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Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, que cumple una pena de prisión en Estados Unidos y ahora es colaborador de la fiscalía, aseguró este martes que Arturo Beltrán Leyva secuestró a Genaro García Luna, cuando este se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública, porque no contestaba sus llamadas.

«El Grande», testigo de la Fiscalía durante el juicio que se le sigue por narcotráfico a García Luna en Estados Unidos, que arrancó este lunes en un tribunal federal en Nueva York, aseguró que en medio de la guerra que estalló entre las distintas facciones del Cártel de Sinaloa en 2008, García Luna parecía beneficiar más al grupo de «El Chapo» en detrimento de los Beltrán Leyva.

Según «El Grande», los operativos contra la gente de los Beltrán Leyva eran continuos, mientras que «eran mínimos» contra el grupo del «El Chapo».

La guerra entre la facción de «El Chapo» e Ismael «El Mayo» Zambada contra el de los hermanos Beltrán Leyva comenzó después de la detención de Alfredo Beltrán, que según «El Grande» fue fruto de una traición dentro del cártel.

«El Grande» relató que cuando estalló el conflicto interno, Arturo Beltrán llamó a García Luna para preguntarle de qué parte estaba y este le dijo que permanecería neutral, algo que exacerbó los ánimos de Beltrán Leyva, aunque pese a ello siguió enviando sus pagos (sobornos) al entonces secretario de Seguridad Publica.

Sin embargo, cuando percibió que las operaciones de seguridad, cuyo máximo responsable era García Luna, aumentaban excesivamente, intentó llamarlo y hablar con él a través de Luis Cárdenas Palomino, exdirector de seguridad federal de la Policía Federal, y supuesto enlace entre el cártel y García Luna, pero no fue posible.

Entonces, relató, secuestraron a García Luna cuando iba en una carretera de Morelos, camino de la localidad de Cocoyoc, para hablar con él y después de la conversación lo volvieron a dejar donde lo habían secuestrado.

Este es el segundo día en que «El Grande» declara como testigo de la fiscalía en el juicio contra García Luna.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó esta mañana que México trabaja en acciones legales para intentar recuperar al menos 700 millones de dólares del exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, fruto de sobornos millonarios que el Cártel de Sinaloa le entregó.

«Lo que sí nosotros vamos a procurar es recoger el dinero», dijo esta mañana el presidente en su conferencia de prensa.

Recuperar lo que se podrían considerar fondos robados al Estado por funcionarios corruptos es uno de los objetivos del gobierno de López Obrador, y el dinero del que se pudo haber beneficiado García Luna por colaborar con el crimen organizado, según los fiscales estadounidenses, podría sumar sumar cifras multimillonarias.

Si bien García Luna fue el máximo responsable de la seguridad pública de 2006 a 2012 durante la presidencia de Felipe Calderón, antes, durante el gobierno de Vicente Fox dirigía un cuerpo federal de policía.

Ayer, en la primera jornada del juicio, «El Grande» habló de operativos conjuntos del cártel y la policía contra grupos criminales antagónicos; de cómo el exfuncionario advertía de redadas o que un día se llevó 14 millones de dólares en cajas de cartón de una bodega repleta de cocaína que la policía había incautado al Cártel del Golfo y entregado al cártel de Sinaloa.

Según explicó López Obrador ya hay un juicio en Florida para recuperar 700 millones de dólares. Los abogados de García Luna plantearon «que no tenía México por qué ir a litigar allá». Pero el mandatario indicó que un juzgado de este estado le dio la razón al gobierno «y estamos trabajando en eso, 700 millones y otros posibles activos».

México tiene una investigación abierta contra el exsecretario de la que informó cuando fue detenido en Estados Unidos en 2019, pero no se ha hecho público ningún detalle al respecto.

López Obrador anunció además que a partir de este martes su conferencia matutina tendrá un nuevo espacio para informar sobre todo lo que salga en el juicio porque que no confía en los medios tradicionales y quiere que todos los posibles cómplices mencionados sean expuestos ante la ciudadanía.

Es «un drama judicial», una «tragicomedia», dijo. «No queremos que la gente no se entere».