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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) Admitió tener “diferencias” sobre el rol del Ejército con las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, hecho que cumple 9 años sin resolverse en medio de señalamientos contra las Fuerzas Armadas por obstruir la investigación.

“Tenemos diferencias, ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho en esclarecer el lamentable caso de Ayotzinapa”, dijo el mandatario.

Los padres de los desaparecidos acusaron ayer al presidente, en una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob), de encubrir al Ejército, quien aseguran, no ha entregado toda la información del caso, como denunció también en julio pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Es la (información) que tenemos hasta ahora, no hay más, si ellos consideran que existe información que estamos ocultando, yo les digo: no es cierto. Así de claro”, añadió López Obrador.

Según el mandatario, los padres se negaron la tarde de ayer a recibir un informe que él les envió en el que prometió un reporte del Ejército sobre cuántas fojas y expedientes se han entregado, el compromiso de buscar más documentos, y la publicación de las grabaciones que compartió Estados Unidos sobre el caso.

López Obrador prometió publicar toda la información este martes, y atribuyó a la “desesperación” y a la “mala información de los abogados y asesores” de los padres su insistencia de cuestionar a las Fuerzas Armadas.

“Podemos lograr lo más importante, encontrar a los muchachos, porque ahora todo parece estar enfocado a culpar al Ejército de que no ha dado información, cuando lo que tenemos que tener como prioridad es encontrar a los muchachos”, sostuvo López Obrador.

En ese sentido, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió al Gobierno federal “colaborar efectivamente y entregar toda la información” sobre la desaparición de los 43 estudiantes.

“La ONU-DH sostiene que los esfuerzos y avances solo alcanzarán la verdad y la justicia que las víctimas merecen si las distintas corporaciones de seguridad e inteligencia, civiles y militares, colaboran efectivamente y entregan toda la información que está a su alcance de forma diligente y completa”, expuso en un comunicado.

Al presidente López Obrador se le acaba el tiempo para que cumpla con su promesa de resolver el caso como se comprometió, en su último año de mandato, pues su administración terminará en octubre de 2024.

El organismo reconoció que el trabajo de la Comisión de la Verdad y la unidad especial de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) han permitido identificar a 434 actores relevantes, y detener a 132 presuntos responsables, incluyendo a 14 militares.

Pero matizó que “lo sucedido en el caso Ayotzinapa precisa no solo sanciones penales, sino también políticas y administrativas, a quienes hayan obstaculizado, desde sus diversos puestos de responsabilidad, el acceso a información, alterado evidencias o sostenido vínculos con el crimen organizado”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en defender al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, quien la semana pasada tuvo una derrota en tribunales, en el caso que había presentado en contra de un grupo de abogados ligados al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.

Bueno, en cuanto a lo del litigio, la verdad es que nosotros no intervenimos en estos asuntos, tiene que ver con ministerios públicos, con jueces y hasta ahí nos quedamos.

“No, para nada, no (no hay desgaste). Hay desgaste cuando no se actúa bien, cuando hay corrupción, desde luego impunidad. Nosotros tenemos que buscar eso, desterrar la corrupción y acabar con la impunidad”, respondió al mandatario al ser consultado sobre el tema.

Y es que la semana pasada, el juez federal, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, decidió no vincular a proceso a los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y al asesor financiero, David Gómez Arnau, cercanos a Julio Scherer.

A los 4 la FGR los imputaba por lavado de dinero, tráfico de influencias, extorsión y asociación delictuosa, a partir de denuncias del abogado Juan Collado, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 2019 por delincuencia organizada. 

La Fiscalía presentó la acusación formal porque supuestamente, Scherer utilizó las instituciones para tener una red delictiva dedicada a la extorsión y tráfico de influencias.  Argumentó que las extorsiones causaron daño a Collado por más de 37 millones de pesos. 

Sin embargo, después de una audiencia de más de 20 horas, el juez Delgadillo concluyó que los argumentos presentados no tenían fundamentos y por el contrario, advirtió sobre irregularidades en el actuar del Ministerio Público, y dijo que junto a la FGR actuaron de mala fe. 

En respuesta, la Fiscalía General de la República reiteró su apoyar al Ministerio Público de la Federación y rechazó la resolución de Delgadillo Padierna, el mismo juez que actuó en el caso de Rosario Robles, al considerar ilegal descalificar los más de 75 datos de prueba que se presentaron. 

La FGR informó que apelaría el fallo, además de que presentaría una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, así como abrir una carpeta de investigación penal sobre el caso. 

Refiriéndose al tema, López Obrador insistió esta mañana en que ni el gobierno ni él se meten en disputas que se llevan a cabo entre quienes pelean por dinero. Dijo que el gobierno solo intervendría cuando se trate de asuntos graves.

Indicó que hay muchísimos “pleitos, querellas, denuncias de todo tipo, aquí me pasaría todo un día hablándoles de los pleitos judiciales, por ejemplo, de las herencias; pero son como para escribir libros, de cómo se pelean los que tienen dinero o reciben herencias y cómo hay confrontación en las familias, y toda la descomposición que se produce, pero de lo más inhumano, hasta en familiares, por el dinero, que es la mamá y, para hacerlo en términos de equidad, la mamá y el papá del diablo, el dinero”, señaló AMLO.

Ya en ocasiones anteriores, López Obrador ha preferido no apoyar a alguno de los bandos; ha hablado de su afecto a Julio Scherer, a quien ha calificado como su hermano, mientras que también ha defendido el desempeño de Gertz Manero y rechazado su remoción.

La Secretaría de Energía (Sener) impugnó este miércoles el fallo de un juez federal que suspendió la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que se promulgó la semana pasada.

La Sener impugnó los acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica otorgados la semana pasada a favor de Eoliatec del Pacífico y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.

“Se glosa el oficio de cuenta firmado por la autoridad antes referida, que actúa en representación del Presidente de la República, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de 10 de marzo del presente año que proveyó sobre la suspensión provisional”, indicó el juzgado según los expedientes 118/2021 y 119/2021.

Son las primeras impugnaciones que el gobierno presenta contra los recursos legales que el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó después de publicarse la nueva reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de marzo.

Dichos amparos fueron los que llevaron al presidente a arremeter en contra del juez, a quien acusó de responder a intereses de privados; incluso pidió al ministro Arturo Zaldívar que se investigara su actuación.

Recordemos que la reforma de López Obrador cambia el despacho eléctrico para siempre suministrar primero la energía de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Las quejas de la Sener se turnarán a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, que en teoría tendrá 48 horas para resolver.

Y aunque se impugnaron los dos amparos, al día de hoy hay cerca de 30 suspensiones provisionales que han otorgado el juez Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica.

La información coincide con lo expuesto esta mañana por AMLO, quien dijo que pedirá reformar la Constitución en caso de que los jueces o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional su reforma.

“No puedo ser cómplice del robo, del atraco”, argumentó el mandatario, quien ha pedido investigar a los jueces al acusarlos de estar “al servicio” de particulares y extranjeros.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, confió en que los senadores analizarán la minuta de consulta pública y revocación de mandato que se aprobó la semana pasada, y podrán realizar los cambios que contribuyan a fortalecerla.

Acusó que el pasado 14 de marzo, durante el debate de dicha minuta en la Cámara de Diputados, los legisladores de Morena evidenciaron desconocimiento sobre su sentido y su aplicación, y “aun cuando se ganó el debate, se perdió en la votación frente” al partido mayoritario

Romero Hicks dijo que no descarta que en el Senado de la República se abran los canales de intermediación y se acepte la propuesta que él hizo en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que el tema se desahogara en Parlamento Abierto.

Señaló que la preocupación respecto al tema no es menor, pues afirmó que la revocación de mandato es la antesala para la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el proceso electoral de 2021.

“Le permite también, de manera abierta, ser el beneficiario de la revocación de mandatado, que no es otra cosa que la puerta a la reelección”, acusó el panista.

Finalizó indicando que espera que la Cámara de Senadores no tenga que volver a repetir la función de enmendar el error como ocurrió en el caso de la aprobación de la Guardia Nacional.

Las autoridades estadounidenses indicaron que no se darán garantías de que permitirán que los abogados contratados por Joaquín “El Chapo” Guzmán cobren sus honorarios, tal como lo solicitara su nuevo despacho de abogados privados que el capo mexicano decidió contratar.

 

Estados Unidos reclama a Guzmán más de 14.000 millones de dólares por sus actividades como supuesto líder del Cártel de Sinaloa, por lo que, antes de asumir oficialmente el caso, los abogados quieren asegurarse de que no se confiscará el dinero de su contrato.

 

Sin embargo, las autoridades se oponen por ahora a dar una garantía de ese tipo. “El Gobierno ha notificado a los abogados privados que no dará una garantía general y futura de que renuncia a la confiscación de alguno o de todos los fondos recibidos del acusado”, señalaron las autoridades en su escrito.

 

La postura fue reprobada por el equipo defensor, que denuncian que el Gobierno está siendo hipócrita, pues anteriormente ha criticado que Guzmán sea defendido por abogados públicos cuando tiene dinero de sobra para pagar su defensa.

 

“El Gobierno lleva meses diciendo que los contribuyentes estadounidenses no deberían pagar la defensa del señor Guzmán porque tiene fondos para pagar abogados privados. Sin embargo, ahora que hemos sido contratados, el Gobierno de pronto cambia de postura y no garantiza que no buscará confiscar nuestros honorarios”, dijo a agencia Efe Jeffrey Lichtman, uno de los abogados.

 

Lichtman, conocido por su exitosa defensa del mafioso John A. Gotti, subrayó a través de un correo electrónico que las autoridades no pueden mantener esas dos posiciones y tienen que elegir. “¿De qué tiene miedo el Gobierno ahora que buscamos representar al señor Guzmán?”, se preguntó el abogado.

 

Otro de los letrados contratados por “El Chapo”, Eduardo Balarezo, se expresó en la misma línea y dijo que las autoridades están infringiendo el derecho de Guzmán a elegir su defensa. “El Gobierno ha dicho que el señor Guzmán no tiene derecho a la representación de un abogado público por su supuesto fortuna. (…)  Sin embargo, ahora que ha elegido abogado privado, el Gobierno se niega a asegurarnos que los honorarios legales no serán embargados”, señaló a Efe.

 

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO