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La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer que inhabilitó por 20 años a cuatro exdirectivos de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), entre ellos un exdirector general, por causar un daño al erario superior a los 26.5 millones de pesos.

La pérdida se generó al haber suscrito y pagado indebidamente dos contratos para el desarrollo de un evento internacional de astronáutica en 2016.

Las personas inhabilitadas son, según ha trascendido, el exdirector general Francisco Javier Mendieta, dos excoordinadores generales y un exjefe de área.

La Secretaría de la Función Pública señaló que, “de acuerdo con una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) en la AEM, durante la organización del Congreso Internacional de Astronáutica 2016 en Guadalajara, Jalisco, la agencia, creada en 2011, pagó dos veces por la contratación de la sede en la que se realizó el evento”.

Esta doble contratación, detalló la dependencia, ocasionó un daño al erario público de 11,423,346 pesos.

Por otra parte, también se determinó que “en el contrato para la prestación del servicio de audio y video para el evento se incumplió con la normatividad, lo que también ocasionó un daño al erario por 15,113,271 pesos.

“Tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades” del OIC en la AEM “determinó imponer la sanción de inhabilitación por 20 años a un exdirector general, además de multa por 3.8 millones de pesos, puntualizó la titular de la Secretaría, Irma Eréndira Sandoval.

Además, dijo que se sancionó al excoordinador general de financiamiento y gestión de la información en materia espacial y al exdirector de financiamiento, con una multa de 3.8 millones pesos a cada uno; mientras que al excoordinador de investigación científica y desarrollo tecnológico espacial se le aplicó una multa por 15.1 millones de pesos.

Entre los cuatro exfuncionarios sancionados se acumuló una multa de 26.5 millones de pesos; la inhabilitación es para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público por 20 años.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó sobre sanciones de inhabilitación y multas resarcitorias por casi 86 millones de pesos en conjunto a dos ex servidores públicos y uno más en funciones, a quien se destituyó, del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los tres funcionarios fueron señalados de omisión y deficiencia en su desempeño, lo cual llevó a que no se pudieran cobrar créditos fiscales, ocasionando daños al erario público.

En ese sentido, la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, aseguró que se trabaja de manera conjunta y coordinada con el SAT para prevenir y castigar ineficiencias y posibles actos de corrupción en los que pudieran estar involucrados funcionarios públicos.

La dependencia informó que tras una cuidadosa investigación y procedimientos responsabilidades, el Órgano Interno de Control (OIC) en el SAT sancionó con inhabilitación por 10 años y multa total por 56 millones 938 mil 364 pesos a un Subadministrador Local Jurídico, quien también fue destituido, y a una ex Jefa de Departamento de lo Contencioso, adscritos a la ahora Administración Desconcentrada Jurídica de Zapopan, Jalisco.

Al dar seguimiento a una denuncia presentada por la Administración Central de Impuestos Internos del SAT, el OIC determinó que luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la deuda de una persona física, los funcionarios no realizaron las gestiones necesarias para emitir un crédito fiscal, lo que resultó en daño al erario al no poderse recuperar el monto millonario equivalente a la multa impuesta.

En otro caso, luego de una denuncia presentada por la Administración General de Evaluación del SAT, el OIC en el organismo sancionó con inhabilitación por 10 años y multa económica por 28 millones 774 mil 125.18 pesos a un ex Abogado Tributario adscrito a la ahora Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua. Se determinó que, faltando a sus responsabilidades, el exfuncionario público realizó una indebida notificación a una empresa, lo que ocasionó que ya no se le pudiera cobrar un crédito fiscal por la cantidad señalada.

Los gobernadores de la frontera estimaron que el costo inicial para la atención a migrantes retornados a México, que están en espera de que se defina su situación de asilo político en Estados Unidos, es de 100 millones de pesos.

Los funcionarios solicitaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la creación de un fondo extraordinario por dicho monto.

Los gobernadores de Baja California, Sinaloa, Sonora y Chihuahua coincidieron en que dicho fondo servirá para financiar gastos de alojamiento, alimentación y salud, que genera la estancia de los migrantes. A la petición se sumaron también los alcaldes locales.

Santos González Yescas, alcalde de San Luis Río Colorado, alertó sobre la situación apremiante, pues ante el inminente regreso de migrantes a México, su municipio, uno de los principales pasos fronterizos, no tiene cómo atenderlos.

