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El Congreso de Guerrero dio ‘luz verde’ a la destitución de la fiscal Sandra Luz Valdovinos, después de que así lo solicitara la gobernadora de la entidad, la morenista Evelyn Salgado, en respuesta a la gestión del Ministerio Público en la muerte del estudiante Yanqui Kothan Gómez.

El normalista de Ayotzinapa perdió la vida a inicios de mes por un supuesto disparo por parte de elementos de la Policía estatal.

Los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayontiznapa habían exigido la salida de Valdovinos y la de los secretarios de Gobierno y de Seguridad, Ludwig Marcial Reynoso y Rolando Solano, respectivamente, por su gestión del suceso.

Los secretario presentaron su renuncia, la cual fue aceptada por Salgado Pineda. Sin embargo, la fiscal negó a dejar el cargo y dijo que se apearía a su derecho de una audiencia en el Congreso antes de apartarse de su posición.

En la sesión legislativa de esta semana se leyó un documento en el que la gobernador exponía sus argumentos para el cese de la fiscal, entre los que ha destacado su inacción en la investigación por la muerte de Gómez.

Así, la remoción del cargo de Sandra Luz Valdovinos fue efectiva el 14 de marzo.

Fue clara en señalar que Valdovinos no tomó las medidas necesarias contra los tres policías supuestamente implicados. Y es que recordemos que uno de ellos, el presunto autor material, se dio a la fuga la semana pasada.

La muerte del estudiante ha sacudido el país en las últimas semanas, llevando incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a reconocer públicamente en que la versión que se manejó en un inicio no era cierta.  Fue el primero que señalar un posible abuso de autoridad.

El Pleno del Congreso estatal también aprobó la emisión de la Convocatoria para seleccionar y designar a la o el nuevo titular de la fiscalía local.

De acuerdo con la Convocatoria aprobada por unanimidad, la documentación de quienes aspiren a ocupar este cargo se recibirá del 20 al 22 de marzo de este año, y entre los requisitos que establece está el ser mexicano en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tener cuando menos 30 años cumplidos al día de la designación, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal, ni estar inhabilitado para el desempeño de cargos públicos.

De la misma forma, deben haber residido cuando menos cinco años anteriores al día del nombramiento en la entidad, contar con conocimientos especializados y experiencia debidamente comprobados en el ámbito de su competencia, además de poseer título y cédula profesional de licenciado en Derecho expedidos por autoridad o institución legalmente facultada.

Asimismo, no podrá ser titular de ninguna dependencia, entidad u organismo de la administración pública estatal, municipal o representante popular, federal o estatal durante dos años previos a la designación, como tampoco haber sido dirigente de algún partido político, ni postulado para cargo de elección popular durante los tres años anteriores a la designación.

Recabados los documentos de los aspirantes y vencido el plazo, se verificará el cumplimiento de los requisitos tomando en cuenta la historia profesional y laboral, apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Posteriormente, se elaborará una lista de al menos diez candidatos que será enviada a la gobernadora del estado, quien a su vez, dentro de los diez días siguientes, formulará una terna que regresará al Congreso para que comparezcan y presenten su plan de trabajo.

Una vez desahogadas las comparecencias, la JUCOPO propondrá al Pleno la propuesta para que con el voto de las dos terceras partes se elija a quien ocupará la titularidad de dicho organismo autónomo, posterior a lo cual rendirá protesta de ley al cargo, mismo que será por un periodo de 6 años improrrogables.

Los dos elementos de la Policía Estatal de Guerrero fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso en contra del normalista de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta, y por tentativa de homicidio, contra sus dos compañeros, en el ataque del 7 de marzo.

La segunda audiencia de vinculación se llevó a cabo ayer en la sede del Poder Judicial de la Federación, en el puerto de Acapulco, con una duración aproximada de 8 horas, en las que se definió la situación jurídica de los elementos que permanecerán en prisión.

El sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, quien dirige el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello y da acompañamiento a la madre del normalista, informó en declaraciones al salir de la audiencia la noche de ayer, que se presentaron 34 medios de prueba, videos y pruebas periciales.

Uno de los cuatro abogados del Centro que llevan la defensa legal de la madre del normalista, que prefirió ocultar su nombre por seguridad, detalló que el abogado de los imputados intentó la desvinculación del caso por parte de los agentes, pero el video de la cámara del ‘C4’ de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicada en el sitio de los hechos, demostró que los normalistas no atacaron a los policías.

“Una prueba contundente es el video del mismo C4, es una prueba fundamental con el que se demuestra que los policías no completaron su protocolo de actuación, y hubo uso excesivo de letalidad en cuestión de armas de fuego”, detalló.

Explicó que tienen cinco meses para las investigaciones complementarias, y estimó que de ser declarados culpables, podrían dictarles hasta 30 años de prisión a los policías identificados como Sigifredo “N” y Francisco “N”.

También se les informó que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa la búsqueda del policía señalado de disparar, quien ha sido identificado como David “N”, y quien se dio a la fuga la semana pasada, según dijo el Presidente López Obrador, con ayuda de otras autoridades.

El ataque contra los tres estudiantes, que derivó en la muerte de Yanqui Konthan, desató una serie de protestas de normalistas de Ayotzinapa, y también tuvo como consecuencia la renuncia de los secretarios General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y el de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, y el inicio del proceso de remoción de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó este viernes a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien aceptó la renuncia de dos funcionarios, además de pedir la remoción de la fiscal estatal, luego de la crisis por el asesinato de un normalista de Ayotzinapa a manos de la Policía Estatal.

“Nosotros la apoyamos, a la gobernadora de Guerrero, que no está sola”, respondió López Obrador al ser cuestionado sobre el tema.

AMLO se refirió a la polémica que desató la decisión de Salgado quien, tras el asesinato del joven normalista el jueves de la semana pasada, aceptó la renuncia de los secretarios de Seguridad Pública, Rolando Solano, y de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso.

La mandataria estatal, de Morena, también planteó cesar a la fiscal general del estado, Sandra Luz Gómez, quien argumentó que no puede hacerlo porque es un órgano autónomo.

“También están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo la remoción de la fiscal estatal porque en este gobierno no hay relaciones de complicidad, cero impunidad, se va a investigar a todos”, comentó ahora López Obrador.

La destitución de los altos mandos de seguridad era una exigencia de la familia del estudiante asesinado, Yanqui Khotan Goméz, y sus compañeros porque las autoridades primero afirmaron que el joven habría disparado un arma y estaba drogado, lo que se demostró que era falso.

Hasta ahora, dos policías involucrados están en prisión preventiva. En tanto, está prófugo el presunto autor material del asesinato, identificado como el policía estatal David ‘N’.

Los hechos han desatado protestas esta semana, principalmente en Chilpancingo, capital del estado, contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se registraron destrozos, 11 vehículos quemados y al menos 24 agentes de la Guardia Nacional lesionados.

La polémica se ha recrudecido ante los señalamientos de que López Obrador no ha resuelto, como prometió en campaña, el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014.

El mandatario enfatizó que su Gobierno “no encubre a nadie” y, según él, no se fabrican delitos, no hay tortura ni se reprime.

“Estamos garantizando la paz y la tranquilidad. Otra cosa, no caemos en provocación. Y se burlan de que (el lema es) ‘abrazos, no balazos’, pero ahí están los resultados, estamos bajando el número de homicidios en el país”, sostuvo este viernes.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, anunció ayer la renuncia del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y el de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, tras el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, a manos de la Policía Estatal.

“En Guerrero hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes. Estamos trabajando en todo momento en estrecha coordinación con el Gobierno de México”, señaló Salgado en un mensaje emitido a través de sus redes sociales.

La gobernadora informó que “en un ejercicio de calidad moral” recibió y aceptó las renuncias del secretario general de Gobierno y del titular de Seguridad Pública; agregó que en breve se darán a conocer a los encargados de despacho de estas dependencias.

Salgado Pineda reafirmó su disposición y compromiso de mantener su colaboración con las instancias correspondientes para llevar a cabo una investigación parcial de los hechos, así como la búsqueda de la justicia.

La renuncia de los funcionarios era una exigencia hecha por la madre de Yanqui Kothan Gómez y sus compañeros estudiantes, tras los señalamientos iniciales de las autoridades que apuntaban que el joven asesinado habría disparado un arma y estaba drogado, lo cual posteriormente se demostró que era falso.

En su mensaje, Salgado Pineda informó que también iniciaría un proceso para destituir a la fiscal General de Guerrero, Sandra Luz Gómez Valdovinos, quien reaccionó señalando que se defenderá para permanecer en su cargo.

Mediante un comunicado, Gómez Valdovinos dijo ser respetuosa de lo dicho pero que para removerla se deberán agotar los procedimientos constitucionales y legales, que le permiten ejercer la garantía de audiencia y debida defensa.

Adelantó que hará valer su derecho de audiencia ante el Congreso del Estado para transparentar las acciones que la Fiscalía llevó a cabo en torno al asesinato de Yanqui Kothan que, informó, se investiga por el delito de homicidio calificado.

Ayer, un juez federal dictó prisión preventiva a los dos policías estatales acusados de los delitos de homicidio calificado doloso y tentativa de homicidio.

El sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, quien dirige el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello y da acompañamiento a la madre del normalista, informó del resultado de la audiencia, que se llevó a cabo en los juzgados federales del puerto de Acapulco.

El presunto autor material del asesinato de Yanqui Kothan, que sefugó a inicios de semana, ha sido identificado como el policía estatal David “N”, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a entregarse durante su conferencia matutina del miércoles.

La fuga del agente desató protestas en Chilpancingo contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en donde se registraron destrozos, 11 vehículos quemados y al menos 24 agentes de la Guardia Nacional lesionados.

Dos presuntos policías estatales involucrados en el asesinato del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez, la semana pasada se entregaron ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Lo anterior fue confirmado por el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, quien dirige el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello y da acompañamiento a la madre del normalista.

El religioso informó que se efectuó la orden de aprehensión se cumplimentó a las 19:25 horas de ayer.

Los agentes Sigifredo ‘N’ y Francisco ‘N’, forman parte del Grupo de Reacción Inmediata Centauro y, de acuerdo con el secretario General de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, permanecían resguardados en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de manera voluntaria.

La SSP confirmó el hecho y dijo estar comprometida y dispuesta a colaborar con los elementos de prueba que contribuyan a esclarecer los hechos.

Pese a la entrega de estos dos elementos, un tercer policía sigue prófugo.

“Por lo que respecta al tercer elemento, se continúa la búsqueda y será la autoridad ministerial federal la encargada de cumplimentar la orden de aprehensión sobre los hechos donde perdió la vida el normalista de Ayotzinapa Yanqui Khotan N”, expresó en un comunicado la SSP.

El policía prófugo, señalado como autor material del asesinato del normalista, ha sido identificado como David “N”, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a entregarse.

El agente se fugó el pasado lunes, lo que desató protestas en Chilpancingo, capital de Guerrero, contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en donde se registraron destrozos, 11 vehículos quemados y al menos 24 agentes de la Guardia Nacional y ministeriales de Guerrero lesionados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) admitió este lunes que hubo un “abuso de autoridad” por parte de los policías del estado de Guerrero que la semana pasada mataron a un estudiante de la normal de Ayotzinapa, en medio de las protestas por los 43 normalistas desaparecidos.

“Hubo un abuso de autoridad, todavía no quiero adelantar, pero no disparó el joven, por ejemplo, entonces hay que ver todos los peritajes. Ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General, y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación, de querer proteger a los responsables”, sostuvo el mandatario.

López Obrador se refirió a la muerte de un estudiante el pasado jueves en un retén de la Policía de Guerrero.

Aunque los oficiales habían afirmado que la víctima, de nombre Yanqui Kothan Gómez, y otro estudiante iban armados en un automóvil robado y dispararon a los agentes, el presidente ahora negó esa versión.

López Obrador aseguró que los tres policías que participaron “están detenidos en Guerrero, pero ya están a disposición de la Fiscalía General de la República”, a la que pidió atraer el caso.

“Aprovecho para decir que lamento mucho lo que pasó en Chilpancingo con el joven que fue asesinado, que ya se atrajo la investigación, se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven, a sus amigos”, comentó.

El incidente amenaza con incrementar la tensión entre López Obrador y los estudiantes de Ayotzinapa, quienes protestan porque el presidente no ha cumplido su promesa de resolver el caso aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

En ese sentido, estudiantes y familiares de los desaparecidos derribaron la semana pasada una puerta de Palacio Nacional para exigir justicia a López Obrador, a quien acusan de proteger a militares involucrados, mientras él estaba adentro en su conferencia matutina.

“No vamos a permitir la impunidad, se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables, no permitimos la impunidad y me dolió muchísimo, me duele mucho, y vamos a actuar”, prometió ahora el mandatario respecto a la muerte del estudiante.

Al menos un estudiante murió como resultado de un nuevo enfrentamiento entre estudiantes normalistas de Ayotzinapa y autoridades estatales la noche de ayer en Chilpancingo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, a las 20:45 horas un arco detector del Registro Público Vehicular (Repuve), instalado en la carretera Tixtla-Chilpancingo, ubicó una camioneta blanca con reporte de robo.

Detalló que al pedir que se detuviera el vehículo, el conductor se negó, por lo que la policía disparó.

La camioneta era conducida por estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa: uno de ellos, el conductor, perdió la vida y uno más resultó herido.

Según el comunicado de la SSP de Guerrero, en la camioneta se localizó un arma de fuego corta y cartuchos útiles, tres bolsas de una sustancia cristalina y cervezas; sin embargo, los normalistas denunciaron que les “fue sembrado”.

La corporación policíaca informó que el otro joven fue detenido.

En respuesta al ataque, normalistas a bordo de tres autobuses y dos camionetas, retuvieron a la patrulla de la Policía Estatal marcada con el número 732, que estaba frente al cuartel de la Policía Preventiva Municipal y la incendiaron en la transitada avenida Insurgentes.

En tanto, efectivos de la Guardia Nacional resguardan las instalaciones de las oficinas del Poder Ejecutivo ante posibles movilizaciones de los normalistas.

El nuevo ataque a los normalistas se da en el contexto de su reciente protesta en la Ciudad de México, en donde el miércoles derribaron una puerta de Palacio Nacional para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que reciba a los familiares de los 43 compañeros desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

López Obrador acusó a los abogados y organismos defensores de derechos humanos de querer provocar y retrasar las investigaciones, manipulados por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Al respecto, los padres y madres respondieron en conferencia de prensa este jueves, en la escuela normal de Ayotzinapa, que no aceptarán un diálogo con López Obrador si no es con sus abogados, a quienes defendieron.

¿Qué hay detrás de las nuevas protestas? Ana Paula Ordorica platica con Emilio Álvarez Icaza sobre el caso Ayotzinapa, y cómo el presidente no ha cumplido su promesa de verdad y justicia.

La Fiscalía General de Guerrero, localizó cinco cuerpos calcinados en la sierra de la Tierra Caliente, en un hecho relacionado con la pugna entre grupos de la delincuencia organizada por el control de la zona, cuyas imágenes se viralizaron en redes sociales.

Ayer se difundieron videos de una presunta masacre que habría ocurrido en la sierra del municipio de San Miguel Totolapan contra presuntos integrantes del grupo delictivo la Familia Michoacana.

Los datos y las cifras que se obtuvieron del presunto asesinato en grupo fueron obtenidos de los propios videos y en ellos los integrantes del grupo Los Tlacos presumían que eran 20 los hombres que habían asesinado.

También mencionan que se trataba de la comunidad de Las Tunas y que los agresores era precisamente de Los Tlacos.

** IMÁGENES SENSIBLES, SE RECOMIENDA DISCRECIÓN **

En cinco videos se observaron a hombres, algunos jóvenes, asesinados a balazos, quienes vestían ropa tipo militar y un grupo en un parapeto hecho de rocas.

A pesar de que los sujetos ya estaban muertos, los atacantes continuaban con los disparos y ráfagas en su contra. En uno de los videos se mostró cómo apilaban los cuerpos, posteriormente les prendían fuego y continuaban con los disparos.

Hasta la noche de ayer, la FGE informó que tras la difusión de los videos se trasladó al sitio un grupo de la Policía Investigadora Ministerial, peritos, Policía Estatal y Ejército para intentar corroborar los hechos.

“Se trasladaron a la comunidad Las Tunas, en la sierra del municipio de San Miguel Totolapan para corroborar los hechos, en donde localizaron los cuerpos de cinco personas calcinadas”, precisó.

Además, la FGE informó que se abrió una investigación por el delito de homicidio calificado y que los cuerpos sin identificar se trasladarán al Servicio Médico Forense (Semefo) para las indagatorias complementarias.

Este es el más reciente caso de que la violencia que azota Guerrero. En enero de 2024 se registró una situación similar en la sierra de Heliodoro Castillo, en donde la Familia Michoacana habría atacado a por lo menos 30 pobladores, pero al llegar las autoridades encontraron una camioneta calcinada con los restos de cinco cuerpos.

Y es que la violencia en la sierra de Guerrero, entre las regiones Costa Grande y Tierra Caliente, se ha recrudecido desde 2023 por el avance de la Familia Michoacana en el territorio, de acuerdo con lo denunciado por pobladores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó las conversaciones que sostuvieron cuatro obispos de la Iglesia Católica con integrantes de grupos delictivos en un intento por frenar la ola de violencia que golpea a Guerrero.

En los diálogos participó el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, quien dijo a medios locales que buscaron el acercamiento para tratar de lograr la paz en Guerrero.

Al ser consultado sobre la iniciativa el mandatario afirmó que veía “muy bien” los diálogos, pero dejó claro que esas conversaciones no deben implicar “acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar”.

“Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado, eso debe quedar muy claro”, afirmó el mandatario en su conferencia matutina que realizó ayer desde Acapulco.

González Hernández sugirió que la iniciativa había sido aprobada, al menos implícitamente, por el papa Francisco durante una reunión con obispos el año pasado.

López Obrador reconoció que no es la primera vez que religiosos mantienen este tipo de conversaciones e indicó que ya lo habían hecho en el vecino estado de Michoacán. “Siempre los sacerdotes, los pastores, integrantes de todas las iglesias participan y ayudan a la pacificación del país”, señaló.

La Iglesia también ha sufrido el impacto de la violencia con el asesinato de sacerdotes y ha tenido que recurrir a las fuerzas militares y policiales para que sus clérigos puedan ingresar escoltados a comunidades azotadas por criminales.

González Hernández expresó que las conversaciones fracasaron porque los cárteles y las bandas de narcotraficantes “pidieron una tregua, pero con condiciones”. Al ser consultado sobre cuáles eran esas condiciones, el obispo respondió “territorios”.

En medio de la ola de violencia que se registra en Guerrero, en Taxco se registró ayer el robo a un comercio que derivó en un enfrentamiento entre los presuntos asaltantes y las autoridades, que dejó como saldo un atacante fallecido y dos lesionados, entre ellos un funcionario de seguridad.

Cuando los supuestos delincuentes huían en una motocicleta se encontraron con la camioneta en la que viajaba el alcalde de Taxco, Mario Figueroa, y se dio una persecución y enfrentamiento armado entre los escoltas del funcionario y los asaltantes, según fuentes del gobierno local. El alcalde resultó ileso en el incidente.

El obispo emérito Salvador Rangel dijo a la agencia The Associated Press (AP) que fue informado de los diálogos por los religiosos que participaron en la iniciativa y señaló que además de González Hernández en las conversaciones también intervinieron los obispos de las diócesis de Ciudad Altamirano, Tlapa y el arzobispo de Acapulco.

Rangel indicó que aunque en los acercamientos “no llegaron a ninguna conclusión” debido a que uno de los grupos delictivos “no quiere ceder nada”, la iniciativa fue positiva para lograr un “enfriamiento de las cosas”.

“Yo creo que todo intento para buscar la paz y la concordia es válido. El diálogo es un instrumento, vamos a decir, precioso, de oro, es un instrumento internacional que se puede utilizar”, dijo el obispo emérito tras reconocer que cuando estuvo hasta 2022 frente de la diócesis de Chilpancingo, capital de Guerrero, también tuvo acercamientos con los grupos delictivos para contener la violencia en esa región.

Cuando se cumplieron tres meses del azote del huracán Otis en la costa de Guerrero, las aseguradoras han pagado poco más de 7,268 millones de pesos por concepto de anticipos e indemnizaciones a hoteles, restaurantes, unidades habitacionales, embarcaciones, entre otros.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro (AMIS) detalló que un 28% de estos recursos han sido destinados al giro hotelero con pólizas de cobertura contra riesgos hidrometeorológicos, un 24 % a bienes habitacionales y el restante, 48%, a otras unidades económicas relacionadas con el turismo, como pequeñas y medianas empresas, restaurantes, embarcaciones, autos, infraestructura del estado, etc.

Según datos de la AMIS, los hoteles han recibido en promedio 20 millones de pesos por pagos o anticipos; aunque admitió que existen hoteles asegurados con capacidad de ocupación alta que ya han recibido hasta 60 millones de pesos por indemnizaciones y avances en la reconstrucción.

Además, la asociación calculó daños en 102 hoteles asegurados y afectados por el paso de Otis el pasado 25 de octubre, como huracán de categoría 5, principalmente en el puerto de Acapulco y que ascienden a los 7,726 millones de pesos.

La asociación añadió que estos hoteles ya han iniciado reparaciones y se preparan para llevar a cabo, este 2024, al menos 15 eventos magnos de talla nacional e internacional, que demandarán la ocupación de 4,500 habitaciones disponibles, según informó el Gobierno, tales como el Abierto Mexicano de Tenis, el Tianguis Turístico, la Convención Bancaria o el Festival Internacional del Mariachi, entre otros.

La AMIS dijo, según estimaciones propias, que se han generado pérdidas por alrededor de 13,870 millones de pesos en bienes asegurados correspondientes a empresas, centros comerciales, restaurantes y otros giros de actividades económicas aseguradas, que también se preparan para la reactivación del turismo en el puerto.

