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Luego de las denuncias que han aparecido en redes sociales, donde trabajadores acusan a sus empresas de obligarlos a pagar una prueba COVID como condicionante para laborar, la Secretaría del Trabajo federal indicó que esto no debe ser así.

«De acuerdo con la legislación vigente en materia laboral, es ilegal obligar a las y los trabajadores a pagar por las pruebas COVID-19, como requisito para ingresar a los centros de trabajo. En ningún caso se debe trasladar el costo de las pruebas a los trabajadores», dijo la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde.

La Secretaría recordó a los y las trabajadoras que no deben acudir a los centros laborales o reuniones sociales si se presentan síntomas compatibles con COVID-19, pues hacerlo implicaría un riesgo potencial de contagio para otras personas.

Y es que además de las quejas que se han presentado sobre el pago de las pruebas, los trabajadores se enfrentan a la escases de éstas y al alto costo en laboratorios privados. Se ha reportado que incluso personas han pernoctado a las afueras de los kioscos que se habilitaron por parte de los gobiernos locales, para alcanzar una prueba.

Recordemos que el gobierno federal y algunos locales han dicho que más allá de buscar una prueba, lo importante es que si se presentan síntomas, lo preferible es comenzar un aislamiento, con el fin de evitar contagios.

En ese sentido, en días pasados, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó el “Permiso COVID-19. Versión 3.0”, ante el incremento de contagios del virus SARS-CoV-2, derivado de la alta contagiosidad de la variante Ómicron.

«Esta realidad está afectando notablemente a los trabajadores y a las empresas afiliadas al IMSS, y a la capacidad de respuesta de las unidades médicas encargadas de la gestión de las incapacidades», reconoció la Institución.

Señaló que la presencia de los trabajadores con síntomas en las empresas incide desfavorablemente en la salud de sus compañeros y en el ciclo productivo, además de que su desplazamiento, así como el tiempo de espera para acreditar su condición en los establecimientos médicos, no es benéfico para la población en general.

Por ello, el “Permiso COVID-19. Versión 3.0” permitirá que con base a una aplicación digital o en la página web del IMSS, se responda un cuestionario de síntomas, historial de vacunación y padecimientos preexistentes, lo que permitirá acceder al “Permiso COVID-19”, asimilable a una incapacidad hasta por 7 días y recibir el pago correspondiente en su cuenta bancaria.

El IMSS ya había hecho un llamado a las empresas a no pedir pruebas COVID con costo a los trabajadores para su regreso a los centros laborales.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó al PT, con 119 millones 870 mil 694.18 pesos y a Morena con cuatro millones 529 mil 225.06 pesos, al acreditar esquemas de financiamiento irregular instaurados por ambos partidos en situaciones distintas.

En sesión extraordinaria, la autoridad electoral determinó que durante la gestión de Delfina Gómez Álvarez como presidenta municipal de Texcoco (se instrumentó un sistema de financiamiento paralelo, el cual se tradujo en recursos que beneficiaron a Morena por dos millones 114 mil 612.5 pesos y que no fueron reportados.

La sanción parte de una queja presentada por el PAN desde 2017 en la que denunció “descuentos aplicados a los entonces empleados del municipio de Texcoco y del DIF municipal”, los cuales estaban encaminados a la conformación de Morena como partido político y a la eventual candidatura de Gómez Álvarez a la diputación federal y a la gubernatura del Estado de México.

En la investigación del INE se encontraron pruebas suficientes para sostener la hipótesis de culpabilidad respecto de la existencia de un mecanismo de recaudación de recursos provenientes de retenciones salariales efectuadas a trabajadores del Ayuntamiento y del DIF de Texcoco, en el Estado de México, los cuales fueron entregados a María Victoria Anaya  e Iveth Rosas Rosas, quienes recibieron diversos cheques del ayuntamiento por un importe total de 13 millones 890 mil 47 pesos.

