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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió ayer con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, con quien abordó los planes y prioridades del sector empresarial para 2022.

En un mensaje en Twitter, el CCE dijo que López Obrador y Salazar celebraron un reunión de trabajo. «En un ambiente de cordialidad, conversaron sobre los planes y prioridades del CCE para el 2022, así como de las opciones de colaboración entre el sector público y privado para lograr una pronta reactivación de la economía», apuntó el organismo.

Antes de que se diera la reunión, ayer en su conferencia matutina, AMLO agradeció al sector empresarial su apoyo para impulsar el desarrollo del país.

«El mensaje a los empresarios es también agradecerles por su apoyo en el desarrollo del país. No podríamos sacar adelante a México sin la participación de los empresarios, de los pequeños, de los medianos y de los grandes», dijo López Obrador.

En ese sentido afirmó que los empresarios han tenido de parte de su gobierno «facilidades para invertir, para crear empleos y para obtener ganancias lícitas, razonables. No se pueden quejar de que se les ha afectado a los empresarios. Una cosa es lo político, lo ideológico, y otra muy distinta es la realidad económica».

En su conferencia de fin de año, Salazar Lomelín aceptó que la economía mexicana creció, aunque dijo que fue a tasas pequeñas. «(Vemos) una economía creciendo a tasas relativamente pequeñas. Una inversión que no se alcanza a recuperar», dijo a medios.

Sin embargo, ha habido algunos roces entre el gobierno federal y los empresarios; entre las más recientes, a inicios de noviembre pasado, el CCE consideró que el gobierno federal «ataca sin razón» al sector privado y calificó de «práctica perversa» denostar a las empresas que invierten en México y generan empleos.

Hoy, el presidente López Obrado confirmó que en la reunión de ayer se habló sobre un nuevo paquete de inversión público-privada; adelantó que la Secretaría de Hacienda y el CCE ya están trabajando en ello, el cual se conocerá antes de que finalice este mes.

«Estamos preparando paquete de inversión con participación pública y privada y lo está trabajando la Secretaría de Hacienda con CCE, Carlos Salazar, ese fue el motivo del encuentro de ayer, porque en unos días más se va hacer presentación de esta propuesta», declaró AMLO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió esta mañana el apoyo de su gobierno a Pemex, que anunció hace unos días la Secretaría de Hacienda, por unos 20,000 millones de dólares para ayudar a disminuir su deuda.

El pasado 8 de diciembre, la agencia calificadora Moody’s calculó que el gobierno federal había apoyado en 2021 a Pemex con unos 19,000 millones de dólares entre inyecciones de capital, reducción fiscal y pagos de deuda, lo cual permitirá a la paraestatal más endeudada del mundo reducir su deuda en 20,000 millones de dólares entre 2021 y 2023.

El presidente aceptó tener conocimiento de este movimiento, pero dijo que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que detalle la maniobra cuando concluya. Defendió que todo lo que se invierta en Pemex es para fortalecer a la hacienda pública.

«No hay que ver a Pemex aparte de lo que es el gobierno de la República. Pemex es una empresa de todos los mexicanos y desde luego tiene que ser apoyada, respaldada por el gobierno federal, que es lo que estamos haciendo», señaló.

El mandatario reafirmó que Pemex es una empresa protegida, apoyada y respaldada por el gobierno, junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que sufrieron el «abandono» en busca de reventarlas para su privatización.

Reprochó que gobiernos anteriores modificaron las leyes para beneficio de privados sobre las empresas públicas, por lo que ahora «debe regularse la balanza». Dijo que actualmente los empresarios están «ayudando mucho» al proceso político y algunos han ofrecido disculpas a la presidencia por los abusos que cometieron en el pasado.

Recordemos que a lo largo de sus años de campaña, López Obrador prometió que iba a rescatar a la empresa.

Sin embargo, la petrolera perdió 4,936 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2021 después de perder 21,417 millones de dólares en 2020 en la «peor crisis de su historia», como reconoció la propia compañía.

Pemex es uno de los «exportadores líderes» de crudo, ya que vende 60% de esta materia a varios países, en particular a Estados Unidos y a territorios de Asia, según Moody’s. En los primeros 9 meses de 2021, la compañía produjo un promedio de 1,745 millones de barriles diarios de petróleo crudo.

El presidente prometió a principios de diciembre, en su informe de mitad de sexenio, que Pemex refinaría 1.88 millones de barriles diarios con las seis refinerías existentes, la compra de Deer Park en Houston y la conclusión de la nueva refinería de Dos Bocas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió esta mañana al encuentro que sostuvo ayer con empresarios del país, con quienes dijo, habló con mucha «claridad, franqueza y también con respeto».

