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Tras la implementación de llamadas en contra del candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) señaló que no está dentro de sus atribuciones legales contar con la información de la titularidad de las líneas telefónicas.

Al respecto, el IFT informó que conforme a  lo previsto en el artículo 124 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, corresponde a este órgano regulador administrar los planes de numeración y señalización; sin embargo, no está dentro de las atribuciones legales del Instituto contar con la información sobre la titularidad de las líneas telefónicas. La información relativa a la utilización de la numeración propia o arrendada de los concesionarios es registrada por estos conforme a la ley.

A través de un comunicado, el IFT informó que sostuvo una reunión de trabajo con el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) para brindar asesoría técnica sobre el procesamiento de las llamadas telefónicas realizadas.

Finalmente, funcionarios del IFT se reunieron con representantes de la industria, a efecto de que, con los recursos tecnológicos que tengan implementados actualmente los concesionarios, se tomen medidas para identificar y desincentivar prácticas de terceros que puedan resultar contrarias a la normativa vigente en materia de telecomunicaciones, como las disposiciones contenidas en los planes de numeración y señalización.

 

 Redacción APO / Foto: Especial

César Cravioto, coordinador de Morena en la Asamblea Legislativa y vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum, candidata a la Jefatura de Gobierno de la CDMX anunció que este martes sostendrán una reunión con el fiscal de la Fepade, Héctor Díaz Santana.

En conferencia de prensa, Cravioto señaló que a través de la plataforma juegalimpio.mx se pudo recabar evidencia para elaborar 16 denuncias que presentarán ante esta Fiscalía relacionadas en su mayoría con la compra de voto, extorsiones electorales, guerra sucia y agresiones en campo en contra de brigadistas.

Cravioto señaló además que, cuentan con 102 denuncias de capitalinos que derivaron en 27 quejas que ya interpusieron ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México y tres ante la Contraloría Interna, además de ocho que tienen que ver con sindicatos entre ellos el de Bomberos de la Ciudad de México.

Juan Morales, representante legal de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, acudió esta tarde a las oficinas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), a presentar una denuncia en contra de quien resulte responsable, por las distorsiones a la legalidad del proceso de recolección de firmas de los candidatos independientes.

Indicó que a su parecer, uno de los posibles responsables podría ser el Instituto Nacional Electoral (INE), pues dijo, ha propiciado que el proyecto de El Bronco siga siendo objeto de críticas, además de que ha denigrado su posibilidad de competencia al no decir la verdad.

Adicional se señaló como posible responsable a la empresa que realizó el desarrollo de la aplicación de la recolección de firmas.

“Fue una situación correcta de como se procedió por parte de los independientes y lo que generó toda la problemática fue una inadecuada elaboración de la aplicación. La aplicación tiene un vicio de origen que desde su licitación no cumple con los requisitos establecido por la ley”, indicó Morales a las afueras de la Fepade.

El colaborador de El Bronco indicó que la denuncia presentada tiene como propósito limpiar el nombre del gobernador con licencia, que siguen siendo señalado en medios de comunicación y de manera pública, ayudado por las declaraciones imprecisas del INE, quien ha calificado al candidato como un tramposo.

Por su parte el candidato indicó que el INE tiene temor a su candidatura. “¿Por qué no fiscalizan al PRI, al PAN, a Morena, que les dan dinero público?, ¿por qué están jode y jode conmigo, cuál es el plan, tienen miedo?, es temor quizás porque los consejeros son puestos por los partidos políticos y están presionados por los partidos políticos, yo les voy a demostrar de nuevo que no tiene razón”, reclamó.

 

Un juez de control del reclusorio sur de la Ciudad de México determinó vincular a proceso penal a dos auxiliares de aspirantes a candidatos independientes  para diputados, luego de que  la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) obtuviera evidencia de que utilizaron datos del Padrón Electoral del Registro Federal de Electores en formatos simulados.

 

Los formatos utilizados por estas dos personas no fueron expedidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), además de que carecen de elementos como fotografía, impresión dactilar y firma del ciudadano, lo que resulta irregular.

 

Los datos del Registro Federal de Electores fueron utilizados en la aplicación móvil diseñada por INE para captar los apoyos ciudadanos que los aspirantes independientes requerían para obtener la candidatura al cargo de diputado electoral, como lo marca la legislación.

 

Una vez que el juez valoró los datos de prueba que presentaron tanto la fiscalía como la defensa, los imputados fueron vinculados a proceso y se otorgó un plazo de tres meses para llevar a cabo la investigación complementaria.

 

La Ley General en Materia de Delitos Electorales prevé de 60 a 200 días de multa y prisión de tres a siete años “a quien use de manera ilegal, datos de cualquier naturaleza, relativos al Registro Federal de Electores”.

 

 Redacción APO / Foto: Especial

Un nuevo escándalo se abre para el Gobierno Federal en relación al despido de Santiago Nieto, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), quien fue separado de su cargo el año pasado por, según la explicación que dio la PGR, divulgar ilegalmente detalles de una investigación activa, aquella relacionada con el caso Odebrecht y los supuestos sobornos que esta dio a Emilio Lozoya, ex director de Pemex.

 

En entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal, Nieto reconoció su error al haber compartido detalles de la investigación durante una entrevista que ofreció al periódico Reforma días antes de su despido, sin embargo aseguró que esa fue solo la primera parte de los “esfuerzos” que el Gobierno Federal emprendió en su contra para silenciarlo y quitarlo de su camino.

 

Nieto relató al diario que tiempo después de ser despedido, fue citado en un hotel de la Ciudad de México, por un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación, Jorge Márquez, quien en ese entonces era el titular de la Oficialía Mayor, para hacerle saber que el Gobierno Federal quería mantener una buena relación con él, y como gesto de buena fe, le ofreció una fuerte suma de dinero para ayudarlo ante su falta de empleo.

 

“Intentaron comprarme para que guardara silencio”, dijo Nieto, quien afirma que de inmediato respondió que no, pues no podía recibir dinero del Presidente Enrique Peña Nieto.

 

El ex titular de la FEPADE añadió que debido a que ese encuentro no rindió frutos, a las pocas semanas su esposa le dijo que le enviaron fotos anónimas en las que aparecia él con otra mujer, así como mensajes entre él y otras mujeres, lo que provocó que su matrimonio terminara.

 

Detalló que luego de su separación, siguió recibiendo una serie de mensajes amenazantes a través de cuentas anónimas de la aplicación Telegram, incluida una con el alias “La muerte te sigue”. “Un consejo: manténgase alejado de los problemas”, decía uno de los mensajes que fueron revisados por The Wall Street Journal.

 

Santiago Nieto afirmó que teme por su vida y la de sus dos hijas, pues a pesar de que ha denunciado tales actos ante la Procuraduría, no se ha resuelto nada.

 

 

Con información de The Wall Street Journal / Foto: Archivo APO

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó esta tarde ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) una denuncia de hechos por la probable comisión de delitos electorales por parte del gobernador de Chihuahua, Javier Corral y otros servidores públicos de su gobierno.

 

La denuncia fue presentada hoy en la FEPADE por la representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Pastor, quien detalló que la denuncia responde al uso ilícito de recursos públicos y la realización de actos tendientes a incidir en el proceso electoral, al desplegar una campaña de desprestigio en contra del PRI y en beneficio del PAN.

 

“Ciertamente, el gobernador del estado de Chihuahua se encuentra realizando actos de índole partidista con recursos públicos, con la clara finalidad de influir en las preferencias electorales. Como es del conocimiento generalizado, Javier Corral ha desplegado una intensa campaña en medios de comunicación, con el objeto de desprestigiar al PRI”, dijo la priísta.

 

Al asegurar que la Ley General en Materia de Delitos Electorales sanciona a los servidores públicos que destinen, utilicen o permitan la utilización de fondos, bienes o servicios que tengan a su disposición, en apoyo o perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sostuvo que la sanción correspondiente es la inhabilitación para ocupar cargos y la destitución.

 

Esta mañana de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), firmaron dos convenios que buscarán garantizar “elecciones limpias, pacíficas y transparentes” en la capital del país.

 

 

El primero de los convenios fue descrito como un compromiso de blindaje que encabeza dicha fiscalía y que se firmará con todas las entidades del Gobierno de la República, aunque fue la CDMX la primera en hacerlo. “Somos la primera entidad que firma este blindaje y eso es de lo que se trata, precisamente, en el nombre lleva la intención, lleva la finalidad: blindar estas elecciones”, afirmó el jefe de gobierno.

 

Mancera detalló que el segundo convenio firmado permitirá tener un marco conceptual importante en cuanto a esquemas de colaboración y coordinación “porque lo más importante será estar en esta comunicación permanente. No estamos de ninguna manera dispuestos a tolerar o a conceder ámbitos de impunidad”.

 

El mandatario local refirió que su administración tiene el compromiso de trabajar para garantizar “elecciones pacíficas, limpias y transparentes, que den certeza jurídica de un resultado en las urnas donde la población manifestará su voluntad, la cual tendrá que ser respetada por la propia ley”.

 

Héctor Díaz Santana, titular de la FEPADE, señaló que “nosotros como instituciones electorales somos las responsables de generar las mejores condiciones para que el ciudadano pueda votar en paz, libre y, sobre todo, en un marco de una fiesta democrática”.

 

Luego de las órdenes de extradición que se giraran la semana pasada en contra del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que se encuentra en la etapa final para presentar ocho solicitudes más.

 

 

“La PGR se encuentra en la etapa final del procedimiento para formular las solicitudes de extradición de las ocho causas penales pendientes del fuero común contra un ex gobernador de Chihuahua”, indicó la dependencia a través de sus redes sociales.

 

Ante los señalamientos que se han hecho en contra del gobierno federal y la dependencia, sobre no actuar contra el ex gobernador, la PGR añadió que “el trabajo ha sido exhaustivo y ajeno a agendas políticas y electorales”.

 

La confirmación de la Procuraduría llega luego de que la FEPADE atrajera las investigaciones que lleva a cabo la fiscalía de Chihuahua por el presunto desvío de 250 millones de pesos a campañas del PRI en 2016, pues argumentó que los hechos investigados tienen “conexidad” con otros que ya se indagaban a nivel federal.

 

En conferencia de prensa desde la sede nacional del PRI, su dirigente Enrique Ochoa exigió que continúen las investigaciones en la FEPADE por la posible comisión de delitos electorales del Partido del Trabajo y del ahora dirigente del PAN, Damián Zepeda.

 

Indicó que el pasado 7 de noviembre del año en curso, su partido acudió a la FEPADE a levantar la denuncia en contra del Partido del Trabajo, a quien instó en continuar los trabajos de investigación y rendir cuentas sobre la utilización de recursos de procedencia ilícita en los que participaron los llamados CENDIS.

 

Adicional, hizo un llamado para que se investigue lo que se ha publicado en un portal de noticias el día de ayer, que revela que Damián Zepeda, dirigente del PAN, está involucrado en el desvío de recursos del gobierno de Sonora, del ex gobernador panista Guillermo Padrés, para financiar la campaña para la alcaldía de Hermosillo, alcaldía que por cierto el actual presidente del PAN no ganó y que de acuerdo a lo relatado, los hechos tuvieron lugar durante la gestión de Guillermo Padrés como gobernador de Sonora.

 

Acusó que Damián Zepeda perpetró estos actos delictivos desde que se desempeñaba como diputado federal durante el periodo 2012-2015, precisamente cuando Ricardo Anaya era presidente del PAN.

 

Sobre el caso que apunta a que el priísta Alejandro Gutierrez desvió recursos al tricolor para campañas electorales, Ochoa sostuvo que “el detenido tendrá derecho a la presunción de inocencia y en tanto no se pruebe la comisión de un delito, no se pude de prejuzgar”; añadió que “el caso deberá ser investigado y aclarado plenamente por las autoridades competentes a partir de una única valoración válida que es la presentación de pruebas conforme a derecho”.

Héctor Marcos Díaz-Santana quería ser titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) desde hace años. Desde que trabajaba ahí como Coordinador de Asesores de María de los Ángeles Fromow. Y finalmente el viernes, Díaz Santana llegó al Senado a las 4 de la madrugada a escuchar la deliberación de los legisladores que se retrasaron por varias horas pero que finalmente le dieron lo que él percibió como su regalo de navidad: ser el nuevo titular de la FEPADE.

 

Sin embargo, Díaz-Santana recibió en verdad un dulce envenenado. Y es que su nombramiento va acompañado de tres grandes problemas que harán muy complicado su trabajo para prevenir y fiscalizar los delitos electorales en los comicios del 2018.

 

  1. TIEMPO: el primer problema que enfrentará Díaz-Santana será lo acotado del periodo para el que fue nombrado. Y es que, aunque los Fiscales deben durar en el encargo nueve años, en el caso de Díaz-Santana su periodo concluye en noviembre del 2018, apenas unos meses después de la elección presidencial. Esto porque llega simplemente a completar el periodo de Santiago Nieto que fue nombrado por el Senado ante la ausencia de un Fiscal General de la Nación que es quien debiera nombrar al titular de la FEPADE. Pero recordemos que seguimos sin Fiscal General.

El que su periodo esté acotado a once meses lo hace nacer como un fiscal débil porque no tendrá tiempo de integrar expedientes sobre las elecciones del 2018 que sean llevados ante los jueces y que a su vez éstos emitan sentencias.

