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El fiscal a cargo de la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia al cargo, confirmó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

«Va a dejar el cargo, tengo esa información y la Fiscalía va a nombrar otro fiscal. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista», contestó el mandatario luego de ser consultado sobre el tema.

La dimisión de Omar Gómez, nombrado en 2019 tras llegar al poder el presidente López Obrador, se confirmó luego de que se supiera que la FGR canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión en contra de exservidores públicos y militares por su relación con el caso, porque «no estaban en el informe» de la comisión de la verdad.

La renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa se hará efectiva a partir del próximo viernes 30 de septiembre.

López Obrador detalló que el Fiscal prefirió dejar el cargo ya que no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión.

«Hubo diferencias, y yo apoyó que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento», defendió el presidente.

López Obrador envió un mensaje a los padres y familiares de los normalistas respecto a que la investigación continuará pese a las presiones que el gobierno federal está recibiendo.

«Nada más decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, a ellos me dirijo de que tengan confianza, de que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean (…) estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia y que yo estoy acostumbrado a resistir», enfatizó.

El presidente se refirió también a sus adversarios, los «conservadores y corruptos» que ordenaron el crimen; les dijo que pese a todos los intentos que haga, «no descarrilarán» la investigación que se sigue.

Al menos 10 personas fueron asesinadas, y otras más resultaron heridas, la noche de ayer en un billar ubicado en el municipio de Tarimoro, en Guanajuato, informaron las autoridades.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en un negocio ubicado en la calle Independencia, en Tarimoro, al sur de Guanajuato.

Sujetos con armas de fuego llegaron al billar y dispararon en contra de un grupo de al menos 10 personas, de las cuales 9 fallecieron en el lugar y 1 más murió en su traslado al hospital.

En el lugar fueron halladas cartulinas con las siglas del Cártel Santa Rosa de Lima, que en los últimos años ha azotado el estado y que controla el trasiego de drogas y de combustibles además de extorsiones.

Agentes de la Guardia Nacional, de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y de la Policía municipal llegaron al lugar para vigilar la zona, aunque hasta el momento no se reportan detenidos.

El episodio de este miércoles refleja la ola de violencia que aqueja a México, que registró 33,308 homicidios en 2021 después de los 2 años más violentos de su historia, bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.

Al respecto, esta mañana, el presidente López Obrador indicó que «ayer fue un día difícil», uno de los días de mayor violencia, haciendo énfasis en lo sucedido en Guanajuato.

«Hubieron 91 homicidios, pero saben donde hubieron más, en Guanajuato, para variar», señaló el mandatario.

Se indicó que el 42% de los homicidios ocurridos ayer miércoles 21 de septiembre, ocurrieron en tres estados: Guanajuato, Oaxaca y Veracruz. Sin embargo, el 22% del total se registraron en Guanajuato, es decir 20 homicidios. Esto le sirvió a AMLO para reclamar el actuar de los senadores.

«Y los senadores de Guanajuato en contra de qué la Guardia Nacional cuente con el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Defensa» en tareas de seguridad, sostuvo.

Indicó que independientemente de qué haya diferencias políticas con las autoridades locales, el gobierno federal actúa con responsabilidad protegiendo a la gente de Guanajuato. Lamentó que el gobierno local no ayude, pues mantiene al fiscal de Guanajuato, quien lleva 15 años en el cargo.

«No lo cambian porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo que tiene muchas influencias y muchas agarraderas», criticó el presidente.

«No ayudan, porque mezclan las cosas. Podemos tener diferencias políticas, pero cómo no nos ponemos de acuerdo en esto si es la seguridad de la gente. Lo que está fallando es que no está bien la fiscalía y cuenta mucho el fiscal. Les puedo poner el ejemplo de Veracruz; había un fiscal que ahora está detenido y enfrenta un proceso. Se cambia el fiscal y baja la incidencia delictiva» del Estado, indicó.

Afirmó que si hay complicidad entre autoridades y delincuencia, es muy difícil que la violencia cese.

Insistió en que él personalmente le ha dicho al gobernador que es necesario remover al fiscal, pero no ha podido hacer nada ya que el fiscal pertenece a un grupo al interior del PAN muy fuerte.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cámara de Diputados solicitó a las autoridades correspondientes aplicar las sanciones respectivas a Renato Sales Heredia, Fiscal de Campeche, por no acudir a comparecer, para esclarecer el ejercicio de recursos públicos federales.

“Se incumplió una determinación legal de este órgano legislativo que fue comunicada en tiempo y forma. Lo anterior da pie a que ésta presidencia de la Comisión (…) proceda a solicitar ante las autoridades correspondientes se apliquen las sanciones respectivas al Renato Sales Heredia por no acudir a comparecer”, expuso en una conferencia de prensa el presidente de la comisión, el priísta Pablo Angulo Briceño.

Dijo que se solicitará a la ASF continúe con el trámite de la denuncia interpuesta en contra de Sales Heredia, a fin de que se le sancione en los términos de la legislación penal aplicable.

Recordó que en la octava sesión ordinaria, celebrada el pasado 17 de agosto, se aprobó citar al fiscal el día 23 del mismo mes, a fin de que aclarara y justificara aspectos vinculados con la auditoría de DN19-006 llevada a cabo por la ASF respecto de las cuentas públicas 2015, 2016, 2017 y 2019 en la que se determinó un daño patrimonial a la hacienda pública federal por la cantidad de 807 millones de pesos.

“Como presidente de la Comisión de Vigilancia dejo claro mi compromiso de citar a comparecer a cualquier funcionario público o exfuncionario que haya hecho mal uso de los recursos públicos. La facultad exclusiva de las fiscalizaciones es de la Cámara de Diputados y deposita en la comisión esta potestad, la cual en todo momento habremos de ejercer”, añadió el diputado.

Subrayó que el fiscal está en desacato a las disposiciones legales y no se pasará por alto que haga caso omiso a una comparecencia, a las que está obligado. Refirió que aunque el funcionario mostró en sus redes sociales un documento donde comparece por escrito, y aparece el sello de recibido por parte de la Cámara de Diputados, “seguramente lo acaba de presentar hace unos momentos”.

Diputados de la Comisión señalaron que la solicitud surge porque se ha descubierto que Sales Heredia “es el gran espía de México y hay una gran documentación que lo prueba; serán presentadas en su momento y podrán descubrir la tremenda red de espionaje que existe en México”, que afecta a todo aquel que incomoda al régimen, incluidos legisladores y periodistas.

Sin embargo, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, sostuvo que la reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la que se acordó citar a comparecer al fiscal General de Campeche fue ilegal toda vez que no alcanzó el quórum para su realización y además no tiene la facultad para convocar a un funcionario estatal.

En ese sentido, defendió que Sales Heredia no asistiera a la reunión de la Comisión.

“No puede asistir a un acto que fue ilegal, que está fuera de la normatividad y del reglamento de la Cámara de Diputados. La sesión no existió, no hay un reconocimiento legal porque no había quórum”, indicó el morenista.

Acusó que dicha cita “obedece más bien a una necedad política de un diputado (Pablo Angulo, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF) que quiere ayudar, y eso está bien, a un amigo de él, que fue su jefe, que lo ha tutelado durante toda su carrera política”, en referencia a Alejandro Moreno Cárdenas, diputado y dirigente nacional del PRI.

Mier Velasco explicó que la única instancia que puede llamar a comparecer a un funcionario del ámbito estatal es la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, integrada por la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Si nosotros permitiéramos un acto de esta naturaleza, al rato cualquiera va a estar haciendo que comparezcan en función de intereses políticos”, añadió el morenista.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitará a Renato Sales Heredia, fiscal del Estado de Campeche, comparezca para que explique el presunto desvío de 800 millones de pesos en equipos de espionaje, cuando fungía como comisionado nacional de Seguridad Pública.

“Se solicitó que venga el ahora fiscal de Campeche, pero que fue comisionado nacional de Seguridad Pública, porque la ASF lo ha denunciado por el presunto desvío de 800 millones de pesos de equipo de espionaje”, informó el presidente de la comisión, el priísta Pablo Guillermo Angulo Briceño.

Aclaró que la Comisión de Vigilancia tiene facultad, expresa en la Constitución, de llamar a comparecer a servidores públicos que han sido observados en procesos de fiscalización, “más aún cuando hay denuncias penales”.

La solicitud de comparecencia llega luego de que Renato Sales acudiera esta semana a la Cámara de Diputados para solicitar el desafuero del diputado Alejandro Moreno Cárdenas, también presidente nacional del PRI, toda vez que se le investiga por enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de sus atribuciones y facultades.

En ese sentido, Pablo Guillermo Angulo Briceño indicó que también se pidió fiscalizar a Alito Moreno.

“Le hemos pedido a la ASF realice la fiscalización, y quede claro que estamos a favor de la fiscalización, pero en contra de la persecución política que Morena y sus aliados pretenden imponer”, sostuvo.

Expresó que, pese a la negativa de Morena, algunos diputados y diputadas del bloque mayoritario están a favor de citar a Sales Heredia, así como investigar el caso de Segalmex.

Angulo Briceño manifestó su disposición de trabajar para combatir la corrupción, pero no persiguiendo opositores.

Por su parte el diputado Hiram Hernández Zetina del PRI, también integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, indicó que se esperará a Renato Sales en comparecencia; incluso dijo que «si no viene, como ya tiene un citatorio oficial y formal de esta comisión, va a incurrir en responsabilidades, e incluso en mi carácter de diputado federal, llamaré a la fuerza pública federal para que lo traiga a comparecer, aunque sea por la fuerza”.

Agregó que Renato Sales usa la justicia de manera selectiva. Recordó que el fiscal ya tiene una denuncia interpuesta por la propia Auditoría Superior de la Federación del pasado 11 de mayo de 2022, en la que se le acusa y se le piden explicaciones por el presunto robo de un equipo de espionaje.

«Esto es muy grave, porque Renato Sales tiene en su posesión este equipo de espionaje con el que está espiando a los políticos de la oposición. No lo podemos permitir en México, porque eso representa ya no un régimen democrático, sino una dictadura. Todos estamos siendo espiados por el Gobierno Federal”, remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en defender la actuación del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien dijo, no ha cometido delitos «graves» como para solicitar su remoción.

