Tag

giei

Browsing

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa señaló este lunes inconsistencias en el último informe del gobierno sobre la desaparición.

Tras un peritaje, el GIEI determinó que “no es posible garantizar la originalidad de los mensajes” de chat de presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes en septiembre de 2014, presentados en capturas de pantalla en el reporte del gobierno.

Recordemos que la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa presentó el pasado agosto su último informe en el que, además de reconocer que fue un “crimen de Estado” con funcionarios implicados de todos los niveles, compartieron más de 400 capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, de las que “al menos 181” presentan inconsistencias, según el GIEI.

En una conferencia de prensa este lunes, dijeron que en primer lugar “no es posible garantizar la originalidad de los mensajes ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros, su autenticidad y tampoco es posible verificar el tipo de dispositivo donde se encuentra configurada la copia del screenshot (captura)”.

Asimismo, indicaron que aunque visualmente la versión de la aplicación es la utilizada entre 2012 y 2015, en ese momento no existía la posibilidad de videollamada, pero sí aparece el icono.

Igualmente, tampoco existía la posibilidad de la doble verificación azul (confirmación de mensaje enviado y recibido), pero sí aparece en la imagen.

Por otra parte, hay capturas que se generaron anteriormente a la fecha en la que se señala que se enviaron los mensajes.

“Los mensajes analizados no pueden considerarse como prueba digital”, detalló Francisco Cox Vial, uno de los cuatro expertos del GIEI. “Lo que sí hay que investigar es por qué se entregaron, quién los entregó y cómo los obtuvo”, consideró Angela Buitrago, otra de las integrantes.

A pesar de esto, el grupo insistió en que las más de 80 órdenes de captura solicitadas por la unidad especializada de la Fiscalía General de la República (FGR) no se emitieron como consecuencia del informe, sino de la investigación de la propia unidad, por lo que sí deben ejecutarse al haber elementos suficientes que las sustentan.

“El GIEI valora de forma positiva la entrega del material para hacer el peritaje y la disposición a que se revise. Además, pide compromiso de la Comisión de la Verdad y que en su actuación en el futuro entregue la información al GIEI antes de dar cualquier paso. La consistencia de la información tiene que basarse en los estándares mas altos”, aseveró Claudia Paz y Paz.

El GIEI, que había prolongado por un mes sus actividades, detalló que a partir de este momento quedarán solo dos de los cuatro expertos, Carlos Martín Beristain y Ángela Buitrago, para ejecutar un mecanismo de seguimiento del caso, ante el movimiento suscitado tras la publicación del informe el 18 de agosto y de que la FGR cancelara más de 20 de las 80 órdenes de captura solicitadas.

Además, el GIEI consideró necesario que permanezcan porque el nuevo equipo de la unidad especializada que llegó después de la renuncia del ahora exfiscal especial Omar Gómez Trejo en septiembre “no tiene conocimiento suficiente del caso”.

Carlos Martín Beristain opinó que México está ante una oportunidad de demostrar que la voluntad política junto con independencia y consistencia de la investigación son determinantes para la Justicia.

Asimismo, expresó que con la investigación se juega la respuesta digna a los familiares, que no solo tienen a sus hijos desaparecidos, sino que han sido víctimas de mentiras y versiones distorsionadas de las autoridades.

“La desaparición forzada no se cierra hasta que se ha dado respuesta al derecho a la verdad y se conozca el destino y paradero de los desaparecidos”, terminó el experto.

Recordemos que el New York Times publicó la semana pasada una entrevista con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, encargado de la comisión del caso Ayotzinapa, en la que el funcionario asegura que las capturas podrían ser falsas, aunque días después rechazó haber descalificado el informe.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este jueves la intromisión y obstrucción de la Fiscalía y el Ejército para indagar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El GIEI lamentó la renuncia del fiscal especial, Omar Gómez Trejo, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) canceló, sin consultarlo, 21 órdenes de aprehensión, de las que 16 correspondían a militares.

“No es solo su renuncia, es por qué renuncia, y es por indebidas intromisiones en su trabajo. Y señalar también que no solo él renunció, renunciaron otras fiscales, mujeres, que también vieron atropellada su independencia y su actuar profesional. Entonces, en esas condiciones definitivamente no se puede esclarecer un hecho”, indicó la abogada Claudia Paz.

El GIEI, que concluye su mandato mañana 30 de septiembre aunque ha pedido una prórroga, ofreció una conferencia tras el informe del pasado 18 de agosto de la Comisión para la Verdad del Gobierno, que reconoció que la desaparición fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo militares.

Ángela Buitrago denunció que en la FGR “los hechos concretos sí es categóricamente que se ha tratado de frenar las investigaciones, que se han dado órdenes de no judicializar, inclusive se han dado órdenes de no ir a audiencias”.

Mientras que Francisco Cox acusó al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de “romper” el acuerdo que en junio de 2019 creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).

“Desde un inicio, observamos y documentamos y señalamos en el informe que hoy se hace público, el informe 3 del GIEI, que hubo obstáculos iniciales”, aseveró.

Recordemos que el GIEI difundió una investigación en marzo pasado que muestra que el Ejército intervino con programas de espionaje como Pegasus las comunicaciones de autoridades, el cártel de Guerreros Unidos y familias de los estudiantes, incluso en tiempo real mientras ocurrían los crímenes.

Buitrago reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha ordenado revisar los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar), pero las Fuerzas Armadas muestran resistencia.

“Las respuestas que nos dan al GIEI es que no hay posibilidad de hacer monitoreos e interceptaciones, y niegan que ellos hayan realizado, el Ejército en particular, estas actividades, pero los documentos existen y hacen parte efectivamente de la documentación que recuperamos”, comentó.

La abogada Paz aseguró que “estas interceptaciones muestran una relación cercana de la organización criminal (Guerreros Unidos) con militares, con menciones específicas a personas que están ya consignadas y a otras. También se menciona a la Marina, lo que debe ser investigado”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este martes que integrantes de alto rango de la Secretaría de Marina (Semar) involucrados en un operativo sobre el caso Ayotzinapa son investigados y ya han declarado ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se dio la instrucción de que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la Fiscalía. Todos los que participaron, sobre todo el almirante responsable del operativo”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones del presidente llegan luego de que ayer, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), divulgó un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa en el que se reveló un video del 27 de octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes, en el basurero de Cocula.

En las imágenes se muestra a miembros de la Marina siendo parte activa en la manipulación de pruebas durante la investigación de los hechos, específicamente en el basurero de Cocula, donde supuestamente fueron incinerados los 43 estudiantes secuestrados, según la primera versión oficial del caso.

Al respecto, López Obrador dijo esta mañana que la investigación del caso sigue abierta. “Es un compromiso que tenemos, de dar a conocer lo que sucedió con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”, apuntó. Informó que los expertos del GIEI le presentaron el informe, incluido el video, previo a ser difundido a medios de comunicación.

“Se va a continuar con la investigación, ellos van a continuar un año más colaborando y se sigue haciendo la investigación”, agregó el presidente, quien prometió que se entregará toda la información que el gobierno y las Fuerzas Armadas tienen disponibles acerca del caso. “No se oculta nada”, subrayó.

“Toda la información del Ejército se ha puesto a disposición de la Comisión (para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa) y la Fiscalía especial, y esa es la instrucción que tienen y la están cumpliendo”, sostuvo López Obrador.

El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre. Según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “verdad histórica”, los estudiantes fueron entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Esta versión siempre fue cuestionada por los familiares de las víctimas y por el GIEI, que en los dos anteriores informes, presentados en 2015 y 2016, señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en el basurero.

El gobierno de López Obrador reabrió el caso en 2018 y tiró definitivamente la versión oficial del gobierno de Peña Nieto al identificar restos no calcinados de dos de los estudiantes, Christian Rodríguez en 2020 y de Jhosivani Guerrero en junio pasado, ambos en la barranca de la Carnicería, fuera del basurero. Estas dos identificaciones se sumaron a la de Alexander Mora, cuyos restos fueron hallados en el río en 2014.

Reportes pasados del GIEI y otras instituciones, así como algunos testigos, ya habían señalado en el pasado la participación de las Fuerzas Armadas en el caso, pero este nuevo informe reveló más vínculos con el suceso.

Ángela Buitrago y Francisco Cox, especialistas que conformaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa regresaron para sumarse a la investigación de los estudiantes normalistas desaparecidos.

Los expertos llegaron este jueves a la Secretaría de Gobernación para sumarse a los trabajos de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, ahí estuvieron acompañados por la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, quien dijo que esperan que haya un análisis a fondo.

Hoy participaron en una reunión encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y otros integrantes de la comisión como funcionarios federales, una representación de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos e integrantes de las organizaciones civiles que los han acompañado.

En el encuentro se definieron las nuevas actividades que realizarán los expertos en torno al caso y la forma en que coadyuvarán con la Comisión para la Verdad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) seguirá acompañando todo 2018 la investigación del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero, México) desaparecidos en 2014 y exige avances al Estado.

 

Así lo anunció el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, quien sitúa la “búsqueda de justicia” para los familiares de los estudiantes entre las prioridades del organismo para el próximo año. “Exigimos una agenda concreta sobre la apertura de otras líneas de investigación, así como avanzar en otras materias que tienen que ver con el rol que la Fiscalía debe tener en una respuesta que incorpore una visión más sistémica de la investigación en marcha, vamos a seguir este tema con mucha atención”, explicó.

 

La CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha tenido un papel clave en el seguimiento de este caso, que se considera emblemático de las violaciones de derechos humanos en la región.

 

Un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión acompañó la investigación entre marzo de 2015 y abril de 2016, cuando el Gobierno mexicano decidió que no prosiguieran con su tarea, tras haber contradicho con sus pesquisas el relato oficial.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

En su más reciente informe, el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, se confirma que uno de los teléfonos móviles de)reunidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sufrió intentos de infección con el software Pegasus, tal como se había revelado la semana pasada.

 

 

En el informe se detalla que los ataques ocurrieron al principios de marzo de 2016, fecha previa a la publicación del informe final del grupo de expertos sobre su investigación relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

 

Si bien la institución aclara que no puede adjudicar dichos ataques a un individuo o institución de gobierno específica, lo que si afirma es que el software que ha sido adquirido por instituciones de gobierno en México para investigar casos de terrorismo y de seguridad nacional, ha sido utilizado para espiar a figuras públicas, periodistas y más. 

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO