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El director del FBI, Christopher Wray, alertó este martes que su agencia ha detectado un mayor riesgo de amenazas terroristas en Estados Unidos inspiradas por el ataque del grupo islamista Hamás en Israel el pasado 7 de octubre.

Durante una audiencia en un comité del Senado, aseguró que el FBI ha determinado que las acciones de Hamás “servirán como inspiración” como no se ha visto “desde que el grupo Estado Islámico lanzó su llamado califato hace años”.

En las últimas semanas, detalló el funcionario, la Inteligencia estadounidense ha detectado que “varias organizaciones terroristas” han instado a ataques contra estadounidenses y Occidente”.

La guerra en Israel y la Franja de Gaza, explicó Wray, ha elevado las amenazas de un ataque terrorista contra los estadounidenses en su propio territorio “a otro nivel”.

“No podemos ni debemos descartar la posibilidad de que Hamás u otra organización terrorista se aproveche del conflicto actual para llevar a cabo ataques aquí en nuestro propio suelo”, subrayó.

Sin embargo, el encargado de liderar el FBI aseguró que hasta el momento no tienen información que indique que el grupo islamista palestino tenga la intención o la capacidad de llevar a acabo ataques dentro de Estados Unidos.

Wray mencionó que la agencia ha detectado que tanto el Estado Islámico como Al Qaeda han ya lanzado llamados a la acción en contra de estadounidenses y comunidades judías tanto en Estados Unidos como en Europa.

La alerta del director del FBI llega luego de que el pasado 7 de octubre, un ataque sorpresa del brazo armado de Hamás en Israel acabó con la vida de más de 1,400 personas, además de la captura de 239 rehenes, según la cifra actualizada este fin de semana por el Ejército israelí.

En represalia, el Gobierno israelí ha lanzado una dura ofensiva contra la Franja de Gaza con el objetivo de “destruir a Hamás” que ha causado ya más de 8,000 muertos y casi 19,000 heridos en estos 23 días de guerra.

El fiscal especial John Durham concluyó que el FBI no tuvo que haber lanzado una investigación sobre la supuesta vinculación de la campaña del expresidente Donald Trump y Rusia, en las elecciones de 2016.

Esto se conoce al revelarse un informe publicado este lunes tras una indagación que se prolongó por cuatro años.

En el reporte, de más de 300 páginas, Durham indicó que el FBI empleó información de Inteligencia “no corroborada, sin procesar ni analizar” para lanzar pesquisas sobre el equipo de campaña de Trump y sus posibles lazos con Rusia.

Recordemos que Durham fue designado en 2019 por el entonces secretario de Justicia, William Barr, durante el mandato de Trump para que examinara la investigación previa llevada a cabo por la agencia federal sobre los presuntos vínculos entre el equipo electoral del republicano y Moscú.

El fiscal especial argumenta que, tras revisar la investigación del FBI y otras actividades de Inteligencia, ha concluido que “el Departamento (de Justicia) y el FBI fracasaron a la hora de cumplir su misión de fidelidad estricta con la ley, en conexión con ciertos eventos y actividades descritos en este informe”.

Durham señala en el texto que responsables del FBI mostraron “una ausencia grave” de rigor analítico en el tratamiento de la información que recibieron, especialmente la relacionada con personas y entidades con afiliaciones políticas.

En suma, el manejo por parte del FBI de varios aspectos clave en este caso fue “gravemente deficiente”, de acuerdo al fiscal especial, quien consideró que este fracaso a la hora de cumplir con su responsabilidad hacia el público causó un “daño severo” a la reputación de la agencia.

En su momento, Barr abrió esta investigación tras la insistencia de Trump en que su campaña había sido objeto de espionaje antes de las elecciones de 2016 por parte de la inteligencia estadounidense, bajo las órdenes del entonces presidente, Barack Obama.

De esta forma, el Departamento de Justicia se investigó a sí mismo, ya que ese supuesto espionaje lo habría llevado a cabo el FBI, agencia con la que Trump fue muy crítico desde su llegada al poder.

Trump pretendía llegar a la raíz que originó la investigación sobre la llamada “trama rusa” liderada por Robert Mueller, que le atormentó durante los dos primeros años de su Presidencia y que finalizó en marzo de 2019 con la conclusión de que ni él ni nadie de su entorno trabajó con el Kremlin para ganar los comicios de 2016.

En un comunicado, el FBI aseguró este lunes que su cúpula “ya ha aplicado decenas de acciones correctivas, que llevan en marcha desde hace tiempo” en respuesta a los comportamientos denunciados por Durham.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense tiene abiertas 380 investigaciones centradas en el liderazgo de los cárteles, confirmó su director, Christopher Wray.

Algunas de ellas, según apuntó en un interrogatorio ante el comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, han ofrecido ya resultados “clave”, como los cargos presentados a mediados de mes contra una treintena de personas vinculadas al cártel de Sinaloa, incluidos cuatro hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, por tráfico de fentanilo y otras drogas.

Wray apuntó que, en el marco de los esfuerzos contra la amenaza del crimen transnacional organizado, el FBI está centrado en los cárteles que trafican a través de la frontera con México narcóticos como el fentanilo.

El FBI participa, además, activamente en seis fuerzas de ataque, formadas por equipos de múltiples agencias dirigidos por fiscales y que efectúan operaciones multijurisdiccionales contra objetivos prioritarios y sus redes financieras afiliadas.

“Estamos tratando de cortar las fuentes de financiación de los cárteles y de atacar su red de distribución en Estados Unidos”, recalcó Wray.

Y es que la amenaza de la delincuencia transnacional se mantiene como una amenaza importante y creciente para los intereses nacionales e internacionales, con implicaciones para la seguridad y salud públicas, las instituciones democráticas y la estabilidad económica en el mundo, añadió Wray en su testimonio escrito enviado a los legisladores.

El director del FBI recalcó que aunque su agencia no es la encargada de garantizar la seguridad física de las fronteras del país, está comprometida a afrontar esas amenazas.

En esa línea, señaló que de los 11,400 millones de dólares solicitados al Congreso para el año fiscal 2024, 53.1 millones van dirigidos a incrementar la recolección de muestras de ADN de individuos que crucen la frontera.

En los últimos dos años, según destacó, el FBI ha aportado muestras a 223 investigaciones, incluidos más de 100 casos de abuso sexual y una docena de homicidios, y espera que esas cifras aumenten a medida que se incrementan los cruces en la frontera.

Los estadounidenses secuestrados el pasado viernes en Matamoros, Tamaulipas, fueron localizados por autoridades de Tamaulipas, según confirmó el gobernador Américo Villarreal.

En una breve llamada durante la conferencia de prensa de Palacio Nacional, el gobernador informó que esta mañana se recibió la alerta de localización, lo cual fue confirmado minutos después por la fiscalía del estado.

El gobernador confirmó que de los cuatro ciudadanos estadounidenses, dos perdieron la vida y uno más se encuentra herido.

El presidente López Obrador informó que más tarde la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, informará sobre el caso.

Desde la noche de ayer, los desaparecidos fueron identificados por sus familiares. Se trata de una mujer madre de seis hijos, que viajaba para someterse a un procedimiento médico estético, acompañada de un familiar y otros amigos.

Así lo aseguraron este martes a CNN sus familiares, quienes los identificaron como Latavia “Tay” Washington McGee, de 33 años, quien condujo a México con Shaeed Woodard, Zindell Brown y su amigo Eric para el procedimiento, pero nunca llegó a su cita con el médico.

Recordemos que el FBI informó ayer sobre la desaparición de los cuatro estadounidenses, que fueron secuestrados tras cruzar la frontera en la ciudad fronteriza de Matamoros, en Tamaulipas, uno de los estados más castigados por la violencia.

Los cuatro estadounidenses, que viajaban en un auto con matrícula de Carolina del Norte, fueron atacados poco después de cruzar a México y tras ello fueron subidos a la fuerza en una camioneta tipo pick-up por hombres armados, informó el FBI de San Antonio.

Los investigadores creen que los estadounidenses fueron atacados por error por un cartel mexicano que probablemente los confundió con traficantes de drogas haitianos, dijo a CNN un funcionario estadounidense familiarizado con la investigación.

La cadena aseguró además haber obtenido fotos que muestran que el coche que podrían haber estar conduciendo los estadounidenses se estrelló con otro vehículo, antes de que los viajeros fueran sometidos a punta de pistola.

También se hizo público un video en el que aparecen hombres armados presuntamente obligando a varias personas, entre ellas una mujer, a subir a la parte de atrás de la camioneta.

Al respecto, el FBI pidió ayuda a los ciudadanos para encontrar a las víctimas y anunció una recompensa de 50,000 dólares por información que lleve a su liberación y al arresto de los involucrados, mientras que el Departamento de Estado emitió una alerta para recomendar a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Tamaulipas.

Esto sucede cuando en Estados Unidos crece el debate sobre permitir que las Fuerzas Armadas  de su país puedan entrar a territorio mexicano a enfrentar a los cárteles del narcotráfico.

Si bien el tema no es nuevo, la idea tomó relevancia luego de la propuesta presentada ante el Congreso de Estados Unidos por los republicanos Dan Crenshaw de Texas y Michael Waltz de Florida el pasado 12 de enero.

