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El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) y la industria farmacéutica nacional, reiteraron este martes el compromiso para resolver la escasez de medicamentos en el país.

En un comunicado, los tres órganos expresaron el compromiso común para implementar acciones puntuales «que permitan continuar de manera favorable con el abasto de medicamentos y material de curación para atender a la población mexicana».

Recordaron que desde que se inició el proceso de compra consolidada de medicamentos para el período de 2021-2024, en julio de 2020, se han llevado a cabo mesas de trabajo para tratar temas relacionados con los avances de las compras.

Además resaltaron que desde principios de este año se han presentado avances sobre las entregas correspondientes a la compra para 2021, además de los resultados de las mesas de trabajo y los puntos clave que se fortalecerán en las bases de compra para 2022.

Destacaron la importancia de las mesas de trabajo a fin de alinear aspectos operativos y continuar facilitando el abasto; y señalaron que estas mesas se enfocan principalmente en la logística de las entregas, la gestión de contratos y el aseguramiento de la calidad.

Finalmente, afirmaron que los representantes de la industria farmacéutica han reconocido que estos espacios de diálogo son «fundamentales» para seguir contribuyendo de manera conjunta a que millones de mexicanos y mexicanas cuenten con sus medicamentos oportunamente.

Y es que esta mañana, durante la conferencia de prensa matutina del presidente, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, indicó que, al corte de este lunes, en este año se han adquirido más de 400 millones de piezas de medicamentos.

Dijo que hasta este 13 de septiembre fueron entregadas a las instituciones del sector salud 101.7 millones de piezas de medicamentos e insumos y confirmó que se recibieron 138 mil 892 piezas de medicamentos oncológicos que serán distribuidos a los estados de Baja California, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala, para atender la demanda extra que reportaron estas entidades

Señaló que las compras se hacen conforme a la demanda y la opinión de los expertos, y «no conforme a lo que quieren vender las farmacéuticas».

Recordemos que la crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el sector salud se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la forma de comprar las medicinas impuestos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Esta mañana, arribó a nuestro país el noveno embarque de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer/BioNTech, el cual constó de un total de 852 mil 150 dosis.

El lote arribó en cuatro aviones provenientes de Bruselas, Bélgica. A las 8:48 horas llegó el vuelo GDL 925 con 156 mil dosis al Aeropuerto Internacional de Guadalajara “Miguel Hidalgo y Costilla”, mientras que el vuelo CVG MTY 920 aterrizó en punto de las 8:50 horas en el Aeropuerto Internacional de Monterrey “General Mariano Escobedo”; con 106 mil 275 dosis.

En tanto, el vuelo CVG MEX 952 aterrizó a las 9:30 horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”; con 381 mil 225 dosis. Este sería el vuelo que se esperaba arribara a la capital mientras estaba en vivo la conferencia matutina del presidente López Obrador.

Un cuarto vuelo, el QRO 925 aterrizó a las 11:20 horas en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, con 208 mil 650 dosis.

Las autoridades sanitarias precisaron que al día de hoy se han recibido hasta hoy cuatro millones 691 mil 775 dosis de vacunas producidas por cuatro farmacéuticas: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac y el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.

Adicional, han llegado a nuestro país tres embarques con la sustancia activa para el proceso final, envasado y etiquetado de otras vacunas: de AstraZeneca, con un total de 7 millones posibles dosis, y de CanSinoBio con un total de sustancia para 2 millones de dosis.

«Es para nosotros importante comentar con ustedes, que con este cargamento que llega estamos recibiendo a nivel nacional 4 millones 691 mil 775 vacunas para continuar con la Campaña Nacional de Vacunación contra el Covid-19», dijo el director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), Pedro Zenteno Santaella.

PABLO HIRIART

EL FINANCIERO

 

Gobernar abarca muchos campos, pero quizás el esencial radica en cómo recaudar y en qué gastar el dinero.

Este recordatorio de una obviedad es pertinente ahora que la representación de México en el Consejo de Seguridad de la ONU protesta por la forma inequitativa del reparto de vacunas contra el Covid.

“La están acaparando 20 países”, dijo el canciller Ebrard.

El gobierno de México, en uso de sus facultades soberanas, ha decidido gastar en lo que llama ‘el rescate de la industria petrolera’. Durante el año pasado Pemex perdió 761 mil millones de pesos.

Sumado al año previo, el gobierno de México ha perdido un billón 200 mil millones de pesos en Pemex.

El Congreso mexicano, electo democráticamente, lo ha permitido. Y la población, mayoritariamente, apoya a su gobierno. No hay nada qué discutir. El gobierno está en todo su derecho de desperdiciar, en un año, 761 mil millones de pesos.

Ha sembrado sus recursos en petróleo y ha cosechado pérdidas estratosféricas. Asunto suyo y de la mayoría que le apoya.

Alemania y otros países sembraron en ciencia y cosechan vacunas.

Para el gobierno de México el rescate de la industria petrolera es considerado un asunto de seguridad nacional.

Y para Merkel y otros gobernantes, el Covid es su tema de seguridad nacional.

Cuestión de enfoques, de prioridades.

Alemania decidió invertir una cantidad –comparativamente ínfima respecto a las pérdidas de Pemex– en apoyar a científicos para obtener una vacuna contra el Covid y lo logró.

La entonces mediana empresa BioNTech, un laboratorio propiedad de dos migrantes turcos, obtuvo de la señora Angela Merkel un apoyo de 375 millones de euros.

Cuando descubrieron la vacuna contra el Covid, se asociaron con la estadounidense Pfizer para producirla en grandes cantidades, y a la vez diseñar sistemas de refrigeración para el producto.

El gobierno de Estados Unidos decidió invertir 10 mil 790 millones de dólares en el desarrollo y producción de vacunas en seis farmacéuticas, y acertó en dos: Pfizer-BioNTech y Moderna.

Ninguna de esas cifras se compara con lo que pierde Pemex, por decisión soberana de su gobierno y del Congreso.

Alemania invirtió en investigación y cosechó las vacunas que van a salvar al mundo.

Estados Unidos invirtió en desarrollar en serie la producción y las cadenas de almacenamiento del producto, y obtiene vacunas para un buen número de sus habitantes.

México, con todo su derecho, prefirió perder 761 mil millones de pesos, tan sólo el año pasado, en ‘rescatar Pemex’ y no lo consiguió.

Si en lugar de recortar presupuesto a la ciencia, maltratar a los médicos especialistas y ofender a los científicos –los llamaron porfiristas–, se les hubiera apoyado, otra sería la situación.

Todo el programa de apoyo económico a laboratorios en búsqueda de la vacuna contra el Covid –desde enero del año pasado– le costó a Alemania 750 millones de euros.

Esa cantidad destinada a la investigación y búsqueda de una vacuna contra el virus, equivale a sólo nueve días de pérdidas del gobierno mexicano en Pemex.

BioNTech recibió del gobierno alemán, para su gran hallazgo, el equivalente a 3.7 días de pérdidas de Petróleos Mexicanos.

Hay que insistir, si el gobierno de México quiere tirar el dinero a razón de 100 millones de dólares diarios (así ha sido en los últimos 12 meses), puede hacerlo.

Pero vamos a la pregunta central: ¿tiene derecho el gobierno mexicano a acusar de acaparadores a los países que invirtieron en ciencia y obtuvieron la vacuna?

Mientras en México las autoridades se burlaban del virus, decían que eran de una raza inmune, que se combatía con amuletos, apostaban por la “ciencia colaborativa” (¿?) en lugar de la “ciencia neoliberal”, y quemaba su dinero, el gobierno de la señora Merkel empujaba por las vacunas.

¿No tienen derecho los alemanes a vacunarse primero, con su producto?

Estados Unidos, con todo y su disparatado presidente, invirtió en desarrollo y producción de vacunas (menos de la tercera parte de lo que Pemex perdió el año pasado, por decisión del gobierno mexicano).

¿No tienen derecho a vacunarse ellos primero, porque hicieron lo correcto con su dinero y lograron el producto?

Biden ha invertido más recursos que Trump en vacunas y solicitó dinero adicional al Congreso para producir aceleradamente 200 millones de dosis más, que deben estar listas en verano y así concluir la tarea con los adultos.

Desde luego que hay una falta de solidaridad flagrante hacia los países pobres al no donarles vacunas las naciones que tienen más.

Pero México no es un país pobre. Según la ONU, es país de ingreso medio-alto, y tiene dinero para gastarlo y perderlo a manos llenas.

Pemex ha perdido, en un año, más dinero que lo invertido por Alemania y Estados Unidos juntos en la investigación del Covid, la producción de vacunas y los sistemas de almacenamiento y distribución.

Las vacunas no fueron su prioridad. Entre los países latinoamericanos de ingreso medio-alto, los individuos que han recibido una vacuna por cada 100 habitantes, Chile tiene 3.2, Brasil 1.7, Costa Rica 0.9, Argentina 0.7 y México 0.5 (Washington Post).

Que proteste Haití. A ese país auténticamente pobre de las Antillas sólo llegan los aviones de Estados Unidos cargados con deportados.

Afortunadamente, la OMS llevará a los países pobres, antes de fin de año, 2 mil millones de vacunas. Irán a las naciones que carecen de dinero para comprarlas.

¿Y el gobierno de México es el que protesta?

Lo que se tiró en un año en Pemex, 761 mil millones de pesos de pérdidas netas (resultado que queda después de todos los ingresos, menos todos los gastos y ya pagados los impuestos y amortizaciones), alcanzaría para construir más de 700 hospitales de alta especialidad. O 7 mil 600 millones de dosis de vacunas contra el Covid, suficientes para vacunar a México y, solidariamente, a todos los pobres del mundo.

Pero gobernar es, fundamentalmente, decidir en qué se gasta el dinero.

