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La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer esta tarde acciones penales contra exfuncionarios y políticos señalados por el exjefe de Pemex, Emilio Lozoya, en distintos episodios de corrupción.

«La próxima semana se judicializará (la denuncia de Lozoya) en contra de quién o quienes ya se cuenten con elementos probatorios suficientes», dijo la fiscalía en un comunicado.

La dependencia agregó que la audiencia intermedia en el caso de Lozoya será fijada por el juez una vez que venza el plazo de la investigación complementaria del caso, fijado para el 7 de marzo de este año.

Lozoya, actualmente sometido a un proceso judicial por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, señaló en agosto a expresidentes y políticos, principalmente del PAN, de participar en hechos de corrupción.

Recordemos que en agosto pasado, cuando presentó su denuncia ante la Fiscalía, el exdirector de Pemex dijo que por instrucciones del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda y canciller, Luis Videgaray, entregó sobornos a legisladores para que aprobaran reformas estructurales, entre ellas la energética.

Lozoya dijo en una declaración que fue filtrada a la prensa que los entonces senadores del PAN Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, hoy gobernadores de los estados de Tamaulipas y Querétaro, recibieron sobornos, aunque ambos negaron las acusaciones.

Lozoya dijo también que entregó poco más de seis millones de pesos al excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya. El exfuncionario señaló también que durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se dieron condiciones ventajosas a la empresa Braskem, filial de la constructora brasileña Odebrecht, para la construcción de una planta petroquímica. Varios de los señalados negaron cualquier comportamiento indebido.

La comunicación de la FGR llega luego de que esta mañana, en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicara que la Fiscalía ya estaba llevando mucho tiempo en las averiguaciones y pidió que se informara sobre el caso.

«Coincido en que ya ha transcurrido mucho tiempo, aunque también imagino que se están haciendo bien las cosas, se están presentando las pruebas ante el Poder Judicial», dijo el mandatario.

La Fiscalía añadió, en cuanto a las medidas cautelares que se impusieron a Lozoya Austin (colocación de un brazalete electrónico, su firma periódica ante el Juzgado y la prohibición de salir del país, retirándole el pasaporte), que hasta el día de hoy no ha reportado que haya infringido las medidas impuestas por la autoridad judicial.

La tesorera de la Federación, Galia Borja Gómez, dio a conocer esta mañana el monto que se ha recaudado de las aportaciones «voluntarias» de los empleados del gobierno federal, luego del llamado que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que se donara una parte de los sueldos y aguinaldos.

Según lo expuesto en la conferencia matutina, al 8 de diciembre se ha recaudado 8.6 millones de pesos derivado del decreto de austeridad que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril y en el que se establece la reducción voluntaria de sueldos y aguinaldos, del 5 al 25 por ciento, desde subdirectores hasta el presidente.

La tesorera indicó que los lineamientos para el pago del aguinaldo se publicaron el 6 de noviembre de este año e indicaban una progresividad desde un día hasta 20 días del aguinaldo que podrían aportarse de manera voluntaria.

El presidente López Obrador precisó que los recursos obtenidos se destinarán en el equipamiento del sector salud y el fortalecimiento de programas sociales.

La funcionaria explicó que los servidores públicos realizaron un depósito directamente a la Tesorería de la Federación para recaudar las contribuciones, «de esa forma los recursos entran directamente a la Ley de Ingresos, eso sí, a un renglón muy específico para que posteriormente se pudiera dar la correspondiente ampliación presupuestal y el gasto saliera, como todo el demás gasto del gobierno federal, vía presupuesto, y de esta forma va a estar plasmado en la cuenta pública que se presentará en los próximos meses”, explicó.

Detalló que en en específico, los recursos se destinarán a la compra de 80 ambulancias para los hospitales rurales que atiende el programa IMSS Bienestar, con un costo total de de 147.8 millones de pesos, mismo que incluirá los recursos obtenidos por el sorteo del avión presidencial.

Al respecto, la directora de la Lotería Nacional, Margarita González Sarabia, informó que en el Sorteo del avión presidencial, se vendieron 3 millones 347 mil 353 billetes a 500 pesos cada uno, lo que dio como resultado mil 823 millones 676 mil 500 pesos, de los cuales se pagaron en premios mil 272 millones 727 mil 260 pesos y en pago de impuestos, comisiones a vendedores de billetes y gastos de operación se erogaron 286 millones 817 mil 590 pesos.

El remanente de utilidad fue de 264 millones 131 mil 650 pesos, mientras que la utilidad de beneficio social fue del 96% del sorteo, sumando los premios que se dieron a la población, a las escuelas, a los hospitales, los impuestos, las comisiones y los remanentes.

En la conferencia, el presidente aprovechó para hacer un llamado a la población a ayudar a seguir «empujando» el elefante (gobierno), que cuando comenzó su administración encontraron «echado, reumático, mañoso».

El mandatario dijo que gracias a todas las acciones que se han hecho en los dos primeros años de su gobierno, se ha logrado «parar» al elefante y comenzar a empujarlo, pero dijo, es necesario el apoyo de todos los mexicanos para que siga caminando, incluso que llegue a correr.

«Todos tenemos que empujar al elefante, me tienen que ayudar a seguir empujando al elefante, porque estamos hablando de décadas, de mucho tiempo, de injusticias, de corrupción, de prepotencia, de influyentismo, de desprecio al pueblo, racismo, clasismo, discriminación», sostuvo López Obrador.

Dijo que es necesaria la trasformación del país, que implica seguir enfrentando las resistencias, no sólo manifestaciones políticas opositoras o presiones de grupos de intereses creados, sino también dar paso a un cambio de mentalidad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló este viernes sobre los sueldos que algunos servidores públicos perciben, que es mayor al que él recibe, esto a pesar de la política de austeridad que hay en su gobierno.

El mandatario indicó que se va a revisar más adelante, aunque adelantó que no descarta volver a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución, pues con los cambios que se hicieron, muchos servidores públicos, principalmente del Poder Judicial, se ampararon, y por ello es que siguen ganando más.

«Quiero que quede completamente claro que se respete la Constitución y que nadie pueda ganar más que el presidente de la República; que haya excepciones, pero muy bien definidas y que no se preste a interpretaciones para que se concedan estos amparos. Porque ahora el que acudió al amparo, le dieron el amparo, gana más que el que no acudió al amparo y está llevando a cabo la misma función», declaró AMLO.

El presidente dijo que por ahora a llevar a cabo ningún ajuste pues la prioridad ahora es atender la crisis por la pandemia, aunque dijo que no quedará en el olvido, pues reiteró que en su gobierno tiene que haber austeridad republicana.

Insistió en que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y en ese sentido, el servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía.

Reflexionó que para ser servidor público se requiere una convicción, y se requiere aportar a los demás. Dijo que puede ser que no se gane tanto en el gobierno, pero el servicio público produce una satisfacción, el ayudar a los demás.

«Claro, somos libres, pero cada quien tiene su manera de pensar. Hay quienes piensan que tener un palacio, una residencia particular, una casa de gran lujo, pues es lo que le da sentido a su existencia», añadió,

Al intentar matizar su declaraciones, AMLO recordó que no todo el que tienes es malvado; explicó que hay gente que tiene su fortuna, misma que ha hecho a base de esfuerzo de trabajo y de conformidad con la ley. Enfatizó que su gobierno está en contra de la riqueza mal habida.

Sobre los señalamientos por el tema de los aguinaldos a los trabajadores del gobierno federal, López Obrador aclaró esta mañana que la «mayoría» de los trabajadores al servicio del Estado tiene asegurado su aguinaldo completo. Explicó que por la pandemia, los altos funcionarios decidieron de voluntariamente, aportar parte de sus aguinaldos.

«Todos van a recibir, todos los servidores públicos, pero los altos funcionarios van a recibir menos, voluntariamente, si ellos desean aportar, y el caso del presidente es el único que no va a recibir aguinaldo», indicó, al tiempo que confirmó que él no recibirá nada de aguinaldo, pues decidió donarlo a la atención de la pandemia.

El equipo médico del presidente Donald Trump decidirá «durante la jornada» si da de alta al mandatario, ingresado el viernes pasado tras contagiarse de Covid-19, indicó un alto funcionario de La Casa Blanca.

El jefe de gabinete, Mark Meadows, indicó a la cadena Fox News que «todavía no se ha tomado una decisión», aunque aseguró que la salud del mandatario continúa mejorando.

«Los médicos van a efectuar una evaluación en algún momento hacia el final de la mañana y después el presidente, en consultas con sus doctores, van a tomar una decisión sobre si le dan el alta durante la jornada», agregó.

Sin embargo se confirmó el fin de semana que los médicos estaban controlando sus pulmones tras recibir oxígeno suplementario.

El Dr. Sean P. Conley reconoció que la condición del presidente había sido peor de lo admitido inicialmente, y explicó que los niveles de oxígeno en sangre de Trump habían bajado en los días previos y que había tenido fiebre alta el viernes por la mañana.

Cuando se le preguntó qué habían revelado las pruebas sobre la condición de los pulmones de Trump, Conley respondió: «Hay algunos hallazgos esperados, pero nada de gran preocupación clínica».

La respuesta de Conley sugirió que las radiografías revelaron algunos signos de neumonía, dijo el Dr. Amesh Adalja, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Johns Hopkins.

Otros médicos que no participaron en el tratamiento de Trump dijeron que había evidencia de que su caso era grave.

El mandatario, de 74 años, está recibiendo dexametasona, un esteroide que se usa en casos graves de COVID, el medicamento antiviral intravenoso Remdesivir y un tratamiento de anticuerpos experimental de Regeneron Pharmaceuticals.

«Sería muy poco probable que él esté en campaña en menos de 14 días», dijo el Dr. David Battinelli, director médico de Northwell Health de Nueva York.

Los funcionarios del gobierno han realizado evaluaciones contradictorias sobre la salud de Trump. Conley y otros médicos dieron un pronóstico positivo el sábado, que fue desmentido rápidamente por el jefe de gabinete de Trump.

«Estaba tratando de reflejar la actitud optimista del equipo y del presidente sobre el curso que ha tenido su enfermedad», dijo Conley a periodistas el domingo al tratar de explicar la razón por la que no reveló la información real.

Y aunque desde el viernes pasado se encuentra hospitalizado, el presidente se despertó este lunes publicado una serie de mensajes en Twitter pidiendo el voto.

A partir de las 06:30 horas,  Trump empezó a tuitear mensajes cortos y todos en mayúsculas en los instaba a sus seguidores a votar por él mencionando lemas de su campaña y supuestos logros de su gestión.

«Paz a través de la fuerza (traer a nuestros soldados a casa)», «Proteger la segunda enmienda (que defiende el derecho a las armas)», «Combatir a los medios de comunicación corruptos y falsos», «Un cuidado sanitario mejor y más barato», escribió Trump, siempre seguido de la petición al voto.

«Provida, ¡votar!», «Reducción masiva de regulaciones, ¡votar!», «Fuerza espacial, ¡votar!», «El Ejército más fuerte, ¡votar!», «Mayor recorte de impuestos que nunca y otro por venir, ¡votar!», «Libertad religiosa, ¡votar!», «Ley y orden, ¡votar!», fueron algunos de los tuits de Trump.

El gobernante también aprovechó para atacar a su oponente en las elecciones del 3 de noviembre, el demócrata Joe Biden, y dijo a los votantes que si quieren «un aumento masivo de impuestos, el más grande en la historia de nuestro país (…), voten por los demócratas».

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, aprobó dos acuerdos sobre qué funcionarios de la Administración Pública comparecerán ante el Pleno y Comisiones, sobre el Paquete Económico para el ejercicio fiscal del 2021 (PEF 2021) y el Segundo Informe de gobierno.

El primer acuerdo aprobado fue el relativo a la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, el próximo 30 de septiembre ante el Pleno de la Cámara de Diputados,

El segundo acuerdo contempla la comparecencia ante comisiones y ante el Pleno de otros funcionarios. El calendario quedó de la siguiente forma:

  • 6 de octubre.- Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, comparecencia ante las Comisiones unidas de Gobernación y Población, y de Asuntos Migratorios.
  • 13 de octubre.-  Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Instituto de Salud para el Bienestar; Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Luis Antonio Ramírez Pineda, director general Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, comparecencia ante el Pleno de la Cámara.
  • 14 de octubre.- Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos, comparecencia ante comisiones unidas de Energía y de Infraestructura.
  • 21 de octubre.- Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, comparecencia ante el pleno de la Cámara;  Manuel Barlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, comparecerá ante Comisiones unidas de Energía y de Infraestructura.
  • 27 de octubre.-  Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, comparecencia ante el Pleno de la Cámara.
  • 28 de octubre.- Víctor Manuel Villalobos Arámbulo, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, comparecerá ante el Pleno de la Cámara. Graciela Márquez, secretaria de Economía, comparecerá ante las Comisiones unidas de Economía, Comercio y Competitividad y de Economía Social y Fomento del Cooperativismo.
  • 29 de octubre.- Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, comparecerá ante las Comisiones unidas de Desarrollo Metropolitano, Urbano y Ordenamiento Territorial y Movilidad, de Vivienda y de Asuntos Frontera Sur.
  • 3 de noviembre.-  Javier May Rodríguez, secretario del Bienestar,  comparecerá ante el Pleno de la Cámara.
  • 4 de noviembre.- María Luisa Albores González, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, comparecerá ante la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales.
  • 9 de noviembre.- Rocío Nahle García, secretaria de Energía, comparecerá ante la Comisión del ramo.
  • 10 de noviembre.- Alfonso Durazo Montaño,  secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, comparecerá ante el Pleno de la Cámara; Jorge Arganis Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes, comparecerá ante las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Infraestructura.
  • 11 de noviembre.- Alejandra Frausto, secretaría de Cultura, comparecerá ante Comisiones unidas de Cultura y Cinematografía y de Radio y Televisión.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que obligará a que ningún funcionario gane más que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), una de las promesas de campaña del mandatario.

Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional en mayo de 2019 la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos aprobada a finales de 2018, que obligaba a que ningún funcionario cobrara más que el presidente.

Ante la decisión, la Suprema Corte ofreció un periodo, que se vio afectado por la pandemia,  a los legisladores para modificarla.

El argumento principal de la Suprema Corte fue que la ley no establecía los parámetros para calcular la retribución del presidente y, por tanto, una modificación arbitraria de ésta podría resultar en un perjuicio para otros funcionarios.

Ahora, el nuevo texto, promovido por los legisladores de Morena, y aprobado con 300 votos a favor, 64 en contra y 41 abstenciones, establece dos indicadores para calcular un salario del presidente «acorde con la economía del país»: la media de los tres últimos años del PIB per cápita, que servirá como referencia, y el salario mínimo general.

Por debajo de la figura del presidente, la ley instaura nueve categorías de funcionarios ordenados de forma jerárquica.

Si ocurre «una caída o un incremento importante en el valor de dicho indicador», el presidente podría sufrir una disminución en la multiplicación del PIB per cápita de referencia.

Este nuevo sistema, que ahora debe aprobar el Senado, afectará a todos los funcionarios públicos federales, entre los que se encuentran los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, tribunales administrativos, la Fiscalía General, la Presidencia y otros organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Banco de México, Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Morena asegura que este texto permite a los funcionarios de cualquier nivel proveer «de una vida digna a su familia» y destaca que reconoce en «un grupo jerárquico» el esfuerzo o la preparación que requiere cada cargo.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, indicó que la nueva ley llegaba para poner un alto, pues no puede ser que mientras el gobierno se «aprieta el cinturón», funcionarios se amparen para defender sus grandes salarios.

Una nueva investigación especial de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno de Ciudad de México, el gobierno local tenía un centro de espionaje que monitoreaba a ciudadanos, funcionarios y políticos, entre ellos al hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

El número 15 de la calle Manuel Márquez Sterling en la colonia Centro operó como un centro de espionaje pagado con dinero público; desde ahí se intervinieron teléfonos de ciudadanos, funcionarios locales y políticos principalmente de Morena.

Especialmente, MCCI reporta que López Obrador fue una de las personas vigiladas. La organización accedió a documentos entre los que se encuentra un estudio con fotografías e información sobre propiedades, residencias y puntos de reunión del hoy presidente de México, su esposa e hijos.

«En estos documentos, parte del análisis forense informático que integra una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se detallan ejemplos de lo obtenido en el edificio entre 2016 y 2018: miles de minutos de conversaciones telefónicas y mensajes intervenidos de aplicaciones como Telegram, decenas de sábanas de llamadas y el seguimiento de 119 políticos, académicos y funcionarios públicos», entre los que señalan a Patricia Mercado, entonces secretaria de Gobierno y el exdelegado de Cuauhtémoc Ricardo Monreal.

La investigación refiere que las prácticas de espionaje comenzaron, al menos, un mes y 11 días después de que Miguel Ángel Mancera asumiera como titular del gobierno capitalino. Se habría desmantelado durante los últimos meses de su sexenio.

Los responsables de la investigación, Íñigo Arredondo y Valeria Durán, relatan que al cuestionar a Mancera sobre si  conocía dichas operaciones de espionaje, el ahora senador se limitó a contestar que el trabajo de las autoridades es investigar.

El coordinador de la ‘casa espía’ de Sterling fue Gustavo Caballero, policía de investigación. Anteriormente, Caballero había encabezado la Unidad de Investigación Cibernética en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cuando Miguel Ángel Mancera era el titular de la dependencia.

El equipo, de al menos 30 personas, se encargaban de realizar las escuchas telefónicas, seguían ubicaciones y armaban supuestos planes de seguridad para la Secretaría de Gobierno de Ciudad de México. Para ello contaban con al menos 42 computadoras, drones, 10 motos y 12 autos.

Pese a que el puesto oficial de Caballero era el de de director general de técnicas y tecnologías de la Coordinación General de Políticas de Administrativas de Planeación y Organización de la PGJDF, testimonios refieren que nunca se reportaba a la Procuraduría, sino a Héctor Serrano, secretario de Gobierno hasta 2015 y hoy diputado federal, con el que se reunía semanalmente.

El análisis forense informático que realizó MCCI, indica que, durante las semanas previas a las elecciones de julio de 2018 hasta el 5 de diciembre, los empleados de Sterling se encargaron de eliminar miles de archivos de las 42 computadoras, así como de sacar 23 laptop HP del edificio. Por ejemplo, horas después de la toma de posesión del gobierno de Claudia Sheinbaum se borraron 365 mil archivos.

Entre los miembros de Morena a los que se les ‘investigó’, aparecen: Armando Contreras Castillo, Bertha Luján, Carlos Candelaria López, Layda Sansores, Martha Lucía Mícher Camarena, Martí Batres, Pablo Moctezuma Barragán, Ricardo Monreal, Vidal Llerenas Morales, y Yeidckol Polevnsky.

Investigación completa en MCCI

Un juez de control de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) vinculó esta tarde a proceso a cuatro funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) por el uso indebido de atribuciones y facultades.

Se indicó que la falta se derivó de una contratación irregular por 105 millones de pesos, de los cuales la institución pagó 15 millones. Se trata de un servicio de alimentos para eventos.

Los funcionarios vinculados a proceso son: Bogart Cristobal Montiel Reyna, director Ejecutivo de Administración del INE; Miguel Ángel Romero Castillo, Subdirector de Servicios; José Carlos Ayluarlo Leo, Director de Recursos Materiales y Servicios y Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de Adquisiciones.

Los funcionarios fueron presentados ante el juez luego de que el Órgano Interno de Control (OIC) del INE los denunciara por la licitación pública que dio pie a la contratación, misma que fue anulada por el propio OIC en agosto de 2019.

Al respecto, el INE afirmó que tuvo conocimiento hoy del procedimiento abierto contra los cuatro funcionarios.

«La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ante la que el OIC interpuso la acción, pidió la suspensión de los cuatro funcionarios; el juez no la concedió y otorgó un plazo de seis meses para verificar si las imputaciones tienen lugar», destacó el INE.

Precisó que el OIC no ha informado si la investigación sobre el caso ha concluido y si hay lugar a alguna responsabilidad administrativa.

El presidente libanés, Michel Aoun, afirmó hoy que aún no se han determinado los motivos de la explosión de 2,750 toneladas de nitrato de amonio que el pasado martes dejó devastada parte de Beirut; dijo que no se descartaba una intervención externa, un misil «o cualquier otro acto».

“No se han especificado aún los motivos de la explosión, hay posibilidad de una intervención externa mediante un misil o bomba o cualquier otro acto”, indicó Aoun a medios locales.

El jefe de Estado dijo que ha pedido a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que le proporcione “fotos aéreas para saber qué ocurrió” exactamente en el puerto de Beirut.

La explosión de casi 3 mil toneladas de nitrato de amonio almacenadas en un depósito del puerto beirutí por motivos aún no aclarados provocó graves daños de infraestructura, además de que al menos 154 muertos y más de 5,000 heridos.

Aoun señaló que la investigación tratará de determinar las condiciones en las que estaba almacenado el fertilizante y si la explosión fue resultado de una negligencia o un accidente.

Pero también, añadió, buscará determinar si la catástrofe fue provocada por una “intervención extranjera”.

“Le pedí a Macron que proporcione fotos aéreas para saber qué ocurrió” y, “si los franceses no tienen información, la vamos a pedir a otra fuente”, sostuvo Aoun.

Sin embargo, rechazó cualquier tipo de investigación internacional, pues consideró que «diluiría la verdad».

El gobierno libanés dio orden el miércoles a las autoridades competentes de arrestar en sus domicilios a todas las personas que hayan tenido alguna relación con la custodia de la carga del fertilizante que explosionó y que se encontraba en el puerto desde hacía seis años.

Por el momento se han practicado dieciséis arrestos, incluido el del director del puerto de la capital libanesa, por supuesta responsabilidad en la tragedia, aunque una fuente militar declaró que “un número mucho mayor” de personas están siendo investigadas.

La orden se emitió después de declarar el estado de emergencia en Beirut durante quince días y al amparo de la Ley de Defensa Nacional ordenando a la autoridad militar los arrestos.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso medidas cautelares a 63 servidoras y servidores públicos de distintos niveles, por la probable promoción personalizada derivada de la entrega de bienes y productos a la ciudadanía con motivo de la contingencia sanitaria por Covid-19.

El INE hizo un exhorto a las personas que ejercen cargos públicos para que su conducta se ajuste en todo momento al marco constitucional.

El Instituto señaló que durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, diversos órganos del INE certificaron y documentaron publicaciones, notas y fotografías en páginas de internet y redes sociales de servidoras y servidores públicos promocionando su participación en la entrega de bienes o productos a la ciudadanía en el marco de la pandemia.

Luego de las investigaciones preliminares, la autoridad electoral determinó iniciar Procedimientos Especiales Sancionadores, debido a que tienen que ver con el posible uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, lo que pudiera afectar las condiciones de equidad de cara a los próximos procesos electorales federal y locales.

La Comisión ordenó a 22 servidoras y servidores públicos que se abstengan de promoverse en actividades de entrega u ofrecimiento de bienes y productos durante la emergencia sanitaria y su respectiva difusión o publicidad, ya que sus publicaciones contienen elementos de promoción personalizada; es decir, refieren su nombre y cargo, aparece su imagen y los mensajes publicados, en general, son realizados en primera persona.

NOMBRE CARGO ENTIDAD
Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses Diputado Federal Puebla
Sylvana Beltrones Sánchez Senadora Sonora
Américo Villarreal Anaya Senador Tamaulipas
José Octavio Rivero Villaseñor Alcalde Milpa Alta, Ciudad de México
Ricardo Moreno Bastida Secretario del Ayuntamiento Toluca, Estado de México
Alejandra Gutiérrez Campos Diputada Local Guanajuato
Itzel Soledad Castillo Almanza Diputada Local Nuevo León
Félix Rocha Esquivel Diputado Local Nuevo León
Roberto Sosa Pichardo Presidente Municipal Corregidora, Querétaro
Eleno Flores Gámez Diputado Local Sinaloa
Óscar Enrique Rivas Cuellar Alcalde Nuevo Laredo, Tamaulipas
Félix Fernando García Aguiar Diputado Local Tamaulipas
José Luis Elorza Flores Diputado Federal Chiapas
Miguel Prado de los Santos Diputado Federal Chiapas
María Esther Mejía Cruz Diputada Federal Chihuahua
Francisco Javier Borrego Adame Diputado Federal Coahuila
Karla Yuritzi Almazán Burgos Diputada Federal Estado de México
Erasmo González Robledo Diputado Federal Tamaulipas
José Salvador Rosas Quintanilla Diputado Federal Tamaulipas
Dulce María Corina Villegas Guarneros Diputada Federal Veracruz
Ricardo Gallardo Cardona Diputado Federal San Luis Potosí
Instituto Estatal de Educación para Adultos del estado de Morelos (INEEA) en favor del Diputado Federal Jorge Arturo Argüelles Victorero Diputado Federal Morelos

 

Adicional, la Comisión precisó que dichas acciones podrían constituir también una violación a los principios de imparcialidad y legalidad que deben seguir las funcionarias y funcionarios públicos, por lo que se determinó que, en un plazo no mayor a 24 horas, realicen las acciones necesarias y suficientes para eliminar las publicaciones tanto en redes sociales como en páginas de internet.

Sin embargo, no fueron los únicos funcionarios contra quienes se iniciaron los Procedimiento, pues en 41 casos más,  las ligas con el material denunciado ya fueron dadas de baja, por lo que se está ante hechos consumados.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), orenzo Córdova, advirtió sobre el activismo político con fines propagandísticos que diversos servidores públicos están realizando en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Durante las últimas semanas y de cara al proceso electoral de 2021, alcaldes, diputados locales y federales así como senadores han recorrido sus distritos y repartido apoyos que contienen sus nombres y/o su filiación partidista.

Aunque reconoció que la entrega de apoyos y visitas al electorado más vulnerable no está mal en principio, la barrera negativa se traspasa cuando se graban videos con la población agradeciendo a quien entrega los recursos.

El consejero electoral afirmó que esta práctica constituye una deslealtad a la democracia y por ende actos anticipados de campaña que ya son analizados por el INE.

“Estos casos están siendo documentados por la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE y se procederá al análisis de conductas que eventualmente podrían ser violatorias del artículo 134 de nuestra Constitución que prohíbe expresamente que la propaganda de los poderes públicos bajo cualquier modalidad de comunicación social que incluyan nombres, imágenes, vos o símbolos que signifiquen promoción personal», alertó Córdova Vianello.

Sostuvo que aprovechar la pandemia para lucrar políticamente es también una acción que pone en riesgo al sistema electoral mexicano.

El consejero presidente afirmó que el INE actuará con firmeza en la vigilancia de que lo recursos y apoyos gubernamentales no sean utilizados como una herramienta para la coacción del voto.

Mientras uno de los principales problemas que se han señalado a lo largo de toda la contingencia sanitaria del país, es la falta de pruebas para detectar Covid-19 en la población, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que los funcionarios de la dependencia se hacen pruebas «a cada rato».

Así lo dijo la noche de ayer cuando acudió al exhangar presidencial para recibir el onceavo cargamento de insumos médicos provenientes de China, para atender la pandemia de Covid-19.

El canciller dijo que en la SRE «nos hacemos cada rato pruebas», esto al ser cuestionado sobre si se había realizado la prueba tras conocerse que el vocero de la cancillería, Roberto Velasco, había dado positivo.

Ebrard Casaubón afirmó que en su última prueba salió negativo, por lo que no había ningún riesgo de que siguiera con actividades normales como hasta ahora.

Y es que ademas de los señalamientos que se han hecho al gobierno por no aplicar el número suficiente de ´pruebas para detectar Covid-19, se ha denunciado el alto costo que dicha prueba tiene en laboratorios privados, lo que ha llevado a que millones de mexicanos no puedan saber si están contagiados o no.

Sobre el tema, esta mañana, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, reapareció en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, tras recuperarse de Covid-19.

Fue el 2 de mayo pasado cuando Sheffield informó mediante su cuenta de Twitter que había dado positivo al coronavirus SARS-CoV-2, y tras 16 días de aislamiento, reapareció públicamente.

AMLO le dio la bienvenida al funcionario; «nos da mucho gusto que este de nuevo con nosotros Ricardo Sheffield, quien ya está recuperado, luego de que tuvo coronavirus».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estimó este lunes que por concepto de la reducción de sueldos a altos funcionarios de la administración pública, él incluido, el gobierno tendrá ahorros por poco más de 3 mil millones de pesos.

«Puede ser, nada más en la disminución de los sueldos de altos funcionarios, cerca de 3 mil millones de pesos», adelantó el mandatario en su habitual conferencia de prensa matutina.

No obstante, indicó que será en los próximos días cuando se detalle con precisión, los ahorros que por concepto de eliminación de aguinaldo se generen en la administración pública.

Esta es una de las medidas que anunció ayer el presidente como parte de su estrategia para reactivar la economía nacional ante los embates de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19.

López Obrador informó que esta medida fue consultada entre los miembros de su gabinete, quienes accedieron a que aplicara esta medida, misma que se efectuará de manera gradual.

Cuestionado sobre si podría donar meses de su salario como titular del Ejecutivo, mencionó que por el momento destinará todos los recursos que le corresponden por concepto de aguinaldo y que después hará una evaluación sobre si se necesita una aportación adicional.

El resto de las acciones para la reactivación económica que anunció ayer son:

  • 25 mil millones de pesos adicionales para la introducción de agua potable, drenaje, pavimento y la construcción y mejoramiento de 50 mil viviendas en zonas marginadas de 50 municipios del país, lo que creará 228 mil empleos directos, además de beneficios a los habitantes de las regiones.
  • Sembrando Vida se ampliará a 200 mil campesinos, adicionales a los 230 mil que hay actualmente. A partir de mayo, recibirán apoyos directos 190 mil pescadores.
  • Las sociedades de padres y madres de familia recibirán apoyos adicionales para el mantenimiento de 31 mil planteles escolares.
  • Recursos para contratar a 45 mil médicos y enfermeras, así como a 31 mil militares, marinos e integrantes de la Guardia Nacional.
  • Se dispondrá de un fondo de 35 mil millones de pesos del ISSSTE para entregar créditos personales que van de 20 mil a 56 mil pesos a 671 mil trabajadores al servicio del Estado.
  • El Fovissste y el Infonavit, destinarán 175 mil millones de pesos para otorgar créditos de vivienda, durante estos nueve meses del año, en beneficio de 442 mil 500 trabajadores y mismos que generarán 970 mil empleos.
  • Continuará el programa de estímulos fiscales y bajos precios de gasolinas y otros energéticos en la zona fronteriza del norte del país. No aumentarán los impuestos ni se crearán nuevos.
  • Devolver el IVA con prontitud a los contribuyentes. El tiempo fiscal dedicado a publicidad del gobierno se entregará a los medios de comunicación.
  • Aumentará la producción de gasolinas en el país; 400 mil barriles diarios se emplearán para no malbaratar el petróleo de exportación y reducir la compra de combustibles en el extranjero; Pemex dispondrá de un recursos extra de 65 mil millones de pesos, porque se le reducirá la carga fiscal.
  • Asegurar en todo el país, el abasto de energía eléctrica.
  • Inició la modernización y ampliación del Ferrocarril del Istmo y de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Ahí se generarán, este año, 7 mil 300 empleos.
  • Este año estarán en construcción cinco tramos de mil 43 kilómetros; se generarán 80 mil empleos y una derrama económica de 35 mil millones de pesos en el sureste del país.

