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El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, adelantó que presentará una iniciativa a fin de que las casas encuestadoras apliquen métodos de investigación y transparenten el ingreso de sus recursos y nombres de los clientes que solicitan los trabajo de opinión.

Y es que el legislador aseguró que es preocupante que las empresas realicen encuestas, las publiquen en diarios importantes y, a partir de su difusión, incidan para que la gente no vaya a votar, porque dicen que es muy amplia la distancia entre los candidatos.

El anuncio del priista llega luego de que en las ultimas semanas se dieran a conocer encuestas que dan una amplio ventaja a Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena a la Presidencia, sobre Xóchitl Gálvez, responsable del Frente Amplio por México (FAM).

El frente opositor ha acusado una estrategia de Morena de querer incidir en el animo ciudadano con ese tipo de encuestas, pues aseguran que lo que buscan es desalentar la participación al querer hacer creer que la elección ya está resuelta, en este caso a favor de Sheinbaum.

Incluso han señalado que esa fue la estrategia que se ha utilizado en otras elecciones.

Por esta razón, Moreira Valdez dijo que las casas encuestadoras además de registrar la metodología del estudio, deberían dar los nombres de sus clientes recientes, de quienes les pagan.

En ese sentido, dijo que propondrá que el Instituto Nacional Electoral (INE) dé seguimiento a estos ejercicios, contar con un “ranking” para conocer el grado de confiabilidad y cuántas fallan en las mediciones de intención de voto a una elección.

El priista señaló que esto debe ir acompañado del trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera del INE, porque es necesario tener conocimiento de cómo operan económicamente, quiénes pagan sus servicios, ya que, indicó, existe el riesgo de que se trate de “encuestadoras fantasmas”, que no tienen ni trabajadores.

Sostuvo que el ejemplo más reciente en el que se basa para esta iniciativa, es el que ocurrió en las elecciones del Estado de México, donde 23 encuestadoras fallaron en sus porcentajes, donde algunas pronosticaban 15, 20 o más puntos de diferencia y al votar la diferencia fue de 8% entre el primero y segundo lugar.

Al destacar que sólo dos empresas estuvieron cerca de este puntaje, señaló que estos altos márgenes de error son un nuevo fraude electoral, como los ataques cibernéticos y la desinformación que tienen su mayor efecto en las redes sociales.

El expresidente Donald Trump reiteró este lunes en sus propias palabras, y a través de sus abogados, que está siendo víctima de una persecución política, esto durante el primer día del juicio civil en su contra por fraude en la Organización Trump.

Trump acudió voluntariamente a la Corte de Nueva York y, si bien mantuvo una actitud estoica en la sala, aprovechó la presencia de periodistas en sus entradas y salidas para calificar el proceso de “cacería de brujas” y arremeter contra la fiscal, Letitia James, y el juez, Arthur Engoron.

El favorito republicano rumbo al 2024, cuyo camino electoral puede complicarse por las causas judiciales que afronta en los próximos meses, estuvo acompañado en el banquillo por su hijo Eric y un equipo de abogados a los que escuchó atentamente en silencio, según medios locales.

El juicio durará casi tres meses, por lo que lo que se dirimirá hasta el 22 de diciembre son seis cargos relacionados con ilegalidades en las prácticas de la empresa: falsedad documental, emisión de datos financieros falsos y fraude de seguros, ya que el cargo principal de fraude ya se resolvió de manera sumaria en contra de los acusados la semana pasada.

Los argumentos de apertura fueron cortos y pusieron de relieve los extremos en que se sitúan ambas partes: la fiscal James declaró que “nadie está por encima de la ley” aunque tenga dinero y poder, mientras que los abogados de Trump pintaron a su cliente como un visionario sin intención defraudadora.

La Fiscalía expuso que Trump, sus dos hijos mayores y dos socios tenían conocimiento o participaban en la práctica de inflar los activos de la Organización Trump en sus declaraciones financieras para obtener ventajas en préstamos bancarios y seguros; un año, la cifra se exageró en 2,200 millones de dólares.

Mucho está en juego para el expresidente, especialmente su fuente de ingresos en Nueva York: el juez ha cancelado sus licencias de operación, los fiscales reclamaron hoy que se le prohíba hacer negocios y está por determinar la compensación por daños, que podría ascender a 250 millones de dólares.

La defensa de Trump, por su parte, se ha centrado en matizar las acusaciones y cuestionar tanto la evaluación de las pruebas, pues asegura que las valoraciones de los activos son subjetivas y así se describían; como el resultado de las transacciones: los bancos recuperaron su dinero prestado y sacaron beneficios.

“El valor es lo que alguien está dispuesto a pagar. Las propiedades de Trump son Mona Lisas. Eso no es fraude, es el negocio inmobiliario”, llegó a decir la abogada Alina Habba sobre, por ejemplo, la mansión de Mar-a-Lago, que el juez estimó en 18 millones y que los Trump sitúan en 1,000 millones.

“Lo que tenemos aquí es un intento de perjudicarme en las elecciones”, dijo a los medios Trump, que describió sus declaraciones financieras como “fenomenales” y aseguró que no hubo “víctimas” de los préstamos a la Organización, ya que “nunca hubo impago” a los bancos.

No está claro si Trump se presentará también mañana en el tribunal, pero figura en las listas de testigos de ambas partes, que suman más de cien personas, buena parte de ellas trabajadores o extrabajadores de la empresa, y que ya han comenzado a sentarse en el banquillo.

Los padres del fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, fueron demandados por los nuevos gestores de la empresa en bancarrota, acusados de aprovechar su estatus para enriquecerse con millones de dólares que reclaman para los acreedores.

Según un documento de 63 páginas entregado al tribunal de Delaware, en el que se dirime la quiebra de FTX, Allan Joseph Bankman y Barbara Fried, que son académicos expertos en Derecho, “explotaron su acceso e influencia dentro de FTX para enriquecerse”.

“Aunque Bankman-Fried (SBF) ha afirmado que sus padres ‘no estaban involucrados en ninguna parte relevante’ del negocio, lo cierto es que Bankman y Fried estaban muy involucrados, desde la fundación de FTX Group (en 2019) hasta su colapso”, a finales de 2022, indica el texto.

Los gestores de la empresa en bancarrota argumentan que los académicos hablaron con su hijo para que este les transfiriera 10 millones de dólares y una propiedad de lujo valorada en 16.4 millones en las Bahamas, donde FTX tenía su sede, “pese a saber o ignorar flagrantemente” que esta era insolvente.

Principalmente, se acusa al padre, que ejercía como ejecutivo “de facto” en FTX y en su fondo asociado, Alameda, ya que era “el único adulto” entre “graduados universitarios recientes, muchos en la veintena, que no habían dirigido una empresa y ni por asomo manejado miles de millones de dólares”.

Asimismo, Bankman supuestamente ayudó a encubrir el fraude de FTX, cuando en 2019 a los gestores de la bancarrota les consta que “no investigó” y que “aplaudió a otros por aplastar la denuncia de un informante que amenazaba con exponer FTX Group como un castillo de naipes”.

Recordemos que Sam Bankman-Fried, de 31 años, está acusado de varios delitos económicos y afronta un juicio federal que iniciará el próximo 3 de octubre; pasó meses en arresto domiciliario en la mansión de sus padres en California tras pagar la fianza más alta de la historia, de 250 millones de dólares, pero recientemente ingresó en prisión.

A principios de agosto, el juez que lleva el caso en Nueva York lo envió a la cárcel hasta que empiece el juicio por supuesta manipulación de testigos, entre ellos su exsocia y expareja Caroline Ellison, que ha accedido a cooperar con las autoridades y presuntamente declarará contra él.

FTX, que era una de las mayores plataformas de criptomonedas del mundo y llevó a estar valorada en 32,000 millones de dólares, se hundió en noviembre de 2022 después de que muchos usuarios se apresuraran a retirar sus fondos en medio de informaciones que ponían en duda la solvencia de la compañía.

La presentación de unos supuestos cuerpos “extraterrestres” en la Cámara de Diputados por parte del ufólogo Jaime Maussan, ha desatado todo tipo de comentarios, incluidas burlas y desacreditaciones.

Voces científicas han calificado de “fraude” los supuestos cuerpos de “seres no humanos”.

Jaime Maussan presentó dos cajas en las que, según dijo, había cuerpos “desecados” encontrados en Perú en 2017 que calificó de “seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre”. Las figuras tenían el tamaño del esqueleto de un niño.

“Si el ADN nos está demostrando que no son seres humanos y que no hay nada que se parezca en el mundo a esto, así lo debemos de tomar; son seres no humanos, no les queremos decir extraterrestres porque no lo sabemos”, dijo el martes ante los legisladores.

Los supuestos cuerpos fueron encontrados en el desierto costero peruano de Nazca, lugar conocido por unas enigmáticas figuras gigantescas talladas en la tierra, pero nunca fueron presentados físicamente en Perú pese al intento de difusión de Maussan, que solo mostró fotos en una conferencia.

La Fiscalía peruana fue contundente en 2017 al concluir, con base en un informe realizado por el Instituto de Medicina Legal, que las figuras eran “muñecos manufacturados de data reciente, los cuales han sido cubiertos con una mezcla de papel y pegamento sintético para simular la presencia de piel”.

También precisó que “no son los restos de alienígenas ancestrales que han intentado presentar” y que “para elaborar la estructura interna de los muñecos se usaron huesos de animales que fueron modificados para generar una forma humanoide”.

Así como en Perú se cuestionó lo presentado por Maussan, el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rechazó que a partir de sus estudios se pueda aseverar que los supuestos cuerpos pertenezcan a extraterrestres, como afirmó el ufólogo.

Durante su exposición, Maussan mencionó una investigación realizada por el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores (LEMA) de la UNAM, que determinó, mediante un análisis de carbono 14, que se mantuvieron sepultados por un milenio dentro de una diatomea, un tipo de alga que no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos.

Sin embargo, LEMA salió a aclarar que los trabajos de datación por carbono 14 en ese laboratorio “únicamente están destinados a determinar la antigüedad de la muestra que trae cada usuario y en ningún caso hacemos conclusiones sobre el origen de dichas muestras”.

“El LEMA se deslinda de cualquier uso, interpretación o tergiversación posterior que se haga con los resultados que éste emite”, insistió el laboratorio de la UNAM.

Asimismo, precisó que cualquier información distinta al referido análisis de 2017 elaborado por LEMA y que no de relaciones a la datación por carbono 14 “carece de total validez”.

Señaló que por tratarse de un convenio comercial no puede revelar más detalles, aunque informó que en mayo de 2017 el LEMA realizó un estudio de datación por Carbono 14 a un conjunto de muestras que según la información proporcionada por el cliente eran de piel y de tejido cerebral de aproximadamente 0.5 gramos.

Los estudios, abundó, fueron emitidos en junio del mismo año y entregados al usuario que lo solicitó.

El Laboratorio Nacional de Espectrometría de México también indicó que los integrantes de LEMA no realizan ningún tipo de muestreo ni entran en contacto con la fuente original de la muestra “in situ”.

En ese sentido, Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, dijo que el asunto “no tiene ni pies ni cabeza” y como científica desconfió de alguien que ha dicho haber hablado con la Virgen de Guadalupe.

“Para la UNAM es muy triste esta situación”, agregó. “Hay intentos muy serios de la humanidad para buscar vida extraterrestre.”

El diputado Sergio Gutiérrez Luna de Morena, quien organizó el evento donde Maussan presentó los supuestos cuerpos, dejó claro que la Cámara ni avala ni niega las tesis planteadas y solo pretende escuchar “todas las voces” dada la relevancia del tema.

La sesión parlamentaria  tuvo lugar meses después de que una similar se desarrollara en Estados Unidos y generara muchas reacciones de controversia.

Un exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea estadounidense dijo que su país probablemente está al tanto de actividad “no humana” desde la década de 1930 y que el gobierno ha ocultado tal programa, algo que el Pentágono negó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió este jueves limpiar de corrupción a Segalmex, esto luego de que reconociera que es el caso de corrupción más escandaloso de su gobierno.

“Es el caso de corrupción más escandaloso y considero que es el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno”, reconoció López Obrador en su conferencia de prensa diaria. “No queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente. Nos dolió mucho este fraude”, agregó.

La entidad Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), creada por AMLO ha sido objeto de múltiples acusaciones por actividades corruptas y varios exempleados han sido arrestados por la Fiscalía General de la República (FGR) por cargos que van desde peculado hasta crimen organizado.

El titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, explicó que los montos de irregularidades en las cuentas públicas 2019 y 2020 de Segalmex es de 9,500 mdp y no de 15 mil mdp como se ha acusado.

Y es que indicó que las observaciones resultantes “no pueden ser consideradas daños patrimoniales”, hasta que no termine la investigación. 

Así, fue el que el gobierno federal reconoció un desfalco de 9,500 mdp, que dijo, fueron mal administrados desde 2019. Sin embargo, dejaron abierta la puerta a que la cifra se incremente, pues dijo, los datos son preliminares y aún hay una investigación al respecto.

Entre las acusaciones contra Segalmex se encuentran pagos con fondos públicos por bienes y servicios que no fueron contabilizados. Los empleados trataron de ocultar las facturas para evitar que se presentaran denuncias, agregaron autoridades.

También señalaron que al menos 87 personas han sido denunciadas hasta el momento, 41 de las cuales son exfuncionarios públicos.

“Este Gobierno no tolera la corrupción y la impunidad (…) vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias, porque el prestigio de este Gobierno no se va a manchar”, advirtió López Obrador.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de parte de un juez órdenes de aprehensión contra 22 personas presuntamente implicadas en el millonario desfalco de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

En un comunicado, la FGR indicó que obtuvo del juez federal de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, las órdenes de aprehensión en contra de 22 personas vinculadas con los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

“De las 22 personas referidas, 12 fueron servidores públicos de Segalmex; 4 pertenecen a las empresas con las que se coludieron; y 6 fueron los beneficiaros de los recursos de Segalmex que fueron desviados”, señaló la FGR.

La Fiscalía expuso que todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, “celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142.4 millones de pesos”, por la supuesta adquisición de 7,840 toneladas de azúcar”.

Refiere que estos insumos, “se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal”.

La FGR recordó que este caso corresponde a la sexta judicialización que la propia Fiscalía ha realizado en cuatro carpetas de investigación, en torno a desfalcos en contra de Segalmex, que depende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rusal (Sader).

“Existen más carpetas que serán judicializadas próximamente, respecto a otros casos multimillonarios de peculado, en contra de dicha institución del Estado mexicano”, precisó la FGR.

Y es que de acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el desfalco en Segalmex asciende a más de 10,000 millones de pesos esto tras la revisión de cuentas públicas correspondientes a 2019 y 2020 en las que se hallaron diversas irregularidades.

Al respecto, el diputado Jorge Triana Tena del PAN consideró que Ignacio Ovalle Fernández, extitular de Segalmex debe ser investigado hasta las últimas consecuencias, por el desfalco detectado.

“Qué bueno que haya órdenes de aprehensión a funcionarios menores, pero queremos ver que se investigue a Ignacio Ovalle, que sigue cómodamente despachando desde una unidad de lujo” como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito a la Secretaría de Gobernación, “donde prácticamente se ha vuelto un intocable”, indicó el panista.

Triana Tena señaló que el fraude en Segalmex asciende a más de 11 mil millones de pesos, rebasando por 4 mil millones de pesos el monto de la “Estafa Maestra”, escándalo del sexenio pasado..

Confió en que las personas que se están indagando en el caso realmente sean personajes que operaron el megafraude en Segalmex “y no chivos expiatorios para salvarle el pellejo al amigo del presidente”.

El cofundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Nishad Singh, exsocio de Sam Bankman-Fried, se declaró culpable de fraude este martes, en el caso abierto contra su compañía, que entró en bancarrota el pasado 11 de noviembre.

Con la declaración de culpabilidad de Singh, son ya tres las personas del círculo más estrecho de Bankman-Fried que han reconocido su responsabilidad.

La exdirectora del brazo inversor de FTX, Alameda Research, Carolyn Ellison, y el también cofundador de FTX Gary Wang ya se declararon culpables de fraude el pasado 22 de diciembre y, al igual que ahora ha hecho Singh, se comprometieron a colaborar con la Fiscalía.

Este nuevo giro en el caso de la criptoplataforma se produce menos de una semana después de que las autoridades federales de Estados Unidos imputaran cuatro nuevos delitos al fundador de FTX, en relación con el robo de dinero de los depósitos de sus clientes para respaldar las operaciones de la empresa y de su fondo de inversiones asociado, Alameda Research, hacer contribuciones caritativas y donaciones políticas y enriquecerse.

Además, coincide con un comunicado de la Comisión del mercado de Valores (SEC) en el que anuncia que ha interpuesto una denuncia contra Singh “por su papel en un plan de varios años para estafar a los inversores de capital en FTX, la plataforma de comercio de criptomonedas iniciada por Singh junto con Samuel Bankman-Fried y Gary Wang”.

Según la denuncia de la SEC, Singh creó un código de software que permitía desviar fondos de clientes de FTX a Alameda Research; asimismo, también alega que participó activamente en el plan para engañar a los inversores de FTX.

La SEC también sostiene que cuando FTX se acercaba a la quiebra, Singh retiró aproximadamente 6 millones de dólares de FTX para uso y gastos personales, incluida la compra de una casa multimillonaria y donaciones a causas benéficas.

Bankman-Fried, que se declaró inocente, está en libertad bajo fianza en casa de sus padres en California, y afronta un total de 12 cargos criminales.

La Organización Trump fue condenada este viernes en Nueva York a pagar una multa de 1.6 millones de dólares por fraude fiscal y financiero, según el fallo del fiscal de Manhattan.

La empresa de Donald Trump fue multada como castigo por un fraude en el que los principales ejecutivos del expresidente evadieron impuestos sobre la renta personal en lujosas bonificaciones laborales, infligiendo un golpe simbólico y apenas grave para una empresa que presume de tener miles de millones de dólares en activos.

Una multa era la única sanción que un juez podía imponer a la Organización Trump luego de haber sido declarada culpable el mes pasado de 17 delitos fiscales, incluida asociación ilícita y falsificación de registros en los libros contables.

La cantidad impuesta por el juez Juan Manuel Merchan fue la máxima permitida por la ley, equivalente al doble de los impuestos que un pequeño grupo de ejecutivos evitó en prestaciones que incluyeron apartamentos de alquiler gratuito en los edificios de Trump, autos de lujo y matrículas en escuelas privadas.

El propio Trump no fue juzgado y negó tener conocimiento de que sus ejecutivos evadieran impuestos ilegalmente.

La Organización Trump fue acusada a través de dos de sus subsidiarias: Trump Corp., que recibió una multa de 810,000 dólares; y Trump Payroll Corp., que fue multada con 800,000 dólares.

Si bien la multa, menos de los que cuesta un apartamento en la Torre Trump, no es lo suficientemente grande como para afectar las operaciones de la compañía o su futuro, la declaratoria de culpabilidad mancha la reputación del republicano como un hombre de negocios inteligente mientras afina detalles de su campaña para regresar a La Casa Blanca.

Ni el expresidente ni sus hijos, que ayudaron a dirigir y promover la Organización Trump, estuvieron en la sala del tribunal para la audiencia de sentencia.

El fiscal Joshua Steinglass dijo que la multa constituye “una fracción de los ingresos” de la Organización Trump y que el fraude fue “de gran alcance y descarado”.

“Todas estas prácticas corruptas eran parte del paquete de compensación ejecutiva de la Organización Trump, y ciertamente era más barato que pagar salarios más altos a esos ejecutivos”, agregó.

El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró este martes en un tribunal federal de Nueva York no culpable de los múltiples delitos que le atribuyen las autoridades de Estados Unidos tras la quiebra de su empresa, que llegó a estar valorada en 32,000 millones de dólares.

El joven empresario se presentó en persona ante el juez, para responder por los ocho cargos que le imputa la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, entre ellos los de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas.

SBF, como es conocido Bankman-Fried, fue extraditado a Nueva York el mes pasado desde las Bahamas, sede de la empresa y donde residía, pero ha permanecido desde el 22 de diciembre en libertad condicional en casa de sus padres en Palo Alto, California, tras pactar una de las fianzas más altas de la historia del país, de 250 millones de dólares.

El presunto estafador, que se enfrenta a un máximo de 115 años de cárcel si es condenado por todos los delitos, tiene programado el comienzo del juicio el próximo 2 de octubre, según ordenó el juez.

La defensa del acusado solicitó a la Justicia que no divulgara los nombres de dos avalistas que cubrieron la fianza, debido al interés mediático que el caso ha despertado, alegando evitar “intrusiones en su privacidad, así como amenazas y acoso”.

Antes de la comparecencia, el fiscal Damian Williams anunció que su oficina ha creado un equipo de trabajo especial que se dedicará a lidiar con “asuntos relacionados con la caída de FTX”, incluyendo la recuperación de los activos estafados a las víctimas, según reportó el diario New York Post.

Recordemos que FTX se declaró en bancarrota el pasado 11 de noviembre tras un rápido colapso después de que muchos usuarios se apresuraran a retirar sus fondos en medio de informaciones que ponían en duda la solvencia de la compañía, y su debacle ha causado estragos en el sector.

Carolyn Ellison, que era la directora ejecutiva de Alameda Research -el brazo inversor de FTX, fundado también por el acusado- y Gary Wang, el cofundador de FTX, previamente se declararon culpables de cargos criminales relacionados con su papel en el fraude que contribuyó a la caída de la compañía.

SBF también afronta acusaciones de fraude por parte de los reguladores de la bolsa y el mercado de derivados en Estados Unidos.

La Trump Organization, compañía familiar del expresidente Donald Trump, se sienta a partir de este lunes en el banquillo de la justicia estatal de Nueva York por fraude y evasión fiscal, por lo que podría ser condenada a pagar hasta 1.6 millones de dólares en multas.

El juicio inició este lunes en la Corte Suprema del estado Nueva York en Manhattan con la selección del jurado.

Este proceso penal es el resultado de una investigación de la fiscalía neoyorquina sobre supuestas irregularidades en las cuentas de la empresa desde 2005, así como de sus ejecutivos que recibieron compensaciones salariales que ocultaron al fisco.

El exdirector financiero de la Trump Organization y cercano a Donald Trump, Allen Weisselberg, se declaró culpable el pasado 18 de agosto de 15 cargos por defraudar y evadir impuestos por 1.76 millones de dólares en ingresos no declarados entre 2005 y 2021.

El exejecutivo, de 75 años, que trabajó para los Trump desde 1973, será uno de los testigos clave del juicio a la compañía actualmente dirigida por dos de los hijos del expresidente: Donald Trump Jr y Eric Trump, que tiene negocios inmobiliarios, hoteles y campos de golf en todo el mundo, así como a sus dos filiales Trump Corporation y Trump Payroll.

Weisselberg, que hasta ahora se había negado a testificar en contra de Donald Trump, vinculó directamente a la Organización Trump con “una amplia gama de actividades delictivas”.

Según la acusación presentada el 1 de julio de 2021, era uno de los ejecutivos que “recibía partes sustanciales de sus ingresos a través de medios indirectos y encubiertos”.

Tras el acuerdo alcanzado con la fiscalía, el exjecutivo, que antes de ser director financiero había sido contador y contralor de la compañía, pagará 2 millones de dólares de resarcimiento y se enfrenta a cinco meses de cárcel.

Bajo su supervisión, la compañía de la familia Trump, que se ha declarado no culpable, está acusada de haber mantenido dos contabilidades paralelas para esconder las prebendas que tanto él como otros ejecutivos recibían como complemento salarial.

Personalmente, Donald Trump no está acusado en este caso, pero es objeto, junto a tres de sus hijos mayores, de otra investigación civil emprendida por la fiscal de Nueva York, la demócrata Leticia James, que los acusa de mentir al fisco, a prestamistas y aseguradoras en un esquema que infravaloró el valor de sus propiedades para enriquecerse.

La oficina de James reclama 250 millones de dólares en multas al expresidente, que se prohíba a su familia dirigir negocios en el estado y a sus hijos, Donald Trump Jr, Eric Trump e Ivanka Trump, se les impida comprar propiedad inmobiliaria en el estado por un periodo de 5 años.

Este juicio es uno más de las muchas demandas penales y civiles que enfrenta Trump, entre otras, la posible obstrucción a la justicia y ocultación de documentos confidenciales sustraídos de La Casa Blanca y ha sido citado a declarar por la comisión del Congreso que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El expresidente Donald Trump enfrenta una nueva demanda por fraude, después de tres años de investigación por parte de las autoridades de Nueva York, a las que ha acusado de persecución política y plantado batalla repetidamente.

La Fiscalía de Nueva York interpuso este miércoles una demanda por la vía civil en el Tribunal Supremo de Nueva York contra Trump; sus hijos Donald Jr., Ivanka y Eric; su empresa, la Organización Trump, y otros altos ejecutivos por “enriquecerse ilegalmente y mentir al sistema”.

También aparece entre los demandados Allen Weisselberg, ex director financiero de la Organización Trump, que se declaró culpable de haber conspirado con la compañía en una trama de fraude hace un mes, en un caso independiente de evasión fiscal contra la empresa, tras un acuerdo con la Fiscalía.

La fiscal neoyorquina, Letitia James, dijo en su cuenta de Twitter que el presunto fraude tuvo lugar entre 2011 y 2021 y que el estado busca una compensación de 250 millones de dólares, un veto a los negocios de los Trump y una restricción a su compra de inmuebles comerciales en el próximo lustro.

Según se desprende de la denuncia de más de 200 páginas, Trump se sirvió de sus hijos mayores, que trabajaron en la empresa, y los ejecutivos para “inflar falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares” y obtener ventajas en préstamos y seguros, así como beneficios fiscales.

La demanda indica que Trump expresó a Weisselberg su deseo de que quería “que se incrementara su patrimonio” en las declaraciones financieras anuales, algo que tanto el ejecutivo como otros “cumplieron año tras año en su preparación fraudulenta” de esos documentos.

También se detallan unas evaluaciones infladas de inmuebles de la empresa y se habla de una “situación clásica de doble contabilidad” en la que los registros internos dan un valor de mercado pero las cifras presentadas en las declaraciones financieras son “considerablemente más altas”.

“Encontramos que Trump, su familia y la Organización Trump usaron valoraciones de activos fraudulentas y engañosas unas 200 veces durante 10 años en sus declaraciones financieras anuales”, agregó la fiscal James.

El expresidente, que se ha resistido a colaborar en la pesquisa, finalmente se presentó a testificar a principios del mes pasado por orden de un juez pero se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución, que permite a un investigado guardar silencio para evitar incriminarse a sí mismo.

Trump había restado importancia en público a la investigación, pero hace tan solo una semana esta pareció alcanzar un punto de inflexión negativo para él, ya que se reportó que sus abogados ofrecieron a los fiscales un acuerdo que no fue aceptado, invitando a pensar en una conclusión cercana.

Tras el anuncio de la demanda, el magnate acudió hoy a su red social Truth Social para arremeter de nuevo contra lo que considera una “caza de brujas” y acusar a la fiscal James, demócrata y afroamericana, de “racista” y de querer ganar popularidad para impulsar su carrera política.

“Nunca pensé que este caso se materializaría, hasta que vi sus malas cifras en las encuestas. Ella es un fraude que ha hecho campaña con una plataforma para ir ‘por Trump’ pese al hecho de que la ciudad es uno de los desastres de crimen y asesinatos mundiales bajo su vigilancia”, escribió.

Aparte de interponer la demanda, la fiscal ha recomendado abrir diligencias penales al Departamento de Justicia y al servicio federal de recaudación de impuestos, lo que parece ensombrecer las perspectivas de un retorno político para Trump, que podría aspirar a una nueva candidatura presidencial en 2024.

