Tag

expresidentes

Browsing

El candidato de La Libertad Avanza a la presidencia en Argentina, Javier Milei, recibió el apoyo de nueve exmandatarios de la región y de un Premio Nobel, que mediante un comunicado pidieron a los argentinos que “erradiquen democráticamente” el kirchnerismo.

“Los abajo firmantes consideramos que un nuevo mandato del espacio kirchnerista sepultaría los frágiles anticuerpos que aún mantiene Argentina contra el populismo económico, el autoritarismo y corrupción política y el pacto corporativista”, indicó un comunicado compartido en redes sociales.

El documento lleva la firma de los expresidentes Mauricio Macri (Argentina), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Iván Duque y Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia), Sebastián Piñera (Chile), junto a las del exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, y del exjefe del Gobierno de España, Mariano Rajoy. A

A los exmandatario se sumó el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

Y es que recordemos que el próximo 19 de noviembre Argentina celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde la ciudadanía deberá elegir entre el actual ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el economista liberal, Javier Milei.

En la carta, los nueve exmandatarios y el escritor consideraron que el kirchnerismo “hegemonizó” la vida política argentina y aspira a obtener un quinto mandato de un país “estancado, con inflación de tres dígitos, pobreza récord y un desempleo que se maquilla con asistencialismo y planes sociales”.

Actualmente, Argentina enfrenta una crisis socioeconómica con una inflación interanual del 138.3% y una pobreza del 40.1%, a lo que se suman constantes embates cambiarios debido a la fragilidad de su moneda con respecto al dólar estadounidense.

Los firmantes remarcaron que “Massa representa la continuidad de un modelo económico corporativo fracasado” y destacaron que su proyecto político será similar al de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández: “lograr una hegemonía política a fuerza de presupuesto y castigo a la oposición”.

El desplegado también menciona que pese a las “muchas diferencias” con el candidato liberal, Milei “tiene un diagnóstico muy acertado respecto del problema económico del país”.

“Es nuestra esperanza y deseo que los argentinos erradiquen democráticamente en las urnas el modelo que los ata al populismo, atraso económico y autoritarismo político y, finalmente, opten por el cambio hacia la libertad, el progreso y la justicia”, concluyeron.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confió en que el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, declarado culpable la tarde de ayer por cinco delitos relacionados al tráfico de drogas en Estados Unidos, testifique para conocer si hubo nexos entre el crimen organizado y otros altos funcionarios, como los expresidentes.

“Hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo y yo diría como presidente de México, por el bien del país que ojalá y lo haga a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes tanto a (Vicente) Fox como a (Felipe) Calderón”, dijo el mandatario.

López Obrador dijo que “sería muy bueno” si García Luna entrega información que contribuya a la lucha antidrogas en México y Estados Unidos, independientemente de que logre con ello una rebaja en su condena, que se conocerá el 27 de junio y que podría ser de cadena perpetua.

“Si puede contribuir entregando información que ayude a seguir combatiendo el narcotráfico y sobre todo la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes, sería muy bueno”, añadió López Obrador.

Y es que recordemos que García Luna fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, y director de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) durante la administración de Vicente Fox, primero gobierno del PAN en el poder.

García Luna fue declarado culpable ayer en Nueva York por ayudar a los cárteles de la toga a traficar toneladas de cocaína a los Estados Unidos.

Se trata del exfuncionario mexicano de más alto rango que se sienta en el banquillo de la justicia estadounidense, y estaba acusado de proteger al cártel de Sinaloa, de Joaquín “Chapo” Guzmán, a cambio de millonarios sobornos.

AMLO indicó que la enseñanza que deja el juicio contra García Luna es que nunca más se deben de repetir estos hechos, la complicidad entre autoridades y grupos delincuenciales.

López Obrador no solo se lanzó contra los expresidentes. También lo hizo contra los “periodistas famosos” que conocían a García Luna.

“Era notorio que este señor tenía muchísimo poder, ¿y quién le da este poder?”, cuestionó en referencia a los medios. También los acusó de no haber cubierto como se debía el juicio en Nueva York, por lo que dijo, deberían de ofrecer una disculpa a la ciudadanía.

También se lanzó contra el equipo legal de García Luna, tachando de “mal abogado” a César de Castro, después de anunciar que presentará una demanda contra él por “daños morales”. Y es que el abogado había planteado durante el juicio que AMLO recibió siete millones de dólares del Cártel de Sinaloa para su campaña presidencial.

Exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) denunciaron el silencio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de gran parte de los gobiernos latinoamericanos ante la expulsión y retirada de nacionalidad a 222 presos políticos de Nicaragua.

Otro de los reclamos que hacen a López Obrador, es el rechazo a transferir al gobierno de Dina Boluarte la presidencia de la Alianza del Pacífico.

En una declaración divulgada este lunes, los expresidentes lamentan el silencio de los gobiernos de la región, con excepción de los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y Ecuador, Guillermo Lasso, ante “la arremetida dictatorial de Nicaragua, que ha desterrado a 222 presos políticos y les ha retirado la nacionalidad”.

La declaración denuncia que el gobierno de Daniel Ortega ha confiscado los bienes y violentado los derechos de ciudadanía a 94 personalidades e intelectuales, además de condenar al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a 26 años de prisión por negarse a ir al exilio.

“A los integrantes del Grupo IDEA nos preocupa que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, dejando de lado su repetido principio de la No Intervención acuse de espurio al gobierno democrático y provisional del Perú para evitar transferirle la presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico”, subrayan los exgobernantes en el comunicado.

Señalan que López Obrador adopta esa postura mientras, por otro lado, “calla ante el ejercicio y las violaciones de derechos humanos perpetradas por la pareja Ortega-Murillo, en Nicaragua”, en referencia al presidente Ortega y su esposa, la vicepresedenta Rosario Murillo.

Firman la declaración Óscar Arias (Costa Rica) José María Aznar (España), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Felipe Calderón (México), Alfredo Cristiani (El Salvador), Iván Duque (Colombia), Vicente Fox (México), Federico Franco (Paraguay), Eduardo Frei (Chile), Lucio Gutiérrez (Ecuador) y Osvaldo Hurtado (Ecuador).

La lista la completan Mauricio Macri (Argentina), Jamil Mahuad (Ecuador), Carlos Mesa (Bolivia), Lenin Moreno (Ecuador), Mireya Moscoso (Panamá), Andrés Pastrana (Colombia), Ernesto Pérez Balladares (Panamá), Sebastián Piñera (Chile), Jorge Quiroga (Bolivia), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica ) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay). EFE

Más de una veintena de expresidentes y jefes de Estado de España y América Latina llamaron a la Secretaría General y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) a actuar para “promover la normalización de la institucionalidad democrática” en El Salvador.

En una declaración de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), los exgobernantes hicieron referencia a la intención del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de ser candidato a otro período constitucional sucesivo.

La posibilidad de que Bukele se reelija por un segundo mandato consecutivo en 2024 se abrió en septiembre de 2021, cuando una cuestionada Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia modificó un criterio de interpretación del artículo 152 de la carta magna que se había emitido en 2014.

Antes de dicha resolución, quien ocupaba la Presidencia debía esperar 10 años después de concluir su mandato.

Según la declaración publicada hoy, los expresidentes de IDEA consideran que Luis Almagro, secretario general de la OEA, y los miembros del Consejo Permanente deberían hacer “un análisis urgente” de la situación creada por el anuncio de Bukele y actuar en consecuencia.

Entre los firmantes de la declaración están los expresidentes Óscar Arias, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solis (Costa Rica); José María Aznar (España); Nicolás Ardito Barletta, Mireya Mosco y Ernesto Pérez Valladares (Panamá) y Felipe Calderón y Vicente Fox (México).

También aparecen Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay); Eduardo Frei (Chile); César Gaviria y Andrés Pastrana (Colombia); Lucio Gutiérrez, Jamil Mahuad y Osvaldo Hurtado (Ecuador); Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti (Uruguay); Mauricio Macri (Argentina) y Jorge Quiroga (Bolivia).

La candidatura de Bukele, subraya la declaración, atentaría contra el principio de “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia” y otros mandatos de la Constitución salvadoreña para impedir que quien haya “ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.

Recordaron que el Grupo IDEA acompañó la Opinión Consultiva adoptada el 7 de junio de 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la figura de la reelección presidencial a pedido del Gobierno de Colombia.

Los expresidentes consideran que de concretarse la pretensión de Bukele, se estará en presencia, como lo indica expresamente el artículo 20 la Carta Democrática Interamericana, de “una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró este jueves que él no tiene enemigos, sino adversarios, esto al hablar de los expresidente de México.

“Quiero comentar que nosotros no tenemos enemigos. No es mi enemigo el expresidente Peña Nieto, ni el expresidente Calderón, ni el expresidente Fox, ni el expresidente Zedillo, ni el expresidente Salinas. Somos adversarios, pero no los considero mis enemigos”, dijo López Obrador.

El mandatario afirmó que ellos actuaron en su momento, aplicaron una política que contra la que él ha estado siempre, y que en la actualidad sigue combatiendo. Dijo que las diferencias que tiene con sus antecesores son de orden político, no personal.

“Yo no odio, lo que creo es que esa política que ellos impulsaron y llevaron a la práctica benefició a minorías, auspició la corrupción y produjo el atraso de México y el empobrecimiento de nuestro pueblo, ese es el fondo del asunto”, acusó.

Sobre Carlos Salinas de Gortari, dijo que lo acusa de haber entregado los bienes de la nación: empresas, bancos, minas y tierras ejidales a particulares, específicamente a sus allegados, pues dijo, quiso construir una nueva oligarquía.

“Se profundizaron las desigualdades con esa política de Salinas (…) por eso yo le llamo el padre de la desigualdad moderna”, señaló.

En caso de Ernesto Zedillo, dijo que las diferencias que se tienen es porque, ante una crisis que provocó el mismo gobierno, una crisis económica-financiera, en vez de rescatar al pueblo el expresidente decidió rescatar a los de “arriba”, a los que se habían beneficiado con la política entreguista de Salinas. Indicó que fue ahí cuando las deudas privadas se convirtieron en deuda pública, por ejemplo el llamado Fobaproa.

Con Vicente Fox, dijo que el problema de fondo es que el político engañó a millones de mexicanos en el año 2000, cuando prometió un cambio, y a pesar de que le dieron el voto, siguió con las mismas políticas y prácticas. Siguió aplicando el salinismo como política, al grado que siguieron las privatizaciones de Salinas y de Zedillo.

También reclamó que luego de décadas de lucha para hacer a un lado al partido único, al partido de Estado, Fox traicionó el movimiento y al final, en vez de respetar la voluntad del pueblo, participa en el fraude de 2006, cuando reiteró, “nos roban la Presidencia de la República”.

En el caso de Felipe Calderón, señaló el “nivel de inmoralidad” del expresidente, pues dijo, él sabe perfectamente que no ganó la Presidencia; y además, acusó que sin tener un diagnóstico, y sin saber lo que estaba sucediendo, tan pronto llegó al poder declaró una guerra a la delincuencia organizada.

Afirmó que fue Calderón el que dejó a México en la confrontación con el crimen organizado, que tantos muertos ha dejado. Además, también dijo que llegado el momento le ayudó a Peña Nieto, al grado que le dejó hasta comprado un lujoso avión presidencial.

“Se va descubriendo, de que todo esto de la guerra contra el narcotráfico, pues era una pantalla, era una simulación, porque tenían acuerdo con uno de los grupos” de la delincuencia organizada. Dijo que ahora con lo de Genaro García Luna, quien se encuentra preso en Estados Unidos, se ha quedado callado.

Sobre Peña Nieto, se limitó a decir que está en contra de él por el desparpajo y la corrupción que imperó durante su sexenio, aunque evitó ahondar en el tema.

“Pero de ahí a que yo les tenga odio, no, no, no. Si me encontrara yo a Calderón, me encontrara yo a Salinas, a lo mejor lo saludaría. A lo mejor no lo haría por cuestiones políticas, porque me afectaría políticamente, pero lo personal es otra cosa”, remató.

Esta mañana, al ser consultado sobre los casos corrupción en los reclusorios el país, sobre los cuales la Fiscalía General de la República (FGR) ya tiene abiertas indagatorias, y que involucra a funcionarios como el expresidente Felipe Calderón, el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, así como el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, entre otros.

La pregunta fue si la Fiscalía debería citar a declarar al exmandatario para que explique por qué permitió distintas acciones de fraude, que según investigaciones periodísticas implicarían más de 200 mil millones de pesos.

Al respecto, el presidente López Obrador recordó que si bien se logró un acuerdo con los quienes controlan algunos de los penales para una disminución del 15% en los contratos.; indicó que será la fiscalía la que resolverá el asunto.

Aprovechó para decir que desde que asumió el poder, expresó que en el caso de los expresidentes sólo se procedería a abrir juicios contra los expresidentes si existían denuncias ciudadanas, o si se aprobaba mediante la consulta popular.

“Soy partidario de que se vea hacia adelante. Porque el colmo, la verdad, es que luego de todo lo que hicieron en el periodo neoliberal, que es el periodo de más saqueo, de más robo que se haya registrado en la historia de México (…) que no aceptan, que no reconocen, que no actúan con autocrítica, con humildad, de todo el daño que causaron, imagínense que pasen a sentirse perseguidos. Por nuestra parte no, no es mi fuerte la venganza y ningún expresidente de México va a ser perseguido por cuestiones políticas, no necesitamos de eso”, declaró AMLO.

Incluso criticó que en sexenios pasado, se hacían acusaciones contra expolíticos para ganar legitimidad. Puso como ejemplo el caso de Carlos Salinas, donde para ganar legitimidad metió a la cárcel a un dirigente del sindicato petrolero, y al final, la administración de Salinas acabó como el gobierno de mayor corrupción.

López Obrador señaló que muchos de los problemas actuales son producto de la desigualdad económica y social que se desencadenó en gobiernos anteriores.

Para rematar, AMLO dijo que gobiernos pasados apostaron por actos espectaculares como la detención de El Chapo, mientras al mismo tiempo hacían acuerdos con el narcotraficante.

“No, eso es demagogia, politiquería. Nosotros vamos a pensar hacia adelante en la transformación de México”, finalizó el mandatario.

El próximo domingo 1 de agosto se llevará a cabo la Consulta Popular que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la que se pedirá a la ciudadanía exprese su sentir sobre si están a favor o en contra de esclarecer las decisiones políticas tomadas en los sexenios anteriores.

De acuerdo con la más reciente encuesta de El Universal, 59% de los mexicanos considera que no es necesario llevarla a cabo, mientras que 38.5% que opina que sí.

Según lo establecido en la Constitución, se requiere la participación de al menos 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal para que los resultaos puedan tener efectos vinculatorios.

Sobre el interés que despierta el ejercicio, 43.4% de las personas encuestadas considera que es muy importante participar en la Consulta. 21.6% considera que es ‘algo importante’; el 13.5% mencionó que es poco importante, mientras que 20.9% dijo que es nada importante.

La encuesta revela que los ciudadanos quieren que se investigue y se lleve a juicio a funcionarios; los tres más mencionados son los gobernadores, con 89.9%; los presidentes municipales, con 89.7%, y los expresidentes de México, con 89.2%.

9 de cada 10 consultados mencionó a Carlos Salinas de Gortari, exgobernadores, senadores, diputados, Enrique Peña Nieto y a jueces; 89.2% refirió al expresidente Felipe Calderón. Los presidentes municipales, Vicente Fox y Ernesto Zedillo también fueron mencionados. Sorprendió que un 72.4% hizo mención del presidente López Obrador.

Sobre la pregunta que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que quedó de la siguiente manera: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?; el 70.9% de los encuestados dijo entender el cuestionamiento. 28.6% indicó que no entiende la pregunta.

El Instituto Nacional Electoral (INE) pidió este viernes “no confundir” a la ciudadanía respecto a la Consulta Popular que se realizará el próximo 1 de agosto, pues lo que se preguntará será relacionado a “esclarecer las decisiones políticas del pasado” y no directamente el enjuiciar a los expresidentes del país.

“Ojalá exista una convergencia de todos los actores políticos para que no se confunda a la ciudadanía. Si alguien espera que el INE pregunte otra cosa a los ciudadanos, no tenemos facultades para hacerlo”, dijo el presidente del INE, Lorenzo Córdova, en rueda de prensa desde Mérida, Yucatán.

Y es que en un principio, la consulta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador preguntaba si enjuiciar por corrupción y otros delitos a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Pero la Suprema Corte la modificó de manera que se preguntará a los mexicanos si están de acuerdo en llevar a cabo “acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos”.

“Lo que se va a preguntar es eso. No es otra cosa. Ojalá en este ejercicio no se genere confusión ni expectativas distintas de lo que se van a encontrar los ciudadanos”, insistió Córdova ante la campaña que ha impulsado Morena sobre enjuiciar a los expresidentes.

Ayer arrancó oficialmente la campaña de difusión para promover la Consulta Popular, la primera de la historia del país, la cual requiere de la participación de al menos 40% de la lista nominal para ser vinculante.

Las autoridades electorales instalarán 57,000 mesas electorales en todo el país, número menor que las 163,000 que hubo en las elecciones intermedias de junio.

Córdova explicó que en el INE hubieran “querido más mesas” pero no pudo ser por cuestiones presupuestarias luego de que la Cámara de Diputados no les diera “ni un peso” de más para el referendo. De todos modos confió en que será una Consulta “exitosa” y “el primero de muchos” ejercicios de este tipo.

“Lo digo sin medias tintas, con toda claridad, con énfasis. Quien diga que el INE está boicoteando esta consulta, simplemente está mintiendo a la sociedad”, dijo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes desconocer si podía hacer propaganda gubernamental durante la campaña de difusión de la consulta igual que ocurrió durante las elecciones intermedias de junio, cuando fue apercibido varias veces por la autoridad electoral.

“La Constitución es muy clara. Desde el día de ayer está prohibida todo tipo de propaganda gubernamental que no tenga que ver con cuestiones de protección civil y cuestiones de salud”, respondió Córdova.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que A partir de este jueves 15 de julio inició a través de los tiempos oficiales en radio y televisión, la difusión de la Consulta Popular que se realizará el próximo 1° de agosto.

Señaló que a partir de hoy debe suspenderse todo tipo de propaganda gubernamental, por lo que hasta la conclusión de la Consulta Popular, sólo están permitidas las campañas de información de las autoridades electorales, las de servicios educativos, de salud y de protección civil.

En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Durante los próximos 15 días, el INE promoverá la difusión y discusión informada de la Consulta Popular y es la única autoridad que puede administrar los tiempos de radio y televisión; por ello, los medios de comunicación no pueden permitir que se contrate, pacte o acepte la difusión de propaganda, porque pueden incurrir en responsabilidad.

De acuerdo a la Ley Federal de Consulta Popular, ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos.

