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El gobierno federal, la Iniciativa Privada (IP) y el sector sindical firmaron esta mañana un acuerdo para iniciar «de inmediato» la regularización de trabajadores subcontratados.

Con el acuerdo, se solicitó al Congreso aplazar a 2021 el debate de la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió para limitar dicho modelo de contratación.

El presidente López Obrador anunció en noviembre pasado una polémica reforma que buscaba prohibir la existencia de empresas dedicadas exclusivamente a subcontratar personal bajo la figura del «outsourcing» y solo autorizarla en casos puntuales, lo que generó molestia en la IP.

En el convenio suscrito por el gobierno y los líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), las partes se comprometieron a resolver el abuso de la subcontratación de personal.

«Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal», dijo la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, al leer el documento en la conferencia matutina del presidente.

Detalló que entre los cuatro puntos que conforman el acuerdo está el compromiso de resolver el problema del abuso de subcontratación, por lo que las empresas iniciarán un proceso para regularizar plantillas en el marco de ley. Se discutirá un nuevo esquema de reparto de utilidades según la ley para no subcontratar personal y que la nómina quede bien definida. Se verá el impacto operativo del modelo en las empresas, las cuales pidieron un tiempo de maduración y fijaron para febrero de 2021 la discusión parlamentaria para que en 30 días posteriores a esa fecha se apruebe la iniciativa.

Finalmente, se hizo un llamado a las empresas que manejan nóminas para que dejen de desarrollar prácticas irregulares como dar de baja a trabajadores de manera masiva en el mes de diciembre.

Al retrasar el debate legislativo, se les dará mayor espacio a los patronos para adaptarse a los cambios que se requieren.

La titular de la STPS enfatizó que en el acuerdo se establece que si se detectan irregularidades se procederá administrativa o penalmente contra las empresas.

Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, indicó que el acuerdo logrado con el gobierno y los sindicatos permitirá mejorar la propuesta de ley y «tener el tiempo para adaptar a las empresas de una manera adecuada».

Mencionó que ahora se tiene una visión distinta de lo que se puede hacer a futuro moderando el contrato de empleados en las empresas y mencionó que las empresas siempre estarán en contra de cualquier medida que afecte al trabajador.

«Los empresarios jamás defenderemos cualquier irregularidad», destacó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

AMLO dijo que el acuerdo alcanzado fue fruto de «las solicitudes de diálogo y consulta» para llegar a un acuerdo en torno a la subcontratación y el reparto de utilidades.

Finalmente Carlos Aceves, dirigente de la CTM, reconoció que hay un «outsourcing blanco y uno negro», este ultimo el que ya empezó a despedir obreros para no pagar aguinaldos ni reparto de utilidades y el cual debe ser eliminado.

El gobierno federal propuso al Congreso aplazar para el próximo año el debate de la iniciativa de ley que limita la subcontratación, según una carta entregada por el Ejecutivo a los legisladores y a la que la agencia Reuters tuvo acceso.

En el documento, cuya autenticidad fue confirmada a Reuters por un funcionario y una fuente legislativa, el gobierno solicitó «respetuosamente» a los parlamentarios posponer la discusión legal de la iniciativa hasta febrero, cuando regresan de su receso.

«Ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo este proceso», dice la carta.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció en noviembre que la reforma buscaría prohibir la existencia de empresas dedicadas exclusivamente a subcontratar personal bajo la figura del «outsourcing» y solo autorizar la figura en casos puntuales.

Los líderes gremiales han mantenido varios encuentros con el gobierno sobre el plan, para buscar acuerdos sobre diversos puntos como definir un plazo de entrada en vigor que les permita a las empresas cumplir con lo dispuesto.

López Obrador había instado al Congreso, donde Morena tiene la mayoría, a aprobarlo lo antes posible la iniciativa.

Retrasar el debate en la Cámara de Diputados hasta febrero les daría más espacio a los empresarios para adaptarse.

Cabe señalar que el gobierno y representantes de la Iniciativa Privada se reunieron por última vez la noche del viernes en Palacio Nacional. Ayer, López Obrador dijo en su conferencia matutina que se llegaría a algún tipo de acuerdo en los próximos días y destacó que las conversaciones avanzaban bien. Incluso dijo que habría una nueva reunión la tarde de ayer.

«Estamos en muy buenos términos dialogando con el sector empresarial para que no se afecte a los trabajadores con la subcontratación (…) No existe una oposición de parte de los empresarios, ellos están de acuerdo en que no debe de haber estas injusticias. Lo que ellos quieren es que se pueda diferenciar entre los que necesitan esa subcontratación, por la especialidad de algunas empresas, y los que utilizan este mecanismo para afectar a los trabajadores. Eso es lo que estamos resolviendo», sostuvo el mandatario.

La carta entregada a los legisladores agrega que la discusión de la iniciativa se señalará como preferente para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse y en su caso aprobarse el año entrante.

El hasta ahora coordinador de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, se separa de su cargo, aunque seguirá como principal enlace del gobierno con la iniciativa privada, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

«Alfonso Romo dejará la coordinación de la oficina de la presidencia pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado», dijo López Obrador en un mensaje de Twitter, en el que se añade una fotografía de Romo y él comiendo.

López Obrador dijo que Alfonso Romo aceptó ser parte del gobierno y fungir como funcionario público sólo por tratarse del movimiento que representa.

Resaltó que desde el inicio de la administración, convinieron que Romo estaría 2 años en dicha posición, por lo que dicho plaza se cumplió. El mandatario no reveló quién lo sustituirá en el cargo.

Romo, empresario de 70 años, además de coordinar la oficina presidencial, fungía como enlace de López Obrador con los empresarios del país, con quienes ha tenido una relación difícil durante todo su gobierno.

Antes de Romo otros funcionarios dejaron sus cargos en el gobierno de López Obrador. En julio pasado, Javier Jiménez Espriú renunció como secretario de Comunicaciones y Transportes. En julio de 2019, Carlos Urzúa renunció a la Secretaría de Hacienda, y en mayo de ese mismo año, Germán Martínez, dejó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

«Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo. Nunca olvidaré que fue el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de transformación», dijo AMLO en sus mensajes de Twitter.

Sobre la noticia de la salida de Romo del gobierno federal, el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, reconoció la gestión del empresario, quien dijo, en circunstancias complejas fungió como traductor, interlocutor y factor de distensión.

«Lo más valioso de su paso por el Gobierno, fue el freno a muchas ocurrencias y la contención de los radicales», señaló el líder de la Coparmex.

Este martes se informó sobre la captura de tres presuntos implicados más en el asesinato del empresario francés Baptiste Lormand y su socio mexicano Luis Orozco en la Ciudad de México.

«Gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía de la Ciudad de México, la Policía de Investigación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina, en cateos positivos en dos alcaldías, se aseguró una importante cantidad de botellas de licor de alta gama, armas y se detuvo a 3 personas», informó la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ernestina Godoy.

En otro mensaje en Twitter, Godoy aseguró que no habrá impunidad en el caso de los empresarios asesinados, e indicó que se está avanzando en la investigación.

Recordemos que el empresario francés desapareció el pasado viernes tras abandonar su domicilio. El sábado, los cadáveres de él y su socio aparecieron con las manos atadas en el barrio del Pueblo Magdalena Petlacalco, en la alcaldía Tlalpan.

La tarde de ayer, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, informó en su cuenta de Twitter de la detención de la «primera persona posiblemente relacionada» con la muerte del empresario.

Con las nuevas detenciones, sumarían cuatro las personas que han sido detenidas. Lormand, que además de comercializar vinos se dedicaba al negocio de los restaurantes, fue visto por última vez el pasado jueves en Polanco.

García Harfuch indicó que el asesinado de Lormand y su socio no se  produjo por «secuestro y extorsión» sino por el robo de mercancía, supuestamente de cinco botellas valoradas en 1 millón de pesos.

En una entrevista con Radio Fórmula, afirmó que los asesinos les habrían engañado para robar las botellas de vino. «Hay elementos para confirmar que era un robo de mercancía, robo por medio de engaños (…) Robo de mercancía y los matan. Llevaban botellas con precios muy altos».

Ayer, decenas de personas, en su mayoría integrantes de la comunidad francesa, marcharon en la capital para pedir justicia por el crimen. El destino final de la movilización fue la embajada de Francia en México.

El gobierno federal anunció esta mañana el segundo paquete de inversiones que trabajó junto al sector privado, equivalente a 228 mil millones de pesos, en proyectos de infraestructura que buscan reactivar la economía del país luego de la crisis generada por la pandemia de Covid-19.