El tema principal que dijo abordaron fue el de la industria eléctrica y la reforma que envió al Congreso al respecto. Aseguró que les recordó que en años anteriores se abusaba y se pensaba nada más en los negocios privados, pese a que le fuera mal al país.

«Le puse el ejemplo de los gasoductos, cómo hicieron este jugoso negocio en contra del interés nacional. Engañaron de que iban a construir 12 termoeléctricas y que necesitaban gas para abastecer esas termoeléctricas; entonces, no hicieron las termoeléctricas, pero sí compraron el gas a precios elevadísimos en beneficio de las empresas, hicieron su agosto», dijo AMLO.

Insistió en que los empresarios o «traficantes de influencias» no pensaron en que se le estaba dañando a la hacienda pública y por ende a todos los mexicanos.

Retomó su discurso sobre que algunas empresas en el país pagan menos luz proporcionalmente que lo que paga un consumidor de clase popular o clase media. Dijo que pese a que así lo permitía la ley y así eran las reglas, es mentira que no se pueden cambiar las reglas del juego bajo el argumento de que se daría una mala señal a los inversionistas.

«Pues sí, esas eran las reglas, y es legal porque eran los dueños del país y hacían las leyes a la medida de sus intereses, hasta compraban a legisladores para llevar a cabo sus reformas. De eso hablamos», añadió el presidente.

Y aunque dijo que seguirán dialogando con el fin de llegar a un acuerdo sobre diversos puntos que se contemplan en la reforma eléctrica, López Obrador adelantó que hay cosas en donde el gobierno no cederá.

«De una vez lo adelanto (…) no vamos a ceder; por ejemplo, en lo que tiene que ver con el dominio de la nación sobre el litio, ese mineral estratégico debe ser de la nación, no se puede privatizar», enfatizó.

Dijo que es un tema del que no se está hablando, pero él sabe que es un tema que le importa mucho a quienes se dedican al tráfico de influencia, el litio.

Reiteró que el diálogo que se tendrá se enfocará en la cuestión eléctrica, para buscar los equilibrios que sean necesarios, más no en lo concerniente al litio.

El mandatario intentó matizar y remató asegurando que no todo el que tiene es malvado. «Hay gente que se dedica a invertir, que genera empleos y que merece respeto y va a contar siempre con nuestro apoyo, pero hay otros que son traficantes de influencias, delincuentes de cuello blanco; pero no son todos los empresarios, es una minoría la que se malacostumbró a vivir al amparo del poder público y hacer jugosos negocios con el tráfico de influencias».

Al respecto, Antonio del Valle Perochena. Consejo Mexicano de Negocios (CMN), indicó que el diálogo que se llevó a cabo ayer en Palacio Nacional fue «muy productivo».

El empresario dijo que en el encuentro se privilegió la relevancia de colaborar y trabajar juntos para acelerar la reactivación económica y alcanzar un crecimiento sostenido. Reconoció la labor del presidente para fortalecer los lazos comerciales con Estados Unidos y Canadá, con el fin de convertirse en una alternativa atractiva para los inversionistas que buscan diversificar su exposición al riesgo chino.

Sobre el tema eléctrico, el CMN se limitó a decir que México es un país atractivo para las inversiones gracias al marco normativo que da el T-MEC, aunque dijo, para prosperar en el mediano y largo plazo se requiere de mayor certeza jurídica, especialmente en el sector de energía.

«Coincidimos con el presidente en la importancia de propiciar el diálogo y el intercambio de opiniones para fortalecer al sector eléctrico en nuestro país», remató el empresario.

Los empresarios que visitaron ayer Palacio Nacional fueron: Claudio X. González; Antonio del Valle; Daniel Sertvije, de Grupo Bimbo; Eduardo Trizio, de Grupo Lala; Adrián Sada, de Vitro; Carlos Salazar, del Consejo Coordinador Empresarial; Blanca Treviño, de Softtek, Alejandro Ramírez, de Cinepolis; , Valentín Diez, de Grupo Modelo y Carlos Slim Domit, de Grupo Carso.

SERGIO SARMIENTO

REFORMA

 

El presidente López Obrador dice que ha puesto fin a la guerra contra las drogas y por ello ofrece al crimen organizado abrazos y no balazos. En cambio, está tratando como criminales a científicos, empresarios y opositores.

Se ha vuelto común que la Fiscalía presente acusaciones penales con prisión preventiva (sin fallo de culpabilidad) a personas que el gobierno considera incómodas. Preocupa, sobre todo, cuando estas acusaciones se hacen por delincuencia organizada a personas que no son parte del crimen organizado. Es el caso de científicos y directivos del Conacyt, que los jueces han rechazado procesar pero que siguen en la mira de la FGR; también de empresarios como los hermanos Zaga Tawil, acusados de delincuencia organizada por un tema que, si acaso, debe ser administrativo.