El INE detalló que se tendrán 377 mil 606 impactos a nivel nacional en radio y televisión durante el periodo del 15 de julio al 1° de agosto, en 3 mil 492 emisoras. 

Además, el Instituto realizará 335 Jornadas de Diálogo a nivel nacional, estatal y distrital con el objetivo de promover la participación ciudadana en la Consulta Popular, así como la discusión informada y razonada entre la ciudadanía, academia y organizaciones de la sociedad civil. Se celebrarán tres jornadas nacionales, 32 estatales y 300 distritales, las cuales se difundirán a través de las redes sociales del INE y de las Juntas Locales.

El INEA añadió que durante los tres días naturales anteriores a la jornada (1 de agosto) y hasta el cierre oficial de las Mesas Receptoras de la Consulta Popular queda prohibida la publicación o difusión, total o parcial de encuestas, que tengan por objeto dar a conocer las preferencias de los ciudadanos o cualquier otro acto de difusión.

Recordemos que la Consulta Popular pretende que la ciudadanía manifieste su aprobación o rechazo a que sean llevadas acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado. De manera específica, la pregunta sometida a consideración, y que fue aprobada por la Suprema Corte, será la siguiente:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Para la Consulta Ciudadana, se instalarán 57 mil 124 Mesas Receptoras que serán operadas por 286 mil 380 funcionarias y funcionarios, para recibir la opinión de 93 millones 489 mil 989 ciudadanas y ciudadanos en la Lista Nominal, con derecho a participar en la Consulta Popular.

Los diputados del PRI pidieron que la ciudadanía opine respecto a la estrategia del gobierno federal en el combate al COVID-19 y las deficiencias en la construcción de la Línea 12 del Metro en la consulta ciudadana que se celebrará el próximo 1 de agosto.

Los legisladores del tricolor señalaron que es legal y legítimo que se opine sobre dichos temas, ya que forman parte de decisiones políticas tomadas en el pasado y que deben esclarecerse para garantizar justicia y salvaguardar los derechos de posibles víctimas.

Señalaron la importancia de opinar sobre las decisiones políticas tomadas en materia de salud en el combate al COVID-19, ya que cifras oficiales reportan poco más de 233 mil personas fallecidas a la fecha, cantidad que se presume podría ser mucho mayor, además de que actualmente México ocupa el decimoquinto lugar mundial en el número de contagios y el cuarto puesto con más muertes, sólo detrás de Estados Unidos, Brasil y la India.

Respecto a la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, apuntaron que el gobierno de la Ciudad de México la presentó en 2012, como un regalo en el Bicentenario de nuestra Independencia, que ampliaría la cobertura de uno de los Metros más transitados del mundo, con alrededor de seis millones de pasajeros al día.

Los diputados del PRI proponen, mediante un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente, que se haga un exhorto al Instituto Nacional Electoral (INE) para que en las papeletas de la consulta popular se incluyan, en el espacio reservado a la descripción del tema de trascendencia nacional, estos dos asuntos (pandemia y línea 12).

Anticiparon que la pregunta de la consulta no define un periodo específico, por tanto, en una interpretación de la ley cabe la posibilidad de abarcar actos políticos del sexenio en curso, es decir, del gobierno que encabeza eel Presidente López Obrador.

Las y los diputados del PRI puntualizaron que la pregunta de la consulta no cambiaría en caso de agregar estos temas; sin embargo, en el formulario impreso la ley establece como requisito hacer una breve descripción del tema de interés nacional, por lo que sí es factible mejorar el texto, el cual incluiría las referencias a estos dos sucesos de gran trascendencia.

Recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) redactó la pregunta que se realizará en la consulta, por lo que el INE debe acatar el mandato; indicó que los ministros modificaron la interrogante propuesta por el presidente López Obrador, al considerar la propuesta inicial tendenciosa y con juicios de valor.

Recordemos que la consulta ciudadana tiene como objetivo conocer si la ciudadanía quiere “el esclarecimiento de hechos pasados en México”, de acuerdo a lo que resolvió la SCJN, aunque en un inicio fue planteada para definir si se enjuiciaría a expresidentes.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que en la consulta sobre el posible juicio a expresidentes del país, actuarán con total transparencia, esto mientras ha comenzado a preparar los detalles del ejercicio.

A pesar de que el gobierno, a través del Congreso, ha rechazado hacer dotar de mayores recursos al INE para sacar adelante la consulta, Córdova afirmó que el INE está en condiciones de llevar a cabo el “más profesional y amplio” ejercicio de consulta ciudadana de la historia de México.

Así, ha confirmado que ya se ha habilitado un sitio web para revisar la información al respecto de cara a la consulta, prevista para el 1 de agosto. Se indicó que este fin de semana, se comenzó a trabajar para ubicar, invitar y capacitar a quienes actuarán como funcionarios de las casillas.

Detallaron que para este ejercicio, se elegirá a más de 287,000 personas, quienes participaron a su vez como funcionarios de casilla en las elecciones pasadas. También se instalarán 57,000 mesas de votación en la consulta popular, “lo que lo hace del evento un ejercicio democrático e inédito”.

Añadió que cada distrito contará con unas 200 mesas receptoras y cada una de ellas tendrá 2,000 papeletas.

Córdova Vianello sostuvo que existen condiciones plenas de “legalidad, equidad, certeza y transparencia” para esta consulta y ha asegurado que este ejercicio es el primero que se realizará a nivel federal con los estándares de “calidad técnica y profesionalismo”.

Será el próximo 15 de julio cuando el INE iniciará la difusión de la consulta popular en radio y televisión, a través de los tiempos oficiales ordinarios con que cuenta la autoridad electoral.

Recordemos que el 19 de noviembre de 2020, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló modificar la convocatoria de la consulta popular, aprobada el 7 de octubre por el Senado y el 22 de octubre por la Cámara de Diputados, para que la difusión de la consulta popular iniciara el 15 de julio del 2021 y no el 28 de octubre de 2020, como originalmente se planteaba.

El INE también emitió la convocatoria para que la ciudadanía interesada participe como observadora de la consulta popular, misma que estará abierta hasta el 15 de julio de 2021.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió esta mañana a la consulta popular que se realizará el próximo 01 de agosto, en donde se preguntará a la ciudadanía si se debe juzgar a los exmandatarios del llamada “periodo neoliberal”.

López Obrador dijo que si bien él no va a participar en la consulta, dijo que no pasará a la historia como tapadera, por lo que llamó a los ciudadanos a participar. “Ahí está que todos den a conocer su punto de vista, libremente”.

Sus declaraciones se producen tras publicarse la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ley para realizar la consulta el 01 de agosto, con un periodo de difusión a partir del 15 de julio.

Aunque la pregunta original mencionaba por nombre y pedía indagar la “presunta comisión de delitos” de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Suprema Corte cambió el texto.

Al final, la pregunta que aparecerá en las boletas será: “¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”.

López Obrador aseveró que la pregunta “se puede traducir de manera muy sencilla” a: “¿quieres que se investigue y de conformidad con la ley se juzgue a los expresidentes?”. “Es otro texto, pero en esencia es eso, ‘sí’ es si quieres que se inicie el proceso, de conformidad con la ley, ‘no’ es que no estás de acuerdo”, comentó.

El presidente enunció las razones por las que juzgar a sus predecesores; en el caso de Salinas argumentó que entregó todos los bienes de la nación del pueblo de México a sus allegados. Sobre Zedillo recordó el rescate a la banca conocido como el Fobaproa, por el que el nuestro país lleva cerca de 40 años pagando.

Sobre Fox, el primer presidente de alternancia, lo acusó de “fraude a la democracia” por incumplir con el cambio y operar a favor de su sucesor, Calderón, a quien acusó que está activo en la política y es una voz opositora; le atribuyó la “guerra contra el narcotráfico”, que desató violencia y masacres. De Peña Nieto, su predecesor inmediato, resaltó la corrupción generalizada.

“Hay materia. ¿Qué ocasionó todo esto? La ruina del país, el que México perdiera su posibilidad de desarrollo en los últimos 30 años, fue todo un periodo decadente, por eso estamos aquí, porque el pueblo dijo “vamos a buscar una transformación'”, sostuvo López Obrador.

El mandatario también criticó al Instituto Nacional Electoral (INE), que había rechazado organizar la consulta, con un esto estimado de 890 millones de pesos con el argumento que no había presupuesto. “Ya es deporte nacional echarle la culpa a la austeridad”, ironizó el presidente.

López Obrador dijo que el INE tiene los recursos necesarios, solo que debe priorizar y destinar el presupuesto a ejercicios como este, y no en pagar “altos sueldos, vinos, viáticos o buenos restaurantes”. Insistió en que el INE es el organismo electoral más costoso del mundo.

“Entonces, ¿cómo no van ahorrar?  Claro, si los consejeros del INE ganan más que el Presidente, pues no hay dinero para lo fundamental. Si gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos, pues entonces no alcanza para que tengan la posibilidad de tener casillas, o mesas electorales y recoger la opinión de la gente”, indicó.

AMLO señaló que el INE podrá utilizar los tiempos oficiales en los medios para promover la consulta popular, incluso dijo que se utilizará la conferencia de prensa matutina para promover el ejercicio.

Veintiún presidente de España y América Latina manifestaron este jueves su preocupación por la ruptura del estado de derecho y de la independencia judicial en El Salvador, por lo que solicitaron a la OEA estudie lo ocurrido y determine medidas para preservar y fortalecer la democracia en dicho país.

En una declaración de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), los exmandatarios expresaron su “grave preocupación” por la destitución de los jueces de la Sala Constitucional de El Salvador ejecutada por la Asamblea Legislativa, de mayoría calificada afín al gobierno del presidente Nayib Bukele.

Calificaron lo sucedido como una “manifiesta violación de la Carta Democrática Interamericana” y pidieron revertir la destitución.

Además, instaron a las autoridades de la Organización de Estados Americanos (OEA) a que hagan “una apreciación de lo ocurrido y determinen las medidas necesarias para la preservación y el fortalecimiento de la democracia salvadoreña”.

Según se dice en la declaración, los expresidentes constataron que el proceso de destitución de los jueces “se realizó sobre valoraciones políticas, al margen de las previsiones constitucionales”.

Destacan que no se ha llevado a cabo “algún antejuicio por eventuales delitos”; no se ha especificado “ley que fije las causas de destitución”; no hubo “previo ni debido proceso ni derecho a la defensa”, además de que el mandato de los jueces supremos destituidos no había expirado.

“Debemos hacer presente que el acceso y el ejercicio del poder en toda democracia ha de estar sujeto a un celoso respeto del Estado de Derecho y de las garantías institucionales de los derechos humanos y las libertades, sin que puedan verse relajados por el voto de las mayorías, menos para atropellar a las minorías”, señala la declaración.

Y es que El Salvador se encuentra bajo la mirada del mundo por la decisión del Parlamento, de amplía mayoría oficialista, de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general, Raúl Melara.

El presidente Nayib Bukele dijo que están “limpiando la casa”, esto en un intento de justificar las destituciones.

La declaración es firmada por José María Aznar de España; Óscar Arias, Laura Chinchilla, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís  de Costa Rica; Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso de Panamá; Enrique Bolaños de Nicaragua; Alfredo Cristiani de El Salvador; Eduardo Frei T.  de Chile; Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad del Ecuador; Luis Alberto Lacalle H. y Julio María Sanguinetti de Uruguay; Álvaro Uribe y Andrés Pastrana  de Colombia; Mauricio Macri de Argentina; Jorge Quiroga de Bolivia; Juan Carlos Wasmosy de Paraguay, y Felipe Calderón y Vicente Fox por México.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Plan Integral, Calendario y Lineamientos para realizar la Consulta Popular sobre los expresidentes, la cual se realizará el próximo 1 de agosto.

Según lo que aprobó en su momento, en la consulta popular se consultará a la ciudadanía: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que el Instituto va a cumplir con sus obligaciones constitucionales en la medida de las posibilidades que presupuestales que tengan, pues enfatizó en que “nadie está obligado a lo imposible”, esto en referencia al señalamiento de que no se cuenta con presupuesto autorizado para su realización.

Refirió que el Instituto solicitó en dos ocasiones la ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda en donde se le plantearon escenarios distintos procurando reducir la necesidad presupuestal a través de la disminución del número de casillas a instalarse.

“El punto es que no hemos recibido todavía respuesta formal de la Secretaría de Hacienda, contábamos con hacerlo. Por eso, los documentos sobre la consulta que hoy conoce este Consejo están planteando la hipótesis de eventualmente sufrir una modificación por parte de este Consejo General, porque dependerá de las suficiencias presupuestales que tenga este Instituto para que la consulta pueda llevarse a cabo”, informó.

Hasta ahora, el INE considera un “presupuesto muy ajustado” para la consulta, que será de 890 millones de pesos en lugar de los mil 500 millones de pesos, que había propuesto el INE en un inicio.

Cabe recordar que la consulta popular se efectuará tan sólo 55 días después de la Jornada Electoral del 6 de junio, considerada la más grande en la historia del país.

El acuerdo aprobado por el Consejo General del INE establece que la Consulta Popular está integrada por las etapas siguientes: a) organización, b) difusión, c) desarrollo de la jornada, d) cómputo y declaración de resultados.

La convocatoria para la realización de la consulta popular será publicada el próximo 15 de julio, y se contempla la instalación de 104 mil 667 casillas (aunque está la propuesta de instalar únicamente 91 mil), así como la utilización de mil 500 boletas por casilla, para lo cual participarían 2 mil 318 supervisores y 17 mil 469 instructores.

El INE también analiza la viabilidad de que se amplíe el periodo de vigencia de la credencial para votar con fotografía, al 1 de agosto, con el fin de que se pueda utilizar para la consulta popular.

El pleno determinó que durante el periodo comprendido entre el 15 de julio y el 1° de agosto de 2021 los tiempos oficiales en Radio y Televisión que le corresponden al INE y a las demás autoridades electorales, salvo las de estados que celebren algún proceso de participación, sean utilizados para la promoción de la Consulta Popular.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, afirmó que el contagio del presidente Andrés Manuel López Obrador de Covid-19, es consecuencia de haber minimizado los riesgos de la pandemia y de los descuidos en los que ha incurrido.

“El Presidente ha sido irresponsable desde el principio de la pandemia, no sólo por llamar a la gente a no quedarse en casa, a darse abrazos, y haber recortado los recursos para el sector salud, sino porque de manera absurda se ha negado a usar cubrebocas, cuando está demostrado que esta medida disminuye los riesgos de contagio”, señaló la legisladora en un comunicado.

Confió en que una vez superado el contagio, AMLO cambie su perspectiva y acepte que la única forma de superar la crisis sanitaria es sumando esfuerzos, acatando estrictamente las medidas preventivas y las acciones recomendadas por la comunidad científica y los organismos internacionales de salud.

Por su parte el líder nacional del PAN, Marko Cortés, deseó una pronta recuperación al mandatario, e indicó que debe recibir la atención necesaria para salir adelante.

El coordinador de los Diputaos del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, deseó una pronta recuperación al presidente, y aseguró que su diagnostico positivo a Covid-19 no era una buena noticia para nadie. “Hoy más que nunca, necesitamos un líder fuerte que ahora sí aplique al máximo su cuidado para reorientar la estrategia contra esta terrible enfermedad”.

En tanto, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, confió en que el presidente López Obrador se recupere y pronto esté de vuelta con “salud y fuerza”.

René Juárez Cisneros, coordinador de los senadores del tricolor, deseó una pronta recuperación a López Obrador, y dijo que hoy más que nunca, “México nos necesita a todos”. Miguel Ángel Osorio Chong, líder la bancada del PRI en Diputados, también se unió a los mensajes de solidaridad con el presidente.

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) le deseó al presidente López Obrador su pronta recuperación, e indicaron que esperan verlo pronto al frente del Ejecutivo.

La Alianza Federalista también se sumaron a los mensajes de apoyo al presidente, y confiaron en que la enfermedad sea “leve”. Aprovecharon para señalar que nadie está a saldo, por lo que todos deben cuidarse.

Finalmente, los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto también le desearon a AMLO una recuperación satisfactoria.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó sobre los informes de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) respecto a la verificación de las firmas de apoyo de dos peticiones de consulta popular para investigar y en su caso enjuiciar a los expresidentes, presentadas por: Yeidckol Polevnsky, y por Norma Ariadna Sánchez Bahena y Manuel Vázquez Arellano.

En el primer caso, sobre la consulta popular promovida por la ciudadana Yeidckol Polevnsky , relativa al tema “la investigación y juicio a ex presidentes para condenar a los presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país”, el informe establece que se entregaron 69 mil 254 firmas y, de ellas, 55 mil 930 fueron ubicadas en la Lista Nominal.

Por lo tanto, el número de ciudadanos solicitantes es insuficiente para cumplir con el requisito del 2% establecido en la Constitución, ya que de 1 millón 825 mil 701 registros necesarios, sólo se verificaron y validaron 55 mil 930 firmas, lo que corresponde al 0.06% de la Lista Nominal.

En el caso de la solicitud de consulta popular promovida por Norma Ariadna Sánchez Bahena y el ciudadano Manuel Vázquez Arellano relativa al tema “juicio a ex presidentes”, se presentaron 2 millones 538 mil 48 apoyos, de los cuales se validaron 2 millones 116 mil 837 con correspondencia en registros vigentes en la Lista Nominal de Electores, esto es, el 2.3%, por lo que cumple con el número de apoyos requerido.

Sin embargo, en ambos registros se encontraron inconsistencias tales como el registro de personas muertas. Polevnsky presentó el registro de 194 personas que ya fallecieron, mientras que Sánchez Bahena y Vázquez Arellano presentaron 5,530 registros del mismo tipo.

Otra de las irregularidades que más se encontraron fueron los registros duplicados. La Yeidckol presentó 2,592 y Sánchez Bahena y Vázquez Arellano 120,902.

Sobre los resultados, el consejero Ciro Murayama mencionó que siempre es de festejar que la ciudadanía participe de la vida pública y ejerza los derechos que la Constitución le da, como es el caso de los ejercicios de la consulta popular; sin embargo, denunció “prácticas abominables” en los procesos, como es el uso de los datos de personas fallecidas desde 1999.

“Y eso debe señalarse como una práctica abominable a la democracia: suplantar personas, y más aún personas fallecidas. Y también se suplanta a personas que no tienen su credencial vigente, incluso algunos que han sido suspendidos de sus derechos políticos, están sentenciados y pues no, por lo mismo no acudieron a las mesas a dar sus firmas”.

El consejero electoral afirmó que los primeros que deberían de condenar dichas prácticas son los propios ciudadanos que impulsan las consultas, pues refirió hubo quienes contaminaron el ejercicio al presentar apoyos fraudulentos.

Foto: Twitter @CitlaHM