Se trata del segundo anuncio de inversión entre el gobierno y los empresarios luego de que el 5 de octubre pasado se presentara el primer paquete del plan por un monto de 297,000 millones de pesos.

«Este es el segundo anuncio de inversiones del sector público con el sector privado, es una alianza para la inversión, para el desarrollo, para la creación de empleos», dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su conferencia de prensa matutina.

El plan de inversión incluye 29 proyectos de infraestructura en los sectores de energía, transportes, agua y saneamiento, entre otros.

El titular de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que los 29 nuevos proyectos representan un total de 228,000 millones de pesos. Detalló que 10 de los proyectos ya iniciaron obras por un monto de 43,584 millones de pesos en inversiones.

Ocho de los proyectos incluidos representan 78,494 millones de pesos, y garantizan la conectividad del Aeropuerto Ángeles; también se contempla la construcción de una terminal de gas natural licuado en Ensenada, Baja California, con una inversión de 47,000 millones de pesos.

Según lo informado por Arturo Herrera, el primer proyecto de infraestructura arrancó este mes en el Estado de México.

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), indicó que entre el primer y segundo anuncio de inversiones, que suman 68 proyectos, se generarán entre 370 y 400 mil empleos directos e indirectos.

«Estas acciones ratifican nuestro compromiso de incrementar la dimensión social del empresario, buscando el bienestar de los mexicanos”, añadiendo que es la acción más importante para la recuperación del empleo en el país.

Puntualizó que la inversión de estos proyectos distribuidos en todo el país representa una inversión del 2.3% del PIB, alcanzando la cifra en inversión en infraestructura más alta en los últimos años. Aseguró que dichas inversiones impactarán en la vida y bienestar de las personas.

Un segundo paquete de inversiones en infraestructura desarrollado entre el gobierno federal y el sector privado tendrá un valor de cerca de 200,000 millones de pesos, dijeron dos fuentes familiarizadas con el tema a la agencia Reuters.

La segunda entrega de este paquete llega luego del anuncio que hicieran a inicios del mes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y representantes de la iniciativa privada por un monto de 297,000 millones de pesos.

El nuevo paquete de inversiones supondría un nuevo acercamiento en la relación de el sector empresarial y el presidente López Obrador, que había sufrido desencuentros meses atrás.

Recordemos que el mandatario dijo a principios de noviembre que pronto se revelaría el próximo paquete de inversiones respaldadas por el sector privado.

Este martes, Carlos Salazar, titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien es uno de los involucrados en redactar el paquete de inversiones, indicó que podría ser la próxima semana cuando se esté presentando, aunque el anuncio anterior tuvo varios días de retraso.

Las inversiones que se proyectan deberían tener un valor de entre 170,000 y 200,000 millones de pesos, aunque aún se están ultimando los detalles, dijeron las dos fuentes consultados por Reuters.

Adicional, adelantaron que un tercer paquete de inversiones podría estar listo a principios de febrero.

Entre los elementos que serían incluidos en dichos paquete se encuentra uno de los mayores proyectos del sector energético con financiación privada: la planta de exportación de gas natural licuado de la estadounidense Sempra Energy por 2,000 millones de dólares cerca del puerto Ensenada.

Sempra dijo la semana pasada que seguía adelante con el proyecto, que se retrasó mientras la empresa esperaba que el gobierno otorgara el permiso requerido; pero Sempra ahora lo tiene, dijeron dos fuentes de la compañía.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reúne con integrantes del sector empresarial para explicarles y discutir la iniciativa de ley que ya envió a la Cámara de Diputados para acabar con el mecanismo de subcontratación, el llamada outsourcing.

«El propósito es que no se abuse de la subcontratación, que se especifique en qué condiciones se puede llevar a cabo la subcontratación, en actividades que lo requieran. Y en el resto de actividades, lo que tiene que ver claramente con la relación de patrones y trabajadores, empresas y trabajadores, ahí no permitirlo para que no se les quiten prestaciones a los trabajadores, porque el contratarlos por tiempo determinado implica que el trabajador no tenga ninguna seguridad en lo social, no se le den prestaciones», explicó el mandatario.

AMLO insistió en que muchas empresas, cuando se le tiene que entregar a los trabajadores aguinaldo y otras prestaciones como las utilidades, despiden a sus trabajadores para evitar dichos pagos, y los vuelven a contratar a inicios de año.

El presidente acusó que la reforma laboral del 2012 se hizo durante el periodo neoliberal y se justificó de que, con dicho esquema, la empresa se iba a dedicar sólo a producir o a prestar servicios y que iban a tener la opción de contratar a una empresa para que se hiciera cargo de toda la relación laboral.

Sin embargo dijo, con el paso del tiempo se ha demostrado que dicha reforma significó un abuso, pues creció mucho el número de trabajadores que están bajo el sistema de subcontratación.

López Obrador dijo que se está haciendo una revisión para que no se den irregularidades, pues aunque sus detractores dicen que al prohibir la subcontratación se van a perder empleos, no tiene caso promover empleos mal pagados. Fue en ese sentido donde dijo que es una vergüenza que el salario en Guatemala, en Belice, en Honduras o en El Salvador sea más elevado que en México.

El mandatario dijo que la subcontratación de acabará en general, aunque justo la revisión que se hará es para ver en qué casos sí hay una justificación para que se mantenga dicho mecanismo. Dijo que el gobierno sí tiene disposición para modificar la iniciativa si es que los empresarios prueban la necesidad, pues de otra forma, no se permitirá el modelo.

López Obrador concluyó diciendo que en el servicio público ya está resuelto el tema, pues no va a haber ninguna subcontratación.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal, ofreció que, cuando llegue la iniciativa presidencial para regular el outsourcing al Senado, ésta se analizará en conjunto con empresarios.

El legislador participó en un encuentro virtual con la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Ahí, explicó que dicha propuesta busca modificar seis ordenamientos jurídicos para regular tres figuras: subcontratación de personal, servicios especializados y obras especializadas y las agencias de colocación.

Dijo que esta propuesta se presenta en un “momento clave” para el país y tendrá “que ver mucho con los empresarios”.

El senador destacó que son las pequeñas y medianas empresas las que día a día ayudan a construir al país. Además, señaló, “nos une el mismo objetivo: que a México le vaya bien. Por eso celebro la oportunidad de dialogar hoy con ustedes”.

Monreal indicó que el objetivo es evitar la evasión de impuestos, de cuotas del IMSS y del Infonavit, así como la defraudación fiscal. Agregó que para que los trabajadores puedan tener seguridad social, salarios reales, recibir utilidades y liquidaciones conforme a la ley.

Ricardo Monreal recordó que en el Senado hay un dictamen aprobado sobre outsourcing; no obstante, “no nos pusimos de acuerdo y por eso no se aprobó el año pasado”, reconoció.

Comentó que se estima que por outsourcing, los trabajadores reciben un porcentaje mucho menor de las utilidades que corresponden. “El porcentaje lo plantean de esa manera, pero te puedo decir que en el Senado avanzamos mucho en este tema”, agregó.

Para el coordinador de los senadores de Morena “todo esto” fue provocado, no por todas las empresas, pues la mayor parte de ellas ha cumplido, pero sí por el abuso de algunos.

Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que la iniciativa de subcontratación que firmó este jueves el presidente López Obrador, tal como está planteada, desalienta la creación de empleos y pone en riesgo miles de puestos de trabajo,

En un comunicado, el CCE dijo que tal como está planteada, la propuesta agravaría la frágil situación económica del país debido al escaso crecimiento y los efectos de la pandemia de Covid-19.

Recordó que, durante 2019, el propio CCE y los organismos que lo conforman participaron en un parlamento abierto llevado a cabo por el Senado mexicano para la discusión de una eventual reforma en materia de subcontratación y se estableció un diálogo directo con las autoridades correspondientes, que asumieron el compromiso de trabajar en conjunto en la futura iniciativa.

«Pero este acuerdo se rompió: la iniciativa presentada no fue consultada y no respeta el consenso alcanzado en el Senado», acusó el CCE.

La cúpula empresarial dijo que la subcontratación irregular, que no cumple con la ley vigente, y priva a los trabajadores de sus derechos, debe erradicarse.

Sin embargo, una regulación altamente restrictiva conllevaría inevitablemente efectos nocivos en la economía: no sólo se perderían empleos, también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones», ya que sectores como la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica y el sector minero, hacen un uso extensivo de esta forma de contratación legal.

Destacaron también que la figura de la subcontratación «permite a las empresas acceder a personal calificado, de forma inmediata».

