Tag

FRENO

Browsing

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que el mes pasado pidió a los países más avanzados en la vacunación contra el COVID-19 no aplicar dosis de refuerzo antes de finales de septiembre, extendió su petición hasta el término de este año, dada la desigualdad de distribución de dosis en el mundo.

“Ha habido pocos cambios en la situación global, así que hoy pido extender la moratoria hasta al menos el final de este año, para permitir que todos los países puedan al menos vacunar al 40% de su población”, señaló en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Aunque admitió que algunos colectivos en riesgo podrían necesitar dosis de refuerzo contra el COVID-19, “por ahora no queremos un uso extendido de éstas entre la población completamente vacunada”, insistió el experto etíope.

El máximo responsable de la OMS lamentó que siga el desigual reparto de vacunas, y aseguró que está muriendo un número de gente que no debería debido a que, pese a tener las soluciones para detener la transmisión y salvar vidas, no se está compartiendo.

Tedros también se quejó de que los países desarrollados han prometido donar más de mil millones de dosis, pero sólo un 15% de esas promesas se han materializado, y de forma paralela las farmacéuticas han dicho que darían prioridad al programa de reparto de vacunas COVAX pero no lo han hecho.

“No queremos promesas, queremos vacunas”, declaró Tedros, quien dijo sentirse “en shock” después de que este martes la federación internacional de farmacéuticas dijera que ahora que los países ricos han vacunado a la mayoría de su población es cuando se puede cambiar el foco hacia un mayor reparto a los países en desarrollo.

“La OMS pidió un reparto igualitario desde el principio, no cuando los países más ricos hubieran completado sus vacunaciones”, subrayó.

Tedros insistió en que la pandemia está actualmente en una fase a dos velocidades, en la que sólo los países de ingresos medios y altos han conseguido desvincular contagios y fallecimientos. En esos países, advirtió, sigue habiendo riesgo de que “la relajación prematura” de las medidas de prevención ponga en peligro la población no vacunada, mientras que en las economías de renta baja continúa habiendo altas tasas de mortalidad por COVID-19.

Un juez federal otorgó este lunes siete suspensiones definitivas a igual número de empresas que pidieron frenar el acuerdo del gobierno federal, publicado por la Secretaría de Energía (Sener) que impide la entrada en operación de nuevas plantas de energías renovables.

El juez Rodrigo de la Peza, titular del juzgado primero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, aprobó dichas suspensiones.

Las resoluciones frenan por “tiempo indefinido” la entrada en vigor del acuerdo que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el pasado 29 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con la decisión del juez, el gobierno puede impugnar las suspensiones definitivas, pero el fallo puede tardar meses, mientras que la medida estará vigente hasta que se resuelva el juicio de amparo que promovieron las empresas y por lo tanto el acuerdo no se podrá aplicar.

El pasado martes, las empresas energéticas presentaron recursos de amparo ante este juzgado contra el polémico acuerdo del Cenace, gestor público del sistema eléctrico, que obliga a frenar la puesta en marcha de centrales solares y eólicas.

Entre los demandantes están la empresa española FV Mexsolar XI, que construye un parque solar en el estado de Veracruz, y la mexicana Dolores Wind.

El juez tiene en trámite más de 20 amparos y se prevé que mantenga el mismo criterio.

Se apuntó que las resoluciones solo aplican a las empresas a las que se le concedió la suspensión definitiva y no sirven para anular el polémico acuerdo que a finales de abril obligó a frenar “las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en operación comercial”.

Hace una semana, cuando otorgó las suspensiones provisionales, el juez señaló que el acuerdo de Cenace “representa un retroceso en la transición energética del país”, además de que vulneraba los derechos a la libre competencia económica, acceso a la salud y medio ambiente sano.

Tras publicarse el Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema
Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia del COVID-19, Canadá y la Unión Europea enviaron sendas cartas a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, expresando sus reservas.

Dicha medida afectará proyectos eléctricos en 18 estados con una inversión total de más de 30,000 millones de dólares, según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Además, peligran 44 proyectos en construcción con más de 6,400 millones de dólares de inversión, denunciaron la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee).

Además de dicho acuerdo, el 15 de mayo, la Secretaría de Energía publicó la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la cual estableció una limitación sin fecha a las energías renovables, ya que por su intermitencia “exponen a daños financieros al SEN, así como a los usuarios finales”.

La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió estos acuerdos para favorecer a las empresas públicas Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).