Tag

documentos

Browsing

La noche de ayer se revelaron nuevos documentos judiciales que antes eran secretos relacionados con Jeffrey Epstein, el financiero que se suicidó en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Las redes sociales se han llenado en las últimas semanas de publicaciones que especulaban con que los documentos incluirían una lista de personas ricas y poderosas que eran “clientes” o “cómplices” de Epstein.

Tal lista no existía. Los primeros 40 documentos revelados por orden del tribunal consistían en su mayoría en material ya publicado en casi dos décadas de reportajes periodísticos, documentales de televisión, entrevistas, casos judiciales y libros sobre el escándalo Epstein.

Aun así, los documentos, que incluían transcripciones de entrevistas con algunas de las víctimas de Epstein, recordaban que el millonario se rodeó de gente famosa y poderosa, incluyendo algunos que también han sido acusados de delitos.

Incluyen menciones a la pasada amistad entre Epstein y el expresidente Bill Clinton, quien no está acusado de ningún delito, y con el príncipe Andrés de Inglaterra, quien ya libró una demanda en la que se le acusaba de haber mantenido relaciones sexuales con una chica de 17 años que viajó con Epstein.

Una de las mujeres que acusó a Epstein, Johanna Sjoberg, testificó en una declaración relevada ahora que una vez se vio con Michael Jackson en la casa del financiero en Palm Beach, Florida, pero que no ocurrió nada inapropiado con el fallecido icono del pop.

Los documentos que se están desclasificando están relacionados con una demanda presentada en 2015 por una de las víctimas de Epstein, Virginia Giuffre. Es una de las decenas de mujeres que lo denunciaron por abusar de ellas en sus casas de Florida, Nueva York, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Nuevo México.

Esta demanda en particular iba dirigida contra la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien cumple una pena de 20 años de cárcel por ayudar a reclutar a las víctimas de su pareja y abusar de ellas.

El caso de Giuffre contra Maxwell se resolvió en 2017, pero el tribunal había mantenido algunos documentos judiciales censurados o en secreto debido a la preocupación por la privacidad de las víctimas de Epstein y otras personas cuyos nombres surgieron durante la batalla legal.

Se espera que en los próximos días se hagan públicos más documentos.

Entre las reacciones, el expresidente Clinton ha dicho a través de un vocero que aunque viajó varias veces en el avión privado del financiero, nunca visitó sus casas, no tenía conocimiento de sus delitos y no había habló con él desde su condena. Trump también afirmó que en su día pensó que Epstein era un “tipo estupendo”, pero más tarde se pelearon.

El Gobierno federal disolvió la última caravana de migrantes, que se encontraba desde finales de diciembre avanzando por Chiapas, tras comprometerse a procesar a sus integrantes y otorgarles eventualmente algún tipo de documento que les conceda la estancia legal en el país.

Al informar de los términos del acuerdo al que se llegó con los migrantes, Roberto González López, jefe de la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, explicó que los casos de los extranjeros serán canalizados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En esta oportunidad, sin embargo, no habrá entrega inmediata de visas humanitarias ni Formas Migratorias Múltiples, como ocurrió con otras caravanas.

Poco después de que se llegó al acuerdo, las autoridades iniciaron el traslado de la mayoría de los migrantes hacia un albergue del DIF ubicado en la aduana de la localidad de Huixtla, cercana a la frontera con Guatemala.

El activista Luis García Villagrán, de la organización local Centro de Dignificación Humana AC, que guiaba al contingente, indicó que de acuerdo con una respuesta formal del INM, se dará prioridad a las familias y a los grupos vulnerables.

García Villagrán pidió a las autoridades migratorias agilizar los procedimientos para entregar los documentos de estancia legal a los migrantes para que puedan continuar su camino hacia otras ciudades de México o la frontera con Estados Unidos.

La caravana, formada por unos 6,000 migrantes, partió en Nochebuena desde Tapachula, en la frontera con Guatemala, y durante cinco días recorrió unos 100 kilómetros en el estado de Chiapas hasta llegar al poblado de Mapastepc, donde se detuvo con la mitad de sus integrantes.

La movilización coincidió con la reunión celebrada a mediados de la semana pasada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, para evaluar la crisis migratoria.

La reunión se produjo tras la llamada telefónica del presidente Joe Biden y AMLO el pasado 20 de diciembre para expresarle la preocupación de su gobierno por el creciente flujo de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, donde llegaron a detectarse hasta 12,000 cruces ilegales al día.

Durante el encuentro, las autoridades mexicanas pidieron a Estados Unidos que de prioridad a la reapertura de algunos cruces fronterizos cerrados ante la avalancha de migrantes.

La petición fue atendida días después por Washington, que se comprometió a reanudar a partir del 4 de enero las operaciones en los cruces de Eagle Pass, Texas; San Ysidro en San Diego, California; Lukeville en Arizona y en el puerto peatonal de Morley en Nogales, Arizona, según informó ayer por la noche la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La región registra un flujo migratorio sin precedentes que no ha podido controlarse pese a los intentos de Estados Unidos de abrir nuevos cauces para llegar de forma legal al país, a la vez que endurece las consecuencias de hacerlo de forma irregular.

México detectó más de 680,000 extranjeros en situación irregular de enero a noviembre, según las cifras oficiales. Además, un récord de casi 137,000 personas pidieron refugio en el país.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se enfrenta a un nuevo desafío legal, esta vez con cargos por retención ilegal de documentos clasificados, obstrucción y otros delitos que se espera que se revelen la próxima semana en un tribunal federal de Miami.

La imputación de un exmandatario por cargos federales no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos y se produce en un momento en que Trump es también el favorito de su partido para la nominación presidencial republicana el próximo año.

Trump se enfrenta a siete cargos penales relacionados con el tratamiento que dio al material sensible del gobierno que se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021, según una fuente conocedora del asunto.

Hace casi un año, los investigadores incautaron cerca de 13,000 documentos en la mansión de Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. Cien estaban marcados como clasificados, a pesar de que uno de los abogados de Trump había dicho con anterioridad que todos los registros con marcas clasificadas habían sido devueltos al gobierno.

Trump dijo previamente que desclasificó esos documentos mientras era presidente, pero sus abogados se han negado a presentar ese argumento en las audiencias judiciales.

“¡SOY UN HOMBRE INOCENTE!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, después de anunciar la acusación.

El abogado de Trump, Jim Trusty, dijo a la cadena CNN que los cargos incluyen conspiración, declaraciones falsas, obstrucción a la justicia y retención ilegal de documentos clasificados bajo la Ley de Espionaje.

Dijo que espera ver el documento de acusación el martes, cuando Trump debe comparecer ante el tribunal.

Se trata del segundo caso penal para Trump, que será juzgado en Nueva York en un caso estatal derivado de un pago de dinero por silencio a una estrella del porno.

Los problemas legales de Trump no han mermado su popularidad entre los votantes republicanos, según los sondeos de Reuters/Ipsos.

Trump ha demostrado una extraña habilidad para sortear polémicas que podrían torpedear a otros políticos. Se describe a sí mismo como víctima de una caza de brujas y acusa al Departamento de Justicia de parcialidad.

El Departamento de Justicia estadounidense ha abierto una investigación criminal sobre la filtración de supuestos documentos del Pentágono que contienen material “sensible y altamente clasificado”.

“Se ha realizado un esfuerzo interinstitucional centrado en evaluar el impacto que estos documentos fotografiados podrían tener en la seguridad nacional de Estados Unidos y en nuestros aliados y socios”, aseguró la subsecretaria de prensa del Pentágono Sabrina Singh.

Así, ha indicado que “los funcionarios estadounidenses se comprometieron con sus aliados y socios” para informar “a los comités pertinentes del Congreso de jurisdicción sobre la divulgación”, según informó la cadena CBS.

Y es que en los últimos días han circulado varias imágenes en redes sociales en las que aparecía la disposición diaria de las Fuerzas Armadas ucranianas, a pesar de que algunos funcionarios estadounidenses advirtieron de que algunos de los documentos habían sido alterados.

Las fotos de los documentos se han encontrado en Twitter, Telegram, Discord y otros sitios en los últimos días, aunque es posible que algunos hayan circulado en línea durante semanas, si no meses, antes de que comenzaran a recibir la atención de los medios de comunicación la semana pasada.

La información filtrada no incluía planes demasiado delicados, pero las autoridades estadounidenses han temido que pueda proporcionar pistas clave para los militares rusos. Analistas consultados por ‘The New York Times’ afirman que es difícil estimar el daño real para la ofensiva ucraniana que podría suponer una filtración así.

Además, había otros documentos de otros conflictos internacionales, como presuntas tensiones entre Washington y Seúl por la ayuda militar o información sobre el grupo mercenario Wagner. También se publicó que Estados Unidos estaría considerando apoyarse en Israel para proporcionar ayuda letal a Ucrania.

En ese sentido, la aparente fuga de documentos estadounidenses altamente sensibles, muchos de ellos relacionados con la guerra en Ucrania, es un riesgo “muy grave” para la seguridad nacional de Estados Unidos, dijo el Pentágono.

Los documentos que circulan por la web suponen “un riesgo muy grave para la seguridad nacional y tienen el potencial de difundir desinformación”, declaró a periodistas Chris Meagher, asistente del secretario de Defensa para asuntos públicos.

“Seguimos investigando cómo sucedió esto, así como el alcance del problema. Se han tomado medidas para observar más de cerca cómo se distribuye este tipo de información y a quién”, agregó Meagher.

Y aunque muchos de los documentos ya no están disponibles en los sitios en los que aparecieron por primera vez, al parecer Estados Unidos sigue trabajando para eliminarlos.

Meagher declaró que el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, no fue informado de la cuestión hasta la mañana del 6 de abril; día en que se publicó un artículo del diario The New York Times sobre los documentos.

Muchos documentos están relacionados con Ucrania, como uno que proporciona información sobre las defensas aéreas del país u otro sobre los esfuerzos internacionales para aumentar sus fuerzas militares.

Meagher se negó a comentar si los documentos son auténticos y dijo que un equipo del Pentágono está trabajando para hacer esa evaluación, pero señaló que las fotos que circulan por la web parecen mostrar información confidencial.

Las consecuencias de la aparente filtración podrían ser importantes, incluso mortales, poniendo en peligro las fuentes de inteligencia estadounidenses y proporcionando al mismo tiempo información valiosa a los enemigos del país.

“La divulgación de material clasificado sensible puede tener implicaciones tremendas no solo para nuestra seguridad nacional, sino que podría llevar a la pérdida de vidas”, remató Meagher.

El Departamento de Justicia llevó a cabo este miércoles una nueva búsqueda en una casa del presidente estadounidense, Joe Biden, para intentar encontrar más documentos clasificados que puedan estar en el domicilio.

“Hoy, con el pleno apoyo y cooperación del presidente, el Departamento está realizando una búsqueda planificada en su casa en Rehoboth, Delaware”, apuntó el abogado del presidente, Bob Bauer, en un comunicado.

La búsqueda, que según medios están llevando a cabo agentes del FBI, se está haciendo de acuerdo con los procedimientos estándar del Departamento y “en aras de la seguridad e integridad operativas, se buscó hacer este trabajo sin previo aviso público, y acordamos cooperar”, añadió el letrado.

Horas más tarde, se informó que la policía federal no halló ningún documento confidencial durante el registro a la casa del presidente Biden.

“No se encontró ningún documento con mención de clasificado”, afirmó el abogado Bob Bauer en un comunicado.

Y aunque no se encontraron documentos en este domicilio pero sí en la vivienda de Biden en Wilmington (Delaware) y en su oficina privada en el laboratorio de ideas Penn Biden Center, en Washington.

Y es que recordemos que en enero se conoció que en noviembre del año pasado el equipo del mandatario había encontrado documentos sensibles y clasificados de la época en la que fue vicepresidente de Barack Obama y en la que fue senador.

Desde entonces han sido varias las veces que el gobierno estadounidense ha anunciado el hallazgo de más documentos. El pasado 12 de enero, el secretario de Justicia, Merrick Garland, anunció la designación de un fiscal especial que estudiará todos los papeles clasificados encontrados, el conservador Robert Hur.

Hace unos días también salió a la luz el hallazgo de documentos en la casa del exvicepresidente Mike Pence, una situación que, sumada a los papeles hallados en la mansión de Donald Trump, forzó a los Archivos Nacionales de Estados Unidos a pedir a todos los expresidentes y exvicepresidentes del país que revisen sus registros personales por si pudieran contener documentos confidenciales.

“La responsabilidad de acatar la Ley de Registros Presidenciales -la normativa que obliga a entregar a los Archivos Nacionales todos los documentos de una administración- no disminuye cuando finaliza un gobierno”, explicaron en una carta los Archivos Nacionales.

Tanto la Casa Blanca como el propio Biden han insistido desde el principio en su disposición total a colaborar en estas pesquisas del Departamento de Justicia y han tratado de desmarcarse del caso de los documentos clasificados hallados por el FBI en la mansión del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida.

El presidente estadounidense, Joe Biden, se encuentra más cerca que nunca de un escándalo de proporciones “trumpistas” después de la revelación esta semana de que fueron encontrados documentos clasificados, correspondientes a su periodo como vicepresidente de Estados Unidos, en varias oficinas privadas y en su propia casa.

El caso, aunque con importantes diferencias, recuerda al del expresidente Donald Trump, que está siendo investigado por el Departamento de Justicia por tener en su posesión documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Esto les ha dado a los republicanos un nuevo motivo de ataque: han tratado de equiparar ambas situaciones.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, aseguró la tarde de ayer que el Congreso estadounidense debería investigar el hallazgo de los documentos clasificados de Biden, a quien acusó además de utilizar al Departamento de Justicia para acosar al expresidente Trump.

La realidad es que ni Trump ni Biden deberían de haber tenido en su poder documentos clasificados de sus respectivas Administraciones, ya que la ley obliga a que todos los registros presidenciales sean entregados a los Archivos Nacionales.

Hay que tomar en cuenta que la posesión en sí misma de estos documentos no es delito, si que no se demuestra que fueron ocultados conscientes de ello.

Aquí es donde radica una de las diferencias clave entre los dos casos: fueron los propios abogados de Joe Biden quienes avisaron a las autoridades de que habían encontrado documentos clasificados entre las posesiones del presidente.

En el caso de Trump, hizo falta un polémico cateo del FBI en Mar-a-Lago para recuperar un centenar de documentos, algunos de ellos clasificados como de alto secreto.

Los Archivos Nacionales, encargados de salvaguardar todos los documentos presidenciales, llevaban más de un año tratando de recuperar registros que el expresidente se había llevado a su residencia personal.

Por eso, Trump se enfrenta también a una investigación por posible obstrucción a la Justicia, lo que hace su caso mucho más complejo que el de Biden.

Hasta ahora, las autoridades no han dado ninguna indicación de que este último fuera consciente de que tenía documentos clasificados en su poder, algo que el propio mandatario pareció confirmar el martes durante su estancia en nuestro país en el marco de la X Cumbre de Líderes de América del Norte.

“La gente sabe que yo tomo en serio lo del material secreto. Cuando los abogados estaban despejando mi oficina en la Universidad de Pensilvania me pusieron una oficina segura en el Capitolio. Cuatro años después de ser vicepresidente fui profesor en Penn y encontraron algunos documentos en una caja, en un gabinete o en un ropero, y cuando los encontraron se dieron cuenta que había varios documentos secretos en esa caja. Hicieron lo que debían de haber hecho, llamaron a los archivos e inmediatamente les entregaron los documentos a los archivos. Y a mí me informaron sobre este descubrimiento y me sorprendió enterarme de que hubiera registros del gobierno llevados a ese lugar, a esa oficina (…)  Entregué las cajas, ellos han entregado las cajas a los archivos y estamos cooperando plenamente, cooperando plenamente con la revisión”, dijo en la sesión de preguntas y respuestas en Palacio Nacional.

Lo que sí se le reprocha a Biden es la falta de transparencia. La primera parte de los documentos fue descubierta en noviembre pasado, justo antes de las elecciones de medio mandato, en una oficina que el presidente usó entre 2017 y 2020.

En ese sentido, se acusa que La Casa Blanca esperó hasta esta semana para hablar del tema, cuando la noticia ya había aparecido en los medios.

Desde el primer descubrimiento, los abogados de Biden han vuelto a encontrar documentos de su etapa como vicepresidente de Barack Obama en otra oficina usada por el mandatario y más recientemente en el garaje de su casa de Delaware.

Los recientes hallazgos han llevado al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, a designar a un fiscal especial para investigar el caso.

Garland también designó a un fiscal especial para investigar el hallazgo de documentos en Mar-a-Lago, que actualmente trata de determinar si Trump se llevó los registros clasificados a sabiendas y si obstruyó a la Justicia al no entregarlos todos a los Archivos Nacionales cuando se los solicitaron.

El FBI irrumpió en la mansión de Mar-a-Lago del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de la investigación para determinar si se llevó documentos secretos de La Casa Blanca a su residencia en Florida, dijeron personas enteradas el asunto.

Esta medida representa una escalada drástica y sin precedentes de la investigación policial del expresidente.

En un extenso comunicado sobre el allanamiento a su propiedad, Trump dijo que los agentes abrieron una caja fuerte en su residencia. “Después de trabajar y colaborar con las agencias pertinentes del Gobierno, este allanamiento no anunciado de mi hogar no fue necesario ni apropiado”, dijo el magnate.

Recordemos que desde hace meses se investiga cómo los documentos secretos fueron a parar a Mar-a-Lago en cajas de archivo de La Casa Blanca a principios de este año.

Adicional, en un caso por separado, un jurado de instrucción investiga los intentos de anular los resultados de la elección presidencial de 2020, acrecentando los peligros legales en potencia para Trump en momentos en que está sentando las bases para un intento de reelección.