Dijo que aunque existen algunos centros de atención, estos no tienen las condiciones para recibir a tantos.

Por su parte, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, alcalde de Tijuana, afirmó que ahí no hay inconveniente con los migrantes, sino con los recursos del erario tijuanense, pues “debemos solventar la problemática que el gobierno federal nos genera”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reveló que un funcionario público de la anterior administración se realizó una cirugía plástica con cargo al erario público y pidió al cirujano que le modificara la nariz para que se pareciera a la del expresidiente Enrique Peña Nieto.

“Tengo pruebas nada más que no lo puedo decir, por una cuestión de dignidad, precisamente de un alto funcionario que fue a hacerse una cirugía plástica y la esposa le dijo al doctor, ‘déjele la naricita como la del presidente Peña’”, dijo AMLO.

El mandatario señaló que se destinaba mucho dinero para la publicidad del gobierno, así como para la atención médica privada para altos funcionarios que se hacían hasta cirugías plásticas con el dinero del erario, por lo que su gobierno está limitando esos gastos.

López Obrador aseguró que era real esa historia que comentó del alto funcionario, sin embargo, señaló que ya no dará más datos pues no sería correcto.

Indígenas del municipio de Bochil, Chiapas, difundieron en redes sociales el video de una mujer a la que secuestraron hace cinco días y por quien exigen 5 millones de pesos en efectivo provenientes del erario.

En la grabación aparece Nayeli Joana Flores Sánchez atada a un árbol y con leña a sus pies, mientras se escucha a un hombre decir: “A ver cuánto valoran sus familias. Ya le van a echar fuego acá a la leña en sus pies”.

Otro hombre agrega: “Vamos a echar unos cuantos cuetazos para que vea que no estamos jugando el pendejo del Gil”.

Enseguida se escuchan varios disparos, mientras la mujer llora y los indígenas murmullan en su dialecto.

La joven fue secuestrada por unos 50 indígenas armados en una calle de Bochil y luego fue llevada hasta la comunidad Luis Espinosa.

Es cuñada del alcalde de Bochil, Gildardo Zenteno Moreno, a quien los indígenas pretenden presionar para que les entregue recursos públicos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem).

Indígenas de diversas comunidades bajaron a la cabecera municipal para intentar secuestrar al alcalde y presionarlo para que les entregue recursos públicos; sin embargo, al no encontrarlo, se llevaron a la hermana de su esposa.

Otros grupos han marchado para exigir al alcalde que renuncie ante la ingobernabilidad que vive ese municipio desde hace más de un año.

La Fiscalía General de Estado (FGE) informó que inició una carpeta de investigación sobre la privación ilegal de la libertad en agravio de la ciudadana Nayeli Flores Sánchez, en la comunidad Luis Espinosa del municipio de Bochil.

 

La titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Sandra Leticia Robledo, negó un amparo al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, con lo que se ratifica su vinculación a proceso por el delito de peculado por 220 millones de pesos.

La juez consideró que los datos de prueba expuestos por la Fiscalía General de Veracruz son suficientes para establecer la probabilidad de que Duarte de Ochoa y coacusados cometieron, cada uno por sí, un delito.

Robledo indicó que el juez de Xalapa actuó conforme a lo previsto en el artículo 19 Constitucional, porque es correcto que haya clasificado la intervención del exgobernador como autor material de un ilícito y lo haya vinculado a proceso con base en la ley local.

Según la carpeta de investigación, la Fiscalía General de Veracruz acusó a Duarte de haber desviado 220 millones de pesos del presupuesto de la Comisión del Agua local, dinero que nunca se devolvió.

Esto impactó en que no se concluyeran obras de agua potable, saneamiento de aguas y alcantarillado en zonas urbanas, con lo que se acreditó que los recursos no se utilizaron para lo que estaban destinados.

Por ello, se imputó a Duarte de Ochoa y otros coacusados, quienes fueron vinculados a proceso, dentro de la carpeta judicial 56/2017, por el juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa.

La juez Sandra Leticia Robledo Magaña ratificó dicha resolución, pues dijo que el juez en materia oral actuó de manera adecuada.

Estimó que la prisión preventiva es “revisable” en cualquier tiempo, por lo cual, de variar su situación jurídica y estar en aptitud de quedar libre, tiene acceso a solicitar una audiencia para debatir el cambio a otra medida cautelar.

Actualmente, Duarte se encuentra preso en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México donde cumple una sentencia de nueve años de prisión que un juez federal le dictó el 26 de septiembre de 2018 por el delito de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Francisco Valencia, ex director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CEAV) acusado de desviar 435 millones de pesos, abandonó el penal de Pacho Viejo, en Coatepec.

En la audiencia realizada este martes, la juez del caso cambió la medida cautelar impuesta a Francisco Valencia de prisión preventiva, por lo que ahora seguirá su proceso en libertad y tendrá que acudir a firmar a los juzgados cada 15 días.

Apenas el lunes, Mauricio Audirac, ex secretario de Finanzas y Planeación, abandonó el mismo reclusorio.

El secretario de Gobierno estatal, Erick Patrocinio Cisneros, advirtió que podrían salir más ex funcionarios del ex gobernador Javier Duarte porque las carpetas de investigación en su contra estuvieron mal integradas.

“Quienes integraban las investigaciones las hicieron mal porque o había desconocimiento o había chanchullo. Las detenciones fueron un rollo mediático y luego los responsables se dedicaron a negociar con quienes saquearon el erario público”, explicó el funcionario.

De acuerdo con el Secretario de Gobierno veracruzano, se hizo justicia “selectiva”, por lo que el fiscal Jorge Winckler debe ser destituido.

“Hubo justicia selectiva y debe haber justicia para todo y para ello debe ser relevado el fiscal Jorge Winckler, quien tiene al menos cinco denuncias en su contra y tres solicitudes de juicio político ante el Congreso del estado”, puntualizó.

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, presentó una impugnación contra la sentencia de 9 años de prisión y la multa de 58 mil 890 pesos, que le fueron impuestas por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

La impugnación fue presentada ante el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, mismo que emitió su sentencia el pasado 26 de septiembre.

De acuerdo con el periódico Reforma, el recurso de Duarte será turnado a un Tribunal Unitario de la Ciudad de México, quien decidirá si confirma, revoca o modifica la sentencia. Sin embargo, si este fallo no resulta favorable para el exmandatario estatal, podrá presentar un amparo ante un tribunal colegiado.

En ese sentido si la impugnación o amparo no logra su cometido, Javier Duarte podría en el 2021 solicitar su libertad anticipada, al haber cumplido entonces con el 50 por ciento de la sentencia, debido a que el juez tomó en consideración el tiempo que estuvo detenido que cuenta desde abril de 2016 al ser capturado en Guatemala.

Durante la administración de Javier Duarte en Veracruz, al mandatario se le podía ver en el río Papaloapan navegando en una lujosa embarcación marítima de origen italiano comprada con recursos del erario estatal, pero a siete años de eso, la embarcación “desapareció”.

De acuerdo con una nota de El Heraldo de México, la Procuraduría General de la República, en voz del subprocurador Enrique Hernández Azuara, no sabe en dónde se encuentra el vehículo modelo 2011, valuado en 790 mil dólares, que Duarte mandó a comprar en Estados Unidos para tener una embarcación “digna de su investidura”.

“Nunca apareció, esa lancha, lo que sabemos dentro de la investigación es que estaba fabricada para los lagos europeos, al meterla en los lagos mexicanos se echó a perder y ya no hubo manera de repararla y no sabemos dónde quedó”, señaló el funcionario.

El bote se estrenó durante los festejos de La Candelaría y contaba con acabados de lujo como cubierta de caoba, asientos de piel, tejido de alfombra, casco protector de vidrio con adornos de cuero, compartimiento para baño con capacidad para portar una regadera.

Según el testimonio de un prestanombres de la red de Duarte, fue Juan José Janeiro Rodríguez, operador financiero del exmandatario, quien pactó el precio y la compra a través de una sociedad constituida en Estados Unidos con el nombre Alpargata Marine Venture Score.

Este jueves, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que con la pena de 9 años de cárcel en contra de Javier Duarte de Ochoa “nadie puede quedar satisfecho” pues no alcanza para compensar el daño que hizo al estado.

Y agregó: aunque “se declaró culpable, que es lo importante. Es un delincuente que usó recursos públicos. Todo lo que señalé y denuncié es cierto”.

