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El gobierno de la Ciudad de México informó que se hará una revisión integral en el viaducto elevado de la Línea 12del Metro, donde la noche del lunes se desplomó una trabe, ocasionando la muerte de al menos 25 personas y dejando a 79 heridas.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que la revisión que se realiza tiene como objetivo garantizar la seguridad en la operación del servicio.

Detalló que la revisión está a cargo del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) en coordinación con el Colegio de Ingenieros Civiles de México, Asociaciones y Sociedades Técnicas; los trabajos tiene un adelanto al día de hoy del 30%, equivalente a 10 tramos; señaló que los resultados se presentarán el próximo lunes.

Sheinbaum Pardo informó que será esta semana que se formalice la contratación de la empresa internacional que realizará el peritaje, y que será independiente al que realiza la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

La empresa que estará a cargo del peritaje externo es la noruega DNV GL, quien tiene oficinas en la Ciudad de México debido a los proyectos que ha tenido en el pasado, principalmente en el sector energético.

La Jefa de Gobierno señaló que la empresa ha estado en operaciones desde 1864 y tiene más de 150 años de experiencia y cuenta con más de 15 mil trabajadores con presencia en más de 100 países; destacó que es una empresa experta en administración de riesgos, análisis forense y análisis causa-raíz de fallas catastróficas en instalaciones estratégicas.

Precisó que desde ayer personal de dicha empresa se encuentran en el sitio del incidente recabando la información necesaria.

Llama la atención que la empresa presta sus servicios a empresas marítimas, de energía, petróleo y gas, aseguradoras y salud. Se desconoce si tiene experiencia en sectores ferroviarios o de sistemas de transporte metropolitanos.

El gobierno de la CDMX argumentó que DNV GL es una empresa que esté alejada de la operación de la línea 12 del Metro, pues hay trenes rentados y una serie de empresas que participaron; «estamos eligiendo una empresa que haga el peritaje que no tenga nada que ver con la operación de la Línea 12», dijo Claudia Sheinbuam.

El Gobierno de la Ciudad de México solicitará un peritaje internacional para conocer las causas del accidente en la línea 12 del Metro, que al momento ha dejado 23 muertos y más de 70 heridos.

«Informamos también de que la Fiscalía General de Justicia debe llevar a cabo un peritaje que inició en la noche de ayer, pero además estamos buscando una empresa internacional con certificado tanto en Metro como en asuntos estructurales para que haga un peritaje técnico externo y poder llegar a las causas de este lamentable incidente», dijo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Al intervenir en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Sheinbaum explicó que hasta el momento la cifra es de 23 muertos y 79 hospitalizados. De los 23 fallecidos, dos perdieron la vida en hospitales.

Detalló que cuatro de los fallecidos todavía siguen dentro del tren desplomado por las dificultades de rescatar los cadáveres. De entre los hospitalizados, hay 19 mujeres y 60 hombres. Tres son menores de edad y tres adultos mayores.

Ante la suspensión del servicio en la línea 12, explicó que 490 autobuses trabajan en la zona para ofrecer movilidad a los usuarios.

«Mi posición es que debemos llegar a la verdad de las causas de este lamentable incidente y que para ello necesitamos expertos tanto de la Fiscalía General de Justicia como de una entidad externa e imparcial que haga el peritaje y todos los estudios», subrayó la mandataria local al defender la necesidad e importancia de realizar los peritajes.

La línea 12 ha estado rodeada de polémica desde su inicio. Se finalizó el 30 de octubre de 2012, cuando el actual canciller mexicano, Marcelo Ebrard, era el Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Sin embargo se clausuró en marzo de 2014 por diversas fallas y se reabrió de manera escalonada en octubre de 2015.

Al estar presente en la conferencia de prensa matutina, el canciller fue cuestionado por la prensa sobre el accidente y se refirió a lo sucedido como un incidente «terrible» y se solidarizó con las víctimas.

“Yo comparto la indignación que hay, celebro la posición que tiene la jefa de Gobierno, que es esencialmente esclarecer qué ocurrió y segundo cuando esclareces qué ocurrió con pruebas, con elementos, pues establecer qué responsabilidades hay, de quiénes tengan responsabilidad y que se actué en consecuencia, no importa quién sea”, subrayó.

Recordó que la obra fue «entregada» definitivamente en julio de 2013, tras una «revisión» de siete meses; y ante los señalamientos que apuntan hacia él como responsable de la obra, dijo que .cuando se actúa con integridad «no debe temer a nada, el que nada debe, nada teme. Pero yo estoy sujeto, como todos, pero más como un alto funcionario y como quien promovió la construcción de la línea, estoy sujeto a lo que determinen las autoridades”.

Por su parte el presidente López Obrador aseguró que se investigará «a fondo» el accidente, sin importar qué autoridad o exautoridades estén relacionadas.

«Se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad, qué fue realmente lo que sucedió»; indicó que no se va a ocultar nada, pues el «pueblo de México tiene que conocer toda la verdad».

Dijo respaldar la postura del gobierno de la Ciudad de México; adelantó que todos los días se va a estar informando sobre el asunto. Hoy, a las 11 am se ofrecerá una conferencia de prensa para actualizar la información.

López Obrador indicó que a partir de los dos peritajes se va a establecer «la responsabilidad», y pidió no «caer en el terreno de la especulación».

Hunter Biden, el hijo del presidente estadounidense Joe Biden, admitió que probablemente fue reclutado para el consejo de administración de la empresa ucraniana Burisma, que provocó críticas contra su padre el año pasado, porque vieron su nombre como «oro».

En una entrevista con la BBC difundida este martes, con motivo de la publicación de su libro de memorias, «Beautiful Things», Hunter Biden confirmó en parte las acusaciones de los republicanos de que se benefició del nombre de su familia cuando su padre era vicepresidente.

El hijo del mandatario demócrata insistió en que tuvo una carrera de éxito en los negocios independientemente del cargo de su padre como senador de Delaware.

Pero dijo por primera vez que su contratación en el consejo de la enorme empresa energética ucraniana en 2014, cuando su padre era vicepresidente en el gobierno de Barack Obama, estuvo vinculada probablemente en «gran parte» con su nombre. «Creo que vieron mi nombre como oro», dijo a la BBC.

Biden formó parte de la junta directiva, ganando más de 50,000 dólares al mes, desde 2014 hasta 2019.

Ese año su padre empezó a preparar su candidatura a la presidencia y se supo que asesores del entonces presidente Donald Trump buscaron en Ucrania información que pudiera perjudicar a los Biden.

Más tarde en 2019, Trump presionó al gobierno ucraniano para que le proporcionara información que respaldara las acusaciones de corrupción contra los Biden, un acto que llevó al primer juicio político contra el expresidente.

Hunter Biden dijo a la BBC que el momento de su contratación por parte de Burisma estaba relacionado con la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y su supuesto apoyo a los rebeldes del este de Ucrania.

Los rusos, dijo Biden, querían hacerse con los recursos naturales de Ucrania y un oleoducto, y Burisma se sentía vulnerable.

«Sé que Burisma quería hacer algo. Querían crear un baluarte contra esa agresión rusa», dijo. «Sabían que tenían que expandirse internacionalmente y en otros sectores para poder diversificarse y protegerse. El nombre de Biden es sinónimo de democracia y transparencia, y por eso dije que era oro para ellos».

El hijo del presidente afirmó que su trabajo en la junta directiva de la compañía se había centrado «al 100%» en asuntos de gestión empresarial y transparencia.

En la entrevista, Hunter Biden no explicó sus relaciones comerciales con una mujer rusa con buenos contactos y con un fondo de inversión chino, que, según los republicanos, también se beneficiaron de sus conexiones.

La empresa minera canadiense First Majestic solicitó este martes la intervención del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial (BM) ante «la negativa» del gobierno de México de «establecer negociaciones en buena fe» para resolver una disputa fiscal.

First Majestic señaló en un comunicado firmado por su presidente y consejero delegado, Keith Neumeyer, que «a pesar de los repetidos intentos de la compañía para establecer con el gobierno de México negociaciones de buena fe para resolver la disputa, el gobierno se ha negado».

La compañía minera, que opera en México las minas San Dimas, Santa Elena y la Encantada para la producción de plata y oro, considera que las autoridades mexicanas están incumpliendo la normativa fiscal al reclamar a su filial, Primero Empresa Minera (PEM), más de 500 millones de dólares en impuestos atrasados.

Según First Majestic, «las acciones del gobierno son contrarias» a la normativa que estableció los ingresos e impuestos de PEM entre los años fiscales 2010 y 2014, normativa que es válida «hasta que sea anulada por un tribunal de última instancia».

First Majestic también acusó al Ejecutivo de «rechazar participar en el Procedimiento de Acuerdo Mutuo establecido bajo tres tratados internacionales de doble imposición firmados por México».

La decisión de First Majestic de recurrir al Banco Mundial, utilizando el Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) supondrá la creación por parte del CIADI de un panel de arbitraje que decidirá sobre la reclamación de la compañía.

En septiembre de 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México falló en favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aprobando la rescisión de un acuerdo previo que permitía a la empresa minera pagar impuestos a una tasa más baja.

En noviembre, First Majestic dijo que apelaría la decisión al considerar que la resolución del Tribunal Federal era errónea, pero afirmó que seguía intentando llegar a una solución amistosa «con el gobierno de México, incluidos canales diplomáticos de resolución» además de considerar recurrir al Capítulo 11 del TLCAN.

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció este miércoles la rescisión definitiva de cuatro contratos de servicios asociados a la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de un comunicado, Pemex informó que los contratos cancelados atañen a ocho empresas relacionadas con Litoral Laboratorios Industriales, que vieron terminada su relación con la paraestatal el pasado 11 de diciembre.

La decisión, aclaró la petrolera, tiene que ver con haber contravenido las instrucciones de López Obrador de evitar que «se lleven a cabo negocios de miembros de su familia con el Gobierno».

La investigación periodística de Latinus y del periodista Carlos Loret de Mola que salió a la luz hace dos semanas, significó que que también fuera separado de su cargo el cargo al gerente de contrataciones de la Coordinación de Abastecimiento para Pemex Exploración y Producción, Alejandro Flores, y añadió que para determinar su grado de omisión, se encuentran en proceso de investigación laboral los servidores públicos Claudia Angélica Velarde Torres y José de Jesús Corrales Arroniz, quienes participaron representando a las áreas Jurídica y Técnica respectivamente.

Los contratos rescindidos tenían un presupuesto asignado de 312 millones de pesos, de los cuales habrían correspondido a Litoral Laboratorios Industriales un monto máximo de 77.7 millones de pesos. Pemex no aclaró qué cantidad había pagado ya a las empresas mencionadas.

Al asegurar que se revisa el caso de manera exhaustiva, informó que fue ubicado un quinto contrato de Litoral Laboratorios Industriales con la refinería Francisco I. Madero, para la adquisición de catalizador y un agregado denominado alúmina inerte, usado en sus procesos industriales.

Detalló que dicho contrato, fue suscrito el 4 de septiembre del año 2020 y concluyó el pasado 3 de diciembre. Su monto fue por 4 millones 653 mil 944 pesos.

También precisó que está en marcha una investigación sobre la implicación de Litoral Laboratorios Industriales en el Sistema Nacional de Refinación.

Cuando se destapó el caso, AMLO lo atribuyó a una «omisión» de Pemex, ya que, aseguró, su prima no aparecía como responsable de la empresa y en la paraestatal no se dieron cuenta, y rápidamente aclaró que se rescindirían los contratos. Según el presidente, la empresa de Felipa Obrador «ya contaba con contratos con la petrolera de tiempo atrás».

«En Pemex, el combate a la corrupción es un tema de especial trascendencia pública y un compromiso serio para quienes tenemos el encargo de velar por el correcto ejercicio del erario y la observancia plena de la ley», dijo Petróleos Mexicanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana jueves que se va a investigar al gigante Vitol, con sede en Suiza, que recientemente admitió haber pagado millonarios sobornos a funcionarios en Petróleos Mexicanos (Pemex), tanto de la anterior administración, como de la autodenominada 4T.

La semana pasada, la subsidiaria de Vitol en Estados Unidos acordó desembolsar 164 millones de dólares para resolver las investigaciones de la justicia estadounidense de que el mayor comerciante independiente de petróleo del mundo pagó más de dos millones de dólares en Brasil, Ecuador y México.

«Se investiga y, de ser cierto, se castigará a los responsables», dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina refiriéndose a Vitol, un socio habitual de la estatal Pemex. «Nosotros no somos tapadera de nadie».

Tras el escándalo, la estatal Petroecuador decidió excluir a Vitol de su lista de proveedores y clientes. En México, sin embargo, no ha habido un anuncio público de Pemex a pesar de las sospechas de irregularidades.

En abril de 2018, Pemex lanzó una licitación para importar etano líquido por primera vez a fin de cumplir con un contrato de suministro a una sociedad entre la brasileña Braskem y el local Grupo Idesa.

A fines de mayo de ese año, la oferta de 231.3 millones de dólares de la saudí SABIC ganó el concurso para suministrar el hidrocarburo hasta 2020, según el fallo de la licitación-

Pero según reportes de mercado, el trato con SABIC no se llegó a firmar y Pemex se decidió por el segundo postor, Vitol, que pidió 6.3 millones de dólares más por enviarle la misma cantidad de etano a Pemex Etileno, según un acta de la evaluación técnica a la que la agencia Reuters tuvo acceso.

Al respecto, esta tarde se informó que PMI-Pemex suspendió temporalmente sus relaciones comerciales con Vitol.

«Conforme a las políticas de debida diligencia y anticorrupción aplicables, PMI ha tomado la decisión de suspender temporalmente las relaciones comerciales de las empresas a la que les presta servicios con Vitol, hasta en tanto no se esclarezca su situación actual», sostuvo la filial comercial de Pemex.

Otro tema que AMLO dijo se investigará, fue lo dado a por El Universal, acerca de la empresa Decoaro y Supervisión SA de CV, que está a cargo de la limpieza en Palacio Nacional, y que se encuentra bajo el esquema de outsourcing con al menos mil 500 trabajadores. A dicha empresa se le han entregado más de 183 millones de pesos en contratos en el gobierno federal y que tiene denuncia de violaciones laborales.

López Obrador dijo que si hay alguna irregularidad se revisará, e indicó que su gobierno debe de dar el ejemplo. «Si hay alguna irregularidad se va a revisar, que bien que lo estás denunciando y ahora que se decida sobre la eliminación de la subcontratación y el ejemplo lo tiene que dar el gobierno, que se investigue todo».

Incluso agradeció al diario, pues dijo: «ayudan, esto es lo que debemos hacer, que no haya corrupción que no haya impunidad».

Este jueves, El Gran Diario de México informa que el actual gobierno federal ha pagado 185 millones de pesos para la subcontratación  de limpieza a través de Decoaro y Supervisión SA de CV, una compañía de outsourcing que aportó como su domicilio fiscal un mini-departamento en Iztacalco en el que según los vecinos nunca ha existido una empresa.

En una nueva entrega, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que Benefak SA de CV, una empresa que el SAT incluyó en su lista definitiva de empresas fantasma, dio servicios a Morena para la impresión del periódico Regeneración, que fue fundado y dirigido por el actual vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas.

En junio de 2018, el propio Ramírez Cuevas difundió en su cuenta de Twitter copia de la factura emitida por Benefak, así como un cheque que Morena de Tabasco expidió a favor de la mencionada empresa fantasma.

MCCI localizó en la región de la Cañada de Oaxaca a la supuesta dueña de Benefak, y constató que se trata de una prestanombres, pues es una mujer de bajos recursos que vive en una casa de láminas y cartón, que antes de la pandemia trabajaba vendiendo dulces afuera de una escuela y productos por catálogo a sus vecinas.

El SAT había iniciado a mediados de 2018 una investigación en torno a Benefak por las sospechas de que los comprobantes fiscales emitidos desde 2016 correspondían a operaciones comerciales inexistentes o simuladas. Fue así que el SAT determinó el pasado 18 de marzo de 2020 que Benefak simulaba operaciones comerciales y al mes siguiente, el 16 de abril, publicó su resolución en el Diario Oficial de la Federación y la incluyó en el listado definitivo de empresas fantasma.

En junio de 2018, el periódico Reforma publicó que Morena había pagado 58 millones de pesos en el primer semestre de 2016 por la impresión del periódico Regeneración, cuyo editor era Jesús Ramírez Cuevas, vocero del entonces candidato presidencial.

Para intentar desmentir la nota, Ramírez Cuevas difundió en Twitter copias de documentos en los que consta que Morena había pagado por los servicios de Benefak, pero por un monto muy inferior al difundido por Reforma.

El entonces candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció que se habían pagado los servicios de esa empresa, hoy identificada como fantasma por el SAT, pero que el pago no había sido de 58 millones, sino de 58 mil pesos.

“Les vamos a enviar (a Reforma) la copia de la factura y el cheque”, ofreció López Obrador el 21 de junio de 2018 en su cuenta de Facebook. Casi a la par, Jesús Ramírez, vocero del candidato, escribió en su cuenta de Twitter: “Aquí las facturas originales que desmienten la primera plana de Reforma”. Y anexó a su mensaje el comprobante fiscal de Benefak expedido a Morena por concepto de “impresión de Periódico Regeneración Tabasco”.

Además, compartió el cheque a favor de Benefak y copia del estado de cuenta de Morena en el que consta el pago a la mencionada empresa que el SAT ha declarado oficialmente simuladora de operaciones comerciales.

Investigación completa en MCCI

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no es ni rentable ni competitiva, según el reciente análisis que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó sobre la actividad de la compañía en 2019.

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 asegura que los subsidios dados por la CFE para abaratar la electricidad en el sector doméstico y agrícola, unidos a sus tarifas poco competitivas, al envejecimiento de su estructura y a la mala gobernanza, provocaron que la empresa «no fuera rentable ni generara valor económico para el Estado» en 2019.

Detalla que las pérdidas integrales en 2019 de la CFE fueron de 40 mil 382 millones de pesos.

«Cabe señalar que, aun cuando la CFE presentó algunos indicadores por encima del promedio de sus pares de mercado (como el de liquidez), la rentabilidad y la eficiencia de sus activos no son los óptimos cuando se comparan con el mercado, como resultado de las ineficiencias», señala el informe.

Pese a su buen nivel de liquidez, la empresa estatal aumentó su endeudamiento y disminuyó su rentabilidad, a la vez que mostró un mal comportamiento en las pruebas para conocer sus posibilidades de quiebra, debido a que sus «resultados financieros no son los óptimos para considerarse una empresa con solidez financiera».

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha insistido desde el principio de su administración que los actores privados en el sector de la energía firmaron contratos «leoninos» con el gobierno para perjudicar a la CFE.

La Auditoría Superior de la Federación lo desmintió al afirmar que los «contratos legados tienen como finalidad minimizar los costos de suministro básico». El informe asegura que «en general los costos de las empresas públicas subsidiarias de la CFE no son competitivos respecto de los costos de los productores externos de energía».

El coste más bajo en el kWh lo consiguió la subsidiaria de la CFE Generación V, que incluyó la energía procedente de las 32 centrales de los productores privados, con un costo promedio ponderado de 0.82 pesos por kWh.

La ASF también señala la renegociación de cinco contratos de alquiler de gaseoductos con empresas privadas, que según el Gobierno debían implicar a la CFE un ahorro de 4,500 millones de dólares hasta 2025.

El ahorro que la revisión pudo documentar hasta 2025 es de 4,342 millones de dólares, pero estos se consiguieron aumentando diez años la vigencia de los contratos, lo que provocará que al final la CFE acabe pagando 6,836 millones de dólares adicionales a los estipulados antes de la renegociación de los gasoductos.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió al robo de más de 37 mil medicamentos oncológicos que supuestamente tenían que haber estado distribuidos desde hace tres meses en las instituciones de salud públicas para atender principalmente a niños con cáncer.

AMLO calificó los hechos como «lamentables»; adelantó que ya se están haciendo las investigaciones correspondientes, y se está avanzando en saber qué fue lo que pasó.

El presidente dijo que costó trabajo conseguir los medicamentos, confirmando que se trajeron desde Argentina. Señaló que «está esto muy raro» que se haya robado toda una bodega de los medicamentos.

«Decirles a los padres de las niñas, de los niños con cáncer, que permanentemente estamos procurando abastecer de estos medicamentos a todos los centros de salud, a todos los hospitales; que no somos inhumanos, que tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños y cualquier persona si no cuenta con los medicamentos», dijo el mandatario dirigiéndose a los padres de los niños con cáncer.

Como se ha vuelto costumbre, AMLO señaló a sus adversarios de aprovechar la situación para proyectar una imagen del gobierno que no corresponde a la realidad, «como si fuésemos insensibles, como si no nos importara el problema y no es así».

Sostuvo que algunos de las empresas que distribuían los medicamentos, que por cierto dijo lo hacían mal e incluso los adulteraban, están enojado con los cambios que se están haciendo en el país, pues estaban acostumbrados a hacer negocios debido a la corrupción que existía.

Y es que el pasado viernes, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), confirmó el robo ocurrido en las instalaciones de la empresa NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V., de diversos productos, entre ellos
medicamentos oncológicos fabricados por la empresa LABORATORIO KEMEX, S.A., y distribuidos por la empresa NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V.

Entre los medicamentos que fueron robados a la empresa NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V., se encuentran: FLUOROURACILO 500 mg; DAUNORUBICINA 20 mg; MITOMICINA 5 mg; IDARUBICINA 5 mg, entre otras.

La COFEPRIS se limitó a decir que los medicamentos oncológicos deben ser recetados y aplicados bajo la supervisión y control de los profesionales de la salud; añadió que dichos medicamentos oncológicos son para uso exclusivo del sector salud (Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, SEMAR, SEDENA) por lo que no pueden adquirirse en farmacias particulares, hospitales privados o a través de internet y redes sociales.

Una compañía de Dakota del Norte obtuvo la hasta ahora mayor licitación para construir un tramo del muro fronterizo con México, por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

El senador federal republicano Kevin Cramer confirmó el contrato por 1,300 millones de dólares para la construcción de un tramo de 67.5 kilómetros del muro en «terreno realmente agreste en las montañas» de Arizona. El monto representa alrededor de 19 millones de dólares por cada kilómetro.