La figura de delincuencia organizada se creó para dar un trato de excepción a criminales extraordinariamente peligrosos. Surgió de la llamada convención de Palermo de diciembre de 2000, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que estableció reglas de excepción para combatir a la Mafia y otras organizaciones que amenazaban o asesinaban a jueces y fiscales. La convención propuso que los países negaran a los miembros del crimen organizado derechos fundamentales como la libertad provisional o el acceso a los expedientes. No se trataba, sin embargo, de eliminar las garantías individuales de todos, solo de los criminales más peligrosos.

México, que siempre tuvo un sistema de justicia que no respetaba las garantías individuales, empezó a construir en este siglo XXI un sistema penal acusatorio más garantista, pero el gobierno de López Obrador dio marcha atrás con la legislación del 8 de noviembre de 2019, que estableció que, a partir del 1 de enero de 2020, los acusados de defraudación fiscal serían considerados por decreto miembros de la delincuencia organizada. La prisión preventiva oficiosa en esas acusaciones fue considerada inconstitucional por la Suprema Corte el pasado 25 de octubre, pero esta no emitido todavía un fallo definitivo.

Es paradójico que el gobierno ofrezca brazos y más magnanimidad a los verdaderos miembros del crimen organizado, mientras utilizan las medidas abusivas del régimen de excepción contra científicos, empresarios y crítico. A los exdirectores del Conacyt se les acusa de delincuencia organizada por haber ejercido recursos de conformidad con la legislación vigente en este momento y que fueron plenamente auditados. A Teófilo Zaga y a su hermano Rafael se les imputa delincuencia organizada por haber recibido una indemnización tras la cancelación de un contrato del Infonavit, indemnización que cumplía con los términos del contrato cancelado y que fue aprobado por el Consejo de Administración de Infonavit. Desde abril de este año, sin embargo, Teófilo Zaga está recluido en el penal de alta seguridad del Altiplano, en Almoloya, con un tratamiento abusivo que supuestamente se reserva para los miembros del crimen organizado.

Nadie pide impunidad. Si los científicos del Conacyt o los hermanos Zaga cometió algún ilícito, que se les juzgue con equidad, acceso a los expedientes y libertad provisional. No deben ser tratados como criminales cuando no lo son, menos si no han sido declarados culpables. El gobierno de México hizo una ley violatoria de los derechos humanos para castigar a los criminales más peligrosos. Es injusto aplicarla a científicos, empresarios y críticos.

CASTIGO AL INE

Los diputados oficialistas borraron 5000 millones de pesos del presupuesto del INEM dejando intacto los recursos de los partidos políticos. al parecer el régimen quiere castigar alimento al INE, para quitarle lo igualado al consejero presidente.

La organización ambientalista Greenpeace señaló que la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abre la posibilidad de regresar al monopolio estatal en el sector, lo que calificó como un «grave error y un retroceso».

Tras un análisis de la iniciativa, llevado a cabo por el especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, Pablo Ramírez, la organización criticó el hecho de que corresponda «exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad».

Esto implica, indica Greenpeace, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica, lo cual cancela definitivamente la posibilidad de desarrollar proyectos de generación comunitaria.

El grupo señaló que la modificación puede tener implicaciones en la generación distribuida, ya que al otorgar al Estado la exclusividad para generación, se cancelaría la posibilidad de que los privados, incluidas las personas en sus casas, puedan generar electricidad, regresando al esquema de monopolio estatal absoluto que existió durante mucho tiempo en el país.

«Esto sin duda sería un grave error y un retroceso en el camino hacia democratizar la energía», apuntó la organización y afirmó que los proyectos de «generación distribuida han servido para combatir inequidades y generar acceso a la energía a sectores de la población que sufrían de pobreza energética».

Ayer, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al Congreso frenar la reforma. Indicó que es muy importante que los legisladores lo tomen en cuenta con altura de miras, no solamente como un compromiso político, sino cuáles son las consecuencias importantes para nuestro país si la reforma del presidente avanza.

Por su parte la Asociación Mexicana de Energía (AME), que agrupa a 17 empresas globales de generación eléctrica, advirtió que las modificaciones pondrían en riesgo la posibilidad de que los mexicanos accedan a energía más limpia y a precios más accesibles e incidirán en las inversiones del sector productivo en general afectando la competitividad de la economía nacional.

«Es labor del Poder Ejecutivo y de los Legisladores buscar la mejora de un sistema eléctrico para beneficio de los mexicanos, pero estos procesos se deben realizar respetando los contratos ya establecidos, en los que las empresas generadoras han invertido miles de millones de dólares», señaló la AME.