Steve Bannon, ultraderechista y antiguo asesor del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, se entregó este jueves a las autoridades de Nueva York para enfrentar cargos estatales en una acusación relacionada con el esfuerzo de Trump por construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

Se espera que los cargos sean anunciados por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Bannon, de 68 años, y otros tres hombres habían sido acusados por los fiscales federales en agosto de 2020 de defraudar a los donantes en una campaña privada de recaudación de fondos por valor de 25 millones de dólares, conocida como “We Build the Wall”, para ayudar a construir el emblemático muro de Trump.

Bannon se declaró no culpable de esa acusación, incluso de las acusaciones de haber desviado cerca de un millón de dólares para gastos personales.

Pero su acusación fue desestimada después de que Trump perdonara a Bannon en enero de 2021, en las últimas horas de su presidencia. Los indultos presidenciales, sin embargo, cubren los cargos federales y no prohíben los juicios estatales.

Antes de entrar en la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Bannon describió la situación a los periodistas como “una ironía”.

“El mismo día que el alcalde de esta ciudad tiene una delegación en la frontera, están persiguiendo a la gente aquí por tratar de detenerlos en la frontera”, anotó el hombre de 68 años.

Se espera que Bannon sea procesado por los cargos estatales esta misma tarde en un tribunal penal de Nueva York en Manhattan.

Se le acusa menos de dos meses después de haber sido condenado por desacato al Congreso por desafiar una citación de una comisión de la Cámara de Representantes que investiga el atentado del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Por esta acusación podría ser condenado hasta a un año de prisión y a una multa de hasta 200,000 dólares.

Elon Musk acusó a Twitter de fraude en una contrademanda por el fallido acuerdo de adquirir la red social por 44,000 millones de dólares, la que, según él, ocultó información necesaria y engañó a su equipo acerca de su verdadera base de usuarios.

Según el diario The Washington Post, la contrademanda iniciada por el multimillonario refiere que Twitter cometió fraude, incumplimiento de contrato y violación de la ley de bienes financieros de Texas.

Musk presentó su contrademanda en forma confidencial la semana pasada y la dio a conocer ayer por la noche en el Tribunal de Equidad de Delaware, informó el diario Wall Street Journal. Este tribunal maneja asuntos internos de empresas.

Recordemos que Twitter demandó a Musk, CEO de Tesla, para que complete la adquisición. Sin embargo, ahora Musk respondió con una contrademanda.

Los abogados de Musk argumentaron que, de acuerdo con las revelaciones del propio Twitter, la cantidad de “usuarios diarios activos monetizables” a los que se puede mostrar publicidad digital es de 65 millones menos de los 238 millones que dice tener la red social, informaron el Post y el Journal.

La demanda alega también que la mayor parte de la publicidad de Twitter llega a una pequeña fracción de la base de usuarios.

En un giro inesperado, Twitter respondió para rechazar las acusaciones de Musk antes de que se conociera públicamente la contrademanda.

La red social dijo que el razonamiento de Musk es “una historia, inventada” en un esfuerzo por tratar de escapar de un acuerdo de fusión que Musk dejó de considerar atractivo.

“Las reconvenciones son un cuento hecho exclusivamente para el litigio, y la evidencia y el sentido común las contradicen”, dijo Twitter en su respuesta. “Musk inventa declaraciones que Twitter nunca hizo y luego intenta esgrimir, de manera selectiva, los extensos datos confidenciales que Twitter le proporcionó para invocar una violación de esas supuestas declaraciones”.

La plataforma social es usada a diario por unas 238 millones de personas en todo el mundo, una audiencia relativamente pequeña en comparación con los estándares de Facebook y otras redes sociales, pero Twitter incluye a líderes políticos, figuras del entretenimiento y expertos en varios temas.

Recordemos que un juez fijó la fecha del 17 de octubre para el inicio del juicio, pese a que Musk y su equipo legal pedían que se pospusiera hasta el próximo año.

La Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, dio este jueves luz verde a la extradición de Karime Macías Tubilla, ex primera dama de Veracruz, reclamada por las autoridades mexicanas por supuesto fraude.

El juez del caso, Paul Goldspring, dijo en una vista judicial que las pruebas son suficientes para autorizar la extradición.

No obstante, el magistrado indicó que remite el caso a la ministra del Interior, Priti Patel, quien es la última responsable de dar el visto bueno final a la entrega de Macías Tubilla a México.

Recordemos que México solicitó la extradición de la exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en relación con unos fraudes supuestamente cometidos en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); los cuales ella rechaza.

Macías estaba en el Reino Unido cuando en octubre de 2019 recibió una notificación policial para presentarse en una comisaría de Westminster, a raíz de una orden de extradición remitida a través de Interpol. En ese momento la ex primera dama de Veracruz quedó en libertad bajo fianza, antes de que empezara el proceso legal de extradición.

Durante las audiencias celebradas en la Corte de Magistrado de Westminster, a cargo del juez Paul Goldspring, tanto el abogado de Macías, Aaron Watkins, como el del gobierno mexicano, Mark Summers, expusieron sus argumentos sobre la extradición.

Según Watkins, Macías no estuvo al frente de los supuestos fraudes en el DIF e indicó que se ha solicitado la extradición sin presentar pruebas sobre los crímenes económicos que se le imputan, sino que se trata de acusaciones basadas en sospechas.

Por otro lado, el abogado del gobierno mexicano argumentó que las pruebas de fraude son completas y convincentes, y mencionó los testimonios de Laura Elena Vega Martínez, quien fuera jefa del departamento de licitaciones del DIF. Summers defendió, además, las garantías de seguridad ofrecidas por el gobierno mexicano.

El actual gobierno de Michoacán reveló un presunto fraude de 5,186 millones de pesos del exgobernador Silvano Aureoles, junto con una constructora encargada de construir cuarteles con supuestos sobrecostos.

La empresa se encargó de la edificación, arrendamiento y compra de 7 cuarteles policiales, donde aparentemente se disponía de lujosas habitaciones con blindaje antibalas, según denunció este miércoles el gobierno estatal.

Alfredo Ramírez, actual gobernador y sucesor de Aureoles, denunció que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) investiga el presunto fraude en la construcción, el arrendamiento y la compra final de los cuarteles regionales de la Policía estatal de Michoacán en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo.

Ramírez aseguró en rueda de prensa que los cuarteles cuentan con espacios administrativos y dormitorios para policías, construidos con materiales de baja calidad, como paredes y techos de láminas de plástico, aunque cada complejo tiene un área privada que estaba destinada exclusivamente para el exgobernador Aureoles.

Estas áreas privadas están habilitadas con blindaje antibalas y lujoso mobiliario en una habitación, sala, comedor y un baño completo. Los espacios exclusivos para el exmandatario se ubican a unos metros, y con un acceso privado a helipuertos, aseguró el morenista.

Ramírez desglosó que este modelo de corrupción se basó en el pago de siete proyectos ejecutivos, uno por cada complejo, cuando debió ser solamente uno, con la existencia además de un sobreprecio en la construcción. Además, posteriormente se rentaba a dicha empresa y, finalmente, hubo una compra final por parte del gobierno estatal de los siete cuarteles tras pagar arrendamientos millonarios.

Lo revelado hoy por el gobernador se suma al reciente hallazgo de un lujoso búnker con paredes y ventanales antibalas, así como con jacuzzis, baño sauna y un pasadizo secreto, que Aureoles habría utilizado en la residencia oficial, ubicada en Morelia, capital del estado.

Aunque Aureoles dijo que durante su mandato no realizó ninguna modificación a la llamada Casa de Gobierno, una reciente investigación demostró que en agosto del 2020 su gobierno pagó 14 millones de pesos a la empresa “RECAM Construcción S.A de C.V.” para la ampliación, mejoramiento, rehabilitación y modernización de la residencia oficial.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México cumplimentaron este jueves una orden de aprehensión en contra del actual presidente del consejo de administración de Interjet, Alejandro del Valle.

“Agentes de la PDI cumplimentaron en la alcaldía Miguel Hidalgo una orden de aprehensión en contra de Alejandro ‘N’, por su probable participación en la comisión del delito de fraude genérico”, informó la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ-CDMX).

En redes sociales circulan imágenes del momento de la detención, que se dio en las afueras del Club de Industriales, ubicado en la zona de Polanco y que se dio alrededor de las 10:00 horas.

“Se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas de procedimiento”, aseguró la Fiscalía al compartir una imagen del detenido con los ojos cubiertos.

Recordemos que la Asamblea General de Accionistas de Interjet designó en diciembre pasado a Del Valle como nuevo presidente del Consejo de Administración, reemplazando a Miguel Alemán Magnani, fundador de la aerolínea, y quien ahora es prófugo de la justicia.

La situación de Interjet, que lleva todo 2021 sin operar y afronta una huelga, despierta polémica desde el año pasado, cuando la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reportó que adeudaba más de 3,000 millones de pesos al gobierno federal.

Apenas en agosto pasado, la Interpol emitió una ficha roja para la captura de Alemán Magnani, acusado de fraude fiscal por 66 millones de pesos por la Fiscalía General de la República (FGR). Un juez mexicano ordenó el 8 de julio la detención de Alemán Magnani, quien también era parte del Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En reportero Carlos Jiménez reportó en sus redes sociales que Alejandro del Valle fue ingresado al reclusorio sur de la Ciudad de México.

Se espera que en breve, la Fiscalía capitalina ofrezca mayor información.

Foto: Especial