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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Plan Integral, Calendario y Lineamientos para realizar la Consulta Popular sobre los expresidentes, la cual se realizará el próximo 1 de agosto.

Según lo que aprobó en su momento, en la consulta popular se consultará a la ciudadanía: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que el Instituto va a cumplir con sus obligaciones constitucionales en la medida de las posibilidades que presupuestales que tengan, pues enfatizó en que «nadie está obligado a lo imposible», esto en referencia al señalamiento de que no se cuenta con presupuesto autorizado para su realización.

Refirió que el Instituto solicitó en dos ocasiones la ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda en donde se le plantearon escenarios distintos procurando reducir la necesidad presupuestal a través de la disminución del número de casillas a instalarse.

“El punto es que no hemos recibido todavía respuesta formal de la Secretaría de Hacienda, contábamos con hacerlo. Por eso, los documentos sobre la consulta que hoy conoce este Consejo están planteando la hipótesis de eventualmente sufrir una modificación por parte de este Consejo General, porque dependerá de las suficiencias presupuestales que tenga este Instituto para que la consulta pueda llevarse a cabo”, informó.

Hasta ahora, el INE considera un «presupuesto muy ajustado» para la consulta, que será de 890 millones de pesos en lugar de los mil 500 millones de pesos, que había propuesto el INE en un inicio.

Cabe recordar que la consulta popular se efectuará tan sólo 55 días después de la Jornada Electoral del 6 de junio, considerada la más grande en la historia del país.

El acuerdo aprobado por el Consejo General del INE establece que la Consulta Popular está integrada por las etapas siguientes: a) organización, b) difusión, c) desarrollo de la jornada, d) cómputo y declaración de resultados.

La convocatoria para la realización de la consulta popular será publicada el próximo 15 de julio, y se contempla la instalación de 104 mil 667 casillas (aunque está la propuesta de instalar únicamente 91 mil), así como la utilización de mil 500 boletas por casilla, para lo cual participarían 2 mil 318 supervisores y 17 mil 469 instructores.

El INE también analiza la viabilidad de que se amplíe el periodo de vigencia de la credencial para votar con fotografía, al 1 de agosto, con el fin de que se pueda utilizar para la consulta popular.

El pleno determinó que durante el periodo comprendido entre el 15 de julio y el 1° de agosto de 2021 los tiempos oficiales en Radio y Televisión que le corresponden al INE y a las demás autoridades electorales, salvo las de estados que celebren algún proceso de participación, sean utilizados para la promoción de la Consulta Popular.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, afirmó que el contagio del presidente Andrés Manuel López Obrador de Covid-19, es consecuencia de haber minimizado los riesgos de la pandemia y de los descuidos en los que ha incurrido.

“El Presidente ha sido irresponsable desde el principio de la pandemia, no sólo por llamar a la gente a no quedarse en casa, a darse abrazos, y haber recortado los recursos para el sector salud, sino porque de manera absurda se ha negado a usar cubrebocas, cuando está demostrado que esta medida disminuye los riesgos de contagio”, señaló la legisladora en un comunicado.

Confió en que una vez superado el contagio, AMLO cambie su perspectiva y acepte que la única forma de superar la crisis sanitaria es sumando esfuerzos, acatando estrictamente las medidas preventivas y las acciones recomendadas por la comunidad científica y los organismos internacionales de salud.

Por su parte el líder nacional del PAN, Marko Cortés, deseó una pronta recuperación al mandatario, e indicó que debe recibir la atención necesaria para salir adelante.

El coordinador de los Diputaos del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, deseó una pronta recuperación al presidente, y aseguró que su diagnostico positivo a Covid-19 no era una buena noticia para nadie. «Hoy más que nunca, necesitamos un líder fuerte que ahora sí aplique al máximo su cuidado para reorientar la estrategia contra esta terrible enfermedad».

En tanto, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, confió en que el presidente López Obrador se recupere y pronto esté de vuelta con «salud y fuerza».

René Juárez Cisneros, coordinador de los senadores del tricolor, deseó una pronta recuperación a López Obrador, y dijo que hoy más que nunca, «México nos necesita a todos». Miguel Ángel Osorio Chong, líder la bancada del PRI en Diputados, también se unió a los mensajes de solidaridad con el presidente.

