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El Órgano Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria (SAT) instruyó que se investigue la caída en la detección y sanción de empresas fantasma, mejor conocidas como “factureras”, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).Lo anterior ocurrió después de que Miguel Alfonso Meza presentó una denuncia contra Carlota Domínguez y Ruiz, quien desempeña el cargo de administradora central de operación de la Fiscalización Nacional del SAT.

El argumento de la querella es “por abuso de funciones por acción u omisión, al haber impedido la detección, investigación y persecución de ‘empresas fantasma’”, se lee en el cuerpo del documento.En respuesta, el Órgano Interno de Control del SAT, perteneciente a la Secretaría de la Función Pública (SFP), acordó que se investigue la actuación de la funcionaria Domínguez y Ruiz “para el total esclarecimiento de los hechos materia de la presente indagatoria”.Y es que el 25 de enero pasado, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que desde el inicio del gobierno de López Obrador se desplomó la identificación de las factureras.Durante 2023, penúltimo año de la administración de López Obrador, el SAT incluyó en su “lista negra” a 47 empresas fantasma. Dicha cifra representó una caída de 98% con respecto a 2018, último año del sexenio anterior, en el cual se detectaron 3,016.Este esquema, el de las factureras, se emplea para evadir impuestos, lavar dinero, e incluso para desviar recursos públicos como ocurrió con el fraude a Segalmex o en La Estafa Maestra.La disminución en las sanciones a los contribuyentes factureros en el gobierno de AMLO se da pese a que, para el ejercicio fiscal de 2014 se reformó el Código Fiscal de la Federación en el cual se incluyó el artículo 69-B. Esta legislación otorgó al SAT la atribución de investigar y sancionar a los emisores de facturas falsas. De 2014 a 2018, periodo correspondiente a la administración federal anterior, se detectaron en total 6,466 empresas factureras. En contraste, de 2019 a 2023, los cinco años transcurridos del gobierno actual que encabeza López Obrador, se han detectado 4,331.Todo esto llama la atención pues dentro del SAT, autoridad encargada de investigar a las factureras, colaboran personajes del círculo más cercano a López Obrador.

Desde octubre de 2022, Antonio Martínez Dagnino es el titular de esa área. A este personaje se conoce por ser uno de los amigos de los hijos del presidente que ocupan cargos de dirección en el Gobierno federal. Rosalinda López Hernández, quien estuvo al frente de la Auditoría Fiscal Federal del SAT desde el inicio del sexenio hasta febrero de este año, también es una figura muy cercana al mandatario, ya que es hermana de Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación y cónyuge de Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas.

El mes pasado dejó su cargo en el Servicio de Administración Tributaria porque busca una candidatura al Senado por Morena en Tabasco.

Investigación completa en MCCI

Alejandro Esquer Verdugo, actual secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y uno de sus hombres de mayor confianza, contrató a proveedoras fantasma para la campaña electoral de 2018 cuando fue secretario de Finanzas de Morena.

Así lo reveló una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien señal que Esquer contrató a Ligieri de México SA de CV para proporcionar el servicio de logística en 15 eventos políticos que encabezó López Obrador en Puebla y a ENEC Estrategia de Negocios y Comercio SA de CV para la colocación de propaganda de campaña en 10 espectaculares en aquella misma entidad.

Ambos proveedores fueron incluidos este año, por el actual gobierno federal, en el listado definitivo de personas morales que simulaban operaciones comerciales con fines de evasión fiscal, lo que en términos coloquiales se identifica como empresas fantasmas.

Alejandro Esquer Ha sido secretario particular de López Obrador en distintos momentos; primero cuando fue líder nacional del PRD, entre 1996 y 1999; luego, entre noviembre de 2002 y julio de 2005, cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y a partir de diciembre de 2018, cuando asumió la Presidencia de México.

En noviembre de 2015 asumió la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, cargo en el que permaneció hasta finales de 2018, cuando pasó a ocupar su actual cargo en la Presidencia de la República.

La resolución definitiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que identifica a Ligieri de México como simuladora de operaciones, fue publicada el pasado 7 de septiembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, mientras que el nombre de ENEC Estrategia de Negocios y Comercio SA de CV se publicó cinco meses antes, el 16 de abril de 2020.

En la página oficial de Morena existía hasta hace unos días el vínculo a los contratos que Esquer Verdugo firmó con las dos empresas. Los documentos fueron eliminados, pero todavía puede consultarse una versión de los mismos en la copia de seguridad o ‘caché’.

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que ambas empresas estaban en el padrón de proveedores, un requisito para que Morena la haya contratado, pero fueron dadas de baja este año al no haber gestionado su refrendo.

Llama la atención que para la creación de las dos empresas fantasma que fueron contratadas por Morena se utilizó la identidad de personas de bajos recursos.

Ligieri de México fue creada el 14 de abril de 2016 ante el notario público Mario Alberto Montero Serrano, de San Andrés Cholula, Puebla. La supuesta dueña mayoritaria, con el 80% de las acciones, y administradora única de la empresa es una mujer que aparece en el padrón de beneficiarios de Liconsa, un programa de abasto de leche para familias pobres.

En el acta constitutiva se anotó que la empresa tendría por objeto 86 diversas actividades, incluidos servicios de asesoría jurídica, financiera, fiscal, contable y administrativa; organización de todo tipo de eventos; adquisición de inmuebles; presentación de cantantes, imitadores, magos, músicos y teatro guiñol; servicios de audio y video; elaboración y venta de comida; comercio exterior, explotación de franquicias, distribución de equipos de comunicación y transportación de mercancías.

Justo un año después de haber dado servicios a Morena, Ligieri de México fue liquidada. En febrero de 2019 se disolvió la empresa ante un notario del municipio de Zacatelco, en Tlaxcala. La liquidadora fue una estudiante de 19 años de edad la cual, al igual que la dueña, es beneficiaria de programas sociales en Puebla.

En cuanto a ENEC Estrategia de Negocios y Comercio SA de CV, esta empresa se creó el 21 de octubre de 2015 ante la notaria Norma Romero Cortés, de Puebla, su objeto social principal era la comercialización de todo tipo de artículos, la maquila de impresión, la distribución de equipos de comunicación y la organización de eventos.

El aparente dueño era el empleado de un despacho contable y la administradora única una mujer que reside en una colonia de interés social, en la periferia de Puebla. Esta empresa fue liquidada el 8 de octubre de 2018, a los nueve meses de haber suscrito contrato con Morena, en una notaría de Calpulalpan, Tlaxcala.

 

Investigación completa en MCCI

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó este martes que enviará una iniciativa de ley para que desaparezca la subcontratación, el llamado outsourcing, pues dijo ha sido un mecanismo ocupado por diversas empresas para afectar a los trabajadores.

Al hablar sobre las prácticas a las que estaban acostumbrados los que ahora están inconformes con las acciones que se han llevado a cabo desde el gobierno federal, dijo están quienes antes no pagaban impuestos gracias a la condonación que recibían y a la existencia de empresas que se dedicaban a emitir facturas falsas para evitar pagar a la hacienda pública.

Dijo que un “facturero” que está siendo investigado por la presentación de comprobantes fiscales irregulares, también tenía una empresa de subcontratación, un outsourcing.

Reveló que dicha empresa tenía bajo el esquema de subcontratación a 200 mil empleados, con lo que le quitaba a las empresas la responsabilidad de pagarle lo justo a los trabajadores.

Señaló que la intermediación de un outsourcing hace que no se les cubra a los trabajadores sus prestaciones completas, como por ejemplo quitarlos de la nómina a finales de año y así evitar el pago de aguinaldos, y volver a meterlos a nómina a inicios de año.

AMLO afirmó que las reformas laborales que permitían dichas prácticas  se hicieron para beneficiar a las empresas, y no fueran ellas quienes tuvieran que realizar todos los trámites administrativos.

“¿Qué sucedió? Abusaron de esas medidas y afectan al trabajador, afectan a la hacienda pública, afectan al desarrollo del país y se fomenta la corrupción”, acusó el mandatario.

En ese sentido, López Obrador adelantó que va a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca.

Advirtió que así como sucedió con los fideicomisos, dicha iniciativa desatará mucha polémica y mucha oposición, lo cual dijo están dispuestos a enfrentar pues deben el gobierno federal no será cómplice de corrupción o  encubridor.

