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El Gobierno federal anunció una serie de estímulos fiscales, incluidas deducciones del 100% en la compra de bienes destinados a reconstrucción o rehabilitación en el estado de Guerrero, para contribuyentes de ese estado y que viven en las zonas afectadas por el huracán Otis.

Tras la declaratoria de situación de emergencia para el estado de Guerrero emitida el 26 de octubre, por devastación causada por el huracán Otis, el Gobierno anunció una lista de beneficios fiscales mediante un decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) de ayer, el cual es vigente a partir de este martes.

En el documento se señaló que la deducción se ofrecerá durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que debido a que Otis, que entró a tierra como huracán de categoría 5, afectó la economía, la planta productiva y puso en riesgo la preservación de las fuentes de empleo, las medidas “son para contribuir a la restauración de los daños, así como a la normalización de la actividad económica en el menor tiempo posible”.

El Gobierno federal dijo que considera “conveniente” apoyar a los contribuyentes de las zonas afectadas a fin de que cuenten con liquidez para hacer frente a sus compromisos económicos, por lo que es pertinente eximirlos de la obligación de efectuar pagos provisionales del impuesto sobre la renta en los meses señalados.

También se permitirá que los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas presenten mensualmente las declaraciones del impuesto al valor agregado correspondientes al segundo semestre de 2023.

Adicional se autorizó la deducción inmediata y hasta por el 100% del monto original de la inversión correspondiente a las inversiones en bienes nuevos y usados de activo fijo que se realicen en las zonas afectadas en el periodo comprendido de octubre, noviembre y diciembre de 2023.

Se devolverá el impuesto al valor agregado de aquellas solicitudes que se presenten a más tardar en diciembre de 2023, en la mitad del plazo señalado en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.

En cuanto a donativos, el Gobierno dijo que son de suma importancia las acciones de la sociedad civil encaminadas a apoyar a las personas afectadas mediante la donación de recursos para su reconstrucción o rehabilitación a través de personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que permitirá que los afectados recuperen sus viviendas en un menor tiempo, entre otros medidas.

Las medidas fiscales llegan a seis días del impacto del huracán Otis, que tocó tierra el miércoles como categoría 5 y que ha dejado al menos 45 muertos y 47 desaparecidos. La emergencia ha rebasado la respuesta del Gobierno, que ha acaparado la entrega de ayuda y la cual sigue siendo lenta.

Otis, que se intensificó en menos de 12 horas de tormenta tropical a huracán categoría 5 para convertirse en uno de los ciclones más potentes en la historia en el océano Pacífico, dejó incomunicada a gran parte de la población de Acapulco por lo que las autoridades trabajan en restablecer los servicios.

CFE señaló que será esta noche cuando quede reestablecido por completo el servicio eléctrico. Hasta ayer, el avance era del 65%.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que separó de su cargo a dos de sus fiscales, esto en cumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que los señaló como culpables de desacatar una orden judicial.

La SCJN ordenó proceder contra los dos servidores públicos luego de que se comprobó que “no hicieron nada y al contrario, procuraron obstaculizar una sentencia de amparo” que ordenaba cotejar el número de joyas aseguradas por la FGR en un investigación, con las facturas y autorizaciones de importación que presentó su presunto dueño.

Los imputados desacataron una orden judicial para verificar el origen lícito de unos diamantes valuados en 235 millones de pesos, propiedad atribuida a un presunto contrabandista.

En ese sentido, la FGR informó que acatará el fallo de la Suprema Corte y anunció que separó de su cargo al Agente del Ministerio Público de la Federación, Víctor Manuel “M”, y a su superior jerárquico inmediato Celia “A”.

Esto, “por haber incumplido, en tiempo y forma, con lo ordenado por un Juez Federal de Amparo, iniciando asimismo la carpeta correspondiente para su consignación (judicialización)”.

Recordó que este asunto comenzó mediante una averiguación previa por contrabando en 2014, por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en Cancún, Quintana Roo, y los bienes correspondientes “fueron decretados por abandono a favor del Estado y entregados a las instancias federales competentes”.

Se detalló que el incumplimiento “consistió en no haber realizado, en tiempo y forma, por parte del Ministerio Público y de su superior inmediato, todas las diligencias que el Juez les ordenó”, y cuando le hicieron llegar a la autoridad judicial la información respectiva, “los plazos ya habían sido incumplidos”.

La dependencia señaló que por lo que toca al incidente de “inejecución”, la institución “cumplirá cabalmente con los plazos y diligencias ordenadas que sean necesarias, a través de los Agentes del Ministerio Público que se encargarán de este caso”.

El expresidente Donald Trump arremetió la noche de ayer contra el fiscal de Nueva York, Alvin Bragg, por presentar cargos penales en su contra y se declaró víctima de interferencia electoral, aunque fiel a su estilo, no ofreció pruebas.

“Nunca pensé que algo así pudiera ocurrir en Estados Unidos”, dijo Trump a sus seguidores reunidos en su casa de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

“El único crimen que he cometido ha sido defender sin miedo a nuestra nación contra aquellos que buscan destruirla”, añadió.

Por la tarde, Trump se declaró no culpable de los 34 delitos de los que se le acusan, todos graves, de falsificación de registros comerciales. Todo surgió a raíz de que los fiscales de Manhattan lo acusaron de haber entregado pagos a dos mujeres antes de las elecciones estadounidenses de 2016 para silenciarlas y evitar que difundieran los encuentros sexuales con él.

El discurso de anoche, en Florida, fue relativamente corto, de 25 minutos, en comparación con sus discursos en mítines que a veces pueden durar dos horas.

Pese a lanzarse contra los fiscales, no convocó a nuevas protestas de sus partidarios. Y aunque se espera que vuelva pronto a la campaña electoral, no dio detalles al respecto.

Recordemos que Trump ha levantado la mano para hacerse de la nominación presidencial republicana en 2024. En ese sentido, se declaró acosado por adversarios políticos que utilizan el sistema legal en su contra para impedir que regrese a la Casa Blanca.

Trump acusó a Bragg, fiscal del distrito de Manhattan, de ir a por él “antes de saber nada de mí”. Agregó que el juez del caso, Juan Merchan, es “un juez que odia a Trump”.

Trump también arremetió contra las distintas causas judiciales abiertas contra él, desde el manejo de documentos clasificados que fueron llevados a Mar-a-Lago cuando Trump dejó la Casa Blanca a principios de 2021, la investigación sobre el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 y el caso de injerencia electoral al que se enfrenta en Georgia por las elecciones de 2020.

Trump se mostró especialmente preocupado por el caso de los documentos que investiga el abogado especial Jack Smith, al que calificó varias veces de “lunático”.

Dijo que los casos equivalen a un intento de frustrar su tercera carrera presidencial, calificándolos de “interferencia electoral masiva a una escala nunca vista”.

Un grupo de combativos y acérrimos partidarios de Trump se reunió en un salón de baile en Mar-a-Lago, incluidos los legisladores republicanos Marjorie Taylor Greene y Matt Gaetz, el veterano operador político Roger Stone, el fabricante de almohadas Mike Lindell, el exembajador de Estados Unidos en Alemania Richard Grenell y los hijos de Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump.

El fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland, sostuvo una conversación telefónica con su contraparte mexicana, el Fiscal Alejandro Gertz, para abordar el tema de la extradición de Rafael Caro Quintero, detenido la semana pasada en nuestro país.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia estadounidense, “los dos líderes reafirmaron su compromiso compartido de continuar trabajando al unísono en la extradición de Caro Quintero y se comprometieron a continuar construyendo sobre una colaboración exitosa en investigaciones criminales y enjuiciamientos de delitos transfronterizos”.

Caro Quintero, de 69 años y uno de los líderes del extinto cártel de Guadalajara, es acusado de varios delitos, incluido el secuestro y asesinato del agente de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) “Kiki” Camarena en 1985, debido a lo cual Washington ofrecía 20 millones de dólares por su captura.

La llamada llega luego de que el pasado lunes un juez federal de México frenó la extradición a Estados Unidos del capo conocido como el “Narco de Narcos”, con lo cual la solicitud deberá dirimirse en un juicio.

El narcotraficante fue capturado en 1985 por haber ordenado el asesinato de Camarena y condenado a 40 años de prisión, que cumplía en una cárcel de nuestro país, hasta su liberación en agosto de 2013 por un tecnicismo legal, mismo que el presidente López Obrador ha señalado.