La iniciativa pide la intervención de las Fuerzas Armadas estadounidenses para enfrentar a los cárteles de la droga, que acusan trafican drogas a Estados Unidos y “envenan” a miles de ciudadanos. Específicamente se refiere específicamente a nueve cárteles mexicanos: el Cártel de Sinaloa; Jalisco Nueva Generación;  Cártel del Golfo; Los Zetas; el Cártel del Noreste; el Cártel de Juárez; el Cártel de Tijuana, los Beltrán Leyva y La Familia Michoacana o Cártel de los Templarios.

Aunado a la iniciativa, el pasado fin de semana, el exfiscal de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, William Barr, afirmó en su columna The Wall Street Journal que los cárteles mexicanos han crecido porque las administraciones mexicanas no tienen ni la disposición ni la capacidad para enfrentarlos.

Señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser el principal facilitador de los cárteles, sugiriendo que protege a las bandas criminales, escudándose en la soberanía del país para impedir que Estados Unidos tome medidas.

Barr sostiene en su texto que Estados Unidos debe confrontar con recursos militares al crimen organizado en territorio mexicano, con o sin la anuencia del gobierno de nuestro país.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Alejandro Hope, experto en temas de seguridad, sobre estas peticiones de autorizar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos enfrentar a los cárteles mexicanos.

 

Cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados después de que hombres armados abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban en Matamoros, Tamaulipas, informó el FBI.

Los cuatro hombres habían llegado el viernes a Matamoros desde Brownsville, Texas. Viajaban en una minivan blanca con matrícula de Carolina del Norte.

La oficina de la División de San Antonio del FBI señaló que el vehículo fue baleado poco después de ingresar a México.

“Hombres armados colocaron a los cuatro estadounidenses en un vehículo y se alejaron del lugar”, señaló la oficina. El FBI ofrece una recompensa de 50,000 dólares por el regreso de las víctimas y el arresto de los responsables.

Y es que Matamoros se ha convertido en escenario de una guerra territorial entre facciones del cártel del Golfo.

Los tiroteos en esta ciudad llegaron a tal grado que el consulado estadounidense emitió el viernes una alerta sobre los riesgos. Recordó que todo Tamaulipas está catalogado como de nivel cuatro, de tal manera que se exhorta a no viajar a este estado.

La policía estatal de Tamaulipas informó que algunas personas murieron y resultaron heridas el viernes, pero no especificó la cifra.

Ahora, las autoridades norteamericanas buscan ahora pistas para dar con el paradero de estas personas y han prometido que mantendrán en el anonimato a cualquier posible colaborador.

 

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que un grupo armado secuestró a cuatro estadounidenses en Matamoros.

“Sí (está confirmado que los secuestró un grupo armado), son personas de Estados Unidos que, (según) la información que tenemos, cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México y hubo una confrontación de grupos y fueron detenidos”, respondió el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

López Obrador se refirió a la alerta del FBI, que solicitó ayuda y ofreció 50,000 dólares de recompensa para localizar a los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros.

“Está trabajando (el FBI) fundamentalmente con la secretaria de Seguridad Pública, con Rosa Icela (Rodríguez), tienen comunicación. Yo espero que más tarde se dé información más amplia sobre esto”, comentó el mandatario.

López Obrador prometió que “se está viendo ya este asunto” y que “todo el gobierno está ahí trabajando”. “Ya se está atendiendo, yo creo que se va a resolver, eso espero, deseo”, manifestó.

AMLO también dijo que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, “está trabajando en eso, tenemos comunicación constante con él”, añadió.

El Departamento de Justicia llevó a cabo este miércoles una nueva búsqueda en una casa del presidente estadounidense, Joe Biden, para intentar encontrar más documentos clasificados que puedan estar en el domicilio.

“Hoy, con el pleno apoyo y cooperación del presidente, el Departamento está realizando una búsqueda planificada en su casa en Rehoboth, Delaware”, apuntó el abogado del presidente, Bob Bauer, en un comunicado.

La búsqueda, que según medios están llevando a cabo agentes del FBI, se está haciendo de acuerdo con los procedimientos estándar del Departamento y “en aras de la seguridad e integridad operativas, se buscó hacer este trabajo sin previo aviso público, y acordamos cooperar”, añadió el letrado.

Horas más tarde, se informó que la policía federal no halló ningún documento confidencial durante el registro a la casa del presidente Biden.

“No se encontró ningún documento con mención de clasificado”, afirmó el abogado Bob Bauer en un comunicado.

Y aunque no se encontraron documentos en este domicilio pero sí en la vivienda de Biden en Wilmington (Delaware) y en su oficina privada en el laboratorio de ideas Penn Biden Center, en Washington.

Y es que recordemos que en enero se conoció que en noviembre del año pasado el equipo del mandatario había encontrado documentos sensibles y clasificados de la época en la que fue vicepresidente de Barack Obama y en la que fue senador.

Desde entonces han sido varias las veces que el gobierno estadounidense ha anunciado el hallazgo de más documentos. El pasado 12 de enero, el secretario de Justicia, Merrick Garland, anunció la designación de un fiscal especial que estudiará todos los papeles clasificados encontrados, el conservador Robert Hur.

Hace unos días también salió a la luz el hallazgo de documentos en la casa del exvicepresidente Mike Pence, una situación que, sumada a los papeles hallados en la mansión de Donald Trump, forzó a los Archivos Nacionales de Estados Unidos a pedir a todos los expresidentes y exvicepresidentes del país que revisen sus registros personales por si pudieran contener documentos confidenciales.

“La responsabilidad de acatar la Ley de Registros Presidenciales -la normativa que obliga a entregar a los Archivos Nacionales todos los documentos de una administración- no disminuye cuando finaliza un gobierno”, explicaron en una carta los Archivos Nacionales.

Tanto la Casa Blanca como el propio Biden han insistido desde el principio en su disposición total a colaborar en estas pesquisas del Departamento de Justicia y han tratado de desmarcarse del caso de los documentos clasificados hallados por el FBI en la mansión del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida.

Dos agentes de inteligencia chinos fueron inculpados este lunes en Nueva York por intentar interferir en una demanda en Estados Unidos contra una empresa de telecomunicaciones china.

El Departamento de Justicia acusó a Wang Zhen y He Guochun de obstrucción a la justicia, y a este último también por lavado de dinero.

La acusación señala que pagaron a un informante estadounidense, en realidad un doble agente, que creyeron haber reclutado de una agencia gubernamental para que proporcionara documentos relacionados a un caso legal contra la empresa china, a cambio de bitcoins por valor de 61,000 dólares.

El acta de acusación no especifica el nombre de la empresa involucrada y apenas indica que se trata de un grupo global de telecomunicaciones con sede en China.

Sin embargo, fuentes de la investigación citadas por la cadena CNN han confirmado que sí se trata de esta compañía.

Los detalles son similares al caso contra Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones procesado en 2019 en Estados Unidos por robo de secretos comerciales y eludir sanciones, entre otros cargos.

Desde enero de 2019, cuando se anunciaron los cargos contra Huawei, ambos agentes chinos buscaron reiteradamente obtener información confidencial sobre los testigos, las pruebas reunidas para el juicio y posibles nuevos cargos contra la empresa, “en un esfuerzo por interferir con el proceso”.

Reclutaron a su fuente en 2017, pero esta “comenzó a trabajar como agente doble para el gobierno de Estados Unidos”, bajo la supervisión del FBI, precisa el acta de acusación.

El FBI elaboró documentos falsos, clasificados como “secretos”, que luego fueron entregados a los agentes chinos. He Guochun pagó el año pasado unos 41.000 dólares en bitcoins por uno de ellos.

Los agentes chinos reconocieron que transmitieron la información que obtuvieron a la compañía de telecomunicaciones, y que esta última estaba al tanto de la operación de espionaje que continuó hasta 2022.

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes entender la “tremenda ira” que hay en el país por las “cacería de brujas” que se están produciendo en su contra, señalando el registro a su masión en Mar-a-Lago, aunque hizo un llamado a la calma.

“El país está en una posición muy peligrosa, hay una ira tremenda, como no he visto antes, por todas las estafas”. “Tras este año de estafas y cacería de brujas, ahora esto”, dijo Trump a Fox News en una ambigua entrevista.

Trump explicó que sus abogados se pusieron en contacto con el Departamento de Justicia para ofrecer ayuda y que su equipo “todavía no ha tenido noticias” del Departamento sobre si la aceptarán.

“Si hay algo que podamos hacer para ayudar, mi gente y yo ciertamente estaríamos dispuestos a hacerlo”, dijo el magnate, que aunque acompañó con un llamado a la calma, advirtió que el pueblo estadounidense “no va a tolerar otra estafa”.

Publicada el pasado viernes, la orden de registro a Mar-a-lago, en Florida, revela que el exmandatario se llevó material clasificado a casa, por lo que podría haber vulnerado la Ley de Espionaje, además de haber obstruido el trabajo de la Justicia.

A Trump se le investiga por la posible comisión de tres crímenes: violación de la Ley de Espionaje, obstrucción de la Justicia y destrucción de documentos, que, en caso de condena, podrían conllevar desde multas hasta penas de prisión e inhabilitarlo para ocupar cargos políticos.

Por su parte, el inventario muestra que entre la documentación requisada figuran 26 cajas etiquetadas cada una con un número, así como varias carpetas de documentos y fotos con las etiquetas de “alto secreto” o “confidencial”.

Desde que se conoció públicamente el operativo en su domicilio, Donald Trump se ha dedicado a publicar a través de Truth, su propia red social, mensajes incendiarios sobre lo que considera una persecución política, un abuso y un “ataque a la democracia”.

Estos mensajes podrían tener relación con el aumento de los ataques contra las fuerzas de seguridad producidos en los últimos días, según ha señalado el propio FBI.

La investigación abierta sobre el expresidente de Estados Unidos ha polarizado todavía más la política estadounidense, cuando faltan menos de tres meses para las elecciones de medio término que serán clave y cuando Trump ya ha revelado que sí contempla presentarse en 2024 para intentar recuperar La Casa Blanca.

Los agentes del FBI que el lunes registraron la mansión del expresidente estadounidense Donald Trump recuperaron documentos clasificados, incluidos algunos marcados como “top secret” y que sólo deben estar en instalaciones especiales del gobierno, reveló este viernes The Wall Street Journal (WSJ).

El periódico, que tuvo acceso al inventario de los materiales incautados, explica que el FBI se llevó en total una veintena de cajas de la mansión de Trump en Florida, incluidas once de materiales clasificados.

El WSJ dice que la lista, que podría hacerse pública hoy mismo, no da detalles sobre el contenido de esos documentos, que en algunos casos tenían la etiqueta de “top secret”, el mayor nivel de confidencialidad que se puede aplicar a una información en el sistema de inteligencia de Estados Unidos.

Entre los materiales que recuperó el FBI y que sí aparecen detallados, el diario destaca archivos relacionados con el perdón presidencial al excolaborador de Trump Roger Stone y un informe sobre el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El inventario figura en un documento de siete páginas y que también incluye la orden de registro de Mar-a-Lago.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo ayer que ha pedido a un tribunal de Florida que haga pública toda esa información.

El diario The Washington Post, citando a fuentes anónimas, informó ayer de que en el registro se buscaron documentos clasificados sobre armamento nuclear que el exmandatario habría sacado de La Casa Blanca.

El propio Trump ha pedido que se publique el contenido de los documentos requisados en su casa en una operación que continúa calificando como una “persecución política” en su contra.

En Broojula, Ana Paula Ordorica hace el análisis más completo sobre las investigaciones que se siguen en torno a Trump y las posturas de republicanos y demócratas al respecto, con el comentario de Amy Glover, CEO de Agil(e) Asesoría Estratégica, Consejera de COMEXI.

El FBI irrumpió en la mansión de Mar-a-Lago del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de la investigación para determinar si se llevó documentos secretos de La Casa Blanca a su residencia en Florida, dijeron personas enteradas el asunto.

Esta medida representa una escalada drástica y sin precedentes de la investigación policial del expresidente.

En un extenso comunicado sobre el allanamiento a su propiedad, Trump dijo que los agentes abrieron una caja fuerte en su residencia. “Después de trabajar y colaborar con las agencias pertinentes del Gobierno, este allanamiento no anunciado de mi hogar no fue necesario ni apropiado”, dijo el magnate.

Recordemos que desde hace meses se investiga cómo los documentos secretos fueron a parar a Mar-a-Lago en cajas de archivo de La Casa Blanca a principios de este año.

Adicional, en un caso por separado, un jurado de instrucción investiga los intentos de anular los resultados de la elección presidencial de 2020, acrecentando los peligros legales en potencia para Trump en momentos en que está sentando las bases para un intento de reelección.

Trump y sus aliados trataron de presentar el cateo como un abuso político del sistema de justicia penal y un intento demócrata de impedirle presentarse de nuevo en 2024. Sin embargo, el gobierno del presidente Joe Biden dijo que no había tenido conocimiento previo del hecho; el actual director del FBI, Christopher Wray, fue designado por Trump hace cinco años y fue un alto funcionario del Departamento de Justicia dirigido por los republicanos.

“Son tiempos sombríos para nuestra Nación, cuando mi hermoso hogar, Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, está bajo asedio, allanado y ocupado por un grupo grande de agentes del FBI”, escribió Trump. “Nada como esto le ha sucedido jamás a un presidente de Estados Unidos”.

El manejo de archivos secretos y documentos del gobierno está sujeto a varias leyes, algunas de las cuales penalizan el llevar ese material a un lugar no autorizado. Aunque una orden de allanamiento no indica la inminencia o siquiera la posibilidad de cargos penales, los funcionarios federales que la solicitan deben demostrarle a un juez que existe la probabilidad de que se haya cometido un delito.

Elementos de la DEA y el FBI, así como de la Policía Montada de Canadá, viajarán en unas dos semanas a Quintana Roo para apoyar en labores de análisis y seguridad, informó este viernes el gobernador Carlos Joaquín González.

