estado Archivos - Ana Paula Ordorica

A primera vista, Ricardo Salinas Pliego y Bad Bunny no podrían parecer más distintos. Uno es un empresario mexicano que ha hecho fortuna navegando con habilidad quirúrgica el capitalismo a la mexicana. El otro es un músico puertorriqueño que convirtió el reguetón, un género históricamente marginalizado, en la banda sonora global de una generación. Sin embargo, ambos comparten algo fundamental: aprendieron muy bien las reglas del juego en el que decidieron jugar. Y después, supieron cómo romperlas.

Salinas Pliego entendió desde temprano que hacer negocios en México no consiste únicamente en vender productos a plazos. Implica conocer el entramado regulatorio, fiscal y político; saber litigar, acercarse al poder pero también resistir embates del Estado y, cuando es necesario, confrontarlo públicamente. Durante años, ese conocimiento le permitió defenderse con éxito en tribunales, ganar tiempo, imponer narrativas y, sobre todo, no jugar el papel del empresario dócil.

Bad Bunny hizo algo similar, pero en otro terreno. Antes que él estuvieron Luis Fonsi, Daddy Yankee y otros que abrieron camino a la música puertorriqueña en el mainstream. Bad Bunny, aprendió esas reglas. Solo cuando dominó ese lenguaje decidió romperlo. Comenzó a desafiar a la industria tradicional mezclando géneros como pop y reguetón con salsa. Ha usado su música para abordar temas sociales y políticos, desde la gentrificación, los apagones en Puerto Rico y crítica al colonialismo y a políticas migratorias. Ha usando incluso su vestuario, cortes de pelo y maquillaje como una herramienta de identidad y provocación.

Salinas Pliego se ha convertido en una piedra en el zapato primero de AMLO y ahora de Sheinbaum. No tanto por el monto de sus litigios fiscales, sino por que éstos han exhibido la fragilidad institucional del Estado mexicano. Que la presidenta hablara reiteradamente en la mañanera de la deuda fiscal de un contribuyente específico implicó romper el secreto fiscal. ¿Por qué hacerlo? ¿Qué necesidad política justifica vulnerar un principio básico del Estado de derecho?

Estar o no de acuerdo con la forma de actuar de Salinas Pliego es irrelevante frente a un hecho alarmante. Que desde la tribuna presidencial se hable reiteradamente de la situación fiscal de un contribuyente implica vulnerar el secreto fiscal, un principio básico del Estado de derecho que protege a todos los mexicanos. Si se rompe con uno, se debilita para todos.

Bad Bunny, por su parte, se ha convertido en un dolor de cabeza para Donald Trump desde otro ángulo, el cultural. Su decisión de no dar conciertos en Estados Unidos el año pasado para no exponer a sus fans a redadas de ICE fue un mensaje político con enorme impacto. Hoy, cuando la política migratoria estadounidense se ha endurecido al punto de registrar incluso la muerte de ciudadanos estadounidenses a manos de agentes migratorios, la figura de Bad Bunny se ha vuelto tan incómoda para Donald Trump que ha salido a decir que de plano no va a ir al Super Bowl del domingo porque no le gusta el cantante, que va a ser quien ofrezca el show de medio tiempo. Hay mucha expectativa de lo que pueda decir o hacer ahí Bad Bunny sobre el tema ICE.

Trump prometió deportaciones de indocumentados, no persecuciones indiscriminadas ni ejecuciones. La distancia entre la promesa y la realidad ha erosionado su popularidad en el tema migratorio, que es uno de sus pilares insignia desde que bajó en 2015 por aquella escalera dorada prometiendo acabar con ella.

Salinas Pliego y Bad Bunny no son héroes ni villanos. Son, simplemente, actores que entendieron su ecosistema, rompieron las reglas y con ello han demostrado la peor cara de los más poderosos en nuestro entorno.

Columna publicada en El Universal

Israel Vallarta es, al mismo tiempo, víctima y beneficiario de un sistema de justicia profundamente roto. Su caso es emblema de las fallas del proceso penal en México, pero también del olvido en el que caen las víctimas reales cuando el foco se coloca únicamente en los errores del Estado.

La historia es conocida, pero conviene recordarla: Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005, junto con su entonces pareja, la ciudadana francesa Florence Cassez, en el rancho Las Chinitas, en la carretera México-Cuernavaca. Ahí se encontraban secuestradas Cristina Ríos Valladares, su hijo y Ezequiel Elizalde Flores. Este último ha relatado que Cassez le inyectó un sedante para amputarle un dedo y enviarlo a su familia como presión para el rescate.

El caso estalló mediáticamente por el montaje que la entonces AFI organizó para la televisión. El arresto fue recreado frente a las cámaras y transmitido como si ocurriera en tiempo real. Fue tal la violación al debido proceso que, en 2013, la Suprema Corte ordenó la liberación inmediata de Cassez. Vallarta, sin embargo, permaneció preso, bajo prisión preventiva y entre denuncias de tortura. Nunca fue sentenciado. Pasó 18 años tras las rejas sin que se acreditara su culpabilidad ante un juez. No es justicia. Pero tampoco es del todo inocencia.

En múltiples declaraciones judiciales, al menos cuatro víctimas lo identificaron como parte de la banda de secuestradores Los Zodiaco, que operó en el Estado de México y la Ciudad de México. Una de ellas también lo señaló por violación. Su familia tuvo un rol activo en la organización, y aunque algunas pruebas fueron cuestionadas, no todas fueron declaradas inválidas.

Pudo beneficiarse de las irregularidades procesales que en su momento permitieron la liberación de Cassez, pero su defensa eligió otra ruta: buscar probar su inocencia en lugar de acogerse a los mismos argumentos que ya habían sido validados por la Corte. Eso alargó su tiempo en prisión.

Finalmente, la jueza Mariana Vieyra Valdés dictó sentencia absolutoria. En una resolución de 465 páginas, argumentó que el “efecto corruptor” del montaje televisivo contaminó las pruebas y que, por “cosa juzgada refleja”, debía aplicar el mismo criterio que liberó a Cassez. La decisión se da a semanas de que ella ganara la elección en la que apareció en los acordeones como candidata para seguir en el cargo en el nuevo modelo judicial que impulsó el gobierno de Sheinbaum.

Curiosamente, esta misma jueza ha negado liberar a Martha Gálvez, hermana de Xóchitl Gálvez, quien también ha estado en prisión sin sentencia por un presunto secuestro. ¿Doble rasero? ¿Conveniencia política? Son preguntas que exigen respuestas.

Hoy vivimos en un México donde puedes pasar dos décadas en prisión sin sentencia… y también en un México en donde un presunto secuestrador y violador puede quedar libre sin que se aclare su inocencia. Un país que ignora a las víctimas mientras convierte en mártires a quienes han sido parte del engranaje criminal, pero fueron mal procesados por el Estado.

La narrativa dominante apunta a las fallas del pasado, al sensacionalismo mediático y a los errores judiciales. Todo muy conveniente para un gobierno que, en menos de un mes, pondrá en marcha un nuevo sistema de justicia que promete ser aún peor que el actual.

Mientras tanto, Israel Vallarta ya es visto como víctima… y algunos incluso lo perfilan como futuro senador.

Una pena.

Columna publicada en El Universal