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El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó este miércoles a la Presidencia de la República revelar el expediente que compartió la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los comisionados del INAI determinaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debe publicar los documentos que él dijo haber recibido en mayo de 2021, tras una reunión virtual con Harris, sobre los jóvenes desaparecidos en septiembre de 2014.

“En el INAI impulsamos siempre el principio a la máxima publicidad, ya que el acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria histórica es parte de una verdadera reparación del daño”, argumentó la comisionada Norma Julieta del Río.

López Obrador pidió el expediente a Harris como parte de la investigación de la Comisión de la Verdad de se creó en su gobierno, y que en agosto pasado determinó que el caso de Ayotzinapa fue “un crimen de Estado” que involucró a autoridades de todos los niveles, incluyendo militares.

Dicho expediente, entregado por el gobierno de Estados Unidos, incluyen intervenciones telefónicas realizadas en ese país a Guerreros Unidos, que está relacionado con la desaparición de los 43 normalistas.

El INAI justificó su decisión porque el caso “es emblemático de la crisis en materia de violaciones graves a derechos humanos que ha sufrido” México.

“Quienes integramos este pleno hemos impulsado en todas y cada una de nuestras ponencias la apertura de toda la información relacionada con el caso Ayotzinapa”, añadió la comisionada Del Río.

La polémica sobre la desaparición de los 43 normalistas se reavivó el año pasado, en su octavo aniversario, por el reporte de la Comisión de la Verdad, que los da por muertos.

Pero, después, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló inconsistencias en dicho reporte.

A esto se suma que el encargado de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, reconoció “que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real”, según indicó el diario estadounidense, The New York Times.

Recordemos que según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

La Administración de López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con el GIEI, que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

Un juez pospuso este lunes, por segunda vez, la audiencia de Ricardo Anaya, quien es acusado de recibir sobornos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht.

“Se reprogramó para el 8 de noviembre, a las 9 de la mañana. El juez exhortó a la defensa a estar al lado del imputado en la siguiente sesión”, informó a la prensa el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Anaya, quien salió de México el pasado 5 de julio y se le presupone en Estados Unidos, participó por videoconferencia en la audiencia de este lunes, la cual tuvo un receso de varios minutos. La defensa pidió posponer la sesión para analizar nueva información incluida en la carpeta de investigación.

Y es que la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Anaya de haber recibido 6.8 millones de pesos en sobornos para que votara a favor en 2014 de la reforma energética que impulsó el entonces presidente Enrique Peña Nieto, y que abrió el sector a la iniciativa privada.

El Ministerio Público se basa en la denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien el año pasado denunció a Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de haberle ordenado entregar sobornos de Odebrecht a legisladores de la oposición para que votaran a favor de la reforma.

Ricardo Anaya ha venido acusando desde agosto pasado al presidente López Obrador de persecución política y anunció su “exilio”.

El político, que quiere repetir como candidato en 2024, sostiene que no era diputado en la fecha en la que el Ministerio Público lo acusa de haber recibido el dinero.

En un video difundido en redes sociales, Anaya dijo este lunes que tiene “una estrategia legal muy bien pensada” que aunque tomará tiempo, funcionará; y criticó que la FGR “en todo obedece a López Obrador y se pasa la ley por el arco del triunfo”.

En su mensaje de hoy, el panista anunció una “novedad”; dijo que como les hizo pedazos sus argumentos y se les cayó el teatrito, la FGR recurrió al viejo recurso del refrito. Indicó que solicitaron reabrir el expediente con las acusaciones que hubo en su contra durante la campaña presidencial de 2018.

“Es la manera de López Obrador de decirme que la guerra apenas comienza. Ya te perdimos, me queda claro que no vas a parar. Ya te volvió loco el poder. Que te quede muy claro: conmigo te vas a topar con pared, no te tengo miedo. Voy a dar esta batalla tope donde tope”, expresó Anaya.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR) transparentar el caso contra Ricardo Anaya, quien ha venido acusándolo de quererlo encarcelar por delitos que sumarían 30 años.

“Esto es un asunto de interés público, que a todos nos atañe, a todos nos importa. Ojalá y que la Fiscalía dé a conocer por qué es lo del citatorio a Anaya para que no quede en especulación, si no, me va a seguir echando la culpa a mí”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina, que en esta ocasión se celebró desde Veracruz.

Recordemos que desde el pasado fin de semana, Anaya denunció que el presidente busca sacarlo “a la mala” de la contienda electoral rumbo al 2024.

Horas después, y tras revelar la persecución en su contra, Ricardo Anaya informó que recibió un citatorio para declarar este jueves en el Reclusorio Norte de Ciudad de México, a la que dijo que no asistiría pues sabía que de pisar el penal, no lo dejarían salir.

Ante los señalamientos, el mandatario acusó a Anaya de “hipócrita” y negó una “persecución”; pidió difundir el caso, que él dice que deriva de antiguas denuncias presentadas por compañeros de su propio partido, del PAN, así como de la denuncia que en su momento presentó Emilio Lozoya, exidrector de Pemex, implicado en la trama de Odebrecht.

“Si la Fiscalía no da a conocer la causa o el Poder Judicial, yo voy a estar insistiendo de que se transparente todo el proceso. Una regla de oro de la democracia es la transparencia porque si no, él va a seguir hablando y la gente puede confundirse”, añadió AMLO.

Y es que esta mañana, previo al inicio de su conferencia, Anaya lanzó un reto vía redes sociales al presidente al decirle que está dispuesto a presentarse a declarar en el Reclusorio, solo si es “el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez” que los dos hermanos del mandatario, Pío y Martín López Obrador, quienes recientemente han aparecido en vídeos recibiendo dinero en efectivo, se presentaban también.

“Que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera. De ellos hay vídeo recibiendo dinero en efectivo, Andrés Manuel, las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de Lozoya”, dijo Anaya en su videomensaje.

Al negar que proteja a sus hermanos, López Obrador respondió que “de manera mañosa” Anaya quiere culparlo del proceso legal para evitar responder ante la Justicia.

“En el caso de mis hermanos, igual, que la autoridad competente actúe, yo no tengo que ver con la Fiscalía. Ya no es el tiempo de antes en que el presidente le ordenaba al procurador lo que tenía que hacer, eso era el tiempo en el que dominaban los ahora opositores”, remató AMLO.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que tras la denuncia que presentó, un juez de control vinculó a proceso a tres personas por su presunta responsabilidad en el robo del expediente del caso conocido como la “Casa Blanca” de los archivos de la dependencia.

Fue en 2019 cuando la SFP presentó una denuncia penal por la sustracción del expediente sobre el posible conflicto de interés del entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con Grupo Higa.

Durante la entrega recepción con el cambio de administración, ex funcionarios señalaron que previo a dicho proceso, se habría sustituido el expediente original por una copia de la versión pública, que presuntamente omitía diversas evidencias de la investigación.

La SFP, ya con Irma Eréndira Sandoval al frente, alertó que el expediente de la llamada “Casa Blanca” no fue archivado de conformidad con la ley, por lo que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el posible delito de ejercicio ilícito de servicio público por tres personas que ocuparon los cargos de Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, de Director General de Denuncias e Investigaciones y de Director General Adjunto de Investigaciones, a finales de la anterior administración.

Sandoval Ballesteros indicó que la vinculación a proceso de los tres exfuncionarios es un paso más para erradicar la impunidad y garantizar una administración honesta, legal y ética.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este lunes que la Cámara de Diputados haga público el expediente del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada y otros dos delitos.

“Ojalá que la Cámara de Diputados dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas. Ojalá haya transparencia, eso va a ayudar mucho”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina, donde afirmó que el que se haga público el expediente le conviene también al gobernador.

“Es sano para la vida pública el que se dé a conocer el expediente, creo que es sano para el gobernador, para la Fiscalía, para los legisladores, también para nosotros en Presidencia”; y es que dijo que aunque se hayan hecho señalamientos de que la acusación en su contra venía orquestada desde Palacio Nacional, él no tiene nada que ver y quiere saber de qué se le acusa al panista.

Ejemplificó que en el caso del general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y extraditado a México donde fue exonerado, sirvió de mucho hacer público el expediente.

“Ojalá que los legisladores resuelvan dar a conocer el expediente completo y subirlo a la red como lo hicimos en el caso de Cienfuegos”, indicó. Aseguró que eso ayudará a que no haya manipulación ni linchamientos mediáticos, indicó el mandatario mexicano.

Al respecto, el Acción Nacional ha denunciado una “persecución política” contra García Cabeza de Vaca, quien es miembro de la Alianza Federalista, grupo de gobernadores que han sido fuertes críticos del “centralismo” del presidente López Obrador.

López Obrador reiteró esta mañana lo que ya había negado el pasado 24 de febrero que se trate de una “venganza” contra el mandatario estatal. “Yo no fabrico expedientes ni doy órdenes de que se fabriquen expedientes en contra de nadie”, sostuvo AMLO.

En el caso de García Cabeza de Vaca, los diputados están dentro del plazo de los 60 días para analizar la declaración de procedencia para después convertirse en jurados, escuchar a las partes y votar por el desafuero definitivo del gobernador, quien termina su periodo en 2022.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que su gobierno hizo “lo correcto” y “ético” al publicar el expediente que la DEA envió a México en torno al general Salvador Cienfuegos, quien el jueves pasado fue exonerado de las acusaciones de narcotráfico por la Fiscalía General de la República (FGR).

“No se pueden fabricar delitos a nadie. Lo que hicimos fue lo correcto, es ético, independientemente del derecho, que tampoco se viola”, señaló el presidente en su conferencia de prensa matutina.

Los comentarios del mandatario llegan luego de que de que este fin de semana, el Gobierno de Estados Unidos expresara su “profunda decepción” por la exoneración de Cienfuegos por parte de la FGR, que decidió no investigarlo por falta de pruebas.

Además, el Departamento de Justicia acusó a México de violar un tratado al divulgar información que le había compartido de manera confidencial.

Ante lo expuesto por la dependencia estadounidense, AMLO respondió que “no es posible que se lleve a cabo una investigación sin sustento y quedarnos callados”. Justificó que el expediente se dio a conocer el viernes porque las circunstancias así lo exigían, pues estaba en entredicho el prestigio de México.

“Es inédito (la publicación del expediente) pero así lo exigían las circunstancias, porque esta de por medio el prestigio de México, y ningún grupo, ningún gobierno puede socavar el prestigio de nuestra nación”, sostuvo López Obrador.

Destacó que por ello el compromiso de su gobierno fue dar a conocer la información que envió el Departamento de Justicia estadounidense “sin borrar nada”, aunque reconoció que el expediente de la Fiscalía, dado a conocer el sábado pasado, sí tenía partes borradas por la naturaleza de la investigación.

El jefe del Ejecutivo reiteró que la investigación de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) fue “irresponsable” pues se fabricaron delitos con base solamente en fotografías de capturas de pantallas de un celular. Indicó que no se debe pensar que las agencias de investigación extranjeras son “infalibles o perfectos”, ni que todo lo malo tiene que ver con su gobierno.

López Obrador descartó que la relación con Estados Unidos se hayan fracturado tras hacerse público el expediente que el país vecino compartió con México.

“Actuamos bien y esto no afecta las relaciones, son buenas las relaciones con el gobierno actual y con el gobierno que entrará en funcionamiento esta semana”, apuntó.

El gobierno federal publicó este viernes el expediente que le entregó Washington sobre el caso de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, al que se había acusado de narcotráfico en Estados Unidos, y que ayer fue exonerado por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Las pruebas recabadas en los Estados Unidos consisten principalmente en unas comunicaciones interceptadas, en decomisos físicos de drogas y en testigos cooperantes”, establece dentro del expediente una carta firmada por Timothy Shea, administrador interino del Departamento de Justicia estadounidense.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó a la DEA de “fabricar” los cargos contra el General y pidió publicar el expediente que Washington envió el 29 de octubre a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Les ofrecemos disculpas (a Estados Unidos) y ojalá comprendan, pero por encima de todo está la dignidad del gobierno y la autoridad moral del presidente”, declaró en su conferencia matutina, donde dijo que instruyó a la cancillería a hacer público el expediente.

El expediente difundido por la SRE consta de 748 páginas, incluyendo las cartas de Shea a Marcelo Ebrard, titular de la dependencia.

En su mayoría son mensajes de texto e imágenes que, presuntamente y de acuerdo con la DEA, Cienfuegos se intercambió con narcotraficantes. En la carta, el administrador del Departamento de Justicia explica que estas pruebas se usaron para elaborar cuatro cargos de asociación delictuosa para fabricar, distribuir e importar cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína, además de lavado de dinero.

“No hubo interceptaciones electrónicas hechas en territorio nacional mexicano”, afirma Shea en la misiva.

El funcionario del Departamento de Justicia asegura que la DEA “no investigó a Cienfuegos como un objetivo principal y tampoco interceptó directamente sus comunicaciones”. La DEA, argumenta Shea, se topó con el caso de Cienfuegos mientras investigaba a Juan Francisco Patrón Sánchez, narcotraficante conocido como el H2, y Daniel Isaac Silva Gárate, el H9, quienes operaban en Nayarit.

“Él (Cienfuegos) fue acusado como un coconspirador después de haber sido identificado personalmente en las pruebas interceptadas que se desarrollaron en contra de Silva Gárate y Patrón Sánchez”, sostiene el texto. Las pruebas de la DEA afirman que en los mensajes de texto se identificaba a Cienfuegos como Padrino y Zepeda, su segundo apellido.

En la evidencia, también incluyen presuntas capturas de pantalla de “comunicaciones” de Cienfuegos sobre “unas reuniones de la DEA con sus homólogos mexicanos” acerca de investigaciones en contra de Patrón Sánchez. “Las interceptaciones electrónicas del fuero federal revelaron también el papel que desempeñaba Cienfuegos Zepeda al restringir operativos militares en Nayarit con la finalidad de proteger las operaciones de Patrón Sánchez”, asevera el funcionario del Departamento de Justicia.

Al desestimar los cargos, el gobierno mexicano ha sostenido que un narcotraficante se hizo pasar por Cienfuegos en los mensajes y que la evidencia es meramente circunstancial.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó este viernes la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de exonerar al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, mientras acusó a la DEA de fabricar pruebas en su contra.

“Ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

Dijo que su gobierno “secunda, avala y respalda” la decisión de la FGR, que se dio a conocer la noche de ayer.

Recordemos que López Obrador enfatizó en más de una ocasión, que los “elementos de prueba” presentados por la DEA “no tienen ningún valor probatorio” para enjuiciar a Cienfuegos. Además, indicó que había cierta relación entre la fecha de la detención de Cienfuegos y las elecciones estadounidenses. “Todo esto hay que aclararlo”, subrayó.

“Nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción. Pero también que no pueden haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera”, subrayó el mandatario.

El presidente remarcó que habrá “transparencia plena” en el caso para evitar críticas, por lo que indicó que se difundirá el expediente del caso, aunque a las autoridades estadounidenses no pudiera estar de acuerdo.

“Que se tenga toda la información, no ocultar nada. Y también para que con la información podamos salir al paso a los adversarios nuestros y a los representantes que están empeñados en atacarnos para que se piense que somos iguales y que no hay ningún cambio, que somos encubridores, cómplices. Y que somos también peleles, de grupos de intereses creados y de gobiernos extranjeros”, añadió.

Al respecto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo este viernes en un comunicado que se reserva el derecho de reiniciar un proceso judicial por vínculos con el narcotráfico al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.

Tras una solicitud de acceso a la información relacionada con el evento que se realizó en el Palacio de Bellas Artes, en homenaje del líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informó que no se encontró ningún documento relacionado al pago por la utilización del inmueble.

Aseguró que tras haber realizado una búsqueda “exhaustiva” por 40 días, no encontró copia de ningún cheque o pago hecho por el préstamo del recinto cultural.

El Universal, quien presentó la solicitud, informó que además, el INBAL clasificó como reservada por un lapso de cinco años toda información relativa al evento, argumentado hay una investigación en trámite relacionado a dicha celebración.

El Instituto informó que no se podrá entregar ningún documento sobre el caso, sino hasta 2024, año en que finalizará la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“La documentación que requiere se encuentra directamente relacionada con el expediente de investigación que se encuentra integrando el Órgano Interno de Control en este INBAL (…) por lo que actualmente no se ha dictado la resolución administrativa correspondiente, motivo por el cual la misma fue clasificada como reservada durante la vigésima séptima sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de este instituto, celebrada el 20 de junio del año en curso, debiendo precisar que el área responsable de la información estableció un periodo de reserva de dicha información por cinco años”, respondió el INBAL a El Universal a través del INAI.

Recordemos que fue el diario quien reveló que la noche del 15 de mayo, el Palacio de Bellas Artes fue escenario de un evento que se publicitó como un homenaje por los 50 años del líder de la iglesia evangélica, quien hoy se encuentra preso en una cárcel de Estados Unidos, acusado de presuntos delitos de violación sexual y pederastia.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien encontró elementos sobre el uso de recursos de la PGR, hoy Fiscalía General de la República contra Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN.

AMLO pidió que la FGR indague y abra expedientes.

“Que la Fiscalía investigue, que se abran los expedientes”, dijo AMLO en su conferencia mañanera de este jueves.

López Obrador agregó que “si el Tribunal Electoral ya presentó esta denuncia a la Fiscalía tienen que agotar toda la investigación, darle curso, castigar a los responsables, si se cometió algún delito”.

Asimismo, el tabasqueño aseguró que en el pasado él sufrió de persecución política.

“Nosotros padecimos mucho la persecución, hasta nos desaforaron… cuando llegamos aquí, dijimos por convicción que no ibamos a hacer lo mismo… y dijimos que no ibamos a fabricar delitos a opositores… que no se persiga a nadie por consigna”, señaló López Obrador.

El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales (SNT), a través de la Comisión de Archivos y Gestión Documental, hizo un pronunciamiento referente a la pérdida de documentos en dependencias públicas vinculadas a actos de corrupción y delitos de trascendencia social.

En su denuncia destaca el incendio, ocurrido en enero pasado, de dos contenedores pertenecientes al Instituto Jalisciense de Asistencia Social que resguardaban información relativa a mil 200 denuncias sobre robo de vehículos y autopartes en los corralones que estaban bajo su custodia durante 2018.

Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) desconoce dónde quedó la información de convenios suscritos por la dependencia por un monto de 185 millones de pesos; la Fiscalía General de la República (FGR) declaró que el expediente integrado en 2013 de la exlideresa Elba Esther Gordillo está “perdido” y la Fiscalía General del Estado de Morelos, confesó que parte de las pruebas del asesinato del activista Samir Flores no son localizadas.

Otro caso, que levantó indignación entre la comunidad universitaria, fue el envío de parte del acervo documental de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que contenía valiosas piezas del Siglo XIX, a una recicladora de papel.

Los representantes de los órganos garantes de los estados de Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz hacen un llamado a entidades y dependencias de los tres niveles de gobierno obligadas por la Ley General de Archivos (LGA) a gestionar y preservar la documentación que producen derivada de sus funciones y atribuciones.

Los denunciantes aseguran que aunque la LGA entrará en vigor en junio próximo, los documentos que se generan en las dependencias están protegidos jurídicamente por otras leyes como la Ley Federal de Archivos, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y la propia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Aseguran que los archivos son la memoria histórica del país y piden a la autoridades se investiguen a fondo las circunstancias de los siniestros perpetrados, así como la pérdida y extravío de información relevante para el esclarecimiento de hechos probablemente constitutivos de delitos.

 

 

Con información de El Universal

El INAI ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) publicar el expediente del magnicidio en 1994 del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio por su “trascendencia social e histórica”.

“Al tratarse de un magnicidio de amplias repercusiones en la esfera política y social de México, la averiguación previa del homicidio del candidato a la Presidencia resulta de interés público”, sostuvo el organismo en un comunicado.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) indicó que ha recibido “numerosas solicitudes de información” sobre este caso.

Tras estudiar un recurso interpuesto por un particular, el órgano de transparencia ordenó la apertura del expediente del magnicidio porque “favorece el escrutinio y debate público de un hecho del que en la actualidad la sociedad mexicana sigue demandado su esclarecimiento”.

Con el acceso al expediente completo de la averiguación previa se da cuenta de las acciones y los resultados obtenidos por parte de órganos de procuración de justicia del Estado mexicano respecto al homicidio de un candidato a la presidencia”, añadió el INAI.

Asimismo, advirtió que clasificar como “reservado” este expediente impediría que “las personas interesadas estén en posibilidad de evaluar la actuación de los funcionarios públicos” tras el asesinato del candidato.

Según el INAI, el caso cobra ahora todavía más relevancia puesto que el próximo 23 de marzo se conmemorarán los 25 años del asesinato en Tijuana de Luis Donaldo Colosio, quien era candidato presidencial del entonces oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A raíz de una resolución del INAI, el pasado diciembre se desclasificó un video que muestra el momento exacto en el que Luis Donaldo Colosio fue tiroteado mientras saludaba la gente en un acto electoral y que permanecía reservado hasta el 2035.

Luis Donaldo Colosio era considerado seguro sucesor del presidente Carlos Salinas de Gortari debido al férreo control que el PRI mantenía sobre el Gobierno.

Aunque se detuvo en el momento al presunto asesino material, Mario Aburto, las investigaciones se prolongaron durante años en busca de un posible autor intelectual o de un complot.

Esta mañana, el periódico El Universal reveló el expediente del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se encuentra en el Archivo General de la Nación, en el cual se señala que fue simpatizante del Partido Socialista Unificado de México.

Luego de esto, en conferencia de prensa, el mandatario aseguró que ese reporte “no obedece a la verdad. Así como mi expediente, hay muchas falsedades en otros expedientes; se cometieron grandes injusticias por etiquetar a luchadores sociales, se les reprimió a los campesinos que ni sabían lo que era el comunismo”, dijo.

López Obrador negó que haya sido militante del Partido Comunista y que lo haya financiado cuando fue director del Instituto Nacional Indigenista (INI).

“Siempre les dije que no todo lo que sale en los expedientes de los opositores es cierto, muchas cosas ahí son inventadas. Ahí viene que era miembro del Partido Comunista cuando fui director del INI, eso lo afirma Miguel Nazar Haro, que yo apoyaba y financiaba a ese partido y otros de izquierda. No era militante de ese partido ni de otro, pero sí apoyaba a los luchadores sociales”, enfatizó el presidente.

El tabasqueño manifestó que no tiene nada que ocultar, por eso aceptó que se abriera su expediente, a pesar de que le sugirieron que fuera reservado por ser el representante del Poder Ejecutivo.

“Me hicieron el planteamiento de que mi expediente se reservara, porque era yo el Jefe del Estado e iba a causar escándalo el que Nazar Haro dijera que fui dirigente del Partido Comunista hace 40 años. No tengo nada que ocultar, siempre he luchado por mis ideales”, aseguró AMLO.

A dos días de los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares de las personas que fallecieron y resultaron heridas a raíz de la explosión en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Aunque reconoció la necesidad de las diversas acciones que lleva a cabo el Gobierno Federal en contra del robo de combustibles, indicó que con base en sus atribuciones legales, inició de oficio un expediente de queja para investigar las posibles omisiones que se hubiesen presentado en la actuación de servidores públicos, federales, locales  municipales.

Indicó que se revisará la actuación que el gobierno tuvo para controlar la fuga que presentaba el ducto, así como para prevenir o intentar mitigar los riesgos de afectaciones a la población civil.

Aclaró que tan pronto se tuvo conocimiento de los hechos, personal del Organismo se trasladó al lugar de los hechos y empezó a realizar gestiones y acciones de acompañamiento para el traslado de las personas heridas a hospitales, brindó asesoría y orientación sobre la entrega de cuerpos a sus familiares y proporcionó servicios de asistencia psicológica.

Detalló que también se han realizado visitas y sostenido reuniones con personal directivo y médico de 13 hospitales ubicados en los estados de Hidalgo, México y en la Ciudad de México, con el fin de supervisar que se proporcione atención médica especializada a los heridos.

“Esta Comisión Nacional mantiene presencia con personal en carácter de observadores en las inmediaciones de la denominada “zona cero” en que ocurrieron los hechos, y estará pendiente de la evolución de los acontecimientos para en su momento emitir el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda”, finalizó la CNDH.