López Obrador fue cuestionado sobre cuáles son las razones para seguir respaldando a un funcionario que ha sido señalado de diversos delitos y omisiones. Se le preguntó si el Fiscal está por encima de la ley, e incluso por encima del jefe del Ejecutivo.

«No, no, no, todo mundo, todos los servidores públicos tenemos que actuar con apego a la Constitución y a las leyes. Y si se cometen delitos graves, los servidores públicos podemos ser enjuiciados (…) cualquier persona puede ser juzgada, cualquier servidor público, y tiene que probarse nada más que se trata de delitos que se han cometido. En el caso de la fiscalía, para la remoción del fiscal, lo puede solicitar el presidente si considera que el fiscal ha cometido delitos graves», respondió AMLO.

Y aunque reconoció que es el Presidente quien puede solicitar la remoción del titular de la FGR, dijo que él considera, «y ese es mi criterio, que el fiscal no ha cometido delitos graves.

«Hasta lo que yo tengo conocimiento y no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, el fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal, así de claro», justificó.

Explicó que él como presidente y responsable de la gobernabilidad del país, busca que se mantenga la paz y la tranquilidad en México.

Dijo que aunque no le guste a sus adversarios, a los conservadores, México tiene paz y tranquilidad, que reconoció no es plena, pero que trabaja todos los días con ese propósito.

«Pero no es que vivamos en la anarquía, en el desorden. ¿Cuántas manifestaciones en contra del gobierno ha habido? ¿Cuántas veces han llenado el Zócalo para protestar en contra del gobierno? (…) ¿qué pasó con Frenaa? ¿Por qué no convoca Claudio X González al Zócalo?», dijo el mandatario.

El tema le sirvió a AMLO para asegurar que, a diferencia del ambiente que pretenden hacer creer sus adversarios, la gente tiene confianza en el gobierno. «Hay esperanza».

Afirmó que su administración seguirá adelante, siendo muy respetuosos de todas las instancias y tomando decisiones cuando sean necesarias.

Remató asegurando que la Fiscalía sí trabaja, aunque cuestionó el diseño de autonomía con que se dotó a la FGR, pues dijo, es el equivalente a todos los órganos autónomos que fueron creando para dejar sin poder, o rodear por completo al presidente.

Alejandro Gertz Manero ha abusado del despacho que ocupa de forma más que clara. La Fiscalía General de la República le ha servido para atender con los recursos de la oficina (poder y dinero) sus rencillas personales. El caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán es la evidencia más clara, aunque no la única.

A Alejandra Cuevas la tuvo en prisión 528 días por un delito que ni siquiera está catalogado, la de “garante accesoria”. A su madre, Laura Moran, de 98 años, la tuvo en arresto domiciliario porque consideró que no cuidó como debía de su hermano, Federico. Laura y Federico fueron pareja 53 años. Una relación que al hoy fiscal Gertz nunca le pareció porque, entre otras cosas, ella era mayor que él y divorciada, pero eso es harina de otro costal.

Lo que es incomprensible es que ante la evidencia clara y contundente que dieron las llamadas filtradas entre Gertz y su segundo en la Fiscalía, Juan Ramos, en donde ambos discutían el proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán, que no era público, para ver cómo lograr mantener a Alejandra en prisión, y ante el posterior fallo unánime de la Suprema Corte (11 a favor y 0 en contra) de su liberación lisa y llana, el fiscal siga en el cargo.

Ayer en su conferencia mañanera el presidente López Obrador refrendó su confianza en Gertz.

¿Por qué sigue el presidente sosteniendo a Gertz Manero al frente de la FGR?

Si López Obrador decide solicitar la remoción de Gertz, fortalece a Ricardo Monreal por partida doble. Primero porque la solicitud la tiene que enviar al Senado y ahí, es con el voto de las dos terceras partes de los senadores que se aprueba esta solicitud del Ejecutivo. Una vez que procede la remoción, Monreal vuelve a ser determinante porque es el mismo Senado el que ratifica al nuevo titular de la FGR.

Es claro que en su ejercicio adelantado de la sucesión presidencial lo que menos quiere López Obrador es fortalecer a Monreal. Además, en el esquema actual el presidente garantiza un Fiscal que está de rodillas, a su merced. Si el presidente decidiera solicitar su remoción, Gertz pierde todo el poder. Bien dice el dicho que el poder da amigos de mentiras y enemigos de ‘a de veras’, a los que se conoce una vez perdido este poder.

Lo que resulta inexplicable es la falta de escándalo que este episodio debiera ser para la abogacía. El caso de Alejandra Cuevas demostró que en México es irrelevante tener o no razón; tener o no buenos abogados. Quienes sacaron a su madre de Santa Martha fueron Ana Paula, Alonso y Gonzalo Castillo, sus hijos. Ellos se presentaron ante el Fiscal; se le arrodillaron al ministro Zaldívar; hablaron con los medios y vivieron en un infierno para enfrentar a Goliat. Sus abogados no pintaron para lograr que su madre esté hoy libre. El sistema legal no sirve y esto es una muy mala noticia para los abogados de México.

Si quieren ser relevantes tendrían que unirse en contra del fiscal. Gertz Manero es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. ¿En dónde están sus manifestaciones en Palacio Nacional en contra de que un abogado como Gertz sea el titular de la FGR? ¿En dónde sus cartas pidiendo que se remueva del cargo a quién ha abusado de su poder? ¿En dónde su comunicado anunciando que expulsan a Gertz de sus órganos para poner cuando menos un mínimo de presión al presidente? O ¿Acaso es sostenible un Fiscal que ha sido expulsado de la BMA y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México?

Columna completa en El Universal

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó esta tarde a las acusadas de matar al hermano del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en un polémico caso por el presunto abuso de la Fiscalía para perseguir a las mujeres.

El pleno aprobó con unanimidad de 11 votos los proyectos del ministro Alfredo Gutiérrez para eliminar la orden de arresto de la cuñada del fiscal, Laura Morán, acusada de «homicidio doloso de concubino», y liberar de forma inmediata a la hija de ella, Alejandra Cuevas, presa por «comisión por omisión accesoria» por la muerte de Federico Gertz en 2015.

“La orden de aprehensión dictada en su contra es inconstitucional porque implícitamente supone que ella, como concubina de un hombre, estaba de alguna manera obligada a garantizar no solo la conservación de salud, sino prácticamente la prolongación de su vida», argumentó Gutiérrez sobre el caso de Laura Morán.

La nueva propuesta se discutió después de que la Suprema Corte pospusiera el pasado 14 de marzo un fallo definitivo sobre el caso de la muerte del hermano del fiscal general, quien protagonizó un escándalo por un audio filtrado antes de esa votación en el que presumía del apoyo de «tres o cuatro ministros» de la SCJN.

Tras esta polémica, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, indicó que en «estas votaciones no ha habido ninguna incidencia ajena», ya que los 11 ministros del pleno escucharon a todas las partes involucradas.

“Estamos votando con toda libertad e independencia, como se está acreditando en este acto. De tal suerte que esta atracción reitera la independencia y legitimidad de la Corte”, sostuvo Zaldívar, quien se ha mostrado cercano al actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los ministros de la SCJN coincidieron en la falta de pruebas para culpar a Laura Morán, cuñada del fiscal y con más de 90 años de edad, a quien Gertz Manero acusaba de «comisión por omisión» por la muerte de su hermano, quien falleció de un infarto agudo al miocardio tras una larga enfermedad.

«No se tomaron en cuenta las condiciones particulares de la quejosa para determinar si en verdad incurrió en una omisión en el deber de cuidado de su concubino. Creo que, a pesar de su edad y falta de conocimiento médico especializado, de manera razonable la quejosa acudió a servicios médicos», expuso la ministra Margarita Ríos-Farjat.

Mientras que en el caso de Cuevas, que se encontraba en prisión preventiva desde 2020, el proyecto del ministro Gutiérrez consideró que «se utilizó una figura inexistente en la legislación penal: la de garante accesoria».

Minutos antes de las 16:00 hrs, Cuevas salió del penal de Santa Martha Acatitla. Tan pronto abandonó prisión, ofreció unas palabras ante los representantes de los medios de comunicación, en donde dijo que de no ser por el apoyo que recibió y la atención que recibió por parte de los medios, el fiscal general de la República LA hubiera sepultado para siempre en la cárcel «con un delito que él fabricó».

Antes de este fallo, Alejandra Cuevas y su hija Ana Paula Castillo consiguieron otro amparo que las protege de alguna nueva orden de aprehensión por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer esta tarde el proyecto a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, por el que propone conceder amparo liso y llano a Laura Morán y Alejandra Cuevas, cancelando así los procesos iniciados en su contra por la muerte del hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero.

La Corte indicó que los proyectos se discutirán en breve, por lo que se estaría ordenando la inmediata liberación de la sobrina política del titular de la FGR. Sin embargo, no se dio fecha exacta de esta discusión.

Detalló que en los amparos en revisión 540 y 541, se propone abandonar un criterio vigente desde hace diez años, que imponía limitaciones a lo que las personas inculpadas podían hacer cuando se les había concedido un amparo por defectos formales y no lo impugnaban, pero la autoridad o la víctima sí lo hacían.

Explicó que tradicionalmente y dada cierta aproximación a lo que se conoce como “recurso adhesivo”, las personas inculpadas sólo podían defender “lo que ya habían logrado” pero no podían discutir lo que no habían logrado: es decir, tratar de obtener una solución a su problema jurídico real en un recurso interpuesto por el ministerio público o la víctima.

Este es el momento, dice el proyecto, de acogerse a una nueva concepción de los recursos para que de acuerdo con las disposiciones de derechos humanos constitucionales e internacionales, sean sencillos, accesibles y efectivos.

«No debe darse oportunidad a las personas inculpadas de perseguir una solución completa a un problema que atraviesa su libertad personal cuando han recibido un amparo basado en vicios formales y el ministerio público o la víctima han combatido esa resolución», indicó la Corte.

El proyecto deja claro que ahora sólo se resuelve lo relativo al alcance de un recurso adhesivo en materia penal. Por tanto, queda pendiente su estudio en otras materias. Así, el proyecto propone la concesión del amparo liso y llano a las inculpadas en ambas causas y sugiere ordenar su inmediata libertad.

