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Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, que cumple una pena de prisión en Estados Unidos y ahora es colaborador de la fiscalía, aseguró este martes que Arturo Beltrán Leyva secuestró a Genaro García Luna, cuando este se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública, porque no contestaba sus llamadas.

«El Grande», testigo de la Fiscalía durante el juicio que se le sigue por narcotráfico a García Luna en Estados Unidos, que arrancó este lunes en un tribunal federal en Nueva York, aseguró que en medio de la guerra que estalló entre las distintas facciones del Cártel de Sinaloa en 2008, García Luna parecía beneficiar más al grupo de «El Chapo» en detrimento de los Beltrán Leyva.

Según «El Grande», los operativos contra la gente de los Beltrán Leyva eran continuos, mientras que «eran mínimos» contra el grupo del «El Chapo».

La guerra entre la facción de «El Chapo» e Ismael «El Mayo» Zambada contra el de los hermanos Beltrán Leyva comenzó después de la detención de Alfredo Beltrán, que según «El Grande» fue fruto de una traición dentro del cártel.

«El Grande» relató que cuando estalló el conflicto interno, Arturo Beltrán llamó a García Luna para preguntarle de qué parte estaba y este le dijo que permanecería neutral, algo que exacerbó los ánimos de Beltrán Leyva, aunque pese a ello siguió enviando sus pagos (sobornos) al entonces secretario de Seguridad Publica.

Sin embargo, cuando percibió que las operaciones de seguridad, cuyo máximo responsable era García Luna, aumentaban excesivamente, intentó llamarlo y hablar con él a través de Luis Cárdenas Palomino, exdirector de seguridad federal de la Policía Federal, y supuesto enlace entre el cártel y García Luna, pero no fue posible.

Entonces, relató, secuestraron a García Luna cuando iba en una carretera de Morelos, camino de la localidad de Cocoyoc, para hablar con él y después de la conversación lo volvieron a dejar donde lo habían secuestrado.

Este es el segundo día en que «El Grande» declara como testigo de la fiscalía en el juicio contra García Luna.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó esta mañana que México trabaja en acciones legales para intentar recuperar al menos 700 millones de dólares del exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, fruto de sobornos millonarios que el Cártel de Sinaloa le entregó.

«Lo que sí nosotros vamos a procurar es recoger el dinero», dijo esta mañana el presidente en su conferencia de prensa.

Recuperar lo que se podrían considerar fondos robados al Estado por funcionarios corruptos es uno de los objetivos del gobierno de López Obrador, y el dinero del que se pudo haber beneficiado García Luna por colaborar con el crimen organizado, según los fiscales estadounidenses, podría sumar sumar cifras multimillonarias.

Si bien García Luna fue el máximo responsable de la seguridad pública de 2006 a 2012 durante la presidencia de Felipe Calderón, antes, durante el gobierno de Vicente Fox dirigía un cuerpo federal de policía.

Ayer, en la primera jornada del juicio, «El Grande» habló de operativos conjuntos del cártel y la policía contra grupos criminales antagónicos; de cómo el exfuncionario advertía de redadas o que un día se llevó 14 millones de dólares en cajas de cartón de una bodega repleta de cocaína que la policía había incautado al Cártel del Golfo y entregado al cártel de Sinaloa.

Según explicó López Obrador ya hay un juicio en Florida para recuperar 700 millones de dólares. Los abogados de García Luna plantearon «que no tenía México por qué ir a litigar allá». Pero el mandatario indicó que un juzgado de este estado le dio la razón al gobierno «y estamos trabajando en eso, 700 millones y otros posibles activos».

México tiene una investigación abierta contra el exsecretario de la que informó cuando fue detenido en Estados Unidos en 2019, pero no se ha hecho público ningún detalle al respecto.

López Obrador anunció además que a partir de este martes su conferencia matutina tendrá un nuevo espacio para informar sobre todo lo que salga en el juicio porque que no confía en los medios tradicionales y quiere que todos los posibles cómplices mencionados sean expuestos ante la ciudadanía.

Es «un drama judicial», una «tragicomedia», dijo. «No queremos que la gente no se entere».

Fiscales estadounidenses dijeron este jueves que tienen más de un millón de páginas en documentos para ser usados como pruebas contra el exsecretario de Seguridad Pública de nuestro país, Genaro García Luna, a quien acusan de cargos relacionados con el narcotráfico.

El fiscal del distrito este de Nueva York, Mark Lesko, envió una carta al juez federal del caso en la que explica que la fiscalía también tiene una «voluminosa» cantidad de grabaciones interceptadas.

Recordemos que García Luna está acusado por fiscales estadounidenses de cargos que incluyen la asociación ilícita para el tráfico de cocaína, el falso testimonio y la participación en una organización criminal.

Por el caso que se le sigue, el exfuncionario mexicano se encuentra preso en una cárcel neoyorquina.

García Luna, fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, y colaboró previamente en el gobierno de Vicente Fox.

El exfuncionario se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín «El Chapo» Guzmán, a cambio de permitir que éste traficara cocaína libremente.

La fiscalía y los abogados de García Luna se preparan para ir a juicio. Lesko dijo en su carta que la fiscalía ha hecho pedidos de asistencia legal mutua a funcionarios extranjeros. Se han recibido algunas respuestas afirmativas, dijo, y se están esperando otras.

El fiscal le pidió al juez también que se posponga la audiencia judicial sobre el caso que estaba fijada para este mes ya que la fiscalía necesita más tiempo para ir preparando el juicio. El juez del caso es Brian Cogan, quien también presidió el juicio contra «El Chapo» Guzmán en 2018.

La nueva fecha para que se realice la audiencia es el23 de junio.

Este mismo jueves, un juez autorizó la incautación de cinco propiedades en México de Rafael Caro Quintero, o «RCQ», cofundador del cartel de Guadalajara y ahora jefe de una grupo criminal que lleva su nombre.

La fiscalía del distrito este de Manhattan afirma que las propiedades, situadas en Guadalajara y cerca de esa ciudad, fueron compradas por RCQ con dinero del narcotráfico llevado a cabo por la organización Caro Quintero, un brazo del cartel de Sinaloa.

«Estados Unidos buscará aplicar esta orden a través de canales diplomáticos», indicó la fiscalía en un comunicado tras la decisión del juez federal Eric Vitaliano.

Caro Quintero es acusado por la justicia estadounidense de ordenar en 1985 el asesinato del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena en México, tras torturarlo salvajemente. Es uno de los 10 hombres más buscados por el FBI, por el que ofrece una recompensa de 20 millones de dólares.

RCQ fue detenido en 1985, juzgado en México y condenado a 40 años de prisión. Pero en 2013 un juez lo liberó por un tecnicismo legal. Poco después, la justicia volvió a pedir su captura, pero era demasiado tarde: RCQ había desaparecido.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró este viernes que jamás le tembló la mano para defender la honorabilidad del extitular de la Defensa Nacional, esto luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) decidiera no ejercer acción penal en su contra.

A través de sus redes sociales, Alejandro Moreno, dirigente Nacional del PRI, agradeció a Cienfuegos Zepeda por su servicio a México, y recordó que desde octubre del año pasado, después de su detención por agentes de la DEA en Estados Unidos, el tricolor manifestó su confianza en el exfuncionario y le dio su respaldo.

El tricolor reiteró que ha reconocido la labor del Ejército, la Fuerza Aérea y la Secretaría de Marina, instituciones que, subrayó, siempre han actuado a favor de los intereses superiores de la nación con disciplina, entrega, sacrificio y dedicación.

Otros miembros del PRI, como el coordinador de la bancada en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, utilizó también sus redes para indicar que como lo había venido señalando, nunca hubo dudas sobre la honestidad y honorabilidad del General Salvador Cienfuegos.

«Lo reitero, su trabajo al frente de nuestras Fuerzas Armadas siempre fue institucional, apegado a la ley y por la paz y seguridad del país», indicó el senador.

René Juárez Cisneros, diputado federal, envío un fuerte abrazo a su «amigo», en referencia al General Salvador Cienfuegos, quien dijo, ha dejado constancia de su honorabilidad y lealtad a la patria al frente de la Sedena.

Finalmente, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados saludó el cumplimiento «irrestricto a la presunción de inocencia y del debido proceso» en el caso del General Salvador Cienfuegos.

Señalaron que las investigaciones ratificaron la honorabilidad de su desempeño al frente de la Sedena.

El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, lleva 40 días aislado en la cárcel de Nueva York donde se encuentra, debido a la pandemia del COVID-19 y no ha podido revisar las pruebas de su caso judicial, dijo este lunes su abogado.

Durante una audiencia telefónica debido a la contingencia sanitaria, César De Castro, abogado de García Luna, dijo que su cliente no ha podido examinar las pruebas de su caso desde el 28 de octubre.

«Aún lo tienen allí aislado y no estoy seguro de cuando le van a permitir salir», dijo De Castro al juez Brian Cogan, de la corte del distrito este de Nueva York.

Recordemos que García Luna está acusado por la fiscalía de Estados Unidos de cargos que incluyen la asociación ilícita para el tráfico de cocaína, el falso testimonio y la participación en una organización criminal.

El excolaborador del expresidente Felipe Calderón se ha declarado inocente, aunque los fiscales de EUA afirman que García Luna recibió fuertes cantidades de dinero por parte del Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín «El Chapo» Guzmán, a cambio de permitir que éste traficara libremente cocaína.

En la audiencia de este lunes, De Castro explicó que García Luna fue colocado en una unidad de máxima seguridad y después puesto en cuarentena. El juez Cogan pidió a los fiscales presentes en la audiencia que hagan todo lo posible para lograr que las pruebas lleguen a García Luna.

Según la última carta que la fiscalía envió al juez y que se encuentra disponible en el sistema electrónico de la corte, el gobierno estadounidense ha presentado más de 955,000 documentos que conforman las pruebas del caso. El juez Cogan fijó la próxima audiencia judicial el 17 de febrero del 2021. García Luna espera ir a juicio.

