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El presidente de la Mesa Directiva, el morenista Alejandro Armenta, aseguró que el cierre del Periodo Ordinario de Sesiones del Senado de la República se llevó a cabo con base en el Reglamento de dicho órgano legislativo y en la Ley Orgánica del Congreso.

Ante los señalamientos que se han hecho, Armenta compartió una serie de consideraciones que dijo, demuestran la legalidad de la última Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, a fin de despejar dudas o especulaciones.

Explicó que, en su edición del 30 de abril de 2023, el periódico Reforma publicó una nota titulada “Falsifican senadores quórum para voto”, donde se señala que dos votaciones de la sesión ordinaria referida no corresponden a los votos emitidos:

El dictamen con proyecto de decreto por el que se Extingue el Organismo Público Descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural Forestal y Pesquero, y se abroga su Ley Orgánica.

Y el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación.

El senador de Morena indicó que sobre el primer dictamen, el periódico indica como incorrecto el resultado final anunciado por la Secretaría de la Mesa Directiva, que fue de 57 votos a favor, cinco abstenciones y cuatro en contra, para un quórum de 66 senadores, y asegura que el resultado correcto fue de 58 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, por lo que el diario dice que no se alcanzó el quórum constitucional.

Sin embargo, aclaró que de la revisión de la transmisión, realizada por el Canal del Congreso, se desprende que se confirma la votación anunciada por la Secretaría, pues los votos en contra y las abstenciones correspondieron a los siguientes senadores:

Rafael Espino de la Peña, Ricardo Monreal Ávila, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo y Cecilia Margarita Sánchez García votaron en contra. Y José Ramón Enríquez Herrera, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Olga Sánchez Cordero, Manuel Velasco Coello y Susana Harp Iturribarría, en abstención.

Respecto del segundo dictamen, Reforma señala como incorrecto el resultado final anunciado por la senadora secretaria, que fue de 58 votos a favor, dos en contra y seis abstenciones, y considera que el resultado correcto es de 46 votos a favor, siete abstenciones y 11 en contra, por lo que afirma que tampoco se alcanzó el quórum constitucional.

Alejandro Armenta explicó que, de la revisión de la transmisión del Canal del Congreso, se observa que la Secretaría anuncia con claridad 48 votos a favor, 12 en contra y seis abstenciones, con lo que se alcanza el quórum legal.

Si bien hay una deficiencia del sonido que podría provocar confusión y escucharse “dos”, en lugar de 12, se confirma en los registros el sentido de las 12 votaciones en los registros.

El senador detalló en el documento que la Secretaría de la Mesa Directiva tiene sus atribuciones definidas tanto en la Ley Orgánica del Congreso General, como en el Reglamento del Senado de la República, y que el Presidente de la Mesa Directiva actúa con apoyo de su Secretaría y ésta, a su vez, con el apoyo de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios.

Además, la Secretaría de la Mesa Directiva es la única con facultad para dar fe del quórum y de las votaciones, tanto en los sentidos particulares de cada legislador, como en el resultado del cómputo final, todo con respaldo en los registros documentales y audiovisuales generados.

Armenta también dijo que las limitaciones del espacio adaptado para llevar a cabo la sesión implicaron deficiencias en la calidad del sonido de las transmisiones y dificultades técnicas.

“La última Sesión Ordinaria del Segundo Año de Ejercicio de la LXV Legislatura se llevó a cabo en la antigua sede del Senado de la República, adaptándose un espacio para tal fin, por lo que se tuvieron algunas limitaciones materiales, pero siempre se contó con el apoyo del personal y de los recursos materiales de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios”, sostuvo Alejandro Armenta.

Y es que, el Senado aprobó entre la noche del viernes 28 y la madrugada del sábado 29 de abril una serie de reformas, la mayoría impulsadas por el presidente, entre las que destacan la que da al Ejército el control indefinido del Tren Maya, los ingresos económicos por turismo a las Fuerzas Armadas y la desaparición del Insabi y de Financiera Rural.

De acuerdo con el Reglamento del Senado de la República, la Cámara Alta requiere que su quórum cuente con mínimo 65 integrantes, de los 128 que conforman el Pleno para la discusión de los asuntos legislativos contemplados en la orden del día. De otro modo, el Presidente de la Mesa Directiva debe declarar concluida la sesión y la invalidación de los dictámenes aprobados.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Fernando Dworak, analista y consultor político; experto en temas legislativos, sobre la sesión del Senado del pasado fin de semana, las dudas que generaron las votaciones y la actuación de los legisladores de Morena y partidos aliados.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que luego de sostener una reunión con los legisladores de su bancada, se decidió turnar la minuta a comisiones para será analizada y discutida en un proceso legislativo normal, es decir, rechazaron sacarla por la vía del fast track.

Se esperaba que Morena diera se impusiera en el Senado y diera trámite preferente al proceso legislativo de la minuta sobre modificaciones a la ley, en materia de Guardia Nacional. Recordemos que el fin de semana se aprobó en la Cámara de Diputados para integrar a la corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El Universal reporta que los llamados “duros” de la bancada se manifestaron por sacar la reforma por la vía del fast track, aunque en la reunión que se tuvo con Monreal, se les hizo ver que no había las condiciones para lograr la aprobación, pues se les recordó que se requieren dos terceras partes de los senadores presentes en la plenaria, número que no tiene Morena y aliados.

Monreal defendió que no fue una decisión de él, sino del grupo parlamentario completo. Dijo que están a favor de dar tiempo al análisis,  “lo que se tenga que esperar” y “lo que se tenga que hacer” para cuidar todos los trámites parlamentarios.

Además, aseguró que los legisladores de Morena votarán de manera libre y en “consciencia” como ha sido siempre en los temas que han sacado adelante. Enfatizo que Morena no tendrá ningún problema en dialogar y escuchar todas las voces que quieran manifestarse sobre el tema.

Sobre el tema, la organización Human Rights Watch (HRW) dijo que dejar a los militares en tareas de seguridad pública, como promueve el presidente, “agudizará el desastre” de derechos humanos que atraviesa el país.

“Entregar a las Fuerzas Armadas el control total de las tareas de seguridad pública mientras se limita la capacidad de autoridades civiles de fiscalizar el actuar de los soldados desplegados en las calles amenaza con agudizar el desastre de derechos humanos que atraviesa México”, expresó Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de HRW, en un posicionamiento.

La postura pública de la organización internacional se produce en momentos en que iniciará el análisis de la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados en el Senado y que trasladaría el control de la Guardia Nacional a la Sedena.

La propuesta presidencial daría de baja a casi todos los elementos civiles de la Guardia Nacional, mientras que la mayoría de los soldados y marinos adscritos a este cuerpo, que fue creado como una institución civil, quedarían sujetos a la jurisdicción militar, aunque realicen tareas de seguridad civil.

“En el pasado, la aplicación de la jurisdicción militar, a pesar de una reforma que prohíbe su uso para investigar violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra civiles, ha permitido a los soldados esquivar la Justicia en estos casos”, denunció HRW.

El organismo global también alertó que el presidente de México tendría amplias facultades para desplegar militares en tareas de seguridad pública, lo que contraviene jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).