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Un grupo de hombres armados atacaron este fin de semana a Zulma Carvajal Salgado, aspirante a la alcaldía de Iguala por Morena y prima de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

En el ataque la morenista resultó herida y su esposo, Humberto del Valle Zúñiga, perdió la vida luego de que llegara al hospital.

La sobrina del senador Félix Salgado Macedonio, quien buscaba la gubernatura del estado previo a la decisión del Tribunal Electoral de cancelar su candidatura, fue atacada la mañana de ayer cuando se disponía a abordar su automóvil en la Calle Zaragoza en el centro de Iguala.

Zulma Carvajal Salgado señaló directamente al actual presidente municipal, David Gama Pérez, de las filas del PRI, como responsable del ataque y dijo que no perdonará a quienes lo hicieron.

En un comunicado posterior, el presidente municipal de Iguala condenó lo sucedido y rechazó cualquier tipo de violencia.

En relación a los señalamientos de Zulma Carvajal, negó “de manera contundente cualquier acusación” en su contra, deslindándose de “este o cualquier otro acto de violencia”.

Dijo que siempre ha sido un hombre íntegro y honesto que se conduce dentro del marco de la ley, por lo que solicitó se evite difundir cualquier información que falte a la verdad.

Al respecto, la Fiscalía General de Guerrero inició una Carpeta de Investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado por arma de fuego en agravio de Humberto “N” y por lesiones calificadas en agravio de Zulma “N” .

“La Fiscalía General del Estado realizará las investigaciones de campo y gabinete para establecer las distintas líneas de investigación que lleven a la identificación de los responsables”, indicó la dependencia en un comunicado.

El esposo de la morenista, Humberto del Valle Zúñiga, quien perdió la vida en el ataque, era ex policía federal y fue director de la Policía Municipal de Acapulco, cuando Félix Salgado fue presidente municipal.

No es el primer ataque que la familia de la gobernadora recibe. En marzo de 2013 fue asesinado el hermano de Zulma, Justino Carvajal Salgado, quien se desempeñó durante la administración de José Luis Abarca, señalado por el caso Ayotzinapa.

Adicional, este mismo fin de semana, fue asesinado el empresario José Guadalupe Fuentes Brito, tío de Rubén Hernández Fuentes, coordinador operativo de la Oficina de la Gubernatura y pareja sentimental de Evelyn Salgado.

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

www.jorgefernandezmenendez.com

 

El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca sorpresivamente fue declarado inocente de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, aunque permanecerá en la cárcel porque tiene otros tres procesos en su contra por delincuencia organizada, por su relación con el cártel de Guerreros Unidos.

Es una decisión judicial incomprensible. Existen todo tipo de testimonios de la relación de Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, con Guerreros Unidos y de la participación de ambos en el secuestro y desaparición de los jóvenes. Pero pareciera que estamos ante una ola que se olvida de los verdaderos responsables, la mayoría de los sicarios ya están en libertad, para buscar culpables en la política.

Hagamos un poco de memoria para comprender esta decisión que se viene madurando desde hace años, porque hoy parecía que varios de los principales actores políticos tienen amnesia respecto a lo realmente sucedido en Iguala aquel 26 de septiembre de 2014. Los principales protagonistas de aquella tragedia fueron el entonces presidente municipal José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda; los grupos criminales Guerreros Unidos y los Rojos; las relaciones de esos grupos con el gobierno de Ángel Aguirre Rivero; la participación de dirigentes del PRD y Morena en la región, y detrás de todos ellos la producción de marihuana y goma de opio en la zona.

Comencemos con los esposos Abarca. Hace 30 años, José Luis Abarca recorría el país vendiendo aretes, collares y pulseritas de oro y plata. También vendía sombreros que traía con su abuelo Isidoro desde Toluca a Iguala. Pero unos 15 años atrás, repentinamente, Abarca y su familia se hicieron millonarios. Después de vender durante años sombreros y joyas casa por casa, Abarca un día anunció que invertiría de 300 millones de pesos en la construcción de una plaza comercial en Iguala, la plaza Tamarindos. Era 2008 y para esa fecha ya tenía seis locales comerciales, que en el 2015 se habían transformado en 19 en Guerrero y otros seis en Morelos. Se había convertido en el mayor comerciante de oro de Iguala.

Abarca conoció a la que sería su esposa, María de los Ángeles Pineda, en la tienda que tenía su abuelo, donde también vendía vestidos de novia. María de los Ángeles y su madre, Leonor, llegaban a la tienda a vender vestidos que ellas mismas hacían. Pero en unos pocos años, también María de los Ángeles se hizo una mujer poderosa y rica. Y como José Luis, con ambiciones políticas.

Ambos coquetearon en alguna época con el PRI pero encontraron cobijo en el PRD. Abarca se hizo candidato del PRD cuando aún no era militante de ese partido y fue impuesto a otros grupos por un acuerdo en el que participaron el entonces secretario de salud de Ángel Aguirre, el ex senador Lázaro Mazón, quien se convirtió en el principal operador de Andrés Manuel López Obrador en Guerrero, y la dirigencia del partido que entonces encabezaba Jesús Zambrano.

Lázaro Mazón, un día llevó a un aspirante externo, José Luis Abarca, ante la dirigencia del PRD, y amenazó con abandonar el partido si no aceptaban a su protegido como candidato en Iguala. La relación de Mazón con los Abarca era vieja. Cuando ambos eran jóvenes, la tía de Abarca le surtía a Lázaro piezas de oro para que pudiera venderlas y así fue como Mazón pudo financiar la carrera de medicina. La relación con Aguirre nació en el 2011, cuando el entonces candidato hacia campaña en Iguala y Abarca le pidió al coordinador de campaña, su compadre Mazón, que le permitiera organizarle un evento en el centro joyero. El 9 de enero de 2011 ahí llegó Aguirre. Fue Abarca quien encabezó el evento, y comprometió su apoyo y el de otros joyeros para el candidato. A partir de ese día, Abarca y María de los Ángeles se involucraron por completo en la campaña, no sólo con apoyo moral sino también aportando millones de pesos.

Para esas fechas María de los Ángeles ya era uno de los principales líderes de la organización criminal Guerreros Unidos en Iguala, y durante los siguientes años se convirtió en la verdadera jefa del cártel en la región, más allá de su propio marido. Sus decisiones pasaban por encima de José Luis y todo el mundo lo sabía. Ella era quien tenía el control de la policía y de los empleados del ayuntamiento. A María de los Ángeles Pineda, en Iguala le decían la guerrera… por su dureza con los empleados y por su relación con el cártel que encabezaron sus hermanos.

La Guerrera, unos días antes de la tragedia de Iguala, prácticamente había alcanzado su objetivo. El 7 de septiembre había sido designada consejera estatal del PRD, cobijada por Nueva Izquierda, por el gobernador Aguirre, incluso por Mazón que ya estaba en Morena y no había dudas de que sería la aspirante a la alcaldía de Iguala en reemplazo de su esposo.

Al mismo tiempo que los Abarca y los Pineda avanzaban en su carrera política y se integraban a las altas esferas de la política guerrerense, el grupo criminal de los Guerreros Unidos, se hizo dueño de Iguala, y desde ahí terminaron controlando 14 municipios en el norte del estado y la Tierra Caliente, además de distintas regiones de Morelos y del Estado de México. Pero todo eso era parte de una larga historia familiar que había nacido años atrás, cuando María de los Ángeles, sus hermanos y sus padres eran parte del cártel de los Beltrán Leyva. Mañana se la contaremos.

Foto: Twitter @J_Fdz_Menendez

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó este miércoles que en el marco del “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”, personal militar adscrito a la 35/a. Zona Militar, ubicado en Chilpancingo, Guerrero, aplicó la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza la tarde ayer en la comunidad de Tepochica, en el municipio de Iguala, como respuesta a una agresión con armas de fuego.

Indicó que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 16:45 horas, cuando elementos del Ejército Mexicano al realizar reconocimientos terrestres en las inmediaciones de la población Tepochica, encontraron de frente a un convoy de civiles armados, quienes al detectar la presencia del personal militar iniciaron la agresión con disparos de arma de fuego.

Detalló que el saldo del enfrentamiento fue de un militar herido, que fue trasladado al hospital General “Jorge Soberón Acevedo”, en Iguala, quien horas más tarde falleció a causa de las lesiones recibidas. Confirmó la muerte de 14 presuntos delincuentes armados, quienes se encuentran en calidad de desconocidos.

Adicional dijo que se decomisaron 13 armas largas, seis fusiles AK-47, seis fusiles AR-15 y un Fusil Galil; seis armas cortas, cinco pistolas y un revolver; una granada de mano y diversas municiones y cargadores; tres vehículos, dos con reporte de robo; equipo táctico, de radiocomunicación y teléfonos celulares.

Adicional, detalló que un número “indeterminado de agresores armados logró huir a pie del lugar de los hechos, con rumbo desconocido”.

“Es importante señalar que el personal militar, para su protección y seguridad, aplicó su disciplina y adiestramiento especializado para reaccionar ante agresiones de este tipo, de manera oportuna y contundente, empleando su equipamiento y material con que están dotado”, resaltó la dependencia.

Indicó que de manera inmediata, se llevó a cabo el despliegue de tropas adicionales en el lugar, con el fin de apoyar al personal militar involucrado, así como establecer coordinación con las autoridades correspondientes, para realizar las diligencias debidas y el esclarecimiento de los hechos.

De visita por Iguala, Guerrero, en donde dio el banderazo para el programa de becas a estudiantes del nivel básico, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su compromiso para que se esclarezcan los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Tenemos que saber la verdad. Eso es una prioridad del nuevo gobierno: Saber dónde están los jóvenes de Ayotzinapa”, dijo AMLO ante cientos de guerrerenses.

Recordó que ya se integró una comisión, la comisión de la verdad, para dar continuidad a las investigaciones que se han realizado; adelantó que como parte de las acciones que se emprenderán, el gobierno federal dará todas las garantías a quienes ayuden a que se conozca la verdad, saber dónde están los normalistas de Ayotzinapa.

“Ahora se abre de nuevo la investigación para que todo aquel que quiera ayudar a que se conozca la verdad sobre Ayotzinapa, va a tener protección y va a ser considerado como lo permiten las leyes”, enfatizó el mandatario.

Señaló que desde hace tiempo hay diversas personas encarceladas por los hechos, sin embargo dijo, hay quienes sostienen que están ahí de manera injusta, por lo que sostuvo que se retomarán las investigaciones.

Finalizó indicando que la comisión de la verdad va a atender el asunto, pues quiere que se “limpie” lo sucedido y que se conozca la verdad. “Una etapa nueva en Iguala, en Guerrero y en todo México, ese es el propósito”.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó esta tarde una Recomendación sobre violaciones graves a derechos humanos, respecto a lo ocurrido en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014: la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa.

El titular del organismo, Luis Raúl González Pérez, calificó dicho caso como “abominable”, y dijo que se volvió emblemático de la descomposición institucional y social que enfrenta nuestro país, además de que es un ejemplo del momento crítico por el que atraviesa el país en materia de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad.

González Pérez dijo que con dicha Recomendación, se cumple con la exigencia nacional e internacional de dar a conocer a las víctimas y a la sociedad, desde la perspectiva de los derechos humanos, la verdad sobre lo ocurrido. 

Indicó que la verdad no puede “sujetarse a intereses o coyunturas políticas”, por lo que enfatizó que dicho documento no llega “ni antes o después”, sino cuando la investigación que se realizó les permitió dar resultados comprobados. 

Acusó que la colusión entre autoridades y organizaciones criminales ocasionó la pérdida de la vida de 6 personas, lesiones a 42, y la desaparición forzada de 43 más, además de la contaminación y pérdida de evidencias y pruebas.

Entre las conclusiones a las que llegó la comisión, dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) subestimó  el hallazgo de “38 porciones petrosas de huesos temporales detectadas por dicha instancia, así como el que se haya ignorado que en el material contenido en la bolsa recuperada del Río San Juan se encontraban otras 3 porciones petrosas, además de 52 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos que serían susceptibles de someterse a pruebas de ADN para avanzar en la determinación del destino de los 43 normalistas desaparecidos al precisar, científicamente, si los huesos corresponden a ellos o a personas diversas”.

Precisó que el hallazgo de las porciones petrosas de huesos temporales constituiría un elemento suficiente para concluir que, cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula. 

También resaltaron que no se haya investigado la “actitud omisa o tolerante” de autoridades de distintos niveles y órdenes de gobierno que, pese a advertir de manera directa mediante la información que llegaba al denominado Centro C4 de la zona, que algo muy grave sucedía en Iguala en perjuicio de  estudiantes normalistas, no dieron parte al Ministerio Público y se abstuvieron de ordenar una intervención directa e  instrumentar acciones que hubiesen producido otro desenlace de los hechos.

 

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

EXCÉLSIOR

 

La desaparición y la muerte de los jóvenes de Ayotzinapa no es un símil, aunque muchos lo quieran ver e interpretar así, de los hechos del 2 de octubre de Tlatelolco. El movimiento del 68 fue una lucha por las libertades, la democracia y en el marco de un movimiento global con epicentros en Praga, París y México, con la guerra fría y la guerra de Vietnam como telón de fondo. El otro es consecuencia de un movimiento político legítimo, pero de objetivos radicales y confusos, con un componente en su desenlace que le cambia todo el sentido: el narcotráfico. 

En torno a los hechos de Iguala hay mucha confusión, se cometieron muchos errores, pero también hay demasiada manipulación. Porque si hay algo que no se debería discutir es que la desaparición de los jóvenes fue operada por el crimen organizado, que el presidente municipal José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, tuvieron participación en esos y muchos otros hechos de violencia que se dieron en torno a Iguala en esos meses y años (donde los jóvenes de Ayotzinapa son sólo una parte de los más de 300 desaparecidos y asesinados, incluyendo los dirigentes del PRD de la fracción contraria a Abarca), que ambos tenían relación con el cártel de Guerreros Unidos, que manejaba la policía municipal de Iguala y de varios otros municipios cercanos. 

Dice el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador que “el que nada debe, nada teme” contestándole a la secretaría de la Defensa Nacional en relación con la comisión de la verdad que ordenó crear en cuanto asuma su gobierno, pero en este caso se equivoca. El responsable jurídico de la secretaría de la Defensa, el general Alejandro Ramos, criticó la conformación de esa comisión porque como está planteada es imposible establecer cualquier verdad jurídica, porque es parcial, no tiene representatividad legal alguna y porque es parte, agreguemos nosotros, de una manipulación política que terminará siendo muy costosa, tiempo al tiempo, para el futuro presidente y su administración. 

En el equipo del presidente electo sufren una confusión profunda sobre un tema central de la agenda política: confunden los hechos de violencia actuales con los movimientos sociales e incluso armados de los 70 y principios de los 80, incluyendo el 68. Desdeñan el componente del narcotráfico que ha causado la friolera de 200 mil muertos en la última década, que ha dejado enganchados a la droga a centenares de miles de jóvenes y niños y que no es siquiera un fenómeno local, sino global.  

Es tan global que en Estados Unidos el año pasado murieron por sobredosis de opiáceos 60 mil personas, en un negocio que en parte se alimenta y controla desde México y precisamente por dos de los cárteles involucrados en desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Tan involucrados que la participación de sus sicarios fue monitoreada por los jefes del cártel desde Chicago en comunicación con Iguala la propia noche de los hechos, como lo demuestran las conversaciones telefónicas tomadas por la DEA y que mostramos en el libro La Noche de Iguala, secuestro, asesinato y narcotráfico en Guerrero que acabamos de publicar, esta misma semana, en Cal y Arena.

El equipo del presidente electo cuando habla de la represión la confunde con la lucha contra los grupos criminales y equipa a éstos con movimientos sociales. Cuando dice que el ejército saldrá “desarmado” a cuidar a la sociedad y enfrentar a los criminales parece ignorar que esos grupos terribles, desalmados, que matan, torturan, desaparecen gente, que extorsionan, roban y secuestran están equipados con armas de guerra de alto poder y que las usan día con día contra soldados, marinos y policías, pero sobre todo contra la población civil, como lo vimos precisamente en Iguala.

Hay que temer a esa comisión porque quienes manejan a los padres no son víctimas ni tampoco colaboradores imparciales, sino parte de movimientos con agendas muy específicas. Son los que con sus acciones están propiciando no sólo que no se haga justicia, sino que los verdaderos criminales queden exonerados, como sucedió en estos días con dos de los más notorios sicarios de Guerreros Unidos, El Gil y el Carrete, cuyos testimonios sobre su participación en los hechos del 26 de septiembre de 2014 es evidente, clara, sin rastro alguno de duda. En el libro que acabamos de publicar, La noche de Iguala, citamos sus testimonios y los de sus cómplices, donde hablan con lujo de detalles de los hechos y como se sucedieron, en declaraciones por separados pero que se complementan perfectamente. Pero no se trata sólo de testimonios en papel, en el programa Todo Personal hemos divulgado ya muchas veces los testimonios filmados de los sicarios, donde ninguno de ellos se muestra siquiera presionado para contar sus historias (y hoy volveremos a presentarlos en Todo Personal en ADN40 a las 22 horas).

El Estado mexicano, sobre todo cuando la próxima administración tendrá inéditos instrumentos de gobernabilidad, debe hacer justicia con las instituciones, con la nueva fiscalía, con sus investigadores, con la ley en la mano. La comisión de la verdad, como está planteada, es un espacio militante y manipulado que alcanzará objetivos propios, todos menos uno: establecer la verdad y hacer justicia.

 

Foto:  Twitter @J_Fdz_Menendez

El candidato presidencial de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que tan pronto triunfe, habrá justicia para los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.

Ante algunos de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, López Obrador reiteró que “vamos a que se integre una comisión de la verdad y que intervenga la ONU para que se aclare todo lo relacionado con la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa”.

Manifestó su desacuerdo con quienes dicen que sí se aclara lo que sucedió en Iguala, se afectará al Ejército y a las instituciones.

AMLO dijo a los asistentes que “vamos a que se conozca todo, no quiero, ni deseo, ni conviene a ustedes que viven aquí en Iguala, que cuando se hace referencia a Iguala se esté pensando en los desaparecidos, se esté pensando en el dolor, no, el pueblo de Iguala, el pueblo de Guerrero, el pueblo de México no merece eso”.

Indicó que Iguala va a ser el ejemplo de como se debe hacer justicia en un gobierno democrático.

Adelantó que después del 1 de julio, regresará como presidente electo para presentar el plan de desarrollo de Iguala, los pueblos de esa región de guerrero, una propuesta muy concreta para la atención a la demanda de justicia de los jóvenes de Ayotzinapa, “ese es mi compromiso y tengo palabra”.

De acuerdo con una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), llevada a cabo entre 2013 y 2014, el cartel Guerreros Unidos transportaba droga escondida en autobuses de pasajeros desde Iguala, Guerrero, hasta Chicago, Illinois.

Según el expediente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las líneas de autobuses mexicanas: “Monarcas Zacatecas” y “Autobuses Volcano”, eran utilizadas por Guerreros Unidos para transportar heroína a lo largo de los 4,500 kilómetros que hay entre Iguala y Chicago.

El documento detalla que los cargamentos con la droga salían desde la central de autobuses de Iguala y era entregados en los condados de Aurora y Batavia de Chicago, en donde Guerreros Unidos tiene dos bodegas. En las indagatorias de la DEA no se aclara en qué parte de la frontera cruzaban los autobuses.

De acuerdo con la DEA, tras la detención de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en el 2016, el cartel de Guerreros Unidos ocupó parte del vacío que dejó el capo. En un solo envío, este grupo delictivo transportaba 26 kilogramos de heroína y cobraba 600 mil dólares en una sola transacción.

La investigación de las agencias estadounidenses incluyó la intervención de 12 Blackberrys y teléfonos celulares de 8 integrantes de Guerreros Unidos en Chicago, así fue que la agencia antidrogas obtuvo mayor detalle del transporte de droga desde Iguala hasta su distribución en Chicago.

 

 

Con información de Noticieros Televisa

Ocho líderes del grupo criminal Guerreros Unidos (GU), se encuentran presos en una cárcel de Illinois, Chicago en Estados Unidos, donde fueron detenidos por tráfico de droga; sin embargo su detención ha servido para poder obtener nuevos detalles de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

 

El gobierno estadounidense, con autorización de un juez, interceptó algunas comunicaciones de los detenidos, en las que de acuerdo a las transcripciones a las que tuvo acceso el diario Reforma, se señala que la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, habrían sido desaparecidas entre 50 y 60 personas y no 43 como se sabía hasta ahora.

 

Las llamadas revelaron que los jefes de la organización dieron órdenes desde Chicago de involucrar a policías en la detención de los estudiantes debido a la magnitud del conflicto. Pues a la par de la agresión hacia los estudiantes de Ayotzinapa, ocurrió un enfrentamiento entre GU y el grupo de ‘Los Rojos’, en donde aparentemente un grupo enviado por Santiago Mazari, alias “El Carrete”, pretendía tomar la plaza de Iguala, por lo que se supuso que la movilización estudiantil era parte del plan.

 

Ante la magnitud del conflicto, los sicarios de GU pidieron el apoyo de los policías de dicho municipio, además de los de Cocula y Huitzuco; durante el enfrentamiento entre los grupos criminales se habla que pudo haber seis muertos.

 

En las conversaciones se habla de hasta “60 paquetes”, refiriéndose al número de personas capturadas y posteriormente desaparecidas; en otra conversación se informa que hay “50 chavos desaparecidos”.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Al cumplirse tres años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno de la República emitió un comunicado en el que refrendó su compromiso con las víctimas y en el que reiteró que continuará “agotando todos los medios a su alcance en materia de investigaciones, búsqueda y atención a las víctimas y sus familiares”.

 

Se indicó que la Procuraduría General de la República ha continuado avanzando en las investigaciones y la búsqueda de los 43 estudiantes, proceso en que ha procurado mantener una amplia comunicación con los familiares y representantes, e informa lo siguiente:

  • La PGR se ha enfocado en agotar todas las líneas de investigación que han resultado necesarias, entre las que se encuentran aquellas planteadas por los familiares de las víctimas, las indicadas en su momento por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, así como las relacionadas con las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
  • De las recomendaciones y peticiones (973) que hiciera en su momento el GIEI, puede afirmarse que se han atendido casi en su totalidad.
  • En todo momento se ha obrado con objetividad en este caso, cuya investigación constituye la más amplia realizada en época alguna por la Procuraduría General de la República. Los más de 500 tomos del expediente así lo confirman.
  • Hay más de 120 personas bajo proceso judicial como resultado del trabajo de investigación en torno al caso. 71 de ellas están acusadas del secuestro de los 43 jóvenes estudiantes. Si bien no se cuenta aún con sentencias, ello se debe principalmente a dos razones sustantivas: 1) los procesados han estado agotando toda clase de recursos legales en contra de las decisiones judiciales que se van emitiendo; y, 2) no es legalmente posible cerrar la instrucción de esos procesos mientras continúen ofreciendo pruebas. La PGR, no obstante, continúa desplegando sus mayores esfuerzos para que los procesos judiciales avancen de la manera más expedita posible.
  • En atención a las líneas de investigación planteadas por los familiares de las víctimas directas y sus representantes, se han venido dilucidando aspectos centrales de los hechos, siguiendo un cronograma de once puntos entregado en su momento a la CIDH y notificado a la representación de las víctimas.
  • De los once puntos o temas de referencia, a la fecha se ha dado cumplimiento a los siguientes:
  1. La situación específica de elementos policiacos municipales que han pedido se proceda contra ellos.
  2. Lo relativo al denominado quinto autobús.
  3. Lo concerniente a la telefonía de los estudiantes desaparecidos.
  4. Los detalles sobre la operación que tuvo la noche de los hechos el C4 de Iguala.
  5. El esclarecimiento sobre la identidad de personajes que era imperativo aclarar (El Caminante y El Patrón).
  6. La definición sobre la existencia o no de responsabilidades de elementos policiacos estatales y federales.
  7. La obtención de información mediante una solicitud de asistencia jurídica internacional al gobierno de los Estados Unidos, sobre el trasiego de drogas de Guerrero a la ciudad de Chicago, por parte del grupo delictivo Guerreros Unidos.
  • En este proceso de atención al caso, la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, que es parte fundamental de las acciones en marcha, como lo contemplan las medidas cautelares de la CIDH, se emprendió con múltiples acciones, en terreno, en instituciones y con uso de tecnología avanzada (Lidar). Actualmente se examinan las imágenes obtenidas en una extensión de 60 kilómetros cuadrados de un área sugerida por la representación de las víctimas, para enseguida proceder a revisar directamente los lugares considerados, por sus características, como de ubicación probable de fosas clandestinas. Este es el ejercicio con empleo de esa tecnología.
  • Toda la información sobre avances y resultados se han hecho del conocimiento de los familiares en las reuniones que periódicamente se sostienen con ellos y sus representantes.
  • Por último, a la CIDH se le mantiene informada mediante la atención a solicitudes de información, así como en las audiencias públicas y privadas que periódicamente son celebradas con ese propósito. Además, se comparte esa y cualquier tipo de información sobre el caso a través de los encuentros con la Comisionada para México y personal técnico de la CIDH en las visitas oficiales y técnicas que se realizan en el marco del Mecanismo de Seguimiento sobre el caso.

 

 

La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), inició una carpeta de investigación por la agresión a siete periodistas de diversos medios de comunicación, ocurrida ayer 13 de mayo, en la carretera Iguala-Altamirano, en el estado de Guerrero.

La FEADLE contactó directamente a los comunicadores afectados al tiempo en que coordinó acciones con las autoridades estatales para iniciar la investigación de los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, indicó la dependencia en un comunicado.

Tras los hechos, la PGR condenó  los actos de agresión en contra de personas dedicadas al periodismo y en agravio al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, al tiempo en que reitera su compromiso de llevar a cabo una investigación inmediata y oportuna.

Siete periodistas fueron amenazados y despojados de un vehículo y su equipo de trabajo, incluyendo cámaras, computadoras y teléfonos móviles, por un comando de 100 hombres armados que tenía instalado un retén en el municipio de Acapetlahuaya.

Los periodistas agredidos fueron Sergio Ocampo, corresponsal del diario La Jornada; Jair Cabrera, reportero gráfico y colaborador del mismo medio; Hans Máximo Musielik, de Vice News; Pablo Pérez García, de Hispano Post; Jorge Martínez, de la agencia Quadratín; Ángel Galeana, de Imagen TV, y Alejandro Ortiz, del diario Bajo Palabra.

Los periodistas cubrían los bloqueos de San Miguel Totolapan, donde fuerzas federales y estatales ingresaron el 12 de mayo para iniciar una operación conjunta contra los grupos delictivos que operan en la zona.

 

Con información de Agencias /Foto: Twitter

Esta mañana se registró un enfrentamiento en la calle de Bucareli, en la Ciudad de México tras una manifestación por 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

 

Los manifestantes fueron dispersados con gas lacrimógeno, luego de que comenzaron a golpear las vallas que se encuentran en las inmediaciones de la Secretaria de Gobernación (Segob).

De acuerdo con los primeros reportes, al menos cinco personas resultaron intoxicadas, donde más tarde recibieron apoyo médico.

 

Tras el percance la zona permanece acordonada por polícias federales quienes ya resguardan la zona, la zona permanece asegurada con vallas metálicas.

 

La situación fue controlada rápidamente, los inconformes marcharon desde el Paseo de la Reforma hacía el campamento que establecieron en las inmediaciones de la Procuraduría General de la Republica (PGR).

 

Este  miércoles se cumplen 31 meses de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, por ello, padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Isidro Burgos, realizaron un mitin frente al anti monumento, en avenida Reforma y el cruce con Bucareli.

 

Con información de Excélsior / Foto: Ciudad Segura