminas en Guaymas, Sonora, que iba hacia Barcelona, España.

«Estamos trabajando en una nueva reforma para, dentro de los decomisos que se hagan, poder meter más sustancias que son precursores químicos que van a dar a la producción de metanfetaminas y el fentanilo», argumentó el funcionario.

Quien también reaccionó a las declaraciones del Secretario de Marina, fue la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, quien emitió un pronunciamiento ante la «necesidad de aclarar» que «no son ni enemigos ni amigos de nadie, sino que obedecen únicamente la Constitución».

Sin referirse de manera directa a las declaraciones ni al funcionario, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, tuiteó que «la función de las y los jueces federales es defender los derechos humanos y la Constitución».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aprovechó su conferencia para insistir al Poder Judicial que investigue a los jueces que, acuso, sirven a «intereses privados».

López Obrador pidió que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) «conozca» que un juez exoneró de un crimen a José Antonio Yépez, alias «El Marro», uno de los capos más peligrosos del país, detenido desde el año pasado en el central estado de Guanajuato.

«Hoy en la mañana vimos que un juez exonera a un jefe de una banda que está preso en Guanajuato, en el Altiplano», lamentó.

En este contexto, Vivanco de HRW consideró que el «Estado de derecho está bajo ataque en México». «Esta debería ser una llamada de alerta», indicó.

Las autoridades estadounidenses detuvieron a más de 171,000 migrantes en la frontera con México en marzo, según datos preliminares obtenidos por la agencia Reuters.

Dicha cifra se trataría del mayor total mensual en dos décadas y la más reciente señal del creciente reto humanitario al que se enfrenta la administración del presidente Joe Biden.

El total incluye unos 19,000 niños migrantes no acompañados y 53,000 miembros de familias que viajan juntos, según las cifras preliminares. Los adultos solteros representan aproximadamente 99,000.

El gobierno de Biden está intentando encontrar alojamiento para los niños no acompañados que llevan días varados en en los puestos fronterizos y centros de procesamiento.

El sistema de refugios que alberga a los niños se ha visto desbordado y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) se ha apresurado en las últimas semanas a abrir refugios de emergencia, incluyendo centros de convenciones de Dallas y San Diego.

La Casa Blanca cada vez está más presionada para reducir el hacinamiento en los centros de detención para migrantes, sobre todo en aquellos que albergan a menores.

Se ha reportado que el gobierno del presidente Joe Biden ha tenido problemas para colocar refugios temporales en otros sitios, desde bases militares a centros de convenciones y un antiguo campamento petrolífero.

El gobierno del Estado de México informó que en coordinación con la propia Secretaría de Seguridad local, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se han llevado a cabo diversas diligencias tanto en campo como de gabinete en relación a la embocada que tuvo lugar el pasado jueves 18 de marzo en el municipio de Coatepec Harina.

Dicho ataque dejó 13 personas sin vida, cinco elementos de la Fiscalía Estatal (FGJEM) y ocho de la Secretaría de Seguridad mexiquense (SSEM).

Las diligencias se han llevado a cabo para identificar a los probables partícipes de los hechos, así como los lugares donde pudieran mantenerse ocultos.

En estas acciones, se han identificado tres individuos como quienes habrían ordenado y organizado la emboscada, por quienes ya ha sido otorgada una orden de aprehensión, además de que se ha emitido un ofrecimiento de recompensa de 500 mil pesos, por cada uno de ellos.

La autoridad estatal indicó que al día de hay se han cumplimentado 25 detención de personas que son investigadas por tener algún tipo de relación con los tres sujetos identificados como los probables responsables de los hechos, además de ser indagados por realizar actividades ilícitas para el cártel de ‘La Familia Michoacana’ en la región.

Se les presume de vender y distribuir droga, así como participar en actividades de vigilancia mejor conocida como “halconeo” y robos en diversas modalidades.

Además de las personas detenidas, fueron presentadas ante la Fiscalía estatal ocho personas en calidad de testigos. También se informó que en la zona donde se registró la emboscada fueron recuperadas cuatro armas oficiales y un arma larga sin identificación, perteneciente a los agresores. Fueron recabados 672 casquillos de los calibres 2.23, 7.62, .38 súper y .9mm.

Este martes se informó sobre la captura de tres presuntos implicados más en el asesinato del empresario francés Baptiste Lormand y su socio mexicano Luis Orozco en la Ciudad de México.

«Gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía de la Ciudad de México, la Policía de Investigación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina, en cateos positivos en dos alcaldías, se aseguró una importante cantidad de botellas de licor de alta gama, armas y se detuvo a 3 personas», informó la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ernestina Godoy.

En otro mensaje en Twitter, Godoy aseguró que no habrá impunidad en el caso de los empresarios asesinados, e indicó que se está avanzando en la investigación.

Recordemos que el empresario francés desapareció el pasado viernes tras abandonar su domicilio. El sábado, los cadáveres de él y su socio aparecieron con las manos atadas en el barrio del Pueblo Magdalena Petlacalco, en la alcaldía Tlalpan.

La tarde de ayer, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, informó en su cuenta de Twitter de la detención de la «primera persona posiblemente relacionada» con la muerte del empresario.

Con las nuevas detenciones, sumarían cuatro las personas que han sido detenidas. Lormand, que además de comercializar vinos se dedicaba al negocio de los restaurantes, fue visto por última vez el pasado jueves en Polanco.

García Harfuch indicó que el asesinado de Lormand y su socio no se  produjo por «secuestro y extorsión» sino por el robo de mercancía, supuestamente de cinco botellas valoradas en 1 millón de pesos.

En una entrevista con Radio Fórmula, afirmó que los asesinos les habrían engañado para robar las botellas de vino. «Hay elementos para confirmar que era un robo de mercancía, robo por medio de engaños (…) Robo de mercancía y los matan. Llevaban botellas con precios muy altos».

Ayer, decenas de personas, en su mayoría integrantes de la comunidad francesa, marcharon en la capital para pedir justicia por el crimen. El destino final de la movilización fue la embajada de Francia en México.

El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, y Timothy J. Shea, director en funciones de la Administración Antidrogas (DEA), anunciaron este jueves los resultado de un operativo contra los principales centros de distribución de drogas de los cárteles mexicanos en el país.

Las autoridades indicaron que se dio un «duro golpe» al concretar el arresto de 1,840 individuos y el decomiso de más de 12 mil 955 kilos de metanfetaminas.

Los funcionarios anunciaron el resultado de los primeros seis meses de la operación «Escudo de Cristal», la cual ha resultado también en el decomiso de 284 armas de fuego y 43.3 millones de dólares provenientes del narcotráfico mexicano..

Los blancos principales de la operación fueron el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

«La metanfetamina es una droga brutal relacionada con crímenes violentos y responsable de demasiadas muertes por sobredosis», dijo Barr durante una conferencia de prensa en Phoenix, donde se anunció el operativo.

La operación comenzó en febrero pasado y se enfocó en nueve ciudades identificadas como «centros» de distribución de los cárteles, entre ellas Atlanta (Georgia), Dallas (Texas), El Paso (Texas), Houston (Texas), Los Ángeles (California), Nueva Orleans (Luisiana), Phoenix (Arizona), San Diego (California) y St. Luis (Misuri).

De acuerdo con el gobierno federal, en estas ciudades se decomisó el 75% del total de las metanfetaminas confiscadas por la DEA en 2019.

«Este problema no será resuelto mientras no se solucione este problema también en México», dijo Barr, y aseguró estar trabajando muy de cerca con el Gobierno mexicano, incluyendo la posible extradición de líderes de cárteles para ser enjuiciados en Estados Unidos.

El principal objetivo de «Escudo de Cristal» fue concentrarse en los centros de distribución de la metanfetamina en Estados Unidos.

Los funcionarios dijeron estar satisfechos con los resultados a pesar de la pandemia de la COVID-19, que afectó la implementación de esta operación.

Barr indicó que una de las herramientas que están utilizando los traficantes de droga es el uso de aplicaciones como WhatsApp para llevar a cabo sus operaciones.

En los meses anteriores al lanzamiento de ‘Escudo de Cristal’, las comunidades a través del país vieron un aumento en el uso de metanfetaminas, dijo Shea en la conferencia de prensa. Añadió que a pesar de la pandemia las operaciones del narcotráfico no han cesado.

El magnate de la prensa hongkonesa Jimmy Lai y la destacada activista pro-democracia Agnes Chow, fueron detenidos este lunes en aplicación de la controvertida ley de seguridad nacional impuesta por Pekín a Hong Kong.

El multimillonario fue detenido bajo sospecha de connivencia con fuerzas extranjeras, uno de los delitos contemplados en la nueva ley que entró en vigencia a fines de junio, así como de fraude.

China saludó oficialmente al arresto. «Estos agitadores anti-chinos en concertación con fuerzas extranjeras han puesto gravemente en peligro la seguridad nacional (…) Jimmy Lai es uno de sus representantes», señaló en un comunicado la oficina china responsable de controlar la situación en Hong Kong y Macao.

Agnes Chow, por su parte, fue detenida en el marco de la misma ley, según una fuente policial.

«Ahora está confirmado que Agnes Chow fue detenida por cargos de ‘incitación a la secesión’ en virtud la ley de seguridad nacional», se puede leer en la cuenta de Facebook de la reconocida activista.

En total, según la fuente policial, diez personas fueron detenidas este lunes.

Entre ellos figuran dos de los hijos de Lai, y Wilson Li, quien afirma ser camarógrafo independiente que trabaja para el canal de televisión británico ITV News.

Considerada por muchos como una respuesta de Pekín a los meses de manifestaciones prodemocracia que sacudieron el territorio semiautónomo en 2019, la ley de seguridad nacional da a las autoridades nuevos poderes para reprimir cuatro tipos de delitos contra la seguridad del Estado: la subversión, el separatismo, el terrorismo y la colusión con fuerzas exteriores.

Por su parte, la Unión Europea denunció este lunes el recurso a esta ley para «sofocar la libertad de expresión».

Jimmy Lai es dueño de dos publicaciones abiertamente prodemocracia y críticas con el gobierno de Pekín, el diario Apple Daily y la revista Next Magazine.

A última hora de la mañana, unos 200 policías se presentaron en la sede del grupo de prensa, en una zona industrial del barrio de Lohas Park. Periodistas del Apple Daily retransmitieron en directo en Facebook las imágenes del allanamiento, en las que aparece el redactor jefe del periódico, Law Wai-kwong, pidiéndole a los policías su orden de registro.

Los policías ordenaron a los periodistas que se levantaran y se alinearan para un control de identidad, mientras que otros agentes registraban la redacción. Lai fue llevado esposado.

Chris Yeung, presidente de la Asociación de Periodistas hongkoneses, calificó a este operativo de «impactante y aterrador». «Esto no tiene precedentes, y era inimaginable hace uno o dos meses», dijo en entrevista con la agencia AFP.

Law, por su parte, envió una nota a sus periodistas en el que les pide permanecer en sus puestos de trabajo para permitir la salida de la próxima edición del diario, a pesar del operativo policial y las detenciones.

Pocos hongkoneses provocan tanto malestar en Pekín como Lai, a quienes los medios estatales chinos califican de «traidor», acusándole de haber instigado la movilización de protestas de 2019. Las acusaciones de colusión con una potencia extranjera se acentuaron el año pasado, cuando Lai se reunió con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, y con el vicepresidente Mike Pence.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, acusó a Morena, al gobierno federal, y en especial al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de estar detrás de los disturbios que se registraron durante las protestas por la muerte de Giovanni López la tarde noche de ayer en Guadalajara.

«Detrás de todo lo que está sucediendo en este caso en Jalisco, hay intereses muy precisos y muy puntuales, construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco», dijo Alfaro a través de un videomensaje difundido en sus redes sociales.

El mandatario local dijo que en Jalisco siempre se ha garantizado el derecho a la manifestación y la libertad de expresión; sin embargo dijo, lo que se vivió ayer fue algo muy distinto, en donde participaron grupos de choque externos a Guadalajara y a Jalisco mismo.

Indicó que fueron esos grupos lo que intentaron provocar al gobierno «asaltando» el Palacio de Gobierno, destrozando las instalaciones y poniendo en riesgo la vida de los trabajadores.

«Le pido al Presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo», añadió Alfaro.

Las movilizaciones de ayer en Guadalajara dejaron 6 policías heridos, uno más quemado, 24 detenidos y varias patrullas incendiadas.

Sostuvo que detrás de lo ocurrido, hay muchas mentiras que irán cayendo poco a poco, así como las verdaderas intenciones que quedarán en evidencia con el paso del tiempo.

Alfaro pidió a los jaliscienses reflexionar sobre cómo se han desarrollado los hechos: la manera mentirosa en que se hizo creer que a Giovanni lo detuvieron por no traer cubrebocas, o que fueron policías de Jalisco quienes cometieron el abuso, la manera en que con inversión millonaria en redes sociales exhibieron los hechos para que el enojo creciera.

Este viernes se informó de la detención de María Maricela «S» y Alan Omar «F», reguladora de línea del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y conductor del convoy que originó el choque de dos trenes el pasado 10 de marzo en la estación Tacubaya de la Línea 1.

Sobre ambas personas había una orden de aprehensión por los delitos de homicidio culposo; lesiones culposas y daños en la propiedad ajena.

Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron las aprehensiones la tarde de ayer, jueves 09 de abril. Maricela fue detenida en la colonia Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Venustiano Carranza; mientras que Alan Omar fue detenido en Tlalnepantla, Estado de México.

Se espera que este mismo viernes se lleve a cabo la audiencia inicial en la que un juez de Control de la Ciudad de México calificará la detención y resolverá la situación jurídica de los acusados.

Recordemos que de acuerdo con el peritaje dado a conocer por la Fiscalía capitalina el pasado 31 de marzo, el accidente derivó de una serie de errores humanos y consideró que éste hecho pudo evitarse.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, explicó que al salir de la estación Tacubaya con rumbo a la estación Observatorio, el conductor del convoy 33 recibió alertas en su tablero de control. Ante esta situación, el sistema de seguridad del tren actuó, bloqueándose en automático.

«De acuerdo con los manuales operativos en el STC, el conductor estaba obligado a aplicar el frenado del convoy, mediante la maniobra de estacionamiento de emergencia en rampa. La reguladora de la línea no instruyó al conductor a realizar esas medidas, que implicaban mantener el convoy detenido de forma segura, sino por el contrario, le instruyó a que avanzara».

El gobierno de Estados Unidos informó este miércoles sobre el arrestó de más de 250 personas y la incautación de 600 kilogramos de narcóticos ilegales como parte de una campaña conocida como «Proyecto Pitón» que tiene como objetivo la banda de narcotráfico mexicano Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El anuncio se produce aproximadamente un mes después de que Estados Unidos revelara cargos criminales contra la hija del líder del cártel, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como «El Mencho», y su hijo fuera extraditado a su territorio para ser juzgado.

El cártel es «una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas del mundo», dijo el administrador en funciones de la Agencia para el control de Drogas (DEA), Uttam Dhillon, durante una conferencia de prensa esta tarde.

«Tienen más de 100 laboratorios de metanfetamina en México y este país se está inundando de metanfetamina», añadió el funcionario.

Funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que en sus seis meses de funcionamiento, el «Proyecto Pitón» ha llevado a la detención de más de 750 personas vinculadas al cártel y a la incautación de 20,000 kilogramos de drogas.

En febrero, el número 2 del CJNG, Rubén Oseguera González, alias «Menchito», fue extraditado a Estados Unidos desde México para hacer frente a los cargos de tráfico de drogas y armas en Washington. Se ha declarado inocente.

Su hermana y la hija del líder de la organización criminal, Jessica Johanna Oseguera González, alias «La Negra», fue arrestada en febrero y también será juzgada en Washington por cargos financieros. Funcionarios del Departamento de Justicia la describieron como la principal lavadora de dinero del cártel. También se ha declarado inocente.

En tanto, el mes pasado, un gran jurado emitió una segunda acusación contra «El Mencho», quien sigue prófugo. El Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a su arresto y lo ha colocado como el fugitivo más buscado.

Dhillon dijo que cree que los arrestos han tenido un «impacto significativo» en la obstaculiza de las operaciones del grupo. «No sólo estamos atacando a los capos o a la gente de alto nivel. Estamos bajando a la gente de nivel medio».

Añadió que lo ocurrido hasta ahora es apenas el final de la «fase 1» del Proyecto Pitón. «Este ataque continuará y será implacable».

El número de migrantes detenidos por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la frontera entre Estados Unidos y México se redujo el mes pasado en un 28%.

De acuerdo a un informó del Departamento de Seguridad Nacional del país vecino, hubo 104,344 detenidos durante junio, lo que representa un descenso respecto a los 144,278 del mes previo.

«A pesar de que vemos un cierto alivio en los números, aún nos gustaría recordar que existe una crisis humanitaria en la frontera y que estamos lidiando con ella», señaló un alto funcionario de la CBP en una conferencia telefónica con los periodistas.

El funcionario, que pidió permanecer en el anonimato, explicó que el cuerpo fronterizo tiene entre el 40 y el 60 % de sus agentes desplegados en esta «misión humanitaria» en la frontera, principalmente en los sectores de El Paso y el Valle del Río Grande, ambos situados en Texas.

Celebró la labor del Gobierno de México en su frontera con Guatemala para detener el flujo de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. «Somos muy optimistas y esperamos que esto sea sostenido mientras México continúa enviando recursos a su frontera sur», detalló el funcionario.

El informe se da a conocer en el marco de la polémica por las condiciones que se han documentado de los centros de detención, así como por las medidas impuestas por  el gobierno de nuestro país, luego de alcanzar un acuerdo en materia de migración con el gobierno de Donald Trump.

Esta mañana la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) presentó su informe “Doble injusticia – Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa», en el que se señaló que hay sólidos motivos para creer que a una parte de las personas arrestadas en la etapa inicial de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas en 2014, se les habría detenido arbitrariamente y torturado.

 

 

En el documento se analiza información sobre 63 personas de un total de 129 imputadas en relación con la desaparición de los estudiantes; y tras el examen de los expedientes judiciales, las fichas médicas revelan numerosas lesiones, además de que al analizar las entrevistas con autoridades, detenidos y testigos, se tienen fuertes elementos para concluir que al menos 34 de esas personas habrían sufrido torturas.

 

En el informe se señala que hubo “un modus operandi prácticamente uniforme” en la manera en que las personas habrían sido detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles información o confesiones, y en las demoras significativas en su presentación formal ante el Ministerio Público, lo que a menudo las dejó fuera de la protección de la ley.

 

Se describe que en muchos casos se ofrecieron “justificaciones no plausibles y contradictorias” para explicar las causas de las lesiones que presentaban las personas detenidas, como “autogolpes, lesiones anteriores a la detención, estados de ebriedad o caídas”.

 

En el informe se destaca además la existencia de una serie de declaraciones auto-inculpatorias “libres y espontáneas” hechas por personas detenidas que presentaban múltiples lesiones, como queda evidenciado en los partes médicos.

 

La ONU-DH llamó a que cualquier prueba del caso Ayotzinapa, sobre la que existan razones fundadas de haber sido obtenida bajo la tortura, se excluya o se declare nula y sin efecto, de acuerdo con la Ley General sobre Tortura vigente en México y con las normas del derecho internacional.

 

De igual forma pidió a la PGR realizar investigaciones en un plazo razonable e identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, las torturas y otras violaciones de derechos humanos.

 

Agentes federales de inmigración detuvieron en el centro y sur de Texas a 145 inmigrantes con antecedentes penales, en un operativo de siete días que concluyó el pasado 16 de febrero. Sobre el tema se expresó esta mañana el mandatario estadounidense.

 

 

El Presidente Donald Trump aseguró que México debe colaborar más para impedir que migrantes ilegales lleguen a su país, sobre todo aquellos provenientes de El Salvador.

 

«Los miembros de la pandilla MS-13 son arrestados por miles de agentes de la ICE y la Patrulla Fronteriza,, pero estos asesinos regresan de El Salvador y de México, como el agua. El Salvador solo toma nuestro dinero, y México debe ayudar a MÁS con este problema», dijo a través de su red social.

 

Remató diciendo que ante dicha situación es necesario el muro fronterizo que propuso desde su campaña presidencial en 2016. «¡Necesitamos el muro!».

 

Por su parte la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, informó que en el operativo, que comenzó el pasado 9 de febrero se detuvo a 135 hombres y a 10 mujeres, y se aseguró que todos los inmigrantes detenidos habían sido procesados con anterioridad por algún delito y eran susceptibles de arresto y remoción bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

 

De los 145 arrestados, 86 tenían antecedentes criminales; 39 fueron detenidos en base a detenciones previas de inmigración y uno más tiene cargos criminales pendientes.

 

La dependencia federal precisó que la mayoría de los detenidos, tenían antecedentes penales que incluían condenas por crímenes como agresión agravada, abuso de menores, violencia doméstica, tráfico de drogas, fraude, conducción bajo la influencia del alcohol, entrada ilegal al país y reingreso ilegal después de la deportación.

 

La mayoría de los inmigrantes detenidos en el operativo son originarios de México, (128) Honduras (7), Guatemala (7) El Salvador (1) Perú (1) y Jordania (1). De los detenidos, 45 fueron arrestados en Austin; 41 en San Antonio, 37 en el Valle Sur de Texas, 15 en Laredo y siete en Waco.

 

Con información de Notimex / Foto: Archivo APO

En conferencia de prensa los familiares de Miroslava Breach reconocieron el avance que significó la detención de Juan Carlos Moreno Ochoa, «El Larry», autor material del asesinato de la periodista.

 

«Nos llena de optimismo la detención de Juan Carlos Moreno Ochoa, «El Larry», de quien ya se precisó que se trata de uno de los autores materiales y no intelectuales, como se dijo en un principio», afirmaron los hermanos de Miroslava, Rosa María, Brisa Guadalupe, María Antonieta, Jacobo Irene y Mirabel Breach.

 

Indicaron que tal como lo expuso el Gobernador del Estado, Javier Corral, «sabemos que hay un vínculo entre el poder político y el crimen, mismo que fue expuesto por Miroslava, y que fue lo que la llevó a ser asesinada», razón por la que solicitaron «se dé con quienes forman parte de este grupo y sean llevados a responder por este crimen».

 

Indicaron que Moreno Ochoa, quien «sabemos que fue el principal director de la planeación del artero crimen y que ya se encuentra en el Cereso 1 de Chihuahua, donde enfrenta un proceso, pero todavía faltan más detenciones».

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

El gobierno del Estado de Morelos informó que aproximadamente a las 03:00 horas de jueves, se logró la detención de José Manuel “N” primogénito de “El Crispín”, quien fue aprehendido en un vehículo en donde se le encontró una arma de fuego calibre 9 milímetros y envoltorios que contenían vegetal verde con las características similares a la marihuana.

 

Adicional se ubicó un domicilio en la calle Venustiano Carranza del mismo municipio, donde presuntamente se encontraba una casa de seguridad, y se presumía la existencia de personas privadas de la libertad. Al arribar al sitio, se visualizó a diversos sujetos quienes al notar la presencia policíaca, abrieron fuego contra los uniformados. 

 

Luego de dos horas de fuego cruzado, y tras optar por lanzar gas pimienta, los agresores tomaron la decisión de entregarse , lográndose la detención de Gilberto “N”, Carlos Alberto “N”, José Antonio “N”, José “N” y Brenda Elena “N”. Al mismo tiempo en que se confirmó la muerte de cuatro mujeres, una menor de edad y un hombre, además resultaron lesionados dos menores de edad, quienes son presuntos familiares de los detenidos.

 

Adicional se informó que dos menores resultaron heridos de bala en la cabeza, por lo que fueron trasladados a un hospital. Autoridades confirmaron que los niños se encuentran fuera de peligro.

Luego de que una juez española dictara orden de prisión incondicional sin fianza para el ex vicepresidente del Gobierno regional catalán Oriol Junqueras y para 7 ex consejeros de su gabinete, acusados de los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista en Cataluña, el presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, exigió poner fin a la represión política.

 

En un mensaje transmitido por televisión, Puigdemont exigió la liberación de los ocho miembros de su gobierno puestos en prisión provisional este jueves en España, sospechosos de sedición y rebelión por su papel en la apuesta independentista catalana.

 

«Como presidente legítimo de Cataluña, exijo la liberación de los consejeros y del vicepresidente» Oriol Junqueras y «el fin de la represión política», señaló Puigdemont en el video emitido por la televisión pública catañana TV3, que indicó que el presidente cesado hablaba desde Bélgica.