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) le deseó al presidente López Obrador su pronta recuperación, e indicaron que esperan verlo pronto al frente del Ejecutivo.

La Alianza Federalista también se sumaron a los mensajes de apoyo al presidente, y confiaron en que la enfermedad sea «leve». Aprovecharon para señalar que nadie está a saldo, por lo que todos deben cuidarse.

Finalmente, los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto también le desearon a AMLO una recuperación satisfactoria.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó sobre los informes de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) respecto a la verificación de las firmas de apoyo de dos peticiones de consulta popular para investigar y en su caso enjuiciar a los expresidentes, presentadas por: Yeidckol Polevnsky, y por Norma Ariadna Sánchez Bahena y Manuel Vázquez Arellano.

En el primer caso, sobre la consulta popular promovida por la ciudadana Yeidckol Polevnsky , relativa al tema “la investigación y juicio a ex presidentes para condenar a los presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país”, el informe establece que se entregaron 69 mil 254 firmas y, de ellas, 55 mil 930 fueron ubicadas en la Lista Nominal.

Por lo tanto, el número de ciudadanos solicitantes es insuficiente para cumplir con el requisito del 2% establecido en la Constitución, ya que de 1 millón 825 mil 701 registros necesarios, sólo se verificaron y validaron 55 mil 930 firmas, lo que corresponde al 0.06% de la Lista Nominal.

En el caso de la solicitud de consulta popular promovida por Norma Ariadna Sánchez Bahena y el ciudadano Manuel Vázquez Arellano relativa al tema “juicio a ex presidentes”, se presentaron 2 millones 538 mil 48 apoyos, de los cuales se validaron 2 millones 116 mil 837 con correspondencia en registros vigentes en la Lista Nominal de Electores, esto es, el 2.3%, por lo que cumple con el número de apoyos requerido.

Sin embargo, en ambos registros se encontraron inconsistencias tales como el registro de personas muertas. Polevnsky presentó el registro de 194 personas que ya fallecieron, mientras que Sánchez Bahena y Vázquez Arellano presentaron 5,530 registros del mismo tipo.

Otra de las irregularidades que más se encontraron fueron los registros duplicados. La Yeidckol presentó 2,592 y Sánchez Bahena y Vázquez Arellano 120,902.

Sobre los resultados, el consejero Ciro Murayama mencionó que siempre es de festejar que la ciudadanía participe de la vida pública y ejerza los derechos que la Constitución le da, como es el caso de los ejercicios de la consulta popular; sin embargo, denunció «prácticas abominables» en los procesos, como es el uso de los datos de personas fallecidas desde 1999.

“Y eso debe señalarse como una práctica abominable a la democracia: suplantar personas, y más aún personas fallecidas. Y también se suplanta a personas que no tienen su credencial vigente, incluso algunos que han sido suspendidos de sus derechos políticos, están sentenciados y pues no, por lo mismo no acudieron a las mesas a dar sus firmas”.

El consejero electoral afirmó que los primeros que deberían de condenar dichas prácticas son los propios ciudadanos que impulsan las consultas, pues refirió hubo quienes contaminaron el ejercicio al presentar apoyos fraudulentos.

Foto: Twitter @CitlaHM

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) propuso al Consejo General el presupuesto para la consulta popular para juzgar las decisiones de los actores políticos del pasado, entre los que se encontrarán los expresidentes. El presupuesto asciende a mil 499 millones 392 mil 669 pesos.

En caso de ser aprobados por el Consejo General del INE, los recursos deberán ser solicitados a la Cámara de Diputados para su análisis e integración en el Presupuesto de Egresos del Instituto para el ejercicio 2021.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que la autoridad electoral cumplirá con el mandato de organizar el ejercicio de consulta popular, apegándose a los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad, además de que será vigilante de que todos los actores políticos cumplan con las reglas electorales.

Explicó que, como resultado de diversos análisis hechos por las principales áreas del INE, se concluyó que para realizar la consulta popular el 1 de agosto de 2021, sin afectar las actividades de la institución durante el proceso electoral ya en curso, es necesario solicitar recursos adicionales.

Señaló que el costo proyectado es menor a los 8 mil millones de pesos que cuesta llevar a cabo un proceso electoral de principio a fin.

Lorenzo Córdova puntualizó que la solicitud atiende estrictamente el mandato de realizar una consulta popular con los parámetros técnicos, profesionales y los estándares de calidad con los que el Instituto lleva a cabo sus procesos.

Precisó que todas las áreas involucradas atendieron a la recomendación hecha, tanto por la Presidencia del Consejo como por la Secretaría Ejecutiva, de reducir al máximo los costos de la consulta, tomando medidas de ahorro y considerando que muchos de los materiales y servicios que se producirán, se adquirirán o se contratarán para el proceso electoral, podrán funcionar también para la Consulta Popular.

Algunas de las medidas planteadas con ese propósito son, por ejemplo la instalación de 104 mil 667 casillas, en lugar de las 164 mil 550 casillas que se instalarán en la Jornada Electoral del 6 de junio; integrar las Mesas Directivas de Casilla con un número menor de personas; esto es, tres en lugar de seis funcionarios de casilla; recurrir a los ciudadanos ya capacitados para la Jornada Electoral del 6 de junio, lo que permitirá generar ahorros al no tener que llevar a cabo una nueva insaculación ni una capacitación integral, como si fuera un nuevo proceso electoral.

Otras de las medidas son reutilizar los cuadernillos impresos con la Lista Nominal de Electores utilizados el 6 de junio, imprimiendo sólo las adendas de aquellas ciudadanas y ciudadanos que cumplan 18 años entre el 7 de junio y el 1 de agosto de 2021. Se está proponiendo también realizar los cómputos distritales conforme vayan llegando los paquetes electorales, disminuyendo así en dos días los trabajos del Instituto y la contratación de personal, además de que no será necesario la realización de un programa de resultados preliminares.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves el dictamen a la minuta en la que se resuelve la procedencia y trascendencia de la petición de consulta popular que solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para investigar y enjuiciar a los expresidentes de México.

Con la aprobación de los Diputados, se expide la convocatoria para este proceso que se realizará el domingo 1 de agosto de 2021.

El dictamen recibió el apoyo de 272 diputados, mientras que 116 votaron en contra; no se registraron abstenciones.

El documento fue remitido para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se pidió notificar al Instituto Nacional Electoral (INE) para los efectos conducentes.

El dictamen aprobado precisa que la materia de consulta popular cumple con el requisito de trascendencia nacional que dispone el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular, por lo que se considera procedente convocar a las y los ciudadanos a Consulta Popular para que se manifiesten sobre la siguiente pregunta:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Se determina que la difusión de la consulta será en los tiempos y en la forma que determine la metodología aprobada por el INE.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aplaudió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya avalado la legalidad de la consulta que abre la puerta a enjuiciar a los expresidentes de México, considerando que es un avance «importantísimo» para lograr una verdadera democracia.

«Lo importante es que se resolvió que se consulte al pueblo, que se le pregunte a los mexicanos. Esa es la esencia de la democracia y se apegaron los ministros al espíritu del artículo 39, que el poder emana del pueblo y que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Esa es la democracia, no solo representativa sino la democracia participativa», dijo el mandatario.

López Obrador añadió que «nadie se preocupe más de la cuenta», alegando que el pueblo es «sabio» y «va a votar por lo que considere más importante».

El presidente consideró «genérica» y poco clara la pregunta elaborada por los Ministros; dijo que se irá aclarando.

Y es que los Ministros resolvieron modificar la pregunta que se realizará, quedando de la siguiente manera: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».

AMLO dijo que de acuerdo a lo que entendía, los ciudadanos que estén a favor de que se haga la investigación sobre el comportamiento de los expresidentes tendrían que votar por el ‘Sí’ y los no están de acuerdo tendrían que votar por el ‘No’.

Recordemos que ayer, Corte rechazó el proyecto que solicitaba declarar inconstitucional la consulta, que fue solicitada al Senado por López Obrador, al considerar que la Constitución establece que se puede «votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia» para el  país, como sería el caso.

El respaldo a la consulta fue por seis de los once Ministros, cinco votaron en contra.

El dirigente nacional, Marko Cortés, aseguró que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (AMLO) de avalar la constitucional de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes es muy lamentable, pues resulta una clara estrategia electoral del presidente López Obrador.

“Esta consulta a todas luces es ilegal e inconstitucional y es muy penoso que algunos ministros se presten a las artimañas electorales del Presidente. Además de que con esta decisión se vulneró la autonomía de la Suprema Corte y quedó en evidencia que está sometida a las presiones del Ejecutivo”, acusó el dirigente panista.

Aseguró que si algún expresidente incurrió en algún delito, sin consulta alguna de por medio, se le debe denunciar, y en caso de resultar responsable, juzgarlo como lo marca la ley y la Constitución.

Desde la dirigencia nacional del PAN condenaron las presiones ejercidas por López Obrador hacia el Poder Judicial.

Indicaron que al declarar válida la consulta solicitada por AMLO contra los expresidentes de la República se pone en riesgo los derechos humanos y la división de poderes.

Afirmaron que lo único que busca López Obrador es crear un «circo» para distraernos de los graves problemas que vive el país, como es el alto desempleo, la crisis en salud y uno de los peores momentos en seguridad que ha vivido México durante varias décadas.

Cortés Mendoza convocó a todos los sectores de la sociedad a manifestarse en contra de la decisión de la Suprema Corte y a favor de la defensa de las instituciones y poderes del Estado.

Por su parte el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que la decisión de la SCJN representa un paso trascendental para la construcción de una verdadera democracia.

«Hoy el pueblo de México gana una lucha de décadas, por la que millones lo han entregado todo», afirmó en sus redes sociales, mostrando los nombres de los ministros y cómo ejerció cada uno su voto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este jueves la realización de la consulta ciudadana solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para investigar y en su caso enjuiciar a los últimos cinco exmandatarios de México.

La propuesta fue aprobada por seis ministros de la Corte. Los ministros que respaldaron la consulta fueron: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Luis González Alcántara; Yasmín Esquivel; Margarita Ríos Farjat; Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar.

Los otros cinco ministros, votaron en contra al coincidir en que la propuesta resultaba inconstitucional.

Quienes votaron en contra argumentaron, mayoritariamente, que la persecución de delitos no puede someterse a la voluntad popular. Sin embargo, el resto de los ministros defendieron que es un derecho que los mexicanos puedan expresar una opinión.

Uno de los jueces que apoyó la consulta, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, reconoció que la pregunta era «ociosa e innecesaria desde el punto de vista constitucional», por lo que se propuso que la pregunta fuera modificada.

La propuesta de pregunta que obtuvo el respaldo de los ministros fue: ¿Estás de acuerdo o no en que se llevan a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

López Obrador quiere consultar a los mexicanos si apoyan que se investigue, «y en su caso sancionen», la presunta comisión de delitos por parte de todos los expresidentes mexicanos desde 1988, fecha desde la que, a su juicio, ha habido una «corrupción sistemática» en el país.

El mandatario propuso la consulta para el 6 de junio de 2021, fecha de las elecciones intermedias.

Analistas y expertos han criticado que se someta a consulta popular si alguien debe ser llevado o no ante la justicia, pues en un Estado de derecho, argumentan, debería ser la fiscalía la que decida si alguien ha violado la ley y hay indicios para llevarlos ante un Tribunal.

Aunque ha reiterado que en su administración nadie estaría por encima de la ley, AMLO ha defendido hacer «borrón y cuenta nueva» con los expresidentes para no abonar la venganza. Pese a su insistencia en la consulta, adelantó que él votaría que no.

Los expresidentes sobre los que se consultará serán Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que miércoles que mañana será un día importante, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá si acepta la solicitud que presentó para someter a consulta ciudadana, el investigar y en su caso enjuiciar a los expresidentes de México.

AMLO dijo que no se trata solo de la consulta a los expresidentes, sino que la decisión de la Corte es si acepta o no, en los hechos, la democracia participativa.

«Eso es lo que está en cuestión, si realmente queremos que haya democracia participativa, si nos vamos a quedar limitados a la democracia representativa o damos un paso adelante para que el pueblo en todo momento decida la forma de su gobierno, que es la esencia de la democracia».

Sobre el sentido en el que va el proyecto presentado por el Ministro Luis María Aguilar, AMLO dijo que argumentar que si se lleva a cabo la consulta ciudadana se estarían violando los derechos humanos de los exmandatarios, no debería considerarse como «argumento fundamental», pues aseguró que no habría tal violación,

Explicó que en la solicitud de presentó se señala que en el caso de que el pueblo decidiera que sean investigados los expresidentes, se actuaría de conformidad con los procedimientos legales, respetando el debido proceso, por lo que los acusados tendrían derecho a la defensa y por ende, no se les estarían violando sus garantías.

AMLO dijo que en caso de que la Corte rechace la solicitud de consulta, se estaría considerando como una simulación, «letra muerta», lo expresado en la Constitución sobre la democracia participativa. Incluso dijo que al ser uno de sus compromisos, estaría enviando una iniciativa de reforma al artículo 35 para que no se cancele esa posibilidad.

Fue en ese punto donde señaló que en caso de que la respuesta sea negativa para su solicitud, ´´el se estaría deslindando, y dejaría que cada poder asuma sus responsabilidades.

«No significa que si mañana se aprueba la consulta, con juicios sumarios se va a castigar a los presidentes si se les encuentra culpables. Son procesos, va a intervenir la fiscalía, intervienen los jueces», justificó el mandatario.

López Obrador insistió en que si bien se debe aplicar un auténtico Estado de derecho en el país, eso no justifica que haya impunidad y que no se castigue por igual a todos los mexicanos, que no haya privilegios para algunos.

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados celebró que en el proyecto sobre la consulta solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contra los expresidentes, se encamine a ser declarado como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Y es que este jueves se conoció el proyecto del Ministro Luis María Aguilar Morales, quien sostiene que el objeto de la consulta popular que se solicita, se considera inconstitucional ya que desvirtúa la finalidad de la consulta popular cuyo objeto es maximizar la participación ciudadana.

Verónica Juárez Piña, coordinadora de la bancada perredista, aseguró que se debe respetar el Estado de Derecho, los derechos de las víctimas y el debido proceso.

“La consulta no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución, en la Ley Federal de Consulta Popular, viola los derechos humanos y el debido proceso”, señaló la líder perredista.

Arremetió y dijo que lo que pretende el presidente López Obrador es evadir su responsabilidad y utilizar la consulta con fines ajenos a la justicia.

Insistió en que si el Jefe del Ejecutivo tiene pruebas de que algún expresidente ha cometido algún delito, debe presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se inicien las investigaciones correspondientes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) difundió este jueves el proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre la consulta popular solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para decidir si se investiga, y en su caso se enjuicia, a los expresidentes de México.

El proyecto propone declarar inconstitucional la consulta, ya que atenta contra los derechos humanos y sus garantías.

«Esta Suprema Corte considera que el objeto de la consulta popular propuesta es inconstitucional porque su sustancia e implementación, por sí mismas, de celebrarse, tendrían un efecto de restricción de los derechos humanos y sus garantías, pues sujeta a la decisión de las mayorías los derechos de las víctimas u ofendidas por los delitos señalados en la petición y rompe con el sistema de protección de los derechos humanos de todas las personas en México».

La SCJN indicó que tras haber recibido la solicitud de la consulta por parte del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se admitió a trámite, la cual se turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

La Corte indicó que era competente para conocer y resolver la revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular.

En un principio, se señaló que dada la relevancia que tienen este tipo de ejercicios, se prevé que, en términos generales, la consulta popular es válida para cualquier tema que sea coherente con el sistema constitucional y democrático

Sin embargo, al analizar la petición del presidente López Obrador, se resolvió que la petición consiste en consultar al pueblo de México si está de acuerdo o no en que las autoridades competentes (Fiscalía General de la República y fiscalías de los estados, Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales de los estados, las policías y cualquiera otra que tenga atribuciones), investiguen y, de resultar fundada alguna causa, sancionen penalmente a los expresidentes de México referidos en el escrito de solicitud.

