Tag

fraude

Browsing

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de parte de un juez órdenes de aprehensión contra 22 personas presuntamente implicadas en el millonario desfalco de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

En un comunicado, la FGR indicó que obtuvo del juez federal de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, las órdenes de aprehensión en contra de 22 personas vinculadas con los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

“De las 22 personas referidas, 12 fueron servidores públicos de Segalmex; 4 pertenecen a las empresas con las que se coludieron; y 6 fueron los beneficiaros de los recursos de Segalmex que fueron desviados”, señaló la FGR.

La Fiscalía expuso que todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, “celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142.4 millones de pesos”, por la supuesta adquisición de 7,840 toneladas de azúcar”.

Refiere que estos insumos, “se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal”.

La FGR recordó que este caso corresponde a la sexta judicialización que la propia Fiscalía ha realizado en cuatro carpetas de investigación, en torno a desfalcos en contra de Segalmex, que depende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rusal (Sader).

“Existen más carpetas que serán judicializadas próximamente, respecto a otros casos multimillonarios de peculado, en contra de dicha institución del Estado mexicano”, precisó la FGR.

Y es que de acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el desfalco en Segalmex asciende a más de 10,000 millones de pesos esto tras la revisión de cuentas públicas correspondientes a 2019 y 2020 en las que se hallaron diversas irregularidades.

Al respecto, el diputado Jorge Triana Tena del PAN consideró que Ignacio Ovalle Fernández, extitular de Segalmex debe ser investigado hasta las últimas consecuencias, por el desfalco detectado.

“Qué bueno que haya órdenes de aprehensión a funcionarios menores, pero queremos ver que se investigue a Ignacio Ovalle, que sigue cómodamente despachando desde una unidad de lujo” como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito a la Secretaría de Gobernación, “donde prácticamente se ha vuelto un intocable”, indicó el panista.

Triana Tena señaló que el fraude en Segalmex asciende a más de 11 mil millones de pesos, rebasando por 4 mil millones de pesos el monto de la “Estafa Maestra”, escándalo del sexenio pasado..

Confió en que las personas que se están indagando en el caso realmente sean personajes que operaron el megafraude en Segalmex “y no chivos expiatorios para salvarle el pellejo al amigo del presidente”.

El cofundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Nishad Singh, exsocio de Sam Bankman-Fried, se declaró culpable de fraude este martes, en el caso abierto contra su compañía, que entró en bancarrota el pasado 11 de noviembre.

Con la declaración de culpabilidad de Singh, son ya tres las personas del círculo más estrecho de Bankman-Fried que han reconocido su responsabilidad.

La exdirectora del brazo inversor de FTX, Alameda Research, Carolyn Ellison, y el también cofundador de FTX Gary Wang ya se declararon culpables de fraude el pasado 22 de diciembre y, al igual que ahora ha hecho Singh, se comprometieron a colaborar con la Fiscalía.

Este nuevo giro en el caso de la criptoplataforma se produce menos de una semana después de que las autoridades federales de Estados Unidos imputaran cuatro nuevos delitos al fundador de FTX, en relación con el robo de dinero de los depósitos de sus clientes para respaldar las operaciones de la empresa y de su fondo de inversiones asociado, Alameda Research, hacer contribuciones caritativas y donaciones políticas y enriquecerse.

Además, coincide con un comunicado de la Comisión del mercado de Valores (SEC) en el que anuncia que ha interpuesto una denuncia contra Singh “por su papel en un plan de varios años para estafar a los inversores de capital en FTX, la plataforma de comercio de criptomonedas iniciada por Singh junto con Samuel Bankman-Fried y Gary Wang”.

Según la denuncia de la SEC, Singh creó un código de software que permitía desviar fondos de clientes de FTX a Alameda Research; asimismo, también alega que participó activamente en el plan para engañar a los inversores de FTX.

La SEC también sostiene que cuando FTX se acercaba a la quiebra, Singh retiró aproximadamente 6 millones de dólares de FTX para uso y gastos personales, incluida la compra de una casa multimillonaria y donaciones a causas benéficas.

Bankman-Fried, que se declaró inocente, está en libertad bajo fianza en casa de sus padres en California, y afronta un total de 12 cargos criminales.

La Organización Trump fue condenada este viernes en Nueva York a pagar una multa de 1.6 millones de dólares por fraude fiscal y financiero, según el fallo del fiscal de Manhattan.

La empresa de Donald Trump fue multada como castigo por un fraude en el que los principales ejecutivos del expresidente evadieron impuestos sobre la renta personal en lujosas bonificaciones laborales, infligiendo un golpe simbólico y apenas grave para una empresa que presume de tener miles de millones de dólares en activos.

Una multa era la única sanción que un juez podía imponer a la Organización Trump luego de haber sido declarada culpable el mes pasado de 17 delitos fiscales, incluida asociación ilícita y falsificación de registros en los libros contables.

La cantidad impuesta por el juez Juan Manuel Merchan fue la máxima permitida por la ley, equivalente al doble de los impuestos que un pequeño grupo de ejecutivos evitó en prestaciones que incluyeron apartamentos de alquiler gratuito en los edificios de Trump, autos de lujo y matrículas en escuelas privadas.

El propio Trump no fue juzgado y negó tener conocimiento de que sus ejecutivos evadieran impuestos ilegalmente.

La Organización Trump fue acusada a través de dos de sus subsidiarias: Trump Corp., que recibió una multa de 810,000 dólares; y Trump Payroll Corp., que fue multada con 800,000 dólares.

Si bien la multa, menos de los que cuesta un apartamento en la Torre Trump, no es lo suficientemente grande como para afectar las operaciones de la compañía o su futuro, la declaratoria de culpabilidad mancha la reputación del republicano como un hombre de negocios inteligente mientras afina detalles de su campaña para regresar a La Casa Blanca.

Ni el expresidente ni sus hijos, que ayudaron a dirigir y promover la Organización Trump, estuvieron en la sala del tribunal para la audiencia de sentencia.

El fiscal Joshua Steinglass dijo que la multa constituye “una fracción de los ingresos” de la Organización Trump y que el fraude fue “de gran alcance y descarado”.

“Todas estas prácticas corruptas eran parte del paquete de compensación ejecutiva de la Organización Trump, y ciertamente era más barato que pagar salarios más altos a esos ejecutivos”, agregó.

El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró este martes en un tribunal federal de Nueva York no culpable de los múltiples delitos que le atribuyen las autoridades de Estados Unidos tras la quiebra de su empresa, que llegó a estar valorada en 32,000 millones de dólares.

El joven empresario se presentó en persona ante el juez, para responder por los ocho cargos que le imputa la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, entre ellos los de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas.

SBF, como es conocido Bankman-Fried, fue extraditado a Nueva York el mes pasado desde las Bahamas, sede de la empresa y donde residía, pero ha permanecido desde el 22 de diciembre en libertad condicional en casa de sus padres en Palo Alto, California, tras pactar una de las fianzas más altas de la historia del país, de 250 millones de dólares.

El presunto estafador, que se enfrenta a un máximo de 115 años de cárcel si es condenado por todos los delitos, tiene programado el comienzo del juicio el próximo 2 de octubre, según ordenó el juez.

La defensa del acusado solicitó a la Justicia que no divulgara los nombres de dos avalistas que cubrieron la fianza, debido al interés mediático que el caso ha despertado, alegando evitar “intrusiones en su privacidad, así como amenazas y acoso”.

Antes de la comparecencia, el fiscal Damian Williams anunció que su oficina ha creado un equipo de trabajo especial que se dedicará a lidiar con “asuntos relacionados con la caída de FTX”, incluyendo la recuperación de los activos estafados a las víctimas, según reportó el diario New York Post.

Recordemos que FTX se declaró en bancarrota el pasado 11 de noviembre tras un rápido colapso después de que muchos usuarios se apresuraran a retirar sus fondos en medio de informaciones que ponían en duda la solvencia de la compañía, y su debacle ha causado estragos en el sector.

Carolyn Ellison, que era la directora ejecutiva de Alameda Research -el brazo inversor de FTX, fundado también por el acusado- y Gary Wang, el cofundador de FTX, previamente se declararon culpables de cargos criminales relacionados con su papel en el fraude que contribuyó a la caída de la compañía.

SBF también afronta acusaciones de fraude por parte de los reguladores de la bolsa y el mercado de derivados en Estados Unidos.

La Trump Organization, compañía familiar del expresidente Donald Trump, se sienta a partir de este lunes en el banquillo de la justicia estatal de Nueva York por fraude y evasión fiscal, por lo que podría ser condenada a pagar hasta 1.6 millones de dólares en multas.

El juicio inició este lunes en la Corte Suprema del estado Nueva York en Manhattan con la selección del jurado.

Este proceso penal es el resultado de una investigación de la fiscalía neoyorquina sobre supuestas irregularidades en las cuentas de la empresa desde 2005, así como de sus ejecutivos que recibieron compensaciones salariales que ocultaron al fisco.

El exdirector financiero de la Trump Organization y cercano a Donald Trump, Allen Weisselberg, se declaró culpable el pasado 18 de agosto de 15 cargos por defraudar y evadir impuestos por 1.76 millones de dólares en ingresos no declarados entre 2005 y 2021.

El exejecutivo, de 75 años, que trabajó para los Trump desde 1973, será uno de los testigos clave del juicio a la compañía actualmente dirigida por dos de los hijos del expresidente: Donald Trump Jr y Eric Trump, que tiene negocios inmobiliarios, hoteles y campos de golf en todo el mundo, así como a sus dos filiales Trump Corporation y Trump Payroll.

Weisselberg, que hasta ahora se había negado a testificar en contra de Donald Trump, vinculó directamente a la Organización Trump con “una amplia gama de actividades delictivas”.

Según la acusación presentada el 1 de julio de 2021, era uno de los ejecutivos que “recibía partes sustanciales de sus ingresos a través de medios indirectos y encubiertos”.

Tras el acuerdo alcanzado con la fiscalía, el exjecutivo, que antes de ser director financiero había sido contador y contralor de la compañía, pagará 2 millones de dólares de resarcimiento y se enfrenta a cinco meses de cárcel.

Bajo su supervisión, la compañía de la familia Trump, que se ha declarado no culpable, está acusada de haber mantenido dos contabilidades paralelas para esconder las prebendas que tanto él como otros ejecutivos recibían como complemento salarial.

Personalmente, Donald Trump no está acusado en este caso, pero es objeto, junto a tres de sus hijos mayores, de otra investigación civil emprendida por la fiscal de Nueva York, la demócrata Leticia James, que los acusa de mentir al fisco, a prestamistas y aseguradoras en un esquema que infravaloró el valor de sus propiedades para enriquecerse.

La oficina de James reclama 250 millones de dólares en multas al expresidente, que se prohíba a su familia dirigir negocios en el estado y a sus hijos, Donald Trump Jr, Eric Trump e Ivanka Trump, se les impida comprar propiedad inmobiliaria en el estado por un periodo de 5 años.

Este juicio es uno más de las muchas demandas penales y civiles que enfrenta Trump, entre otras, la posible obstrucción a la justicia y ocultación de documentos confidenciales sustraídos de La Casa Blanca y ha sido citado a declarar por la comisión del Congreso que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El expresidente Donald Trump enfrenta una nueva demanda por fraude, después de tres años de investigación por parte de las autoridades de Nueva York, a las que ha acusado de persecución política y plantado batalla repetidamente.

La Fiscalía de Nueva York interpuso este miércoles una demanda por la vía civil en el Tribunal Supremo de Nueva York contra Trump; sus hijos Donald Jr., Ivanka y Eric; su empresa, la Organización Trump, y otros altos ejecutivos por “enriquecerse ilegalmente y mentir al sistema”.

También aparece entre los demandados Allen Weisselberg, ex director financiero de la Organización Trump, que se declaró culpable de haber conspirado con la compañía en una trama de fraude hace un mes, en un caso independiente de evasión fiscal contra la empresa, tras un acuerdo con la Fiscalía.

La fiscal neoyorquina, Letitia James, dijo en su cuenta de Twitter que el presunto fraude tuvo lugar entre 2011 y 2021 y que el estado busca una compensación de 250 millones de dólares, un veto a los negocios de los Trump y una restricción a su compra de inmuebles comerciales en el próximo lustro.

Según se desprende de la denuncia de más de 200 páginas, Trump se sirvió de sus hijos mayores, que trabajaron en la empresa, y los ejecutivos para “inflar falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares” y obtener ventajas en préstamos y seguros, así como beneficios fiscales.

La demanda indica que Trump expresó a Weisselberg su deseo de que quería “que se incrementara su patrimonio” en las declaraciones financieras anuales, algo que tanto el ejecutivo como otros “cumplieron año tras año en su preparación fraudulenta” de esos documentos.

También se detallan unas evaluaciones infladas de inmuebles de la empresa y se habla de una “situación clásica de doble contabilidad” en la que los registros internos dan un valor de mercado pero las cifras presentadas en las declaraciones financieras son “considerablemente más altas”.

“Encontramos que Trump, su familia y la Organización Trump usaron valoraciones de activos fraudulentas y engañosas unas 200 veces durante 10 años en sus declaraciones financieras anuales”, agregó la fiscal James.

El expresidente, que se ha resistido a colaborar en la pesquisa, finalmente se presentó a testificar a principios del mes pasado por orden de un juez pero se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución, que permite a un investigado guardar silencio para evitar incriminarse a sí mismo.

Trump había restado importancia en público a la investigación, pero hace tan solo una semana esta pareció alcanzar un punto de inflexión negativo para él, ya que se reportó que sus abogados ofrecieron a los fiscales un acuerdo que no fue aceptado, invitando a pensar en una conclusión cercana.

Tras el anuncio de la demanda, el magnate acudió hoy a su red social Truth Social para arremeter de nuevo contra lo que considera una “caza de brujas” y acusar a la fiscal James, demócrata y afroamericana, de “racista” y de querer ganar popularidad para impulsar su carrera política.

“Nunca pensé que este caso se materializaría, hasta que vi sus malas cifras en las encuestas. Ella es un fraude que ha hecho campaña con una plataforma para ir ‘por Trump’ pese al hecho de que la ciudad es uno de los desastres de crimen y asesinatos mundiales bajo su vigilancia”, escribió.

Aparte de interponer la demanda, la fiscal ha recomendado abrir diligencias penales al Departamento de Justicia y al servicio federal de recaudación de impuestos, lo que parece ensombrecer las perspectivas de un retorno político para Trump, que podría aspirar a una nueva candidatura presidencial en 2024.

Steve Bannon, ultraderechista y antiguo asesor del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, se entregó este jueves a las autoridades de Nueva York para enfrentar cargos estatales en una acusación relacionada con el esfuerzo de Trump por construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

Se espera que los cargos sean anunciados por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Bannon, de 68 años, y otros tres hombres habían sido acusados por los fiscales federales en agosto de 2020 de defraudar a los donantes en una campaña privada de recaudación de fondos por valor de 25 millones de dólares, conocida como “We Build the Wall”, para ayudar a construir el emblemático muro de Trump.

Bannon se declaró no culpable de esa acusación, incluso de las acusaciones de haber desviado cerca de un millón de dólares para gastos personales.

Pero su acusación fue desestimada después de que Trump perdonara a Bannon en enero de 2021, en las últimas horas de su presidencia. Los indultos presidenciales, sin embargo, cubren los cargos federales y no prohíben los juicios estatales.

Antes de entrar en la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Bannon describió la situación a los periodistas como “una ironía”.

“El mismo día que el alcalde de esta ciudad tiene una delegación en la frontera, están persiguiendo a la gente aquí por tratar de detenerlos en la frontera”, anotó el hombre de 68 años.

Se espera que Bannon sea procesado por los cargos estatales esta misma tarde en un tribunal penal de Nueva York en Manhattan.

Se le acusa menos de dos meses después de haber sido condenado por desacato al Congreso por desafiar una citación de una comisión de la Cámara de Representantes que investiga el atentado del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Por esta acusación podría ser condenado hasta a un año de prisión y a una multa de hasta 200,000 dólares.

Elon Musk acusó a Twitter de fraude en una contrademanda por el fallido acuerdo de adquirir la red social por 44,000 millones de dólares, la que, según él, ocultó información necesaria y engañó a su equipo acerca de su verdadera base de usuarios.

Según el diario The Washington Post, la contrademanda iniciada por el multimillonario refiere que Twitter cometió fraude, incumplimiento de contrato y violación de la ley de bienes financieros de Texas.

Musk presentó su contrademanda en forma confidencial la semana pasada y la dio a conocer ayer por la noche en el Tribunal de Equidad de Delaware, informó el diario Wall Street Journal. Este tribunal maneja asuntos internos de empresas.

Recordemos que Twitter demandó a Musk, CEO de Tesla, para que complete la adquisición. Sin embargo, ahora Musk respondió con una contrademanda.

Los abogados de Musk argumentaron que, de acuerdo con las revelaciones del propio Twitter, la cantidad de “usuarios diarios activos monetizables” a los que se puede mostrar publicidad digital es de 65 millones menos de los 238 millones que dice tener la red social, informaron el Post y el Journal.

La demanda alega también que la mayor parte de la publicidad de Twitter llega a una pequeña fracción de la base de usuarios.

En un giro inesperado, Twitter respondió para rechazar las acusaciones de Musk antes de que se conociera públicamente la contrademanda.

La red social dijo que el razonamiento de Musk es “una historia, inventada” en un esfuerzo por tratar de escapar de un acuerdo de fusión que Musk dejó de considerar atractivo.

“Las reconvenciones son un cuento hecho exclusivamente para el litigio, y la evidencia y el sentido común las contradicen”, dijo Twitter en su respuesta. “Musk inventa declaraciones que Twitter nunca hizo y luego intenta esgrimir, de manera selectiva, los extensos datos confidenciales que Twitter le proporcionó para invocar una violación de esas supuestas declaraciones”.

La plataforma social es usada a diario por unas 238 millones de personas en todo el mundo, una audiencia relativamente pequeña en comparación con los estándares de Facebook y otras redes sociales, pero Twitter incluye a líderes políticos, figuras del entretenimiento y expertos en varios temas.

Recordemos que un juez fijó la fecha del 17 de octubre para el inicio del juicio, pese a que Musk y su equipo legal pedían que se pospusiera hasta el próximo año.

La Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, dio este jueves luz verde a la extradición de Karime Macías Tubilla, ex primera dama de Veracruz, reclamada por las autoridades mexicanas por supuesto fraude.

El juez del caso, Paul Goldspring, dijo en una vista judicial que las pruebas son suficientes para autorizar la extradición.

No obstante, el magistrado indicó que remite el caso a la ministra del Interior, Priti Patel, quien es la última responsable de dar el visto bueno final a la entrega de Macías Tubilla a México.

Recordemos que México solicitó la extradición de la exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en relación con unos fraudes supuestamente cometidos en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); los cuales ella rechaza.

Macías estaba en el Reino Unido cuando en octubre de 2019 recibió una notificación policial para presentarse en una comisaría de Westminster, a raíz de una orden de extradición remitida a través de Interpol. En ese momento la ex primera dama de Veracruz quedó en libertad bajo fianza, antes de que empezara el proceso legal de extradición.

Durante las audiencias celebradas en la Corte de Magistrado de Westminster, a cargo del juez Paul Goldspring, tanto el abogado de Macías, Aaron Watkins, como el del gobierno mexicano, Mark Summers, expusieron sus argumentos sobre la extradición.

Según Watkins, Macías no estuvo al frente de los supuestos fraudes en el DIF e indicó que se ha solicitado la extradición sin presentar pruebas sobre los crímenes económicos que se le imputan, sino que se trata de acusaciones basadas en sospechas.

Por otro lado, el abogado del gobierno mexicano argumentó que las pruebas de fraude son completas y convincentes, y mencionó los testimonios de Laura Elena Vega Martínez, quien fuera jefa del departamento de licitaciones del DIF. Summers defendió, además, las garantías de seguridad ofrecidas por el gobierno mexicano.

El actual gobierno de Michoacán reveló un presunto fraude de 5,186 millones de pesos del exgobernador Silvano Aureoles, junto con una constructora encargada de construir cuarteles con supuestos sobrecostos.

La empresa se encargó de la edificación, arrendamiento y compra de 7 cuarteles policiales, donde aparentemente se disponía de lujosas habitaciones con blindaje antibalas, según denunció este miércoles el gobierno estatal.

Alfredo Ramírez, actual gobernador y sucesor de Aureoles, denunció que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) investiga el presunto fraude en la construcción, el arrendamiento y la compra final de los cuarteles regionales de la Policía estatal de Michoacán en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo.

Ramírez aseguró en rueda de prensa que los cuarteles cuentan con espacios administrativos y dormitorios para policías, construidos con materiales de baja calidad, como paredes y techos de láminas de plástico, aunque cada complejo tiene un área privada que estaba destinada exclusivamente para el exgobernador Aureoles.

Estas áreas privadas están habilitadas con blindaje antibalas y lujoso mobiliario en una habitación, sala, comedor y un baño completo. Los espacios exclusivos para el exmandatario se ubican a unos metros, y con un acceso privado a helipuertos, aseguró el morenista.

Ramírez desglosó que este modelo de corrupción se basó en el pago de siete proyectos ejecutivos, uno por cada complejo, cuando debió ser solamente uno, con la existencia además de un sobreprecio en la construcción. Además, posteriormente se rentaba a dicha empresa y, finalmente, hubo una compra final por parte del gobierno estatal de los siete cuarteles tras pagar arrendamientos millonarios.

Lo revelado hoy por el gobernador se suma al reciente hallazgo de un lujoso búnker con paredes y ventanales antibalas, así como con jacuzzis, baño sauna y un pasadizo secreto, que Aureoles habría utilizado en la residencia oficial, ubicada en Morelia, capital del estado.

Aunque Aureoles dijo que durante su mandato no realizó ninguna modificación a la llamada Casa de Gobierno, una reciente investigación demostró que en agosto del 2020 su gobierno pagó 14 millones de pesos a la empresa “RECAM Construcción S.A de C.V.” para la ampliación, mejoramiento, rehabilitación y modernización de la residencia oficial.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México cumplimentaron este jueves una orden de aprehensión en contra del actual presidente del consejo de administración de Interjet, Alejandro del Valle.

“Agentes de la PDI cumplimentaron en la alcaldía Miguel Hidalgo una orden de aprehensión en contra de Alejandro ‘N’, por su probable participación en la comisión del delito de fraude genérico”, informó la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ-CDMX).

En redes sociales circulan imágenes del momento de la detención, que se dio en las afueras del Club de Industriales, ubicado en la zona de Polanco y que se dio alrededor de las 10:00 horas.

“Se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas de procedimiento”, aseguró la Fiscalía al compartir una imagen del detenido con los ojos cubiertos.

Recordemos que la Asamblea General de Accionistas de Interjet designó en diciembre pasado a Del Valle como nuevo presidente del Consejo de Administración, reemplazando a Miguel Alemán Magnani, fundador de la aerolínea, y quien ahora es prófugo de la justicia.

La situación de Interjet, que lleva todo 2021 sin operar y afronta una huelga, despierta polémica desde el año pasado, cuando la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reportó que adeudaba más de 3,000 millones de pesos al gobierno federal.

Apenas en agosto pasado, la Interpol emitió una ficha roja para la captura de Alemán Magnani, acusado de fraude fiscal por 66 millones de pesos por la Fiscalía General de la República (FGR). Un juez mexicano ordenó el 8 de julio la detención de Alemán Magnani, quien también era parte del Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En reportero Carlos Jiménez reportó en sus redes sociales que Alejandro del Valle fue ingresado al reclusorio sur de la Ciudad de México.

Se espera que en breve, la Fiscalía capitalina ofrezca mayor información.

Foto: Especial

La compañía de ciberseguridad ESET alertó de un nuevo ataque detectado en las últimas horas que busca robar a los usuarios su cuenta en la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp, mediante el envío de un mensaje SMS fraudulento.

Los cibercriminales detrás de la amenaza se hacen pasar por personal de soporte técnico de WhatsApp y contactan con el usuario a través de un mensaje SMS para informarle que su número de teléfono, el que tienen vinculado a dicho servicio, ha sido registrado en una nueva cuenta.

A continuación, y para comprobar que la persona a la que se están dirigiendo es la propietaria de la cuenta, los cibercriminales le piden que les reenvíe un código de seguridad formado por seis dígitos que va a recibir vía SMS.

Si la víctima envía el código de seis dígitos para verificar su identidad habrá perdido totalmente el control sobre su cuenta de WhatsApp y los cibercriminales podrán iniciar sesión con su número de teléfono, es decir, podrán robar su cuenta y suplantar la identidad de la víctima.

La compañía instó a los usuarios de la aplicación a que estén atentos por la posible recepción de este tipo de SMS. En recibirlo, aconsejan que lo eliminen inmediatamente “con el objetivo de evitar una brecha de seguridad”.

También recuerdan que es imposible que se utilice el número de la potencial víctima para registrar una nueva cuenta, ya que WhatsApp solo permite disponer de una cuenta por número de teléfono registrado.

Los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, integrantes de la coalición Va Por México, anunciaron este mañana que solicitarán la nulidad y reposición del proceso electoral en los estados de San Luis Potosí, Campeche, Guerreo y Michoacán, pues aseguraron que se presentaron múltiples irregularidades, calificando los comicios como un “fraude a la ley, que atentó contra la certeza y equidad en la contienda”.

Marko Cortés, Alejandro Morena y Jesús Zambrano encabezaron una conferencia de prensa esta mañana, en la que expusieron las anomalías en dichas elecciones, entre las que incluyeron acciones que van desde el rebase de topes de campaña, la promoción indebida del voto, la vulneración de la cadena de custodia, el uso de los programas sociales y las amenazas e intimidaciones de la delincuencia organizada a funcionarios y representantes de casilla.

El Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, detalló que, en el caso de San Luis Potosí, uno de los aspectos más claros por los cuales se debe anular la elección es porque el candidato del Partido Verde, y actual gobernador electo, Ricardo Gallardo, rebasó los topes de campaña en al menos el 24%, al sumar 36.2 millones de pesos, 7 millones más del monto que marca la ley.

Además, mencionó el proselitismo electoral de los “influencers” del Partido Verde el día de la elección, que a su juicio influyó en la contienda, así como el extravío de 8 mil 814 boletas de la elección de gobernador y las múltiples irregularidades detectadas en las actas electorales, como la falta de folios.

“El conjunto de elementos que hemos presentado, las violaciones sistemáticas a la Constitución, a la normatividad, a la ley, a la cadena de custodia, generan todos los elementos suficientes para que quienes conformamos la coalición Sí por San Luis Potosí, digamos claro y fuerte que exigimos la nulidad de esta elección y que se reponga el proceso en una elección extraordinaria”, reclamó.

Por su parte el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que también se han detectado irregularidades en la elección a gobernador de Campeche, su estado natal y donde competía su sobrino, así como en la elección de Guerrero. Alito Moreno destacó la intervención del gobierno federal a través de los diferentes programas sociales.

“Los agravios que se presentaron para solicitar la nulidad a la elección de gobernador de Campeche es el principio histórico de separación Iglesia y Estado”, pues dijo, existió una clara intervención a favor de la candidata a gobernador de Morena, Layda Sansores, además de otros candidatos del partido.

Indicó que también se detectó la intervención del Ejecutivo federal, mediante la difusión de programas sociales en el periodo de campaña, situación que ocurrió en el caso de Guerrero, donde aseguró que hubo un dispendio de recursos, así como una violación sistemática a los programas sociales, en el tema de conteo de actas electorales y en el tema de las casillas

Por su parte el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que en el caso de Michoacán, se presentaron irregularidades en el 80% de las casillas.

