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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este miércoles que prevé emitir un decreto antes del 20 de noviembre, para instar a las empresas de trenes de carga que operan actualmente en el país a que ofrezcan también el servicio de pasajeros.

“Va a entregarse a ellos la posibilidad de que se comprometan a tener trenes de pasajeros”, dijo en su conferencia matutina.

Explicó que si las compañías, entre las que están la unidad de transportes de Grupo México y Canadian Pacific Kansas City, no acceden a dar el servicio, lo haría el Estado.

López Obrador explicó que pese a lo que sus detractores han dicho, en caso de que sea el Gobierno quien brinde el servicio, no se incurrirá en una expropiación. Dijo que la Constitución y la Ley contemplan el hacer uso del derecho que el Estado tiene para usar esa infraestructura en beneficio del pueblo de México.

Sin embargo, añadió que “vamos a darle primero las preferencias a los que ya tienen las concesiones de trenes de carga para que esas vías se conviertan, desde luego mediante su modernización, electrificación, va a entregarse a ellos la posibilidad a que se comprometan en un tiempo razonable”.

Y es que recordemos que el mandatario tiene como uno de los ejes de su política de transportes el desarrollo de líneas ferroviarias para pasajeros. Uno de los proyectos estrella de su gestión es el Tren Maya, que se construye en estados del sur del país.
Adelantó que será antes del aniversario de la Revolución cuando se de a conocer el decreto.

“Ya lo estamos trabajando y ya se enviaron cartas a los concesionarios invitándolos a que vayan preparando sus proyectos considerando que como tienen la concesión de trenes de carga que puedan recibir la concesión de trenes de pasajeros. Para enero ya sabemos, por es lo quiero hacer pronto, y nos dé tiempo de tomar una decisión”, señaló.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) encontró al Estado mexicano como responsable por la violación de diversos derechos de dos hombres a quienes las autoridades judiciales enviaron a prisión preventiva oficiosa por 17 años y que además sufrieron torturas en el periodo que estuvieron detenidos.

El presidente de la CorteIDH, Ricardo Pérez, notificó este miércoles la sentencia en un acto llevado a cabo por video conferencia y en el que estuvieron presentes los representantes de las víctimas y funcionarios del Estado.

La Corte, con sede en Costa Rica, encontró a México responsable por violaciones a los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, la protección judicial, a ser oído, a la presunción de inocencia y al principio de plazo razonable.

El caso se refiere a las violaciones al debido proceso y a la libertad personal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, quienes fueron acusados de haber asesinado en 2001 a la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés.

García y Alpízar permanecieron en prisión preventiva por 17 años, el tiempo más largo que alguien en México ha estado en la cárcel sin sentencia, hasta 2019, cuando quedaron bajo arresto domiciliario con el uso de brazaletes electrónicos. En 2022 fueron condenados a 35 años de cárcel, sentencia que está en apelación.

“Para esta Corte es claro que la extensión por más de 17 años de la prisión preventiva significó en los hechos que se aplicara a los procesados una pena encubierta sin una condena, puesto que constituyó una medida punitiva sin previo juicio acompañado de sus garantías, y por un lapso que excede todo plazo razonable ya que este correspondió aproximativamente a la mitad de la pena que se impuso en la sentencia condenatoria”, indica el fallo de la Corte.

El tribunal internacional también concluyó que Daniel García Rodríguez “fue sometido a malos tratos y torturas psicológicas por parte de las autoridades del Ministerio Público del Estado de México”, situación que fue denunciada por el sospechoso, sin que los hechos fueran investigados.

“Los maltratos psicológicos que fueron descriptos por Daniel García son de una extrema severidad pues consistieron en amenazar y detener a sus familiares y seres queridos. Además, buscaban una finalidad precisa que consistió en obtener su confesión y firma de documentos implicando a otras personas”, indicó la CorteIDH.

En cuanto a Reyes Alpízar, la Corte determinó que el Estado no investigó con la debida diligencia las denuncias de tortura que presentó.

En su sentencia, la Corte ordenó a México concluir los procesos penales, revisar la pertinencia de mantener medidas cautelares, y excluir del proceso los antecedentes incriminatorios obtenidos bajo coacción o tortura.

“El uso de la tortura como mecanismo para obtener confesiones o antecedentes incriminatorios del imputado o acusado no puede tener otra consecuencia que la exclusión de la prueba. De lo contrario, la prohibición de tortura quedaría vaciada de contenido, convirtiéndose en un derecho meramente formal sin ninguna consecuencia operativa”, advierte la sentencia.

El Estado también está en la obligación de investigar y sancionar a los responsables de los actos de tortura.

Además, México deberá adecuar a estándares internacionales su ordenamiento jurídico interno sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.

La CorteIDH también ordenó al Estado pagar indemnizaciones a ambas víctimas por concepto de daños materiales e inmateriales.

Jorge Álvarez Máynez, coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, aseguró que el Estado mexicano cada vez más pierde el control de diversos territorios frente a la ola de inseguridad y violencia.

“Cada vez estamos perdiendo más el control del territorio en distintos estados del país y eso es muy preocupante, ese corredor entre San Luis Potosí y Zacatecas se está agravando, y más desde que hubo cambio en los gobiernos y tomó Morena el control de esos estados. Es muy preocupante”, dijo el legislador.

Atribuyó el fenómeno a la “estrategia fracasada” del gobierno de la 4T en materia de seguridad pública.

“Hay un total fracaso de la estrategia de militarización de la seguridad que ha seguido el Gobierno Federal y que es una continuidad de lo que hizo en su momento Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, acusó.

En ese sentido, llamó al gobierno federal a cambiar su estrategia y a optar por la vía civil.

Recordemos que se cumplieron 100 días del asesinato de su primo, Raúl Calderón, en Zacatecas, una de las zonas que acusa ha perdido el Estado el control ante la inseguridad. “Desde entonces no hay ningún avance por parte de la Fiscalía. Han sido 100 días de impunidad. 100 días sin justicia”, dijo en redes sociales.

Álvarez Máynez apuntó que todos los actores políticos deben asumir su responsabilidad en materia de seguridad, incluyendo los legisladores federales y locales.

Recordó que la reforma constitucional que amplió el plazo de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad consideró la obligación de que los gobiernos estatales y municipales fortalecieran sus fuerzas policiacas locales “y no lo están haciendo”.

El país ha tenido un exceso de mortalidad de 758,826 personas de enero de 2020 a marzo de 2022, tiempo en que ha estado activa la pandemia de COVID-19, reportó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo documentó dos millones 437 mil 629 muertes por todas las causas en dicho lapso, un 45.2% más a las esperadas en el mismo periodo, cuando se estimaba que habría un millón 678 mil 803 decesos, según un modelo de canales endémicos basado en el histórico de fallecimientos ocurridos entre 2015 y 2019.

La mayor incidencia se presentó en los hombres, con un total de un millón 416 mil 564 fallecidos, por lo que el exceso de mortalidad fue de 472 mil 974, un 50.12% más de los decesos esperados.

En tanto, en mujeres hubo un millón 019 mil 827 fallecimientos, por lo que el exceso de mortalidad fue de 284 mil 155, un 38.63% superior a lo estimado.

Las entidades con más exceso de mortalidad fueron Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala, con un nivel de más de 57%.

El INEGI contabilizó de forma preliminar 255 mil 448 muertes por todas las causas en el primer trimestre del año, lo que representa una disminución de 117 mil 678 frente a las registradas en el mismo lapso de 2021.

La tasa de defunciones registradas de enero a marzo pasado fue de 19.9 por cada 10,000 habitantes, un decremento de casi 10 puntos frente a la del periodo de 2021, cuando fue de 29.3 durante una de las etapas más agudas de la pandemia en el país.

Pero el índice de fallecimientos es aún superior a la etapa prepandemia de 2019, cuando hubo 16.1 muertes por cada 10,000 personas en el primer trimestre del año. En el primer trimestre del año, 57.1% de las defunciones registradas correspondió a hombres, mientras que 42.8% a mujeres con el restante de sexo no identificado.

El porcentaje más alto de las defunciones, 62,5 %, se presentó en las personas mayores de 64 años, aunque en todo los grupos de edad se observa mayor mortalidad entre los hombres, de acuerdo con el Inegi.

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció su informe trimestral, con motivo de los 100 primeros días del cuarto año de gobierno.

En su mensaje, inició destacando que uno de los temas que más bien han traído al país es la disminución de la pandemia de COVID-19. Indicó que si bien la invasión de Rusia a Ucrania está produciendo trastornos en lo económico y humanitario, nada causó tanta tristeza y dolor que la pandemia.

“Con el apoyo del pueblo y con la imaginación, el trabajo y la honestidad de los servidores públicos, estamos saliendo adelante y viviendo tiempos de esperanza y transformación”, indicó el mandatario.

López Obrador sostuvo que en épocas de normalidad política, no es tan complicado el oficio del gobernante; lo difícil, dijo, es hacerlo bien en periodos de adversidad.

“Y nosotros, porque esta ha sido y seguirá siendo una labor de todo un pueblo, hemos demostrado con nuestro bendito idealismo, que lo difícil se logra y lo imposible cuando menos se intenta o se enfrenta”, añadió.

En materia económica, destacó que al día de hoy están inscritos ante el IMSS 21 millones de trabajadores, una cifra histórica, al igual que el salario promedio, que es de 14 mil 370 pesos mensuales; recordó que desde que llegó al poder, el salario mínimo ha aumentado 71% en términos reales. Mencionó que el año pasado las remesas fueron de 51 mil 594 millones de dólares. Indicó que el peso se ha fortalecido en más de 2% con relación al dólar, mientras que la mezcla mexicana de petróleo se vende en 92 dólares el barril. Afirmó que la economía se está recuperando.

En cuanto a la infraestructura, recordó que se cumplió con la promesa de inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que dijo, permitió al gobierno un ahorro de 120 mil millones de pesos. Añadió que se está por iniciar la construcción del aeropuerto internacional de Tulum, Quintana Roo, que entrará en operación a finales del año próximo. Habló sobre el mantenimiento, ampliación y nuevas vías de la red de carreteras del país.

En materia de trenes dijo que se busca revertir el daño causado al país por la privatización de los ferrocarriles y la desaparición de ese transporte de pasajeros. Indicó que el compromiso es dejar operando a finales del actual gobierno 2 mil 600 kilómetros de trenes de carga y pasajeros.

Destacó que a finales del año próximo estarán concluidos los mil 500 kilómetros de vías férreas del Tren Maya, para que inicie operación a partir de dicha fecha.

En cuanto al sector energético, destaco que luego de 14 años de pérdidas continuas de producción, ahora se está aumentando la extracción de petróleo. Indicó que este año, el promedio de producción de crudo es de un millón 752 mil barriles diarios, y dijo que desde que llegó al gobierno se ha incrementado la capacidad de refinación, gracias a la rehabilitación de las seis refinerías y la compra de DeerPark en Texas. Destacó que en julio estará en operaciones la nueva refinería de Dos Bocas.

Señaló que a pesar de la crisis económica que ha provocado la guerra de Rusia y Ucrania, que ha implicado inestabilidad en el mercado y aumentos del petróleo y del gas, en México no han subido los precios de los combustibles ni las tarifas eléctricas.

Fue en ese punto donde recordó que será en estos días cuando se debata en el Congreso la iniciativa de reforma eléctrica que envió.

“Son tiempos de definición y sin medias tintas, los legisladores tendrán que decidir si se colocan como defensores de los intereses de las empresas particulares nacionales y fundamentalmente extranjeras o si optan, en los hechos, por ser auténticos representantes del pueblo y de la nación.  Lo bueno es que pronto, muy pronto, sabremos quién es quién en tan relevante emplazamiento. Creo que el domingo próximo se sabrá”, adelantó.

Sobre la inflación, un problema que afecta en todo el mundo, López Obrador aseguró que en México se ha podido evitar su desbordamiento con la autosuficiencia y el control de precios de los energéticos, pero también, en buena medida, con la mayor producción de alimentos de la canasta básica.

Sobre los programas sociales que tiene en marcha el gobierno, dijo que en la actualidad hay 10 millones 163 mil adultos mayores que están recibiendo su pensión. Destacó que considerando todos los Programas para el Bienestar,  este año recibirán beneficios directos 25 millones de familias mexicanas, es decir, el 70% de las familias del país reciben cuando menos un apoyo.

Sobre el tema de salud, reiteró que el propósito es establecer un verdadero Estado de bienestar consiste en hacer realidad el derecho a la salud; indicó que ahora que la pandemia ha bajado de intensidad, el sector salud está llevando a la práctica un plan para garantizar atención médica de calidad y medicamentos gratuitos a toda la población, principalmente mediante el programa IMSS-Bienestar,.

En materia de educación, indicó que se tienen cuatro nuestras prioridades: atender con respeto y justicia a maestras y maestros; actualizar los contenidos de los libros de texto; otorgar becas en todos los niveles escolares a estudiantes de familias pobres y mantener en buen estado las instalaciones educativas con la entrega de presupuesto a las sociedades de madres y padres y a tutores de alumnos.

En cuanto al tema de la inseguridad y violencia, dijo que poco a poco se avanza en el propósito de vivir “libres de miedos y temores, en entornos familiares fortalecidos y en una sociedad caracterizada por la justicia y por la paz”.

Aseguró que desde el primer día de su gobierno, se atendió el problema de raíz, lo que ha permitido enfrentar con buenos resultados el grave problema de inseguridad y violencia que, una vez más dijo, heredó.

De no haber actuado como lo hicimos desde el principio con los Programas para el Bienestar, posiblemente no tendríamos ahora ni siquiera la leve disminución en homicidios que año con año se incrementaban hasta llegar a lamentables cifras históricas.

“Podrá llevarnos más tiempo pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender el fondo (…) Estamos atendiendo a los jóvenes, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro creando empleos, haciendo realidad el derecho a la educación, combatiendo la pobreza, fortaleciendo valores culturales, morales y espirituales, y también, desde luego, actuando con profesionalismo, perseverancia, coordinación y respeto a los derechos humanos para garantizar la seguridad pública. Y algo muy importante, no permitiendo la corrupción ni la impunidad”, sostuvo.

Se detuvo en dar algunas cifras: en el tiempo que lleva en el gobierno se redujo el robo de combustibles, el llamado huachicol, en 95%; los homicidios, en 3.5%; el robo de vehículos, en 40%; el secuestro, en 41%; el robo a casa habitación, en 29%; el robo a negocio, en 23%; el robo a transeúnte, en 22%; el robo a transportistas, en 31%; robo a transporte público colectivo, en 33%.

En suma, dijo, de 12 delitos considerados de mayor impacto, solo tres han presentado aumentos: el feminicidio, que creció en 15%, tratando de justificar en que antes no se clasificaba este delito como ahora; la extorsión, que aumentó en 40%, y el robo en trasporte público individual, en 22%.

Destacó la importancia de la creación de la Guardia Nacional que, indicó, ya cuenta con 113 mil elementos, los cuales operan desde 233 cuarteles en casi todas las regiones del país.

“Expreso mi reconocimiento sincero y fraterno a las Fuerzas Armadas. Sin la lealtad de las secretarías de la Defensa y de Marina y sin su entrega al pueblo, no tendríamos, lo digo de manera sincera, los mismos resultados en seguridad, en desarrollo y en bienestar.

Dedicó la parte final de su mensaje para hablar de la consulta de Revocación de Mandato, destacando que la mayoría de la gente votó a favor de que continuara al frente del gobierno, y que concluya su mandato hasta finales de septiembre del 2024.

“Agradezco de todo corazón la confianza y el respaldo de la gente porque sin ello, sin el apoyo del pueblo no podríamos resistir el embate de los conservadores corruptos ni lograr, que eso es lo más importante el bello ideal de continuar transformando el país, inspirados en nuestra ejemplar historia, en el legado que nos dejaron nuestros héroes y en las culturas del México profundo, de las cuales dimanan las mejores lecciones de trabajo, libertad, justicia, democracia, honestidad, dignidad y amor por los demás”, expresó López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este lunes “moralizar” al país tras la riña que se registró este fin de semana en el estadio de fútbol de Querétaro, que dejó 26 heridos.

“Debemos tener en cuenta, en consideración, ante estos hechos lamentables, que se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia, las causas de la violencia”, indicó AMLO en su conferencia matutina.

El mandatario atribuyó a “resabios (malas costumbres) de los gobiernos neoliberales anteriores” el enfrentamiento entre aficionados de los equipos Querétaro y Atlas en el estadio La Corregidora, Querétaro.

El presidente comentó que “hay que atender las causas” de la violencia, “combatir la desigualdad económica y social” y “desterrar la corrupción” para evitar estos episodios.

Así, López Obrador cuestionó las versiones en redes sociales que hablaban de 17 muertos al señalar que es la misma cifra de fallecidos que se especuló en el presunto fusilamiento durante un funeral en San José de Gracia, Michoacán.

“Debe llamarnos la atención lo que se maneja en redes sociales, sin afanes de censura, nada más que se repite mucho el 17”, manifestó.

El mandatario descartó también responsabilizar al gobernador Mauricio Kuri; aun así, pidió reforzar la seguridad en los accesos de los estadios antes y después de los partidos.

“El gobernador hizo el compromiso que se iba a actuar conforme a la Ley y de manera enérgica. Entonces vamos a esperar el resultado para que se castigue a los responsables de los hechos, pero corresponde a ellos dar la información; quiénes participaron, si fue solo lo que se presenta como confrontación de fanáticos del futbol o como sucede en otros deportes, las porras, o qué tipo de porras son o si no hubo algo extraordinario, especial, pero todo eso lo tiene que investigar el gobierno del Estado”, explicó.

Al respecto, esta mañana el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, aseveró que “este es el primer evento de estas características en ese estadio” porque Querétaro “es un estado con bajos índices delictivos”.

El funcionario indicó que la responsabilidad de indagar los hechos corresponde al gobierno estatal, aunque la Secretaría federal de Seguridad ha ofrecido su colaboración.

“Hemos estado señalando la necesidad de revisar a detalle los protocolos que corresponden tanto a los directivos del equipo de fútbol como a las autoridades, y sobre todo a la Federación Mexicana de Fútbol. Es importante para que se evite este tipo de incidentes”, indicó Mejía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció esta mañana protección del Estado a Mario Aburto, asesino confeso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994, ante las presuntas denuncias de tortura.

“Si él puede expresar, probar, que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería”, respondió López Obrador al ser consultado sobre el tema.

Sus declaraciones llegan luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que Aburto sufrió tortura y “violaciones graves a los derechos humanos”.

Ante esa situación, la CNDH pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una nueva investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima, detenida el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, donde sucedió el asesinato.

“A nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio, fue una vileza lo que le hicieron”, dijo López Obrador, quien calificó de un asunto de justicia y de Estado el caso de Aburto.

“Si él estuviese dispuesto a contar su versión, se le brindaría toda la protección a él, a su familia, si tiene algo que aportar”, añadió López Obrador. Aclaró que si las cosas sucedieron como están en el juicio, lo único que el gobierno está “obligado” a hacer es que no se le violen sus derechos humanos.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, negó que durante el sexenio de López Obrador se hayan violado los derechos de Aburto.

“Al momento no está incomunicado, absolutamente, está en buen estado de salud y estamos revisando con los jurídicos del órgano administrativo y con los jurídicos de la secretaría cuál será la respuesta a la recomendación que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, aseveró.

Recordemos que Aburto denunció desde febrero pasado ante la CNDH que desde que su detención “es víctima de tratos crueles, inhumanos y de tortura”. En ese momento, pidió “la reapertura de su caso, toda vez que considera necesario que se le dé a conocer toda la verdad del mismo a la sociedad”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este martes perdón a los miembros del pueblo Yaqui, por los crímenes de Estado cometidos contra sus antepasados.

“Venimos a refrendar nuestro compromiso de hacer justicia a los pueblos Yaquis. Primero, deseamos ofrecerles perdón por los crímenes de Estado que se cometieron contra sus antepasados”, dijo el mandatario en una ceremonia pública en Vícam, una de las principales poblaciones Yaqui en el estado de Sonora.

López Obrador recordó que estos abusos se cometieron principalmente durante el largo mandato del expresidente Porfirio Díaz, aunque no solo durante ese gobierno.

“También estamos aquí para tratar de reparar en la medida de lo posible el daño que se ha cometido a los pueblos Yaqui”, agregó el mandatario.

Se comprometió también con un “plan de justicia” que prevé destinar recursos para devolverles tierras, garantizarles el derecho al agua, así como un programa integral de bienestar.

El citado plan contempla una inversión inicial de 11,600 millones de pesos, detalló Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

“El plan de justicia no es un regalo, no es un asistencialismo, busca devolvernos lo que es nuestro: territorio que nos fue quitado, el agua que nos han limitado, la dignidad que nos han querido robar”, dijo, por su parte, Jesús Patricio Varela, secretario de Tórim, otro de los pueblos Yaqui.

Los líderes Yaqui también entregaron al presidente una propuesta de reforma constitucional de las leyes referidas a los pueblos indígenas y afromexicanos, firmada por más de 650,000 miembros de estas comunidades, indicó Varela.

“El Estado mexicano no debe permitir nunca más la marginación, el abuso ni las injusticias en contra de los yaquis ni de ningún otro grupo étnico o cultural de nuestro país”, replicó López Obrador.

Los pueblos Yaqui, agrupados en ocho comunidades asentadas a lo largo del río que les da nombre en Sonora, mantienen una larga tradición de defensa de sus territorios y costumbres desde el arribo de los conquistadores españoles en la primera mitad del siglo XVI.

En la ceremonia estuve presente Cuauhtémoc Cárdenas como invitado de honor, quien pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que los asesinatos de los defensores de derechos del pueblo Yaqui,  Tomás Rojo y Luis Urbano Domínguez no queden en la impunidad.

“Los asesinatos de  Tomás Rojo y Luis Urbano Domínguez no pueden quedar impunes, los asesinos, tanto los materiales como los intelectuales deben recibir las sanciones que manda la ley”.

En su mensaje, el líder de las izquierdas en México también pidió a AMLO cancelar el acueducto Independencia, pues dijo, así se evitaría, cómo ha sucedido este año, “que se retengan arbitrariamente 600 millones de metros cúbicos de agua del Río Yaqui en la presa del Novillo, que abastece la operación del acueducto Independencia, en detrimento de la tribu Yaqui y agricultores”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este lunes una nueva propuesta de reforma constitucional al sector eléctrico y el manejo de las presas para priorizar el interés público y la protección civil sobre el interés privado.

“Nunca más debe volver la política neoliberal, nunca más, y por eso mismo es que vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional”, reveló el mandatario durante su gira por Tabasco, donde este lunes atendió a damnificados de inundaciones.

El mandatario no aclaró si se trata de la misma propuesta que anunció el pasado 15 de junio, donde habló de una reforma constitucional que “fortalezca” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

López Obrador explicó ahora que decidió proponer esta reforma porque una empresa extranjera se amparó contra un decreto de su gobierno que entró en vigor el 1 de enero que prioriza la “protección civil” y el abasto desde las presas y ríos a las hidroeléctricas de CFE sobre las privadas.

Aunque no mencionó el nombre, dijo que la compañía interpuso el recurso “hace como 20 días”, lo que coincide con la queja diplomática que México envió a Italia para acusar a su empresa Enel de “violar la ley” al ampararse contra sus políticas.

“Yo tenía pensado inicialmente solo reformar la ley para corregir esta situación, pero llegué a la conclusión, después de ese amparo, de que necesitamos una reforma constitucional para que se considere como prioritario el interés público y la protección civil, la seguridad de los ciudadanos”, argumentó.

La disputa ocurre también en medio de la polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se promulgó en mayo pasado, suspendida en el Poder Judicial, que prioriza las plantas de la CFE, incluyendo las contaminantes, sobre las privadas de renovables.

El presidente ha insistido en que pedirá reformar la Constitución, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucional su reforma legal.

El mandatario ha pedido revertir la política energética del “periodo neoliberal” que culminó en una reforma constitucional en 2013, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), para abrir el sector a la inversión privada.

Las inundaciones en Tabasco desde el pasado han despertado el malestar de la población y del gobernador Adán Augusto López, aliado de López Obrador, contra la CFE, a la que acusan de provocar el desastre por su manejo de las presas y las hidroeléctricas.

Pero el presidente justificó su reforma constitucional al culpar a las empresas privadas de la situación.

“Fíjense lo que significaba el manejo de la política económica en el periodo neoliberal, poner por delante el interés de las empresas, lo mercantil, aun tratándose no solo del interés público, sino de la seguridad de la gente, de la protección civil, del que no se inunden los pueblos”, dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró este lunes los resultados obtenidos en las elecciones de ayer, porque, según su opinión, le permitirán continuar con su proyecto de transformación.

“Se votó por dos proyectos, distintos y contrapuestos. Sobre todo en la elección federal y yo agradezco mucho porque como resultado de esta elección los partidos que simpatizan con el proyecto de transformación que está en marcha van a tener mayoría en la Cámara de Diputados”, indicó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Y aunque Morena logró retener la mayoría en la Cámara de Diputados, estuvo muy lejos de alcanzar el numero de curules que obtuvo en la elección de 2018. Aún así Morena sigue siendo la agrupación política más votada en el país.

Al comienzo de su conferencia matutina, el mandatario consideró que el resultado electoral expresa un nivel, un grado de madurez política, pocas veces vista “o podría decir nunca visto porque se votó, no solo por un partido, por un candidato, se votó por un proyecto, en un sentido o en otro”.

Se mostró convencido de que con la mayoría de su alianza en la Cámara de Diputados se tendrá “garantizado el presupuesto, y más específico y más a detalle, garantizado el presupuesto suficiente para los más necesitados, para los pobres”.

“Entonces muchas gracias, muchas gracias a todo el pueblo, a todos los que participaron en esta elección”, subrayó.

Según los datos preliminares, Morena obtendría entre 190 y 203 escaños de la Cámara de Diputados, cifra menor a los 253 diputados que ostenta actualmente. Pero si se suma su resultado al de sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), se lograría superar la barrera de la mayoría absoluta (251), con un intervalo de entre 255 y 292.

López Obrador agradeció al pueblo de México una jornada en la que “se reafirmó el camino hacia la democracia”, que dijo, es fundamental ya que aseguró que se pueden dirimir las diferencias por la vía electoral, por la vía pacífica. Resaltó que ayer se dio un paso” importantísimo y es una elección histórica”, pues por primera vez en mucho tiempo no hubo una elección de Estado.

“Hubieron desaseos, hubieron intervenciones e injerencias de autoridad locales pero a diferencia de otros tiempos no intervino el Estado. No fueron elecciones de Estado como las que se llevaban a cabo durante décadas y siglos en México”, remarcó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó el asesinato de Alma Rosa Barragán Santiago, candidata a la alcaldía del municipio de Moroleón, Guanajuato, por el partido Movimiento Ciudadano; dijo que ya se investiga el caso en coordinación con el gobierno estatal.

“Es muy lamentable lo de ayer. Nuestro pésame a los familiares. Es una situación lamentable porque se da en medio del proceso electoral”, expresó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Barragán fue atacada a balazos ayer por la tarde mientras se encontraba en un evento de campaña. La candidata murió en el lugar y otras dos personas resultaron heridas.

El presidente aseguró que este ataque proviene de “gente que quiere generar inestabilidad” y afirmó que son personas relacionadas con la delincuencia organizada.

Recordó que Guanajuato es un estado donde hay mucha confrontación “lamentablemente entre grupos”, y apuntó que están colaborado con las autoridades estatales en la investigación y van a seguir brindando protección a los candidatos que lo pidan.

Agregó que estos “lamentables” delitos deben ser atendidos por las autoridades estatales pues “son (delitos) del fueron común”, puntualizó. “En este caso es el gobierno de Guanajuato el que lleva la investigación”; añadió que ya existe alguna información sobre el asesinato, aunque no ofreció mayores detalles.

Insistió en que este tipo de crímenes pretenden atemorizar a la sociedad para que no salga a votar, por ello, destacó que toda la gente debe participar a en los comicios del próximo 6 de junio.

El ataque de Barragán ocurrió en la misma ciudad en donde hace ocho días el candidato a diputado local por la coalición PRI-PRD, Juan Guzmán Ramírez, sufrió un ataque a balazos, pero sobrevivió.

Barragán es la tercera candidata asesinada en este proceso electoral en Guanajuato, estado que desde 2018 concentra la mayor cantidad de homicidios cometidos en México.

La primera víctima fue Juan Antonio Acosta Cano, quien era precandidato del PAN a la alcaldía de Juventino Rosas y fue asesinado el 12 de enero mientras se ejercitaba en las calles de dicho municipio. Posteriormente, Alejandro Galicia Juárez, candidato a regidor por el PRD en el municipio de Apaseo El Grande, murió en un ataque a balazos, en el cual también quedó herido el delegado municipal del partido, Juan Ignacio de la Cruz.

Recordemos también que el pasado 13 de mayo, Abel Murrieta, exprocurador de justicia del estado de Sonora y candidato a la alcaldía de Cajeme, quien militaba en el mismo partido que Barragán, fue asesinado en un acto de campaña.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Guanajuato son ocho los candidatos, seis hombres y dos mujeres, los que hasta ahora han solicitado alguna medida de seguridad personal por sentir que su integridad está en riesgo.

