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El Congreso de Guerrero dio ‘luz verde’ a la destitución de la fiscal Sandra Luz Valdovinos, después de que así lo solicitara la gobernadora de la entidad, la morenista Evelyn Salgado, en respuesta a la gestión del Ministerio Público en la muerte del estudiante Yanqui Kothan Gómez.

El normalista de Ayotzinapa perdió la vida a inicios de mes por un supuesto disparo por parte de elementos de la Policía estatal.

Los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayontiznapa habían exigido la salida de Valdovinos y la de los secretarios de Gobierno y de Seguridad, Ludwig Marcial Reynoso y Rolando Solano, respectivamente, por su gestión del suceso.

Los secretario presentaron su renuncia, la cual fue aceptada por Salgado Pineda. Sin embargo, la fiscal negó a dejar el cargo y dijo que se apearía a su derecho de una audiencia en el Congreso antes de apartarse de su posición.

En la sesión legislativa de esta semana se leyó un documento en el que la gobernador exponía sus argumentos para el cese de la fiscal, entre los que ha destacado su inacción en la investigación por la muerte de Gómez.

Así, la remoción del cargo de Sandra Luz Valdovinos fue efectiva el 14 de marzo.

Fue clara en señalar que Valdovinos no tomó las medidas necesarias contra los tres policías supuestamente implicados. Y es que recordemos que uno de ellos, el presunto autor material, se dio a la fuga la semana pasada.

La muerte del estudiante ha sacudido el país en las últimas semanas, llevando incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a reconocer públicamente en que la versión que se manejó en un inicio no era cierta.  Fue el primero que señalar un posible abuso de autoridad.

El Pleno del Congreso estatal también aprobó la emisión de la Convocatoria para seleccionar y designar a la o el nuevo titular de la fiscalía local.

De acuerdo con la Convocatoria aprobada por unanimidad, la documentación de quienes aspiren a ocupar este cargo se recibirá del 20 al 22 de marzo de este año, y entre los requisitos que establece está el ser mexicano en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tener cuando menos 30 años cumplidos al día de la designación, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal, ni estar inhabilitado para el desempeño de cargos públicos.

De la misma forma, deben haber residido cuando menos cinco años anteriores al día del nombramiento en la entidad, contar con conocimientos especializados y experiencia debidamente comprobados en el ámbito de su competencia, además de poseer título y cédula profesional de licenciado en Derecho expedidos por autoridad o institución legalmente facultada.

Asimismo, no podrá ser titular de ninguna dependencia, entidad u organismo de la administración pública estatal, municipal o representante popular, federal o estatal durante dos años previos a la designación, como tampoco haber sido dirigente de algún partido político, ni postulado para cargo de elección popular durante los tres años anteriores a la designación.

Recabados los documentos de los aspirantes y vencido el plazo, se verificará el cumplimiento de los requisitos tomando en cuenta la historia profesional y laboral, apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Posteriormente, se elaborará una lista de al menos diez candidatos que será enviada a la gobernadora del estado, quien a su vez, dentro de los diez días siguientes, formulará una terna que regresará al Congreso para que comparezcan y presenten su plan de trabajo.

Una vez desahogadas las comparecencias, la JUCOPO propondrá al Pleno la propuesta para que con el voto de las dos terceras partes se elija a quien ocupará la titularidad de dicho organismo autónomo, posterior a lo cual rendirá protesta de ley al cargo, mismo que será por un periodo de 6 años improrrogables.

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, sufrió un atentado este jueves cuando viajaba sobre la autopista México-Toluca.

En un mensaje en redes sociales, la Fiscalía estatal informó de la agresión y precisó que el funcionario salió ileso del ataque, aunque uno de sus escoltas resultó lesionado.

“La Fiscalía Edomex informa: hoy aproximadamente a las 16:45 hrs el convoy que trasladaba al fiscal general del estado en la autopista Toluca-México sufrió una agresión que fue repelida. Solo resultó lesionado un escolta del fiscal. Hay un detenido y asegurados un arma larga de fuego y un vehículo”, expuso la institución.

La propia Fiscalía señaló que el detenido fue identificado como Julio César “N”, quien fue trasladado a la sede central de la institución, en Toluca, capital del estado.

Según las primeras versiones, el convoy del Fiscal se dirigía hacia Ciudad de México.

La violencia en el Estado de México ha repuntado en las ultimas semanas. Recordemos que el pasado 8 de diciembre, pobladores de la comunidad de Texcapilla, perteneciente al municipio de Texcaltitlán, quienes estaban bajo asedio constante de presuntos integrantes del grupo criminal de la Familia Michoacana protagonizaron un enfrentamiento con armas de fuego y blancas que dejó 14 muertos y 7 heridos.

Tres semanas después, la FGJEM dijo que no ejercería acción penal en contra de los pobladores de esa comunidad que se enfrentaron contra los sicarios luego de que el Ministerio Público acreditó que actuaron en “legítima defensa”.

Estados Unidos solicitará a México la extradición del resto de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, tras conseguir la de Ovidio Guzmán la semana pasada, reveló este miércoles el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland.

Garland declaró ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes que “por supuesto” solicitará la extradición “y la captura de todos” los hijos del capo mexicano que actualmente cumple una condena de cadena perpetua en Estados Unidos.

Recordemos que Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, tiene cuatro hijos vivos: Ovidio Guzmán, que fue extraditado a EUA el pasado 15 de septiembre; Iván Archibaldo Guzmán; Jesús Alfredo Guzmán y Joaquín Guzmán. El quinto, que era el primogénito, Édgar Guzmán, fue asesinado en 2008.

Los cuatro hijos vivos del narcotraficante son conocidos como “Los Chapitos” y han sido acusados por Estados Unidos de transportar “sistemáticamente” toneladas de cocaína desde y a través del Sur y Centroamérica hasta Estados Unidos.

Ante las preguntas de los congresistas, Garland se negó a calificar la colaboración de México con Estados Unidos para conseguir la extradición de “Los Chapitos” como buena y se limitó a señalar que la cooperación podría ser mejor.

“Obviamente han trabajado con nosotros con respecto a Ovidio. Su captura por parte de los mexicanos provocó la muerte de un número significante de marinos mexicanos” reconoció Garland.

“Diría que la cooperación siempre puede ser mejor. Tenemos un grave problema con el fentanilo que llega de México y que es fabricado ahí”, acusó el fiscal general. “He viajado dos veces (a México) para intentar obtener cooperación”, añadió Garland.

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, pidió este miércoles retirar la inmunidad a la fiscal general y a un juez, tras su decisión de allanar un centro electoral y abrir cajas con las papeletas de votación de las elecciones de junio.

A raíz del allanamiento, Arévalo anunció también que suspendía el proceso de transición hacia su investidura, prevista en enero de 2024 para reemplazar al presidente Alejandro Giammattei.

Indicó que suspendía temporalmente su participación en el proceso de transición, “en tanto se restablecen las condiciones políticas necesarias“.

Las solicitudes para levantar los fueros a la fiscal general Consuelo Porras y al juez Fredy Orellana fueron presentadas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la capital guatemalteca.

La denuncia pide retirar la inmunidad a la fiscal general y al juez para que sean investigados por seis presuntos delitos, entre ellos violación de la Constitución, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad con propósito electoral y prevaricato.

Arévalo presentó además una denuncia penal contra los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la unidad que emprendió una cruzada contra los resultados de las elecciones generales.

Exige la renuncia de los cuatro funcionarios, a los que acusa de orquestar un plan de golpe de Estado para bloquear su llegada al poder.

Curruchiche sostiene que el allanamiento es legal pues solo buscan verificar la denuncia de un ciudadano, y rechazó que cause desestabilización en el país.

Recordemos que Arévalo resultó ganador en la segunda vuelta el pasado 20 de agosto, tras dar la sorpresa en la primera vuelta pues no figuraba como favorito entre la veintena de candidatos que participaron en la contienda.

El Tribunal Electoral presentó ayer una acción de amparo ante la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto los allanamientos de la fiscalía. El amparo rechaza “las acciones realizadas por el Ministerio Público y el juez Orellana, especialmente haber vulnerado el sufragio de los guatemaltecos”.

El allanamiento generó una oleada de críticas y rechazo por parte de actores nacionales e internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, el Consejo Nacional Empresarial, organizaciones indígenas, de derechos humanos y otros.

El expresidente Donald Trump exageró su patrimonio neto y lo infló en 3,600 millones de dólares anuales, según dijo este viernes la fiscal general de Nueva York en un nuevo expediente judicial.

El actual candidato republicano a las primarias republicanas supuestamente hizo entradas falsas en registros comerciales, falsificó estados financieros y cometió fraude de seguros, según la presentación de la oficina de la fiscal general, Letitia James.

La fiscal general alegó, respaldándose en un análisis realizado por expertos en valoración y contabilidad, que el patrimonio neto de Trump en los años transcurridos entre 2011 y 2021 fue inflado entre 1,900 y 3,600 millones de dólares, dependiendo del año.

Esa es “todavía una estimación conservadora”, señala el expediente de la fiscal general de Nueva York, ya que esos expertos en valoración aún aceptaban muchas de las suposiciones utilizadas por los acusados en sus estados financieros anuales.

En agosto, la oficina de la fiscal dijo que Trump infló fraudulentamente su patrimonio neto entre 812 millones y 2,200 millones cada año desde 2011, dependiendo del año.

James está demandando a Trump y sus coacusados, entre los que se encuentran varios de sus hijos, por supuestamente defraudar a bancos, compañías de seguros y otros para beneficiar a la Organización Trump. La fiscal pide 250 millones de dólares por daños y perjuicios.

Paralelamente, el candidato favorito entre los republicanos tiene diversas causas judiciales abiertas por temas económicos, de seguridad nacional y políticos.

El fiscal general estadounidense, Merrick Garland, aseguró este martes que Estados Unidos necesita que México coopere en todas las fases del tráfico de fentanilo para poder acabar con este problema.

“Necesitamos que México actúe en cada etapa. Que destruya los laboratorios (…) Que tome medidas enérgicas contra los cárteles, contra las compras de precursores químicos por parte de compañías mexicanas y contra las ventas por parte de las chinas”, dijo ante el subcomité de Comercio, Justicia, Ciencia y otras agencias en el Senado.

El fiscal también reconoció que Estados Unidos “tiene responsabilidades” para evitar la entrega de armas desde el país a los cárteles en México.

Recordemos que el fentanilo fue uno de los temas principales en la Cumbre de Líderes de América del Norte que se celebró en enero pasado en la Ciudad de México y que reunió a los presidentes Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Joe Biden y al primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Pese a lo que se ha dicho en México, desde Washington se reitera que es un problema que no afecta solo a Estados Unidos, sino a todos los países.

Sin embargo, López Obrador señaló a principios de mes que México ni fabrica ni consume ese potente opiáceo sintético, aunque días más tarde corrigió y terminó reconociendo el problema, aunque insiste en que no es de la misma magnitud que en el país vecino.

La comparecencia de Garland estuvo centrada en el presupuesto del Departamento de Justicia para el año fiscal 2024, que abarca del 1 octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024.

De los 39,700 de dólares millones solicitados al Congreso, 2,700 van dirigidos a la lucha de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) contra los cárteles y el flujo de “droga mortal” en el país.

Según el testimonio escrito facilitado antes de su intervención, el Departamento de Justicia “usa todas las herramientas a su disposición para salvar vidas y sacar el fentanilo” de las comunidades, un esfuerzo que incluye el desmantelamiento de cárteles.

El presupuesto solicitado al Congreso incluye 50.3 millones para el trabajo de la División Penal de cara al desmantelamiento de redes de narcotráfico y 202.7 millones para las operaciones antidrogas del FBI, incluidas las centradas en el fentanilo.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, confirmó este martes que su oficina trabaja junto a las autoridades de nuestro país, para investigar la muerte de dos estadounidenses que fueron hallados hoy junto a a los otros dos secuestrados en Matamoros, Tamaulipas.

El Departamento de Justicia “se encuentra trabajando junto a las autoridades mexicanas; y nuestros funcionarios trabajan de cerca con los del Departamento de Estado”, aseguró Garland en conferencia de prensa.

“Quiero ofrecer mis condolencias a las familias de los estadounidenses que fueron atacados y secuestrados”, añadió el fiscal.

El mensaje de Garland se produjo poco después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, dieran a conocer el hallazgo de los cuatro estadounidenses secuestrados, dos de ellos fallecidos y otro herido.

Luego de los mensajes y confirmaciones, autoridades federales y estatales, junto a personal de Consulado de Estados Unidos en Matamoros, entregaron a sus pares estadounidenses a los 2 ciudadanos con vida.

En tanto, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que ya hay un detenido en relación con el caso. Se espera en breve una conferencia de prensa donde se ofrecerán mayores detalles.

Uno de sus portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, reiteró este martes que cualquier acto contra ciudadanos estadounidenses es “inaceptable, sin importar dónde ocurra o bajo qué circunstancias” y expresó la intención de su país de trabajar con México para que los responsables rindan cuentas antes la Justicia.

Recordemos que el FBI informó el domingo pasado sobre la desaparición de cuatro estadounidenses, que fueron secuestrados el viernes tras cruzar la frontera en Matamoros, en Tamaulipas, uno de los estados mexicanos más castigados por la violencia.

Los cuatro estadounidenses, que viajaban en un vehículo, fueron atacados poco después de cruzar a México y fueron subidos a la fuerza en una camioneta tipo pick-up por hombres armados, informó el FBI de San Antonio.

Los investigadores creen que los estadounidenses fueron atacados por error por un cártel mexicano que probablemente los confundió con traficantes de drogas haitianos, dijo a la cadena CNN un funcionario estadounidense conocedor de los datos de la investigación.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, señaló este miércoles que nuestro país podría hacer “mucho más” para combatir el tráfico de fentanilo, droga sintética causante de la mayoría de muertes por sobredosis en su país.

