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El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, rindió esta tarde su segundo informe anual de labores, en el que dijo que la lucha contra la corrupción será una de las prioridades de su administración.

El ministro recordó que, aunque el 2020 ha estado marcado por una pandemia mundial, gracias a un esfuerzo colectivo, la justicia en el país no se detuvo.

“Desplegamos un esfuerzo institucional sin precedentes, para enfrentar la emergencia sanitaria sin detener un solo día los servicios de justicia. Consolidamos la transición a la justicia digital y trabajamos arduamente por defender y empoderar a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad; por continuar el combate implacable contra la corrupción y el nepotismo; por alcanzar la igualdad de género y la paridad; por modernizar la formación de nuestros cuadros jurisdiccionales; por implementar el nuevo modelo de justicia laboral, y por impulsar una reforma a la justicia federal, respetuosa de la independencia judicial y de la división de poderes”.

Señaló que una de las estrategias centrales de su administración ha sido el combate a la corrupción y al nepotismo, acatando una política de cero tolerancia.

En el rubro del combate a la corrupción, Zaldívar enfatizó que se puso en funcionamiento el nuevo buzón de quejas y denuncias del Consejo de la Judicatura, el cual garantiza el anonimato, y turna de forma automática el asunto a las instancias competentes para su investigación, y permite, si es oportuno, solicitar de inmediato la atención o asesoría de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual.

Al informar que actualmente existen seis carpetas de investigación en trámite derivadas de denuncias presentadas por el Consejo, dijo que eso constituye una cifra inédita en el combate a la corrupción.

Añadió que se han impuesto sanciones en casos de alto perfil ocurridos en el pasado, como el de la venta de exámenes para el vigésimo octavo concurso para la designación de juezas y jueces de distrito; y el del Director General de Inmuebles y Mantenimiento a quien le fue descubierto dinero en la cajuela de su auto.

Indicó que las y los juzgadores federales deben tener un patrimonio que responda estrictamente a los ingresos comprobables derivados de su función jurisdiccional, por ello señaló, el seguimiento a la evolución patrimonial seguirá siendo una herramienta central en la lucha contra quienes con sus conductas deshonestas y corruptas traicionan la confianza de la ciudadanía.

En ese sentido expresó que el combate contra la corrupción seguirá siendo prioridad de su administración.

“Hemos logrado avances importantes, pero aún falta mucho por hacer. El reto es enorme, no es tarea fácil: se requiere voluntad, decisión y tiempo, sobre todo cuando hasta hace poco, la corrupción era un concepto vedado al interior de la Institución”.

Aseguró que a diferencia de lo que pasaba antes, hoy se visibiliza la corrupción y se combate. Insistió en que la gran mayoría de los juzgadores y juzgadoras federales son personas honestas e íntegras, por lo que la lucha contra la corrupción es también por ellos, ya que si se combate a los corruptos, se defiende a los honestos.

En su informe de labores, Arturo Zaldívar aseguró que eliminar la brecha de género dentro del Poder Judicial y consolidar la igualdad sustantiva en favor de las mujeres, lo que dijo es fundamental para transformar la realidad de la justicia federal y de nuestro país.

Así, dijo que en 2020 se dieron pasos decisivos para alcanzar la igualdad y paridad de género al interior del Poder Judicial; ejemplificó que se impulsó una política integral que comprende tres líneas de acción: conciliación personal, familiar y laboral; juzgar y defender con perspectiva de género, y consolidar una cultura libre de violencia de género.

También recordó que en el Consejo de la Judicatura Federal entró en funciones la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual, con el fin de proporcionar atención inmediata y acompañamiento a las víctimas en casos de violencia sexual y de género.

Otro aspecto que mencionó, fueron las políticas de austeridad que se implementaron durante el ejercicio 2020. Insistió en que la gestión administrativa generó importantes ahorros y economías. Expuso que, en el Consejo de la Judicatura, se racionalizó el gasto de operación, se contuvo el crecimiento de las estructuras ocupacionales en áreas administrativas, y se simplificaron y automatizaron procesos, todo lo cual permitió generar ahorros por más de 700 millones de pesos.

Añadió que, en el ejercicio del presupuesto, se abatió una vez más la tendencia histórica del subejercicio, al alcanzar una eficiencia en el uso de los recursos de más del 99%.

“Aún quedan muchos objetivos por alcanzar, pero los cimientos están puestos y el camino trazado. Hoy en día, tenemos una justicia federal con un rostro distinto. Una justicia digital, una justicia en la que se hace más con menos, una justicia que tiende la mano a las personas más vulnerables, una justicia comprometida con una nueva forma de pensar y razonar el derecho, una justicia que avanza hacia la igualdad y paridad de género”, sostuvo el ministro presidente.

Zaldívar aseguró que se está demostrando con hechos y no con discursos; con acciones y no con palabras; con resultados y no con promesas, el compromiso con la renovación de la justicia federal. Al insistir en que no los detuvo la pandemia, aseguró que tampoco lo harán las resistencias.

Al participar en la inauguración de la Vigésimo Primera Edición de la Reunión Anual del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Javier García Bejos, afirmó que la tarea por forjar un país más próspero no es exclusiva del gobierno, y sostuvo que para “erradicar la pobreza”, se deben cerrar filas en torno a la construcción de un país más justo.

 

“Todos debemos formar un país sin exclusiones, una patria más generosa que voltea a ver a quienes más lo necesitan”, aseveró García Bejos.

 

El funcionario comentó que para 2018, la política social estará blindada y seguirá utilizando herramientas tecnológicas, como el Sistema de Información Social Integral, para focalizar los recursos, esto de cara a las elecciones que vivirá el país y que son consideradas las más grandes en la historia.

 

Respecto a los sismos de septiembre, reconoció el papel de la sociedad civil ante la emergencia. “Gracias a la solidaridad de millones no hubo crisis humanitaria que lamentar en las entidades afectadas”. “Juntos; sector público, empresas y ciudadanía, hemos enfrentado el reto de la reconstrucción y durante este proceso, no ha habido quien se quede sin comida, sin hospital, clínicas o albergues. Ahora, con un espíritu solidario que no se rompe, estamos reconstruyendo comunidades, demostrando que México es una nación resistente que está de pie”, dijo.