Según la consultora Etellekt, al menos 88 políticos han sido asesinados durante la actual contienda electoral, 34 de los cuales eran aspirantes o candidatos. De los 34 aspirantes y candidatos asesinados, 29 pretendían competir por puestos del ámbito municipal (alcaldías, regidurías y sindicaturas); de estos el 89% eran personas opositoras a los alcaldes que gobiernan en los municipios que buscaban gobernar o representar.

Otros cuatro aspirantes y candidatos asesinados se postulaban por diputaciones estatales, todos eran opositores a los gobiernos estatales. Mientras que una víctima restante era un aspirante a una diputación federal, también opositora al gobierno federal.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, admitió este viernes ante la ONU que varias acciones de su país durante los últimos años han minado el orden internacional, pero prometió que el gobierno de Joe Biden actuará para repararlo.

“Sé que algunas de nuestras acciones en años recientes han minado el orden basado en normas y han llevado a otros a cuestionar si aún estamos comprometidos con él”, señaló Blinken en un discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El jefe de la diplomacia estadounidense pidió que ese compromiso se juzgue por las acciones que el gobierno de Biden está tomando en el ámbito internacional, entre las que destacó el regreso al Acuerdo de París sobre el clima, su continuidad en la Organización Mundial de la Salud (OMS), sus planes para volver al Consejo de Derechos Humanos de la ONU o sus negociaciones para volver a cumplir con el acuerdo nuclear con Irán.

Todas ellas son medidas que deshacen pasos dados por la Administración de Donald Trump, a la que Blinken evitó mencionar directamente.

El secretario de Estado destacó también el apoyo de su país a la plataforma COVAX para facilitar vacunas contra la covid-19 a todos los países y cómo Estados Unidos está afrontando con “humildad y transparencia” los problemas internos de su democracia, sin tratar de esconderlos del resto del mundo.

“Seguimos teniendo profundas diferencias entre los Estados miembros de la ONU y dentro de este Consejo, pero Estados Unidos no escatimará ningún esfuerzo para buscar terreno común con cualquier país que cumpla con su compromiso con el orden que fundamos juntos y que debemos defender y revitalizar juntos”, señaló Blinken.

El responsable estadounidense de Exteriores insistió en la necesidad de más cooperación internacional y advirtió que el orden global en vigor desde la creación de Naciones Unidas, tras la Segunda Guerra Mundial, está en peligro.

“El nacionalismo está resurgiendo, la represión crece, las rivalidades entre países se están haciendo más profundas y los ataques contra un orden basado en normas se están intensificando”, apuntó.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, entró en cuarentena después de haber tenido contacto con una persona que dio positivo a Covid-19, anunció el miércoles el Departamento de Estado.

“El secretario de Estado fue testado (sometido a una prueba) y dio negativo”, precisó un portavoz de la diplomacia de Washington en una declaración enviada a los medios.

Pero “fue identificado como contacto de una persona que dio positivo al Covid”, cuya identidad no fue revelada por respeto a “su vida privada”, añadió la nota.

De acuerdo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, Pompeo, de 56 años, “estará en cuarentena” y será “vigilado de cerca por el equipo médico del Departamento de Estado”, agregó el portavoz.

Ayer, el Secretario de Estado y su esposa Susan, encabezaron una fiesta navideña en La Casa Blanca, en la que el funcionario convivió con cerca de 70 personas que respondieron a la invitación, de un total de 900 que fueron convocados por la pareja.

Y aunque se contemplaba que Pompeo ofrecería un mensaje, al final del día se canceló su discurso.La fiesta fue para los familiares de diplomáticos que prestan servicios en el extranjero.

Un portavoz del departamento dijo que se iban a cuidar las medidas de distanciamiento social en la recepción y que incluso era obligatorio portar cubrebocas; sin embargo, las fotos que fueron difundidas por la dependencia, mostraban a los invitados sin mascarillas.  

El secretario de Estado es el ministro más importante del gobierno de Estados Unidos, y el cuarto en el orden de sucesión al presidente en caso de dimisión, destitución o muerte del mandatario en el poder.

Recordemos que el gobierno de Donald Trump ya ha registrado numerosos casos de coronavirus. Muchos de ellos en La Casa Blanca, donde el propio presidente dio positivo y tuvo que ser hospitalizado durante tres días a comienzos de octubre, en plena campaña electoral para las elecciones del 3 de noviembre, que finalmente perdió frente al demócrata Joe Biden.

Varios miembros de su familia y colaboradores contrajeron también el virus, a tal punto que la presidencia llegó a identificarse como un verdadero foco de contaminación.

Trump minimizó en muchas ocasiones la gravedad de la pandemia y solo ha llevado mascarilla y aconsejado su uso en algunas ocasiones. A Pompeo, sin embargo, se le ha visto más veces con protección en sus viajes al extranjero.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Mario Delgado, afirmó que el Estado de Bienestar que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene mayor alcance que una renta básica universal que propone la oposición.

Indicó que la propuesta de la 4T se basa en el reconocimiento y acceso a los derechos sociales, por lo que su alcance que tiene no es “como un cheque para todos, sino como un derecho social, donde los grupos más vulnerables, finalmente, tendrían un apoyo a partir de su necesidad”.

Delgado Carrillo recordó que antes de la llegada de la pandemia a México, el Congreso de la Unión realizó una reforma de gran alcance para garantizar en la Constitución, derechos universales como la pensión a adultos mayores, becas para los jóvenes, niños y personas con discapacidad, así como el establecimiento de un sistema de salud de calidad y con medicamentos gratuitos.

Todo esto generó que, de 32 millones de hogares en México, 18 ya reciban un programa social y, ahora por la pandemia, se incrementaron los apoyos para llegar a 24 millones de familias.

“La clave está en identificar, y aquí en México es muy confuso, en el debate político, si de renta básica estamos hablando como un plan emergente para enfrentar el Covid, o estamos ya hablando de un concepto permanente (…), aquí la pregunta es: ¿cómo seremos más eficaces para combatir la desigualdad y la pobreza?”, cuestionó el legislador.

El morenista señaló que quienes acusaban al presidente López Obrador de que podría ser un presidente populista y que iba a gastar de más, ahora le están pidiendo que gaste y se endeude.

“Quienes estuvieron impulsando un Estado mínimo, porque asumían que el Estado siempre era corrupto y que no generaba valor, ahora quieren que salga a rescatar a todos. Quienes votaron hace pocos meses contra los derechos sociales en la Constitución, ahora quieren el ingreso vital. Entonces estamos viviendo una especie de paradoja en México”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó esta mañana la propuesta que planteó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de elevar la deuda pública en un rango de entre 0.5% y 5% del Producto Interno Bruto (PIB) para enfrentar la crisis generada por la pandemia del Covid-19.

El CCE manifestó que este endeudamiento sería responsable y llamó a que el mandatario federal se sensibilice y tome acciones para privilegiar la recuperación económica.

“Con todo respeto, nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo, no van a haber rescates para los potentados”, dijo  López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

Sostuvo que el Estado tiene que proteger a todos y no actuar otorgando privilegios para nadie; reafirmó que se tiene que poner adelante el interés general. AMLO señaló que pese a no estar de acuerdo con el planteamiento, todos los mexicanos, sin importar su condición social, tienen derecho a manifestarse y hacer peticiones al gobierno.

López Obrador aseguró que su gobierno dará preferencia a los más pobres y no comprometerá su futuro con deuda. Afirmó que si los grandes empresarios están en crisis y se enfrentan a la quiebra, son ellos los que deben asumir los costos y no el pueblo.

“Si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad o los socios o los accionistas porque el Estado tiene que proteger a todos y no actuar otorgando privilegios para nadie”, remarcó.

El mandatario dijo que el gobierno mantiene una actitud de respeto hacia los integrantes del CCE, pero que “no se continuará con más de lo mismo”. Pidió que todos acepten lo que establece la Constitución, el artículo 25, que existe la rectoría del estado en la búsqueda del desarrollo. “No puede ningún grupo imponer su política, corresponde al Estado, al Gobierno federal”, remató.

Esta tarde, en conferencia de prensa, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó la muerte de una persona en la entidad a causa del Covid-19, con lo que sumarían tres decesos en el país a causa del nuevo coronavirus.

El fallecido, un hombre de 55 años, presentaba diabetes y obesidad, por lo que formaba parte de la población más vulnerable ante el virus. El caso se venía tratando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo cual se informó, se está a la espera de más información.

Será hasta el informe de esta noche, que las autoridades sanitarias federales contabilicen dicha muerte y la incluyan en su informe.

Alfaro señaló que son dos defunciones posiblemente asociadas a COVID-19. “En ambas se realiza la investigación epidemiológica hasta su confirmación o descarte”.

Adicional, el gobernador informó que Jalisco registró en las últimas horas nueve casos más de Covid-19, sumando así un total de 45 personas; de ellas 41 son pacientes con síntomas leves y se mantiene en cuatro el número de portadores asintomáticos.

La Secretaría de Salud estatal informa que la mayoría de los casos confirmados se registran en los municipios de Zapopan y Guadalajara; pero se notificó también el primer caso fuera de la zona metropolitana, en el municipio de Cuautla.

Del total reportado, cuarenta personas han tenido un seguimiento ambulatorio, es decir en sus hogares. En tanto, se ha requerido hospitalizar a cinco pacientes, tanto en instituciones públicas como privadas, de los cuales tres ya fueron dados de alta por mejoría. A la fecha dos continúan hospitalizados en condición grave.

La mayor proporción de contagios se presenta en el sexo masculino (68%). El grupo que concentra más personas contagiadas está entre los 50 y 55 años.

Se han descartado 107 casos, y se tiene a 120 pacientes bajo estudio, en espera de confirmar o descartar su diagnóstico.

En la entidad, se continúa la búsqueda de todas las personas que viajaron a Vail, Colorado, Estados Unidos. Hasta el momento, a través de la investigación epidemiológica, se han contactado por diversas vías a 120 viajeros, de los cuales 43% refieren haber presentado algún síntoma de enfermedad respiratoria.

Del total de casos reportados en Jalisco, 15 tienen el antecedente de viaje a Vail y uno es portador asintomático.