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Esta mañana, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLL) fue cuestionado sobre la salud del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien confirmó, se encuentra en recuperación de una intervención quirúrgica a la que se sometió.

«Habido mucha especulación y una actitud (…) miserable en torno a la salud del fiscal Alejandro Gertz Manero. He visto en redes sociales mensajes en el que incluso se le desea la muerte eso no se le puede desear a nadie», reclamó el presidente.

López Obrador destacó un mensaje que dijo, se le atribuía a Diego Fernández de Cevallos, que más tarde se comprobó no era así, en el que se decía «lo que no pudo la justicia, lo logró el cáncer», en referencia a la supuesta enfermedad que habría llevado al titular de la FGR a ausentarse de sus labores y a estar en monitoreo médico.

«Esa es una actitud inhumana, es una enajenación, es la pérdida de los sentimientos; eso es ser malo de malolandia», añadió el mandatario.

Sin embargo, el presidente confirmó que Alejandro Gertz Manero se sometió a una intervención quirúrgica «en la espalda, en la columna», a la que se refirió como una «infiltración».

Afirmó que el fiscal se encuentra en su domicilio, recuperándose, e incluso atendiendo asuntos del trabajo.

«Le deseamos que se mejore, que se recupere pronto. Eso es lo que puedo comentar», dijo el presidente.

A pregunta expresa sobre si la operación que tuvo Gertz Manero era relacionada al cáncer que se ha manejado, López Obrador dijo negó rotundamente la enfermedad. «No es cáncer, según mi información; afortunadamente», dijo AMLO.

Sobre la ausencia del fiscal en las reuniones bilaterales que el gobierno federal sostuvo con sus pares estadounidenses en el marco de la X Cumbre de Líderes de América del Norte, el presidente aseguró que él mismo le informó al presidente Biden y al procurador estadounidense, el motivo de la ausencia de Alejandro Gertz Manero.

Ocupó el tema para desmentir una carta que este fin de semana comenzó a circular, en el que se hacía referencia a un supuesto proceso para ir analizando perfiles de quienes podrían sustituir a Gertz Manero en la FGR, en donde se señalaban motivos de salud.

Entre risas, AMLO destacó que en la carta se leía ‘no omito manifestar que el contenido del presente escrito es de suma confidencialidad. Sin más por el momento me le reitero mi más altas y distinguidas consideraciones’.

«Yo ni uso eso. Es fácil falsificar la firma pero esta si está… yo cada vez que uso la mano, por mi dedito chueco, ya no me sale igual; pero esta si está completamente fuera…», dijo el mandatario.

AMLO remató el tema deseando que el fiscal se termine de recuperar pues dijo, «lo necesitamos».

Lamentó que en este caso,  aún cuando se trate de la salud de una persona, sus opositores estén mostrando la falta de humanismo.

Los demócratas en el Congreso dieron a conocer la semana pasada miles de páginas de las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump, las cuales brindan un panorama más detallado de sus finanzas correspondientes a seis años, que abarca su periodo en la Casa Blanca, cuando mantuvo la información privada.

Los documentos incluyen las declaraciones individuales de Trump y de su esposa, Melania, junto con las de las entidades de negocios del exmandatario de 2015 a 2020.

Las declaraciones muestran que Trump aprovechó el código fiscal para reducir sus obligaciones tributarias y revelan detalles de sus cuentas en el extranjero, contribuciones caritativas y el desempeño de algunas de sus empresas más conocidas que habían permanecido en gran medida fuera del escrutinio público.

La divulgación de los documentos culmina una disputa judicial que se extendió durante años, desde la campaña presidencial hasta el Congreso y la Corte Suprema, debido a que Trump rechazó de manera persistente los intentos de que dieran a conocer detalles de su historial financiero, contrario a la práctica de transparencia de sus predecesores de la era posterior al Watergate.

La difusión de los documentos se dio pocos días antes de que los republicanos retomen el control de la Cámara de Representantes y semanas después de que Trump anunciara otra campaña por la Casa Blanca.

De acuerdo con los documentos, Trump limitó su responsabilidad fiscal compensando sus ingresos con pérdidas corporativas, así como con millones de dólares en gastos de negocios, depreciación de activos y otras deducciones.

Aunque Trump pagó 641,931 dólares en impuestos federales sobre la renta en 2015, el año en el que emprendió su campaña para la presidencia, sólo saldó 750 dólares en 2016 y 2017, según un informe difundido la semana pasada por la Comisión Conjunta sobre Impuestos, una entidad legislativa apartidista.

Pagó casi 1 millón de dólares en 2018 y sólo 133,445 en 2019 y nada en 2020, año en el que buscó infructuosamente la reelección. Los documentos también detallan los bienes de Trump en el extranjero.

De acuerdo con las declaraciones, Trump informó tener cuentas bancarias en China, Irlanda y Gran Bretaña en 2015 y hasta 2017, incluso cuando era el comandante supremo. Sin embargo, a partir de 2018, sólo informó de una cuenta en Gran Bretaña.

Las declaraciones también muestran que Trump recurrió a créditos fiscales en el extranjero por impuestos que pagó de sus diversos negocios en el mundo, como sus acuerdos de licencia por su nombre en proyectos inmobiliarios y por sus campos de golf en Escocia e Irlanda.

En varios años, Trump aparentemente pagó más impuestos en el extranjero que impuestos netos federales sobre la renta en Estados Unidos, debido a sus ingresos en diversos países, como Azerbaiyán, China, India, Indonesia, Panamá, Filipinas, San Martín, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Los documentos muestran que las «donaciones caritativas» de Trump representaron sólo una fracción de sus ingresos. En 2020, el año en el que el coronavirus golpeó la economía, Trump no informó sobre ninguna donación caritativa. En 2019 y 2018 informó haber extendido cheques por unos 500,000 dólares en donaciones. En años previos, las cantidades fueron mayores: 1.8 millones de dólares en 2017 y 1.1 millones en 2016.

Se desconoce si las cantidades informadas incluyeron la paga presidencial de 400,000 dólares anuales, que como candidato dijo que no cobraría y afirmó haber donado a diversas dependencias federales.

Activistas iraníes han llamado a protestar los siguientes tres días, después de que ayer la Fiscalía de Irán realizara un confuso anuncio del supuesto desmantelamiento de la Policía de la Moral.

“La unidad es uno de los factores para la victoria”, afirmó el colectivo Jóvenes de los barrios de Teherán en redes sociales en su llamado a movilizaciones de los próximos tres días.

Este grupo de activistas y otros similares convocaron a los iraníes a hacer huelga laboral este lunes, a manifestarse en los barrios el martes y ha reunirse en la céntrica plaza Azadi el miércoles.

Irán vive importantes protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Masha Amini, tras ser detenida tres días antes por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico, que están siendo duramente reprimidas por la fuerzas de seguridad.

En los casi tres meses de protestas han muerto más de 400 personas y al menos 2,000 han sido acusadas de diversos delitos por su participación en las movilizaciones, de las que seis han sido condenadas a muerte.

Las revueltas comenzaron por la muerte de la joven kurda de 22 años, pero han evolucionado y ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.

Ayer, el fiscal general del país, Mohamad Yafar Montazerí, informó que habría sido suprimida la Policía de la Moral, fuerza que vigilaba la vestimenta de las personas y detenía sobre todo a las mujeres que no se cubrían de acuerdo con los códigos dictados por la República Islámica.

Pero horas después del anuncio, medios oficiales afirmaron que se había malinterpretado las palabras de Montazerí y que el cuerpo no había sido suprimido.

La Policía de la moral depende del Ministerio del Interior y el Consejo Supremo Cultural de la Revolución, que no se han pronunciado acerca del supuesto desmantelamiento del cuerpo formado en 2005 y que ha desaparecido de las calles desde la muerte de Amini.

Montazerí también se refirió a una posible relajación en la normas de vestimenta de las mujeres, algo que estaría estudiando el Parlamento y que se anunciaría en las próximas semanas.

Y es que recordemos que el velo es obligatorio en Irán desde 1983, poco después de la revolución liderada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979, quien declaró que sin esta prenda las mujeres estaban «desnudas».

Por ello, activistas opositores y potencias occidentales desestimaron el supuesto anuncio, y advirtieron que las autoridades seguirán aplicando sus estrictas normas sobre la vestimenta de las mujeres.

«Lamentablemente, nada de lo que hemos visto sugiere que los gobernantes de Irán estén mejorando su trato hacia las mujeres y niñas o cesando la violencia que inflige a manifestantes pacíficos», declaró por su parte un portavoz del Departamento de Estado norteamericano.

La violenta represión de las protestas ha dejado al menos 448 muertos, según la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

Para Omid Memarian, analista de Irán para Democracy for the Arab World Now (DAWN) «la supuesta suspensión» de la Policía de la Moral «no significa nada, pues ya se había vuelto irrelevante debido al nivel masivo de desobediencia civil de las mujeres y al desafío de las normas relacionadas con el hiyab».

IHR informó también que Irán ejecutó al menos a 504 personas en lo que va de 2022, una cifra mucho más alta que en todo el año pasado, aunque advirtió que se estaba en proceso de confirmar otros casos adicionales de personas que supuestamente habrían sido ahorcadas.

Las cifras de IHR incluyen a cuatro personas ejecutadas el domingo acusadas de pertenecer al servicio de inteligencia israelí, según medios oficiales.

El grupo de defensa de los derechos humanos sostuvo que esas personas fueron ejecutadas en la prisión Rajai Shahr en Karaj, cerca de Teherán, también conocida como Gohardast, tras siete meses de detención.

IHR afirmó que el número de personas ejecutadas en 2022 es el más alto de los últimos cinco años.

Según estos datos, al menos 333 personas fueron ejecutadas en 2021, un aumento de un 25% comparado con las 267 de 2020.

El fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, presentó su renuncia este miércoles en medio de los cuestionamientos que se le han hecho a la Fiscalía General del estado por el feminicidio de Debanhi Escobar, cuyo caso está por cumplir seis meses sin resolverse.

Guerrero presentó un escrito ante la Oficialía de Partes del Congreso del estado, encargado de la aprobación del titular de la Fiscalía, en el que somete a su consideración la renuncia al puesto que ocupa desde el marzo de 2018.

“Ello, como parte de mi proceso de jubilación por haber cumplido más de 40 años de desempeñarme como servidor público del estado de Nuevo León”, señala fiscal en el documento.

Añadió que, a lo largo de sus años en el servicio público, ha transitado con orgullo por distintos encargos y tareas. “En los que concentré mis más altos esfuerzos, siempre en pro de la justicia y el Estado de derecho”, añadió.

Sin embargo, argumentó que ahora toca el turno de «nuevos retos», y señalando que se retira con la satisfacción del «deber cumplido».

Apenas el 19 de septiembre, Mario Escobar, papá de la Debanhi, quien desapareció el pasado 9 de abril y su cuerpo fue hallado 12 días después en una cisterna de un motel, exigió al Congreso del estado la destitución del fiscal, debido a las omisiones en el caso de su hija.

El caso de Debanhi, aún sin esclarecerse y que fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), ha despertado indignación internacional por la imagen que se viralizó de ella abandonada junto a una carretera en Nuevo León y porque la fiscalía estatal primero indagó el caso como accidente.

El fiscal también causó polémica por sugerir en una entrevista, en medio de la investigación del feminicidio, que la ola de desapariciones de mujeres en el estado se debía a «rebeldía» de las jóvenes y a una «decisión voluntaria», en la mayoría de los casos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó este viernes obstáculos o resistencias de parte del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en relación al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pese a las denuncias del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

«Se habló de obstáculos en la fiscalía y se señaló al fiscal, pues yo sostengo que, en lo que a mí corresponde, que he estado pendiente, la actitud del fiscal ha sido de colaboración», aseguró el mandatario en su rueda de prensa diaria.

López Obrador respondió así a las acusaciones que el GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hiciera ayer, en donde alertó de la intromisión y obstrucción de parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército para investigar el «crimen de Estado» de los estudiantes.

Los expertos del GIEI afirmaron que las intromisiones en la FGR derivaron en la renuncia esta semana del fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, además de que señalaron que en la fiscalía «se ha tratado de frenar las investigaciones» y «se han dado órdenes de no judicializar».

El presidente afirmó que el fiscal siempre ha colaborado desde que él asumió el gobierno en diciembre de 2018 con la promesa de resolver la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

“En ningún caso tuve resistencia del fiscal Gertz Manero ni del presidente de la Corte (Arturo Zaldívar) porque hablé con ellos y les pedí apoyo y colaboración, y los dos siempre dispuestos a ayudar. Ninguno de ellos me dijo: ‘es que no podemos llegar tan alto'», sostuvo.

La polémica sobre la desaparición de los 43 normalistas se ha reavivado en este octavo aniversario, derivado del reporte de la Comisión de la Verdad del Gobierno que reconoció el pasado 18 de agosto que fue un «crimen de Estado» con autoridades involucradas de todos los niveles, incluyendo el Ejército.

Sin embargo, el reporte también generó indignación. Los padres de los jóvenes han denunciado la impunidad de las Fuerzas Armadas, después de que la FGR cancelara la semana pasada 21 órdenes de aprehensión, de las que 16 correspondían a militares.

“Cuando hablo con el fiscal le aportamos el informe, y lo que hace el fiscal es ajustarse a ese informe y actúa con información de ese informe, y no dudo de que en la fiscalía haya habido gentes que no quisieran que se llevara a cabo el proceso de solicitar las órdenes de aprehensión”, argumentó López Obrador.

El mandatario también sostuvo que a la Comisión de la Verdad se le entregó «toda la información que solicitaron», aunque el GIEI denunció que las Fuerzas Armadas no han querido abrir todos los archivos, que incluyen pruebas de que espiaron a criminales, estudiantes y autoridades la noche de la desaparición.

«Yo personalmente hablé con el secretario (de la Defensa Nacional), con el almirante (de la Marina), con todos, para que se entregaran todos los documentos, todo lo que aparecía en los archivos, y por eso también se avanzó», defendió.

El fiscal a cargo de la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia al cargo, confirmó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

«Va a dejar el cargo, tengo esa información y la Fiscalía va a nombrar otro fiscal. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista», contestó el mandatario luego de ser consultado sobre el tema.

La dimisión de Omar Gómez, nombrado en 2019 tras llegar al poder el presidente López Obrador, se confirmó luego de que se supiera que la FGR canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión en contra de exservidores públicos y militares por su relación con el caso, porque «no estaban en el informe» de la comisión de la verdad.

La renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa se hará efectiva a partir del próximo viernes 30 de septiembre.

López Obrador detalló que el Fiscal prefirió dejar el cargo ya que no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión.

«Hubo diferencias, y yo apoyó que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento», defendió el presidente.

López Obrador envió un mensaje a los padres y familiares de los normalistas respecto a que la investigación continuará pese a las presiones que el gobierno federal está recibiendo.

«Nada más decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, a ellos me dirijo de que tengan confianza, de que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean (…) estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia y que yo estoy acostumbrado a resistir», enfatizó.

El presidente se refirió también a sus adversarios, los «conservadores y corruptos» que ordenaron el crimen; les dijo que pese a todos los intentos que haga, «no descarrilarán» la investigación que se sigue.

Al menos 10 personas fueron asesinadas, y otras más resultaron heridas, la noche de ayer en un billar ubicado en el municipio de Tarimoro, en Guanajuato, informaron las autoridades.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en un negocio ubicado en la calle Independencia, en Tarimoro, al sur de Guanajuato.

Sujetos con armas de fuego llegaron al billar y dispararon en contra de un grupo de al menos 10 personas, de las cuales 9 fallecieron en el lugar y 1 más murió en su traslado al hospital.

En el lugar fueron halladas cartulinas con las siglas del Cártel Santa Rosa de Lima, que en los últimos años ha azotado el estado y que controla el trasiego de drogas y de combustibles además de extorsiones.

Agentes de la Guardia Nacional, de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y de la Policía municipal llegaron al lugar para vigilar la zona, aunque hasta el momento no se reportan detenidos.

El episodio de este miércoles refleja la ola de violencia que aqueja a México, que registró 33,308 homicidios en 2021 después de los 2 años más violentos de su historia, bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.

Al respecto, esta mañana, el presidente López Obrador indicó que «ayer fue un día difícil», uno de los días de mayor violencia, haciendo énfasis en lo sucedido en Guanajuato.

«Hubieron 91 homicidios, pero saben donde hubieron más, en Guanajuato, para variar», señaló el mandatario.

Se indicó que el 42% de los homicidios ocurridos ayer miércoles 21 de septiembre, ocurrieron en tres estados: Guanajuato, Oaxaca y Veracruz. Sin embargo, el 22% del total se registraron en Guanajuato, es decir 20 homicidios. Esto le sirvió a AMLO para reclamar el actuar de los senadores.

«Y los senadores de Guanajuato en contra de qué la Guardia Nacional cuente con el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Defensa» en tareas de seguridad, sostuvo.

Indicó que independientemente de qué haya diferencias políticas con las autoridades locales, el gobierno federal actúa con responsabilidad protegiendo a la gente de Guanajuato. Lamentó que el gobierno local no ayude, pues mantiene al fiscal de Guanajuato, quien lleva 15 años en el cargo.

«No lo cambian porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo que tiene muchas influencias y muchas agarraderas», criticó el presidente.

«No ayudan, porque mezclan las cosas. Podemos tener diferencias políticas, pero cómo no nos ponemos de acuerdo en esto si es la seguridad de la gente. Lo que está fallando es que no está bien la fiscalía y cuenta mucho el fiscal. Les puedo poner el ejemplo de Veracruz; había un fiscal que ahora está detenido y enfrenta un proceso. Se cambia el fiscal y baja la incidencia delictiva» del Estado, indicó.

Afirmó que si hay complicidad entre autoridades y delincuencia, es muy difícil que la violencia cese.

Insistió en que él personalmente le ha dicho al gobernador que es necesario remover al fiscal, pero no ha podido hacer nada ya que el fiscal pertenece a un grupo al interior del PAN muy fuerte.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cámara de Diputados solicitó a las autoridades correspondientes aplicar las sanciones respectivas a Renato Sales Heredia, Fiscal de Campeche, por no acudir a comparecer, para esclarecer el ejercicio de recursos públicos federales.

“Se incumplió una determinación legal de este órgano legislativo que fue comunicada en tiempo y forma. Lo anterior da pie a que ésta presidencia de la Comisión (…) proceda a solicitar ante las autoridades correspondientes se apliquen las sanciones respectivas al Renato Sales Heredia por no acudir a comparecer”, expuso en una conferencia de prensa el presidente de la comisión, el priísta Pablo Angulo Briceño.

Dijo que se solicitará a la ASF continúe con el trámite de la denuncia interpuesta en contra de Sales Heredia, a fin de que se le sancione en los términos de la legislación penal aplicable.

Recordó que en la octava sesión ordinaria, celebrada el pasado 17 de agosto, se aprobó citar al fiscal el día 23 del mismo mes, a fin de que aclarara y justificara aspectos vinculados con la auditoría de DN19-006 llevada a cabo por la ASF respecto de las cuentas públicas 2015, 2016, 2017 y 2019 en la que se determinó un daño patrimonial a la hacienda pública federal por la cantidad de 807 millones de pesos.

“Como presidente de la Comisión de Vigilancia dejo claro mi compromiso de citar a comparecer a cualquier funcionario público o exfuncionario que haya hecho mal uso de los recursos públicos. La facultad exclusiva de las fiscalizaciones es de la Cámara de Diputados y deposita en la comisión esta potestad, la cual en todo momento habremos de ejercer”, añadió el diputado.

Subrayó que el fiscal está en desacato a las disposiciones legales y no se pasará por alto que haga caso omiso a una comparecencia, a las que está obligado. Refirió que aunque el funcionario mostró en sus redes sociales un documento donde comparece por escrito, y aparece el sello de recibido por parte de la Cámara de Diputados, “seguramente lo acaba de presentar hace unos momentos”.

Diputados de la Comisión señalaron que la solicitud surge porque se ha descubierto que Sales Heredia “es el gran espía de México y hay una gran documentación que lo prueba; serán presentadas en su momento y podrán descubrir la tremenda red de espionaje que existe en México”, que afecta a todo aquel que incomoda al régimen, incluidos legisladores y periodistas.

Sin embargo, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, sostuvo que la reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la que se acordó citar a comparecer al fiscal General de Campeche fue ilegal toda vez que no alcanzó el quórum para su realización y además no tiene la facultad para convocar a un funcionario estatal.

En ese sentido, defendió que Sales Heredia no asistiera a la reunión de la Comisión.

“No puede asistir a un acto que fue ilegal, que está fuera de la normatividad y del reglamento de la Cámara de Diputados. La sesión no existió, no hay un reconocimiento legal porque no había quórum”, indicó el morenista.

Acusó que dicha cita “obedece más bien a una necedad política de un diputado (Pablo Angulo, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF) que quiere ayudar, y eso está bien, a un amigo de él, que fue su jefe, que lo ha tutelado durante toda su carrera política”, en referencia a Alejandro Moreno Cárdenas, diputado y dirigente nacional del PRI.

Mier Velasco explicó que la única instancia que puede llamar a comparecer a un funcionario del ámbito estatal es la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, integrada por la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Si nosotros permitiéramos un acto de esta naturaleza, al rato cualquiera va a estar haciendo que comparezcan en función de intereses políticos”, añadió el morenista.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitará a Renato Sales Heredia, fiscal del Estado de Campeche, comparezca para que explique el presunto desvío de 800 millones de pesos en equipos de espionaje, cuando fungía como comisionado nacional de Seguridad Pública.

“Se solicitó que venga el ahora fiscal de Campeche, pero que fue comisionado nacional de Seguridad Pública, porque la ASF lo ha denunciado por el presunto desvío de 800 millones de pesos de equipo de espionaje”, informó el presidente de la comisión, el priísta Pablo Guillermo Angulo Briceño.

Aclaró que la Comisión de Vigilancia tiene facultad, expresa en la Constitución, de llamar a comparecer a servidores públicos que han sido observados en procesos de fiscalización, “más aún cuando hay denuncias penales”.

La solicitud de comparecencia llega luego de que Renato Sales acudiera esta semana a la Cámara de Diputados para solicitar el desafuero del diputado Alejandro Moreno Cárdenas, también presidente nacional del PRI, toda vez que se le investiga por enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de sus atribuciones y facultades.

En ese sentido, Pablo Guillermo Angulo Briceño indicó que también se pidió fiscalizar a Alito Moreno.

“Le hemos pedido a la ASF realice la fiscalización, y quede claro que estamos a favor de la fiscalización, pero en contra de la persecución política que Morena y sus aliados pretenden imponer”, sostuvo.

Expresó que, pese a la negativa de Morena, algunos diputados y diputadas del bloque mayoritario están a favor de citar a Sales Heredia, así como investigar el caso de Segalmex.

Angulo Briceño manifestó su disposición de trabajar para combatir la corrupción, pero no persiguiendo opositores.

Por su parte el diputado Hiram Hernández Zetina del PRI, también integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, indicó que se esperará a Renato Sales en comparecencia; incluso dijo que «si no viene, como ya tiene un citatorio oficial y formal de esta comisión, va a incurrir en responsabilidades, e incluso en mi carácter de diputado federal, llamaré a la fuerza pública federal para que lo traiga a comparecer, aunque sea por la fuerza”.

Agregó que Renato Sales usa la justicia de manera selectiva. Recordó que el fiscal ya tiene una denuncia interpuesta por la propia Auditoría Superior de la Federación del pasado 11 de mayo de 2022, en la que se le acusa y se le piden explicaciones por el presunto robo de un equipo de espionaje.

«Esto es muy grave, porque Renato Sales tiene en su posesión este equipo de espionaje con el que está espiando a los políticos de la oposición. No lo podemos permitir en México, porque eso representa ya no un régimen democrático, sino una dictadura. Todos estamos siendo espiados por el Gobierno Federal”, remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en defender la actuación del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien dijo, no ha cometido delitos «graves» como para solicitar su remoción.

López Obrador fue cuestionado sobre cuáles son las razones para seguir respaldando a un funcionario que ha sido señalado de diversos delitos y omisiones. Se le preguntó si el Fiscal está por encima de la ley, e incluso por encima del jefe del Ejecutivo.

«No, no, no, todo mundo, todos los servidores públicos tenemos que actuar con apego a la Constitución y a las leyes. Y si se cometen delitos graves, los servidores públicos podemos ser enjuiciados (…) cualquier persona puede ser juzgada, cualquier servidor público, y tiene que probarse nada más que se trata de delitos que se han cometido. En el caso de la fiscalía, para la remoción del fiscal, lo puede solicitar el presidente si considera que el fiscal ha cometido delitos graves», respondió AMLO.

Y aunque reconoció que es el Presidente quien puede solicitar la remoción del titular de la FGR, dijo que él considera, «y ese es mi criterio, que el fiscal no ha cometido delitos graves.

«Hasta lo que yo tengo conocimiento y no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, el fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal, así de claro», justificó.

Explicó que él como presidente y responsable de la gobernabilidad del país, busca que se mantenga la paz y la tranquilidad en México.

Dijo que aunque no le guste a sus adversarios, a los conservadores, México tiene paz y tranquilidad, que reconoció no es plena, pero que trabaja todos los días con ese propósito.

«Pero no es que vivamos en la anarquía, en el desorden. ¿Cuántas manifestaciones en contra del gobierno ha habido? ¿Cuántas veces han llenado el Zócalo para protestar en contra del gobierno? (…) ¿qué pasó con Frenaa? ¿Por qué no convoca Claudio X González al Zócalo?», dijo el mandatario.

El tema le sirvió a AMLO para asegurar que, a diferencia del ambiente que pretenden hacer creer sus adversarios, la gente tiene confianza en el gobierno. «Hay esperanza».

Afirmó que su administración seguirá adelante, siendo muy respetuosos de todas las instancias y tomando decisiones cuando sean necesarias.

Remató asegurando que la Fiscalía sí trabaja, aunque cuestionó el diseño de autonomía con que se dotó a la FGR, pues dijo, es el equivalente a todos los órganos autónomos que fueron creando para dejar sin poder, o rodear por completo al presidente.

Alejandro Gertz Manero ha abusado del despacho que ocupa de forma más que clara. La Fiscalía General de la República le ha servido para atender con los recursos de la oficina (poder y dinero) sus rencillas personales. El caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán es la evidencia más clara, aunque no la única.

A Alejandra Cuevas la tuvo en prisión 528 días por un delito que ni siquiera está catalogado, la de “garante accesoria”. A su madre, Laura Moran, de 98 años, la tuvo en arresto domiciliario porque consideró que no cuidó como debía de su hermano, Federico. Laura y Federico fueron pareja 53 años. Una relación que al hoy fiscal Gertz nunca le pareció porque, entre otras cosas, ella era mayor que él y divorciada, pero eso es harina de otro costal.