 

Díaz-Santana podría, ante este defecto del poco tiempo en el encargo, dedicarse a resolver los pendientes que dejó Santiago Nieto. Notablemente el caso Odebrecht. Pero si a Nieto todo indica que se le removió por esta investigación, difícil será que el nuevo titular de la FEPADE lo saque adelante.

 

  1. HUÉRFANO: el segundo problema para Díaz-Santana es que asume un encargo en el que no tiene jefe porque el Senado aún no ha nombrado al Fiscal General y en la PGR sigue un encargado de despacho. La FEPADE debería reportarle al Fiscal General que se supone es autónomo del poder ejecutivo, ósea, del presidente. Pero actualmente Díaz-Santana va a tener que no solo reportarle a la PGR, que depende del Ejecutivo. Además, va a tener que acercarse a ésta para pedirle de todo para poder hacer su trabajo.

 

Columna completa en EL Universal

Foto: Archivo APO

El nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Héctor Díaz-Santana Castaños, indicó que durante estos primeros días al frente de la dependencia, revisará los casos que se tienen pendientes para poder revisar el estatus de los mismos y poder trabajar en desahogarlos a la brevedad (entre ellos el caso Odebrecht-Emilio Lozoya), petición que le hicieron los Senadores tras su designación.

 

En entrevista con El Universal, Díaz-Santana negó que tenga algún “padrino” político que le ayudara a llegar al cargo, y aseguró que “tuve el 92% de los votos de los senadores, mi designación habla sobre un  consenso y fue un proceso muy complicado, en el que pasamos por la prueba de un Comité Académico. También los partidos políticos, representados por senadores, tuvieron la oportunidad de explorar nuestro currículo”.

 

Indicó que el cargo se ocupa hoy se los debe a todos los senadores que “votaron por mí y hasta los que no, fueron siete en contra y 92 a favor”. Al respecto indicó que los Senadores le encomendaron la tarea de atender “el caso Odebrecht y otros por ejemplo; hay una preocupación especial por un delito que se presenta y que le llaman el turismo electoral, que es personas de nivel socioeconómico de alta vulnerabilidad, pobres (por así decirlo), a ellos los mueven a otros sitio y los empadronan en otro lugar con la idea de que voten y ese es uno de los delitos que tenemos que atender con mayor energía”.

 

Al ser cuestionado sobre el caso de Odebrecht específicamente, el fiscal electoral aseguró que  “van a seguir todas las investigaciones que tengamos en la FEPADE, incluyendo esa (la de Lozoya). Hay ahorita más de 4 mil casos, vamos a generar un proceso muy rápido”, y sostuvo que se procederá independientemente de quién esté involucrado en la investigación y sin importar el partido que represente.

 

 

El funcionario comento sobre las elecciones del próximo año, y sostuvo que “las instituciones electorales debemos estar muy bien preparadas para lo que pueda venir, por parte de la Fiscalía Especializada tenemos que estar muy cerca de la ciudadanía, para que cuando presenten denuncias respondamos rápido”, asegurando que sobre el posible uso de programas sociales y recursos públicos, “estamos preparando una estrategia de blindaje electoral”.

 

Con información de El Universal / Foto:Twitter

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que depende la Procuraduría General de la República (PGR) ya tiene nuevo titular, luego de que esta mañana el Senado tomara protesta a Héctor Marcos Díaz-Santana.

 

 

La propuesta llegó tras negociaciones que los grupos parlamentarios sostuvieran la madrugada de este viernes, derivando que la Junta de Coordinación Política informara al pleno la decisión de nombrar a Díaz-Santana como el elegido entre los perfiles que había sobre la mesa.

 

El ahora nuevo titular de la FEPADE se encontraba entre los ocho perfiles mejor calificados por el Comité de representantes de instituciones académicas que colaboraron con el Senado para la selección de los aspirantes a dicho cargo.

 

Marcos Díaz-Santana llega a la Fepade luego de la destitución de Santiago Nieto el pasado 20 de octubre.

 

 

Con información de Medios / Foto: Twitter

La Junta de Coordinación Política, recibió del Comité de representantes de instituciones académicas que colabora con el Senado de la República en la selección de los aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (FEPADE), el dictamen con la lista de ocho preseleccionados.