“Nos están ayudando pero podrían hacer mucho más. No tengo ninguna duda sobre esto”, declaró el titular del Departamento de Justicia durante una comparecencia ante el Senado estadounidense.

El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la morfina y que se mezcla con otras drogas para potenciar su efecto, se fabrica en México a partir de precursores importados desde China y luego se trafica a Estados Unidos.

Garland consideró que Estados Unidos sufre una “horrible epidemia” de fentanilo, que mató a más de 100,000 estadounidenses el año pasado y que está “provocada” por los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Los narcotraficantes que fabrican estas pastillas y las distribuyen a Estados Unidos son las personas más horribles que uno se puede imaginar”, declaró el funcionario.

El fiscal general dijo que no se opondría a que el Departamento de Estado declare a los cárteles como organizaciones terroristas, aunque señaló que Estados Unidos necesita la colaboración del gobierno de México para combatirlas.

Explicó que el Departamento de Estado tiene que calcular las “consecuencias” que tendría tomar una medida como esta y recordó que tanto el Cártel de Sinaloa como el CJNG ya fueron objeto de otro tipo de sanciones.

Recordemos que el expresidente Donald Trump contempló en su momento la posibilidad de declarar los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, algo a lo que se opone el gobierno de López Obrador, pues  lo considera una violación a su soberanía nacional.

Garland explicó que la agencia estadounidense antidrogas (DEA) decomisó el año pasado suficientes dosis de fentanilo como para “matar a todos los estadounidenses”, además de añadir que se está persiguiendo la venta de esta droga en la internet profunda.

Presionado por las preguntas de los senadores, el fiscal general admitió que el récord de muertes registrado el año pasado demuestra que la estrategia contra el fentanilo no está funcionando lo suficiente.

Esta mañana, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLL) fue cuestionado sobre la salud del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien confirmó, se encuentra en recuperación de una intervención quirúrgica a la que se sometió.

“Habido mucha especulación y una actitud (…) miserable en torno a la salud del fiscal Alejandro Gertz Manero. He visto en redes sociales mensajes en el que incluso se le desea la muerte eso no se le puede desear a nadie”, reclamó el presidente.

López Obrador destacó un mensaje que dijo, se le atribuía a Diego Fernández de Cevallos, que más tarde se comprobó no era así, en el que se decía “lo que no pudo la justicia, lo logró el cáncer”, en referencia a la supuesta enfermedad que habría llevado al titular de la FGR a ausentarse de sus labores y a estar en monitoreo médico.

“Esa es una actitud inhumana, es una enajenación, es la pérdida de los sentimientos; eso es ser malo de malolandia”, añadió el mandatario.

Sin embargo, el presidente confirmó que Alejandro Gertz Manero se sometió a una intervención quirúrgica “en la espalda, en la columna”, a la que se refirió como una “infiltración”.

Afirmó que el fiscal se encuentra en su domicilio, recuperándose, e incluso atendiendo asuntos del trabajo.

“Le deseamos que se mejore, que se recupere pronto. Eso es lo que puedo comentar”, dijo el presidente.

A pregunta expresa sobre si la operación que tuvo Gertz Manero era relacionada al cáncer que se ha manejado, López Obrador dijo negó rotundamente la enfermedad. “No es cáncer, según mi información; afortunadamente”, dijo AMLO.

Sobre la ausencia del fiscal en las reuniones bilaterales que el gobierno federal sostuvo con sus pares estadounidenses en el marco de la X Cumbre de Líderes de América del Norte, el presidente aseguró que él mismo le informó al presidente Biden y al procurador estadounidense, el motivo de la ausencia de Alejandro Gertz Manero.

Ocupó el tema para desmentir una carta que este fin de semana comenzó a circular, en el que se hacía referencia a un supuesto proceso para ir analizando perfiles de quienes podrían sustituir a Gertz Manero en la FGR, en donde se señalaban motivos de salud.

Entre risas, AMLO destacó que en la carta se leía ‘no omito manifestar que el contenido del presente escrito es de suma confidencialidad. Sin más por el momento me le reitero mi más altas y distinguidas consideraciones’.

“Yo ni uso eso. Es fácil falsificar la firma pero esta si está… yo cada vez que uso la mano, por mi dedito chueco, ya no me sale igual; pero esta si está completamente fuera…”, dijo el mandatario.

AMLO remató el tema deseando que el fiscal se termine de recuperar pues dijo, “lo necesitamos”.

Lamentó que en este caso,  aún cuando se trate de la salud de una persona, sus opositores estén mostrando la falta de humanismo.

Los demócratas en el Congreso dieron a conocer la semana pasada miles de páginas de las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump, las cuales brindan un panorama más detallado de sus finanzas correspondientes a seis años, que abarca su periodo en la Casa Blanca, cuando mantuvo la información privada.