Trump y sus aliados trataron de presentar el cateo como un abuso político del sistema de justicia penal y un intento demócrata de impedirle presentarse de nuevo en 2024. Sin embargo, el gobierno del presidente Joe Biden dijo que no había tenido conocimiento previo del hecho; el actual director del FBI, Christopher Wray, fue designado por Trump hace cinco años y fue un alto funcionario del Departamento de Justicia dirigido por los republicanos.

“Son tiempos sombríos para nuestra Nación, cuando mi hermoso hogar, Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, está bajo asedio, allanado y ocupado por un grupo grande de agentes del FBI”, escribió Trump. “Nada como esto le ha sucedido jamás a un presidente de Estados Unidos”.

El manejo de archivos secretos y documentos del gobierno está sujeto a varias leyes, algunas de las cuales penalizan el llevar ese material a un lugar no autorizado. Aunque una orden de allanamiento no indica la inminencia o siquiera la posibilidad de cargos penales, los funcionarios federales que la solicitan deben demostrarle a un juez que existe la probabilidad de que se haya cometido un delito.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) por rechazar su solicitud para dar a conocer los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, quien ha sido blanco de sus ataques desde que reveló el escándalo de la ‘casa gris’ de José Ramón López Beltrán.

“Yo ya presentía que iban a responder de esa manera por su actitud desde que se fundó ese instituto”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa al ser consultado sobre el tema.

Recordemos que López Obrador envió una carta el pasado lunes al INAI para exigir “una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares”.

La presidenta del organismo, Blanca Lilia Ibarra, dijo ayer en una carta que el INAI no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada por el presidente.

López Obrador lamentó no tener autorización para dar a conocer los supuestos ingresos del comunicador y de los periodistas que consideró “famosos”, aunque aseveró que estos son una minoría, ya que la mayoría de los reporteros en México “gana muy poco y arriesgan mucho”, consideró.

“Me voy a quedar con la información que tengo”, dijo, pero indicó que si Loret de Mola se lo autoriza dará a conocer su sueldo “nada más para probarle que no es una exageración, que sí puedo probar que recibió 35 millones y tengo todas las facturas y todos los comprobantes”, afirmó López Obrador.

Además, el mandatario volvió a llamar “mercenarios” y “pasquines” a periodistas como Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Carmen Aristegui o el periódico Reforma, además de reiterar que son parte de la “mafia del poder”.

El presidente hizo estas declaraciones apenas minutos después de presentar un informe sobre el avance en las investigaciones de los cinco periodistas asesinados en lo que va de este año en México, entre ellos la periodista Lourdes Maldonado, asesinada en enero y quien había acudido en 2019 a la conferencia matutina a pedir protección.

Aseguró que los grupos de poder utilizan los medios de comunicación y periodistas para calumniar y golpear a su gobierno, pero aseguró que no aplicará la censura a ningún medio, incluso a aquellos que calificó como conservadores; reiteró que se mantendrá la protección al gremio “no están solos”, dijo.

Además, indicó que planteará este tema al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que explique porqué desde su país se están financiado a organizaciones con fines golpistas.

Fiscales de Estados Unidos consiguieron documentos de la computadora personal del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, durante la Presidencia de Felipe Calderón, a quien se acusa de delitos relacionados con narcotráfico y de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

En un escrito enviado por la Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York al tribunal que lleva el caso, se hace una relación de la nueva documentación reunida por los abogados del gobierno, en anticipación a la audiencia programada para la próxima semana en la que el juez preguntará a las partes sobre el avance de las diligencias.

El equipo de fiscales asegura haber recolectado también correos electrónicos y mensajes WhatsApp, aunque no se especifica su naturaleza, además de otros documentos enviados por el gobierno de México, así como por varios bancos como Bank of America, Citibank o Sabadell United Bank y firmas de abogados.

Sin embargo, como es habitual, la Fiscalía solicita al juez que todo el material permanezca embargado y no se haga público.

Hasta el momento, los fiscales han reunido más de un millón de documentos y audios que supuestamente incriminan al exfuncionario.

El juez que preside el caso, Brian Cogan, fijó el comienzo del juicio para el próximo 24 de octubre, para dar tiempo a la Fiscalía de continuar sus pesquisas y a la defensa de García Luna para revisar la cantidad de material acumulado.

La próxima semana Cogan convocó a las partes para interrogarles sobre sus avances y así determinar, entre otras cosas, si se mantiene la fecha del comienzo del juicio o si es necesario posponerla.

También sigue pendiente la decisión del juez sobre la petición de la Fiscalía de proteger a los miembros del jurado manteniendo su anonimato, evitando que mantengan contacto con el público durante su estancia en los juzgados y garantizando que sean acompañados diariamente por alguaciles en su viaje a la corte.

La Fiscalía realizó esta solicitud en diciembre pasado por considerar que “el acusado tiene los recursos financieros para intimidar o incluso hacer daño al jurado”.

Recordemos que García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y entre 2006 y 2012 fue secretario de Seguridad Pública.

Según la Fiscalía, “el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al cartel de Sinaloa, un famoso cartel de la droga mexicano, a cambio de sobornos multimillonarios” y agregó que tiene previsto llamar a testificar a “numerosos testigos” que han sido partícipes de la violencia ejercida por este cartel mexicano para “protegerse de rivales, luchar por su territorio y silenciar a aquellos que cooperaran con las fuerzas de seguridad”.

El tenista serbio, Novak Djokovic, admitió haber cometido “errores humanos” en el llenado de los documentos para entrar a Australia y acudir a una entrevista con un medio deportivo tras conocer que era positivo a COVID-19.

“Me sentí obligado a acudir a la entrevista con L’Equipe para no dejar tirado al periodista, pero mantuve distancia social y mascarilla todo el tiempo, excepto durante las fotografías. Al regresar a casa me aislé y reflexioné. Cometí un error de juicio y admito que tuve que posponer la cita”, apuntó el deportista en un comunicado publicado en las redes sociales.

Djokovic asegura que el 16 de diciembre se sometió a una prueba para detectar COVID-19, cuyo resultado conoció un día más tarde después de acudir a un evento con jóvenes, mientras que la entrevista fue el 18.

“Era asintomático y me sentía bien y no recibí la notificación de mi test PCR positivo hasta después de ese evento (con jóvenes)” precisó la raqueta número uno del mundo, quien apuntó también que se sometió previamente a pruebas de antígenos por precaución, los cuales dieron negativo.

Djokovic, quien espera poder defender su título en el Abierto de Australia a partir del próximo lunes, también aseguró que su agente cometió un “error humano” al rellenar el documento sobre los viajes que realizó en los 14 días previos a su llegada al país oceánico.

Por estas razones, el gobierno australiano continúa considerando su posible anulación de visado y posterior deportación. Las autoridades de inmigración investigan, según medios australianos, si el tenista mintió a su entrada a Australia, lo que podría conllevar a que su visa sea cancelada de nuevo.

Y es que el número uno del mundo estuvo entrenando en unas instalaciones en Sotogrande (Cádiz), según sus redes sociales, y viajó desde Málaga hacia Australia, según el presidente del Comité Olímpico serbio, Borizadr Maljkovic. Además, el tenista, que voló el día 4 de enero haciendo escala en Dubái, pudo haber pasado la Navidad en Belgrado, según algunas fotos en las redes sociales.

El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, lleva 40 días aislado en la cárcel de Nueva York donde se encuentra, debido a la pandemia del COVID-19 y no ha podido revisar las pruebas de su caso judicial, dijo este lunes su abogado.

Durante una audiencia telefónica debido a la contingencia sanitaria, César De Castro, abogado de García Luna, dijo que su cliente no ha podido examinar las pruebas de su caso desde el 28 de octubre.

“Aún lo tienen allí aislado y no estoy seguro de cuando le van a permitir salir”, dijo De Castro al juez Brian Cogan, de la corte del distrito este de Nueva York.

Recordemos que García Luna está acusado por la fiscalía de Estados Unidos de cargos que incluyen la asociación ilícita para el tráfico de cocaína, el falso testimonio y la participación en una organización criminal.

El excolaborador del expresidente Felipe Calderón se ha declarado inocente, aunque los fiscales de EUA afirman que García Luna recibió fuertes cantidades de dinero por parte del Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio de permitir que éste traficara libremente cocaína.

En la audiencia de este lunes, De Castro explicó que García Luna fue colocado en una unidad de máxima seguridad y después puesto en cuarentena. El juez Cogan pidió a los fiscales presentes en la audiencia que hagan todo lo posible para lograr que las pruebas lleguen a García Luna.

Según la última carta que la fiscalía envió al juez y que se encuentra disponible en el sistema electrónico de la corte, el gobierno estadounidense ha presentado más de 955,000 documentos que conforman las pruebas del caso. El juez Cogan fijó la próxima audiencia judicial el 17 de febrero del 2021. García Luna espera ir a juicio.