 

De acuerdo a lo informado, los ochos preseleccionados son:

  • Laura Angelina Borbolla Moreno
  • Héctor Marcos Díaz Santana
  • Pedro Miguel Ángel Garita Alonso
  • Blanca Ivonne Olvera Lezama
  • Alejandro Porte Petit González
  • Eugenio Reyes Contreras
  • Enrique Alejandro Santoyo Castro
  • Ricardo Suro Gutiérrez

 

Se detalló que de acuerdo a lo estipulado en la convocatoria emitida, los integrantes del Comité analizaron las propuestas y planteamientos expresados por los aspirantes en sus ensayos y comparecencias públicas ante el órgano legislativo.

 

De la misma forma, la Comisión de Justicia determinó que de los 21 aspirantes que presentaron su registro para ocupar la vacante, sólo 18 cumplieron con todos los requisitos para avanzar en el proceso de selección, siendo tres perfiles los que fueron descartados:  el de Tomás López Cantú por no entregar el ensayo que se requería; el de Mario Enrique Velazco Torres de la Vega por no comprobar que cuenta con conocimientos en materia de derecho electoral, y el de Omar Diego Terrón Blanco, de quien se detectó que su ensayo contenía párrafos plagiados de otro texto.

 

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores informó que al cierre del periodo de recepción de documentos para interesados en dirigir la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales  (FEPADE), perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR), informó que recibió la documentación de 21 aspirantes.

 

La Senadora Ana Lilia Herrera dio a conocer el listado de los aspirantes:

 

  1. Héctor Marcos Díaz Santana Castaños
  2. Eduardo Jesús Castellanos Hernández
  3. Tomás Cantú López
  4. Mario Enrique Velasco Torres de la Vega
  5. Raúl Arroyo González
  6. Omar Diego Terrón Barranco
  7. Ricardo Suro Gutiérrez
  8. Karla Mendoza Morales
  9. Blanca Ivonne Olvera Lezama
  10. Laura Angelina Borbolla Moreno
  11. Augusto José Isunza Padilla
  12. Alejandro Porte Petit González
  13. Nelson Bello Solís
  14. Antonio Sorela Castillo
  15. Eugenio Reyes Contreras
  16. Carlos Enrique Bueno Pérez
  17. Eduardo Alfonso Guerrero Martínez
  18. Enrique Correa Ultreras
  19. José Cuitláhuac Salinas Martínez
  20. Enrique Alejandro Santoyo Castro
  21. Pedro Miguel Ángel Garita Alonso

 

De acuerdo con la Convocatoria emitida por la Jucopo, y aprobada por el Pleno del Senado de la República el pasado 16 de noviembre, la recepción de documentos se realizó los días 17, 21, 22, 23 y 24 de noviembre.

 

Luego de que se aprobara la convocatoria para la elección del próximo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), el día de mañana vencerá el plazo para recibir los documentos de aquellos que estén interesados en ocupar la vacante.

 

De acuerdo a información revelada por el diario Reforma, cuatro han sido los aspirantes que han manifestado su intención de contender por el puesto que dejara Santiago Nieto. Los perfiles son:

 

  • Eduardo de Jesús Castellanos Hernández. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y doctor en estudios políticos.
  • Mario Enrique Velasco Torres de la Vega. Licenciado en derecho y profesor del departamento de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana (UIA). Él ya ocupado cargos públicos, pues en 2013, laboró en la Procuraduría General de la República (PGR) como director de Cooperación Multilateral y Derechos Humanos.
  • Tomás Cantú López. Maestro y doctor en derecho, quien ha fungido como catedrático de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
  • Héctor Díaz Santana, ex coordinador de asesores de María de los Ángeles Fromow, quien hace tres años contendió por el puesto cuando Santiago Nieto Castillo quedó al mando de esta Fiscalía.

Se espera que el próximo martes la Junta de Coordinación Política integre los expedientes de los candidatos y los remita a la Comisión de Justicia.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Luego de una discusión en donde las bancadas de los distintos partidos pudieron argumentar sus posiciones respecto a los criterios con que debe cumplir el ´próximo titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), esta tarde se eliminó el “candado” que blindaba la autonomía de quien ocupe el cargo que dejó Santiago Nieto.

 

 

Con el respaldo de las bancadas del PVEM y del PAN, el grupo parlamentario del PRI propuso eliminar el requisito de que quien llegara a la Fepade no podía haber sido dirigente o haberse postulado a algún cargo de elección popular en los últimos seis años.

 

La medida fue avalada con 64 votos a favor, 33 en contra y una abstención, en donde los legisladores de oposición fueron los principales críticos a dicha propuesta, pues argumentaron que la obligación del Senado es llevar a la institución a un funcionario que no represente los intereses de los partidos políticos, sino de la sociedad.

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO