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Ante las críticas que generó su encuentro con Felipe Calderón durante su gira por España, la aspirante presidencial del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, se desmarcó del exmandatario, de quien dijo, no recibe consejos ni le tiene admiración política.

Previo a su encuentro con empresarios en un evento organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Xóchitl  Gálvez se reunió con representantes de los medios de comunicación.

La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México fue cuestionada sobre su encuentro con Felipe Calderón, el cual fue presumido por el exmandatario en redes sociales; en su mensaje, él se refirió a la candidata presidencial como su “admirada y querida amiga”.

Sin embargo, Xóchitl Gálvez optó por desmarcarse de él al señalar que lo saludó por puro respeto.

“La verdad es que (Felipe Calderón) no me da consejos. Él llegó a un evento para mexicanos que residen aquí en España; él llegó, nos saludamos y lo que vieron ustedes ahí fue lo que pasó. Es un mexicano que vive aquí y yo soy una mujer educada. No tengo una mala relación con él”, respondió la también senadora con licencia.

Eso generó que se le preguntara si admiraba políticamente a Felipe Calderón, a lo que respondió con firmeza y contundencia.

“No. Él hizo su trabajo. Él tiene su visión sobre México y yo tengo mi propia visión y mis propias ideas; son distintas pero no implica no compartir con él un saludo”, insistió la aspirante presidencia.

Y es que el encuentro con Calderón le había servidor a Morena y seguidores de la 4T  para acusar a Xóchitl Gálvez de querer repetir políticas y estrategias implementadas por Calderón, haciendo especial énfasis en la estrategia de seguridad, a la cual se le relaciona directamente con Genaro García Luna.

Llamó la atención que la agenda de Xóchitl por España fue modificada de última hora. Su equipo de campaña había indicado inicialmente que la candidata sostendría encuentros con el líder del Partido Popular (PP), Núñez Feijóo, y con el Nobel Mario Vargas Llosa.

Sin embargo, el político español se encontraba de viaje por Cádiz, por lo que la comunicación se limitó a una llamada telefónica. En el caso de su encuentro con Vargas Llosa, quien finalmente atendió la reunión fue su hijo Álvaro.

Un gran jurado de Nueva York acusó ayer a Donald Trump de cargos penales por un pago de 130,000 dólares en efectivo a una actriz porno para comprar su silencio durante la campaña presidencial de 2016.

Esto podría poner al magnate en posibilidad de ser arrestado y vivir lo que ningún otro expresidente de Estados Unidos: que le tomen las huellas dactilares y le hagan la foto para la ficha policial.

Sin embargo, el expresidente niega haber quebrantado la ley y, a través de un mensaje en su red social, acusó al fiscal de distrito de Manhattan que presentó los cargos, el demócrata Alvin Bragg, de emprender una “cacería de brujas” política.

El objetivo, según él, es impedir que el Partido Republicano le nomine como candidato a la Casa Blanca en un momento en el que es el claro favorito, aunque justo este episodio ha dejado ver que habría perdido la capacidad de movilización.

Según sus abogados, el expresidente, que se encuentra en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, se entregará el martes a las autoridades de Nueva York para enfrentarse a los cargos, que se mantienen en secreto.

“El presidente no será esposado”, dijo Joe Tacopina, miembro de su equipo legal, que teme no obstante que sus adversarios se deleiten “haciéndole desfilar”.

Trump se declarará no culpable y hay “cero” posibilidades de que acepte un acuerdo de culpabilidad, adelantó Tacopina.”Eso no va a suceder. No hay delito”.

La inculpación dejó a Trump “conmocionado”, dijo su abogado, pero ahora está “dispuesto a luchar”.

El propio Trump predijo hace días su inculpación y convocó protestas advirtiendo que podrían desembocar en “muerte y destrucción potencial” en el país. Sin embargo, hasta ahora sus partidarios no se han movilizado. Por lo pronto, se ha reforzado la seguridad en el juzgado del centro de Manhattan donde se espera que Trump sea procesado.

“¡Solo presentaron este cargo falso, corrupto y vergonzoso contra mí porque apoyo al pueblo estadounidense y saben que no puedo tener un juicio justo en Nueva York!”, escribió Trump en Truth Social.

Trump ha superado dos juicios políticos mientras estuvo en la Casa Blanca, y parece esquivar otras causas en las que se ve involucrado, como el ataque al Congreso por parte de un turba de simpatizantes en enero de 2021, la desaparición de archivos de la Casa Blanca o las supuestas presiones a un funcionario del estado de Georgia durante las elecciones de 2020.

Su partido, sobre el que nunca ha dejado tener influencia, parece solidarizarse con él.

Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, estimó que la imputación ha “dañado irreparablemente” al país y su exvicepresidente y posible contrincante para 2024, Mike Pence, lo tachó de “ultraje” que “dividirá aún más” a Estados Unidos.

Es “antiestadounidense”, dijo por su parte el gobernador de Florida, Ron DeSantis, otro posible rival.

El presidente del país, el demócrata Joe Biden, que lo derrotó en las urnas en 2020, optó por la cautela: “No tengo ningún comentario sobre Trump”, dijo. Pero la expresidenta de Cámara de Representantes Nancy Pelosi recordó que “nadie está por encima de la ley”.

Recordemos que el exabogado de Trump, Michael Cohen, declaró en 2019 que hizo el pago a Daniels en nombre de Trump para ocultar una relación extramatrimonial de 2006 y que más tarde le devolvieron el dinero.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro volverá a Brasil el próximo jueves 30 de marzo, después de tres meses de estancia en Estados Unidos, según anunció este viernes el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa.

“Bolsonaro regresará a Brasil el 30 de marzo. Desembarcará en Brasilia a las 07:30 hora local”, señaló en sus redes sociales el PL, formación a la que se afilió el exmandatario para las elecciones de octubre pasado, que perdió ante Luiz Inácio Lula da Silva.

El senador Ciro Nogueira, uno de los aliados más cercanos del líder ultraderechista y antiguo ministro de la Presidencia durante su gestión, confirmó la fecha de su regreso, sobre la que el ex jefe de Estado ha cambiado de opinión varias veces en las últimas semanas.

“Hablé hoy con nuestro capitán y ya le garanticé que seré uno de los primeros brasileños que estará en el aeropuerto esperando por su retorno”, señaló Nogueira en sus redes sociales.

Bolsonaro, quien continúa sin reconocer su derrota electoral ante Lula, se encuentra en Orlando, Florida, desde el pasado 30 de diciembre.

Viajó dos días antes de terminar su mandato, con lo que rompió la tradición de pasarle la banda presidencial al sucesor en la Presidencia, en este caso Lula, su mayor adversario político y quien le impidió, con su victoria en las urnas, renovar su mandato de cuatro años.

El jueves, Bolsonaro afirmó en una entrevista con la cadena Record que su regreso a Brasil estaba “preprogramado” para el 30 de este mes, y que “casi seguro” que volvería ese día.

El capitán retirado del Ejército adelantó que trabajará al lado del PL (derecha) y que pretender “andar por Brasil y hacer política”.

“Podemos mantener de pie esa bandera del conservadurismo que levantamos a lo largo de cuatro años”, afirmó.

Sin embargo, Bolsonaro también tendrá que enfrentarse a las múltiples investigaciones abiertas en su contra. Las dos últimas iniciadas durante su estancia en Estados Unidos.

En una de ellas se le investiga por “incitar” a sus seguidores más radicales a intentar un golpe de Estado contra Lula el pasado 8 de enero, cuando de miles de bolsonaristas invadieron y destrozaron las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia, en Brasilia.

En tanto, la Policía Federal, el Fisco y el Tribunal de Cuentas abrieron dos procedimientos para esclarecer el presunto ingreso irregular al país de un valioso conjunto de joyas que Arabia Saudí le regaló en el tercer año de su mandato y que debería haber sido declarado en la aduana e incluido en el acervo nacional.

Además, Bolsonaro afronta varias demandas en el Tribunal Superior Electoral (TSE) para graves ataques el sistema de votación brasileño que, en último extremo, podrían llevarle a su inhabilitación política.

El expresidente Felipe Calderón aseguró que tiene “muchas dudas” sobre el veredicto de culpabilidad a su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien fue declarado culpable por cinco cargos, la mayoría relacionados a narcotráfico, en Estados Unidos.

“Yo en lo personal tengo muchas dudas con el veredicto porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la fiscalía: videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos y la verdad nada de eso se exhibió”, dijo en una breve conversación con medios españoles.

Previo a su participación en un foro sobre turismo y aviación en Madrid, Calderón aseveró que es un hombre de “leyes” y que respeta las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho.

Sin embargo, criticó que el veredicto se haya dado con base en testimonios “de criminales confesos, que por cierto, a la mayoría de ellos nosotros en nuestro gobierno perseguimos, atrapamos y extraditamos” señaló.

Además, expresidente afirmó que en México hay “una persecución clarísima” de carácter político y mediático en su contra y que el fallo, incluso, se ha utilizado para exacerbar esa persecución “que es casi personal” de parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Es la primera vez, desde el fallo el veredicto el 22 de febrero, que el exmandatario se refiere a la resolución sobre García Luna, quien fue declarado culpable por un jurado estadounidense de los cinco cargos por los que se le juzgó, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico.

García Luna, de 54 años, tiene un largo historial como policía, llegando a estar al frente de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), pero se hizo especialmente conocido por liderar la llamada guerra contra el narco impulsada por Calderón, que inició una de las épocas más sangrientas de la historia de México.

López Obrador ha referido en diversas ocasiones que Felipe Calderón estaba al tanto de las acciones de su exsecretario de Seguridad Pública.

Incluso, ha pedido aclarar el rol de los exmandatarios: Vicente Fox y Felipe Calderón, así como el de las autoridades de Estados Unidos en el caso.

Además, AMLO no ha dejado de insistir en recuperar un daño patrimonial a México de hasta 745.9 millones de dólares por una “red de corrupción” elaborada por García Luna a través de 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública para beneficiarse.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró este viernes su solidaridad con Lilia Paredes, esposa del exmandatario peruano Pedro Castillo, luego de que la haya recibido ayer en Palacio Nacional.

“No puede uno callar ante la injusticia, nosotros vamos a seguir apoyando a la señora del presidente Pedro Castillo, y a eso vino, y la abracé y expresé mi solidaridad con el pueblo del Perú, sobre todo con el pueblo humilde, pobre, indígena, humillado”, respondió López Obrador al ser consultado sobre el tema.

Paredes, quien desde diciembre tiene asilo político en México tras el encarcelamiento de Castillo por intentar un autogolpe de Estado, se reunió con el mandatario para buscar que su gobierno eleve sus reclamos para la liberación de su esposo.

“La recibí. Ella es una mujer excepcional, una mujer humilde, buena, que vino a agradecerme por lo que se hizo con ellos, a platicarme de sus hijos que ya están estudiando, su hija de 10 años, su hijo de 14″, contó el presidente.

AMLO añadió que su gobierno está procurando que no le falte nada a la familia del expresidente peruano.

Sobre Castillo, quien se encuentra en prisión, indicó que México considera que fue una gran injusticia el haberlo destituido de su cargo, pues insistió en que fue electo por el pueblo. Incluso señaló que los conservadores del Perú “violaron la Constitución”.

“México va a seguir apoyando al presidente injusta e ilegalmente destituido y va a seguir demandando que se le libere. No puede estar en la cárcel, es una gran injusticia”.

El gobernante mexicano reiteró su acusación de que la ahora mandataria de Perú, Dina Boluarte, es una “presidenta espuria” y condenó la muerte de cerca de 60 personas en las protestas que la llegada de Boluarte al gobierno provocó.

“He visto encuestas en donde la presidenta espuria tiene el 15% de aceptación, el 85% la desaprueba. Pero todavía tiene menos aprobación el Congreso, los diputados. Tienen el 90% del rechazo, 90%, y aún así ellos mandan con las bayonetas, con la represión, con la fuerza”, sostuvo.

López Obrador insistió en que detrás de la destitución de Castillo hay mucho racismo y clasismo, y muchos intereses creados, ya que Perú es un país con muchos recursos naturales. “Esos recursos naturales son muy ambicionados por las grandes empresas trasnacionales, apoyadas por gobiernos extranjeros”.

Finalmente, AMLO aprovechó para seguir con sus cuestionamiento a la Organización de Estados Americanos (OEA) ante la crisis, que dijo, ha guardado silencio.

“La OEA y su organismo de derechos humanos están al servicio de los potentados”, remató.

La Organización Trump fue condenada este viernes en Nueva York a pagar una multa de 1.6 millones de dólares por fraude fiscal y financiero, según el fallo del fiscal de Manhattan.

La empresa de Donald Trump fue multada como castigo por un fraude en el que los principales ejecutivos del expresidente evadieron impuestos sobre la renta personal en lujosas bonificaciones laborales, infligiendo un golpe simbólico y apenas grave para una empresa que presume de tener miles de millones de dólares en activos.

Una multa era la única sanción que un juez podía imponer a la Organización Trump luego de haber sido declarada culpable el mes pasado de 17 delitos fiscales, incluida asociación ilícita y falsificación de registros en los libros contables.

La cantidad impuesta por el juez Juan Manuel Merchan fue la máxima permitida por la ley, equivalente al doble de los impuestos que un pequeño grupo de ejecutivos evitó en prestaciones que incluyeron apartamentos de alquiler gratuito en los edificios de Trump, autos de lujo y matrículas en escuelas privadas.

El propio Trump no fue juzgado y negó tener conocimiento de que sus ejecutivos evadieran impuestos ilegalmente.

La Organización Trump fue acusada a través de dos de sus subsidiarias: Trump Corp., que recibió una multa de 810,000 dólares; y Trump Payroll Corp., que fue multada con 800,000 dólares.

Si bien la multa, menos de los que cuesta un apartamento en la Torre Trump, no es lo suficientemente grande como para afectar las operaciones de la compañía o su futuro, la declaratoria de culpabilidad mancha la reputación del republicano como un hombre de negocios inteligente mientras afina detalles de su campaña para regresar a La Casa Blanca.

Ni el expresidente ni sus hijos, que ayudaron a dirigir y promover la Organización Trump, estuvieron en la sala del tribunal para la audiencia de sentencia.

El fiscal Joshua Steinglass dijo que la multa constituye “una fracción de los ingresos” de la Organización Trump y que el fraude fue “de gran alcance y descarado”.

“Todas estas prácticas corruptas eran parte del paquete de compensación ejecutiva de la Organización Trump, y ciertamente era más barato que pagar salarios más altos a esos ejecutivos”, agregó.

Los demócratas en el Congreso dieron a conocer la semana pasada miles de páginas de las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump, las cuales brindan un panorama más detallado de sus finanzas correspondientes a seis años, que abarca su periodo en la Casa Blanca, cuando mantuvo la información privada.

Los documentos incluyen las declaraciones individuales de Trump y de su esposa, Melania, junto con las de las entidades de negocios del exmandatario de 2015 a 2020.

Las declaraciones muestran que Trump aprovechó el código fiscal para reducir sus obligaciones tributarias y revelan detalles de sus cuentas en el extranjero, contribuciones caritativas y el desempeño de algunas de sus empresas más conocidas que habían permanecido en gran medida fuera del escrutinio público.

La divulgación de los documentos culmina una disputa judicial que se extendió durante años, desde la campaña presidencial hasta el Congreso y la Corte Suprema, debido a que Trump rechazó de manera persistente los intentos de que dieran a conocer detalles de su historial financiero, contrario a la práctica de transparencia de sus predecesores de la era posterior al Watergate.

La difusión de los documentos se dio pocos días antes de que los republicanos retomen el control de la Cámara de Representantes y semanas después de que Trump anunciara otra campaña por la Casa Blanca.

De acuerdo con los documentos, Trump limitó su responsabilidad fiscal compensando sus ingresos con pérdidas corporativas, así como con millones de dólares en gastos de negocios, depreciación de activos y otras deducciones.

Aunque Trump pagó 641,931 dólares en impuestos federales sobre la renta en 2015, el año en el que emprendió su campaña para la presidencia, sólo saldó 750 dólares en 2016 y 2017, según un informe difundido la semana pasada por la Comisión Conjunta sobre Impuestos, una entidad legislativa apartidista.

Pagó casi 1 millón de dólares en 2018 y sólo 133,445 en 2019 y nada en 2020, año en el que buscó infructuosamente la reelección. Los documentos también detallan los bienes de Trump en el extranjero.

De acuerdo con las declaraciones, Trump informó tener cuentas bancarias en China, Irlanda y Gran Bretaña en 2015 y hasta 2017, incluso cuando era el comandante supremo. Sin embargo, a partir de 2018, sólo informó de una cuenta en Gran Bretaña.

Las declaraciones también muestran que Trump recurrió a créditos fiscales en el extranjero por impuestos que pagó de sus diversos negocios en el mundo, como sus acuerdos de licencia por su nombre en proyectos inmobiliarios y por sus campos de golf en Escocia e Irlanda.

En varios años, Trump aparentemente pagó más impuestos en el extranjero que impuestos netos federales sobre la renta en Estados Unidos, debido a sus ingresos en diversos países, como Azerbaiyán, China, India, Indonesia, Panamá, Filipinas, San Martín, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Los documentos muestran que las “donaciones caritativas” de Trump representaron sólo una fracción de sus ingresos. En 2020, el año en el que el coronavirus golpeó la economía, Trump no informó sobre ninguna donación caritativa. En 2019 y 2018 informó haber extendido cheques por unos 500,000 dólares en donaciones. En años previos, las cantidades fueron mayores: 1.8 millones de dólares en 2017 y 1.1 millones en 2016.

Se desconoce si las cantidades informadas incluyeron la paga presidencial de 400,000 dólares anuales, que como candidato dijo que no cobraría y afirmó haber donado a diversas dependencias federales.

Los restos del expresidente Luis Echeverría fueron cremados este domingo después de un funeral discreto, al que acudió un reducido número de familaires y amigos.

Juan Velásquez, abogado defensor de Echeverría, dijo que fue velado el sábado en una casa funeraria y sus restos fueron cremados el domingo.

Echeverría murió el viernes por la noche en una de sus casas a la edad de 100 años.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó el sábado el fallecimiento. A través de su cuenta de Twitter, López Obrador envió su pésame a los familiares y amigos del exmandatario, que gobernó de 1970 a 1976.

Amigos y figuras cercanas pidieron que Echeverría debía ser recordado por su dedicación a la política exterior y la expansión de programas internos y empresas estatales. Recordemos que el exmandatario se consideraba amigo de gobiernos izquierdistas.

“El presidente Echeverría hizo muchísimo por México”, dijo Velásquez. “Como por ejemplo, cuando inició su sexenio, México tenía relaciones con 50 países. Cuando lo terminó, con 150”, añadió.

Echeverría es más recordado por lo que se conoce como la masacre de Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968, unas semanas antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, francotiradores del gobierno le dispararon a estudiantes que se manifestaban en la plaza de Tlatelolco, y posteriormente soldados también abrieron fuego. Según diversas versiones, el número de muertos esa noche oscila entre 25 y más de 300 personas.

Echeverría negó haber participado en el ataque, aunque era el secretario de Gobernación, el principal responsable de la seguridad interna del país.

En junio de 1971, ya cuando Echeverría era presidente, un grupo de estudiantes emprendió una marcha cerca de una escuela normal para maestros en la capital, una de las primeras protestas multitudinarias desde la masacre de Tlatelolco.

Los manifestantes apenas habían avanzado unas cuantas cuadras cuando fueron agredidos por un grupo de choque, integrado por agentes del gobierno vestidos de civil que golpearon o asesinaron a tiros a por lo menos a una docena de personas. Se le conoce como la matanza del Jueves de Corpus.

En 2005, un juez determinó que Echeverría no podía ser enjuiciado por cargos de genocidio derivados de la matanza de 1971 porque, aunque podría ser responsable de homicidio, el delito prescribió en 1985.

En marzo de 2009, un tribunal federal ratificó el fallo de un juzgado de menor instancia de que Echeverría no debía enfrentar cargos de genocidio por su presunta implicación en la masacre de estudiantes de 1968, y determinó su libertad. Sin embargo, los detractores del exmandatario subrayan que el caso contra él jamás fue cerrado.

Al respecto, esta mañana el presidente López Obrador lamentó que sus detractores ocuparan su mensaje en relación a la muerte del exmandatario, para acusarlo de hipocresía, e incluso para comparar su administración con la de Echeverría.

“Lo tengo que hacer porque él fue presidente de México”, dijo López Obrador, defendiendo que se trató de un asunto institucional. Se lanzó contra sus detractores, a quienes llamó “conservadurismo rancio, de mala fe, de malas entrañas”, por las críticas que hicieron.

Afirma que sus opositores de inmediato buscaron establecer una relación, que no existe, con tal de dañar. Dijo que él era estudiante cuando Luis Echeverría gobernó.

Foto: Twitter @LuisJacomeG

Luego de que el titular de la UIF ofreciera detalles de la investigación que se entregó a la FGR en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió no hacer juicios sumarios y actuar con transparencia.

López Obrador dijo que la instrucción que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, es que toda información vinculada con personas políticamente expuestas, deben de ser analizadas y de inmediato entregadas a la Fiscalía General de la República.

“Todo lo que se tenga se envía a la fiscalía, que es la instancia que va a investigar. Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una línea muy delgada, pero se puede, si asumimos nuestra responsabilidad”, sostuvo AMLO.

Dijo que quien va a resolver si hay algún delito es un juez del ministerio público, pues dijo, el gobierno federal no persigue a nadie ni fabrica delitos.

“Es cuestiones de investigación, es inteligencia financiera, pero eso no significa ocultar nada, nada más actuar con responsabilidad, y que también quede de manifiesto que nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie”, añadió.

Recordó que desde que asumió el poder, él dijo que se iba a seguir hacia delante, nada de actos espectaculares como los que acostumbraban los gobiernos anteriores. “Desde que tomé posesión fijé mi postura: sólo si el pueblo lo pide en una consulta, se abre investigación, me refiero al Ejecutivo, a un expresidente, porque no es ese el propósito, no queremos quedarnos empantanados en el escándalo, no. Nos importa, en serio, acabar con la corrupción, no el circo, no el espectáculo”, dijo AMLO.

López Obrador fue cuestionado si su planteamiento no dejaba abierta la puerta a actos de impunidad, algo que rápidamente negó.

“No proteger a nadie, a nadie. Si hay elementos yo no le voy a decir a Pablo, porque él es una gente honorable, honesto, ni él me va a mí a decir que no hagamos algo para proteger a un político, inclusive a un compañero o a un familiar, no. Nosotros venimos de un proceso de lucha y lo que queremos es limpiar de corrupción al país, que no haya corrupción y que no haya impunidad para nadie. Ni le voy a decir al fiscal: Oiga, no vaya a iniciar proceso en contra de esta persona. Cuando yo le diga eso al fiscal ya no tengo autoridad. Ya el que tendría, si no más autoridad, más dominio en el gobierno sería el fiscal”, respondió.

Finalizó señalando que será la Fiscalía quien resuelva, con autonomía como lo hace en todos los casos que sigue.

Luego de que se confirmara que la carpeta ya se encontraba en poder de la Fiscalía General de la República, el expresidente Peña Nieto aprovechó sus redes sociales para responder.

En un breve mensaje dijo que en relación a la denuncia presentada en su contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, confiaba en que ante las autoridades competentes se le permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio.

Peña Nieto dijo que demostrará la legalidad de su patrimonio, dentro de los procedimientos legales. “Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia”, remató.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer esta mañana que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una carpeta contra el expresidente Enrique Peña Nieto (EPN), por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esta sería la primera acusación formal contra Peña Nieto, a pesar de los reiterados señalamientos de actos de corrupción durante su administración.

Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho de la lucha contra la corrupción el tema principal de su gobierno, no había actuado contra ninguno de sus antecesores; ello ha levantado la sospecha de un supuesto pacto entre EPN y AMLO.

Sin embargo, la denuncia presentada por la UIF no significa que en automático se proceda penalmente contra el priísta. Será ahora la Fiscalía quien determine si presenta cargos formales.

Pablo Gómez, titular de la UIF, indicó que se detectaron que dos empresas dirigidas por la familia de Peña Nieto recibieron alrededor de 500 millones de dólares en contratos del gobierno mientras él era presidente.

No mencionó el nombre de las empresas, pero dijo que eran una especie de distribuidoras, y que el expresidente era accionista.

Gómez agregó que Peña Nieto había recibido transferencias de dinero de un familiar, aparentemente vinculado a las dos compañías, por alrededor de 26 millones de pesos (1.3 millones de dólares) después de dejar el cargo. El funcionario agregó que las cuentas de Peña Nieto y las de las empresas no han sido bloqueadas.

“Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos”, sostuvo Gómez al intervenir en la conferencia de Palacio Nacional.

Detalló que en agosto de 2019, EPN recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718 mil pesos, todas estas por movimientos de transferencias bancarias, de parte de un familiar del exmandatario desde una cuenta en México a otra en España.

Recordemos que Peña Nieto se mudó a España después de dejar el cargo, donde se ha dejado ver disfrutando de una vida de lujos.

Gómez añadió que el mismo familiar aplicó las operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por un valor de 29 millones de pesos. Dicha persona registró retiros de las cuentas por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022.

La extradición a Estados Unidos del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández inició este jueves con su traslado, esposado de manos, a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, en el sur de Tegucigalpa, de donde será llevado en un avión hacia Nueva York, para ser enjuiciado por tres cargos asociados al narcotráfico.

El helicóptero que trasladó a Hernández a la Base Aérea despegó hacia las 11:30 hora local desde una unidad especial de la Policía Nacional, donde el exgobernante permanecía recluido desde el pasado 15 de febrero, cuando fue capturado frente a su residencia, un día después de que Estados Unidos le solicitó a Honduras su detención provisional con fines de extradición.

En la “Operación Liberación” para extraditar a Hernández, bajo rigurosas medidas de seguridad, participan entre 800 y 1,000 miembros de la Policía Nacional, según dijo hoy el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón.

Cinco minutos después, el helicóptero de la FAH llegó a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, donde Hernández fue llevado al interior de esa instalación militar.

El avión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) que llevará a Hernández llegó a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía al rededor de las 12:00 hora local.

Hernández, de 53 años y quien gobernó entre 2014 y 2022, pasa hoy a la historia como el primer expresidente del país centroamericano en ser requerido por Estados Unidos y llevado en extradición a ese país, para enjuiciarlo por narcotráfico.

Estados Unidos acusa a Hernández de tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas para introducir droga a ese país, según informó la Embajada estadounidense en Tegucigalpa el 15 de febrero. En total, desde aproximadamente 2004, la conspiración transportó más de aproximadamente 500,000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos”.

El primer cargo contra Hernández que le imputa EUA es por conspiración para importar una sustancia controlada a ese país, con el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a territorio estadounidense, a aguas a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos.

Además, se le acusa de fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. El segundo cargo, es por usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

El cargo tres se refiere a una conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos, según la acusación de Estados Unidos.

En otro de los eventos que ha tenido, el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este jueves que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “es un regalo para México”, por lo que dijo priorizará las relaciones entre ambos países si llega a la Presidencia de su país en las próximas elecciones.

“Pienso que López Obrador es un regalo que este país ha recibido. Un hombre como López Obrador no nace todos los días y menos llega a alcanzar la Presidencia de la República. Y pueden estar seguros de que va a ser muy atacado”, dijo Lula al acudir al Senado.

Lula participó en una reunión con senadores de Morena, el PT y el Partido Encuentro Social (PES), quienes lo recibieron entre vítores de “¡presidente, presidente!”.

El brasileño reconoció que “si tuviera buen juicio, buena cabeza, no sería otra vez candidato” a la Presidencia de Brasil en las elecciones de octubre, en las que competirá contra el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, pero ha advertido un retroceso en el bienestar social.

“Ahora todo eso se ha destruido, por eso estoy convencido de que tengo que volver a ser candidato y quiero decir a ustedes que nuestra relación con México será una relación altamente prioritaria. Yo tuve buena relación con México”, sostuvo Lula.

López Obrador y Lula se reunieron ayer en el Palacio Nacional, donde conversaron por horas sobre la integración latinoamericana, según reveló el presidente mexicano en su conferencia de este jueves.

El expresidente brasileño destacó que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación está aplicando políticas sociales y combatiendo la pobreza como lo hizo él en la nación suramericana, y advirtió que eso traerá “ataques” contra López Obrador y su partido.

“La élite mexicana no va a querer una política de bienestar social. Así como no estuvo contenta en Brasil, en Argentina, que la gente progresara, como en ningún país del mundo”, indicó.

Lula se mostró convencido de que es posible recuperar Brasil, para que las personas vuelvan al empleo y “a tener sus tres comidas diarias”. “Yo ya lo hice una vez y por eso yo pongo mi disponibilidad para ser candidato a presidente de la República. No sé si voy a vencer las elecciones, todo indica que sí”, remató.

La policía arrestó este martes al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien es solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos por cargos de narcotráfico y tráfico de armas.

El arresto se produjo poco después de que un juez hondureño firmara una orden de arresto, y a menos de tres semanas de que Hernández dejara la presidencia.

Además, su detención se produce tras años de señalamientos por parte de fiscales estadounidenses sobre supuestos vínculos del exmandatario hondureño y narcotraficantes.

Hernández salió de su casa flanqueado por la policía, con grilletes en las muñecas y los tobillos, y con un chaleco blindado. Subió a un vehículo de la policía. Un helicóptero de la policía que había estado esperando en las inmediaciones levantó el vuelo, pero parecía que sólo estaba escoltando la caravana.

La Corte Suprema de Justicia designó a un juez esta ,añana para que se encargue del caso; horas después el juez firmó la orden de arresto de Hernández, dijo el portavoz del tribunal, Melvin Duarte.

La Secretaría de Seguridad, que tenía rodeado el domicilio de Hernández desde el lunes por la noche, actuó rápidamente para detenerlo.

El secretario de Seguridad de Honduras, Ramón Sabillón, quien fue despedido por Hernández como jefe de la Policía Nacional en 2014, dijo que Hernández se había asociado “con cárteles para el tráfico y corromper a muchas instituciones públicas, (lo) que generó deterioro social y anuló la aplicación de la justicia en Honduras”.

El funcionario dijo que los principales cargos a los que se enfrenta Hernández en Estados Unidos son tráfico de drogas, uso de armas para el narcotráfico y asociación delictuosa para usar armas en el tráfico de drogas.

Los fiscales estadounidenses en Nueva York habían implicado reiteradamente a Hernández como cómplice durante el juicio por narcotráfico de su hermano en 2019, alegando que su ascenso político fue alimentado por ganancias del narcotráfico .

Su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández fue condenado a cadena perpetua por cargos relacionados a drogas y armas en marzo de 2021.

Hernández publicó una grabación de audio a través de Twitter a primera hora de este martes en la que agradecía a sus seguidores. “No es un momento fácil”, dijo. “A nadie se lo deseo”.

Aseguró que sus abogados ya habían informado a la Policía Nacional que “estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida para poder enfrentar esta situación y defenderme”.

Un juez procesó este miércoles al expresidente argentino Mauricio Macri en una causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del submarino ARA “San Juan”, hundido en 2017.

La decisión fue adoptada por Martín Bava, juez federal de la localidad bonaerense de Dolores, quien, además de procesar sin prisión preventiva al exmandatario, ordenó un embargo sobre los bienes de Macri por 100 millones de pesos y le prohibió salir del país y ausentarse de su domicilio por más de diez días.

En un fallo de 171 páginas, el juez resolvió procesar a Macri por encontrarlo “prima facie” (en primera instancia) “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal, generado las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenado y utilizado datos sobre personas” por el solo hecho de sus acciones privadas, sus opiniones y por la actividad lícitas que desarrollaban.

También le procesó “en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país”, en concurso “con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de autor”.

El juez determinó que la prohibición de salir del país se haga efectiva una vez que Macri, que viajó a Chile, regrese a Argentina.

El presunto espionaje, realizado entre diciembre de 2017 y finales de 2018, habría apuntado, según la investigación judicial, a obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los 44 tripulantes del ARA “San Juan”, el submarino de la Armada argentina desaparecido en noviembre de 2017 y hallado hundido un año después.

“Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno”, señala el auto de procesamiento difundido este miércoles.

Según el juez, todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional. El juez consideró que esas acciones se realizaron con el único objeto de influir en la opinión pública y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año.

Enrique Peña Nieto fue captado en compañía de su novia, la modelo Tania Ruiz, cuando salía de un hotel de lujo en Roma, Italia, en donde una mexicana le gritó “ratero”, según imágenes que se viralizaron en las redes sociales.

En Twitter se compartió un video de apenas unos segundos de duración donde se ve al exmandatario abandonar las instalaciones del Hotel de la Ville para tomar un taxi.

“Él estaba parado esperando su taxi cuando lo reconocí y ya no sabía cómo esconderse… solo asomaba la cabeza a mirarme que yo le decía a toda la gente que él era el expresidente de México y que es un ratero”, publicó en su cuenta de Twitter una usuaria identificada como Karen.

De acuerdo con información de algunos medios, Peña Nieto se encontraba en la capital italiana debido a que su novia, Tania Ruiz, celebró su cumpleaños número 34 el pasado sábado.

En el corto video se ve a Peña Nieto escondiéndose tras las puertas del hotel, mientras la usuaria intenta grabarlo con la cámara de su teléfono, y al salir se sube a un taxi, mientras la usuaria le empieza a gritar “ratero” y “el ratero ya se va”.

En un segundo mensaje, la internauta compartió también que otras personas se unieron a sus reclamos y le dijeron al exmandatario que próximamente su destino sería la cárcel.

“Para ser presidente qué poco… jaja en un taxi, cada quién tiene lo que se merece, van a ir a la cárcel… va a pagar todo”, se escucha decir a alguno de los manifestantes.

Más tarde, la usuaria aseguró que su madre la regañó por haber gritado a Peña Nieto y le dijo que el exmandatario pagará todo lo que ha hecho, sin embargo, dijo no arrepentirse por gritarle.

Cuestionado sobre este video, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana que prefería no meterse en esos asuntos.

Video y Fotos: Twitter @karenytv3

Agentes de la policía del Capitolio que sufrieron ataques y golpizas durante los disturbios del 6 de enero presentaron una demanda este jueves contra el expresidente Donald Trump, sus aliados y miembros de grupos extremistas de ultraderecha, a quienes acusaron de incitar a una turba violenta para impedir la certificación del voto presidencial por el Congreso.

La demanda en una corte federal en Washington alega que Trump “trabajó con supremacistas blancos, grupos extremistas violentos y partidarios de su campaña para violar la Ley Ku Klux Klan y cometer actos de terrorismo interno en un intento ilegal por conservar el poder”.

El Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley presentó la demanda en representación de los siete agentes. Los acusados son el expresidente, la campaña de Trump, Roger Stone, aliado de Trump y miembros de los grupos extremistas Proud Boys y Oath Keepers que estuvieron presentes en el Capitolio y en Washington el 6 de enero.

Legisladores demócratas han entablado dos demandas similares en los últimos meses. Alegan que las acciones de Trump y sus aliados provocaron el violento asalto al Capitolio en que docenas de agentes de policía resultaron heridos, se demoró la certificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden y forzó a los legisladores a salir del recinto “para salvar la vida” cuando irrumpieron en la sede de la democracia estadounidense con garrotes, palos y otras armas.

Un comité de la Cámara baja que está investigando los sucesos de la jornada pidió ayer los documentos a las agencias de inteligencia, policía y otros organismos del gobierno. Han solicitado documentos sobre Trump y su equipo al Archivo Nacional.

El pedido de documentos es apenas el inicio de lo que se prevé será una investigación larga, partidista y rencorosa de cómo la turba pudo penetrar en el Capitolio e interrumpir la certificación de la victoria electoral, en el asalto más grave al Congreso en dos siglos.

En una declaración emitida ayer por la noche, Trump acusó al comité de violar “principios legales consagrados de inmunidad”.

“Se defenderá la inmunidad presidencial, no solo en nombre de mi Gobierno y los Patriotas que colaboraron conmigo, sino en nombre de la Presidencia de los Estados Unidos y el futuro de nuestra Nación””, afirmó Trump.