Y el gobierno de México decidió tirarlo, en lugar de invertir en ciencia e investigación.

¿Qué reclama, entonces?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió hoy a la industria farmacéutica que haga más para que los países de menores recursos tengan accesos a vacunas contra la Covid-19, esto al señalar una desigualdad en la repartición de las mismas.

Concretamente se pidió a las compañías con vacunas que están siendo utilizadas que «aumenten masivamente su capacidad de producción» para atender la demanda mundial.

«La semana pasada Sanofi anunció que pondrá a disposición sus plantas para producir la vacuna de Pfizer/BioNTech, pedimos a otras compañías que sigan este ejemplo», dijo en una rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Otra forma de contribuir a la lucha contra la pandemia es que las compañías acepten emitir permisos para que otros productores, en particular en países en desarrollo, produzcan sus vacunas, utilizando para ello un mecanismo internacional que en el pasado permitió expandir los tratamientos contra el VIH y la hepatitis C.

Tedros recordó que la industria prometió vender sus vacunas a precio de producción mientras dure la pandemia, pero consideró que podría hacer más sobre todo teniendo en cuenta que varias compañías recibieron subvenciones públicas para acelerar sus investigaciones en beneficio de lograr la vacuna.

«Les pedimos que, ya que han recibido fondos públicos, compartan sus datos y tecnologías para asegurar un acceso global y equitativo a las vacunas», dijo el director general.

Pidió además a los productores que a la brevedad compartan los expedientes completos de sus investigaciones con la OMS para que sus expertos puedan revisarlos y se les dé la autorización de uso de emergencia. Detalló que entre las últimas en haber entregado esta información a la OMS figuran dos compañías chinas.

No está claro si la OMS ya ha recibido la información del Instituto Gamaleya de Investigación en Epidemiología de Rusia, detrás de la vacuna Sputnik V, la que se ha administrado ampliamente en este país y ha comenzado igualmente a utilizarse en varios países en desarrollo.

La OMS es el único organismo internacional que puede hacer una recomendación de uso de una vacuna o medicamento, lo que en este caso es particularmente importante para países que no tienen experiencia en la producción de vacunas y no cuentan con el conocimiento necesario para evaluarlas.

En 130 países, que albergan conjuntamente una población de 2,500 millones de personas, no se ha puesto ni una sola dosis de la vacuna.

La OMS también pidió a los países ricos que han vacunado a los grupos de riesgo más importantes (sanitarios y personas mayores) que compartan las vacunas que han comprado con otros países que está rezagados, pues advirtió que cuanto más se tarda en vacunar en tantos países pobres aumenta el riesgo de que el virus sufra mutaciones y pueda evadir la acción de las vacunas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este viernes que dará autorización para que gobiernos locales y empresas puedan comprar vacunas contra la Covid-19, compras que hasta ahora estaban en manos del gobierno federal.

«He dado instrucciones al secretario de Salud, Jorge Alcocer, para que hoy mismo se emita un comunicado estableciendo de que cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México tiene autorización», dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Con más de 500,000 dosis de vacunas aplicadas a personal de salud, había prohibido hasta ahora a los gobernadores de los 32 estados comprar vacunas para no interferir en el plan de vacunación federal ante la escasez mundial de fármacos.

Sin embargo, López Obrador decidió este viernes autorizarlos para que el asunto «no se preste a la politiquería» y puso como condición que presenten una solicitud anexando el contrato de compra, la farmacéutica en cuestión y la población a la que se aplicará.

El presidente dijo que «no hay ningún problema» si los gobernadores quieren llevar a cabo su propio plan de vacunación, aunque recordó que el gobierno federal tiene un plan para que en 2022 estén vacunados los 130 millones de mexicanos.

«Nosotros vamos a cumplir el compromiso de vacunar a todos los mexicanos. Es universal y gratuita, ese es nuestro compromiso y estamos aplicando ese plan y adquiriendo las vacunas. Es más, ya se tienen los contratos y el presupuesto», dijo el presidente sobre el plan de vacunación federal, que arrancó el 24 de diciembre pasado.

Este anuncio del presidente llega un día después de que la misma Secretaría de Salud federal se expresara en contra de descentralizar la vacunación en los gobiernos estatales, algunos de los cuales han sido muy críticos con el plan del gobierno federal.

«Desde el punto de vista técnico, el lineamiento es recomendar que eso no se haga porque entonces cada quien va por la suya y entonces no hablamos de una estrategia de Estado», dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ayer en su conferencia vespertina.

Parte del sector privado también ha reclamado en las últimas semanas tener acceso a la compra de vacunas para su comercialización.

A pesar de la autorización para que adquieran vacunas, López Obrador avisó a los gobiernos estatales y a las empresas que «no es fácil» comprar las vacunas «porque no hay producción suficiente en el mundo».  Recordó que en marzo el gobierno federal prevé haber vacunado a todos los adultos mayores, por lo que la mortalidad caerá un 80%, estimó.

«Si en mayo o en junio consiguen la vacuna y quieren hacerlo (que lo hagan). Ya nosotros para entonces vamos a estar casi por terminar», dijo.

El gobierno federal prevé realizar hoy el pedido formal de la vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer contra el COVID-19, confiando en que llegue al país en un lapso de entre cinco y ocho días, dijo este lunes la subsecretaria para Asuntos Multilaterales de la cancillería, Martha Delgado.

La funcionaria añadió que la vacuna de Pfizer, de la que México adquirió 34.4 millones de unidades y que el viernes fue autorizada por la COFEPRIS, será entregada por la empresa en los puntos de vacunación con apoyo logístico y de seguridad de las Fuerzas Armadas.

«Para que pueda darse la vacunación en México necesitamos hacer nuestro pedido. En eso está la Secretaría de Salud el día de hoy. Se hace el pedido y, según nuestro contrato, en un lapso semejante a cinco-ocho días podemos tenerla aquí», afirmó Delgado.

La vacuna de Pfizer, desarrollada junto con la firma alemana BioNTech, fue autorizada en Estados Unidos el viernes por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) y comenzó a ser distribuida internamente durante el fin de semana por orden del presidente Donald Trump.

Consultada sobre una instrucción previa de Trump para priorizar la entrega del fármaco en su país antes de que se exporte a otros destinos, Delgado aclaró que las primeras vacunas que llegarán en diciembre y enero a México procederán de Bélgica, no del país vecino.

Sin embargo, reconoció que la orden de Trump podría tener alguna consecuencia para nuestro país. «Creo que quizás pudiera afectar las siguientes entregas (que) vinieran de Estados Unidos», añadió sin dar más detalles.

Poco después, el presidente Andrés Manuel López Obrador instó a los fabricantes de la vacuna a cumplir en tiempo y forma sus compromisos con el gobierno mexicano.

Recordemos que además de Pfizer, México tiene acuerdos con la china Cansino Biologics y la británica AstraZeneca.

«Nosotros, con tiempo, reservamos, hicimos convenios; ahora lo que queremos es que nos cumplan con los convenios», dijo López Obrador.

Al hacer un nuevo llamado a que la gente permanezca en casa durante las fiestas decembrinas, reiteró que el gobierno está haciendo todo el esfuerzo para que la vacuna llegue a México lo antes posible, lo que ayudará a que se supere la crisis sanitaria. AMLO confió en que se comenzará a vacunar este mismo mes.

El gobierno federal informó este martes que espera comenzar en diciembre próximo, la vacunación contra el Covid-19 si es que se cumplen los plazos, requisitos y autorizaciones dentro y fuera del país de los proyectos de las farmacéuticas con las que tiene acuerdos, como Pfizer y AstraZeneca.

Así lo confirmó el canciller Marcelo Ebrard, quien indicó que se pretende vacunar a casi toda la población, cerca de  130 millones habitantes, mediante convenios firmados con los laboratorios Pfizer y AstraZeneca, así como la adhesión a COVAX, alianza multilateral impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ebrard dijo que las autoridades están pendientes del trámite iniciado ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) por parte de Pfizer para que autorice la vacuna, el cual dijo podría estar listo «el 10 de diciembre».

«Estimamos en cinco días hábiles (después de ese visto bueno) el que pueda llegar esta vacuna a México» desde una planta en Estados Unidos o Europa, de donde es el socio de Pfizer en la iniciativa, la farmacéutica alemana BioNTec , agregó el funcionario.

Precisaron que, debido a que la vacuna debe ser mantenida a temperaturas de -70 grados C, podría demorar unos tres días en llegar al país por vía aérea desde su salida del laboratorio, se destinaría un día completo para trámite aduanero y luego se estaría enviando a los centros de distribución para iniciar su aplicación.

Para agilizar el proceso, detalló, Pfizer remitirá este miércoles un expediente técnico a la Cofepris, que iniciará el mismo proceso de análisis que la FDA.

En el caso de AstraZeneca, cuya vacuna será distribuida por México a Latinoamérica en una alianza con Argentina, explicó que el antígeno de la vacuna ya «está siendo producido» en la nación sudamericana y la contraparte en nuestro país ya está lista para terminar el proceso.

«En síntesis, es inminente que, si todo esto sale como hemos dicho y la autoridad regulatoria considera que se puede aprobar, como esperamos que se apruebe en Estados Unidos y Europa, México estará en diciembre también iniciando su proceso (vacunación)», agregó.

En la mañanera, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, puntualizó que la posibilidad de iniciar la vacunación dependerá de que las farmacéuticas tengan «la capacidad real de surtir al mercado mexicano».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó esta mañana la firma de un acuerdo de pre-compra por parte del gobierno federal y los laboratorios AstraZeneca, Pfizer y CanSino para recibir, a partir de diciembre y durante el próximo año, cerca de 140 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en caso de que se garantice su eficacia.