Lo que es incomprensible es que ante la evidencia clara y contundente que dieron las llamadas filtradas entre Gertz y su segundo en la Fiscalía, Juan Ramos, en donde ambos discutían el proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán, que no era público, para ver cómo lograr mantener a Alejandra en prisión, y ante el posterior fallo unánime de la Suprema Corte (11 a favor y 0 en contra) de su liberación lisa y llana, el fiscal siga en el cargo.

Ayer en su conferencia mañanera el presidente López Obrador refrendó su confianza en Gertz.

¿Por qué sigue el presidente sosteniendo a Gertz Manero al frente de la FGR?

Si López Obrador decide solicitar la remoción de Gertz, fortalece a Ricardo Monreal por partida doble. Primero porque la solicitud la tiene que enviar al Senado y ahí, es con el voto de las dos terceras partes de los senadores que se aprueba esta solicitud del Ejecutivo. Una vez que procede la remoción, Monreal vuelve a ser determinante porque es el mismo Senado el que ratifica al nuevo titular de la FGR.

Es claro que en su ejercicio adelantado de la sucesión presidencial lo que menos quiere López Obrador es fortalecer a Monreal. Además, en el esquema actual el presidente garantiza un Fiscal que está de rodillas, a su merced. Si el presidente decidiera solicitar su remoción, Gertz pierde todo el poder. Bien dice el dicho que el poder da amigos de mentiras y enemigos de ‘a de veras’, a los que se conoce una vez perdido este poder.

Lo que resulta inexplicable es la falta de escándalo que este episodio debiera ser para la abogacía. El caso de Alejandra Cuevas demostró que en México es irrelevante tener o no razón; tener o no buenos abogados. Quienes sacaron a su madre de Santa Martha fueron Ana Paula, Alonso y Gonzalo Castillo, sus hijos. Ellos se presentaron ante el Fiscal; se le arrodillaron al ministro Zaldívar; hablaron con los medios y vivieron en un infierno para enfrentar a Goliat. Sus abogados no pintaron para lograr que su madre esté hoy libre. El sistema legal no sirve y esto es una muy mala noticia para los abogados de México.

Si quieren ser relevantes tendrían que unirse en contra del fiscal. Gertz Manero es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. ¿En dónde están sus manifestaciones en Palacio Nacional en contra de que un abogado como Gertz sea el titular de la FGR? ¿En dónde sus cartas pidiendo que se remueva del cargo a quién ha abusado de su poder? ¿En dónde su comunicado anunciando que expulsan a Gertz de sus órganos para poner cuando menos un mínimo de presión al presidente? O ¿Acaso es sostenible un Fiscal que ha sido expulsado de la BMA y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México?

Columna completa en El Universal

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó esta tarde a las acusadas de matar al hermano del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en un polémico caso por el presunto abuso de la Fiscalía para perseguir a las mujeres.

El pleno aprobó con unanimidad de 11 votos los proyectos del ministro Alfredo Gutiérrez para eliminar la orden de arresto de la cuñada del fiscal, Laura Morán, acusada de «homicidio doloso de concubino», y liberar de forma inmediata a la hija de ella, Alejandra Cuevas, presa por «comisión por omisión accesoria» por la muerte de Federico Gertz en 2015.

“La orden de aprehensión dictada en su contra es inconstitucional porque implícitamente supone que ella, como concubina de un hombre, estaba de alguna manera obligada a garantizar no solo la conservación de salud, sino prácticamente la prolongación de su vida», argumentó Gutiérrez sobre el caso de Laura Morán.

La nueva propuesta se discutió después de que la Suprema Corte pospusiera el pasado 14 de marzo un fallo definitivo sobre el caso de la muerte del hermano del fiscal general, quien protagonizó un escándalo por un audio filtrado antes de esa votación en el que presumía del apoyo de «tres o cuatro ministros» de la SCJN.

Tras esta polémica, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, indicó que en «estas votaciones no ha habido ninguna incidencia ajena», ya que los 11 ministros del pleno escucharon a todas las partes involucradas.

“Estamos votando con toda libertad e independencia, como se está acreditando en este acto. De tal suerte que esta atracción reitera la independencia y legitimidad de la Corte”, sostuvo Zaldívar, quien se ha mostrado cercano al actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los ministros de la SCJN coincidieron en la falta de pruebas para culpar a Laura Morán, cuñada del fiscal y con más de 90 años de edad, a quien Gertz Manero acusaba de «comisión por omisión» por la muerte de su hermano, quien falleció de un infarto agudo al miocardio tras una larga enfermedad.

«No se tomaron en cuenta las condiciones particulares de la quejosa para determinar si en verdad incurrió en una omisión en el deber de cuidado de su concubino. Creo que, a pesar de su edad y falta de conocimiento médico especializado, de manera razonable la quejosa acudió a servicios médicos», expuso la ministra Margarita Ríos-Farjat.

Mientras que en el caso de Cuevas, que se encontraba en prisión preventiva desde 2020, el proyecto del ministro Gutiérrez consideró que «se utilizó una figura inexistente en la legislación penal: la de garante accesoria».

Minutos antes de las 16:00 hrs, Cuevas salió del penal de Santa Martha Acatitla. Tan pronto abandonó prisión, ofreció unas palabras ante los representantes de los medios de comunicación, en donde dijo que de no ser por el apoyo que recibió y la atención que recibió por parte de los medios, el fiscal general de la República LA hubiera sepultado para siempre en la cárcel «con un delito que él fabricó».

Antes de este fallo, Alejandra Cuevas y su hija Ana Paula Castillo consiguieron otro amparo que las protege de alguna nueva orden de aprehensión por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer esta tarde el proyecto a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, por el que propone conceder amparo liso y llano a Laura Morán y Alejandra Cuevas, cancelando así los procesos iniciados en su contra por la muerte del hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero.

La Corte indicó que los proyectos se discutirán en breve, por lo que se estaría ordenando la inmediata liberación de la sobrina política del titular de la FGR. Sin embargo, no se dio fecha exacta de esta discusión.

Detalló que en los amparos en revisión 540 y 541, se propone abandonar un criterio vigente desde hace diez años, que imponía limitaciones a lo que las personas inculpadas podían hacer cuando se les había concedido un amparo por defectos formales y no lo impugnaban, pero la autoridad o la víctima sí lo hacían.

Explicó que tradicionalmente y dada cierta aproximación a lo que se conoce como “recurso adhesivo”, las personas inculpadas sólo podían defender “lo que ya habían logrado” pero no podían discutir lo que no habían logrado: es decir, tratar de obtener una solución a su problema jurídico real en un recurso interpuesto por el ministerio público o la víctima.

Este es el momento, dice el proyecto, de acogerse a una nueva concepción de los recursos para que de acuerdo con las disposiciones de derechos humanos constitucionales e internacionales, sean sencillos, accesibles y efectivos.

«No debe darse oportunidad a las personas inculpadas de perseguir una solución completa a un problema que atraviesa su libertad personal cuando han recibido un amparo basado en vicios formales y el ministerio público o la víctima han combatido esa resolución», indicó la Corte.

El proyecto deja claro que ahora sólo se resuelve lo relativo al alcance de un recurso adhesivo en materia penal. Por tanto, queda pendiente su estudio en otras materias. Así, el proyecto propone la concesión del amparo liso y llano a las inculpadas en ambas causas y sugiere ordenar su inmediata libertad.

Las inculpadas son consideradas presuntas responsables del homicidio de Fernando Gertz, ya que se asegura que las mujeres fueron negligentes en su cuidado cuando les correspondía desempeñarlo con toda diligencia para evitar su muerte.  En el caso de Laura Morán, por tratarse de su concubina, y en el caso de la señora Alejandra Cuevas, por tratarse de la hija de la pareja de Federico Gertz.

El proyecto destaca que en el caso de Alejandra Cuevas se utilizó una figura inexistente en la legislación penal: la de garante accesoria.

De acuerdo con la Constitución, no hay delito sin ley. Por tanto, el proyecto afirma que la inexistencia de la figura basta para eliminar cualquier responsabilidad a Cuevas, en la muerte de Federico Gertz, una persona de avanzada edad y con distintos padecimientos de salud.

En el caso de Laura Morán, el proyecto identifica que el deber de cuidado que se le impuso excede el límite de lo razonable.

«No es posible esperar que una mujer sin conocimientos especializados y en franca situación de vulnerabilidad, pues tenía 88 años, se condujera como si tuviese habilidades excepcionales para evitar la muerte de una persona gravemente enferma. Es lógico, por tanto, que no puede ser responsabilizada por un resultado, la muerte de su pareja sentimental de 50 años, que razonablemente no podía evitar», adelantó la Corte.

En días pasados, la Suprema Corte envió los expedientes de Alejandra Cuevas y Laura Morán, a la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Al respecto, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, afirmó que Gutiérrez Ortiz Mena se comprometió a presentar “a la mayor brevedad” las propuestas en las que la Corte analizará si fue legal emitir la orden de aprehensión contra Laura Morán, y el auto de formal prisión contra su hija Alejandra Cuevas, quien permanece en el penal de Santa Martha Acatitla desde octubre de 2020.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, denunció este miércoles una extorsión mediática criminal en su contra luego de que se filtraran audios en los que se le escucha hablar sobre el juicio que se lleva a cabo en la Suprema Corte relacionado con la muerte de su hermano y su familia política.

“Yo siento que estamos frente a una verdadera extorsión mediática criminal. Déjame repetirlo, extorsión mediática criminal”, aseveró el funcionario durante una entrevista con Radio Fórmula.

Gertz afirmó que esta extorsión tiene como objetivo lincharlo pues, según él, las investigaciones de la dependencia que encabeza están “atentando contra intereses espurios de grupos”.

El fiscal respondió así a la filtración que se dio en YouTube a finales de la semana pasada donde en varios audios, conversa con el fiscal Juan Ramos, hombre de su confianza.

En estas conversaciones hablan del juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y revelan una supuesta intervención de Gertz para lograr que el Alto Tribunal apruebe una resolución en su favor en el caso que impulsa contra la expareja y la exhijastra de su hermano Federico, a quienes acusa de haberlo asesinado.

De esta manera, hablan del apoyo que varios jueces de la Suprema Corte podrían dar a su favor, mientras que hay uno de los magistrados, Alberto Pérez Dayán, que pretendería dejar en libertad a Alejandra Cuevas, hija de la expareja de su hermano.

Según Gertz Manero, ambas mujeres propiciaron en 2015 la muerte de su hermano por negligencia.

En la entrevista, el fiscal aceptó que en las conversaciones filtradas sí estaba tocando el tema de su excuñada, pero aseguró que no habló en la forma en la que se presenta en los audios ya que el caso de la muerte de su hermano Federico nunca ha sido tramitado por la FGR, pues es del fuero común.

“Dicen: ‘el fiscal la metió en la cárcel, usando a la Fiscalía de la República para meterla a la cárcel’. Nada más falso. La institución no tiene ninguna injerencia en ese asunto”, justificó.

Cuestionado sobre si tiene la intensión de renunciar debido a las acusaciones de abuso de poder y tráfico de influencias, el fiscal dijo que eso “no pasa por mi cabeza”.

Aseveró que los grupos supuestamente afectados por sus investigaciones se han dedicado a propiciar un linchamiento en su contra y buscan una «guerra de lodo» para descalificarlo.

Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que Gertz Manero debe mantenerse en el cargo pese al escándalo de la difusión de las llamadas. “Pienso que sí (debe permanecer en su cargo)», respondió a pregunta expresa de una periodista.

El mandatario dijo que magistrados de la Suprema Corte como José Ramón Cossío buscan la salida del fiscal del cargo por una «postura de tipo política».

“Eso lo va a resolver la Suprema Corte. Y no caer en el maniqueísmo de buenos y malos, porque no son unas blancas palomas estos que están buscando la salida del fiscal», remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró este lunes tener «confianza» en el Fiscal Alejandro Gertz Manero, esto luego de la filtración de unos audios en los que este habla de un juicio en la Suprema Corte relacionado con la muerte de su hermano y que podría representar un caso de tráfico de influencias.

«No los escuché pero sí tengo la información de lo básico y opino que tiene que resolver la Corte sobre este caso. Yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado con su hermano. Lo entiendo. Entonces él quiere que se haga justicia», dijo el presidente al ser cuestionado sobre el tema.

El mandatario aseguró que el caso lo resolverá el Poder Judicial, y con eso evitó pronunciarse sobre si Gertz Manero tuvo acceso al expediente de forma irregular.

«Está en manos del Poder Judicial, si él habla mal de los ministros (de la Suprema Corte) es su visión de las cosas. Yo también lo hago a veces. No es que hable mal, pero no les tengo confianza a algunos ministros y desde luego no les tengo confianza a jueces porque no han demostrado actuar con rectitud», reclamó el presidente.

Sobre todo, continuó, «no han entendido que deben de hacer Justicia pensando en todos, no solo pensando en las minorías». Puso de ejemplo a los jueces que dan amparos a las empresas «extranjeras» del sector eléctrico y, según él, en detrimento del pueblo.

A pregunta expresa, aseguró tener «confianza» a Gertz Manero: «Sí, tengo confianza en el fiscal».

Una periodista le preguntó sobre el supuesto abuso de poder y el tráfico de influencias que puede representar lo dicho en la conversación que se filtró y que desde el fin de semana circula en redes sociales.

«Ahora, si va a utilizar su cargo para influir en el caso habría que esperar al resultado de los ministros. Hay que esperar el juicio, porque no depende de la Fiscalía, depende del Poder Judicial, en esta etapa», esgrimió el presidente.

Como suele suceder en todos los caso polémicos, López Obrador dijo que este caso tenía «tintes políticos» y buscaba «tumbar» al fiscal.

Y es que el fin de semana se dio la filtración de varios audios en donde Gertz Manero conversa con el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales e la FGR, Juan Ramos, hombre de su confianza.

En estas conversaciones hablan del juicio en la Suprema Corte y revelan una supuesta intervención de Gertz Manero para lograr que el Alto Tribunal de una resolución en su favor en el caso que impulsa contra la expareja y la exhijastra de su hermano Federico, a quienes acusa de haberlo asesinado.

De esta manera, hablan del apoyo que varios ministros de la Corte podrían dar a su favor, mientras que hay uno de los magistrados, Alberto Pérez Dayán, que pretendería dejar en libertad a Alejandra Cuevas, hija de la expareja de su hermano.

Según Gertz Manero, ambas mujeres propiciaron en 2015 la muerte de su hermano por negligencia. La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este fin de semana que abría una carpeta de investigación por espionaje contra el fiscal general

El Gabinete de Seguridad del gobierno federal informó que por «instrucción presidencial», se envió un equipo especializado a Tijuana, Baja California, para apoyar en las investigaciones en torno al asesinato de dos periodistas registrados la semana pasada.

En un comunicado, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, explicó que se instruyó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, «a trabajar» en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la administración local para esclarecer los casos de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, asesinados el 17 y el 23 de enero, respectivamente.

El caso de Maldonado, asesinada el pasado domingo al llegar a su casa, ha levantado polémica e indignación, pues fue la propia comunicadores quien viajó a Ciudad de México en 2019, a la conferencia matutina del presidente López Obrador, para exponer que se sentía amenazada y que en cualquier momento podía morir. La periodista pertenecía al programa de Protección para Periodistas de Baja California, pero la vigilancia que se le brindó no fue permanente.

Mientras que Martínez, quien contaba con una larga trayectoria como fotoperiodista en la cobertura de notas relacionadas con temas de seguridad y violencia para diversos medios nacionales e internacionales en Tijuana también fue asesinado afuera de su domicilio hace una semana.

En la nota se apunto que Mejía Berdeja estuvo en Tijuana con el Fiscal General, Ricardo Iván Carpio Sánchez, para hacer una inspección a la vivienda de Lourdes Maldonado, en el fraccionamiento Las Villas.

En el lugar, el subsecretario reiteró el apoyo «irrestricto» al gobierno de Baja California para fortalecer líneas de investigación y dio a conocer que existen avances importantes en las indagatorias.

El funcionario señaló que existe una representación importante del Centro Nacional de Inteligencia, de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar), de la Guardia Nacional, de la Coordinación Antisecuestros y dijo que todas van a trabajar junto con el fiscal General, Ricardo Carpio, además de que habrá un fiscal especializado para ambos casos.

Recordemos que el presidente ha garantizado que se investigará el asesinato de Lourdes Maldonado. «Duele mucho lo que pasó en Tijuana, vamos a llevar a cabo toda la investigación».