Quien también se manifestó al respecto fue la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que indicó que la iniciativa gubernamental cierra la puerta a la competencia y podría generar desabasto, apagones y tarifas cada vez más caras para las familias mexicanas.

«La cancelación de los permisos y los contratos existentes vulnerará el Estado de Derecho, impactará en la competitividad y perjudicará las inversiones», agregando que la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y la reincorporación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a la CFE eliminará la competencia y aumentará las ineficiencias del mercado.

La confederación recordó que en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) las autoridades mexicanas están obligadas a mantener organismos reguladores autónomos que brinden la certidumbre necesaria para la participación privada en los sectores estratégicos.

Recordemos que el presidente López Obrador envió la semana pasada al Congreso su iniciativa de reforma para establecer que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga el 54% del mercado de generación en el país, regular contratos con empresas privadas y suprimir los reguladores autónomos. El 46% restante se va a conservar para las empresas particulares para que haya «una auténtica y una verdadera competencia».

Morena y aliados no cuentan con los votos necesarios para aprobar reformas, por lo que necesitará negociar con la oposición. En Diputados, la bancada de la 4T tiene únicamente 277 votos de los 333 que necesita.

La principal apuesta es obtener esos votos de la bancada priista, que cuenta con 71 votos. Hasta ahora el tricolor ha dicho que dada la importancia del tema se requiere de un profundo análisis y debate público, sin rechazar su apoyo a la propuesta de AMLO como sí lo ha hecho el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano.

El PAN y el PRD han manifestado al tricolor su preocupación al no haber cerrado filas en contra de la iniciativa de reforma eléctrica. Recordemos que estos tres partidos se presentaron en las pasadas elecciones en una alianza opositora.

Los partidos pidieron al PRI homologar criterios para mantener la alianza, y no poner en riesgo la viabilidad del bloque opositor.

El gobierno de la Ciudad de México presentó el ‘Plan de Reactivación Económica’ para la capital, el cual se basa en 10 ejes, y que cuenta con la participación de la Iniciativa Privada.

La Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que este Plan busca reactivar las actividades económicas con responsabilidad, apoyado en acciones específicas y la operación eficiente de los servicios públicos de salud, que contempla la atención hospitalaria y vacunación contra COVID-19.

«Es momento de ‘Reactivar sin Arriesgar’ la recuperación económica, cultural, social y educativa con responsabilidad de todos y de todas (…) en este momento, lo que necesitamos son acciones extraordinarias frente a retos extraordinarios; a los sectores económicos, culturales, sociales, a todos e incluso, políticos, les quiero proponer que hagamos y pongamos por encima de todos el interés de la ciudad, en particular de los que menos tienen. Hay que poner en marcha a la ciudad y podemos hacerlo ‘Activando sin Arriesgar’ con la participación del gobierno, pero principalmente necesitamos de la participación de la iniciativa privada”, expresó.

Sheinbaum Pardo resaltó  aun con la pandemia y el repunto de contagios que se han registrado en las últimas semanas, ya no es opción el cierre de actividades económicas. Por el contrario, dijo, lo que se debe hacer es aplicar con mayor velocidad la vacunación y que la ciudadanía aprenda a llevar una vida saludable.

El Plan de Reactivación Económica de la Ciudad de México contempla 10 ejes:

  • Garantizar la vacunación para todas y todos
  • Apoyo al ingreso de las familias y las MiPymes
  • Inversión pública en movilidad, agua e infraestructura social
  • Acciones emergentes para la reactivación de la construcción
  • Impulso proyectos estratégicos con privados
  • Reactivación turística y cultural
  • Impulso Vallejo-i
  • Reactivación del Centro Histórico
  • Economía Circular y energías limpias
  • Ciudad Segura.

La secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar, explicó que dicho Plan, afirmando que tiene como objetivo generar mejores condiciones y oportunidades para que la ciudadanía se integre en el corto plazo a la actividad económica, partiendo de la protección de la salud como base fundamental de todas las acciones.

Entre las acciones destacó que se espera que el 100% de la población mayor de edad esté vacunada con su esquema completo para octubre de este año.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), Nathan Poplawsky Berry, reiteró el compromiso del sector empresarial para trabajar de manera conjunta y solidaria con el gobierno capitalino con una estrategia basada en cuatro pilares: cultura, gastronomía, entretenimiento y turismo de negocios, incluido el regreso paulatino y responsable de los congresos y convenciones.