«No nos quedaremos rezagados frente a otros países. Que México sea de los primeros en tener la vacuna, por eso este acuerdo», dijo el mandatario previo a la firma del acuerdo.

Se detalló que se firmó con el laboratorio británico AstraZeneca una pre-compra de 77.4 millones de dosis de su vacuna, que ya se ha probado en 44,000 personas y se aplica en doble dosis, las cuales llegarán a México entre marzo y agosto de 2021.

Con la firma estadounidense Pfizer se acordó la pre-compra de entre 15.5 y 34.4 millones de dosis, cifra que dependerá de las necesidades del país, de su vacuna de doble dosis que ya se ha probado en 30,000 personas y que llegaría a México desde este diciembre y hasta diciembre de 2021.

Finalmente, con el laboratorio chino CanSino, se pactó una pre-compra de 35 millones de dosis de su vacuna, que solo requiere una dosis por persona, la cual se ha probado en 40,000 personas y llegarán a México desde diciembre de este año hasta septiembre de 2021.

«A partir de hoy, México está en la misma condición que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países del mundo. Tenemos ya asegurados los cupos necesarios», informó el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.

El titular de la SRE recordó que por instrucciones del presidente López Obrador, la cancillería desplegó una estrategia diplomática para tener acceso a un portafolio de vacunas candidatas. Detalló que la gestión diplomática se dio gracias al apoyo de las Secretarías de Salud y de Hacienda.

Según se detalló, con las dosis acordadas con AstraZeneca se vacunaría a 38.7 millones de mexicanos, con las de Pfizer a entre 7.7 y 17.2 millones, y con las de CanSino a 35 millones de mexicanos más.

El canciller Marcelo Ebrard reiteró que México se integró en el mecanismo multilateral COVAX que dirige la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el cual participan 18 proyectos de vacunas y que permitirá vacunar al 20% de la población de los países que participan.

Esto permitirá vacunar a 25 millones de mexicanos, por lo que sumado a las vacunas acordadas con los tres laboratorios, México alcanzará una cobertura de vacunación para  hasta 115.9 millones de persona.

«Con esto que les acabo de referir, si sumamos COVAX más las tres que acabo de referir, se estaría cubriendo a más de 100 millones de mexicanas y mexicanos porque el señor presidente ha insistido que nuestro país debe estar preparado para una cobertura universal», añadió Ebrard.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó que el valor total de la compra de vacunas ascenderá 35 mil 153 millones de pesos, de los cuales ya se han pagado, como anticipo, cerca de 6 mil millones de pesos, y tiene previsto a finales de este año pagar otros 6 mil 812 millones de pesos más.

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La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este lunes nuevas sanciones a dos de las farmacéuticas ligadas a Carlos Lomelí, exdelegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí.

La Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP resolvió inhabilitaciones y multas a: Lomedic, S.A. de C.V. y Abastecedora de Insumos para la Salud, S.A. de C.V. (Abisalud).

Se detalló que Lomedic recibió una multa superior a un millón pesos, así como una inhabilitación por dos años y seis meses, debido a que proporcionó información falsa en diversos procedimientos de contratación convocados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Por su parte, Abisalud fue sancionada por su participación en una licitación pública para adquirir medicamentos y material de curación convocada por el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes y en el que de igual manera proporcionó información falsa por lo que se le asignó una multa de un millón 51 mil 500 pesos y una inhabilitación por dos años y seis meses.

Según lo indicado por Carlos Lomelí, Abisalud no es una de sus empresas. Sin embargo, se ha detallado que la farmacéutica fue fundada por José Hiram Torres Salcedo, operador político y exsecretario particular de Lomelí.

Abisalud recibió en marzo pasado un nuevo contrato, de adjudicación directa, por más de 7 millones de pesos con el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, que depende de la Secretaría de Salud federal, por el servicio integral de dispensación de medicamentos y distribución de material de curación; en ese momento, la Secretaría de la Función Pública aseguró que, pese a que en ese momento estaba siendo investigada, la empresa podía seguir vendiendo a la administración federal.

En septiembre del año pasado, la SFP publicó  dos circulares por las que se comunicó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las empresas productivas del Estado, entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con las empresa Lomedic, S.A. de C.V. y Laboratorios Solfrán, S.A, otra de las empresas de Lomelí, y la cual sí reconoce como suya.

La dependencia señaló que la sanción para ambas empresas, era una inhabilitación por un plazo de 2  años y 6 meses. Adicional, la circular hace mención de una multa impuesta a las empresas, cada una por más de un millón de pesos.

«Las dos empresas manifestaron que no contaban con ningún integrante que fuera servidor público, cuando en realidad una persona que en ese momento era diputado federal era integrante de las mismas, lo que incumple con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público», dijo la SFP en ese momento, en referencia al exsuperdelegado.

Investigaciones periodísticas revelaron que las empresas, propiedad del exfuncionario federal, pretendía participar en la compra consolidada de medicamentos para el segundo semestre de 2019 del gobierno federal; y aunque Lomelí Bolaños negó la información, la presión y polémica lo llevó a renunciar.