Pero, más allá de las indemnizaciones que han pagado las aseguradoras, ¿cómo va la reconstrucción en Acapulco? ¿Las acciones del Gobierno han sido suficientes? En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Manuel Añorve, senador y exalcalde de Acapulco, sobre el avance de la reconstrucción en el puerto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que comunidades apoyan a grupos criminales de Guerrero, estado que afronta una ola violenta de masacres y secuestros masivos.

“Ayer se detuvieron a tres presuntos delincuentes, muy cerca de donde se dio el enfrentamiento en Petatlán, y sale la gente a apoyarlos y a tomar la carretera, eso no (debe suceder), no es por ahí”, declaró el mandatario.

AMLO se refirió al tiroteo de Petatlán, donde las autoridades locales ajustaron ayer a 13 la cifra de muertos tras el atentado del pasado 6 de enero en un palenque.

López Obrador adelantó que “todo parece que es una confrontación entre grupos”, pero pidió esperar porque aún “se está haciendo una investigación”.

También el 6 de enero, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero inició una investigación por la aparición de cinco cuerpos calcinados tras un presunto enfrentamiento en el municipio de Heliodoro Castillo, en lo que calificó como una confrontación de grupos criminales.

En este contexto, el presidente admitió que “afortunadamente son pocas las comunidades, pero hay todavía algunas comunidades en donde se protege a bandas de delincuentes, en donde las bandas de delincuentes tienen sus bases de apoyo, de protección”.

El mandatario también aceptó que hay pobladores que apoyan a los grupos criminales porque les entregan despensas u otros regalos.

“Eso no se puede permitir, eso no está bien, porque eso se revierte, y no dejarse engañar, porque ya salimos de ese tiempo en el que (los políticos) manipulaban, traficaban con la pobreza de la gente, que entregaban despensas cuando necesitaban los votos, porque ahora también algunas bandas lo mismo”, indicó.

La violencia por disputas del crimen organizado se han agudizado desde el año pasado en Guerrero, que ocupa el séptimo lugar nacional en número de homicidios, con 1,280 asesinatos en los primeros tres trimestres de 2023, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A más de un mes del paso de Otis por Guerrero, las autoridades anunciaron el hallazgo del cadáver de un hombre, con lo que la cifra oficial de fallecidos se elevó a 51.

En las inmediaciones del club de yates de la marina de Acapulco fue localizado el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, indicó el director general de comunicación social de la Fiscalía de Guerrero.

Hernández Monje precisó que el cadáver fue encontrado el 28 de noviembre y trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia y determinar su identidad.

Las autoridades han localizado previamente otros cuerpos en la marina de Acapulco, donde varias embarcaciones quedaron hundidas.

La semana pasada, las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo de otro hombre durante las labores de remoción de escombros y excavaciones en una colonia de Acapulco, que quedó devastada por el paso del huracán de categoría cinco el pasado 25 de octubre. El hombre había sido reportado como desaparecido desde octubre.

La Fiscalía General del estado dijo ayer que aún hay 32 personas reportadas como desaparecidas, además de que ya fueron entregados a sus familiares los cuerpos de 44 personas.

La mayoría de las personas no localizadas eran tripulantes de alguna de las más de 600 embarcaciones que quedaron destruidas o hundidas por Otis, el huracán más destructor que ha golpeado el litoral sur de México en el Pacífico.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó ayer que las autoridades continuarán con las labores de búsqueda de los desaparecidos y con los trabajos de reconstrucción de Acapulco, donde más del 80% de los hoteles y comercios sufrieron daños y unas 250,000 personas resultaron afectadas.

López Obrador presentó este mes un plan de reconstrucción para ayudar a familias, pequeños empresarios y hoteleros, así como la creación de 38 cuarteles y el envío de 10,000 elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en Acapulco, donde proliferaron los saqueos tras el paso del huracán.

El gobierno apuesta a que para este mes se reactive la actividad turística en Acapulco, donde vive cerca de un millón de personas, pero el sector empresarial ha manifestado dudas de que esa meta se pueda lograr.

Maynor Ramón Ramírez Arroyo, reportero especializado en temas de crónica roja, resultó herido la noche de ayer al ser baleado por presuntos sicarios en Apatzingán, en la región de Tierra Caliente de Michoacán.

De acuerdo con informes preliminares, el ataque fue perpetrado alrededor de las 20:30 horas en la colonia Lázaro Cárdenas, cerca del Mercado de “El Ahuate”, donde Maynor Ramón se encontraba a las afueras de su casa.