Los documentos incluyen las declaraciones individuales de Trump y de su esposa, Melania, junto con las de las entidades de negocios del exmandatario de 2015 a 2020.

Las declaraciones muestran que Trump aprovechó el código fiscal para reducir sus obligaciones tributarias y revelan detalles de sus cuentas en el extranjero, contribuciones caritativas y el desempeño de algunas de sus empresas más conocidas que habían permanecido en gran medida fuera del escrutinio público.

La divulgación de los documentos culmina una disputa judicial que se extendió durante años, desde la campaña presidencial hasta el Congreso y la Corte Suprema, debido a que Trump rechazó de manera persistente los intentos de que dieran a conocer detalles de su historial financiero, contrario a la práctica de transparencia de sus predecesores de la era posterior al Watergate.

La difusión de los documentos se dio pocos días antes de que los republicanos retomen el control de la Cámara de Representantes y semanas después de que Trump anunciara otra campaña por la Casa Blanca.

De acuerdo con los documentos, Trump limitó su responsabilidad fiscal compensando sus ingresos con pérdidas corporativas, así como con millones de dólares en gastos de negocios, depreciación de activos y otras deducciones.

Aunque Trump pagó 641,931 dólares en impuestos federales sobre la renta en 2015, el año en el que emprendió su campaña para la presidencia, sólo saldó 750 dólares en 2016 y 2017, según un informe difundido la semana pasada por la Comisión Conjunta sobre Impuestos, una entidad legislativa apartidista.

Pagó casi 1 millón de dólares en 2018 y sólo 133,445 en 2019 y nada en 2020, año en el que buscó infructuosamente la reelección. Los documentos también detallan los bienes de Trump en el extranjero.

De acuerdo con las declaraciones, Trump informó tener cuentas bancarias en China, Irlanda y Gran Bretaña en 2015 y hasta 2017, incluso cuando era el comandante supremo. Sin embargo, a partir de 2018, sólo informó de una cuenta en Gran Bretaña.

Las declaraciones también muestran que Trump recurrió a créditos fiscales en el extranjero por impuestos que pagó de sus diversos negocios en el mundo, como sus acuerdos de licencia por su nombre en proyectos inmobiliarios y por sus campos de golf en Escocia e Irlanda.

En varios años, Trump aparentemente pagó más impuestos en el extranjero que impuestos netos federales sobre la renta en Estados Unidos, debido a sus ingresos en diversos países, como Azerbaiyán, China, India, Indonesia, Panamá, Filipinas, San Martín, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Los documentos muestran que las “donaciones caritativas” de Trump representaron sólo una fracción de sus ingresos. En 2020, el año en el que el coronavirus golpeó la economía, Trump no informó sobre ninguna donación caritativa. En 2019 y 2018 informó haber extendido cheques por unos 500,000 dólares en donaciones. En años previos, las cantidades fueron mayores: 1.8 millones de dólares en 2017 y 1.1 millones en 2016.

Se desconoce si las cantidades informadas incluyeron la paga presidencial de 400,000 dólares anuales, que como candidato dijo que no cobraría y afirmó haber donado a diversas dependencias federales.

Activistas iraníes han llamado a protestar los siguientes tres días, después de que ayer la Fiscalía de Irán realizara un confuso anuncio del supuesto desmantelamiento de la Policía de la Moral.

“La unidad es uno de los factores para la victoria”, afirmó el colectivo Jóvenes de los barrios de Teherán en redes sociales en su llamado a movilizaciones de los próximos tres días.

Este grupo de activistas y otros similares convocaron a los iraníes a hacer huelga laboral este lunes, a manifestarse en los barrios el martes y ha reunirse en la céntrica plaza Azadi el miércoles.

Irán vive importantes protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Masha Amini, tras ser detenida tres días antes por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico, que están siendo duramente reprimidas por la fuerzas de seguridad.

En los casi tres meses de protestas han muerto más de 400 personas y al menos 2,000 han sido acusadas de diversos delitos por su participación en las movilizaciones, de las que seis han sido condenadas a muerte.

Las revueltas comenzaron por la muerte de la joven kurda de 22 años, pero han evolucionado y ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.

Ayer, el fiscal general del país, Mohamad Yafar Montazerí, informó que habría sido suprimida la Policía de la Moral, fuerza que vigilaba la vestimenta de las personas y detenía sobre todo a las mujeres que no se cubrían de acuerdo con los códigos dictados por la República Islámica.

Pero horas después del anuncio, medios oficiales afirmaron que se había malinterpretado las palabras de Montazerí y que el cuerpo no había sido suprimido.

La Policía de la moral depende del Ministerio del Interior y el Consejo Supremo Cultural de la Revolución, que no se han pronunciado acerca del supuesto desmantelamiento del cuerpo formado en 2005 y que ha desaparecido de las calles desde la muerte de Amini.