La semana pasada los fiscales del caso pidieron al juez que les permita mantener selladas algunas pruebas que identificarían a testigos en el juicio. Los fiscales advirtieron que, si esas evidencias se hacen públicas, García Luna o sus cómplices podrían poner en peligro la vida de los testigos.

Esas pruebas, que incluyen fotografías, documentos financieros y grabaciones, no se mostrarían a García Luna, su abogado, ni al público general, como solicitaron los fiscales.

La Secretaría de Bienestar informó que fue presentada una denuncia de hechos, por la presunta falsificación y uso que pudiera darse de documentos, ocupados para defraudar a varias personas con un programa social inexistente.

La Secretaría, a través de la Unidad General del Abogado y Comisionado para la Transparencia, formuló la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que se supo que, en oficios apócrifos difundidos en los estados de Tamaulipas y Veracruz, se proporcionó información falsa a la población sobre un programa llamado “Acabemos tu Casa” o “Agrandemos tu casa”.

Indicó que, con dichos documentos, personas ajenas a la institución se ostentaban con el cargo de Coordinador Temporal de la Secretaría de Bienestar.

“Los documentos apócrifos enviados por usuarios de redes sociales, quienes advierten de un presunto fraude para acceder a apoyos sociales del citado programa, fueron remitidos a la Unidad Jurídica de esta dependencia, la cual señala que la documentación referida es falsa, así como su contenido, por lo que se niega su autenticidad”, señaló la dependencia.

Aclaró que el programa difundido no forma parte de las estrategias con las que el gobierno federal apoya a los grupos más vulnerables del país.

De acuerdo a lo que se ha reportado en redes sociales, con la promesa de ser beneficiario de dicho programa, los responsables obtenían las credenciales de elector, lo cual se presume podría ser ocupado con fines electorales.

Luis Alberto López López, a quien se le ha identificado como chofer de Manuel Barreiro, declaró esta tarde ante la Procuraduría General de la República (PGR), haber firmado los documentos para constituir la empresa Manhattan Master Plan que compró la nave industrial al candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya.

 

El abogado de López López, Patricio Kegel Jacob, aseguró ante los representantes de los medios de comunicación, que su cliente sí accedió a firmar ciertos documentos, como un favor personal para quien en ese momento era su jefe, Manuel Barreiro.

 

Como parte de la audiencia de vinculación, la PGR se desistió de ejercer cualquier acción penal en contra de Luis Alberto López López, a quien se le investigaba por el delito de lavado de dinero en beneficio del aspirante presidencial del Frente.

 

López López y la PGR acordaron que para que la dependencia se desistiera de la acción penal, entregaría la nave industrial adquirida por Barreiro a la familia de Ricardo Anaya a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de que se valorarían los datos que aportó a la investigación que se sigue.

 

Recordemos que la empresa Manhattan Master Plan Development, fue la que sirvió como fachada para la compra-venta de Ricardo Anaya de una nave industrial por 54 millones de pesos.

 

Con información de El Universal / Foto. Twitter @EleccionesAMX

Luego de que esta mañana se difundiera una investigación sobre el supuesto desvío de recursos en la SEDESOL y la SEDATU cuando Rosario Robles estuvo al frente de dichas dependencias, fue la funcionaria federal quien negó las acusaciones y retó al diario que dio a conocer la información a probar sus acusaciones.

 

 

En un primer mensaje, Robles aseguró que es falsa la información difundida, y aunque si bien no negó que en las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se hayan encontrado irregularidades en las dependencias, sostuvo que “no hay una sola línea o señalamiento que diga que yo Rosario Robles haya realizado un desvío de recursos”.

 

Indicó que debido a que el país se encuentra en un proceso electoral y para evitar guerras políticas, solicitó a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública investigar sus cuentas bancarias y su evolución patrimonial, además de que autorizó se haga pública su situación financiera rechazando el secreto bancario. Dijo “la que nada debe nada teme”.

 

Aprovechó su red social para asegurar que prueba de la falsedad de la acusación, es la investigación que se le realizó en 2001 bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien la investigó “hasta por debajo de las piedras y no se encontró ninguna irregularidad”.

 

 

Retó al periódico Reforma a que sea este miércoles en punto de las 12 del día, para que acudan ante la Procuraduría General de la República (PGR) para acreditar con documentos la relación que existe entre las empresas mencionadas en la investigación y su figura. “Están obligados a probar su acusación”.

 

La Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del PRI, sesionó esta tarde para recibir el registro de Mikel Arriola como precandidato del PRI para la elección de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

 

 

Al inicio de su mensaje, Arriola saludó a distintos líderes “del PRI, mi partido”, para después indicar que “hoy ha sido un día especial (…) en la mañana le presenté mi renuncia al Presidente como director general del IMSS (…) vengo a manifestar a la sede de mi partido, la intención para participar como precandidato, simpatizante, en el proceso de selección de candidato para Jefe de Gobierno de la Ciudad de México”.

 

El ex titular de la Cofepris, sostuvo que “me hace ilusión que un priísta pueda aspirar a la jefatura de gobierno de la CDMX (…) voy a sumar a todos a este proyecto, empezando por las mujeres, por los jóvenes, a todos nuestro sectores (…) a partir de mi formación como servidor público, he aprendido a enfrentar retos”, razón por la que dijo estar listo para enfrentar la contienda electoral.

 

“Esta candidatura se va a fundamental en ofertas y soluciones”, dijo Arriola, quien aseguró que la vida en la capital del país se ha deteriorado, señalando retos como la movilidad, la facilidad para hacer trámites, la seguridad, entre otros. “Es una campaña de compromiso, pues lo primero que haremos es escuchar”.

 

“Vamos a recuperar la Ciudad de México, vamos  a ganar la elección y vamos a ganar en 2018 con Pepe Meade”, finalizó el ex funcionario federal, para después entregar los documentos que avalan su intención política.

 

Una nueva investigación mundial sobre paraísos fiscales pone al descubierto a más políticos, empresarios y personajes de la vida pública quienes habían logrado mantener en secreto sus inversiones. Los servicios offshore del despacho Appleby; los  negocios de funcionarios federales estadounidenses, y la vinculación a empresatios, trabajaron para ocultar sus nombres.

 

La investigación titulada “The Paradise Papers” es un trabajo global sobre las actividades offshore de algunas de las personas y compañías más poderosas del mundo, y que fue coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y 95 medios asociados en todo el mundo, quienes indagaron en 13.4 millones de archivos filtrados de una combinación de proveedores de servicios offshore y los registros de empresas de algunos de los países más secretos del mundo.

 

Los archivos fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung.

 

Los documentos de Paradise Papers incluyen cerca de 7 millones de acuerdos de préstamos, estados financieros, correos electrónicos, documentos de fideicomiso y otros documentos de casi 50 años en Appleby, un bufete de abogados líder en el extranjero con oficinas en Bermudas y más allá.

 

Los documentos también incluyen archivos de una compañía de fideicomiso más pequeña, de propiedad familiar, Asiaciti, y de registros de empresas en 19 jurisdicciones secretas. Los registros van desde complejas hojas de transacciones corporativas de 100 páginas y libros contables de pago dólar por dólar hasta simples registros corporativos de países, como Antigua y Barbuda, que no enumeran públicamente los nombres de los accionistas o directores de la compañía.

 

En su conjunto, los archivos de Paradise Papers exponen las tenencias en el extranjero de líderes políticos y sus financistas, así como compañías de nombre familiar que invaden impuestos a través de transacciones realizadas en secreto. Los acuerdos financieros de multimillonarios y celebridades también se revelan en los documentos.

 

Algunos de los casos que se han revelado es el del Secretario de Comercio de Estados Unidos Wilbur L. Ross Jr., quien tiene una participación en una compañía naviera que recibe millones de dólares al año en ganancias provenientes de una empresa que tiene entre sus dueños al yerno de Vladimir Putín y a un magnate allegado al mismo presidente ruso. Ross, un millonario inversionista de capital privado, vendió la mayor parte de los activos de su empresa antes de unirse al gabinete del presidente Donald Trump en febrero, pero mantuvo una participación en la compañía naviera Navigator Holdings Ltd, la cual está establecida en las Islas Marshall, en el Pacífico Sur.

 

Otro caso es el de un importante inversionista en Twitter y Facebook, quien se sabe tenía vínculos financieros con dos empresas propiedad del gobierno ruso conocidas como instrumentos para operaciones sensibles del Kremlin, según muestran documentos recién revelados. Los registros demuestran que una de las empresas propiedad del Kremlin, VTB Bank, envió discretamente 191 millones de dólares a un fondo de inversión, DST Global, que a su vez utilizó el dinero para comprar una gran participación en Twitter en 2011.

 

Los documentos filtrados muestran un entrelazado sistema financiero offshore que ayudaba a actores políticos, la riqueza privada y los gigantes corporativos, incluyendo Apple, Nike, Uber y otras compañías globales, ha evitar pagar impuestos mediante maniobras de contabilidad cada vez más imaginativas.

 

 

 

Para conocer más detalles de la investigación AQUÍ