La cúpula empresarial minimizó este jueves el impacto de la aún incierta elección presidencial de Estados Unidos, al asegurar que están listas para seguir con la política de Donald Trump o adaptarse a la que instauraría el demócrata Joe Biden.

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), descartó mayor presión de un posible Gobierno de Biden en derechos laborales y medioambiente bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

«Si todos cumplimos, y hay una nueva ley laboral y lo único que tenemos que hacer es cumplirla y cumplir con los requisitos ecológicos que ya conocemos, jamás tendremos por qué estar preocupados», afirmó empresarial.

El presidente del CCE previó estabilidad para las empresas mexicanas por la firma del T-MEC, que arrancó el 1 de julio con reglas laborales y ambientales impulsadas por los congresistas demócratas, pese a la incertidumbre que envuelve la elección presidencial en EUA.

«Siempre, cuando me preguntan si esto va a tener mayor presión, yo digo ‘claro que no va a tener presión para el que cumple la ley’, de vez en cuando podrá haber alguien que te acusa de algo, siendo tú una empresa cumplida», enfatizó Salazar.

Destacó que México se consolidó como el primer socio comercial de Estados Unidos de enero a septiembre, al representar 14% del total del intercambio que tiene esa potencia con el resto del mundo.

La importancia del resultado de las elecciones radica en que 69% del producto interno bruto (PIB) mexicano depende del comercio internacional, con 80 % de las exportaciones destinadas a Estados Unidos. Además, en ese país viven 38 millones de mexicanos que este año se espera envíen 40,000 millones de dólares en remesas, cerca de 3.8% del PIB.

El 51% de los empresarios mexicanos cree que la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos es más conveniente para México que una posible victoria de Joe Biden, al que apoyaron el 33% de los consultados, según una encuesta publicada este martes por la empresa Vestiga Consultores.

Sin embargo, el 60% de los 891 accionistas y directores generales participantes en el estudio consideraron que Biden tiene la probabilidad más alta de vencer en los comicios del próximo 3 de noviembre, por un 35% que otorga más posibilidades a Trump.

El socio director de Vestiga, Sergio Díaz, consideró que este apoyo mayoritario a Trump parece un cambio “virtualmente dramático con respecto a la atmósfera de incertidumbre, amenaza y confrontación que prevaleció hacia México por parte del entonces candidato y después presidente electo Donald Trump en el proceso de 2016″.

Díaz destacó como motores de este cambio la «renegociación exitosa» del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que Trump no ha «afectado económica o políticamente a México» y su relación «muy positiva» con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Esos factores han podido influir también en la consideración mayoritaria (53%) entre los empresarios de que una reelección de Trump convendría más a sus intereses de negocio, una preferencia que llega al 69% en las empresas del sector exportador y en los estados fronterizos el 72% de los encuestados compartieron esa percepción.

Solo el 31% de los empresarios consultados consideraron que una victoria de Joe Biden favorecería a sus intereses de negocio; 13% no manifestaron una preferencia.

La encuesta de Vestiga Consultores se realizó en 891 empresas de México pequeñas, medianas y grandes de todos los sectores por vía telefónica entre los días 23 de septiembre y 9 de octubre.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó esta mañana la firma de un convenio con la iniciativa privada, para ampliar la inversión en proyectos de infraestructura, energía y comunicaciones, con el fin de ayudar a la recuperación económica del país, luego del golpe que ha generado la pandemia de Covid-19.

El mandatario aseguró que dicho convenio se traducirá en generación de empleos y bienestar para la población, esto luego de los efectos que dejó la emergencia sanitaria.

“Estamos trabajando de manera conjunta el sector público, el social y el privado, los tres motores que se requieren para reactivar la economía. Es muy importante que sepamos que el sector público no podría solo reactivar la economía como se necesita», reconoció AMLO.

El mandatario agradeció a los empresarios su apoyo «eficaz y sincero” para impulsar el desarrollo de México, y que permitirán enfrentar los estragos de la pandemia de COVID-19.

Aprovechó para decir que se seguirán garantizando las libertades y en especial el derecho a disentir, pues reconoció que «no tenemos por qué estar pensando lo mismo todos, no puede haber pensamiento único», esto luego de las diferencias que ha tenido con los empresarios.

El acuerdo involucra 297 mil 344 millones de pesos, lo cuales se canalizarán en los diferentes proyectos. Se indicó que en la fase inicial del plan, se arrancará con 39 proyectos en sectores de comunicaciones, energía y medio ambiente.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, detalló que de los 39 proyectos que se consideran, actualmente hay siete en ejecución equivalentes a 38 mil millones de pesos; adicional hay 32 proyectos por 259 mil millones de pesos, de los cuales detalló 156 mil son del sector de comunicaciones, 98 mil en energía y 2 mil millones de pesos en agua y ambiente.

El plan presentado generaría hasta 190,000 empleos, según informó el gobierno esta mañana.

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que la firma del convenio actualiza el plan de infraestructura anunciado en 2019; y coincidió en que se manda un mensaje de que el sector público y el sector privado están unidos buscando el bienestar del país.

Indicó que la certeza y la certidumbre, en las que han insistido en los últimos meses, «regresa» a la la presidencia. Adelantó que un paquete de inversión que se va a ir anunciando paulatinamente.

Detalló que las obras se financiarán, principalmente, con capital privado; expuso que el principal objetivo es promover que la inversión pública y privada llegue al 25% del Producto Interno Bruto a fin de ofrecer una mejor rentabilidad social y económica.

“No me queda más que apreciar otra vez la confianza que se está teniendo en nosotros como vehículos del sector privado para lograr este tipo de acuerdos en bien de nuestro país”, apuntó.

Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), indicó que el acuerdo alcanzado manda un «mensaje de unión y bienestar» para enfrentar los efectos de la pandemia, aunque llamó al gobierno a dar «certeza a los empresarios con reglas claras y estables».

Por su parte el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romoaseguró que con la inversión privada México podrá superar cualquier pronóstico en materia económica.

«La mejor vacuna que tenemos los mexicanos para luchar contra la parálisis económica es la inversión privada…La inversión privada es la esperanza para salir de la crisis porque representa el 80% del total de la inversión del país», sostuvo Romo.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, dio a conocer esta tarde que será el próximo lunes cuando se firme y conozcan detalles del acuerdo que alcanzó la Iniciativa Privada (IP) con el gobierno federal, para apoyar la reactivación económica del país.

El acuerdo consiste en la puesta en marcha de diversos proyectos de infraestructura, entre los que se encuentran algunos relacionados a comunicaciones y transportes, de agua y energéticos..

Así lo confirmó el representante empresarial luego de sostener un acuerdo con el mandatario en Palacio Nacional, donde se revisaron los proyectos que se presentarán el lunes.

«Muy bien. Ya vamos a tener un anuncio, el próximo lunes (…) el lunes vamos a hablar. Hay de todo, hay proyectos de todo tipo, es una buena cantidad, y creemos que sí va ayudar a la reactivación económica sin duda, va ser un cambio importante en la tendencia que llevamos», declaró Carlos Salazar.

El presidente del CCE afirmó que la IP se siente muy motivada con lo alcanzado hasta ahora. Pidió esperar al lunes para conocer detalles.

Indicó que en la reunión de hoy, la intención era evaluar los proyectos, y decidir si eran viables o no. Al respecto, dijo que todos los proyectos que se revisaron de nueva cuenta con el gobierno son viables.

Por su parte Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, indicó que más allá del número de  proyectos que se anunciarán el lunes, como parte de la primera etapa, lo importante del acuerdo es el mecanismo que se implementará y que permitirá que se vayan sumando nuevos proyectos.

«A través del mecanismo se van a ir incorporando cada vez más proyectos de mediano y de largo plazo», indicó el también empresarios, adelantando que habrá proyectos cien por ciento privados y otros de participación público-privada.

El acuerdo se presentará con más de tres semanas de retraso, ya que el presidente López Obrador aseguró el pasado 7 de septiembre que sería presentado a más tardar el día 15 de mes.

AMLO adelantó que el acuerdo equivalía a más de 44,300 millones de dólares, e incluía casi 150 proyectos en los sectores de transporte, telecomunicaciones, servicios básicos y turismo en una primera etapa. Para una segunda fase, se consideran proyectos del sector energético y de salud.

La industria de alimentos y bebidas está enfrentando este 2020, uno de los años más difíciles en nuestro país.

Organismos empresariales sostienen que la solución para combatir los problemas de salud como la obesidad y el sobrepeso no está en la aplicación de políticas prohibitivas, punitivas e insensibles. Por el contrario, han hecho un llamado a las autoridades a escuchar y revisar las inquietudes de los sectores afectados, pues más allá de ser una solución real el imponer impuestos adicionales, advirtieron que instaurar prohibiciones afectará la economía y bienestar de las familias.

No obstante, en México las estrategias han sido distintas; desde 2014 se recuda el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas y otros alimentos de la categoría, y este año, legisladores de Morena impulsaron en Oaxaca y en Tabasco la aprobación de una ley que prohíbe la venta, regalo o suministro de bebidas y alimentos con alta densidad calórica a menores de 18 años.

 

Ante estos hechos, representantes de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, A.C. (ANPEC) y Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Villahermosa y Cárdenas (CANACO), reunieron 20 mil firmas dirigidas al gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, con la intención de impulsar el diálogo y equilibrar, lo que ellos describen como un decreto prohibitivo.

“Los productores y comerciantes de Tabasco trabajamos en la formalidad todos los días para atender a nuestros clientes, vecinos y amigos, siendo el sostén de miles de personas. Nuestra situación económica es muy frágil y esta prohibición es un obstáculo adicional para poder salir adelante. Bajo un falso pretexto de salud, perderemos nuestras fuentes de empleo”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

Sin embargo, ¿es ese el camino que se debe adoptar? ¿Es la única vía para tratar de reducir las cifras de sobrepeso y obesidad?

Algunos casos demuestran que hay otra alternativa. En Holanda, el ministro de Salud, Paul Blokhuis ha indicado que no son claros los resultados o efectos que un impuesto de esta naturaleza tendría en los temas de salud.

El ministerio de Salud de Países Bajos ha coincidido con dicho planteamiento, y recientemente anunció que por el momento el gobierno no contempla imponer un impuesto nuevo a bebidas o alimentos, pues la efectividad de las prohibiciones no ha sido probada.

Estos gobiernos se han opuesto a gravar dichos productos, y han optado por entablar un diálogo con la industria, para encontrar alternativas que ayuden a reducir el consumo de azúcares, y que no se afecte a las empresas productoras y al consumidor final.

Diversos estudios señalan que el consumo de azúcar no es la única causa de sobrepeso, por lo que se han incluido otras medidas en el programa de estilo de vida saludable de los gobiernos. Por ejemplo, la industria de las bebidas en Holanda acordó reducir la cantidad de calorías en los refrescos en un 30% para 2025, en comparación con 2012. Otra opción que se está considerando es la de hacer que los alimentos saludables sean más baratos que los que contienen altos niveles de azúcar y grasas.

Para México es un gran momento para lograr acuerdos entre empresarios y gobierno que vayan más en el sentido de la educación e información para promover una vida saludable y no adoptar el camino de la prohibición.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles una inversión privada de 75,000 millones de pesos para el Programa de Reactivación Económica para el Bienestar, tras la pandemia de Covid-19.

La mandataria local dijo que el objetivo de este plan es la creación de 300,000 empleos.

«Este plan tiene una parte fundamental en 2020 y también es parte del proyecto hacia el 2021», explicó Sheinbaum en conferencia de prensa.

La funcionaria explicó que la inversión privada se dará en los últimos cinco meses de este año y los primeros meses del próximo.

Contó que desde el inicio de la pandemia, en la Ciudad de México se han perdido alrededor de 220,00 empleos, por lo que el objetivo es la creación de empleos que permitan resarcir la perdida de empleos y entrar a un proceso de crecimiento.

«Estamos haciendo una inversión histórica en la ciudad, reorientamos el presupuesto público desde 2019 para, a partir de la disminución del gasto corriente, de la política de Austeridad Republicana y de acabar con la corrupción, reorientamos el presupuesto para los apoyos sociales y también para la inversión pública en infraestructura», puntualizó Sheinbaum Pardo.

La funcionaria señaló que el programa tiene como base 10 ejes que fueron enumerados por la secretaria de Finanzas de la ciudad, Luz Elena González.

Entre estos están los derechos sociales y apoyo a la población, plan de inversión pública, proyectos de construcción de la iniciativa privada y revitalización integral del centro histórico y del corredor industrial Vallejo 1.

Además se buscará impulsar el turismo seguro, la digitalización, la simplificación de trámites y créditos accesibles a micro pequeñas y medianas empresas. Y se apoyarán proyectos estratégicos con inversión privada, como la conexión a la carretera Puebla con un viaducto elevado, la conexión con el Aeropuerto de Santa Lucía y la renovación de la Feria de Chapultepec, entre otros.

También están el aprovechamiento de los residuos urbanos y de la construcción, y empleo temporal Mejorando la ciudad nuestra casa.

Sheinbaum precisó que a lo largo del año su gobierno invertirá un total de 40,000 millones de pesos en apoyos directos y microcréditos, de los cuales 22,250 millones de pesos serán entregados por el Gobierno federal.

Por su parte Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, indicó que tal como se acordó en marzo pasado cuando se reunieron con las autoridades, para atraer inversiones, como un componente más de la estrategia de desarrollo económico de la ciudad, se planteó la necesidad de echar a andar un mecanismo para facilitar y agilizar procesos de inversión, trabajando en cuatro habilitadores: seguridad ciudadana, mejora regulatoria, certeza jurídica e inversión en infraestructura pública.

El empresario dijo que así fue como se llego a los ejes que «vertebran la generación y la confianza que hoy necesitamos», la cual precisó se necesitan no sólo en la Ciudad de México, sino en todo el país.

«En esta crisis nadie puede solo, se requiere de la colaboración y coordinación de todos. La reactivación de la economía no significa sólo reabrir actividades y negocios, implica apoyar a los hogares y personas con situación de vulnerabilidad; apoyar no solamente a las micro, sino también a las pequeñas y medianas empresas; acciones conjuntas, Gobierno e iniciativa privada, para recuperar y sostener los niveles de consumo y, de esta manera, fortalecer la demanda de bienes y servicios; mayor inversión en infraestructura; una reactivación económica que garantice el regreso seguro a las labores», remató el empresario.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, reconoció la mención que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hiciera  en su discurso de esta mañana, sobre la importancia del apoyo que el sector empresarial le ha brindado.

«Lo más importante, como él también lo comentó, es poner la mirada en el porvenir y ver exactamente qué es lo que tenemos que hacer para recuperarnos lo más pronto posible», dijo Salazar en una videoconferencia luego del Segundo Informe de Gobierno de AMLO.

El presidente del CCE respaldó la lucha contra la corrupción del actual Gobierno, aunque lamentó tanto la situación de inseguridad como las cifras «verdaderamente impactantes» que la pandemia de Covid-19 ha dejado en la economía.

López Obrador volvió a insistir en su informe de este martes en que la economía se recuperará en forma de «V», es decir, de inmediato en cuanto se normalice la situación sanitaria, aunque Salazar calificó esa afirmación como prematura.

«Es muy prematuro hoy poderlo decir. Todos quisiéramos que (la recuperación) fuera en forma de ‘V’. Todos los países están intentando buscar mecanismos para recuperarse en forma de ‘V'», consideró.

El representante de los empresarios definió el próximo plan de infraestructura, que ya está «listo para presentarlo» al presidente, como el principal incentivo y el principal estímulo para la recuperación.

«Al plan de infraestructura incluso le hemos dado un poco de proceso y de método. Estamos listos, nosotros ya lo tenemos. Estamos platicando con los miembros del gabinete que tienen que ver con estos proyectos», reveló.

Salazar aseguró que ese plan tendrá también proyectos de energía e incluso explicó que se le ha pedido a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que incluya los que crea oportunos.

Enfatizó que mañana solicitará una cita al presidente López Obrador para poder presentarle el plan, confiando en que a más tardar la próxima semana se pueda dar el encuentro, y así el presidente conozca la propuesta que están haciendo los empresarios.

Sobre lo informado por AMLO acerca de que no se ha adquirido deuda extranjera pese a los estragos de la pandemia, ya que inyectar capital a las grandes empresas es «inmoral», los empresarios reiteraron su recomendación de sí hacerlo.

«Cuando insistimos en la necesidad de la toma de la deuda era para apoyar a las familias mexicanas y para incrementar los programas sociales», aseguró Salazar.

El presidente del CCE se refirió también al ahorro que el gobierno ha obtenido gracias a las medidas de austeridad y el combate a la corrupción.

«No conocemos de dónde sale la cifra, cómo sale. Se ha hablado varias veces de estos ahorros. Nosotros suponemos que se están haciendo porque el Gobierno está siendo enormemente austero», indicó Salazar, a la espera de un informe de Hacienda que detalle este control del gasto.