Montazerí también se refirió a una posible relajación en la normas de vestimenta de las mujeres, algo que estaría estudiando el Parlamento y que se anunciaría en las próximas semanas.

Y es que recordemos que el velo es obligatorio en Irán desde 1983, poco después de la revolución liderada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979, quien declaró que sin esta prenda las mujeres estaban “desnudas”.

Por ello, activistas opositores y potencias occidentales desestimaron el supuesto anuncio, y advirtieron que las autoridades seguirán aplicando sus estrictas normas sobre la vestimenta de las mujeres.

“Lamentablemente, nada de lo que hemos visto sugiere que los gobernantes de Irán estén mejorando su trato hacia las mujeres y niñas o cesando la violencia que inflige a manifestantes pacíficos”, declaró por su parte un portavoz del Departamento de Estado norteamericano.

La violenta represión de las protestas ha dejado al menos 448 muertos, según la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

Para Omid Memarian, analista de Irán para Democracy for the Arab World Now (DAWN) “la supuesta suspensión” de la Policía de la Moral “no significa nada, pues ya se había vuelto irrelevante debido al nivel masivo de desobediencia civil de las mujeres y al desafío de las normas relacionadas con el hiyab”.

IHR informó también que Irán ejecutó al menos a 504 personas en lo que va de 2022, una cifra mucho más alta que en todo el año pasado, aunque advirtió que se estaba en proceso de confirmar otros casos adicionales de personas que supuestamente habrían sido ahorcadas.

Las cifras de IHR incluyen a cuatro personas ejecutadas el domingo acusadas de pertenecer al servicio de inteligencia israelí, según medios oficiales.

El grupo de defensa de los derechos humanos sostuvo que esas personas fueron ejecutadas en la prisión Rajai Shahr en Karaj, cerca de Teherán, también conocida como Gohardast, tras siete meses de detención.

IHR afirmó que el número de personas ejecutadas en 2022 es el más alto de los últimos cinco años.

Según estos datos, al menos 333 personas fueron ejecutadas en 2021, un aumento de un 25% comparado con las 267 de 2020.

El fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, presentó su renuncia este miércoles en medio de los cuestionamientos que se le han hecho a la Fiscalía General del estado por el feminicidio de Debanhi Escobar, cuyo caso está por cumplir seis meses sin resolverse.

Guerrero presentó un escrito ante la Oficialía de Partes del Congreso del estado, encargado de la aprobación del titular de la Fiscalía, en el que somete a su consideración la renuncia al puesto que ocupa desde el marzo de 2018.

“Ello, como parte de mi proceso de jubilación por haber cumplido más de 40 años de desempeñarme como servidor público del estado de Nuevo León”, señala fiscal en el documento.

Añadió que, a lo largo de sus años en el servicio público, ha transitado con orgullo por distintos encargos y tareas. “En los que concentré mis más altos esfuerzos, siempre en pro de la justicia y el Estado de derecho”, añadió.

Sin embargo, argumentó que ahora toca el turno de “nuevos retos”, y señalando que se retira con la satisfacción del “deber cumplido”.

Apenas el 19 de septiembre, Mario Escobar, papá de la Debanhi, quien desapareció el pasado 9 de abril y su cuerpo fue hallado 12 días después en una cisterna de un motel, exigió al Congreso del estado la destitución del fiscal, debido a las omisiones en el caso de su hija.

El caso de Debanhi, aún sin esclarecerse y que fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), ha despertado indignación internacional por la imagen que se viralizó de ella abandonada junto a una carretera en Nuevo León y porque la fiscalía estatal primero indagó el caso como accidente.

El fiscal también causó polémica por sugerir en una entrevista, en medio de la investigación del feminicidio, que la ola de desapariciones de mujeres en el estado se debía a “rebeldía” de las jóvenes y a una “decisión voluntaria”, en la mayoría de los casos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó este viernes obstáculos o resistencias de parte del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en relación al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pese a las denuncias del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Se habló de obstáculos en la fiscalía y se señaló al fiscal, pues yo sostengo que, en lo que a mí corresponde, que he estado pendiente, la actitud del fiscal ha sido de colaboración”, aseguró el mandatario en su rueda de prensa diaria.

López Obrador respondió así a las acusaciones que el GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hiciera ayer, en donde alertó de la intromisión y obstrucción de parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército para investigar el “crimen de Estado” de los estudiantes.

Los expertos del GIEI afirmaron que las intromisiones en la FGR derivaron en la renuncia esta semana del fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, además de que señalaron que en la fiscalía “se ha tratado de frenar las investigaciones” y “se han dado órdenes de no judicializar”.

