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ESTAFA

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Víctor Hugo Borja Aburto, quien en marzo de 2020 validó una asignación directa por 93 millones de dólares a Levanting Global Servicios LLC, para la contratación de 2,500 ventiladores respiratorios a un proveedor acusado de fraude y corrupción, fue ascendido por orden presidencial a un cargo directivo al interior del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Recordemos que en un oficio fechado el 30 de marzo de 2020, Borja Aburto, entonces director de prestaciones del IMSS, justificó la asignación directa a Levanting Global, con el argumento de que su propuesta contenía datos objetivos que garantizaban la entrega de los 2,500 ventiladores en menos de un mes. Sin embargo, la empresa no entregó ni un solo equipo y para obtener el contrato millonario aportó datos falsos, según determinó la propia Secretaría de la Función Pública (SFP).

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló en abril de 2020 que el dueño de la empresa, Baldemar Pérez Ríos, había sido sancionado en Estados Unidos por presunto fraude bursátil, además de que en sexenios anteriores fue acusado por la SFP de haber tejido una red de compañías fantasma que simulaban competencia y sobornaba a funcionarios para obtener contratos millonarios en Pemex.

Tras ser revelado el caso, Borja Aburto salió del IMSS a inicios de año, a punto de cumplir 20 años de servicio ininterrumpido dentro del organismo de salud. Ahora despacha como titular de la Unidad de Coordinación Nacional Médica del INSABI, por “invitación” presidencial.

“Por su desempeño profesional en el IMSS como director de Prestaciones Médicas, el doctor Víctor Hugo Borja atenderá un llamado presidencial para asumir nuevas responsabilidades en el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI)”, reportó el IMSS en febrero del 2021.

Investigación completa en MCCI

Tuits de cuentas aparentemente hackeadas comenzaron a circular esta tarde en Twitter, luego de que se dectectara que más de una docena de cuenta, pertenecientes a magnates de la tecnología, figuras políticas y grandes empresas, solicitaron donaciones en bitcoins.

La causa del hackeono está clara aún, pero el alcance de los mensajes refieren que no se limita a una sola cuenta o servicio.

Twitter dijo que está investigando el asunto y que emitiría una declaración en breve. Incluso alertó que se podrían presentar problemas en inicio de sesión o en publicar, debido a la revisión que hacía.

Algunos de los tuits se eliminaron rápidamente, pero parecía haber dificultades para recuperar el control de las cuentas.

Entre los afectados aparecen el virtual candidato presidencial demócrata en EUA, Joe Biden, el multimillonario Bill Gates, el rapero Kanye West, el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk.

También fueron afectados el fundador de Amazon, Jeff Bezos, Barack Obama, Mike Bloomberg y las cuentas corporativas de Uber y Apple.

Las publicaciones ofrecían enviar 2,000 dólares por cada 1,000 dólares que fueran depositados en una dirección de bitcoin.

Recordemos que Bezos, Gates y Musk se ubican entre las 10 personas más ricas del mundo y cuentan con decenas de millones de seguidores en Twitter.

El Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal concedió una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión en contra Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el sexenio pasado.

Y es que este lunes se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) busca vincular a la también exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a proceso por el indebido del servicio público por la llamada ‘Estafa Maestra’.

El juez  Patricio Leopoldo Vargas admitió la demanda de la exfuncionaria al indicar que el delito de ejercicio indebido del servicio público no amerita prisión preventiva.

“Por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la orden de comparecencia, así como la ejecución de dicho acto, se concede la suspensión provisional a María del Rosario Robles Berlanga, para el efecto de que no sea presentada por conducto de la fuerza pública ante las autoridades responsables ordenadoras”, expuso el juez.

Sin embargo, para que la suspensión concedida tenga efecto, tendrá que pagar 69 mil 500 pesos de garantía en un plazo de cinco días.

Adicional, la suspensión no aplicará en caso de que los delitos de los que se les acusen cambien, y éstos ameriten prisión preventiva oficiosa.