Arturo Sarukhán
EL UNIVERSAL
Las crisis, como las guerras o el colapso económico, revelan las fortalezas y debilidades de las sociedades y modifican el marco de referencia sobre cómo pueden y deben organizarse. Con el arranque de la pandemia en 2020, muchos analistas argumentaron que ésta expondría la irracionalidad y fragilidad del sistema económico global moderno; sin embargo, en realidad acabó poniendo de relieve la asombrosa resistencia del capitalismo esgrimido por el Estado solidario y, sobre todo, la diferencia seminal -más allá de orientación ideológica o resiliencia democrática- entre gobiernos eficaces e ineficaces.
Pero el Covid-19 también demostró que es el Estado benefactor en sí el que necesitaba modernizarse. Este nació en un momento y orden social diferentes y para protegerse de riesgos distintos a los de hoy. Mientras que la seguridad social en Europa nació a principios del siglo XX, la estadounidense surgió en respuesta a la Gran Depresión. Pero fue la Segunda Guerra Mundial la que condujo al nacimiento del moderno Estado de bienestar europeo, con beneficios universales para protegerse contra la pobreza y brindar atención médica universal y educación. Hoy el contexto es otro. La pandemia que estalló hace más de un año con el teletrabajo y el cierre de escuelas, estadios, cines, teatros y lugares de espectáculos y que ahora acaba de cumplir su doceavo mes desde que se impusieran en casi todo el mundo medidas de contención y mitigación, ha obligado a reevaluar el contrato social al interior de muchas naciones, en particular con la pregunta de cómo se debe asumir y repartir el riesgo entre ciudadanos, empresas y el Estado. El descontento social estaba aumentando antes de la pandemia: en 2019, menos de una de cada cinco personas en 26 países alrededor del mundo afirmaba que “el sistema” estaba beneficiándolos y la mitad dijo que estaba fallando, según el Barómetro de Confianza de Edelman. En un nuevo libro sobre el contrato social, Minouche Shafik, directora de la London School of Economics, anticipa que “la agitación política que observamos en muchos países es solo un anticipo de lo que nos espera si no repensamos lo que nos debemos mutuamente” al interior de las sociedades y entre ciudadanos y el Estado.
Estamos atestiguando en este momento un movimiento pendular crucial con respecto a la responsabilidad de los gobiernos. Los paquetes de estímulo fiscal para confrontar los efectos económicos y sociales del Covid-19 a lo largo de este periodo no solo han hecho que las intervenciones gubernamentales de rescate ante la crisis financiera mundial de 2008-09 parezcan peccata minuta; podrían representar un parteaguas para las políticas públicas y el perfil y papel del Estado durante las próximas décadas. Y es que la expansión en curso del Estado benefactor en la mayoría de las naciones industrializadas y en muchas economías de renta media ha sido la más grande en más de medio siglo. Los rescates gubernamentales de ciudadanos, en lugar de rescates a bancos o la industria automotriz (por mencionar a dos de los sectores clave a los que el Estado lanzó un salvavidas después del naufragio económico global en 2008) podrían marcar un nuevo capítulo en la historia contemporánea.
Después de 1929, votantes y gobiernos de los países industrializados reformularon la relación entre el Estado y sus ciudadanos, un proceso que duró más de tres décadas. Ahora, la pandemia ha destruido los paradigmas y las viejas reglas sobre el gasto social que se impusieron con el arranque de la década de los ochenta y los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que se convirtieron en punta de lanza de ese cambio de dirección. En Estados Unidos, los gobiernos de Franklin D Roosevelt y de Lyndon B Johnson empujaron el péndulo -con los programas de asistencia social del New Deal y la Great Society, respectivamente- hacia un gobierno más muscular e intervencionista. Con Reagan, el péndulo osciló al otro extremo a partir de 1980, adelgazando al gobierno y su papel en la sociedad y las políticas públicas, privilegiando a los mercados. Ese arco pendular hoy parece estar alejándose de esa posición extrema de anorexia gubernamental. Estamos ante la expansión más grande del gobierno federal estadounidense en una generación, un reajuste de recursos, prioridades y responsabilidades detonado por la pandemia y por la deplorable gestión de la administración anterior. Más de tres cuartas partes de los estadounidenses apoyan la ley de estímulo de $1.9 billones de dólares impulsada por el presidente Joe Biden -y que incluye cheques de $1,400 para la mayoría de los adultos- así como el paquete de inversión en infraestructura propuesto de $3 billones. Y en el presupuesto presentado el 3 de marzo, el gobierno británico extendió un plan para pagar los salarios de los trabajadores en licencia hasta septiembre, incluso cuando la deuda pública alcanzó su nivel más alto desde 1945.
Sin duda estos 12 meses han sido testigo de un experimento salvaje en el gasto social. El mundo lanzó al menos 1,600 nuevos programas de protección social en 2020. Los países ricos han gastado en promedio un 5.8% del PIB para ayudar a un número récord de trabajadores. Las deudas gubernamentales se están acumulando, pero hasta ahora las bajas tasas de interés significan que su servicio es barato. Tal audacia en las políticas públicas indudablemente conlleva peligros: los gobiernos podrían estirar las finanzas públicas al límite, sobrecalentar la economía, distorsionar incentivos y crear sociedades escleróticas. Pero también encierran la oportunidad de crear nuevas políticas de bienestar social que sean asequibles y que ayuden a trabajadores y ciudadanos en general a prosperar en una economía que enfrenta disrupciones tecnológicas profundas. Y aquí no puedo dejar de apuntar la gran ironía que representa todo esto para México, con un gobierno que se autoidentifica como “progresista” pero que se ha negado sistemáticamente a articular programas de estímulo y rescate económico y social. La magnitud de la inyección fiscal no tiene precedente en EU, sobre todo desde la llegada al poder de Biden. Y es a través de transferencias directas -y el concomitante aumento en las remesas- y el impacto que muchos de esos recursos canalizados a pequeñas y medianas empresas tendrá para las cadenas integradas de valor entre nuestras dos naciones, lo que ha provisto a nuestro país de una tablita de la cual agarrarse y flotar, mientras que el “estímulo” total del gobierno mexicano en 2020 no representó siquiera un punto del PIB.
Hoy el paradigma parece ser más y mejor gobierno. Fue a muchos gobiernos democráticos y a organismos multilaterales en todo el mundo a los que les salieron las cosas peor de lo que la mayoría podría haber imaginado hace un año. Para encarar los enormes desafíos que se ciernen en las próximas décadas, incluido el cambio climático y el resurgimiento del autoritarismo, debemos tomarnos muy en serio las razones por las cuales Estados diversos, muchos de ellos democracias consolidadas, hicieron tan mal su trabajo. Si hemos aprendido una lección de la pandemia es que la mayoría de los Estados-nación en su actual encarnación no gobiernan bien a nivel global o local. Resolver estas crisis gemelas de gobernanza -y de la ineficacia e ilegitimidad que en muchos casos las ha acompañado- no será cosa fácil. Requiere de una reconcepción y reestructuración fundamentales de nuestras instituciones de gobierno así como del papel que el Estado debe jugar; un Estado más fuerte y más eficaz, pero que a la vez sepa delegar tantas funciones de gobernanza como sea posible en instituciones más cercanas a las personas a las que sirven y a las correas de transmisión entre ciudadanos y las políticas públicas. En un mundo con comunidades diversas con necesidades, deseos, culturas e historias diferentes, la subsidiariedad promete mejores resultados y una mejor legitimidad institucional. Pero es completamente posible (algunos dirían probable) que la sospecha mutua, el liderazgo incompetente, la polarización y contratos sociales quebrados, la ignorancia o la pura mala suerte se combinen para producir un futuro más pobre y más peligroso de lo que se podría haber construido pospandemia.