El presidente afirmó que el fiscal siempre ha colaborado desde que él asumió el gobierno en diciembre de 2018 con la promesa de resolver la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

“En ningún caso tuve resistencia del fiscal Gertz Manero ni del presidente de la Corte (Arturo Zaldívar) porque hablé con ellos y les pedí apoyo y colaboración, y los dos siempre dispuestos a ayudar. Ninguno de ellos me dijo: ‘es que no podemos llegar tan alto'”, sostuvo.

La polémica sobre la desaparición de los 43 normalistas se ha reavivado en este octavo aniversario, derivado del reporte de la Comisión de la Verdad del Gobierno que reconoció el pasado 18 de agosto que fue un “crimen de Estado” con autoridades involucradas de todos los niveles, incluyendo el Ejército.

Sin embargo, el reporte también generó indignación. Los padres de los jóvenes han denunciado la impunidad de las Fuerzas Armadas, después de que la FGR cancelara la semana pasada 21 órdenes de aprehensión, de las que 16 correspondían a militares.

“Cuando hablo con el fiscal le aportamos el informe, y lo que hace el fiscal es ajustarse a ese informe y actúa con información de ese informe, y no dudo de que en la fiscalía haya habido gentes que no quisieran que se llevara a cabo el proceso de solicitar las órdenes de aprehensión”, argumentó López Obrador.

El mandatario también sostuvo que a la Comisión de la Verdad se le entregó “toda la información que solicitaron”, aunque el GIEI denunció que las Fuerzas Armadas no han querido abrir todos los archivos, que incluyen pruebas de que espiaron a criminales, estudiantes y autoridades la noche de la desaparición.

“Yo personalmente hablé con el secretario (de la Defensa Nacional), con el almirante (de la Marina), con todos, para que se entregaran todos los documentos, todo lo que aparecía en los archivos, y por eso también se avanzó”, defendió.

El fiscal a cargo de la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia al cargo, confirmó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Va a dejar el cargo, tengo esa información y la Fiscalía va a nombrar otro fiscal. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista”, contestó el mandatario luego de ser consultado sobre el tema.

La dimisión de Omar Gómez, nombrado en 2019 tras llegar al poder el presidente López Obrador, se confirmó luego de que se supiera que la FGR canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión en contra de exservidores públicos y militares por su relación con el caso, porque “no estaban en el informe” de la comisión de la verdad.

La renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa se hará efectiva a partir del próximo viernes 30 de septiembre.

López Obrador detalló que el Fiscal prefirió dejar el cargo ya que no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión.

“Hubo diferencias, y yo apoyó que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento”, defendió el presidente.

López Obrador envió un mensaje a los padres y familiares de los normalistas respecto a que la investigación continuará pese a las presiones que el gobierno federal está recibiendo.

“Nada más decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, a ellos me dirijo de que tengan confianza, de que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean (…) estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia y que yo estoy acostumbrado a resistir”, enfatizó.

El presidente se refirió también a sus adversarios, los “conservadores y corruptos” que ordenaron el crimen; les dijo que pese a todos los intentos que haga, “no descarrilarán” la investigación que se sigue.

Al menos 10 personas fueron asesinadas, y otras más resultaron heridas, la noche de ayer en un billar ubicado en el municipio de Tarimoro, en Guanajuato, informaron las autoridades.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en un negocio ubicado en la calle Independencia, en Tarimoro, al sur de Guanajuato.

Sujetos con armas de fuego llegaron al billar y dispararon en contra de un grupo de al menos 10 personas, de las cuales 9 fallecieron en el lugar y 1 más murió en su traslado al hospital.

En el lugar fueron halladas cartulinas con las siglas del Cártel Santa Rosa de Lima, que en los últimos años ha azotado el estado y que controla el trasiego de drogas y de combustibles además de extorsiones.

Agentes de la Guardia Nacional, de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y de la Policía municipal llegaron al lugar para vigilar la zona, aunque hasta el momento no se reportan detenidos.

El episodio de este miércoles refleja la ola de violencia que aqueja a México, que registró 33,308 homicidios en 2021 después de los 2 años más violentos de su historia, bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.

Al respecto, esta mañana, el presidente López Obrador indicó que “ayer fue un día difícil”, uno de los días de mayor violencia, haciendo énfasis en lo sucedido en Guanajuato.

“Hubieron 91 homicidios, pero saben donde hubieron más, en Guanajuato, para variar”, señaló el mandatario.

Se indicó que el 42% de los homicidios ocurridos ayer miércoles 21 de septiembre, ocurrieron en tres estados: Guanajuato, Oaxaca y Veracruz. Sin embargo, el 22% del total se registraron en Guanajuato, es decir 20 homicidios. Esto le sirvió a AMLO para reclamar el actuar de los senadores.

“Y los senadores de Guanajuato en contra de qué la Guardia Nacional cuente con el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Defensa” en tareas de seguridad, sostuvo.

Indicó que independientemente de qué haya diferencias políticas con las autoridades locales, el gobierno federal actúa con responsabilidad protegiendo a la gente de Guanajuato. Lamentó que el gobierno local no ayude, pues mantiene al fiscal de Guanajuato, quien lleva 15 años en el cargo.

“No lo cambian porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo que tiene muchas influencias y muchas agarraderas”, criticó el presidente.

“No ayudan, porque mezclan las cosas. Podemos tener diferencias políticas, pero cómo no nos ponemos de acuerdo en esto si es la seguridad de la gente. Lo que está fallando es que no está bien la fiscalía y cuenta mucho el fiscal. Les puedo poner el ejemplo de Veracruz; había un fiscal que ahora está detenido y enfrenta un proceso. Se cambia el fiscal y baja la incidencia delictiva” del Estado, indicó.

Afirmó que si hay complicidad entre autoridades y delincuencia, es muy difícil que la violencia cese.

Insistió en que él personalmente le ha dicho al gobernador que es necesario remover al fiscal, pero no ha podido hacer nada ya que el fiscal pertenece a un grupo al interior del PAN muy fuerte.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cámara de Diputados solicitó a las autoridades correspondientes aplicar las sanciones respectivas a Renato Sales Heredia, Fiscal de Campeche, por no acudir a comparecer, para esclarecer el ejercicio de recursos públicos federales.

“Se incumplió una determinación legal de este órgano legislativo que fue comunicada en tiempo y forma. Lo anterior da pie a que ésta presidencia de la Comisión (…) proceda a solicitar ante las autoridades correspondientes se apliquen las sanciones respectivas al Renato Sales Heredia por no acudir a comparecer”, expuso en una conferencia de prensa el presidente de la comisión, el priísta Pablo Angulo Briceño.

Dijo que se solicitará a la ASF continúe con el trámite de la denuncia interpuesta en contra de Sales Heredia, a fin de que se le sancione en los términos de la legislación penal aplicable.

Recordó que en la octava sesión ordinaria, celebrada el pasado 17 de agosto, se aprobó citar al fiscal el día 23 del mismo mes, a fin de que aclarara y justificara aspectos vinculados con la auditoría de DN19-006 llevada a cabo por la ASF respecto de las cuentas públicas 2015, 2016, 2017 y 2019 en la que se determinó un daño patrimonial a la hacienda pública federal por la cantidad de 807 millones de pesos.

“Como presidente de la Comisión de Vigilancia dejo claro mi compromiso de citar a comparecer a cualquier funcionario público o exfuncionario que haya hecho mal uso de los recursos públicos. La facultad exclusiva de las fiscalizaciones es de la Cámara de Diputados y deposita en la comisión esta potestad, la cual en todo momento habremos de ejercer”, añadió el diputado.

Subrayó que el fiscal está en desacato a las disposiciones legales y no se pasará por alto que haga caso omiso a una comparecencia, a las que está obligado. Refirió que aunque el funcionario mostró en sus redes sociales un documento donde comparece por escrito, y aparece el sello de recibido por parte de la Cámara de Diputados, “seguramente lo acaba de presentar hace unos momentos”.

Diputados de la Comisión señalaron que la solicitud surge porque se ha descubierto que Sales Heredia “es el gran espía de México y hay una gran documentación que lo prueba; serán presentadas en su momento y podrán descubrir la tremenda red de espionaje que existe en México”, que afecta a todo aquel que incomoda al régimen, incluidos legisladores y periodistas.

Sin embargo, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, sostuvo que la reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la que se acordó citar a comparecer al fiscal General de Campeche fue ilegal toda vez que no alcanzó el quórum para su realización y además no tiene la facultad para convocar a un funcionario estatal.

En ese sentido, defendió que Sales Heredia no asistiera a la reunión de la Comisión.

“No puede asistir a un acto que fue ilegal, que está fuera de la normatividad y del reglamento de la Cámara de Diputados. La sesión no existió, no hay un reconocimiento legal porque no había quórum”, indicó el morenista.

Acusó que dicha cita “obedece más bien a una necedad política de un diputado (Pablo Angulo, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF) que quiere ayudar, y eso está bien, a un amigo de él, que fue su jefe, que lo ha tutelado durante toda su carrera política”, en referencia a Alejandro Moreno Cárdenas, diputado y dirigente nacional del PRI.

Mier Velasco explicó que la única instancia que puede llamar a comparecer a un funcionario del ámbito estatal es la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, integrada por la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Si nosotros permitiéramos un acto de esta naturaleza, al rato cualquiera va a estar haciendo que comparezcan en función de intereses políticos”, añadió el morenista.