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Luego de que se diera a conocer la carta que Germán Larrea, dueño de Grupo México, envió a sus colaboradores para recomendarles no votar por un proyecto populista, el candidato presidencial de la coalición Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le mandó un mensaje en el que aseguró no le guarda rencor.

“Comprendo su preocupación, porque Germán Larrea ha sido de los empresarios predilectos de todo este periodo neoliberal. Un empresario y también un buen traficante de influencias. Es el segundo hombre más rico de México, dueño de minas y de muchos negocios en el país. Aparece en la lista de los hombres más ricos del mundo”.

AMLO indicó que si se tomó el tiempo de contestar a la carta del dueño de Grupo México, es porque debe abrirse paso entre la estrategia que sus adversarios tienen para infundir miedo a los mexicanos.

“Entiendo que Germán Larrea no quiera el cambio, porque a él le ha ido muy bien”, dijo el tabasqueño. Acusó que antes de que Salinas de Gortari le entregara la concesión de la mina de Cananea en Sonora, el empresario no aparecía en las listas de los hombres más ricos del mundo.

AMLO recordó el episodio de la contaminación que Grupo México ocasionó a un río de Sonora, por el derrame químicos de una de sus minas. “Se ha dedicado a destruir el territorio, a contaminar las tierras y a contaminar las aguas”, y añadió que debido a la influencia que tiene en el gobierno federal no se le hizo nada por los daños ocasionados.

Acusó que cuando se suscitó el episodio de los mineros atrapados en Pasta de Conchos, él le pidió personalmente sacar los cuerpos; sin embargo reprochó que no hizo nada pues dijo “tiene mucho dinero pero poco corazón, poco humanismo, no invirtió para desenterrar los cuerpos de los mineros”.

Le mandó decir a Larrea que no le guarda ningún rencor, pues él no odia a nadie ya que es partidario del amor y del perdón. “Que no ande asustando a nadie y que él mismo no tenga miedo, vamos a triunfar y se van a dar garantías a la inversión, no se va a afectar a ningún empresario”.

 

Luego de que esta mañana el diario Reforma publicara las fotografías de Katya Vega posando en lencería en la Capilla de la Emperatriz ubicada en Palacio Nacional, la Secretaría de Hacienda, responsable del inmueble, informó que se identificó a quienes permitieron la sesión de fotos.

 

 

Según lo que relató el diario, la Capilla es un recinto que data del siglo XVIII, que actualmente funge como sala de conciertos y actividades culturales.

 

Tan pronto se conocieron las fotografías, la dependencia indicó que la dirección general de conservaduría del Palacio Nacional, lamentaba y condenaba el uso indebido y sin autorización de los recintos históricos que están bajo su resguardo, y aclaró que no se dio autorización para el uso del recinto para fines ajenos a la promoción cultural.

 

Más tarde, informó a través de sus redes sociales que se pudo identificar a los empleados responsables del ingreso y uso indebido de las instalaciones para la sesión fotográfica de la presunta modelo, de quien circulan innumerables fotos a través de las redes sociales. Hacienda informó que los empleos relacionados con los hechos fueron cesados.

 

 

En redes sociales Katya Vega ha sido bautizada como #LadyLencería y su hashtag se ha posicionado como Trending Topic. Ha servido para hacer diversos memes y bromas, sobre todo relacionadas con la contienda electoral que se desarrolla en el país.

 

También ha sido condenada la acción y usuarios han pedido a la SCHP que imponga medidas severas para castigar la acción, sobre todo para la mujer que protagonizó las fotografías.

 

Con información de Reforma / Foto: @Reforma

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 2017 recibió 39 quejas por supuestos casos de acoso o abuso sexual que implican a su personal o a trabajadores de entidades con las que colabora.

 

Así lo indicó hoy en rueda de prensa la portavoz del organismo Cecile Pouilly quien dijo que la ACNUR abrió 16 investigaciones formales, en otros 15 casos se evalúa si hay suficiente base para abrir una investigación y otros 8 se han cerrado sin ser investigados.

 

De los casos de 2017, solo uno está a punto de resolverse.

 

Pouilly indicó, no obstante, que de los casos de 2016, de los que no aportó la cifra total, uno concluyó con la expulsión del empleado del organismo porque fue declarado culpable de explotación sexual. Asimismo, en 2017 hubo dos casos de acoso sexual de empleados de la ACNUR hacia otras empleadas del organismo, y en los dos ocasiones el acosador fue despedido, puntualizó Pouilly.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, ordenó este domingo a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), cancelar el contrato con la empresa Whitefish Energy holdings de manera “inmediata”, luego de las especulaciones que ha generado la asignación de éste.

 

La empresa Whitefish Energy, cuya sede se encuentra en Montana, en Estados Unidos, ganó recientemente un contrato multimillonario para restablecer la red eléctrica de la isla, que quedó destruida tras el paso del huracán María.