“Si un ciudadano, pero más un servidor público, sabe que una empresa de estas factureras o de outsourcing está defraudando a la Hacienda Pública y no lo denuncia y no hace nada pues es un encubridor. Yo no quiero ser, pasar a la historia como encubridor, como tapadera, como cómplice de la corrupción”, enfatizó AMLO.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló este lunes a GINGroup, propiedad del empresario Raúl Beyruti, de estar detrás de la toma de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el Centro Histórico.

Específicamente indicó que María Beatriz Gasca Acevedo, vicepresidenta de Responsabilidad Social y Recursos Humanos, es quien financió a los grupos de mujeres que tomaron las instalaciones.

“¿Qué hace una vicepresidenta del grupo GINgroup acusado de ser una de las principales factureras en el país, apoyando a una toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos?. Esa es la pregunta que habría que contestar”, dijo Sheinbaum Pardo al indicar que la colaboradora de la empresa ha entregando apoyo, víveres, además de que se vio en el lugar el pasado 14 de septiembre.

Al ser cuestionado sobre si se presentaría una denuncia en contra de Gasca Acevedo por incurrir en actos desestabilizadores, la mandataria local dijo que no; la intención, señaló, es únicamente informar y que sea la ciudadanía quien saque sus propias conclusiones.

Sin embargo, al insistirle sobre si era ilegal dicho financiamiento, la Jefa de Gobierno indicó que lo que resulta extraño es que grupos que se han descritos por sus propios integrantes como radicales, y que han incurrido en actos de violencia, estén financiados por un grupo o una persona que es vicepresidenta de un grupo que está acusado de ser una de las principales factureras del país.

Sheinbaum dijo que las mujeres empresarias, y todas las mujeres en general, están en su derecho de defender las causas justas de las mujeres.

“Es importante que la opinión pública lo conozca, que lo conozcan los ciudadanos, ciudadanas y pues, que nos preguntemos qué hace una empresa dedicada al outsourcing, a la facturera, apoyando a un grupo de mujeres que se manifiestan violentamente en la ciudad”, cuestionó la morenista.

Al respecto, María Beatriz Gasca Acevedo confirmó que sí apoyo a los grupos en cuestión, con “víveres y empatía”, justificando su condición de mujer, madre y feminista. Añadió que apoyó al creer en las causas justas y en apoyo a las víctimas.

Informó que en congruencia con sus convicciones, se separaba temporalmente de su cargo en GINgroup, además de que deslindaba 100% a la empresa de sus acciones y labor.

La empresa también emitió un comunicado, en el que dijo que la participación de empleados y ejecutivos del grupo son responsabilidad personal, por lo que no tienen el aval ni el financiamiento de la organización, además de que no reflejan su posición institucional.

“Manifestamos que la señora Gasca participa a título personal en las diversas expresiones de reivindicaciones políticas y sociales, de manera que no cuenta con ninguna representación institucional de nuestro Grupo”, precisó la empresa.

Confirmó que Gasca Acevedo fue separada de su cargo en tanto se investigan los acontecimientos y se resuelve si apoyó a una manifestación violenta o contraria a la legalidad.

Foto: Twitter @realidadoficci3

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana una persecución legal contra un “fraude monumental” de facturas falsas equivalente al 30% de los ingresos del gobierno en el que estarían involucrados altos funcionarios.

En conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el mandatario dijo que en la última década han operado en el país empresas dedicadas a “falsificar facturas mediante mecanismos de lavado de recursos para no pagar por completos los impuestos”.

“Se creó como una especie de SAT paralelo, un sistema de recaudación paralelo.Así como hablan de la economía informal, así se creó un sistema fiscal informal donde estos despachos ofrecían servicios a pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, a ciudadanos que tenían que pagar impuestos, y se cometió un gran fraude”, expresó López Obrador.

El presidente estimó que la evasión equivalía hasta el 30% de los ingresos del gobierno, por lo que “estamos hablando de un fraude monumental”. Según dijo, se defraudaron al menos 50,000 millones de pesos.

“Desde luego se van a presentar denuncias penales para los responsables y, para los contribuyentes que ni siquiera saben que sus facturas fueron falsas, se les va a dar la oportunidad de que se regularicen”, advirtió.

Al ser cuestionado sobre la implicación de altos funcionarios de administraciones pasadas, el presidente se limitó a confirmar que “hay de todo”. Aclaró que no se revelarán los nombres de las personas involucradas en dicha trama.

“Nosotros no podemos callar porque estaríamos encubriendo, y vamos a dar a conocer en qué consistía este fraude a la nación, cómo operaba, quiénes eran los responsables y cuánta gente fue víctima”, expresó López Obrador.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que el gobierno federal presentará denuncias penales contra quienes promovieron el sistema de facturación falsa, los llamados “factureros”.

Indicó que el gobierno tiene cálculos de que se ocuparon las facturas falsas para fugar alrededor de 300 mil millones de pesos.

AMLO adelantó que dará oportunidad a todos los contribuyentes que hayan cometido alguna irregularidad para que se regularicen, pues dijo que en algunos casos, no supieron que sus contadores utilizaron facturas falsas en sus sistemas contables.

“Les vamos a notificar a todos los que están en esta situación para que vayan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que se pongan al corriente”, dijo AMLO, al decir que incluso personajes “famosos” figuraban en esos registro.

En ese sentido reveló que políticos y exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las administraciones anteriores están implicados.

Sobre temas relacionados al SAT, el presidente descartó la propuesta de Morena, a la que se han sumado el PRI, PAN y MC, de reducir el IVA del 16% al 10% en el contexto de la pandemia.

Dijo que la propuesta no es viable. “La reducción del IVA no es viable, lo que consideramos es que si no aumentamos los impuestos como lo hicieron los neoliberales, con eso se apoya mucho a la gente y procurando que paguen los impuestos los de arriba”.

Recordó que la recaudación sirve, entre otros fines, para financiar los Programas Integrales de Bienestar.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó este miércoles la presentación del informe de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabezada Santiago Nieto Castillo.

“La transparencia es regla de oro de la democracia. Vamos a informar lo que no afecte el debido proceso; que se sepa qué estamos haciendo con el propósito de desterrar la corrupción. Cero corrupción y cero impunidad”, dijo el mandatario.

López Obrador acusó que por la corrupción hay una gran desigualdad económica y social en el país, además de que provocó que se perdieran valores y se desató la inseguridad y la violencia.

Por su parte Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que en lo que va de la administración, se han presentado 177 denuncias; 160 en 2019 y 17 en 2020. El total de los casos comprenden depósitos de más de 321 mil millones de pesos y retiros superiores a 289 mil millones de pesos.

“Creemos que es importante mandar el mensaje de que la fiesta se acabó. Se ha transformado la normatividad”, sostuvo Nieto Castillo.

Adicional, señaló que se han congelado un total de 5 mil 554 millones 723 mil 319.35 pesos; aunque aclaró que las suspensiones que ha concedido el Poder Judicial con base en la ley, hacen que dicha cantidad no sea fija.

También detalló que se han bloqueado 12 mil 191 cuentas relacionadas con más de 52 millones de dólares por los ilícitos de robo de hidrocarburo, corrupción política, trata y tráfico de migrantes, empresas fachada, factureras, aduanas, secuestro y tráfico de armas.

Explicó que en el tema de la protección de mujeres y niñas, se desarticuló una red de trata; un pastor y seis personas relacionadas a un grupo religioso por pornografía infantil y explotación sexual, así como un sujeto que comercializaba con imágenes de menores en Facebook.

Precisó que a la Iglesia La Luz del Mundo, liderada por Nassón Joaquín García, se le han bloqueado las cuentas bancarias de seis personas que suman 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares.

En materia de corrupción, informó que se ejercieron acciones contra un exfuncionario, un exservidor público y el jefe de la oficina de un gobierno, en todos los casos se trató de locales, además de un fraude en el Infonavit por 5 mil millones de pesos.

Sobre las prácticas ilícitas en la adquisición de medicamentos, dio a conocer que Inteligencia Financiera verificó tres empresas por las que ya se presentaron denuncias y responsabilidades administrativas. La empresa Intercontinental de Medicamentos, además de haber ganado por adjudicaciones directas 9 mil 120 millones de pesos, manifiesta pérdidas por 410 millones de pesos, lo que se explica como defraudación fiscal u operaciones simuladas a partir de la facturación falsa.