Indicó que hay causales suficientes acreditadas ante la autoridad electoral de votación atípica, de violaciones al artículo 134 constitucional, propaganda negra, guerra sucia y calumnias generadas en ruedas de prensa. También denunció que se documentó el embarazo de urnas.

Recordó que si se presentan irregularidades en el 20% de casillas, es causal suficiente de nulidad, siendo que en este caso, las irregularidades son en cerca del 80% de ellas.

“Nosotros estamos demandando, lo reiteramos, y hemos presentado los recursos correspondientes; la nulidad y la reposición correspondiente del proceso de elección a gobernador y de todo lo que ahí se pueda presentar”, sostuvo el dirigente del partido del sol azteca.

Zambrano Grijalva llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a que asuma su responsabilidad y no sea omiso. Dijo que como jefe de Estado debe solicitar al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que indague las denuncias presentadas por la intromisión del crimen organizado durante la pasada elección.

Recordemos que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acudió ayer a la sede de la Suprema Corte para presentar las pruebas que asegura tener sobre los vínculos entre el crimen organizado y el partido oficialista, que ganó la elección estatal. Sin embargo no fue recibido por el ministro presidente.

Con anterioridad, se había presentado en Palacio Nacional para buscar un encuentro con López Obrador, pero tampoco fue atendido.

Cortés Mendoza recordó que la del 6 de junio fue una jornada electoral sumamente violenta, por lo que señaló que “no hay más ciego que el que no lo quiere ver”, esto en referencia a la autoridad electoral.

Dijo que fueron cuatro los momentos en los que participó la delincuencia organizada en la elección para amenazar y amedrentar a los actores: durante la postulación de candidatos, en la contienda electoral, el día de la jornada y en el periodo poselectoral.

El dirigente aseguró que lo más inequitativo de la pasada elección fue la injerencia de la delincuencia organizada para apoyar a los candidatos de Morena.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado esta mañana sobre la investigación que la Fiscalía Electoral abrió en contra de los “influencers” que postearon la semana pasada, en plena veda electoral, a favor del Partido Verde.

Indicó que prefería no opinar, pues ya ha dicho que durante la jornada electoral del pasado fin de semana hubo elecciones limpias, libres, que está “satisfecho”. Hay que recordar que el Partido Verde es uno de los aliados de Morena, y por ello del gobierno federal, pues será con sus votos que el bloque de la 4T alcanzará la mayoría que requiere para avalar diversos asuntos en la Cámara de Diputados, tales como el presupuesto.

“No dejaron de haber algunos actos indebidos, violaciones, eufemísticamente llamadas irregularidades, pero nada que ver con las elecciones de Estado que llevaban a cabo los del partido conservador, esos se robaban las urnas, bueno, nos robaron a nosotros hasta la Presidencia, a todo el pueblo. Nada que ver”, dijo AMLO.

Enfatizó que mientras en elecciones pasadas se avalaban los fraudes, ahora no se está hablando de ello o de elecciones de Estado, pues los adversarios no tienen los elementos para asegurarlo y demostrarlo. Ahora “se respetó el voto de los ciudadanos”, añadió.

En tono de broma, AMLO dijo que al movimiento que él encabeza no le fue 2tan mal, tan mal, tan mal”, ya que de las 15 gubernaturas que estaban en juego, Morena obtuvo “democráticamente, legítimamente” 11, mientras que en la Cámara de Diputados ganaron 185 de los 300 distritos en todo el país.

Al insistirle sobre el tema de los influencers que llamaron al voto en veda electoral, AMLO dijo que no era correcto, aunque le sirvió para reiterar sus acusaciones de la guerra sucia que se vivió en la Ciudad de México, donde los conservadores ocuparon desgracias, como el colapso en la línea 12 del Metro, con propósitos electorales; “siempre han andado zopiloteando“.

“Les funcionó aquí en la ciudad y se explica porque aquí es donde se recibió el mayor bombardeo de mentiras y muchos compraron esas mentiras, muchos, y con esa manipulación en la capital de la República, que siempre había estado a la vanguardia, ahora hubo un avance hacia el conservadurismo. Por eso lo atribuyo, a que, sobre todo sectores de clase media fueron influenciados, se creyeron lo del populismo, el de que íbamos a reelegirnos, lo del ‘mesías tropical’, el ‘mesías falso’, etcétera”, sostuvo AMLO.

Insistió en sus señalamiento de que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía, aunque enfatizó, también son clasistas y racistas.

El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, afirmó que el Tribunal actúa de forma absolutamente independiente para resolver controversias electorales, y afirmó que ninguna fuerza política o interés particular puede perjudicar su autonomía.

Vargas Valdez destacó que en tres décadas, el INE y el TEPJF han trabajado a favor de los derechos de la ciudadanía, lo que se convierte en su mejor carta de presentación ante cualquier embate político, y los amagos de su disolución.

El magistrado presidente indicó que en casi 25 años de existencia, ha resuelto 230 mil asuntos y ha calificado cuatro elecciones presidenciales en las que se ha dado el cambio de poder entre partidos, alternancia que se traduce en que tanto el Tribunal, como el INE, son garantes del respeto a los resultados, gane quien gane.

José Luis Vargas recordó que las elecciones del próximo domingo conforman un gran reto para las autoridades electorales, no solo por el número de votantes, sino porque también se presentan en un momento en que el país vive un contexto realmente delicado tanto de seguridad pública como de carga política, que lleva a los ciudadanos a decidir salir a ejercer su voto, aún en condiciones como la pandemia.

Confió en que el próximo 6 de junio se vivirá una fiesta cívica, “muestra de que México confía en su democracia, sale a las urnas y se manifiesta”.

Por su parte el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que la posibilidad de un fraude en México está acotada y, en cambio, prevalece la cadena de confianza en el proceso electoral.

Insistió en que México el fraude electoral se acotó desde el momento en que como país se lograron eliminar los factores que hacían posible la arbitrariedad de la organización de las elecciones y se dotó de autonomía plena a las autoridades electorales frente a la intromisión de los actores políticos.

Córdova Vianello refirió que, desde hace algunos años, la democracia ha estado bajo serios procesos de tensión y amenaza, algunos de los cuales parecen haberse agudizado en tiempos de pandemia.

Finalmente, la Fiscalía General de la República (FGR), a través del titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), José Agustín Ortiz Pinchetti, informó que se emitirán este domingo tres mensajes a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, con el fin de mantenerlos informados sobre posibles denuncias o hechos que tengan que ver con la probable comisión de delitos electorales del orden federal.

La Fiscalía detalló que dichos mensajes se transmitirán por medio del canal de YouTube de la FGR, así como de sus distintas redes sociales, en los horarios: 10:00, 14:00 y 20:30 horas, respectivamente.

Redes Sociales Progresistas (RSP) presentó este martes a su grupo de “autodefensa electoral” llamado ‘Mastines’, que tendrá la misión de evitar fraudes en la elección del próximo domingo.E

El partido político aseguró que no habrá armas ni violencia en la actuación del este grupo, a pesar de su lema y declaraciones con tintes agresivos que se han hecho.

“Mastines se presenta como defensores de la democracia, no como grupo de choque, sino como grupo de autodefensa electoral que no va a permitir acciones ilícitas”, dijo Pedro Pablo de Antuñano, líder de RSP en Ciudad de México en un breve encuentro con los medios de comunicación.

Detalló que tres grupos de alrededor de 50 militantes del partido cada uno estarán patrullando la capital del país esta semana, que concluye el domingo con la jornada electoral, en las elecciones más grandes de la historia de nuestro país.

Además de la violencia electoral que se vive en distintos puntos de la capital, el grupo Mastines asegura que detectaron varios puntos en la Ciudad de México en los que otros grupos políticos reparten despensas o tarjetas de apoyo con la intención de “comprar votos”, por lo que se dedicarán a impedir estos actos.

“Hoy me acompaña un grupo de militantes cuyo objetivo será identificar, desarticular y denunciar ante las autoridades delitos electorales como reparto de despensas, reparto de tarjetas, reparto de dinero en efectivo y cualquier dádiva que influya de manera ilegal en el voto de los ciudadanos”, añadió De Antuñano.

El dirigente político también detalló que, a pesar de la apariencia física que los integrantes de estos grupos de ‘autodefensa electoral’, se autodenominan un grupo de izquierdas.

“Muchas luchas pacíficas han usado como identidad perder la cabellera para llamar a un nuevo comienzo. (…) Si alguien tenía la duda también nos declaramos como un movimiento antifascista, no tenemos ninguna vinculación con grupos de ultraderecha”, detalló.

Se indicó que desde el lunes comenzó a operar el grupo mediante sus tres contingentes, e incluso ayer por la noche denunciaron ante las autoridades a dos personas de Acción Nacional que quitaban propaganda de otros partidos.

Antuñano detalló que los miembros de este grupo van a retener a las personas que realicen actos ilegales relacionados con las elecciones “bajo la modalidad de arresto ciudadano” hasta que arriben las autoridades.

Recordemos que Redes Sociales Progresistas nació hace más de tres años como movimiento social y en 2018 apoyó la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mientras que en octubre del año pasado, la organización obtuvo su registro como partido político nacional.

El líder nacional del partido, José Fernando González, es yerno de la exlideresa sindical Elba Esther Gordillo, aunque González ha negado en repetidas ocasiones la vinculación de ésta con el partido e insistió en que buscan crear una “tercera vía” entre el gobierno y la oposición.

Foto: Twitter @Rivas_Juan