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El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, estimó que a partir del 25 de febrero comenzará la ruta para la dictaminación de la iniciativa de reforma eléctrica del Ejecutivo federal, en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía.

Indicó que los foros del Parlamento Abierto que se realizan para analizar la propuesta que envió el Presidente se han ampliado una semana más, por lo que estarán finalizando el 22 o 24 de febrero, para inmediatamente comenzar con la ruta de dictaminación.

El legislador reiteró que la propuesta, que será apoyada por las bancadas afines a la 4T, no está atentando contra la inversión privada, pues queda estipulado que se les da una participación del 46%. “Se ha desvirtuado que nosotros, con la iniciativa, atentando contra la inversión privada y la participación de capital privado en la generación de energía y en general en la industria eléctrica. Al contrario, nosotros damos la bienvenida, pero tenemos que cuidar, como cualquier país del mundo lo hace, por asuntos de soberanía y de seguridad, que tengamos el control de los flujos de energía eléctrica”, manifestó.

Sin embargo, todo parece indicar que los tiempos no han sido establecidos o comentados con el resto de los grupso parlamentarios, pues el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, reiteró que la dictaminación y votación de la reforma eléctrica será después del proceso electoral de este año.

“La dirigencia de mi partido plantea que se dictamine y vote después de las elecciones de este año y yo no puedo contradecirla, sería una falta”, expresó en un breve encuentro con los medios.

Moreira dijo que su partido tiene previstos dos foros para analizar la reforma eléctrica, fuera del recinto legislativo: uno en el Estado de México, para revisar la cuestión ambiental y otro en Monterrey, Nuevo León, para ver el tema de la producción de electricidad.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sostuvo que el Parlamento Abierto de este miércoles, al que asistieron algunos corporativos y organizaciones empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), fue muy provechoso, toda vez que se empieza a perfilar la posibilidad de un texto con puntos donde puede haber acuerdos.

El diputado Luis Espinoza Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, coincidió en que la dictaminación de la reforma eléctrica no podría darse en el marco de las próximas elecciones; de lo contrario, dijo, se entenderá que se creó una bandera electorera para convencer a las y los mexicanos.

“Si de verdad quieren que la discutamos en serio para ver si se puede construir algo, el debate debe darse después de las elecciones de junio”, indicó en declaraciones a la prensa, al término de la sesión de Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica.

Espinoza Cházaro dijo que se debería continuar el debate, porque “no hemos avanzado mucho”. “Parece que Morena no entiende que no tiene los votos suficientes para la reforma constitucional. No veo la apertura de decir ‘bueno veamos en dónde sí podemos ponernos de acuerdo’. Por otro lado, las posiciones de quienes no están de acuerdo se han venido endureciendo, no veo los grises de la coyuntura, negociación, construcción entre todos”, agregó.

El líder parlamentario aseveró que si continúan así los foros y las posiciones, no habrá la reforma eléctrica que propone el Presidente, porque simplemente sus partidarios no tienen los votos.

La Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República confirmó que recibió en total cuatro peticiones de Consulta Popular, a las cuales se les ha dado entrada y el trámite correspondiente.

Tres de ellas están relacionadas al posible enjuiciamiento de los ex presidentes, mientras que una más es sobre un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas.

Eduardo Ramírez, presidente del Senado, informó que, en caso de ser aprobadas, podrían realizarse en el mes de agosto del 2021.

Detalló que las solicitudes recibidas fueron:

  1. Petición del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante de después de sus respectivas gestiones?
  2. Petición de Yeidckol Polevnsky, Secretaria General del CEN de Morena. ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México y en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?
  3. Petición de los ciudadanos Manuel Vázquez Arellano y Norma Ariadna Sánchez Bahena. ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?

Sobre las solicitudes, Eduardo Ramírez dijo que corresponde a la SCJN determinar dentro de los 20 días siguientes, la constitucionalidad de la pregunta en la consulta solicitado por AMLO. Si se aprueba por mayoría, se emite la convocatoria respectiva y se ordena al INE su realización.

Sobre la petición de Vázquez Arellano y Sánchez Bahena, indicó que se turnará el expediente al INE para verificar dentro de los 30 días siguientes, el cumplimiento del requisito del 2% de firmas y si este es validado, también se enviará la petición a la SCJN para determinar la constitucionalidad.

Finalmente, la cuarta solicitud fue presentada por la Senadora Xóchitl Gálvez en representación de diversas Senadoras y Senadores de diferentes grupos parlamentarios.

  • ¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno Federal otorgue un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas por las que atreviese el país, como la originada por la contingencia sanitaria del COVID-19?

En ete caso será la Comisión de Gobernación y en su caso a las Comisiones que correspondan por la materia, las encargadas de dictaminar. Si es aprobada por la mayoría de ambas Cámaras se envía a la SCJN para que resuelva sobre la constitucionalidad dentro de los 20 días, si fuese procedente el Congreso emitirá la convocatoria y enviará al INE para su realización.