Cabe señalar que Duarte se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa para acceder a un proceso abreviado que le permitiera obtener una condena mínima que en este caso fue de 9 años de prisión y una multa de 58 mil 890 pesos.

En este sentido, Yunes Linares dijo en entrevista con Radio Centro que entiende que la Procuraduría General de la República haya aceptado el proceso abreviado pues “no tenía suficientes elementos para sustentar la acusación de delincuencia organizada”.

Por ahora, agregó, queda esperar los montos que fijará el juez para reparar el daño que causó a Veracruz.

También, recordó que su administración espera que Guatemala, país en donde fue detenido en abril y extraditado en julio del 2017, permita que se le juzgue por el delito de desaparición forzada, por el que ya tiene una orden de aprehensión.

Respecto a las denuncias que Duarte debe enfrentar en Veracruz, que son peculado y uso indebido de funciones, Yunes aseguró que los expedientes están bien sustentados con lo que espera que le sumen más años de condena.

Luego de alcanzar un acuerdo con la Procuraduría General de la República, el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aceptó su responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa; por lo que fue condenado a 9 años de prisión y el pago de una multa de 58 mil 890 pesos.

En una audiencia celebrada en el Centro Penal de Justicia Federal, Duarte se acogió al procedimiento abreviado que consiste en aceptar su responsabilidad en los delitos que se le imputan a cambio de una reducción en la condena que se le impone.

El Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia dictó la sentencia condenatoria tras preguntar directamente a Javier Duarte si aceptaba su responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Frente al juez, el ex gobernador respondió que “por los principios de lealtad e institucionalidad que rigen mi conducta, sí su señoría”.

El juzgador federal también decretó el decomiso de 41 inmuebles distribuidos en Veracruz, Guerrero, Ciudad de México, Quintana Roo y el Estado de México que fueron adquiridos con recursos del gobierno de Veracruz.

La Auditoría Superior de la Federación presentó a la Cámara de Diputados los primeros 344 informes individuales de auditorías a la Cuenta Pública 2017, un 22% del total de las 1,592 auditorías programadas sobre el gasto público ejercido el año pasado.

La ASF encabeza los reportes señalando las irregularidades detectadas “en lo relativo a la venta de la participación accionaria de PEMEX en Ductos y Energéticos del Norte”, en donde “la empresa productiva del estado obtuvo recursos por 3,126 millones de pesos”, sin embargo “no se ha acreditado que dichos recursos se destinaran a la mejora de la rentabilidad de PEMEX, como fue acordado por su Consejo de Administración”.

Sin dar detalles ni datos particulares de cada caso, la ASF añade en su informe que “siete dependencias: SAGARPA, ASERCA, SENASICA, SEDATU, SCT, INBA e INDAABIN no reportaron a la Tesorería de la Federación 2,735 garantías, por un monto detectado de 3,082 millones de pesos”.

Adicionalmente, “la ASF observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no hizo efectivas garantías por obras no realizadas por un monto de 104 millones de pesos”.

La Auditoría detectó también que “la implementación de la política de guarderías y estancias infantiles presentó deficiencias, toda vez que no se dio acceso a la totalidad de los infantes para los cuales se solicitó el servicio; no se garantizó la integridad física de los menores en todos los establecimientos; y no se tiene la certeza de que los servicios ofrecidos en todos los centros de atención infantil cumplieron con la calidad requerida”.

De los 344 informes, la ASF emitió 724 Recomendaciones, 337 Pliegos de Observaciones, 620 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 33 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 176 Solicitudes de Aclaración.

El segundo reporte de informes individuales de las diversas dependencias del sector público será entregado en octubre y el último en febrero del 2019.

Asimismo, la ASF adelantó que “se fiscalizará a BANSEFI por su participación en la entrega de apoyos a los damnificados por daños parciales o totales en sus viviendas” tras los sismos.

En su informe general, la Auditoría expuso que “se implementará una política de total transparencia sobre el seguimiento de las acciones emitidas como resultado de la fiscalización practicada en los temas de mayor “impacto en la opinión pública”.

Entre ellos mencionó el Nuevo Aeropuerto Internacional de México; Adquisiciones y puesta en operación de plantas de Agro Nitrogenados por parte de PEMEX; el Paso Express de Cuernavaca, Morelos; Contratos de obra pública adjudicados a la Constructora Odebrecht, y Contrataciones al amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.