Ante ello, se resolvió que el objeto de la consulta popular debe considerarse inconstitucional, pues la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos, y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad.

En su explicación, la SCJN señala que la consulta se enmarca en una de las materias o supuestos que están prohibidos constitucionalmente para este tipo de ejercicios, consistente en que la consulta popular no puede someter a la voluntad popular decisiones que en cualquier sentido impliquen una restricción de los derechos humanos ni de sus garantías de protección.

Añade que la consulta es inconstitucional desde su origen pues las obligaciones de las autoridades de investigar, perseguir y sancionar los hechos delictivos no pueden disociarse de los derechos de los que las personas gozan de acceder a la justicia pronta, completa e imparcial, al debido proceso.

En ese sentido, el proyecto afirma que las autoridades se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho y a llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona, sea un expresidente, exfuncionario o cualquier persona que atente contra el Estado de Derecho y contra los derechos humanos particulares de cualquier persona.

Indica además que la consulta es inconstitucional, porque en el hipotético caso en el que se realizara y se obtuviera una respuesta en contra de realizar las investigaciones e imponer las sanciones correspondientes, el efecto sería una especie de perdón o amnistía por todos los presuntos delitos que pudieran haberse cometido, antes, durante y después de las gestiones de los expresidentes.

Advierten que se estaría validando, a través de una consulta popular, que la ciudadanía pudiera conceder un perdón y una absolución a estos delitos.

La Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República confirmó que recibió en total cuatro peticiones de Consulta Popular, a las cuales se les ha dado entrada y el trámite correspondiente.

Tres de ellas están relacionadas al posible enjuiciamiento de los ex presidentes, mientras que una más es sobre un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas.

Eduardo Ramírez, presidente del Senado, informó que, en caso de ser aprobadas, podrían realizarse en el mes de agosto del 2021.

Detalló que las solicitudes recibidas fueron:

  1. Petición del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante de después de sus respectivas gestiones?
  2. Petición de Yeidckol Polevnsky, Secretaria General del CEN de Morena. ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México y en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?
  3. Petición de los ciudadanos Manuel Vázquez Arellano y Norma Ariadna Sánchez Bahena. ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?

Sobre las solicitudes, Eduardo Ramírez dijo que corresponde a la SCJN determinar dentro de los 20 días siguientes, la constitucionalidad de la pregunta en la consulta solicitado por AMLO. Si se aprueba por mayoría, se emite la convocatoria respectiva y se ordena al INE su realización.

Sobre la petición de Vázquez Arellano y Sánchez Bahena, indicó que se turnará el expediente al INE para verificar dentro de los 30 días siguientes, el cumplimiento del requisito del 2% de firmas y si este es validado, también se enviará la petición a la SCJN para determinar la constitucionalidad.

Finalmente, la cuarta solicitud fue presentada por la Senadora Xóchitl Gálvez en representación de diversas Senadoras y Senadores de diferentes grupos parlamentarios.

  • ¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno Federal otorgue un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas por las que atreviese el país, como la originada por la contingencia sanitaria del COVID-19?

En ete caso será la Comisión de Gobernación y en su caso a las Comisiones que correspondan por la materia, las encargadas de dictaminar. Si es aprobada por la mayoría de ambas Cámaras se envía a la SCJN para que resuelva sobre la constitucionalidad dentro de los 20 días, si fuese procedente el Congreso emitirá la convocatoria y enviará al INE para su realización.

El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados señaló que si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no tiene ningún impedimento para proceder legalmente contra los expresidentes de la República, en caso de tener evidencias de que cometieron un delito debe proceder por la vía legal, y no mediante una consulta ciudadana.

Los perredistas señalaron que lo que AMLO busca con la consulta sobre los exmandatarios es un linchamiento público con fines políticos.

