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El gobierno de El Salvador trasladó este viernes a 2,000 presuntos pandilleros a laa nueva prisión que el presidente Nayib Bukele ordenó construir, y que tiene capacidad para unas 40,000 personas.

“Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)”, publicó el mandatario en sus redes sociales.

“Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”, agregó el mandatario.

A pesar de que el gobierno no avisó sobre los traslados, decenas de familiares se movilizaron a la prisión La Esperanza, conocida como Mariona, en San Salvador.

Recordemos que Bukele inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) a finales de enero pasado. En su momento, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo al mandatario que esta “se constituiría en la cárcel más grande de toda América” y que “sería imposible que salga un reo” del inmueble, que tiene 23 hectáreas de construcción.

La construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.

A inicios de mes, Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por esta nueva cárcel en El Salvador, y expresó su “profunda preocupación”, dado que la nueva prisión podría “suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos”.

Y es que de acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado en marzo del año pasado tras una escalada de asesinatos, se ha detenido a más de 64,000 personas, a las que el gobierno acusa de ser pandilleros. Del total de detenciones, solo se ha liberado a poco más de 3,300.

Las organizaciones salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7,900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.

Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57% menos que en 2021.

La cifra de detenciones de supuestos miembros y personas ligadas a pandillas en El Salvador asciende a 56,716 en los siete meses de régimen de excepción, implementado por el presidente Nayib Bukele.

El Ministerio de Seguridad y Justicia actualizó la cifra este viernes sin detallar cuántas de las personas capturadas son pandilleros o a qué banda pertenecen.

La Presidencia informó recientemente que en los siete meses de régimen de excepción suman 128 días sin homicidios, y en lo que va de la administración de Bukele se cuentan 227 días sin ningún asesinato.

El régimen de excepción ha sido prorrogado en siete ocasiones por la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, e implica la suspende de varias garantías constitucionales.

Se prevé que El Salvador concluya 2022 bajo esta medida, promovida por el presidente Bukele para “combatir” a las pandillas.

La medida ha sido criticada por diversas organizaciones en El Salvador y el mundo. Recientemente, siete organizaciones locales dieron a conocer que registran 4,071 denuncias por violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción.

Estas denuncias se suman a las más de 3,400 registradas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) superan las 7,400.

La mayoría de denuncias son por detenciones arbitrarias y los registros apuntan a los cuerpos de seguridad como los victimarios, en especial elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA), señala que la mitad de los salvadoreños dice que el régimen de excepción “no resolverá el problema” de las pandillas, aunque 75.9% aprueba la medida.

Recordemos que el gobierno atribuye la reducción de homicidios a su plan Control Territorial y a la medida de régimen de excepción.

Al menos 18 personas han fallecido bajo la tutela del Estado salvadoreño durante los poco más de dos meses del polémico estado de excepción que busca combatir a las pandillas en el país, de acuerdo a una investigación divulgada el jueves por Amnistía Internacional (AI).

El organismo, con sede en Londres, agregó que las autoridades han cometido “violaciones masivas de derechos humanos”, entre ellas, miles de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso de los imputados, tortura y malos tratos al interior de los centros de detención en contra personas procesadas por pertenecer o colaborar con las maras.

A mediados de mayo, la agencia Reuters ya había reportado que, en medio del estado de excepción, la fuerza pública había detenido a decenas de inocentes acusados de pertenecer a las pandillas para cumplir con cuotas de capturas impuestas por sus superiores.

“Hasta el 28 de mayo, se reportaban al menos 18 personas muertas bajo tutela del Estado durante el régimen de excepción. Dada las precarias condiciones carcelarias, existe el temor fundado de que el número de víctimas fatales pudiese incrementar en los siguientes días”, dijo AI en un comunicado.

Los números están basados en reportes de la ONG centroamericana Cristosal, que señaló que el total de fallecidos son hombres y que algunos murieron por falta de atención médica oportuna y otros presentaron signos de agresión, como moretones. Todos fallecieron en hospitales o camino a ellos.

Previo a conocerse la denuncia de Amnistía Internacional, en un discurso por su tercer año de mandato, el presidente Nayib Bukele aseguró que su gobierno está a punto de “ganar la guerra contra las pandillas” y cuestionó a quienes han señalado abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos durante el estado de emergencia.

“Digan lo que digan, hagan lo que hagan, escriban lo que escriban, ataquen una y otra vez, les digo: no nos van a detener. Tenemos a Dios y al pueblo salvadoreño de nuestro lado”, afirmó el gobernante.

El estado de emergencia ha sido prorrogado en dos ocasiones apoyado por los diputados oficialistas, mientras que más del 70% de los salvadoreños avalan la medida contra los grupos criminales, según tres diferentes encuestas.

A fines de marzo, Bukele pidió al Congreso declarar un régimen de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, luego de un repunte histórico de los homicidios.

Sin embargo, las medidas tomadas han despertado la crítica de diversos organismos de derechos humanos, como AI, Human Rights Watch y otros, que consideran que se están violando los derechos humanos al encarcelar a miles de inocentes. Se ha acusado que las autoridades han limitado el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el acceso a un juez independiente, además de realizar detenciones sin el cumplimiento de requisitos legales y audiencias con hasta 500 acusados a la vez.

Desde el 27 de marzo hasta el momento, la Policía y el Ejército han detenido a más de 36,000 personas acusadas de pertenecer a las pandillas, entre ellos, 1,190 menores de 18 años de edad, según cifras oficiales.

El gobierno de El Salvador pedirá nuevamente a la Asamblea Legislativa la ampliación del estado de excepción, a pesar de las cientos de denuncias de violaciones a derechos humanos, informó la Presidencia en Twitter.

“El Presidente Nayib Bukele se encuentra reunido con el Gabinete de Seguridad. Luego de analizar los resultados de los dos meses del Régimen de Excepción, pedirán al Consejo de Ministros que solicite a la Asamblea Legislativa su prórroga”, publicó la Presidencia este miércoles.

Recordemos que el Congreso de El Salvador decretó el estado de excepción, que suspende derechos constitucionales, a finales de marzo tras una ola de violencia que cobró la vida de 87 personas en los días más mortíferos de la administración de Bukele, próxima a cumplir tres años de gestión.

De acuerdo con una investigación periodística de El Faro, esta escalada se dio tras la supuesta ruptura de un pacto entre el Ejecutivo y la pandilla Mara Salvatrucha (MS13). Hasta el momentos, ni presidente Bukele ni ningún funcionario han aceptado o rechazado la publicación.

El estado de excepción suspende las libertades constitucionales de reunión, asociación, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, además del derecho a la defensa.

A pesar que la Constitución señala que la prórroga por 30 días se puede autorizar únicamente si se mantienen las causas que generaron la declaración, mientras que la escalada de asesinatos se controló en los primeros días de dicho estado de excepción, el Parlamento aprobó el 25 de abril pasado su extensión.

La Asamblea Legislativa realizará hoy su sesión plenaria correspondiente a esta semana, pero se desconoce si la segunda ampliación del régimen será aprobado este día o si se convocará a una sesión extraordinaria antes del 28 de mayo, día en el que concluye la primera ampliación.

Según defensores de derechos humanos, una nueva ampliación del régimen de excepción estaría “fuera del marco de la Constitución”, en momentos en los que en el país está “configurando una situación de lesa humanidad”.

Amnistía Internacional ha denunciado que el gobierno del presidente Bukele ha “pisoteado los derechos de la población salvadoreña” con el estado de excepción.

“Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción”, indicó la organización.

La cifra de detenidos en El Salvador durante un régimen de excepción, implementado para controlar la violencia generada por las pandillas, supera las 19,000 entre finales de marzo y este miércoles, día en el que concluye el primer periodo de 30 días de dicho decreto.

De acuerdo con el presidente Nayib Bukele, han sido detenidos más de 19,000 supuestos miembros de pandillas o personas vinculadas a estas bandas y suman tres días consecutivos con más de 1,000 detenciones. Tanto Bukele como la Policía Nacional Civil se han referido a los arrestados como “terroristas”.

Ni el mandatario, ni las autoridades de Seguridad han detallado cuántas de las personas detenidas son miembros de pandillas, a qué pandilla pertenecen y cuántas son señaladas de tener vínculos con dichas estructuras.

Recordemos que la Asamblea Legislativa aprobó el pasado 27 de marzo la suspensión de garantías constitucionales tras una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas en tres días y colocó el día 26 como el más sangriento de la historia reciente salvadoreña con 62 víctimas.

En una sesión extraordinaria del domingo, el oficialismo aprobó ampliar por 30 días más el plazo del régimen de excepción a petición del Ejecutivo de Bukele.

El mandatario firmó y mandó a publicar en la edición del Diario Oficial del 25 de abril la medida que le otorga por un mes más poderes especiales y cuyos efectos comenzarán a las 00:00 hora local de mañana jueves.

La norma extiende la vigencia de los poderes extraordinarios para el gobierno de Bukele en su llamada “guerra contra las pandillas”, bandas señaladas de cometer la mayoría de homicidios en el país centroamericano, que cuentan con más de 70,000 miembros y que han resistido a los planes de seguridad de las diferentes administraciones.

Las detenciones masivas ha sido la principal apuesta del Ejecutivo de Bukele durante el régimen de excepción, pero hasta el momento se desconoce si el gobierno trabaja en un plan que plantee medidas para una solución de fondo a dicho fenómeno.

Con la ampliación de estado de excepción quedarán suspendidos hasta finales de mayo los derechos a la libre asociación y reunión, a la defensa y la detención administrativa pasa de un plazo máximo de 3 días a 15 días. También se suspende la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones sin orden judicial.

Amnistía Internacional (AI) ha señalado que la ampliación de este régimen de excepción es una “tormenta perfecta” contra los derechos humanos.

La Rada Suprema o Parlamento de Ucrania aprobó hoy la implantación del estado de excepción decretado por el presidente, Volodímir Zelenski, ante el agravamiento de la situación en el este del país y la amenaza militar rusa.

La medida extraordinaria, de aplicación en todo el país, salvo en las regiones de Donetsk y Lugansk, que desde 2014 se encuentra bajo una administración político-militar, fue adoptada con los votos de 335 diputados de 339 presentes.

El decreto de Zelenski establece que el estado de excepción entre en vigor a partir de la medianoche del 24 de febrero por un período de 30 días en 22 regiones de Ucrania y su capital Kiev.

Los jefes de las administraciones regionales de Kiev deben crear gabinetes operativos para la coordinación de acciones para la implantación del estado de excepción y garantizar su régimen jurídico.

El estado de excepción contempla la prohibición de reuniones masivas y huelgas, el cambio de domicilio de militares y reservistas, el funcionamiento equipos de radioaficionados, así como la preparación de materiales informativos que puedan desestabilizar la situación en el país.

Además, incluye la evacuación de los habitantes de lugares peligrosos, el control de documentación de los ciudadanos, la regulación de las estaciones de radio y televisión civiles y la posibilidad de plantear la prohibición de las actividades de partidos políticos y organizaciones sociales en interés de la seguridad nacional y el orden público.

En caso de necesidad, el estado de excepción permite restringir la libertad de desplazamiento, el registro de medios de transporte y las pertenencias de los ciudadanos, e implantar toque de queda, decisión que delega en las autoridades regionales.

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danílov, explicó previamente que, si fuera necesario, la ley marcial puede ser implantada de manera instantánea. “Ahora no hay decisión sobre eso, pero estamos preparados para cualquier cosa”, añadió.

En cuanto la implantación de toque de queda, Danílov indicó que las decisiones en esa materia serán adoptadas por las autoridades regionales dependiendo de la situación.