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La Fiscalía General de la República (FGR) informó la noche de ayer, que luego de analizar y llevar a cabo las dirigencias necesarias, así como analizar las pruebas presentadas por las partes, concluyó, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), no ejercer acción penal en contra del General Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La FGR recordó que desde el año 2013, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América (DEA), inició sin el conocimiento y sin la colaboración de las autoridades mexicanas, una investigación de delitos contra la salud, en donde se involucraba a Cienfuegos Zepeda.

Apuntó que la DEA continuó con la investigación durante la administración del presidente López Obrador, sin que tampoco se haya informado a las autoridades mexicanas del caso.

Fue así que el pasado 15 de octubre, agentes de la DEA detuvieron al exfuncionario mexicano en el aeropuerto de Los Ángeles, California, sujetándolo a proceso, por delitos contra la salud y lavado de dinero. Sin embargo, tras el reclamo del gobierno mexicano, cinco semanas después de haber sido detenido, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le solicitó a la Jueza que conoció del caso desestimar los cargos; el 18 de noviembre de 2020, el General Cienfuegos fue entregado por las autoridades norteamericanas, al Ministerio Público de nuestro país.

Durante el tiempo que estuvo detenido el General, y después de haber sido informada sobre el procedimiento, la Fiscalía General de la República solicitó y recibió las pruebas que enviaron las autoridades norteamericanas, para poder iniciar su propia investigación.

Fue el 9 de enero de este año, que Cienfuegos Zepeda conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la FGR, teniendo acceso a todo el expediente, como correspondía a la fase procesal.

La Fiscalía indicó que el extitular de la Sedena aportó sus elementos de prueba, paralelamente a que la Fiscalía llevaba a cabo las acciones necesarias para recabar las evidencias necesarias.

“Se llegó a la conclusión de que el General Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos. Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso”, indicó la FGR a través de un comunicado.

Finalizó indicando que del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no se encontró ningún dato o señal de que el exfuncionario obtuviera ingresos de forma ilegal o incrementara su patrimonio de forma irregular.

El Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría de la Ciudad de México (PGJ-CDMX), Guillermo Terán Pulido, informó que tras un proceso de investigación se determinó que la Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, no tiene ninguna responsabilidad en las irregularidades del colegio Enrique Rébsamen.

“Determinamos que no tiene ninguna responsabilidad la persona que refiere, la jefa de Gobierno electa; no estaba dentro de sus atribuciones y por eso podemos afirmar tal situación”, indicó el funcionario en conferencia de prensa.

Explicó que las construcciones que se realizaron ilegalmente en el inmueble que albergaba el plantel educativo se realizaron previo a su gestión como delegada de Tlalpan, además de que dichas construcciones no tienen que ver con las atribuciones que tienen los titulares de las demarcaciones.

Sobre el hecho de que nunca se citó a declarar a Sheinbaum, Terán Pulido señaló que “únicamente se llevan o se conducen a una investigación a aquellas personas que de alguna u otra manera pudieron haber participado en la comisión de algún hecho considerado delito. En este caso no fue así y para no vulnerar ningún derecho humano es que en su oportunidad tampoco se giró citatorio a ella y a otras personas”, declaró el subprocurador.

Al respecto, la morenista utilizó sus redes sociales para indicar que con la información que dio a conocer la PGJ-CDMX se confirmaba lo que dijo en varias ocasiones: “no existe responsabilidad de la administración que encabecé en Tlalpan en las irregularidades detectadas en el colegio Enrique Rébsamen”.

Confió en que pronto se haga justicia y se lleve a todos los responsables ante las autoridades.

 

La madrugada de este martes, el actor Axel Arenas abandonó prisión, luego de que un Juez de control determinara no vincularlo a proceso por el feminicidio de la modelo argentina Karen Ailen.

 

 

De acuerdo a la decisión del juez, no se pudo establecer relación entre el crimen y el paradero que tuvo el actor, el cual quedó demostrado en las pruebas presentadas por su defensa, y que demostraban que esa noche se encontraba en Colombia.

 

Entre las pruebas que la defensa presentó, se encontraban los sellos del pasaporte de Axel, de parte del gobierno colombiano, además de videos de un centro comercial en Medellín, donde se le observa en compañía de su novia y su cuñado, y las grabaciones del hotel donde se hospedó.

 

El equipo de defensa, a cargo del abogado Emiliano Robles Gómez Mont, indicó que “Axel Arenas, acusado de feminicidio de forma injusta es exonerado por pruebas contundentes aportadas por la defensa. Un ejemplo más del trabajo arduo y técnico por parte de nuestra Firma. Se hizo justicia!”.

 

Por su parte la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, manifestó su total “respeto a la resolución emitida por el representante del Poder Judicial, en torno a la determinación de la no vinculación a proceso de la persona que fue detenida en relación al feminicidio cometido en un hotel ubicado en la delegación Benito Juárez”.

 

A través de un comunicado de prensa, la institución señaló que “actúa con apego a Derecho y en cumplimiento a los principios del sistema penal acusatorio, como el de contradicción, el de igualdad y el de lealtad, con respeto absoluto a los derechos humanos del aprehendido, principios que fueron observados por el Juez de Control, quien con los elementos presentados por el Ministerio Público obsequiara la orden de aprehensión y calificara como legal su cumplimiento”.

 

Adelantó que  continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y evitar la impunidad en el caso.