“En dos semanas estaremos teniendo la visita de instituciones internacionales de Estados Unidos y Canadá que vendrán a trabajar con nosotros en materia de revisión, de intercambio de información y mejora para tratar de evitar situaciones” de inseguridad, señaló en entrevista con Radio Fórmula.

El gobernador reconoció que los destinos turísticos de Quintana Roo se han convertido en un punto de atracción para muchos delincuentes, e incluso habló del incremento de armas de fuego.

“Las condiciones se prestan para eso, un aeropuerto en el que recibimos muchísimas personas que vienen de distintas partes del mundo, que tienen diferentes intereses y que provoca precisamente que se convierta en un lugar muy apetitoso en determinados momentos para ese tipo de acciones”, agregó.

Calificó los recientes sucesos de violencia que se han registrado de “extremadamente llamativos”, al tiempo que externó su preocupación por el incremento de armas en manos de los grupos delictivos, un hecho que calificó de “difícil y preocupante” al no conocer por dónde se introducen dichas armas.

Además, dijo, trabajan con organizaciones empresariales para establecer una línea de acción de 10 puntos para incrementar la seguridad en establecimientos privados y así darles mayor confianza a los turistas.

Recordemos que en días pasados, Estados Unidos emitió una alerta de viaje para Quintana Roo tras la actividad delictiva registrada en Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Hace una semana, un tiroteo ocurrido al interior de un hotel ubicado en Playa del Carmen, de la cadena Xcaret, dejó dos canadienses muertos y un herido. Mientras que esta semana se produjo la muerte a balazos del argentino Federico Mazzoni, gerente del Mamita’s Beach Club.

“En todos los casos tenemos responsables, tenemos detenidos, tenemos casos resueltos, en el caso de Mamita’s, que está en proceso de investigación, se tiene detenidos ya a los posibles culpables, se trabaja muy intensamente en poder tenerlos”, afirmó el mandatario estatal.

Un padre de familia estadounidense acusado de asesinar a sus dos hijos en nuestro país permanece detenido en California tras declarar a agentes del FBI que tenía que matarlos porque habían sido infectados con ADN de serpiente.

El hombre, de nombre Matthew Taylor Coleman, de 40 años, es seguidor del movimiento QAnon.

El ciudadano estadounidense habría asesinado a su hijo de 2 años y a su bebé de 10 meses el lunes en Rosarito, Baja California, de acuerdo con la denuncia penal federal presentada en el Tribunal de Distrito del Centro de California en Los Ángeles.

El hombre fue acusado de asesinato de ciudadanos estadounidenses en el extranjero ayer por la tarde. La ley estadounidense permite el enjuiciamiento de un asesinato cometido en otro país, siempre que tanto el acusado como la víctima sean ciudadanos estadounidenses y el acusado haya abandonado el país donde se cometió el delito.

Coleman, residente de la ciudad de Santa Bárbara, dijo a los agentes del FBI que mató a sus hijos incrustando un arpón de pesca en el pecho de los niños, según detalla la acusación.

El hombre argumentó que había sido “iluminado por las teorías de conspiración de QAnon e Illuminati” y “creía que estaba salvando al mundo de los monstruos” porque su esposa “poseía ADN de serpiente y se lo había transmitido a sus hijos”, según la denuncia del Departamento de Justicia (DOJ).

Según la investigación, el sábado pasado, la esposa de Coleman se comunicó con la Policía de Santa Bárbara para informar que su esposo había salido con los niños y no sabía a dónde habían ido. Gracias al GPS del teléfono, se pudo determinar que el hombre había estado en Rosarito el domingo por la tarde, mientras que el lunes estaba cerca de San Ysidro, frontera entre Estados Unidos y México.

Agentes del FBI determinaron que había ingresado a Estados Unidos sin los niños. Tras comunicarse con la Policía de Rosarito supieron que la policía habían recuperado esa mañana los cuerpos de dos niños que coincidían con la descripción de sus hijos.

En su declaración, Coleman dijo que no tenía una silla de auto para bebés, por lo que puso a su hija en una caja y así manejo hasta nuestro país. Detalló cómo los asesinó y que trasladó los cuerpos hacia un matorral. La descripción coincide con el reporte de las autoridades de Baja California.

El acusado fue interrogado por los agentes sobre si sabía que lo que hizo estaba mal, a lo que contestó que “él sabía que estaba mal pero que esa era la única manera en que podría salvar el mundo”.

En 2019, el FBI etiquetó a QAnon como potencial amenaza de terrorismo interno tras incidentes como uno registrado en 2018 cuando un hombre cargado de armas y en un vehículo blindado bloqueó el paso en la presa Hoover, en el estado de Nevada, para desvelar “verdades ocultas”.

Un informe del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicado en junio pasado advirtió sobre una acción más violenta por parte de los seguidores de QAnon.

México y Estados Unidos acordaron avanzar en estrategias para fortalecer y ampliar los mecanismos de inteligencia, especialmente en el área financiera, así como para reducir la violencia y el tráfico ilícito de armas.

Durante un encuentro binacional ocurrido la tarde de ayer en la Ciudad de México, autoridades de nuestro país se reunieron con funcionarios del FBI en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El encuentro binacional se llevó a cabo dos semanas después de la visita que realizó a la capital el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

“El objeto de la reunión fue estrechar el trabajo para enfrentar conjuntamente los retos en materia de seguridad, específicamente los relacionados con la colaboración ente México y el Buró Federal de Investigaciones”, señaló la cancillería en un comunicado.

Durante el encuentro se analizaron estrategias para reducir la violencia y combatir el tráfico ilícito de armas, iniciativas que son promovidas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Las autoridades de ambos países coincidieron en avanzar en una estrategia que le dé prioridad y fortalezca los mecanismos de inteligencia, especialmente la financiera.

“El objetivo es fortalecer la cooperación bilateral, pero desde una visión de salud pública e inteligencia financiera, que deje atrás las políticas punitivas características de la Iniciativa Mérida”, refiere el comunicado.

La delegación mexicana estuvo integrada por Roberto Velasco, jefe de unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública; Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros. En representación del gobierno estadounidense estuvieron presentes Amanda Liskamm, fiscal general interina adjunta; Calvin Shivers, subdirector del FBI, y John Creamer, encargado de negocios en la embajada de Estados Unidos.

Para este jueves está prevista una reunión de trabajo entre autoridades mexicanas y funcionarios de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Una operación global en la que se vendió a bandas del crimen organizado teléfonos encriptados que los agentes de la ley podían monitorear llevó a más de 800 arrestos y la confiscación de drogas, armas, dinero en efectivo y autos de lujo.

El golpe efectuado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, la policía australiana y europea atrapó a sospechosos en Australia, Asia, Europa, Sudamérica y Oriente Medio involucrados en el narcotráfico, dijeron funcionarios.

En redadas realizadas en todo el mundo fueron incautados millones de dólares en efectivo, junto con 30 toneladas de drogas, incluidas más de ocho toneladas de cocaína.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, declaró que la operación “supuso un duro golpe contra la delincuencia organizada, no sólo en este país, sino que tendrá eco en todo el mundo”.

La Operación Luz Verde/Escudo Troyano, diseñada por la policía australiana y el FBI en 2018, es una de las mayores infiltraciones y toma de control de una red encriptada especializada.

Comenzó cuando funcionarios estadounidenses pagaron a un narcotraficante convicto para que les diera acceso a un teléfono inteligente que había personalizado, en el que estaba instalando ANOM, también llamado An0m, una aplicación segura de mensajería encriptada. Los teléfonos fueron vendidos luego a redes del crimen organizado a través de distribuidores del hampa.

El FBI ayudó a infiltrar 12,000 dispositivos en 300 grupos criminales en más de 100 países, dijo Calvin Shivers, de la División de Investigación Criminal del FBI, a medios en La Haya.

Así, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la acusación contra 17 presuntos distribuidores por su participación en la comercialización y venta de miles de dispositivos ANOM a organizaciones criminales transnacionales.

Todos los acusados ​​son ciudadanos extranjeros fuera de Estados Unidos y ocho de ellos fueron arrestados ayer, dijo Randy Grossman, fiscal federal interino para el Distrito Sur de California en una conferencia de prensa en San Diego. Los demás permanecen prófugos.

“Hoy es la culminación de más de cinco años de trabajo de investigación estratégico, innovador y complejo para interrumpir y desmantelar los servicios de comunicación encriptados que abordan el elemento criminal en todo el mundo”, dijo Suzanne Turner, agente especial del FBI en San Diego.

Los teléfonos fueron tan exitosos que mafiosos italianos, tríadas asiáticas, bandas de motoqueros y sindicatos transnacionales de la droga comenzaron a usarlos, lo que proporcionó al FBI y sus fuerzas asociadas en todo el mundo más de 27 millones de mensajes.

El impacto de este golpe al crimen organizado es también psicológico. Infunde mucha inseguridad en las altas esferas de los grupos, que desconfiarán unos de otros. La operación también tendrá repercusiones los próximos meses, incluso dentro de las organizaciones que se libraron de la operación y que pueden intentar aprovecharse de ella.

“Esto abre la posibilidad de que se produzcan cambios significativos en el panorama criminal mundial”, afirma Jake Harrington, especialista en inteligencia del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS).

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) señaló este lunes al grupo de hackers informáticos “Darkside” como responsable del cibertataque que mantiene fuera de servicio desde el viernes pasado a Colonial, la mayor red de oleoductos del país.