Dos vacunas experimental contra el COVID-19, desarrolladas por la farmacéutica británica AstraZeneca y por la empresa biotecnológica alemana BioNTech en conjunto con la farmacéutica estadounidense Pfizer, presentaron resultados prometedores en sus pruebas.

El trabajo que AstraZeneca está realizando en asociación con científicos de la Universidad de Oxford resultó segura, además de que produjo una respuesta inmune en la etapa preliminar de ensayos clínicos con voluntarios sanos.

La vacuna, denominada AZD1222, no presentó ningún efecto colateral grave en los voluntarios, que produjeron respuestas inmunes de anticuerpos y células T, según los resultados del ensayo publicados en la revista médica The Lancet.

«Esperemos que esto implique que el sistema inmune recordará al virus, de modo que nuestra vacuna provea protección por un periodo extendido», indicó el autor principal del estudio, Andrew Pollard, de la Universidad de Oxford.

AstraZeneca es una de las farmacéuticas líderes en la carrera por encontrar una vacuna contra la enfermedad que ha causado más de 600,000 muertes en el mundo, junto con otras compañías que prueban candidatas en ensayos clínicos de etapas media y final.

Los investigadores dijeron que la vacuna causó efectos colaterales leves más frecuentes respecto a un grupo de control, pero que muchos de éstos pudieron reducirse con paracetamol, sin que se detectaran efectos adversos graves.

AstraZeneca anunció  que una fase III de los ensayos de su vacuna potencial se está llevando a cabo actualmente en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, y que empezará pronto en Estados Unidos. Las pruebas comenzaron en abril en aproximadamente 1,000 personas en las cuales la mitad de ellas recibió la vacuna experimental.

Adrian Hill, director del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, detalló que la vacuna produce anticuerpos neutralizantes, moléculas que son cruciales para bloquear el contagio. La vacuna causa además una reacción en los linfocitos T del organismo, células que ayudan a combatir el coronavirus.

Se reveló que la vacuna causó efectos secundarios leves como fiebre, escalofríos y dolor muscular con mayor frecuencia en aquellas personas que han recibido una vacuna contra la meningitis.

En el caso de la vacuna que produce BioNTech y Pfizer, se dieron a conocer datos adicionales que refieren que es segura e indujo una respuesta inmunológica en los pacientes.

Las firmas dijeron que los datos también demostraron una inducción de alto nivel de respuestas de células T contra el nuevo coronavirus.

Los resultados revelados son el resultado de un ensayo realizado en Alemania que evaluó a 60 voluntarios sanos y llega después de que ambas empresas publicaran a principios de este mes información de un ensayo de etapa inicial en Estados Unidos.

El ensayo demostró que los voluntarios que recibieron dos dosis de la vacuna produjeron anticuerpos neutralizantes del virus, similares a los del ensayo estadounidense.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó este viernes una iniciativa para que el hallazgo de uno o más tratamientos y vacunas para la Covid-19 sea compartido gratuitamente con el mundo entero y así evitar que la cura y prevención de esta nueva enfermedad se conviertan en el privilegio de unos pocos.

La idea inicial partió del Gobierno de Costa Rica, que planteó una especie de fondo común donde los que decidan participar, de forma voluntaria y bajo el principio de responsabilidad social, pondrán a disposición el conocimiento científico, los datos y la propiedad intelectual que vayan desarrollando.

Además de medicinas y vacunas se incluyen pruebas de diagnóstico mejoradas, dispositivos médicos (como prototipos de respiradores), material de protección sanitaria y cualquier otra tecnología que se muestre útil para frenar la pandemia.

La Plataforma de Acceso a la Tecnología (C-TAP) es el nombre que la OMS ha decidido darle y funcionará en paralelo a otra iniciativa con fines parecidos, el ACT Accelerator, que busca acelerar el desarrollo de las principales herramientas para luchar contra el coronavirus SARS-CoV-2 y promover un acceso equitativo a ellas.

El mundo está a punto de entrar en el sexto mes desde que se aceptó la gravedad del nuevo coronavirus que apareció en China, y que llegó primero a otros países de Asia, del que se descubrieron en febrero los primeros casos en Europa y que en marzo había saltado a América, donde la ola de la pandemia está ahora en su auge.

Treinta y cinco países han manifestado su apoyo al C-TAP, la mayoría países en desarrollo y, entre ellos, varios latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana, Ecuador, Perú, y Uruguay. México también se ha unido a la iniciativa.

Entre otras cosas, esta plataforma plantea que los gobiernos y todas aquella entidades que financien investigaciones incluyan en los contratos que firmen con farmacéuticas cláusulas sobre «distribución equitativa y publicación de los datos obtenidos de los ensayos clínicos», explicó en el lanzamiento el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Asimismo, se pide que se compartan las secuencias genéticas y datos científicos, pero el punto más delicado de esta iniciativa es que pide que se cedan los derechos de propiedad intelectual de tratamientos y vacunas a esta plataforma para que a su vez ésta los conceda a productores de genéricos.

«Invito a las industrias y sectores académicos a que registren y compartan su conocimiento, propiedad intelectual y datos de tecnologías sanitarias existentes y nuevas para combatir el Covid-19 por el bien de toda la humanidad», dijo el presidente de Costa Rica,

Grandes corporaciones farmacéuticas prometieron este jueves que no buscarán obtener ganancias si consiguen desarrollar los tratamientos y vacunas que están investigando. Ello mientras dure la pandemia.

Sin embargo, altos ejecutivos de GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Pfizer y Johnson & Johnson afirmaron que hay que defender y mantener el principio de la propiedad intelectual, sin el cual, enfatizaron, no habría incentivo para la innovación.

La Federación Internacional de Productores Farmacéuticos (IFPMA) participa en representación de la industria en el ACT Accelerator, pero no se ha manifestado sobre la nueva iniciativa, que va más lejos que la primera y que les comprometería a ceder sus derechos sobre los descubrimientos que hagan en torno al coronavirus.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, reveló que existen investigaciones contra exfuncionarios de la Secretaria de Salud por posibles actos de corrupción.

En un breve encuentro con la prensa desde Palacio Nacional, Nieto Castillo señaló que las indagatorias se suman a las que involucran a exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), de las secretarías de Comunicaciones y Trasportes (SCT), de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Hemos presentado denuncias contra Rosario Robles, primero; segundo contra Emilio Lozoya. Presentamos cuatro denuncias, todavía nos hace falta terminar la investigación de Fertinal y el astillero español», comentó el funcionario.

Agregó que hay denuncias contra el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, ya fallecido, «pero va contra su círculo cercano y OHL. Y hay una investigación sobre Luis Miranda relacionada con presuntos actos de corrupción. Vamos a seguir con ese proceso para efecto de presentarlo ante las instancias correspondientes», añadió.

Sobre la información que apunta a que también se investiga a exfuncionarios de Salud, Nieto Castillo puntualizó que se indaga a directores y titulares de institutos del sector; además de que se revisan los recursos que recibieron las farmacéuticas pues, pese a recibir contratos costosos, ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportaron pérdidas.

“Hemos encontrado farmacéuticas que recibieron pagos del gobierno mexicano de 83 mil millones de pesos y que presentan pérdidas fiscales por 416 millones, lo cual nos parece que es un esquema de defraudación fiscal», refirió.

Las multinacionales de la industria farmacéutica se comprometieron este jueves a disponer de una vacuna contra el Covid-19 «en todo el mundo», en un plazo de 12 a 18 meses.

Decenas de ensayos clínicos están en marcha para poner a punto kits de detección menos caros y más precisos, así como un tratamiento o una vacuna capaces de combatir el coronavirus, que ya ha infectado a más de 230,000 personas y ha dejado casi 10,000 muertos en el mundo.

«Haremos todo lo posible para que la vacuna sea accesible a todos los que la necesiten», dijo Paul Stoffels, vicepresidente del comité ejecutivo de Johnson & Johnson.

«Es una promesa que la industria (farmacéutica) hace en conjunto», dijo el directivo en una videoconferencia organizada por la Federación Internacional de Fabricantes Farmacéuticos (IFPMA).

Los trámites administrativos pueden simplificarse y acelerarse en esta carrera contrarreloj, los recursos no faltan y las asociaciones del sector público y privado permiten disminuir el riesgo financiero por las grandes inversiones que exigen la investigación y la producción.

Sin embargo, advierten que tanto productores como autoridades de control no pueden transigir sobre la seguridad de una potencial vacuna, y por tanto no se puede acelerar el calendario de los ensayos clínicos y el estudio de los resultados.

«Tenemos tres ejes de trabajo: asegurar la distribución (…), redirigir la tecnología existente (…) y crear nuevos tratamientos, nuevas vacunas, nuevos tests de detección que contribuirán a erradicar el COVID-19», explicó David Ricks, consejero delegado de Eli Lilly and Company y presidente de Ifpma.

Por eso, los industriales estiman que llevará de 12 a 18 meses tener una vacuna autorizada en el mercado, precisó David Loew, vicepresidente ejecutivo de Sanofi y responsable de Sanofi Pasteur.

Una vez que la fórmula esté validada por las agencias de regulación, habrá que producir una cantidad suficiente y garantizar el suministro a todo el planeta.

Con el fin de superar los obstáculos a la producción y el transporte, los directivos de los grandes laboratorios han pedido a los Estados que «clasifiquen la industria farmacéutica entre los sectores esenciales» de la actividad del país, y permitan a los trabajadores a desplazarse hasta las plantas.

Un total de 10 entidades, entre ellas el IMSS, el ISSTE y la SEP, son las que acumulan más denuncias por posibles actos de corrupción de servidores públicos que investiga la Secretaria de la Función Pública (SFP) de las 34 mil que ha recibido la institución.

Así lo dio a conocer la titular de la dependencia federal, Irma Eréndira Sandoval, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se explicó que, de entre las 10 entidades, las del sector salud son las que concentran más denuncias.

Además de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), del de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), también se indagan acusaciones contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Policía Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sandoval Ballesteros refirió que las denuncias se concentran en el área de salud, por lo que es tan relevante todo el trabajo que el presidente encabeza junto con los secretarios y subsecretarios de Salud, en todas las dependencias que tienen interacción cotidiana con la ciudadanía.

La funcionaria federal también explicó que incluso en una sola institución de salud se detectaron presuntas irregularidades en contrataciones públicas por más de 12 millones de pesos, aunque no reveló el nombre.

Lo que si dijo es que se indaga un daño patrimonial que asciende a 7 mil 800 millones de pesos que se habría cometido mediante el desaparecido Seguro Popular.

Detalló que se investiga del periodo de 2007 a 2016, es decir del segundo año de la presidencia de Felipe Calderón hasta su conclusión y del inicio de Enrique Peña Nieto hasta su cuarto año de gobierno.

“Estamos investigando durante el periodo de 2007 a 2016 más de siete mil 800 millones de pesos no comprobados y ejercidos dentro de este proyecto del Seguro Popular. Aquí ya estamos trabajando con los Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud y del Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi) para preparar las denuncias penales por el daño patrimonial tan fuerte», afirmó Sandoval.

La titular de la SFP destacó que también se indaga que en 2018 se utilizaron indebidamente más de 6 mil 200 millones de pesos en unidades médicas “no acreditadas» dentro de la figura jurídica del Seguro Popular.

Por el momento la dependencia federal detalló que a la par que se realiza la investigación administrativa también se hace el proceso judicial. Además dijo que 5 empresas farmacéuticas están bajo investigación por violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En ese sentido dijo que se han sancionado a 60 empresas en el sector salud de las cuales destaca el caso de Grupos Fármacos Especializados, a quienes multaron con 905 mil 880 pesos e inhabilitación por 2 años.

Finalmente dijo, hasta ahora se han recibido 102 denuncias contra Delegados y ex delegados de Bienestar.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos circulares por las que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las empresas productivas del Estado, entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con las empresa Lomedic, S.A. de C.V. y Laboratorios Solfrán, S.A.

La dependencia señaló que la sanción para ambas empresas, propiedad de Carlos Lomelí, exsuperdelegado del gobierno federal, será la inhabilitación por un plazo de 2  años y 6 meses.

Aclararon que los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con las empresas no quedarán comprendidos en la aplicación de la inhabilitación.

Adicional, la circular hace mención de una multa que las empresas deberá pagar a más tardar el día en que se cumpla el plazo de inhabilitación, ya que en caso de no cubrir dicho monto, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente.

Según la SFP, la multa a cada una de las empresas asciende a 1 millón 51 mil 500 pesos.

«Las dos empresas manifestaron que no contaban con ningún integrante que fuera servidor público, cuando en realidad una persona que en ese momento era diputado federal era integrante de las mismas, lo que incumple con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público», dijo la Secretaría a través de un comunicado.

Recordemos que investigaciones periodísticas revelaron que las empresas, propiedad del exfuncionario federal, pretendía participar en la compra consolidada de medicamentos para el segundo semestre de 2019 del gobierno federal; y aunque Lomelí Bolaños negó la información, la presión y polémica lo llevó a renunciar argumentando que con dicha decisión la SFP podría llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

El delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, emitió un comunicado en el cual habla sobre los señalamientos en su contra, por incurrir en supuestos conflictos de interés, al tener participación en una red de empresas farmacéuticas, en especial con Abisalud.

El delegado afirmó que persisten quienes buscan ensuciar la exitosa ruta de la Cuarta Transformación(4T) que ha trazado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Aprovechó su comunicado para insistir que ni él ni algún miembro de su familia forma parte de la empresa Abisalud. «Nadie de nosotros, participa de forma alguna en licitaciones o ventas para gobiernos».

Reiteró que está dispuesto a colaborar con las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones necesarias.

«Rechazo tajante las intenciones de desacreditar a mi persona, a mi familia y al proyecto de nación por el que luchamos» añadió Lomelí.

Sin embargo, fue este mismo jueves que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló una nueva relación del delegado federal con la empresa farmacéutica.

Señalan que Juan Carlos Tadeo Martínez Ramírez, esposo de una diputada de Morena, es accionista mayoritario de Abisalud, y quien además funge como apoderado legal en cuatro empresas que Carlos Lomelí reconoce como propias.

Tadeo Martínez, esposo de la diputada local en Jalisco por Morena, Érika Pérez García, recibió las acciones de Abisalud tras la renuncia de José Hiram Torres Salcedo, quien actualmente se desempeña como regidor de Morena en Zapopan.

MCCI destaca que Torres Salcedo fue secretario particular de Carlos Lomelí y compitió como candidato para alcalde de Zapopan en los comicios de 2018.