El presidente de Grupo Kaluz, Antonio Del Valle Perochena, informó que el apoyo a las familias, a las micro, pequeñas y medianas empresas ha sido fundamental para enfrentar la pandemia y que las acciones del Plan contribuirán a fortalecer la capacidad de recuperación económica en la Ciudad de México mediante la generación de empleos y acciones para el bienestar de la población.

El presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Enrique Téllez Kuenzler, explicó que se trabaja en conjunto con el gobierno capitalino para poner en marcha 24 proyectos estratégicos que van desde hospitales, escuelas, usos mixtos habitacionales, comerciales y de oficinas, mismos que permitirán reactivación económica.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró este viernes la reforma a la ley que permite la eliminación de la subcontratación a los trabajadores del país, pues dijo, se podrá poner fin a los abusos que se cometieron por años.

«Es un muy buen acuerdo, una muy buena noticia», manifestó el mandatario durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Indicó que con estas reformas se logra hacer a un lado «la simulación», ya que dijo, la subcontratación que en casi todos los casos se llevaba a cabo para no reconocerle derechos a los trabajadores.

A inicios de semana, luego de un proceso largo de discusión, el Senado aprobó el proyecto que reforma diversas leyes de subcontratación laboral o «outsourcing» en el sector privado y público. El mandatario explicó que fueron ocho las leyes que se modificaron.

López Obrador puntualizó que esta ley aplicará en el sector privado y público, por lo que «ya no habrá subcontratación en el gobierno», esto pese a que en recientes semanas el gobierno federal ha asignado contratos a empresas de subcontratación, como el que asignó para la limpieza de Palacio Nacional.

Sobre el reparto de utilidades, el mandatario dijo que si se cuida que la ley se aplique se repartirán mayores utilidades que ascienden a más de 154,000 millones de pesos.

Adelantó que la reforma se publicará hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que las empresas tendrán 90 días para regularizarse.

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, comentó que se logró un acuerdo histórico en la materia entre los sectores, por lo que se elimina la subcontratación ilegal y se entregarán hasta 90 días por el concepto de reparto utilidades.

Explicó que con la práctica de la subcontratación, además de violentar los derechos de los trabajadores, se dañó a la hacienda pública. «Se tenía una competencia desleal entre las empresas» y había afectaciones a los institutos de seguridad social.

Detalló que con los cambios en la ley se prohíbe la subcontratación de personal. Aunque se autoriza en servicios y obras especializados.

Además, las empresas dedicadas al «outsourcing» deberán contar con un registro obligatorio ante la Secretaría del Trabajo. Asimismo, las empresas que reciben servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores por incumplimiento.

Aunado a ello se evita la simulación fiscal y se endurecerán las sanciones en caso de incumplimiento. Explicó que se estableció un plazo de tres meses para que las empresas se regulen y cada tres años tendrán que actualizar su registro ante la dependencia federal.

Sobre el reparto de utilidades, indicó que se reformó el artículo 127 de la ley Federal del trabajo con lo que se tendrá un incremento de 154% en este rubro y prácticamente todos los sectores se verán beneficiados.

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), resaltó que el acuerdo para eliminar la subcontratación es único y ejemplo de cómo se pueden abordar los problemas del país con diálogo, debate, información y transparencia, logrando las mejores decisiones.

Finalmente, Fernando Salgado, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dijo que es un acuerdo muy importante para el sector porque pone al día los compromisos de derechos de los trabajadores.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó este jueves que durante la sesión anual de planeación estratégica, la Comisión Ejecutiva determinó aplicar la reelección automática de su presidente, Carlos Salazar Lomelí.

Así, el empresario cumplirá con un tercer y último año al frente del organismo, señaló el CCE a través de un comunicado.

Se indicó que los presidentes que conforman el CCE reconocieron el liderazgo y compromiso de Salazar Lomelí al frente del Consejo, lo que los llevó a definir su reelección.

El organismo aprovechó para alertar sobre el rol que el sector empresarial tendrá en los próximos meses en la discusión pública, principalmente en lo relacionado a la reactivación económica por la crisis que dejó la pandemia de COVID-19.

Recordemos que el CCE es el máximo órgano de presentación del sector privado, y agrupa a las 12 organizaciones cúpula empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones y alrededor del 80% el PIB de México.

Entre las organizaciones que lo integran destacan: Concamin, Concanaco-Servytur, Coparmex, Canacintra y la Antad.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen sobre subcontratación laboral, el llamado outsourcing, una propuesta legislativa acordada entre el gobierno federal y los empresarios tras meses de negociaciones.

El documento reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, entre otros puntos.

Con 348 votos a favor, 77 en contra y 32 abstenciones fue aprobado el dictamen que fue remitido al Senado para sus efectos constitucionales.

Entre lo aprobado por la Cámara de Diputados, se prohíbe la subcontratación de personal, para lo cual se derogan las disposiciones que actualmente prevén alguna regulación. También diferencia la subcontratación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante.

Establece que la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito. Además, indica que las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

«Menciona que al patrón que no permita la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento se le notificará por instructivo para que comparezca a exhibir toda la información requerida, apercibido que de no hacerlo se presumirá que no cuenta con ella», se señala en el texto.

Durante la discusión del dictamen, la diputada del PAN, María Cristina Castillo Espinosa, dijo estar a favor de que las y los trabajadores tengan acceso a seguridad social, y de que no existiera engaño con fines de simulación fiscal; sin embargo, alertó que el dictamen fue apresurado y no logró consenso entre los que serán los afectados directos, además de que implica un daño al país, pues aumentará la informalidad; no genera inversión y ni desarrolla fuentes de trabajo.

Por parte del PRI, el diputado Carlos Pavón Campos expresó que el dictamen, lejos de beneficiar a las y los trabajadores, los perjudica al establecer topes máximos de tres meses del reparto de utilidades cuando en muchas ocasiones perciben más que eso; advirtió que beneficia únicamente a las empresas, ya que traerá más inseguridad e informalidad laboral por no cumplir con lo que se tiene que cumplir. «Es meramente recaudatoria», dijo.

Recordemos que el pasado 5 de abril, el gobierno federal, los líderes empresariales y los sindicatos cerraron un acuerdo que limitaba la subcontratación laboral en el país y modificaba el reparto de utilidades para los trabajadores después de tres meses de negociaciones.

La subcontratación fue retomada por López Obrador, quien a finales del año pasado anunció su intención de desaparecer el outsourcing al considerarlo un abuso en contra de los trabajadores, aunque finalmente se acordó regularla en lugar de prohibirla.

Previo a la pandemia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó la existencia de 6,000 empresas que se dedican a la «subcontratación abusiva» y de 5 millones de trabajadores bajo el esquema de «outsourcing».

El gobierno federal, la Iniciativa Privada (IP) y el sector sindical firmaron esta mañana un acuerdo para iniciar «de inmediato» la regularización de trabajadores subcontratados.

Con el acuerdo, se solicitó al Congreso aplazar a 2021 el debate de la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió para limitar dicho modelo de contratación.

El presidente López Obrador anunció en noviembre pasado una polémica reforma que buscaba prohibir la existencia de empresas dedicadas exclusivamente a subcontratar personal bajo la figura del «outsourcing» y solo autorizarla en casos puntuales, lo que generó molestia en la IP.

En el convenio suscrito por el gobierno y los líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), las partes se comprometieron a resolver el abuso de la subcontratación de personal.

«Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal», dijo la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, al leer el documento en la conferencia matutina del presidente.

Detalló que entre los cuatro puntos que conforman el acuerdo está el compromiso de resolver el problema del abuso de subcontratación, por lo que las empresas iniciarán un proceso para regularizar plantillas en el marco de ley. Se discutirá un nuevo esquema de reparto de utilidades según la ley para no subcontratar personal y que la nómina quede bien definida. Se verá el impacto operativo del modelo en las empresas, las cuales pidieron un tiempo de maduración y fijaron para febrero de 2021 la discusión parlamentaria para que en 30 días posteriores a esa fecha se apruebe la iniciativa.

Finalmente, se hizo un llamado a las empresas que manejan nóminas para que dejen de desarrollar prácticas irregulares como dar de baja a trabajadores de manera masiva en el mes de diciembre.

Al retrasar el debate legislativo, se les dará mayor espacio a los patronos para adaptarse a los cambios que se requieren.

La titular de la STPS enfatizó que en el acuerdo se establece que si se detectan irregularidades se procederá administrativa o penalmente contra las empresas.

Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, indicó que el acuerdo logrado con el gobierno y los sindicatos permitirá mejorar la propuesta de ley y «tener el tiempo para adaptar a las empresas de una manera adecuada».

Mencionó que ahora se tiene una visión distinta de lo que se puede hacer a futuro moderando el contrato de empleados en las empresas y mencionó que las empresas siempre estarán en contra de cualquier medida que afecte al trabajador.

«Los empresarios jamás defenderemos cualquier irregularidad», destacó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

AMLO dijo que el acuerdo alcanzado fue fruto de «las solicitudes de diálogo y consulta» para llegar a un acuerdo en torno a la subcontratación y el reparto de utilidades.

Finalmente Carlos Aceves, dirigente de la CTM, reconoció que hay un «outsourcing blanco y uno negro», este ultimo el que ya empezó a despedir obreros para no pagar aguinaldos ni reparto de utilidades y el cual debe ser eliminado.

El gobierno federal propuso al Congreso aplazar para el próximo año el debate de la iniciativa de ley que limita la subcontratación, según una carta entregada por el Ejecutivo a los legisladores y a la que la agencia Reuters tuvo acceso.

En el documento, cuya autenticidad fue confirmada a Reuters por un funcionario y una fuente legislativa, el gobierno solicitó «respetuosamente» a los parlamentarios posponer la discusión legal de la iniciativa hasta febrero, cuando regresan de su receso.

«Ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo este proceso», dice la carta.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció en noviembre que la reforma buscaría prohibir la existencia de empresas dedicadas exclusivamente a subcontratar personal bajo la figura del «outsourcing» y solo autorizar la figura en casos puntuales.

Los líderes gremiales han mantenido varios encuentros con el gobierno sobre el plan, para buscar acuerdos sobre diversos puntos como definir un plazo de entrada en vigor que les permita a las empresas cumplir con lo dispuesto.

López Obrador había instado al Congreso, donde Morena tiene la mayoría, a aprobarlo lo antes posible la iniciativa.

Retrasar el debate en la Cámara de Diputados hasta febrero les daría más espacio a los empresarios para adaptarse.

Cabe señalar que el gobierno y representantes de la Iniciativa Privada se reunieron por última vez la noche del viernes en Palacio Nacional. Ayer, López Obrador dijo en su conferencia matutina que se llegaría a algún tipo de acuerdo en los próximos días y destacó que las conversaciones avanzaban bien. Incluso dijo que habría una nueva reunión la tarde de ayer.

«Estamos en muy buenos términos dialogando con el sector empresarial para que no se afecte a los trabajadores con la subcontratación (…) No existe una oposición de parte de los empresarios, ellos están de acuerdo en que no debe de haber estas injusticias. Lo que ellos quieren es que se pueda diferenciar entre los que necesitan esa subcontratación, por la especialidad de algunas empresas, y los que utilizan este mecanismo para afectar a los trabajadores. Eso es lo que estamos resolviendo», sostuvo el mandatario.

La carta entregada a los legisladores agrega que la discusión de la iniciativa se señalará como preferente para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse y en su caso aprobarse el año entrante.

El hasta ahora coordinador de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, se separa de su cargo, aunque seguirá como principal enlace del gobierno con la iniciativa privada, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

«Alfonso Romo dejará la coordinación de la oficina de la presidencia pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado», dijo López Obrador en un mensaje de Twitter, en el que se añade una fotografía de Romo y él comiendo.

López Obrador dijo que Alfonso Romo aceptó ser parte del gobierno y fungir como funcionario público sólo por tratarse del movimiento que representa.

Resaltó que desde el inicio de la administración, convinieron que Romo estaría 2 años en dicha posición, por lo que dicho plaza se cumplió. El mandatario no reveló quién lo sustituirá en el cargo.

Romo, empresario de 70 años, además de coordinar la oficina presidencial, fungía como enlace de López Obrador con los empresarios del país, con quienes ha tenido una relación difícil durante todo su gobierno.

Antes de Romo otros funcionarios dejaron sus cargos en el gobierno de López Obrador. En julio pasado, Javier Jiménez Espriú renunció como secretario de Comunicaciones y Transportes. En julio de 2019, Carlos Urzúa renunció a la Secretaría de Hacienda, y en mayo de ese mismo año, Germán Martínez, dejó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

«Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo. Nunca olvidaré que fue el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de transformación», dijo AMLO en sus mensajes de Twitter.

Sobre la noticia de la salida de Romo del gobierno federal, el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, reconoció la gestión del empresario, quien dijo, en circunstancias complejas fungió como traductor, interlocutor y factor de distensión.

«Lo más valioso de su paso por el Gobierno, fue el freno a muchas ocurrencias y la contención de los radicales», señaló el líder de la Coparmex.

Este martes se informó sobre la captura de tres presuntos implicados más en el asesinato del empresario francés Baptiste Lormand y su socio mexicano Luis Orozco en la Ciudad de México.

«Gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía de la Ciudad de México, la Policía de Investigación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina, en cateos positivos en dos alcaldías, se aseguró una importante cantidad de botellas de licor de alta gama, armas y se detuvo a 3 personas», informó la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ernestina Godoy.

En otro mensaje en Twitter, Godoy aseguró que no habrá impunidad en el caso de los empresarios asesinados, e indicó que se está avanzando en la investigación.

Recordemos que el empresario francés desapareció el pasado viernes tras abandonar su domicilio. El sábado, los cadáveres de él y su socio aparecieron con las manos atadas en el barrio del Pueblo Magdalena Petlacalco, en la alcaldía Tlalpan.

La tarde de ayer, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, informó en su cuenta de Twitter de la detención de la «primera persona posiblemente relacionada» con la muerte del empresario.

Con las nuevas detenciones, sumarían cuatro las personas que han sido detenidas. Lormand, que además de comercializar vinos se dedicaba al negocio de los restaurantes, fue visto por última vez el pasado jueves en Polanco.

García Harfuch indicó que el asesinado de Lormand y su socio no se  produjo por «secuestro y extorsión» sino por el robo de mercancía, supuestamente de cinco botellas valoradas en 1 millón de pesos.

En una entrevista con Radio Fórmula, afirmó que los asesinos les habrían engañado para robar las botellas de vino. «Hay elementos para confirmar que era un robo de mercancía, robo por medio de engaños (…) Robo de mercancía y los matan. Llevaban botellas con precios muy altos».

Ayer, decenas de personas, en su mayoría integrantes de la comunidad francesa, marcharon en la capital para pedir justicia por el crimen. El destino final de la movilización fue la embajada de Francia en México.

El gobierno federal anunció esta mañana el segundo paquete de inversiones que trabajó junto al sector privado, equivalente a 228 mil millones de pesos, en proyectos de infraestructura que buscan reactivar la economía del país luego de la crisis generada por la pandemia de Covid-19.

Se trata del segundo anuncio de inversión entre el gobierno y los empresarios luego de que el 5 de octubre pasado se presentara el primer paquete del plan por un monto de 297,000 millones de pesos.

«Este es el segundo anuncio de inversiones del sector público con el sector privado, es una alianza para la inversión, para el desarrollo, para la creación de empleos», dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su conferencia de prensa matutina.

El plan de inversión incluye 29 proyectos de infraestructura en los sectores de energía, transportes, agua y saneamiento, entre otros.

El titular de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que los 29 nuevos proyectos representan un total de 228,000 millones de pesos. Detalló que 10 de los proyectos ya iniciaron obras por un monto de 43,584 millones de pesos en inversiones.

Ocho de los proyectos incluidos representan 78,494 millones de pesos, y garantizan la conectividad del Aeropuerto Ángeles; también se contempla la construcción de una terminal de gas natural licuado en Ensenada, Baja California, con una inversión de 47,000 millones de pesos.

Según lo informado por Arturo Herrera, el primer proyecto de infraestructura arrancó este mes en el Estado de México.

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), indicó que entre el primer y segundo anuncio de inversiones, que suman 68 proyectos, se generarán entre 370 y 400 mil empleos directos e indirectos.

«Estas acciones ratifican nuestro compromiso de incrementar la dimensión social del empresario, buscando el bienestar de los mexicanos”, añadiendo que es la acción más importante para la recuperación del empleo en el país.

Puntualizó que la inversión de estos proyectos distribuidos en todo el país representa una inversión del 2.3% del PIB, alcanzando la cifra en inversión en infraestructura más alta en los últimos años. Aseguró que dichas inversiones impactarán en la vida y bienestar de las personas.

Un segundo paquete de inversiones en infraestructura desarrollado entre el gobierno federal y el sector privado tendrá un valor de cerca de 200,000 millones de pesos, dijeron dos fuentes familiarizadas con el tema a la agencia Reuters.

La segunda entrega de este paquete llega luego del anuncio que hicieran a inicios del mes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y representantes de la iniciativa privada por un monto de 297,000 millones de pesos.

El nuevo paquete de inversiones supondría un nuevo acercamiento en la relación de el sector empresarial y el presidente López Obrador, que había sufrido desencuentros meses atrás.

Recordemos que el mandatario dijo a principios de noviembre que pronto se revelaría el próximo paquete de inversiones respaldadas por el sector privado.

Este martes, Carlos Salazar, titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien es uno de los involucrados en redactar el paquete de inversiones, indicó que podría ser la próxima semana cuando se esté presentando, aunque el anuncio anterior tuvo varios días de retraso.

Las inversiones que se proyectan deberían tener un valor de entre 170,000 y 200,000 millones de pesos, aunque aún se están ultimando los detalles, dijeron las dos fuentes consultados por Reuters.

Adicional, adelantaron que un tercer paquete de inversiones podría estar listo a principios de febrero.

Entre los elementos que serían incluidos en dichos paquete se encuentra uno de los mayores proyectos del sector energético con financiación privada: la planta de exportación de gas natural licuado de la estadounidense Sempra Energy por 2,000 millones de dólares cerca del puerto Ensenada.

Sempra dijo la semana pasada que seguía adelante con el proyecto, que se retrasó mientras la empresa esperaba que el gobierno otorgara el permiso requerido; pero Sempra ahora lo tiene, dijeron dos fuentes de la compañía.