Ramírez, quien labora para el Diario ABC de Michoacán, recibió varios impactos de bala, por lo que fue trasladado por paramédicos de Protección Civil al área de urgencias del Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En este hecho otro hombre también resultó herido, pero su identidad no ha sido revelada por las autoridades.

Este ataque es el segundo que sufre Maynor Ramírez, ya que el 11 de octubre del 2016 fue baleado por un hombre que le disparó en el estómago cuando se encontraba en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero.

En esa ocasión, el periodista subió a su vehículo en el que llegó hasta un hospital local, de donde más tarde fue trasladado en un helicóptero del Gobierno del estado a Morelia, capital del estado.

Este ataque coincide con el inició una investigación por homicidio en grado de tentativa por el ataque a tiros en contra de cuatro reporteros registrado en Chilpancingo, Guerrero; dos de ellos fueron reportados como graves.

Los reporteros resultaron heridos luego de un ataque a balazos perpetrado por desconocidos después de que cubrieron un hecho de violencia registrado, según indicó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero.

Los reporteros heridos son el cronista judicial Víctor Mateo Francisco, de los medios digitales Guerrero al Instante y Ahora Guerrero; el fotógrafo Óscar Guerrero Ramírez, de Primer Plano, y el reportero Jesús de la Cruz Nava, de Reporte Guerrero, quienes cubren todo tipo de acontecimientos en la entidad para agencias de noticias estatales. Héctor “N”, otro periodista, también fue víctima del ataque aunque salio ileso.

La agresión ocurrió frente a una zona militar cuando los comunicadores regresaban de cubrir un hecho de violencia contra un chofer del transporte público y fueron atacados por dos sujetos armados en una motocicleta, según explicaron en un comunicado asociaciones de periodistas de Guerrero.

El ataque se produce a pocos días del secuestro de otros tres comunicadores en otra localidad del estado, que fueron liberados el fin de semana sin que se conozca hasta el momento el motivo de la retención.

El fotoperiodista Ismael Villagómez fue asesinado a mediados de este mes de un tiro en la cabeza en Ciudad Juárez, en Chihuahua, el quinto comunicador asesinado en México lo que va del año.

En septiembre, Jesús Gutiérrez Vergara, director del portal Notiface Prensa Digital, murió en medio de un ataque armado a policías municipales en San Luis Río Colorado, en Sonora, mientras que el periodista Nelson Matus, director de la web Lo Real de Guerrero, falleció a mediados de julio tras ser baleado a las afueras de Acapulco.

Una semana antes se había reportado la muerte de Luis Sánchez, corresponsal del diario local La Jornada, en Nayarit. En febrero, el fotoperiodista José Ramiro Araujo fue asesinado a cuchillazos y golpes en el estado norteño de Baja California, fronterizo con Estados Unidos.

Quince periodistas fueron asesinados en 2022, considerado el año más letal para la prensa en al menos tres décadas.

Tres periodistas y una cuarta persona que habían sido secuestrados en Guerrero fueron liberados este sábado, según confirmó la Fiscalía General del Estado, mientras este fin de semana se confirmó la muerte de tres personas más en la región.

“Derivado del reforzamiento de los operativos de búsqueda y el despliegue de autoridades de seguridad federales y estatales, en la Región Norte de la Entidad, fueron puestos en libertad los periodistas Nayssa N., Alberto N. y Marco Antonio N.; así como, Guadalupe N.”, señaló la Fiscalía local en un comunicado.

Medios locales precisaron que Guadalupe ‘N’ es la esposa de uno de los periodistas.

La propia Fiscalía había recibido previamente una prueba de vida de las personas secuestradas y la comparecencia de las víctimas ante el Ministerio Público correspondiente, conforme al protocolo establecido de búsqueda de personas desaparecidas.

Tras ello, se movilizó a agentes ministeriales y a personal del Ejército, de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Comisión Estatal Búsqueda de Personas en la zona de desaparición.

Asimismo se abrió una investigación a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Agravio de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos y de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas con el objeto de perseguir a los responsables.

“La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con las y los guerrerenses, a través del fortalecimiento de la acciones en materia de búsqueda de personas desaparecidas, combate al crimen, procesamiento y sanción de los delitos”, destacó la institución.

Y aunque se localizó a las cuatro personas, este mismo fin de semana se informó la muerte de otas tres personas en ataques armados en la misma zona, según recoge el portal Quadratín.

Un hombre fue hallado atado y baleado en la ciudad de Iguala. En el lugar se hallaron casquillos de armas de grueso calibre AK-47 y AR-15. Mientras, en Chilpalcingo, en la colonia Emiliano Zapata, se escucharon disparos sobre las 22:20 horas del viernes y un hombre fue trasladado a un hospital, donde perdió la vida.

Por último, cerca de Ciudad Altamirano, un hombre fue hallado sin vida entre la maleza. También se encontraron tres casquillos de calibre nueve milímetros. Por el momento no se ha podido identificar a la víctima.

El monto que han pagado las aseguradoras por los siniestros ocasionados a un mes del azote de Otis en Guerrero, asciende a los 20,141 millones de pesos, según una actualización de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

El Pasado 25 de octubre el huracán, Otis, como categoría 5, impactó las costas de Guerrero, dejando los mayores daños en Acapulco y en Coyuca de Benítez. En el puerto afectó más del 80% de hoteles, negocios y viviendas.

En un comunicado, la AMIS detalló que la cantidad que ha pagado deriva de 16,128 siniestros reportados a las aseguradoras, de los cuales 44% corresponden a pólizas de seguro de daños.

La AMIS detalló que esta cifra tendrá ajustes en función de algunas variaciones que aún están en curso.

Sobre los hoteles, la AMIS informó sobre el registro de al menos 86 siniestros que tienen cobertura de riesgos hidrometeorológicos, y ya se han hecho anticipos en pagos de algunas coberturas por 806 millones de pesos.

Las primeras estimaciones de los daños ya valuadas en estos hoteles son de alrededor de 3,981 millones de pesos.

“En complemento, se han generado avances en valuaciones y anticipos en al menos 1,983 bienes asegurados correspondientes a otros giros, como son empresas, centros comerciales, restaurantes y actividades económicas aseguradas”, añadió.

De acuerdo con datos del sector, en México hay 32 aseguradoras que al cierre del primer semestre del 2023 operan la cobertura de riesgos hidrometeorológicos y hay 30 compañías que operan el seguro de auto.

También se dio a conocer el reporte por daños en al menos 190 embarcaciones aseguradas en el país, a través de las diferentes coberturas de estas pólizas, con 23 compañías en México que aseguran cascos de barcos y aviones.

Asimismo, indicó que las aseguradoras también ya han estimado los daños en infraestructura pública del Gobierno del estado de Guerrero, con siniestros que, según las primeras valuaciones, alcanzan alrededor de 950 millones de pesos.

Autoridades investigan la desaparición de cinco personas, entre ellas, tres periodistas, en la localidad de Taxco de Alarcón, en Guerrero, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La Fiscalía precisó que el caso se persigue a través de la fiscalía especializada en delitos cometidos en agravio de periodistas y defensores de los derechos humanos, así como por la fiscalía especializada en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas.

Los periodistas desaparecidos fueron identificados como Marco Antonio Toledo Jaimes, director del Semanario Espectador de Taxco, corresponsal de N3 Guerrero, La Crónica, y Vespertino de Chilpancingo, el pasado 19 de noviembre.

Además de Silvia Nayssa Arce Avilés, y Alberto Sánchez Juárez, una pareja de periodistas del medio digital RedSiete, el 22 de noviembre, ambos plagios perpetrados por grupos criminales armados.

Lo anterior pudo ser corroborado por la organización Artículo 19, mientras que los familiares de los plagiados dieron a conocer públicamente sus desapariciones en sus redes sociales.

Artículo 19 explicó que las coberturas de los periodistas se centraban en temas tanto políticos como de seguridad local, en el caso de Toledo; y notas locales en los alrededores de Taxco y del estado, siendo sus coberturas más recientes las relacionadas al azote de Otis el pasado 25 de octubre.

La organización también destacó que con 425 agresiones entre 2009 y 2023, Guerrero se posiciona como la quinta entidad con más ataques contra periodistas y medios de comunicación.

“El estado es también el segundo más letal contra la prensa, pues se tienen contabilizados 17 periodistas asesinados, siendo el último caso de Nelson Matus Peña. Así como tres periodistas desaparecidos, con el caso de Alan García, siendo el último caso documentado”, añadió.

La organización instó a las autoridades a aplicar los protocolos legales estimados en este tipo de investigaciones ministeriales y atender su localización con oportunidad.

Los hechos se reportan una semana después del asesinato del fotoperiodista Ismael Villagómez en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En lo que va del año en México, considerado el país sin guerra más peligroso para la prensa, cinco periodistas han sido asesinados en relación con su labor, con lo que la cifra asciende a 163 homicidios entre de 2000 a la fecha, según el conteo de Artículo 19.