“La consulta no es requisito previo para que se inicien los procedimientos legales. El derecho de acceso a la justicia debe ser para todas y todos. Si los delitos existen, las y los mexicanos tenemos derecho a que se procese a los expresidentes, independientemente de la consulta”, indicó la diputada Verónica Juárez Piña.

La coordinadora de la bancada del PRD afirmó que es claro que la consulta que solicitó López Obrador no tiene fines legales, sino políticos.

En ese sentido dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se tendrá que pronunciar sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, aunque adelantó que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 35 de la Constitución de la República.

Pidieron a AMLO presentar las denuncias si cuenta con los elementos para ello, y que se la Fiscalía General de la República (FGR) quien desahogue el proceso. Llamaron al mandatario a ponerse «realmente a gobernar», pues le recordaron que son muchos los graves problemas por los que atraviesa el país.

Y es que ayer, el presidente presentó ante el Senado de la República una petición de consulta popular a fin de preguntar a las y los ciudadanos si están de acuerdo o no con que las autoridades competentes investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones.

La solicitud fue remitida por el Senado a la Suprema Corte, quien tendrá que validarla, y en caso de que así sea, instruirá al INE a llevarla a cabo durante la próxima elección federal.

La petición para que se celebre una consulta popular que pregunte a la ciudadanía de México si quiere que se investigue y, en su caso, se presenten cargos contra los expresidentes, llegó esta tarde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que  es quien decidirá si procede o no la convocatoria.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió por la mañana al Senado la petición formal y la cámara alta la turnó de forma de inmediata al máximo tribunal, que decidirá sobre su constitucionalidad.

López Obrador propuso el referéndum para el 6 de junio de 2021, fecha de las elecciones de mitad del sexenio y que son clave para que el presidente mantenga la mayoría en el Congreso.

La consulta podría ser una forma de atraer votantes a las urnas porque los comicios de medio período a menudo tienen una participación baja, pero además podría desviar la atención de los problemas del gobierno actual con la economía y la pandemia de coronavirus al centrar la atención en abusos del pasado.

López Obrador ve la consulta nacional como un mecanismo para concretar sus acusaciones de una «corrupción sistemática» desde 1988, cuando inició la puesta en marcha de programas económicos conservadores y privatizaciones, un periodo que el mandatario califica de «neoliberal o neoporfirista».

En paralelo a la petición de López Obrador, miembros de Morena, llevan un par de semanas recogiendo firmas ya que el trámite para iniciar la petición de la consulta también podía iniciarse si se recaban casi dos millones de rúbricas. El presidente esta mañana que sí las habían logrado recabar.

El expresidente Felipe Calderón denunció este martes una «persecución política» por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de que este pidiera al Senado realizar una consulta para juzgar a sus cinco predecesores.

«Constituye un acto corruptor de la Justicia, pues ejerce una presión abrumadora e indebida sobre fiscales y juzgadores, a través de la manipulación de la opinión pública, con la utilización de recursos públicos. Una clara muestra de persecución política y de abuso de poder», dijo Calderón.

Hasta ahora, solo se ha pronunciado el expresidente Calderón, y que en los últimos meses se ha colocado como uno de los principales opositores al gobierno de la Cuarta Transformación.

«Si tiene pruebas fundadas contra mí, que vaya hoy y las presente ante el fiscal, sin necesidad de consulta. Pero si no tiene pruebas y ni acusaciones específicas, no hay consulta ni votación que valga, debe dejar de hostigarme», escribió Calderón en sus redes sociales.

Afirmó que la consulta es violatoria de garantías elementales, tales como la presunción de inocencia, el debido proceso legal, justicia por Tribunal independiente, investigación exclusiva del Ministerio Público, protección de vida, honra y dignidad.

Y es que esta mañana, el consejero jurídico de la Presidencia entregó a la Cámara de Senadores, una solicitud para realizar una consulta en las elecciones intermedias del 6 de junio de 2021, cuando los ciudadanos opinarían si debe haber un juicio contra los expresidentes. En el texto que leyó en su conferencia matutina, AMLO acusó que «el neoliberalismo dejó millones de víctimas» en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

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El expanista aseguró que AMLO está confundiendo la República con un Circo Romano, donde en lugar de acudir con pruebas a la Fiscalía, prefiere pregunta a la multitud si se condena o perdona a inocentes, «mostrando un dedo pulgar hacia arriba o hacia abajo».

Resumió todo como un retroceso de miles de años en materia de justicia.

Quien también reaccionó fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que militaron Salinas de Gortari, Zedillo y Peña Nieto, acusando a López Obrador de armar un espectáculo rumbo a 2021, cuando se renovará la Cámara de Diputados.

«En esta noche mexicana quedarán en evidencia los dos fracasos políticos de López Obrador: el juicio a expresidentes y la rifa simulada del avión. Ni se juntaron las firmas ni se vendieron los boletos», afirmó Héctor Yunes, vocero del grupo parlamentario del PRI.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó esta mañana que tomó la decisión de entregar al Senado de la República una solicitud para llevar a cabo la consulta ciudadana para decidir si se investiga y en su momento se enjuicia a los expresidentes de México.

Señaló que su decisión es para «tener más seguridad sobre la solicitud», pues dijo que tiene información de que los ciudadanos (apoyados por Morena), sí lograron reunir las firmas necesarias. Precisó que le informaron que se reunieron alrededor de 2 millones de firmas.

«De todas formas, porque hoy vence el plazo, considere importante presentar también este escrito para tener más seguridad sobre la solicitud de la realización de una consulta a todos los ciudadanos».

AMLO precisó que la consulta incluirá a exmandatarios que dirigieron el país entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, periodo que dijo, estuvo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, la privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado.

Acusó que durante los cinco sexenios anteriores, se aplicó equivocadamente un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular.

Dijo que durante el gobierno de Carlos Salinas fue cuando más crecieron las diferencias económicas y sociales en México, pues fue en ese periodo cuando se entregó a particulares un gran número de bienes públicos. Con Ernesto Zedillo, dijo AMLO, continuaron las políticas privatizadoras.

Relató que Vicente Fox llegó al poder como resultado del anhelo social de alcanzar la democracia y la alternancia; sin embargo, lo acusó de que intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral de 2006, acto que el mismo expresidente ha reconocido en diversas ocasiones; de esa forma, enfatizó, Fox traicionó el mandato democrático al que se debía y los principios mismos de la democracia.

Sobre Felipe Calderón, dijo que sus decisiones llevaron a que la violencia aumentara en todo el país, y se multiplicaran las zonas del territorio bajo control de las bandas delictivas. Recordó que tanto colaboradores como periodistas alertaron a Calderón sobre los indicios que habían de que su entonces secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las principales bandas del narcotráfico. «El gobernante no hizo absolutamente nada; a la luz de la detención y el enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, la actitud de Calderón sólo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada».

Recordó las denuncias que en su momento se hicieron sobre las grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Recientes; retomó las declaraciones de Emilio Lozoya, las cuales «han permitido documentar» qué parte de ese dinero provino de sobornos de la empresa Odebrecht, dinero que también sirvió para sobornar a legisladores de la oposición (PAN) para obtener los votos y la aprobación de la llamada reforma energética y el apoyo a otros proyectos.

López Obrador aseguró que no es esta la primera ocasión en que promueve un ejercicio de participación ciudadana, pues se utilizó dicho instrumento (consulta ciudadana) para decidir el futuro de proyectos como la construcción del aeropuerto en Texcoco; la planta eléctrica de Huexca, Morelos; la cervecera de Mexicali, y el Tren Maya.

Aseguró que la consulta para iniciar procesos legales en contra de los expresidentes es un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder y un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento qué caracterizó a los gobiernos neoliberales.

Respecto a las críticas que se le han hecho, AMLO afirmó que el ejercicio no contraviene la limitación de que «no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y las garantías para su protección». Sostuvo que por el contrario, la consulta tiene el propósito de llevar a un cauce legal un asunto de interés general y trascendencia nacional.

«¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sanción en la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes: Carlos Salinas de Gortari; Ernesto Zedillo Ponce de León; Vicente Fox Quesada; Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?», es la pregunta que el gobierno federal propone realizar en la consulta.