La semana pasada los fiscales del caso pidieron al juez que les permita mantener selladas algunas pruebas que identificarían a testigos en el juicio. Los fiscales advirtieron que, si esas evidencias se hacen públicas, García Luna o sus cómplices podrían poner en peligro la vida de los testigos.

Esas pruebas, que incluyen fotografías, documentos financieros y grabaciones, no se mostrarían a García Luna, su abogado, ni al público general, como solicitaron los fiscales.

El fiscal interino del distrito este de Nueva York, Seth DuCharme, pidió a la jueza a cargo del caso de Salvador Cienfuegos, Carol Amon, que libere al de prisión exsecretario de la Defensa, y lo envíe de regreso a México escoltado por alguaciles.

Según diversos medios, la decisión concluye una intensa negociación secreta entre los gobiernos de México y de Estados Unidos, que prometieron seguir cooperando en la lucha antidroga.

«En reconocimiento de la fuerte colaboración en materia de aplicación de la ley entre México y Estados Unidos, y en el interés de demostrar nuestro frente unido contra toda forma de criminalidad, el Departamento de Justicia tomó la decisión de buscar el retiro de los cargos criminales en Estados Unidos contra el exministro Cienfuegos, para que pueda ser investigado, y si es apropiado, inculpado bajo la ley mexicana», señalaron el fiscal general estadounidense, William Bar, y Alejandro Gertz Manero, en un comunicado conjunto.

La fiscalía de Brooklyn acusa al general de cuatro delitos de narcotráfico y lavado de dinero por ayudar al cartel H-2 a traficar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos, incluida la ciudad de Nueva York entre 2015 y 2017, a cambio de millonarios sobornos.

Documentos judiciales presentados el lunes a la jueza Amon muestran que el gobierno estadounidense le pidió mantener la información sobre la desestimación de los cargos en secreto hasta la audiencia del miércoles, «porque su publicación podría causar daños a la relación del gobierno con un aliado extranjero».

Pero la jueza pidió a los fiscales más explicaciones, y como no las recibió, decidió finalmente publicarlos.

El documento precisa que «consideraciones de política exterior delicadas e importantes que pesan más que el interés del gobierno (de Estados Unidos) para perseguir y enjuiciar al acusado”.

En esos documentos, el fiscal interino del distrito este de Nueva York, Seth DuCharme, asegura que Cienfuegos «abandonará voluntariamente Estados Unidos y será transportado rápidamente a México bajo custodia de alguaciles estadounidenses».

DuCharme pide a la jueza que el retiro de los cargos no sea efectivo hasta que el acusado «entre y haya sido liberado en México».

Recordemos que Cienfuegos fue arrestado a mediados de octubre a pedido de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, al llegar al aeropuerto de Los Ángeles. Desde entonces permanece detenido, inicialmente en esa ciudad de California y desde hace un par de semanas en Nueva York.

Si hubiera sido juzgado y hallado culpable en Estados Unidos, Cienfuegos enfrentaba una pena de diez años de cárcel hasta cadena perpetua.

Su detención tuvo lugar menos de un año después del arresto del exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna en Estados Unidos, acusado de narcotráfico por aceptar sobornos para proteger al cartel de Sinaloa.

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El exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, se declaró no culpable este jueves ante un juez de Nueva York, de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que se le imputan.

Después de que la lectura de los cargos en su contra, lo cual se realizó a través de una videoconferencia, Cienfuegos respondió a las preguntas rutinarias del magistrado Steven Gold, que fijó la próxima audiencia para el 18 de noviembre.

Fiscales en Estados Unidos acusan al general de asociación ilícita para distribuir e importar drogas y lavado de dinero.

Los fiscales señalan que Cienfuegos, de 72 años, ayudó al cartel del H-2 mientras era el responsable de las fuerzas armadas de 2012 a 2018 durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

La acusación formal contra Cienfuegos procede de la corte federal del distrito este de Nueva York, ubicada en Brooklyn. Por ese motivo el general fue trasladado desde Los Ángeles a Nueva York.

Durante la corta audiencia de este jueves, Cienfuegos accedió a que sus abogados se reúnan con la fiscalía para hablar de las pruebas del caso. La lectura de cargos estuvo plagada de problemas técnicos. El juez Gold repitió una y otra vez que la gente que se conectaba por teléfono tenía que ponerse en mudo, aunque las interrupciones continuaron; por ello pospuso la audiencia por más de una hora ordenando que fuera privada.

«Ahora que el general Cienfuegos Zepeda está en nuestro distrito consideraremos todas las aplicaciones legales apropiadas, incluidas las relacionadas con fianza y pruebas», dijo Edward Sapone, abogado del exfuncionario federal. Sin embargo, una posible fianza no fue discutida durante la audiencia del jueves.

Ayer se informó sobre el nuevo abogado de Cienfuegos Zepeda, de la firma Sapone & Petrill, quien recientemente trabajó en la defensa de una implicada de alto perfil en el caso de la secta sexual NXIVM. Desde que fue detenido en Los Ángeles, la defensa del exsecretario estuvo a cargo del abogado Duane R. Lyons, de la firma Quinn Emanuel.

Según el portal de internet de la oficina federal de prisiones estadounidense, Cienfuegos se encuentra en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, una cárcel de alta seguridad.