El FBI señaló además en un comunicado que continúa trabajando con la empresa y sus socios del gobierno en la investigación del ataque de un “ransomware”, por medio del cual el grupo de hackers bloqueó el acceso a los ordenadores de la compañía y pide dinero para liberarlos.

La información confirmó las previsiones iniciales de expertos de seguridad que apuntaban como posible sospechoso a “DarkSide”, un grupo supuestamente localizado en Europa del este.

La red Colonial, situada en Georgia, ha tenido que interrumpir sus operaciones en los 8,850 kilómetros de oleoductos que gestiona y que son fundamentales para abastecer los grandes núcleos de población en el este y sur de Estados Unidos.

La empresa transporta al día hasta 2.5 millones de barriles de gasolina, diésel y combustible de aviación desde las refinerías del Golfo de México al sur y este de Estados Unidos.

Su importancia es vital para la costa este de EUA, ya que es responsable del 45% del transporte de combustibles en esa área, según su web.

En un comunicado el domingo por la noche, Colonial explicó que sus líneas principales para el transporte de combustible permanecían fuera de servicio, pero algunas tuberías más pequeñas, entre terminales y puntos de entrega, ya estaban perativas.

El presidente de EUA, Joe Biden, levantó el domingo las restricciones al transporte de combustible por carretera con el objetivo de evitar cualquier desabastecimiento ante el cierre de Colonial.

La decisión de Biden permitirá circular sin restricciones horarias a los camiones que transporten gasolina, diésel, combustible de aviación y otros productos refinados a 17 estados del sur y este, así como el Distrito de Columbia, informó el Departamento de Transporte en un comunicado.

Para levantar esas restricciones, el mandatario tuvo que recurrir a la declaración de un estado de emergencia regional. Entre otras cosas, la medida permite a los conductores transportar combustible sin tener que hacer descansos de varias horas, tal y como establece la ley federal.

Imagen: Twitter 

El FBI ha advertido que hay planes de protestas de personas armadas en las capitales de los 50 estados y en Washington en los días previos a la investidura del presidente electo Joe Biden, lo que hace que revivan los temores de más enfrentamientos y asaltos, después de la irrupción al Capitolio la semana pasada.

A través de un boletín interno, el FBI advirtió que podrían registrarse marchas en todo el país a partir del fin de semana y extenderse hasta la toma de protesta de Biden el 20 de enero, de acuerdo con dos funcionarios del orden público que leyeron detalles del memo a la agencia The Associated Press (AP).

Los investigadores creen que algunos de los manifestantes son integrantes de grupos extremistas, de acuerdo con los funcionarios. La cadena ABC también reportó sobre el boletín de la agencia estadounidense.

“Protestas armadas están siendo planeadas en los 50 capitolios estatales del 16 de enero hasta al menos el 20 de enero, y en el Capitolio federal del 17 de enero hasta el 20 de enero”, se lee en el boletín, de acuerdo con uno de los funcionarios

El FBI emitió al menos un boletín, que van dirigidos a las agencias policiales de todo el país, antes de los disturbios de la semana pasada. El 29 de diciembre advirtió sobre la posibilidad de que manifestantes armados irrumpieran en legislaturas, dijo el funcionario bajo condición de anonimato.

El general del Ejército Daniel Hokanson, jefe de la Agencia de la Guardia Nacional, dijo el lunes a los reporteros que la Guardia también está vigilando en todo el país. “Nos mantenemos atentos en todo el país a fin de garantizar que estamos monitoreando, y que nuestra Guardia en todos los estados mantiene una estrecha coordinación con sus agencias locales de policía para brindar cualquier apoyo solicitado”.

Los disturbios sucedieron luego de llamados por internet a cometer actos de violencia en Washington para los últimos días de la presidencia de Donald Trump. Un tuit en el que Trump prometió que el evento del pasado miércoles “será una locura” avivó un “frenesí de todo un mes de provocaciones, formulación de estrategias y adopción de la violencia contra los legisladores”, de acuerdo con un grupo de investigación que rastrea la actividad de extremismo en línea.

La información del FBI surge a la par de que el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, se convirtiera este lunes en el tercer miembro del gabinete de Donald Trump en renunciar tras los hechos en el Capitolio. El funcionario no aclaró si su decisión de dimitir está relacionada con ese incidente.

La renuncia de Wolf, que anunció su decisión en una carta, llega además un día antes de que Trump visite la frontera con México para inspeccionar los avances en el muro antes de abandonar la semana que viene el poder.

La oficina de prensa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que Wolf dejaría su puesto a las 23:59 horas de este lunes. Pete Gaynor, administrador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), asumirá el cargo de secretario interino, dijo la oficina.