Cramer, senador por Dakota del Norte, dijo que Fisher Sand and Gravel Co. ofreció el precio más bajo para la construcción del proyecto; afirmó desconocer cuántas compañías presentaron propuestas.

Recordemos que Trump ha prometido construir 724 kilómetros de muro en la frontera con México antes de que concluya este año.

Hasta el momento, el gobierno ha otorgado contratos de varios millones de dólares para la construcción de barreras de 9 metros de altura, alumbrado, tecnología e infraestructura. La administración de Trump asegura que ya se han erigido 300 kilómetros de barreras.

Sin embargo, algunas partes del muro son nuevas; la mayoría son reemplazos de divisiones más viejas y de menor altura que, según las autoridades, resultaban insuficientes.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército señaló este miércoles que no se ha fijado una fecha para iniciar o completar la obra de la licitación más reciente. La construcción se realizará cerca de Nogales y Sasabe, en Arizona.

Cramer dijo que el muro llevará pintura negra porque «es lo que el presidente quería, así de simple». La idea es que el muro de color negro absorba el calor y dificulte que las personas intenten escalarlo, declaró.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, responsable de otorgar las licitaciones, dijo que Fisher fue una de varias compañías seleccionadas en mayo de 2019 para participar en la construcción del muro fronterizo, con un valor total de 5,000 millones de dólares. El contrato de este mes a la compañía es parte de dicha licitación.

Llama la atención que durante la jornada electoral de 2018, el propietario de la compañía Tommy Fisher y su esposa donaron 10,800 dólares a Cramer, quien promovió la capacidad de la empresa para construir el muro e invitó a Fisher al discurso del Estado de la Unión de Trump en 2018.

Legisladores demócratas expresaron su inquietud en diciembre, después de que Fisher obtuviera un contrato por 400 millones de dólares para la construcción del muro. En cuestión de dos semanas, la inspección general del Departamento de Defensa inició una investigación, la cual sigue abierta, según el representante federal demócrata Bennie Thompson, un firme crítico que cuestionó si el contrato había sido licitado adecuadamente.

El diario El Universal reveló este miércoles que una empresa fundada por la familia del expresidente Enrique Peña Nieto, Plasti-Estéril, S.A. de C.V., de la que él aparece como socio fundador, fue beneficiada con millonarios contratos otorgados a Baxter International Inc.

Actas notariales dan cuenta de que Plasti-Estéril, S.A. de C.V., es “empresa hermana” perteneciente al Grupo Corporativo Baxter, así como Baxter, S.A. de C.V., y Plasti-Estéril Servicios, S.A. de C.V.

Plasti-Estéril, S.A. de C.V. se fusionó con la compañía beneficiada, e incluso cedió derechos a la estadounidense Baxter.

Dichos contratos alcanzan los 12 mil 170 millones 104 mil 242 pesos , tan solo durante su sexenio.

El negocio familiar de plástico estéril, usado como material médico, fue fundado en Atlacomulco, Estado de México, de donde Peña Nieto es originario. En el registro de comercio, con el folio mercantil 104, aparece que los fundadores son el expresidente Enrique Peña Nieto, su padre Enrique Peña del Mazo, su tío Arturo Peña del Mazo, su hermano Arturo Peña Nieto y el ingeniero químico petrolero Víctor Manuel Monroy Naime.

Plasti-Estéril, S.A. de C.V., cuenta con 52 movimientos registrales ante el Registro Público de Comercio del Estado de México, aunque en ninguno manifiesta modificación, integración o transferencia de acciones a otras personas.

El objeto social primordial de la compañía es la fabricación, distribución, comercialización e importación de productos plásticos estériles para hospitales e industria farmacéutica.

El Universal accedió a diversos documentos como registros públicos comerciales, de marca y notariales, en los que se encontró que Baxter, S.A. de C.V., obtuvo cada año decenas de contratos que sumados arrojaron más de mil millones de pesos anuales con dependencias federales entre los años 2013 y 2018.

En 2015, año de elecciones federales y estatales, la cantidad se multiplicó: la empresa ganó 5 mil 669 millones de pesos.

El diario relata que, según la plataforma Compranet, existen contratos a favor de Baxter, S.A. de C.V., desde 2002; fue 10 años después que la empresa tomó notoriedad con el otorgamiento de contratos que ascienden a miles de millones de pesos a partir de 2012 como proveedor de dependencias federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y hospitales dependientes de la Secretaría de Salud, Sedena y Petróleos Mexicanos, entre otros.

Ya con EPN en el poder, en 2013, el emporio farmacéutico obtuvo 84 contratos por mil 025 millones 274 mil 919 pesos; en 2014, mediante 210 contratos, sumó mil 695 millones 964 mil 070 pesos. En 2015, cuando el país vivió elecciones intermedias, Baxter, S.A. de C.V., obtuvo 190 contratos por la suma de 5 mil 669 millones 019 mil 444 pesos.

Con 125 contratos en 2016 obtuvo mil 149 millones 671 mil 265 pesos, en tanto en 2017 con 288 contratos alcanzó un monto de mil 159 millones 982 mil 506 pesos y en la recta final del sexenio, es decir, 2018, con 150 contratos consiguió mil 470 millones 192 mil 038 pesos.

Sin embargo, los beneficios para la empresa no acabaron con el fin de la administración de Peña Nieto; en 2019, ya con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al frente del gobierno, se le asignaron 132 contratos por un monto de mil 136 millones 374 mil 018 pesos.

Sobre el tema, fue cuestionado esta mañana el presidente López Obrador; señaló que se debe de investigar si está involucrado el exmandatario, además de que pidió revisar desde cuándo está operando la empresa y qué contratos ha recibido en la presente administración.

«Hay que investigar si está involucrado el expresidente Peña Nieto, y hay que ver desde cuándo está operando la empresa, qué contratos ha recibido (…) ver en la administración actual qué contratos ha recibido y por qué, si fueron asignaciones directas, si fueron licitación, ver todo esto», respondió AMLO.

Al preferir no profundizar en el tema, López Obrador recordó que «venimos de un régimen caracterizado por la corrupción y lleva algún tiempo limpiar. Estamos barriendo las escaleras, se está limpiando, se está barriendo de arriba para abajo, estamos poniendo bastante cloro y jabón, y desinfectante y todo, limpiando, limpiando, saneando».

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) levantó un acta de rechazo para devolver los 20 ventiladores que compró a León Manuel Bartlett, hijo del actual director de la CFE, en 1. 5 millones de pesos cada uno, los más caros de cuantos había comprado el gobierno federal hasta el 1 de mayo, ya que presentaban características distintas a las contratadas.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia explicó que el 8 de mayo, el órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Hidalgo, y luego de una revisión física, detectó que además los ventiladores no contaban con pantalla táctil, es decir no cumplían con los requerimientos funcionales acordados.

En la carta invitación que el IMSS envió el 16 de abril a Víctor Hugo Pérez Solares, representante legal de Cyber Robotics, para la adquisición directa de los ventiladores, se precisó que el equipo solicitado debería contar con «pantalla táctil a color que muestra gráficas, datos numéricos, alarmas priorizadas en tiempo real y los diferentes modos ventilatorios seleccionados para un adecuado tratamiento».

Ahora, el 8 de mayo pasado, el responsable del Hospital General de Zona 1, el subdirector médico, el jefe de Conservación y el de Control de Bienes de esa institución levantaron un Acta de administrativa de Rechazo de Bienes por las fallas, los daños y porque el equipo no correspondía con las características técnicas acordadas.

Fuentes en el IMSS confirmaron a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que se entregó el producto pero cuando se inició el proceso de revisión detectaron que los ventiladores no cumplieron al 100 por ciento con las especificaciones técnicas, por lo que los 31 millones de pesos aún no se pagaban.

Recordemos que fue MCCI quien dio a conocer que el pasado 30 de abril el IMSS firmó un contrato para la adquisición de 20 ventiladores a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett.

Comuneros y abogados del poblado Salazar, en el Estado de México, aseguran que León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), intentó extorsionarlos para que le permitieran tomar posesión de terrenos a cambio de la libertad de ocho personas de la comunidad, que más tarde fueron consideradas presos políticos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de una nueva investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se obtuvo los testimonios de cinco personas que estuvieron presentes en dichas reuniones en el 2018.

Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, sus abogados y otros compradores de predios se reunieron con ellos en 2018 para intentar dirimir una controversia sobre tierras comunales en el Estado de México. La oferta del hijo del director de CFE, aseguran esos testigos, era despojarlos de sus tierras a cambio de que los comuneros quedaran libres.

«Nos citaron para llegar a un convenio que nosotros les firmáramos, pobladores de Salazar, las tierras que ellos habían comprado a cambio de que les daban la libertad a los presos que tenían allá en Almoloya de Juárez”, contó Maribel Becerril, madre de Daneyra Kikey y Yuriko Maribel Becerril, dos de las presas de la comunidad de Salazar.

«Decían que si les dábamos las tierras, si los dejábamos bardar nuestras tierras, él (Bartlett Álvarez) les daba la libertad. que porque él tenía contacto directo con la persona indicada, que tenía detenidas a las personas que estaban allá», añade el testimonio.

Una de las abogadas del caso Salazar, Esther Goujón, lo recuerda así: “Nos chantajeaban, les dejamos libres a su gente a cambio de que nos dejen las tierras. ¿Por qué te vamos a dejar las tierras?”.

Salazar es una zona boscosa en el municipio de Lerma, a 20 kilómetros de Santa Fe en la Ciudad de México, dedicada a la siembra.  La disputa por las tierras empezó en los años setenta cuando la comunidad de Salazar y el Ejido San Mateo Atarasquillo iniciaron un proceso judicial agrario para dirimir a cuál de esas poblaciones corresponden 217 hectáreas.

Sin embargo, no es la única información que este fin de semana salió a la luz sobre los Bartlett. El periodista Carlos Loret de Mola publicó en The Washington Post que, la casa  que fungió como sede del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue propiedad de la empresa Top Real Estate Company, siendo el socio mayoritario de dicha empresa José de Jesús Hernández Torres, colaborador cercano desde hace 49 años de Manuel Bartlett Díaz.

Hernández Torres resulta también ser socio de León Manuel Bartlett Álvarez, en una empresa hotelera llamada Xibalba Resorts ubicada en Cancún, Quintana Roo.

Se trata de la casa ubicada en Chihuahua 216, en la colonia Roma; la empresa Top Real Estate Company, de Hernández Torres, rentó en 2017 la propiedad  a Morena, partido que llevó a triunfo a López Obrador. El contrato fue por un año cuatro meses, fijando un precio de 130,000 pesos mensuales. Posteriormente, el contrato se renovó en 2019 y la renta aumentó a 138,000 mensuales.

Cuando AMLO trasladó sus oficinas a Palacio Nacional al tomar posesión al cargo, el inmueble quedó como centro de operaciones del partido (Morena). La dirigencia de Yeidckol Polevnsky la ocupaba como oficina y después anunció que, para no seguir pagando renta, Morena compraría la propiedad dado el valor simbólico que tenía, «eran las oficinas de López Obrador».

«Este episodio no es una casa más ligada a un funcionario muy cuestionado. El inmueble era la casa de campaña de López Obrador, fue la sede del gobierno electo de México, la oficina del presidente entrante donde se tomaron decisiones centrales sobre el destino del país y se hicieron reuniones de impacto internacional», publica Loret de Mola.

De acuerdo a una nueva investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el dueño de la empresa que fue contratada por el IMSS para surtir 2,500 ventiladores, es de un mexicano residente en Houston, que fue sentenciado en julio de 2017 por haber servido de supuesto testaferro en el fraude millonario de una compañía “fantasma” que engañó a inversionistas estadounidenses e intentó estafar a Pemex,

El pasado 3 de abril, MCCI informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social había contratado a la empresa Levanting Global Servicios SA LLC para surtir miles de ventiladores con los que se atenderá a los enfermos de Covid-19.

Con el argumento de que se vive una emergencia de salud, se realizó una adjudicación directa por un monto de 93 millones de dólares, equivalente a unos 2 mil 223 millones de pesos.

La empresa, que ahora proveerá equipo médico, es una empresa de servicios petroleros que fue constituida el 24 de febrero de 2015 en Missouri City, en la zona conurbada de Houston.

En los registros hasta 2018 de la oficina texana de finanzas aparece como director de la empresa Baldemar Pérez Ríos (también mencionado como Baldemar Ríos), un ingeniero químico que en su currículum asegura que durante varios años trabajó para Petróleos Mexicano, aunque según los registros públicos en nuestro país, no se tiene registro de relaciones comerciales.

Además de Levanting Global, Baldemar Ríos tiene registradas en Texas al menos otras seis empresas de servicios petroleros, la mayoría de las cuales han tenido como domicilio su propia casa en la calle Cedar Creek, en un barrio residencial de Houston.

Una de las empresas ligadas a Baldemar fue inhabilitada en México en 2010 acusada de haber falsificado documentación para obtener un contrato millonario en Pemex.

El 10 de octubre de 2012, Baldemar fue nombrado director ejecutivo de Chimera Energy Corp., la cual resultó ser una empresa presuntamente “fantasma” que había sido creada en Texas para engañar a inversionistas con la mentira de que la compañía estaba cerca de desarrollar una revolucionaria tecnología de extracción de petróleo, según se asienta en la acusación que sobre el caso formuló la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

De acuerdo con la acusación de la SEC, Chimera Energy tenía como único dueño a un empresario de nombre Andrew I. Farmer, quien obtuvo en secreto el control de todas las acciones emitidas en una oferta pública a fines de 2011, luego de lo cual lanzó una agresiva campaña a mediados de 2012 en la que aseguraba que la nueva tecnología permitiría extraer petróleo mediante la tecnología fracking, pero sin dañar el ambiente ni desperdiciar agua.

Esa campaña buscaba elevar el valor de las acciones y, por tanto, sus ganancias.

Según el expediente del caso, Chimera emitió alrededor de tres docenas de comunicados de prensa en un período de dos meses sobre el supuesto desarrollo de la nueva tecnología. Eso permitió que se elevara el valor de las acciones y que Farmer obtuviera ganancias ilícitas por más de 4.5 millones de dólares, refieren los documentos del caso.

Baldemar jugó un papel clave en este fraude. Cuando fue nombrado director ejecutivo de Chimera Energy, en octubre de 2012, aseguró que en los últimos meses había trabajado como consultor de la empresa “para promover nuestra tecnología exclusiva de extracción no hidráulica”.

En uno de los comunicados de prensa, Baldemar dijo que tenía 30 años de experiencia en la industria petrolera, “incluidos varios años como ingeniero químico en Pemex”, y que ya había hecho contactos para aplicar la nueva tecnología en México.

Pemex desmintió los comunicados de Baldemar y negó que estuviera en negociación con Chimera Energy. Con ello, la petrolera mexicana contribuyó en poner al descubierto el engaño. La SEC intervino a finales de 2012 para suspender la negociación de acciones de Chimera e inició una investigación contra el dueño y sus directivos por presunto fraude.

“Charles E. Grob Jr. (uno de los ex directivos) y Baldemar Ríos aprobaron los comunicados de prensa engañosos y operaron Chimera Energy al nivel mínimo necesario para otorgarle a la compañía una apariencia de legitimidad y ocultar la participación de Farmer por completo”, menciona la acusación formulada por la SEC en agosto de 2014 ante una corte federal en Houston.

El 24 de julio de 2017, la SEC informó que el juez del tribunal del distrito sur de Texas había sentenciado a los involucrados en este fraude. Al dueño de Chimera lo condenó a pagar 9 millones de dólares en multas y reparación del daño. Por haber servido como testaferro en Chimera, a Baldemar lo sentenciaron con la prohibición de no volver a desempeñarse como funcionario o director de cualquier empresa emisora de valores.

En México, en otro litigio, la empresa Multiva demandó a Centex Global Energy, por una deuda. En el expediente de este caso de 2012, Baldemar Pérez Ríos aparece como representante legal de esa empresa texana.

En otro procedimiento legal, la empresa Projects and Industrial Products LLC, también dirigida por Baldemar, fue requerida en enero de 2010 a pagar 46 mil 219 dólares por el incumplimiento en que incurrió en la entrega de bienes de un contrato que le había asignado Pemex.

Pese a los antecedentes, el IMSS asignó el contrato a la empresa de Baldemar Pérez, Levanting Global Servicios SA LLC.

“El IMSS los contactó porque ellos (Levanting Global) son representantes de la empresa china Aeonmed”, explicó Carlos Olmos Tomasini, vocero de la empresa y quien fue titular de Comunicación en la Secretaría de Salud en 2009, cuando ocurrió la pandemia de la influenza H1N1.

Beijing Aeonmed Co. es el nombre completo del proveedor chino, uno de los principales fabricantes de ventiladores de uso médico a nivel mundial.

¿Por qué eligieron a Levanting Global si su especialidad son los servicios petroleros?, se le preguntó a Baldemar, a lo que su vocero respondió: “No fue el tema de que sean petroleros, sino que se dio la coyuntura de que ellos trabajan como representantes de empresas chinas, y tenían los contactos para conseguir los ventiladores”.

Aseguró que ya están en proceso de la firma de fianzas y garantías, para que los ventiladores sean entregados a partir de la próxima semana.

“El viernes llega el primer embarque, la próxima semana mil y la próxima mil (más)”, dijo Olmos. “El retraso es porque el IMSS no ha dado el anticipo, porque las afianzadoras están en cuarentena y no hay registro público para las garantías”.

Tras difundirse la investigación de la organización Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), donde señalaban que la filial del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) encargada de la construcción de una obra emblemática de este sexenio, el Tren Maya, reportó gastos en bebidas alcohólicas, cortes finos y hasta mantenimiento de albercas, fue el Fonatur quien desmintió y aclaró dicha información.

La dependencia indicó que su filial, Fonatur-Tren Maya S.A. de C.V., existe desde que Fonatur Operadora Portuaria decidió llevar a cabo un cambio de nombre a Fonatur-Tren Maya S.A. de C.V. ante la Notaría Pública 227 de la Ciudad de México.

Señaló que desde 1992, Fonatur Operadora Portuaria S.A. de C.V. (ahora Fonatur-Tren Maya S.A. de C.V) provee servicios de restaurante y bar en los diversos hoteles que administra en el municipio de Loreto.

«Para llevar a cabo la operación de estos hoteles, Fonatur-Tren Maya S.A. de C.V. procura de los materiales que sirven en los restaurantes y bares que administra. Uno de ellos es el Hotel Desert Inn San Ignacio, que como bien expresa Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en su nota del 24 de marzo, adquirió alimentos y bebidas para dar servicio a sus más de 15 mil huéspedes anuales».

Negó que MCCI haya solicitado un comentario o aclaración para su nota, y aseguró que nunca fueron contactados por el reportero que firma la investigación o por alguna otra persona de la organización.

«Desde Fonatur lamentamos que una institución con fines tan nobles como el combate a la corrupción y a la impunidad se preste a sembrar calumnias y esparcir mentiras que pudieron ser evitadas aplicando estándares periodísticos mínimos», indicó.

Y es que la tarde de ayer, MCCI publicó una investigación en la que afirmó que Fonatura través de una empresa del Estado para el Tren Maya, proyecto prioritario del gobierno federal y que todavía no opera, ha adquirido, entre otras cosas, 80 litros de tequila blanco, 144 botellas de vino tinto cabernet, 144 botellas de vino blanco, y mil 800 cervezas.

Indicó que Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., empresa encargada de las contrataciones para la construcción del Tren Maya, otorgó dos contratos para el “suministro de bebidas alcohólicas para el servicio de bar”.

Los contratos, firmados en mayo y noviembre de 2019, fueron por 102 mil y 115 mil pesos respectivamente, ambos servicios brindados por Rodrigo Martínez Zapien.

Reportó que en mayo de 2019, Fonatur Tren Maya también gastó 242 mil pesos en “suministro de alimentos para el restaurante”, sin especificar a qué restaurante se hace referencia. Se compró Rib Eye, T-Bone, arrachera, callo de hacha, camarón, filete miñón, filete de pescado, 200 kilos de pollo y 250 kilos de tortillas, entre otros productos.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) revelaron este lunes la existencia de una entidad mercantil en Londres de la cual el exdirector de Pemex se hizo accionista mayoritario en plena campaña electoral del 2012.

El hallazgo de una nueva empresa en un lujoso edificio en Londres pone en duda, una vez más, la declaración patrimonial de Emilio Lozoya Austin.

Cuando tomó posesión de su cargo al frente de Petróleos Mexicanos, en diciembre de 2012, declaró ser cofundador de JF Holding SA, una empresa afincada en Luxemburgo, y poseer títulos en tres organizaciones privadas, de las que no aportó nombres.

En registros públicos consta que, además de la compañía de Luxemburgo, Lozoya ha participado en tres empresas más en Alemania, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) le atribuye otra en las Islas Vírgenes Británicas, que supuestamente fue utilizada para la triangulación de sobornos.

La investigación periodística localizó una nueva empresa en Londres, Inglaterra, que no se conocía, y en la que Lozoya se hizo accionista mayoritario en plena campaña presidencial de 2012, cuando fungía como coordinador de vinculación internacional del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

En su declaración patrimonial, Lozoya aseguró que en diciembre de 2012 poseía 4,151 títulos en tres organizaciones privadas, pero tan sólo en la compañía de Londres era poseedor en esos días de 84 mil 825 acciones, según revela la investigación.

Se identificó que la compañía en Londres tenía como domicilio el primer piso del Royal Exchange, el edificio de la antigua bolsa de comercio británica, construido en 1565, y que hoy es uno de los centros comerciales más lujosos del Reino Unido, con joyerías y tiendas exclusivas, como Mont Blanc, Omega, Tiffany, Gucci, Hermés y Bulgari.

Junto a esos establecimientos de lujo se ubicaba la empresa de divisas “Royal Exchange (TEG Capital) Limited”, en la que Lozoya era accionista mayoritario, asociado con empresarios ingleses.

La mencionada empresa se fundó el 8 de agosto de 2011, pero fue hasta el 6 de junio de 2012 cuando Lozoya se incorporó como accionista, de acuerdo con los documentos obtenidos por MCCI y OCCRP.

Aquel día, los socios de la compañía acordaron ampliar a 100 mil el número de acciones clase A, de las cuales Lozoya adquirió el 84% con valor de sólo 100 libras esterlinas (unos 2,100 pesos de entonces), con lo que se convirtió en el dueño mayoritario.