Caro Quintero obtuvo un amparo del tribunal de Jalisco que le dio la libertad al argumentar que debió ser juzgado en el Fuero Común y no en el Federal, ya que ‘Kiki’ Camarena no era un agente consular registrado.

Tras su detención la semana pasada, Quintero fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

El arresto del capo se dio 3 días después de que Andrés Manuel López Obrador se reunió con el presidente Joe Biden en Washington, donde reafirmaron trabajar juntos para abordar los principales problemas de seguridad que afectan a los dos países. Ello levantó la sospecha que el gobierno de México capturó a Caro Quintero por solicitud de Estados Unidos, aunque López Obrador lo ha negado.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró este miércoles que la investigación penal que se desahoga en la Fiscalía de Nueva York contra su conglomerado empresarial es una cacería de brujas de los demócratas que no quieren que se postule de nuevo a la presidencia en 2024.

El republicano señaló hoy en un comunicado que se trata de “una continuación de la mayor caza de brujas política en la historia de los Estados Unidos”.

Y es que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció ayer martes que se unirá a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan en la indagación penal relacionada con el conglomerado inmobiliario de Trump y el pago de impuestos.

Trump se mostró como una víctima de varias investigaciones del pasado y “testigos mentirosos”, que en esta ocasión “buscan desesperadamente un delito”.

La investigación está centrada en comprobar si el conglomerado Trump engañó a prestamistas y compañías de seguros sobre el valor de las propiedades y si pagó los impuestos correspondientes por las transacciones que realizó.

La investigación ha estado en curso desde 2019, como un caso civil, al que ahora se agrega el criminal.

El expresidente aseguró que se trata de una campaña de la fiscal James incluso antes de que fuera elegida en ese cargo, la cual buscaba su destitución cuando él era presidente. “Hizo campaña para enjuiciar a Donald Trump incluso antes de saber algo sobre mí”, expresó el republicano.

Subrayó que buscan “la destrucción de la suerte política del presidente Donald J. Trump” porque no quieren que se presente de nuevo como candidato.

La notificación de James a la organización supone un nuevo nivel de riesgo legal para el expresidente, de cara a su posible candidatura a las próximas presidenciales, ya que el fiscal general ahora puede pedir sanciones penales como parte de la investigación.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan está examinando millones de páginas de documentos que incluyen las declaraciones de impuestos del magnate neoyorquino.

El expresidente, que vive en Florida tras dejar la presidencia en enero pasado, manifestó que durante años miembros y asociados de la Organización Trump han sido acosados para testificar en su contra, lo que incluye “inventar historias falsas”.

Los fiscales generales de 23 estados de Estados Unidos, encabezados por Minesota, enviaron este viernes un carta al fiscal general, William Barr, criticando su petición a todos sus subordinados de que investiguen supuestas irregularidades en la elección presidencial y la tacharon de “interferencia” en el proceso electoral.

“Reconocemos y apreciamos el importante papel del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) en algunos casos de persecución de fraude electoral. Sin embargo, estamos alarmados por que haya revertido la larga trayectoria política del Departamento de Justicia que ha servido para facilitar esa función sin permitir que se interfiera en los resultados electorales o se cree la apariencia de una participación política en los comicios”, se lee en la carta.

Los fiscales de casi la mitad de los estados del país subrayan que con la instrucción enviada el lunes por Barr se amenaza con alterar ese equilibrio clave, con efectos potencialmente dañinos en los procesos electorales que forman parte de la democracia.

Además, insisten en que en las últimas cuatro décadas ha recaído en los fiscales estatales y no en los federales, la responsabilidad de supervisar el proceso electoral.

Recordemos que en un memorando publicado el lunes pasado, Barr autorizó a investigar denuncias sustanciales de irregularidades en el voto o en la tabulación del voto antes de la certificación de las elecciones.

“Dichas investigaciones y revisiones pueden realizarse si existen denuncias claras y aparentemente creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, podrían potencialmente afectar el resultado de una elección federal en un estado concreto”, añadió.

Con esta orden, Barr puso a los fiscales federales al servicio de la estrategia de Donald Trump, quien no ha reconocido su derrota en los comicios de la semana pasada frente al presidente electo, Joe Biden, y denuncia sin pruebas un fraude electoral de grandes dimensiones.

“Si ha habido fraude en el proceso electoral, los perpetradores deben ser llevados ante la justicia. Estamos comprometidos a ayudar a lograrlo. Pero, hasta ahora, no han surgido acusaciones plausibles de mala conducta generalizada que podrían impactar en el resultado en ningún estado o justificar un cambio en la política del DOJ” dicen los 23 fiscales que firman la carta..

Por su parte, la fiscal de Nueva York, Letitia James, subrayó que este cambio de política no es más que el último recurso de una administración saliente para aferrarse desesperadamente al poder y extender el caos sobre el proceso electoral.

El secretario de Justicia de los Estados Unidos, William Barr, ha autorizado a los fiscales federales de todo el país investigar “acusaciones sustanciales” de irregularidades en la votación de la jornada electoral del pasado martes.

Dichas investigaciones se darán antes de que se certifique la elección presidencial, a pesar de que hay poca evidencia de las irregularidades que denuncia la campaña del presidente Donald Trump.

La medida adoptada de Barr plantea la posibilidad de que Trump utilice al Departamento de Justicia para tratar de impugnar el resultado que hasta ahora da a Joe Biden como ganador de la contienda.

La decisión le da a los fiscales la capacidad de desentenderse de la añeja política del Departamento de Justicia que normalmente prohibiría tales medidas antes de que la elección sea formalmente certificada.

Y es que recordemos que Trump no ha reconocido su derrota, y en su lugar afirma sin pruebas, que ha habido una conspiración multiestatal de los demócratas para sesgar el recuento de votos a favor de Biden.

Biden tiene una ventaja considerable en varios estados reñidos tales como Georgia, Arizona y Carolina del Norte, y en donde no ha habido indicios de suficientes votos mal contados o emitidos ilegalmente que cambien el resultado.

De hecho, los funcionarios electorales de ambos partidos políticos han declarado públicamente que la elección salió bien, aunque ha habido cuestiones menores que son típicas en las elecciones, incluyendo fallas en algunas máquinas de votación y votos que fueron mal emitidos y perdidos.

En un memorando dirigido a los fiscales federales, Barr escribió que las investigaciones “pueden llevarse a cabo si hay acusaciones claras y en apariencia creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, pudieran afectar el resultado de una elección federal en un estado concreto”.

Los estados tienen hasta el 8 de diciembre para resolver las disputas electorales, incluyendo recuentos e impugnaciones judiciales sobre los resultados. Los miembros del Colegio Electoral se reúnen el 14 de diciembre para formalizar el resultado.

Tal como venía sucediendo el año pasado, este viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se dan a conocer los nuevos porcentajes y montos del estímulo fiscal aplicables a los combustibles.

Dicho estímulo será aplicable a partir de este sábado 11 y estará vigente hasta el próximo 17 de enero próximo.

Según lo publicado, el estímulo mantendrá su aplicación a la gasolina Magna y Diésel, y mantiene sin apoyo la gasolina Premium.

Para el nuevo periodo, el estímulo fiscal será de 13.21%% para la gasolina magna. En el caso del diésel el estímulo será de 17.11%.

Los estímulos anunciados son mayores a los últimos anunciados el año pasado que estuvieron en vigencia hasta el 31 de diciembre, que en el caso de la gasolina magna fue de 4.82%, mientras que para el diésel fue de 11.95%.

El apoyo que dichos estímulos darán al consumidor final, por cada litro, será el siguiente:

El presidente Donald Trump aseguró este jueves que publicará sus declaraciones de impuestos “antes de la elección” presidencial de 2020, mientras sube la presión del fiscal de Manhattan y de los demócratas en el Congreso para obtener esos documentos contra su voluntad.

“Continúa la caza de brujas con los fiscales locales demócratas de Nueva York, están revisando todas las transacciones financieras que he realizado en mi vida. Esto nunca le ha sucedido a un presidente, lo que están haciendo no es legal”, escribió el mandatario en Twitter.

“Pero estoy limpio, y cuando publique mi declaración financiera (mi decisión) en algún momento antes de la elección, solo mostrará una cosa, que soy mucho más rico de lo que la gente pensó. Y eso es una buena cosa. ¡Empleos, empleos, empleos!”, añadió.

Trump no precisó cuáles son los documentos que divulgaría, ni cuándo exactamente los publicará.

Al ser el primer presidente desde Richard Nixon en no publicar sus declaraciones de impuestos, Trump lucha desde hace meses para bloquear los esfuerzos liderados por una comisión legislativa y del fiscal demócrata de Manhattan por obtenerlas.

Una corte de apelaciones federal de Nueva York falló el 4 de noviembre que Mazars, la empresa contable de Trump, debe difundir ocho años de declaraciones de impuestos del presidente, tal como pide el fiscal. Pero los abogados de Trump pidieron a la Corte Suprema que bloquee esta decisión.

Como ha venido sucediendo desde inicios de año, este viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se dan a conocer los nuevos porcentajes y montos del estímulo fiscal aplicables a los combustibles.

Dicho estímulo será aplicable a partir de este sábado 16  y estará vigente hasta el 22 de noviembre.

Según lo publicado, el estímulo mantendrá su aplicación a la gasolina Magna y Diésel, y se elimina una semana más, para la gasolina Premium.

Para el nuevo periodo, el estímulo fiscal será de 8.48%% para la gasolina magna. En el caso del diésel el estímulo será de 9.98%.

Los estímulos anunciados son menores a los de la semana pasada que en el caso de la gasolina magna fue de 10.27%, mientras que para el diésel fue de 11.61%.

El apoyo que dichos estímulos darán al consumidor final, por cada litro, será el siguiente:

 

La actual administración federal canceló entre agosto y octubre adeudos fiscales por $126 mil millones; entre los beneficiados está el operador de ‘Los Zetas’, el dueño de FICREA, 6 empresas utilizadas en ‘La Estafa Maestra’ y hasta la familia del exprocurador Murillo Karam.

La administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) canceló un adeudo fiscal por 92 millones de pesos a una empresa propiedad de Juan Manuel ‘El Mono’ Muñoz Luévano, quien se declaró culpable ante una Corte federal de Texas de los delitos de lavado de dinero del narcotráfico y distribución de cocaína.

La cancelación del adeudo al presunto operador financiero del cártel de ‘Los Zetas’ fue notificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 20 de agosto de 2019.

El SAT también canceló el pasado jueves 10 de octubre una deuda por 7 mil millones de pesos a Leadman Trade SA de CV, empresa que fue utilizada en el fraude de la financiera popular FICREA, y que afectó a 6 mil ahorradores en ocho estados.

El accionista mayoritario tanto de Leadman Trade como de FICREA era Rafael Antonio Olvera Amezcua, quien permanece detenido en Texas, en espera de su extradición, acusado de haber desviado el dinero de los ahorradores para adquirir vehículos e inmuebles de lujo para beneficio de él y su familia.

En el listado de los adeudos cancelados aparecen, además, seis empresas involucradas en el esquema de ‘La Estafa Maestra’: Icalma, Evyena, Constructora Bofill, Servicios Yafed, Femexport y Adasy Company, a las cuales el actual gobierno les perdonó el pago de 3,647 millones de pesos de impuestos.

En una hoja informativa, el SAT precisó que las cancelaciones de los adeudos se dan por insolvencia del contribuyente, la cual se determina una vez agotado un proceso de investigación en el que los agentes fiscales no logran localizar bienes susceptibles de embargo con los que se pueda cubrir el crédito fiscal.

No obstante, al menos dos empresas dedicadas a la distribución de combustible, en las que ‘El Mono’ Muñoz aparece como accionista, todavía operan en Coahuila, mientras que al defraudador de FICREA las autoridades de justicia le han identificado múltiples bienes en Estados Unidos.

De acuerdo con bases de datos oficiales obtenidas y procesadas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se detalla que el mayor adeudo cancelado corresponde a Mex-US Steel de Tamaulipas, una empresa presuntamente fantasma creada en julio de 2015 por dos jóvenes residentes en colonias populares de Matamoros, a la que el SAT le perdonó el pago de 9 mil 944 millones de pesos.

En la lista de adeudos cancelados hay, además, empresas vinculadas a multimillonarios fraudes y hoteles de lujo, como el Bluebay Grand Esmeralda, ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Itrio Arquitectos, una empresa propiedad de dos sobrinos y un cuñado del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue beneficiada con la cancelación de una deuda al SAT por 191 millones 988 mil pesos.

En el anterior sexenio, encabezado por Enrique Peña Nieto, Itrio Arquitectos vivió días de bonanza, pues multiplicó más de 5 veces el monto de sus contratos.

En el sexenio de Felipe Calderón Itrio Arquitectos ejecutó obras con fondos federales por 254 millones de pesos, mientras que en la gestión de Peña Nieto los contratos sumaron 1,373 millones de pesos, de acuerdo con documentos oficiales obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Los adeudos cancelados por el SAT a Itrio equivalen al 14% de los contratos que esa constructora recibió en el sexenio de Peña Nieto.

Washington expresó este viernes su apoyo al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, respecto a lo que consideró sus “necesarias” reformas económicas.

Mediante un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, respaldó al gobierno de Moreno, luego de más de una semana de protestas y disturbios en Ecuador.

“Estados Unidos apoya los esfuerzos del presidente Moreno y del gobierno de Ecuador para institucionalizar las prácticas democráticas y aplicar reformas económicas necesarias”, afirma el comunicado, aludiendo, entre otras medidas, a la eliminación de los subsidios a los carburantes que se tradujo en un aumento de más de 120% de su precio y provocó amplio descontento.

Por su parte, manifestantes volvieron a enfrentarse este viernes con la policía en Quito como parte de las protestas que encabezan los indígenas contra los ajustes económicos pactados por el gobierno de su país con el FMI.

Los choques con piedras y gas lacrimógeno estallaron en los alrededores de la sede del Legislativo, que el miércoles fue asaltada por indígenas que ocuparon brevemente el hemiciclo.

Al respecto, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó el uso de bombas lacrimógenas en recintos universitarios de Quito donde se refugiaron manifestantes indígenas, advirtiendo que utilizar este tipo de métodos disuasorios en recintos cerrados puede poner vidas en peligro.

Portavoces de la oficina destacaron que las autoridades “deben diferenciar claramente los elementos violentos de quien protesta pacíficamente” en las protestas que desde la semana pasada viven distintas ciudades ecuatorianas contra las medidas de ajuste económico dictadas por Quito tras recibir un crédito del FMI.

La oficina que dirige la expresidenta chilena Michelle Bachelet también dijo haber recibido informes sobre medio centenar de ataques a periodistas que están cubriendo las protestas, en las que ha habido cinco muertos, más de medio centenar de heridos y cerca de un millar de detenidos.

Cuando matan a 30 personas en un bar o llegan a una estación de autobuses a acribillar a otras 5 y lo que llama la atención es el conflicto entre gobernadores y fiscales, algo está muy podrido en el sistema de procuración de justicia y de seguridad en nuestro país.

Eso es lo que ha ocurrido en estos días después de que, en Coatzacoalcos, Veracruz, llegara un grupo o un individuo – hasta el momento seguimos sin tener claridad sobre lo ocurrido – a rociar gasolina y matar por asfixia y quemaduras a 30 personas.

Lo que trascendió inmediatamente después de esa masacre y esa tragedia fueron los desencuentros entre el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y el Fiscal Estatal, Jorge Winkler. Winkler llegó a la fiscalía impulsado por el antecesor de García, por Miguel Ángel Yunes. Esto le ha molestado a García desde el día uno, al grado que a las reuniones de seguridad del estado está prohibida su entrada.

Así, inmediatamente después de la masacre, García no atinó más que a culpar a la fiscalía estatal por haber liberado a un individuo conocido como “La Loca”, al cual culpó de haber sido el autor material del table dance “El Caballo Blanco” en donde ocurrieron los hechos. Resultó que ni “La Loca” estuvo involucrado en la masacre y este individuo fue liberado, sí, pero por la Fiscalía General de la República…en dos ocasiones. Todo mal.

Y para sumarle al asunto, ayer el Congreso del Estado decidió separar del cargo a Winkler argumentando que no cumple con la certificación de confianza. La remoción dicen que va a ser temporal, pero bien sabemos lo que esa temporalidad va a significar si la decisión queda en manos de los diputados de Morena. La actuación del legislativo no queda claro que cumpla con la ley pero, evidentemente eso es lo que menos les importa. Lo que quiere el gobernador es a Winkler fuera.

En Cuernavaca, la madrugada del lunes llegó un comando a una estación de autobuses y disparó en contra de 5 personas. No fueron 30 muertos, pero, aun así, estamos hablando de un delito de alto impacto en donde de nueva cuenta salieron a relucir las diferencias entre el gobernador Cuauhtémoc Blanco y el Fiscal del estado, Uriel Carmona Gándara. A Carmona lo nombró, obvio, el antecesor de Blanco, Graco Ramírez. Y esto ha sido una de las razones para impedir la colaboración entre gobierno y fiscalía.

Recordemos simplemente que el nuevo sistema penal acusatorio busca la autonomía de la fiscalía, pero deja en manos del ejecutivo estatal o nacional su presupuesto con solamente un tope mínimo fijado por la Constitución. Por ello, tanto Veracruz como Morelos son de los estados que menor presupuesto asignan hoy a sus fiscalías. En Veracruz es de $175.79 pesos per cápita y en

Morelos es de $186.32 pesos per cápita. En contraste, Chihuahua otorga $655 pesos per cápita, por ejemplo.

Así, podemos imaginar que frente a los desencuentros entre gobernadores y fiscales el poder de la chequera inclinará la balanza en favor del gobernador en turno y en contra de la justicia.

Columna completa en EL UNIVERSAL

Fiscales de Estados Unidos y el Departamento de Justicia pidieron a la Corte de esepaís que la sentencia para el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán sea, por lo menos, de cadena perpetua.

La sentencia final de Guzmán Loera se dará a conocer el 17 de julio, en un juicio en Nueva York .

“El Tribunal debe sentenciar al acusado (‘El Chapo’) a cumplir una pena mínima de por vida, obligatoria, con treinta años de prisión consecutiva”, señala un documento firmado por fiscales de EUA y el Departamento de Justicia.

Los fiscales también piden ordenar a Guzmán Loera pagar una restitución “con el monto que se determinará dentro de los 90 días después de la audiencia de sentencia”.

El documento donde se pide la cadena perpetua a ‘El Chapo’ fue firmado por Richard D. Donoghue, fiscal del Distrito Este de Nueva York; Arthur G. Wyatt, jefe de la división de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia; y Ariana Fajardo Orshan, fiscal del Distrito Sur de Florida.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá dar a conocer el nombre de los clubes afiliados a la Federación Mexicana de Futbol (FMF)  beneficiados con la condonación de créditos fiscales, los montos condonados, fecha y motivos, en el periodo comprendido entre enero de 2012 y el 4 de mayo de 2015.

La acción fue ordenada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

A presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que la interpretación de secreto fiscal del SAT, para no entregar la información generada antes de enero de 2014, impide conocer la forma en que el gobierno ha fiscalizado a las empresas en el pasado, cuando existen casos relevantes que pueden generar suspicacia.

“Fuentes periodísticas revelan que en 2007 el Congreso de la Unión aprobó una cancelación de créditos fiscales que ascendió a más de 73.9 mil millones de pesos que dejaron de ingresar a las arcas del Gobierno federal. La Auditoría Superior de la Federación detectó que los principales beneficiarios de la cancelación de 2007 fueron 298 deudores, entre ellos, cuatro equipos de fútbol que acumulaban 79 créditos por 2 mil 178 millones de pesos. Sin embargo, los nombres de los equipos no se dieron a conocer”, expuso el comisionado.

Salas Suárez afirmó que si bien esta práctica de apoyo es legal, la información pública es la vía para disipar cualquier duda o suspicacia sobre los posibles privilegios fiscales concedidos a los clubes afiliados a la Federación Mexicana de Futbol.

Finalizó indicando que el problema es que las reglas de fiscalización no son claras, se sospecha que algunos proyectos puedan responder a intereses de grupos o personas específicas.

Y es que recordemos que por aspectos como rating, publicidad y venta de boletos, el negocio del fútbol en México genera ganancias de hasta 200 millones de dólares al año.

Este viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se dan a conocer los nuevos porcentajes y montos del estímulo fiscal aplicables a los combustibles, con el fin de contener el aumento de los precios.

Dicho estímulo será aplicable a partir de este sábado 06 de abril, y estará vigente hasta el 12 de abril próximo.

Según lo publicado, el estímulo mantendrá su aplicación a la gasolina magna, premium y diésel.

Para el nuevo periodo, el estímulo fiscal será de 33.72% para la gasolina magna. Para la gasolina premium el estímulo será de 17.86%. En el caso del diésel, el estímulo será de 24.91%.

Dichos porcentajes equivalen a los siguientes montos, que será el ahorro que el consumidor verá reflejado en su bolsillo:

Este anuncio representa el quinto estímulo de la presente administración a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).