 

 

 

Roselló argumento tal decisión en que el contrato está “interfiriendo con todo” y puntualizó que las distracciones no ayuda en la reconstrucción de Puerto Rico. “Estoy presionando para solicitar la cancelación”.

 

El gobernador informó que giró instrucciones a la Oficina del Contralor una investigación detallada y exhaustiva sobre el proceso de contratación usado por AEE para seleccionar a Whitefish, pues afirmó que dicha proceso debe ser “lo más transparente posible”.

 

Las críticas que ha generado dicho contrato se basan en que el contrato de 300 millones de dólares, fue ganado por una empresa que tenía dos empleados (al día que el huracán María golpeó la isla), y para el momento en que se dio el fallo del contrato, (poco más de un mes después),  Whitefish ya tenía 300 empleados y había anunciado la llegada de 700 más.

 

La Secretaría de Educación Pública, informó que a través de la Administración Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México, extendió contratos a 21 maestros y tres empleados administrativos, que estaban en la plantilla del Colegio Rébsamen.

 

La contratación entró en vigor a partir del pasado martes 17 de octubre, y detalló que a los docentes se les ubicó en distintas escuelas de gobierno de los tres niveles educativos: preescolar, primaria y secundaria.

 

La dependencia aclaró que la contratación es de manera temporal en tanto se cubren los procesos de evaluación determinados en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

 

A través de un comunicado, la SEP reafirmó que continuará brindando los apoyos necesarios, en el ámbito de su competencia, para atender a la comunidad escolar del Colegio Rébsamen, afectada por el sismo del pasado 19 de septiembre.

 

De acuerdo a una investigación del diario La Razón, la hermana de Nancy Cortés Gutiérrez, quien fue estipulada como su “persona de confianza” por el propio Felipe Jesús Pérez Luna “El Ojos”, se encuentra en la nómina de la delegación Tláhuac.

 

El ahora abatido expresó en una solicitud de pasaporte de la SRE, que Nacy Cortés era su persona de confianza, en donde detalló datos como dirección y fotografía, mismos que ahora se sabe, ayudaron a los trabajos de inteligencia para identificar al delincuente.

 

Sin embargo ahora se sabe que Griselda Córtes fue dada de alta en el ISSSTE por parte de la delegación Tláhuac desde el 1 de enero de 2016, tres meses después de que el candidato de Morena asumiera el poder en dicha demarcación. Griselda aparece como “Administrativo Especializado L”. La delegación paga un sueldo mensual a Griselda de nueve mil 795 pesos.

Adicional el diario Excélsior divulga que también un sobrino de “El Ojos”, hijo de Sara Pérez Luna, también fue empleado del delegado. Según el diario, entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2016, Cristhian Salgado Pérez ocupó el cargo de Líder Coordinador de Proyectos “A” en la Subdirección de Finanzas de la delegación.

 

Con información de La Razón – Excélsior / Foto: Archivo APO

El Departamento de Estado del gobierno estadounidense informó a los familiares del personal de la embajada de su país en Caracas que podían “abandonar” territorio venezolano, como parte de las medidas previo a la elección de la Asamblea Constituyente.

 

De acuerdo a lo comunicado por la dependencia estadounidense, los empleados de la embajada tienen permiso para salir del país voluntariamente. “Todo el personal de contratación directa del gobierno y sus familias asignadas a la Embajada de Estados Unidos en Caracas están sujetos a una política de movimiento de embajadas que limita su viaje dentro de Caracas y muchas partes del país”, indicó el comunicado.

“Estamos preparados para seguir tomando acciones económicas fuertes y rápidas si el gobierno de Venezuela insiste en celebrar las elecciones de la Asamblea Constituyente del 30 de julio”, indicó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en una conferencia la noche de ayer, cuando comenzaban a alistar las medidas que se tomarían respecto a la crisis venezolana. “Es un tema de gran preocupación para nosotros, y les hemos pedido que no lo hagan”.

 

 

Adicional se indicó que el gobierno advierte a los ciudadanos estadounidenses respecto a “los viajes a Venezuela debido a la agitación social, los crímenes violentos y la omnipresente escasez de alimentos y medicinas”. Añadieron que la advertencia llega debido a que “la situación política y de seguridad en Venezuela es impredecible y puede cambiar rápidamente”.

 

Foto: Archivo APO

LEO ZUCKERMANN

EXCÉLSIOR

No sé usted, pero si yo fuera el dueño de Pemex, lo primero que haría sería despedir a los empleados involucrados en el robo de combustibles, un atraco que se calcula en veinte mil millones de pesos al año, según el secretario de Hacienda. ¿Por qué los administradores de la petrolera mexicana no lo han hecho? ¿Acaso no los han encontrado? Difícil de creerlo. Aquí el problema de fondo es que la administración de Pemex toma sus decisiones con base en criterios políticos y no económicos.

Supuestamente, el dueño de Pemex somos todos los mexicanos. Sí, como no. Si así fuese, yo, como usted, tendríamos una acción de la empresa a nuestro nombre que nos generaría un dividendo anual sobre las utilidades. O la acción tendría un precio de mercado que fluctuaría de acuerdo al flujo de efectivo traído a valor presente neto. Pero no, los dueños de Pemex no somos los ciudadanos: son una gran cantidad de grupos que ordeñan los ingresos de la empresa comenzando por el gobierno mexicano.

Me van a decir que nuestras autoridades son las que nos representan como propietarios de la empresa. Pero precisamente ahí está el problema: los intereses del gobierno no necesariamente están alineados con los de la ciudadanía. En economía, este tema se conoce como el problema del agente-principal. Los agentes son los que toman decisiones (la administración de una empresa) a nombre de los principales (los accionistas). Supuestamente, la gerencia tiene la misión de generar valor para los dueños. Pero no necesariamente ocurre así. Para empezar, el agente suele tener mayor información que el principal, lo cual significa una relación asimétrica. Pero, además, el agente puede tener intereses diferentes al del principal. Al director de una empresa, por ejemplo, le puede encantar viajar en avión privado, aunque esto incremente los costos, generando menos utilidades.

Regresemos a Pemex. El principal, supuestamente, somos los mexicanos y el agente son los directivos de la empresa. ¿Tienen incentivos éstos para maximizar el valor de los múltiples negocios en que están metidos? La respuesta es no. A los gobiernos de México, priistas o panistas, lo único que les ha importado es extraerle todos los recursos posibles a Pemex. Desde hace lustros, la tratan como si fuera una vaca lechera: le ordeñan todo el dinero posible porque, desde el punto de vista político, es más fácil esto que cobrar impuestos a la ciudadanía.

El petróleo, por más mal que se administre, es un gran negocio. Los márgenes de rentabilidad son altísimos. La ubre petrolera es, en este sentido, enorme. Los que más se han beneficiado son los gobiernos. Pero muchos más se han unido a la succión. Líderes sindicales involucrados en jugosos negocios dentro de la empresa. Empleados que tienen las mejores prestaciones laborales del país. Contratistas privados que, en colusión con empleados corruptos de la empresa, incrementan los costos de insumos y obras.

A la succión de la teta petrolera se ha unido, ahora, el crimen organizado que se dedica literalmente a ordeñar los ductos para robar combustible. Esta operación es imposible sin la información de empleados de Pemex que saben por dónde pasan los ductos, a qué hora se puede perforar un tubo para que no explote y cuándo se envía el flujo de gasolinas por esas tuberías.

Quizá los 20 mil millones de pesos por la criminal ordeña de ductos no sean nada para una empresa que vendió el año pasado 1.08 billones de pesos: representan menos del 2% de los ingresos anuales. Quizá Pemex los pueda considerar como “mermas”. Pero el problema es la suma de todos los que están pegados a la teta de Pemex, comenzando por el gobierno federal. Entre extracciones por aquí y por allá, la petrolera mexicana tuvo el año pasado una pérdida, después de impuestos y derechos, de 296 mil millones de pesos. Más que ser una empresa que genere utilidades a sus accionistas, Pemex es una vaca en cuya ubre están conectados diversos grupos que la chupan y chupan hasta dejarla exhausta. Agréguese, ahora, a los llamados huachicoleros.

Y la administración de la empresa, en lugar de encontrar a los empleados que están coludidos en este robo, se hace de la vista gorda. ¿Por qué? Seguramente porque son personas influyentes: amigos de poderosos funcionarios públicos y/o miembros del sindicato que, por cierto, pertenecen al partido que hoy gobierna México (el PRI). Y como la política es más importante para los administradores de Pemex, pues los  empleados involucrados en un crimen son intocables.

 

                Twitter: @leozuckermann

Luego de que fuera exhibido durante el primer debate entre candidatos del Estado de México, que la abanderada de Morena, Delfina Gómez, descontara a más de 200 empleados una “cuota”, la morenista aseguró que los descuentos aplicados vía nómina se realizaron a petición de ellos, y de manera legal.

 

En conferencia de prensa, donde estuvo acompañada por Ricardo Moreno, representante de Morena ante el IEEM, la texcocacana recordó que fue auditada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem) cuatro veces, y en ninguna de ella se detectó un desempeño irregular.

 

Ante tales acusaciones, señaló al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por las filtraciones de dicha información, lo cual constituye un delito y adelantó que procederá de manera legal contra quienes resulten responsables y sostuvo que los descuentos aplicados no fueron a parar a Morena o Higinio Martínez, actual presidente municipal de Texcoco, tal como lo señaló Josefina Vázquez Mota durante el encuentro que sostuvieron la tarde de ayer.

 

 

 

 

Con información de Político.mx / Foto: Twitter