El Fiscal General de los Estados Unidos William Barr junto a otros fiscales federales acusaron formalmente este jueves al presidente Nicolás Maduro y a otros 14 funcionarios venezolanos ​​de narcotráfico, corrupción y otros cargos penales.

Se indicó que Maduro y los funcionarios venezolanos de alto rango, tanto actuales como anteriores, se asociaron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para «inundar» a los Estados Unidos de droga.

«El régimen venezolano, una vez dirigido por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción», dijo el Fiscal General Barr. “Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con las FARC, causando que toneladas de cocaína ingresaran y devastaran las comunidades estadounidenses», añadió.

Se precisó que el anuncio de hoy busca erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a aquellos en los niveles más altos del gobierno.

«Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos utilicen el sistema bancario estadounidense para trasladar sus ganancias ilícitas desde Sudamérica ni promover sus esquemas criminales», añadieron.

Además de Maduro, entre los acusados figuran Diosdado Cabello; Hugo Armando Carvajal Barrios; Clíver Antonio Alcalá Cordones; Luciano Marín Arango; Seuxis Paucis Hernández Solarte; Vladimir Padrino López; Maikel José Moreno Pérez;  Tareck Zaidan El Aissami Maddah, entre otros.

Según lo anunciado, Maduro y los otros acusados ​​tenían la intención expresa de «inundar» los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar del país. Describieron que Maduro desplegó deliberadamente cocaína como arma.

Acusaron que durante la última década, funcionarios del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela con miles de millones de dólares. “Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han usado bancos e inmuebles del sur de la Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal», dijo la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan.

Los fiscales indicaron que las acusaciones presentadas hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes del mundo de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance de la  justicia estadounidense. Precisaron que el Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de los traficantes de drogas, sin importar quiénes sean o dónde vivan.

Derivado de las denuncias, el Departamento de Estado de EUA a través de su programa de recompensas de narcóticos, ofrece hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Maduro, y hasta 10 millones  y 5 millones respectivamente por información que conduzca al arresto y/o condena del resto de los funcionarios acusados.

En las denuncias se añade que en su papel de líder del Cártel de Los Soles, Maduro negoció envíos de toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cártel de Los Soles proporcionara armas de grado militar a las FARC; coordinó asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de Los Soles.

 

Tras confirmarse la detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en Málaga, España, funcionarios del gobierno federal reaccionaron y aplaudieron la operación que permitió la aprehensión del exfuncionario.

Y aunque la labor corrió a cargo de autoridades españolas, las felicitaciones fueron para el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, felicitó a Gertz Manero por el cumplimiento de la orden de aprehensión contra Lozoya. Indicó que su detención contribuye a lograr el objetivo del presidente López Obrador de «cero tolerancia a la corrupción y la impunidad».

En mayo pasado, la UIF congeló las cuentas de Lozoya pues dijo, se identificaron operaciones financieras con recursos de actividades presuntamente ilegales derivados de actos de corrupción.

Recordemos que hay un enfrentamiento entre Nieto y Lozoya desde años atrás. En octubre de 2017, Nieto en su calidad de titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), acató una orden de un juez federal de resolver una investigación contra Lozoya por el presunto financiamiento ilícito de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, con supuestos sobornos de Odebrecht.

En ese momento, Nieto acusó que fue amenazado por Lozoya a través de una carta que recibió por parte el exdirector de Pemex. Lozoya y sus abogados respondieron indicaron que fue un documento que, estrictamente, lo que pedía es que se le citara para conocer si había una investigación en su contra.

«Y dice, como cualquier escrito legal, quién soy, dónde vivo, en donde trabajo, quienes son mis padres, y todo eso
yo no sé cómo ha sido interpretado como una petición de impunidad, como una amenaza, o como una petición
de que se disculpe alguna autoridad conmigo”, indicaron.

A raíz de eso, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), cesó a Nieto por haber “transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta”.

En un evento esta mañana, Nieto fue cuestionado sobre la detención del exdirector de Pemex, a lo que respondió: «muy contento porque parece que detuvieron a Lozoya».

Quien también reaccionó a la detención, fue la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval. A través de su cuenta de Twitter, se sumó a las felicitaciones al Fiscal, por su «infatigable e impecable lucha» para lograr la detención del excolaborador de Peña Nieto.

Señaló a Lozoya de ser el «representante y operador de la peor corrupción estructural del neoliberalismo»

La vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier, también comentó al respecto. Dijo que la detención de Lozoya es muestra de que se va caminando a hacer justicia contra la corrupción y sobre todo muestra que «las cosas si van caminando y cambiando».

Otros actores de la vida política del país también se han pronunciado. Uno de ellos fue Manuel Clouthier, quien dijo que la detención de Lozoya debe ser el hilo que permita esclarecer y llevar a la justicia a los corruptos implicados en el caso Odebrecht en nuestro país.

El extitular del Coneval, Gonzalo Hernández Licona también se refirió al tema. Dijo que gracias a Lozoya, el servicio público está desprestigiado. «Que pases en el bote mucho tiempo y que regreses… lo robado».

El legislador de Movimiento Ciudadano, Samuel García exigió que Lozoya sea llevado ante la justicia en México, pues acusó, está ligado a varios casos de corrupción. «Es hora de que pague».

Este jueves, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó una conferencia de prensa en la que abordaron la fuga de tres reos del Reclusorio Sur.

«Quiero afirmar, asegurar, que nosotros no hacemos ningún compromiso, ningún acuerdo mafioso, y que vamos a llegar a las ultimas consecuencias en este caso y que no vamos a tolerar la corrupción», comenzó la mandataria local.

Señaló que toda la investigación sobre la fuga está en manos de la Fiscalía local y de la Fiscalía General de la República (FGR), a quienes han entregado los videos y hallazgos que se tienen hasta ahora.

Fue la secretaria de gobierno, Rosa Icela Rodríguez, quien compartió los detalles de lo encontrado. Reiteró que recibieron la indicación por parte de Sheinbaum de que se transparentara toda la información, guardando el debido proceso.

La funcionaria relató que entre las 19:30 y las 20:10 del 28 enero, se realizó un pase de lista a cargo del segundo turno del penal, reportando «sin novedad». A las 07:45 del 29 de enero se realiza un nuevo pase de lista por parte del mismo turno, reportando «sin novedad».

Sin embargo, para las 08:00 del 29 de enero, ya en el tercer turno del penal, se hace un nuevo pase de lista, y es cuando se reporta la falta de 3 internos. A partir de ahí se activaron los protocolos para el caso de evasión.

Al revisar las cámaras de seguridad, indicó que en la zona 1 y 2 del área de ingreso de las 21:00 horas del 28 de enero, a la 01:00 del 29 de enerp, se detecta movimiento de al menos 5 internos y 3 custodios, lo cual calificó como irregular.

En la revisión física que se hizo, se detectó que las puertas que comunicaban a las celdas de los evadidos, estaban abiertas y sin candados, además de que se quitó un barrote de seguridad por donde podrían haber descendido a una área común, para después cortar la malla ciclónica y llegar a la planta baja, donde apoyados por una escalera, brincaron una barda perimetral, llegando a una zona por donde circulan vehículos de traslado.

Los videos mostraron que un vehículo de traslado salió del penal a las 05:50 am. Señaló que tanto el custodio de la camioneta como los elementos de seguridad de la aduana de vehículos no aplicaron los protocolos de revisión para la salida de la camioneta.

Ante lo hallado en los videos de vigilancia, se detectó que la evasión ocurrió a las 05:50 horas, aunque se tuvo conocimiento de los hechos por parte de las autoridades penitenciarias a las 08:00 am, momento en que se hizo el seguimiento en cámaras del C5 de la ruta del vehículo en el que se presume salieron los reos.

El vehículo tenía como destino el hospital Rubén Leñero, a donde se llevaría a otro interno. Sin embargo, las cámaras del C5 no detectaron en qué momento descendieron los reos fugados, por lo que no se tiene la información del paradero de los fugados.

«Esta información que hacemos de su conocimiento, muestra que hubo colusión de diversos custodios del segundo turno del Reclusorio Sur, los cuales se encuentran sujetos ya a investigación en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La Jefa de gobierno ha pedido que las investigaciones lleguen a sus ´últimas consecuencias, porque en nuestro gobierno no hay pactos ni compromisos mafiosos y no se tolera la corrupción», concluyó Rodríguez Velázquez.

Por su parte la Fiscalía capitalina informó sobre la investigación por la probable participación de servidores públicos en la fuga de los tres reos; indicó que el agente del Ministerio Público de la FGJCDMX ha tomado la declaración de al menos 22 servidores públicos, de todos los niveles.

Afirmó que la Policía de Investigación (PDI) ya cuenta con el material en video de las cámaras de vigilancia del centro penitenciario, así como del C5, para que pueda establecerse la probable participación de servidores públicos, así como identificar tramos de responsabilidad de quienes posiblemente omitieron los protocolos de seguridad correspondientes.

«Derivado de las primeras investigaciones, se detectó que ocho servidores públicos posiblemente faltaron a las reglas internas de operación, por lo que pudieron favorecer la evasión de los internos. Asimismo, ya se cuenta con declaraciones, las cuales señalan que dichos custodios posiblemente buscaron sobornar a sus compañeros para que les permitieran retirarse sin mayor problema», indicó el vocero de la Fiscalía.

Ante tal situación, personal del turno entrante detuvo a los ocho elementos de seguridad del penal, por su probable responsabilidad en el delito de cohecho, por lo que quedaron a disposición del Ministerio Público, quien resolverá su situación jurídica dentro del término constitucional.