Al tomar en cuenta las circunstancias de extracción del recurso y su entrega mediante métodos sistemáticos, continuos y permanentes a personas físicas, se evidencia la intención de evasión de la acción fiscalizadora de la autoridad electoral, perpetrada en el contexto de vigencia del periodo constitucional de Delfina Gómez Álvarez como Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Texcoco.

Por ello, se le impuso una sanción a Morena del 200% del monto involucrado, equivalente a cuatro millones 529 mil 225.06 pesos; además, se dio vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por las conductas que pudieran configurar delitos electorales; a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por las conductas presuntamente consecutivas de delitos en materia electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera, por conductas que pudieran configurar delitos dentro de su esfera de competencia.

Adicionalmente, el pleno consideró fundado el procedimiento de queja en materia de fiscalización al comprobar un beneficio que ingresó al patrimonio del Partido del Trabajo a través de personas físicas que guardan como condición en común ser militantes de dicho partido. Es decir, bajo el amparo de una operación entre particulares, el instituto político se privilegió de un esquema de financiamiento paralelo que le permitió ejecutar conductas contrarias a la normatividad en materia de financiamiento y fiscalización.

La queja presentada en 2017 por el PRI, fue por la presunta transferencia de recursos provenientes del gobierno del estado de Nuevo León destinados a la construcción y operación de Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) a militantes del Partido del Trabajo.

Entre 2015 y 2017, María Guadalupe Rodríguez , esposa del dirigente nacional del partido, recibió un monto de 260 millones de pesos provenientes del gobierno de Nuevo León y con estos recursos emitió 123 cheques que fueron depositados en la cuenta de Héctor Quiroz García, Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el estado de Aguascalientes, por 59 millones 935 mil 347 pesos.

El PT no recibió de manera directa recursos provenientes de María Guadalupe Rodríguez Martínez o de los demás ciudadanos que recibieron recursos por parte de la citada ciudadana, ya que no se encontraron registros de transferencia o aportaciones en la contabilidad del partido que muestren rastro de ello; sin embargo, los recursos fueron cobrados en efectivo por personas que tienen un vínculo cercano con el instituto político, además de que dichos recursos no se aplicaron a su destino original, esto es, a los CENDI, hechos que fueron informados por la Secretaría de Educación Pública.

Así el INE determinó imponer al PT una sanción equivalente al 200% del monto involucrado que fue de 59 millones 935 mil 347 pesos que recibió de aportaciones de entes prohibidos; la multa ascendió a 119 millones 870 mil 694.18 pesos.

Además, se dio vista a las autoridades competentes para que en el ámbito de sus atribuciones, determinen lo conducente sobre si hay algún otro delito que castigar.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, recordó que cuando la autoridad electoral tiene que sancionar suele ocurrir que el partido que es sancionado siempre apela “intencionalidades políticas” y siempre aplaude cuando se sanciona a quien ha denunciado.

“Malo sería que hubiera tenido solamente esos reclamos de un lado, porque eso hablaría de parcialidad, pero como los reclamos vienen de todos, eso habla de imparcialidad con la que esta autoridad aplica la ley, sin mirar a quien se trata y sin importar quién gobierna”, dijo Córdova Vianello.

Los principales actores de la industria automotriz en el país, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automores (AMDA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPAC), la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), alertaron esta tarde de la intención del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de legalizar vehículos de contrabando apoyado por legisladores locales.

Las asociaciones automotrices recordaron que conforme a la Constitución Política, es facultad privativa de la Federación gravar y fiscalizar las mercancías que se importen o exporten, por lo que en agosto de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Baja California, mediante el cual dicha entidad federativa en materia de vehículos ilegales tiene las siguientes obligaciones: verificar la legal estancia de los vehículos, en caso de no acreditarla tiene facultad para embargarlos y negar el registro estatal a los vehículos que no acrediten la legal estancia.

Además, señalaron que cuando la entidad federativa otorgue documentación o placas a vehículos que no acrediten la legal estancia, será sancionada además de la responsabilidad federal en materia de contrabando, con un descuento de los incentivos o de las participaciones de la entidad.

Al respecto, indicaron que Jaime Bonilla  remitió al Congreso del Estado el 30 de diciembre de 2019 la “Iniciativa de ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California”.

«Mañana el Congreso del Estado de Baja California pretende aprobar el censo de vehículos ilegales a través del pago de $1,000 por trámite e identificación mediante calcomanías, otorgándoles derechos a través de un esquema registral al contrabando que pretende además, dotar al vehículo de placa o placas metálicas y tarjeta de circulación. El censo abarcaría a automóviles, camiones, omnibuses, motocicletas cualquier que fuese su tipo de combustible así como de remolques», señalaron en el comunciado conjunto que emitieron.

Dicha iniciativa pretende legalizar el contrabando de vehículos en Baja California, lo que dijeron, contraviene el marco jurídico federal, por lo que implementar un Instituto como el planteado iría aún más allá de una pretendida regularización, ya que se persigue instituir un mecanismo paralelo que metódicamente será condescendiente con aquellos que violan la ley.

«En el sector automotor hemos visto con beneplácito la actual política de combate a la corrupción, consideramos que es inconsistente apoyar cualquier acción que emane de un acto de ilegalidad, instaurándose así, la oficialización de un perverso incentivo a la impunidad», añadieron.

Solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, para hacer respetar el Estado de Derecho.

Rematon asegurando que la iniciativa de Bonilla viola los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad en el pago de contribuciones y cumplimiento de obligaciones aduaneras, cuando pretende regular la ilegalidad y el contrabando, al incentivar el incumplimiento de las disposiciones federales (aduaneras) cuando trata de conceder derechos registrales a los vehículos ilegales.

La Policía hongkonesa prohibió hoy la manifestación para el próximo domingo convocada por el Frente Civil de Derechos Humanos tras el anuncio de la retirada definitiva del proyecto de ley de extradición por parte de la jefa del Gobierno local, Carrie Lam.

La marcha se había convocado para exigir a Lam que aceptase sus otras cuatro demandas de los manifestantes: una investigación independiente sobre la actuación policial en las protestas, la puesta en libertad de los detenidos, la no consideración como «revuelta» de las manifestaciones y el sufragio universal para elegir al jefe del Ejecutivo.

El frente consideró que la retirada del proyecto de ley que originó las protestas, anunciada el pasado 4 de septiembre, llegaba «demasiado tarde» y era «demasiado poco».

«La administración de Lam, debido a su arrogancia, grave falta de cálculo político y aliento de la violencia policial y de las ‘triadas’ (mafias locales) ha elevado la crisis a un nivel tal que la mera retirada del proyecto no puede calmar a los hongkoneses», afirmó el movimiento civil.

En la carta de «objeción» policial, que recibieron hoy los convocantes de la marcha, se asegura que durante las manifestaciones convocadas desde el pasado junio «algunos manifestantes no solo cometieron actos de violencia, incendios provocados y bloqueos de carreteras, sino que también usaron bombas de gasolina y todo tipo de armas para destruir bienes públicos a gran escala».

Además, la misiva afirma que los lugares por donde estaba prevista la manifestación se encuentran «muy cerca de edificios de alto riesgo» entre los que cita la estación de tren de alta velocidad o el cuartel general de la Policía.

Al declararse ilegal la manifestación las personas que participen en la misma pueden afrontar graves consecuencias legales. El frente anunció hoy que ha presentado un recurso contra la  decisión policial de prohibir la protesta, que deberá ser resuelto antes del domingo.

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre si se puede confiar en el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, luego de que se revelara que tiene el mismo abogado que Emilio Lozoya.

“¿Hay un conflicto de interés si el mismo que representa al prófugo es el mismo que representa a quien lo persigue?”, se le preguntó al presidente.

En respuesta, el mandatario indicó que le tiene confianza plena al Fiscal, y pidió considerar que en la pasada administración no se había dictado orden de aprehensión en contra del ex director de Pemex, cosa que ya se realizó ahora.

Mencionó que el hecho de que no se le haya podido detener, y que esté prófugo, “ese es otro asunto, pero sí esto marca la diferencia, no hay impunidad tolerada”.

Sobre el posible conflicto de interés que se le señala a Gertz Manero, AMLO dijo que es un hombre recto y que no va a proteger a grupos de intereses creados.

Respecto a la labor de la Fiscalía, el presidente reconoció que todos los mexicanos quisieran que se fuese más eficaz en la impartición de justicia, pero dijo son procesos que se tienen que llevar a cabo y se tienen que garantizar los derechos de los ciudadanos, incluso los de los presuntos delincuentes.

“Yo creo que Alejandro Gertz está haciendo una buena labor y vamos a esperar”.

Sin embargo, ante la insistencia de la prensa, reconoció que si bien tener a Javier Coello como representante legal no es un acto ilegal, sí podría ser un acto inmoral, aquellos que él tanto ha cuestionado.

Un hombre originario de Guatemala murió de un infarto luego de ser detenido por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) para enviarlo a la estación migratoria Siglo XXI.

A través de un boletín, el INM informó que el martes 11 de junio a las 14 horas, agentes migratorios realizaban inspecciones de rutina en la carretera federal México 200, en el tramo Tapachula-Huixtla y luego de hacer la inspección en un vehículo de transporte, ubicaron a un hombre de 33 años de edad que se encontraba en situación migratoria irregular, por lo que decidieron transportarlo a la estación del INM más cercana.

Sin embargo, sufrió un infarto en el camino y aunque el INM le dio primeros auxilios, cuando llegó al hospital rural Viva México ya había muerto.

«De inmediato se dio aviso a las autoridades consulares de Guatemala, a fin de llevar a cabo la correcta atención y el cumplimiento de los protocolos que en este tipo de situaciones han sido establecidos», dijo el INM.

A partir de hoy ya operan 13 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional en Tabasco, Chiapas, Campeche, Oaxaca y Veracruz por el plan qué México acordó con Estados Unidos para tratar de contener la migración ilegal.

Alrededor de 76 mil migrantes han cruzado la frontera ilegalmente durante febrero, doblando el registro que se tenía ese mismo mes, pero del 2018, según reportaron autoridades fronterizas de Estados Unidos.

«El sistema está mucho más allá de su capacidad y se encuentra en un punto crítico», dijo el comisionado de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Kevin McAleenan, en una rueda de prensa en Washington al anunciar los últimos datos.

En total, 76 mil 103 migrantes fueron detenidos en el linde sur del país, en comparación con los 36 mil 751 del mismo mes del año pasado, de acuerdo a la CBP.

Este dato mensual es el mayor registrado en los últimos 12 años.

Más del 90 % de los migrantes de febrero fueron de Guatemala, según McAleenan, que explicó que «muchas familias guatemaltecas ahora están utilizando autobuses y llegando a la frontera suroeste en tan solo cuatro y siete días de manera muy consistente».

Asimismo, Honduras desbancó a México como el segundo país con más nacionales que llegaron ilegalmente a Estados Unidos.

 

 

Con información de EFE

Elementos de la Policía Federal desplegados en Morelos detuvieron a dos personas que transportaban cerca de 20 mil litros de combustible, cuya procedencia no fue acreditada de manera legal.

El aseguramiento se llevó a cabo cuando integrantes de la División de Seguridad Regional realizaban recorridos de vigilancia y supervisión de autotanques que transportan hidrocarburos sobre la carretera La Pera – Cuautla; fue a la altura del kilómetro 021+000 en donde tuvieron contacto con la pipa.

Al detener el vehículo para efectuar una inspección de seguridad, los uniformados se percataron que el conductor y su acompañante no contaban con la documentación correspondiente que acreditara la legal procedencia del combustible.

La Policía Federal informó que ante este hecho, a los tripulantes les fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, y fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente, a fin de continuar con las investigaciones pertinentes.

No se dieron mayores datos del origen de la unidad, ni la matrícula de las placas.

Hace dos semanas el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en Morelos anunció que se reforzaría la vigilancia en las autopistas y carreteras que rodean a la entidad, para que una vez que ingresaran vehículos con gasolina, se les escoltara hasta el lugar de su destino para evitar el robo del producto, ello en coordinación con el Ejército y la Policía Federal.

De hecho, también se contempló en los operativos la revisión de que el combustible que ingrese al Estado sea de manera legal; hasta el momento en la entidad no se han reportado problemas de desabasto en las estaciones de gasolina, solo retraso en la distribución.

Mike Pompeo, el secretario de Estado estadounidense, calificó el sábado de ilegítimo el gobierno del presidente Nicolás Maduro y dijo que Estados Unidos trabajaría con países de ideas afines en América Latina para restaurar la democracia en Venezuela.

“El régimen de Maduro es ilegítimo y Estados Unidos trabajará diligentemente para restaurar una democracia real en ese país”, dijo Pompeo a periodistas en Abu Dhabi, donde se encuentra en el marco de una gira por Medio Oriente.

“Tenemos muchas esperanzas de que podamos ser una fuerza para el bien que permita a la región unirse para lograrlo”, dijo Pompeo.

Y agregó: «Es hora de comenzar la transición ordenada hacia un nuevo Gobierno. Apoyamos el llamado de la Asamblea Nacional para que todos los venezolanos trabajen juntos, pacíficamente, para restaurar el Gobierno constitucional y construir un futuro mejor».

Además, aseguró que el Gobierno estadounidense continuará utilizando todo el peso del poder económico y diplomático con el fin de presionar a Venezuela para restaurar la democracia.

El Gobierno de México anunció una serie de medidas ante la eventual llegada de la Caravana de Migrantes Hondureños a la frontera sur del país. Dijo que procedería en apego a una política migratoria respetuosa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Indicó, que toda persona que desee ingresar a territorio nacional y cuente con los documentos de viaje y una visa concedida por el Gobierno de México, podrá ingresar al país y moverse con plena libertad en el mismo por el tiempo de vigencia de la visa.

Detalló que toda persona que ingrese a territorio nacional y desee solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o ser beneficiario de medidas de protección complementaria, deberá hacerlo de manera individual, y de conformidad con la legislación vigente.

Al respecto señaló que es la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiados (COMAR) la institución encargada de procesar y analizar dichas solicitudes, la cual cuenta con periodo de hasta 45 días hábiles, prorrogables por un periodo igual, para resolver sobre las solicitudes. Especificó que durante este tiempo el solicitante deberá permanecer en una estación migratoria, a cargo del Instituto Nacional de Migración (INAMI).

Por último, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) y la Secretaría de Gobernación (Segob) enfatizaron que toda persona que ingrese al país de manera irregular, será rescatada y sujeta a procedimiento administrativo y, en su caso, será retornada a su país de origen, de manera segura y ordenada.

“Esta medida responde no sólo al cumplimiento de la legislación nacional, sino particularmente al interés del Gobierno de México de evitar que tales personas sean víctimas de las redes de trata y tráfico de personas, mismas que ponen en grave riesgo su seguridad e integridad personal”, señalaron las dependencias a través de un comunicado.

 

Foto: Twitter

El dirigente nacional del PRD, Manuel Granados, exigió al presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a Morena no tomar acciones fuera de la ley, pues dijo que llevar a cabo una consulta popular para decidir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) es ilegal.

Granados Covarrubias aseguró que el partido del Sol Azteca levantará la voz para que nadie actué fuera ni por encima de la ley, y de ser necesario, acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues “es una consulta ilegal de origen”.

Por su parte el coordinador del partido del sol azteca en la Cámara de Diputados, Ricardo Gallardo, aseguró que la consulta no tiene ninguna validez jurídica, además de que antes de centrar los esfuerzos en ese tema, el gobierno electo tendría que priorizar las necesidades de la población, como el establecer un salario digno.

«En lugar de preguntar dónde quedará el nuevo un aeropuerto, que no tiene las bases jurídicas adecuadas para consultarse, este grupo está anteponiendo una democracia disfrazada. La pregunta sería: ¿todos las y los mexicanos somos expertos en ingeniería civil para que se nos preguntará cada característica particular que lleva el nuevo aeropuerto?», dijo Gallardo.

Explicó que la ilegalidad de la consulta surge al ser convocada por un ciudadano, el presidente electo, además de que la organiza un partido político, Morena, y el computo lo realizará una asociación civil. También resaltaron que sólo se convoca una parte de la ciudadanía que habita en 538 municipios del país, marginando a los habitantes de dos mil municipios restantes.

 

Durante la Cumbre de Procuradores y Fiscales Generales de América Latina que se realizó en el Estado de Puebla, los procuradores presentes calificaron de ilegal y arbitraria la destitución y persecución de la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega.

 

En el marco de la clausura de la cumbre, la ex fiscal Luisa Ortega Díaz, a través de una llamada telefónica habló sobre la situación que se vive en su país y subrayó como difícil la crisis, especialmente en el Ministerio Público, “debido a un gobierno que no es demócrata; que asumió la independencia de los Poderes Públicos como una amenaza a su estabilidad. Y así consideran al Ministerio Público, bajo su gestión, como una amenaza”.

 

Refirió lo ocurrido el sábado 5 de agosto cuando dijo, se materializaron las amenazas; denunció asedios que “durante meses vivimos todos los que trabajamos en el Ministerio Público. Nuestra institución fue asaltada y tomada militarmente por la Fuerza de las Bayonetas”.

 

La venezolana agregó que “más de 300 militares de la Guardia Nacional, y otros cientos de funcionarios de la Policía Política, participaron en ese deshonroso evento. Muchos fiscales fueron desalojados en forma directa de sus lugares de trabajo”.

 

Ortega habló sobre la investigación del caso Odebrecht que se sigue en su país  que involucra al presidente Nicolás Maduro y a su entorno, por lo que «quiero advertirlo; hacer una reflexión, porque cualquier información que ustedes remitan en este momento en cuanto al Ministerio Público va a ser utilizada para fines contrarios a los previstos”.

 

 

Foto: PGR

De acuerdo a lo revelado por Noticieros Televisa, el equipo defensor del ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge, presentaron un recurso de apelación para evitar que su cliente sea extraditado a México tal como se espera ocurra luego de que se presentara la solicitud formal al gobierno panameño.

 

El recurso legal fue presentado la tarde del viernes pasado, sin embargo hasta este miércoles fue notificada la cancillería de Panamá.

 

El recurso conocido como “hábeas corpus” fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá,  y por medio de esta nueva acción buscan la liberación del mexicano al argumentar que su detención se realizó de manera ilegal.

 

Los argumentos de los abogados recaen en que la detención se hizo antes de existir una orden de arresto, además de que su cliente fue sacado de un avión de la empresa Air France, por lo que en la aeronave no aplicarían las leyes panameñas, sino las francesas.

 

Con información de Noticieros Televisa / Foto: Archivo APO

Casi 90 inmigrantes, incluidos 50 niños, fueron detenidos cuando caminaban cerca de un canal en una ciudad del sur de Texas, informó el viernes la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

 

Las 86 personas, aparentemente oriundas de Guatemala, fueron aprehendidas en la localidad de Hidalgo, señaló la agencia en un comunicado publicado la tarde de este viernes. Todos los detenidos reconocieron que estaban ilegalmente en territorio estadounidense.

 

En el documento emitido, la Patrulla Fronteriza no precisó cómo llegaron los inmigrantes a la zona ni por qué viajaban en un grupo numeroso.

 

 

Con información de AP / Foto: Twitter