Las inculpadas son consideradas presuntas responsables del homicidio de Fernando Gertz, ya que se asegura que las mujeres fueron negligentes en su cuidado cuando les correspondía desempeñarlo con toda diligencia para evitar su muerte.  En el caso de Laura Morán, por tratarse de su concubina, y en el caso de la señora Alejandra Cuevas, por tratarse de la hija de la pareja de Federico Gertz.

El proyecto destaca que en el caso de Alejandra Cuevas se utilizó una figura inexistente en la legislación penal: la de garante accesoria.

De acuerdo con la Constitución, no hay delito sin ley. Por tanto, el proyecto afirma que la inexistencia de la figura basta para eliminar cualquier responsabilidad a Cuevas, en la muerte de Federico Gertz, una persona de avanzada edad y con distintos padecimientos de salud.

En el caso de Laura Morán, el proyecto identifica que el deber de cuidado que se le impuso excede el límite de lo razonable.

«No es posible esperar que una mujer sin conocimientos especializados y en franca situación de vulnerabilidad, pues tenía 88 años, se condujera como si tuviese habilidades excepcionales para evitar la muerte de una persona gravemente enferma. Es lógico, por tanto, que no puede ser responsabilizada por un resultado, la muerte de su pareja sentimental de 50 años, que razonablemente no podía evitar», adelantó la Corte.

En días pasados, la Suprema Corte envió los expedientes de Alejandra Cuevas y Laura Morán, a la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Al respecto, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, afirmó que Gutiérrez Ortiz Mena se comprometió a presentar “a la mayor brevedad” las propuestas en las que la Corte analizará si fue legal emitir la orden de aprehensión contra Laura Morán, y el auto de formal prisión contra su hija Alejandra Cuevas, quien permanece en el penal de Santa Martha Acatitla desde octubre de 2020.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, denunció este miércoles una extorsión mediática criminal en su contra luego de que se filtraran audios en los que se le escucha hablar sobre el juicio que se lleva a cabo en la Suprema Corte relacionado con la muerte de su hermano y su familia política.

“Yo siento que estamos frente a una verdadera extorsión mediática criminal. Déjame repetirlo, extorsión mediática criminal”, aseveró el funcionario durante una entrevista con Radio Fórmula.

Gertz afirmó que esta extorsión tiene como objetivo lincharlo pues, según él, las investigaciones de la dependencia que encabeza están “atentando contra intereses espurios de grupos”.

El fiscal respondió así a la filtración que se dio en YouTube a finales de la semana pasada donde en varios audios, conversa con el fiscal Juan Ramos, hombre de su confianza.

En estas conversaciones hablan del juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y revelan una supuesta intervención de Gertz para lograr que el Alto Tribunal apruebe una resolución en su favor en el caso que impulsa contra la expareja y la exhijastra de su hermano Federico, a quienes acusa de haberlo asesinado.

De esta manera, hablan del apoyo que varios jueces de la Suprema Corte podrían dar a su favor, mientras que hay uno de los magistrados, Alberto Pérez Dayán, que pretendería dejar en libertad a Alejandra Cuevas, hija de la expareja de su hermano.

Según Gertz Manero, ambas mujeres propiciaron en 2015 la muerte de su hermano por negligencia.

En la entrevista, el fiscal aceptó que en las conversaciones filtradas sí estaba tocando el tema de su excuñada, pero aseguró que no habló en la forma en la que se presenta en los audios ya que el caso de la muerte de su hermano Federico nunca ha sido tramitado por la FGR, pues es del fuero común.

“Dicen: ‘el fiscal la metió en la cárcel, usando a la Fiscalía de la República para meterla a la cárcel’. Nada más falso. La institución no tiene ninguna injerencia en ese asunto”, justificó.

Cuestionado sobre si tiene la intensión de renunciar debido a las acusaciones de abuso de poder y tráfico de influencias, el fiscal dijo que eso “no pasa por mi cabeza”.

Aseveró que los grupos supuestamente afectados por sus investigaciones se han dedicado a propiciar un linchamiento en su contra y buscan una «guerra de lodo» para descalificarlo.

Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que Gertz Manero debe mantenerse en el cargo pese al escándalo de la difusión de las llamadas. “Pienso que sí (debe permanecer en su cargo)», respondió a pregunta expresa de una periodista.

El mandatario dijo que magistrados de la Suprema Corte como José Ramón Cossío buscan la salida del fiscal del cargo por una «postura de tipo política».

“Eso lo va a resolver la Suprema Corte. Y no caer en el maniqueísmo de buenos y malos, porque no son unas blancas palomas estos que están buscando la salida del fiscal», remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró este lunes tener «confianza» en el Fiscal Alejandro Gertz Manero, esto luego de la filtración de unos audios en los que este habla de un juicio en la Suprema Corte relacionado con la muerte de su hermano y que podría representar un caso de tráfico de influencias.

«No los escuché pero sí tengo la información de lo básico y opino que tiene que resolver la Corte sobre este caso. Yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado con su hermano. Lo entiendo. Entonces él quiere que se haga justicia», dijo el presidente al ser cuestionado sobre el tema.

El mandatario aseguró que el caso lo resolverá el Poder Judicial, y con eso evitó pronunciarse sobre si Gertz Manero tuvo acceso al expediente de forma irregular.

«Está en manos del Poder Judicial, si él habla mal de los ministros (de la Suprema Corte) es su visión de las cosas. Yo también lo hago a veces. No es que hable mal, pero no les tengo confianza a algunos ministros y desde luego no les tengo confianza a jueces porque no han demostrado actuar con rectitud», reclamó el presidente.

Sobre todo, continuó, «no han entendido que deben de hacer Justicia pensando en todos, no solo pensando en las minorías». Puso de ejemplo a los jueces que dan amparos a las empresas «extranjeras» del sector eléctrico y, según él, en detrimento del pueblo.

A pregunta expresa, aseguró tener «confianza» a Gertz Manero: «Sí, tengo confianza en el fiscal».

Una periodista le preguntó sobre el supuesto abuso de poder y el tráfico de influencias que puede representar lo dicho en la conversación que se filtró y que desde el fin de semana circula en redes sociales.

«Ahora, si va a utilizar su cargo para influir en el caso habría que esperar al resultado de los ministros. Hay que esperar el juicio, porque no depende de la Fiscalía, depende del Poder Judicial, en esta etapa», esgrimió el presidente.

Como suele suceder en todos los caso polémicos, López Obrador dijo que este caso tenía «tintes políticos» y buscaba «tumbar» al fiscal.

Y es que el fin de semana se dio la filtración de varios audios en donde Gertz Manero conversa con el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales e la FGR, Juan Ramos, hombre de su confianza.

En estas conversaciones hablan del juicio en la Suprema Corte y revelan una supuesta intervención de Gertz Manero para lograr que el Alto Tribunal de una resolución en su favor en el caso que impulsa contra la expareja y la exhijastra de su hermano Federico, a quienes acusa de haberlo asesinado.

De esta manera, hablan del apoyo que varios ministros de la Corte podrían dar a su favor, mientras que hay uno de los magistrados, Alberto Pérez Dayán, que pretendería dejar en libertad a Alejandra Cuevas, hija de la expareja de su hermano.

Según Gertz Manero, ambas mujeres propiciaron en 2015 la muerte de su hermano por negligencia. La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este fin de semana que abría una carpeta de investigación por espionaje contra el fiscal general

El Gabinete de Seguridad del gobierno federal informó que por «instrucción presidencial», se envió un equipo especializado a Tijuana, Baja California, para apoyar en las investigaciones en torno al asesinato de dos periodistas registrados la semana pasada.

En un comunicado, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, explicó que se instruyó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, «a trabajar» en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la administración local para esclarecer los casos de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, asesinados el 17 y el 23 de enero, respectivamente.

El caso de Maldonado, asesinada el pasado domingo al llegar a su casa, ha levantado polémica e indignación, pues fue la propia comunicadores quien viajó a Ciudad de México en 2019, a la conferencia matutina del presidente López Obrador, para exponer que se sentía amenazada y que en cualquier momento podía morir. La periodista pertenecía al programa de Protección para Periodistas de Baja California, pero la vigilancia que se le brindó no fue permanente.

Mientras que Martínez, quien contaba con una larga trayectoria como fotoperiodista en la cobertura de notas relacionadas con temas de seguridad y violencia para diversos medios nacionales e internacionales en Tijuana también fue asesinado afuera de su domicilio hace una semana.

En la nota se apunto que Mejía Berdeja estuvo en Tijuana con el Fiscal General, Ricardo Iván Carpio Sánchez, para hacer una inspección a la vivienda de Lourdes Maldonado, en el fraccionamiento Las Villas.

En el lugar, el subsecretario reiteró el apoyo «irrestricto» al gobierno de Baja California para fortalecer líneas de investigación y dio a conocer que existen avances importantes en las indagatorias.

El funcionario señaló que existe una representación importante del Centro Nacional de Inteligencia, de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar), de la Guardia Nacional, de la Coordinación Antisecuestros y dijo que todas van a trabajar junto con el fiscal General, Ricardo Carpio, además de que habrá un fiscal especializado para ambos casos.

Recordemos que el presidente ha garantizado que se investigará el asesinato de Lourdes Maldonado. «Duele mucho lo que pasó en Tijuana, vamos a llevar a cabo toda la investigación».

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga las transferencias millonarias de una empresa inmobiliaria cuyo socio es el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, según publicó este martes El Universal.

Los documentos filtrados al diario muestran que la UIF indaga transferencias de entre 2015 y 2021 de la Inmobiliaria Algerman, de la que son socios Gertz Manero y su yerno José Antonio Martí, además de tener como representante legal a Juan Ramos López, actual subprocurador de delitos federales.

La empresa, presuntamente, realizó entre esos años transferencias electrónicas en las que mandó 119 millones de pesos y recibió 35 millones de pesos a nivel internacional y de supuesta manera irregular.

Las transferencias abarcan el periodo en el que Gertz Manero ha sido titular de la Fiscalía General de la República (FGR), a la que llegó en 2019 luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo propusiera para el cargo.

Además de estos montos, la investigación de El Universal destaca que en 2020 la inmobiliaria recibió una transferencia por 1 millón de dólares de una cuenta del Banco Credit Suisse y otra transferencia de 1.5 millones de dólares a través de Scotiabank México.

Pese a que el diario reportó los números de folio de los documentos, la UIF envió una breve carta después de su publicación para afirmar que «el supuesto informe no existe».

Esta filtración es adicional al reporte hecho ayer por El Universal, que reportó que la UIF investigaba a Gertz Manero por su amplio historial en transacciones millonarias y autos de lujo. Lo más llamativo fue que entre 2013 y 2021 el fiscal gastó, en poco más de un año, 109 millones de pesos en autos de lujo.

También sobre esta primera filtración, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende de la Secretaría de Hacienda, respondió que «es completamente falsa. El supuesto ‘informe’ no existe».

Pero la información sacudió a la política nacional porque coincidió con otra filtración hecha al diario Reforma de una denuncia anónima ante la FGR por el presunto enriquecimiento ilícito de Santiago Nieto, extitular de la UIF. Ambas revelaciones encendieron la alerta sobre la rivalidad que ya se comentaba desde el pasado entre Nieto y Gertz Manero.

Cuando Nieto dirigió la UIF tuvo roces públicos con el fiscal por el rumbo de las investigaciones, pero ahora el titular es Pablo Gómez, cercano a López Obrador. El presidente no se ha pronunciado sobre estos actos, pero en pasadas acusaciones hechas contra el fiscal ha reiterado que «es un hombre de su confianza».

Un total de 136 países acordaron este viernes un impuesto de sociedades del 15% a nivel mundial a partir de 2023, que busca limitar la optimización fiscal de las grandes multinacionales y la rivalidad entre países por sus impuestos.

El «histórico» pacto redistribuirá a países de todo el mundo más de 125,000 millones de dólares en beneficios de unas 100 de las multinacionales más grandes y rentables del mundo, anunció la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esta medida, promovida por la organización con sede en París, recibió un impulso decisivo con la llegada en enero de Joe Biden a La Casa Blanca, que se plasmó en un primer acuerdo a mediados de año que acabó de perfilarse este viernes.

«El acuerdo de hoy representa un logro único en una generación para la diplomacia económica. Hemos convertido las incansables negociaciones en décadas de mayor prosperidad», dijo la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen.

Solo cuatro de las 140 jurisdicciones involucradas en las conversaciones no se sumaron finalmente a la iniciativa: Kenia, Nigeria, Pakistán y Sri Lanka, pues al final sí se consiguieron los apoyos de Irlanda, Estonia y Hungría.

El visto bueno de Irlanda no es menor. Dublín acoge las sedes europeas de los gigantes norteamericanos de internet como Facebook, Google y Apple, ya que cuenta con uno de los impuestos de sociedades más bajo del mundo, del 12.5%.

«Todos los países del G20», «todos los de la Unión Europea» y «todos los de la OCDE» han dado su visto bueno a la propuesta, que se presentará a finales de mes a los mandatarios del G20 en Roma, celebró el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

La medida se estructura en dos pilares. Uno de ellos es un tipo impositivo mínimo del 15% para las empresas con más de 867 millones de dólares de facturación. Para lograr el apoyo de Irlanda, se eliminó la referencia a «al menos» un 15% de la propuesta inicial.

El otro pilar busca que los ingresos abonados por las grandes empresas lleguen a los países donde obtienen sus ingresos y no donde tienen su sede social, limitando así las controvertidas prácticas de optimización fiscal.

Esta medida se aplicará a las multinacionales cuya facturación mundial supere los 23,000 millones de dólares y cuya rentabilidad sea superior al 10%. Se gravarán así el 25% de los beneficios en este apartado.

«Pedir a las grandes empresas que paguen la cantidad correcta de impuestos no es sólo una cuestión de finanzas públicas. Es sobre todo una cuestión de equidad básica», reaccionó la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que llamó a implementar el pacto.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acosó sexualmente a varias mujeres y generó un «clima de miedo» dentro de su administración, según una investigación revelada el martes.

«Besos y abrazos no deseados», «toqueteos e insinuaciones sexuales»: una pesquisa independiente de cinco meses concluyó que Cuomo «acosó sexualmente a varias mujeres y, al hacerlo, violó la ley federal y estatal», señaló la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, y agregó que entre las víctimas había «actuales y ex» funcionarias.

El explosivo informe detalla las acusaciones de 11 mujeres que pintan un cuadro «profundamente perturbador pero claro» de un patrón de comportamiento abusivo por parte del gobernador y su personal de alto rango, indicó en rueda de prensa.

James dijo que el caso, que mostraba «un ambiente de trabajo hostil para las mujeres», era «de naturaleza civil» y no estaba claro si Cuomo enfrentaría un proceso penal.

La investigación también descubrió que Cuomo y su equipo cercano tomaron medidas de represalia contra al menos una exempleada por denunciar su supuesta experiencia.

El gobernador negó rápidamente los señalamientos. «Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni hice insinuaciones sexuales inapropiadas», afirmó en un discurso televisado, en el que no dio indicios de que estuviera considerando dejar su puesto.

«Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy. Y ese no es quien he sido», aseveró, y agregó que había publicado una respuesta a las acusaciones en su sitio web: «Por favor, tómese el tiempo para leer los hechos y decidir por sí mismos».

Durante su mensaje, Cuomo buscó desmentir las acusaciones, señalando que solo trataba de «conectar» con la gente y mostrarles su aprecio.

«Ahora entiendo que hay perspectivas generacionales o culturales que, francamente, no las había apreciado del todo. Y he aprendido de esto», dijo.

Según detalles de la investigación conocidos en la rueda de prensa, una exempleada dijo que el político le metió la mano por debajo de la blusa el año pasado, mientras que una policía contó que le tocó la cintura y la cadera.

«Su conducta fue «no sólo comportamiento afectuoso anticuado, como él y algunos miembros de su personal tendrían, sino acoso sexual ilegal», dijo Anne Clark, una de las abogadas al frente de la investigación. «A todas les resultó perturbadora, humillante, incómoda e inapropiada» su conducta, dijo el otro abogado que lideró la pesquisa, Joon Kim.

Al respecto, La Casa Blanca tachó este martes de «aberrantes» los actos de acoso sexual en los que incurrió presuntamente el gobernador, aunque evitó opinar directamente sobre si el político debería de dimitir.

«No creo que nadie pudiera haber visto esta mañana (el anuncio de la Fiscalía de Nueva York) y no haber considerado aberrantes las acusaciones. A mí por lo menos me lo parecieron», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.

No obstante, la portavoz evitó responder a múltiples preguntas sobre si Biden cree que Cuomo debería dimitir. Lo que sí aclaró Psaki es que Biden no había hablado por teléfono este martes con el gobernador, que pertenece igual que él al Partido Demócrata.

Más tarde, el presidente Joe Biden pidió la renuncia del gobernador Andrew Cuomo. «Creo que debería renunciar», dijo Biden a periodistas en una conferencia de prensa desde La Casa Blanca.

El gobierno federal inició una investigación contra el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, en cuya gestión el estado se ha convertido en la entidad más violenta de todo el país, debido en gran medida a la disputa que existe entre cárteles de la droga.

Las autoridades federales han rastreado las transacciones bancarias de Zamarripa y de su círculo más cercano, y derivado de esa investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya procedió al congelamiento de cuentas de un empresario supuestamente vinculado con el fiscal.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha criticado en reiteradas ocasiones la actuación del Fiscal guanajuatense, quien tiene 12 años en el cargo; incluso le ha solicitado al gobernador Diego Sinhué Rodríguez que lo destituya por los malos resultados que ha dado en combate a la delincuencia.

“Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados, ya lo hubiesen corrido”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa del 16 de julio.

“De manera abierta y respetuosa he estado señalando esto de Guanajuato porque no me puedo quedar callado, sería complicidad”, reiteró una semana después.

A la par de esos exhortos del presidente, el gobierno federal inició una investigación sobre el Fiscal de Guanajuato, según el expediente al que la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso.

En dicha carpeta aparece una revisión detallada de los ingresos que el Fiscal obtuvo a partir del año 2012, así como sus gastos tanto en el país como en el extranjero.

Al no encontrarse inconsistencias relevantes, la investigación se amplió a su círculo cercano, incluida la esposa que se desempeña como juez en el Poder Judicial del Estado, así como empresarios que se presume han colaborado con Zamarripa como posibles operadores financieros.

La investigación incluyó a Luis Ernesto Ayala Torres, quien hasta marzo del presente año se desempeñaba como secretario del Gobierno de Guanajuato.

Investigación completa en MCCI

Foto: Twitter @carloszamarr

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sugirió esta mañana la destitución del fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, al indicar que no ha habido «ninguna mejora» en la seguridad del estado desde que asumió el cargo en 2009.

«No es posible, si fuese un gerente de una empresas, con estos resultados ya lo habrían corrido, hablando en plata. Más si se trata de un asunto tan delicado como la seguridad pública», expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

Y es que Guanajuato, gobernado por PAN, es el estado más violento del país por los choques entre grupos del narcotráfico, y encabeza la lista de homicidios con 1,545 durante los primeros cinco meses del año.

«Es evidente que no hay buenos resultados. Guanajuato es uno de los estados con más violencia desde hace bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleva 12 años el procurador», señaló el mandatario.

López Obrador expresó que ojalá el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, «actúe», pues opinó que el gobierno no puede estar secuestrado por facciones e intereses de grupo ni permitir privilegios.

Puso como ejemplo el caso de Veracruz, cuando fue destituido el fiscal Jorge Winckler, actualmente prófugo de la justicia, hubo «una disminución en los índices delictivos y en particular en homicidios y secuestros».

El presidente denunció que durante los gobiernos anteriores, en lo que llama el «período neoliberal», se nombraban fiscales estatales «para mantenerlos por 12 o 15 años», los cuales se sentían «intocables».

«Todo era: yo voy a dejar el procurador para que cuando yo termine voy a tener quien me cuide y me proteja», reprochó el mandatario.

Recordemos que nuestro país ha registrado los dos años más violentos de su historia en los primeros dos años de López Obrador, con 34,681 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020. Además, reportó 2,963 homicidios en mayo, el mes más violento en lo que va de 2021.

López Obrador admitió ayer que no podrá «acreditar históricamente» su gobierno si no logra pacificar el país, por lo que anunció reuniones con los 32 gobernadores para revisar el plan de seguridad.