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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que será esa institución la que resuelva la situación del expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, señalado en una denuncia anónima junto otros funcionarios por posible corrupción y enriquecimiento ilícito.

Mediante un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) apuntó que el pasado 9 de abril, la ministra presidenta de la SCJN y del CJF, Norma Piña, admitió a trámite un escrito anónimo mediante el cual se denunció a Zaldívar y a diversos funcionarios “por la supuesta comisión de conductas que pudieran constituir en faltas administrativas”.

En ese acuerdo, se consideró que el CJF “no tiene competencia para investigar ni sancionar los hechos imputados a un exministro”, por lo que la Unidad de Responsabilidades Administrativas del CJF notificó por oficio a la Suprema Corte.

Como parte del proceso, el pasado 10 de abril, la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN incorporó la denuncia en cuestión a otras que se han presentado en casos distintos y se apuntó que será el Pleno de la Suprema Corte el que resolverá lo conducente.

Además, informó que, por acuerdo de la presidenta del CJF, “se ha iniciado una investigación de oficio ante la filtración de un archivo” que contenía la propuesta de Acuerdo firmado de manera electrónica por el Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, esto, en términos de la normatividad correspondiente.

Esta ha sido una de las principales críticas que ha hecho el exministro, quien ha acusado una revancha política en su contra.

El martes pasado, líderes de Morena anunciaron que buscará un juicio político contra Piña, por abrir una investigación contra el extitular de la Corte, quien recordemos ahora está de lleno en la campaña de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

Morena también indicó que presentará denuncias contra Piña ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de delitos electorales, administrativos y la filtración de información confidencial, entre otros.

En conferencia de prensa el propio Zaldívar denunció en la Cámara de Diputados la enemistad de Piña y su interferencia desde que él se sumó a la campaña presidencial de Sheinbaum.

La semana pasada se viralizó una investigación por presunta corrupción de Zaldívar durante su gestión como presidente de la SCJN entre 2019 y 2022, sobre lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también se ha manifestado; tachó el asunto de una “venganza”.

Tras estos hechos, el exministro advirtió que prepara ocho denuncias y quejas ante diversos organismos como el Poder Judicial, la FGR, el Instituto Nacional Electoral (INE), y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Asimismo, pedirá un juicio político contra Piña en el Congreso, donde la mayoría es del oficialista de Morena con los Partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM).

Agregó que también promoverá ante el Supremo y el Consejo de la Judicatura Federal una denuncia contra Piña por coaccionar y amenazar procesos institucionales como la elección del magistrado presidente del Tribunal Electoral, por reunirse con partidos políticos, filtrar información y no excusarse de un asunto.

El Gobierno de Morelos, a través de la Consejería Jurídica, presentó este miércoles cinco denuncias más ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntas irregularidades detectadas en diferentes dependencias estatales, durante la anterior administración.

Se indicó que una de estas demandas, es de carácter penal contra el ex gobernador Graco Ramírez y otros ex funcionarios de primer nivel.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, detalló que la denuncia presentado en contra del ex mandatario estatal responde a los delitos de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias y posible enriquecimiento ilícito.

Fue el consejero Jurídico, Samuel Sotelo Salgado, quien precisó que se detectaron triangulaciones de operaciones realizadas por funcionarios, que en su momento estuvieron en la administración anterior, con particulares y las empresas BERSO Edificaciones S.A. de C.V. y TEKARQ S.A. de C.V., con las cuales se dispusieron de recursos públicos que afectaron gravemente al erario del Estado.

Las otras cuatro denuncias fueron por irregularidades encontradas en áreas que dependen de las secretarías de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Turismo y Cultura (STyC), Desarrollo Sustentable (SDS) y Desarrollo Agropecuario (Sedagro).

Con las presentadas hoy, suman alrededor de 40 denuncias las que el gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco ha exhibido ante esta Fiscalía contra sus antecesores, además de la presentada por presuntos actos delictivos en contra del ex gobernador e integrantes de su familia, ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

El Congreso de Nayarit aprobó iniciar un proceso de juicio político en contra del exgobernador de la entidad, Roberto Sandoval,  quien es señalado por el presunto desvío de 2,700 millones de pesos, además de enriquecimiento ilícito.

 

 

Tal como se preveía, la bancada del PRI se opuso al juicio contra el militante de su partido. Marcelo Avelino Aguirre, María Fernanda Belloso Calleros, Adán Rivas Casas, Juan Carlos Ríos Lara y Lucio Santana Zúniga fueron los priístas quienes votaron en contra, a quienes se unió el Diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna de Morena.

 

Con dicha resolución, la Comisión Instructora procederá a girar oficios de presentación para el priísta, quien deberá presentar sus alegatos ante el Congreso en un plazo no mayor a 30 días naturales.

 

El congreso también aprobó iniciar juicio político en contra de cuatro de los actuales magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, a quienes se les atribuye atentar contra las instituciones, al otorgar amparos a comerciantes ambulantes de Tepic.

 

Con información de Medios / Foto: Twitter

La organización “Consenso Ciudadano por Querétaro” denunció ante la PGR al precandidato presidencial de PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya Cortés, acusándolo de presuntos actos de enriquecimiento ilícito, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

 

El representante de la organización, Alejandro Olvera Velázquez afirmó que la denuncia busca que se deslinden responsabilidades y se proceda conforme a derecho. Señaló que la acusación nace luego de la información que publicara el diario El Universal, en la que se señalaba a Anaya y a sus colaboradores de diversas irregularidades al frente de una Fundación de la entidad.

 

Olvera Velázquez enfatizó que si Ricardo Anaya quiere ocupar el cargo más importante del país, debe demostrar su transparencia y honestidad.

 

Indicó que es necesario que el panista aclare la procedencia de sus bienes, los cuales han estado en el ojo público desde finales de 2017, cuando el mismo diario difundiera el incremento inexplicable de su patrimonio.

 

Con información de El Universal / Foto: Twitter

La investigación que la Procuraduría General de la República (PGR) sigue en contra del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por supuesto enriquecimiento ilícito durante su administración, involucraría al menos a 10 personas de su círculo más cercano, entre amigos, funcionarios y familiares.

 

La denuncia fue presentada por legisladores como el perredista Guadalupe Acosta Naranjo y Leopoldo Domínguez, lo que dio paso a que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales atrajera la investigación, en la cual se ha detectado que el gobernador tejió una red de cómplice para adquirir bienes inmuebles, caballos, ganado y contratos de obra pública.

 

De acuerdo a los avances de la PGR, todo indicaría a que el patrimonio del gobernador de Nayarit y su grupo cercano no corresponde al de sus ingresos; y estaría relacionando al Sandoval con la fundación RIE, misma que ofrece rehabilitación infantil con equinoterapia, pero que podría fungir como el medio por el cual se realiza la importación de caballos finos.

Adicional se estaría estableciendo un vínculo entre el ex gobernador de Chihuahua César Duarte y Roberto Sandoval, quienes tendrían negocios de comercialización de ganado así como la compra-venta y crianza de caballos, lo que supondría que Sandoval contara con caballerizas “ocultas” en los estados de Nayarit, Jalisco, Querétaro y Colima.

 

 

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO